Policía, alcaldes y concejales

[astray72]

http://www.diarioinformacion.com/sucesos/2012/12/29/condenado-edil-xabia-acuso-torturas-policia-local/1329118.html


Parece que vez en cuando se hace Justicia, con las castas Locales.........

La Audiencia Provincial ha condenado a un año de prisión al concejal de Xàbia Francisco José Catalá que denunció a la Policía Local de este municipio por supuestas torturas, según la sentencia a la que ha tenido acceso este diario. Asimismo, el tribunal ha absuelto al agente acusado de las torturas al considerar que las lesiones que presentaba el denunciante se produjeron durante el arresto, mientras se enfrentaba a los agentes. La sala impone a Catalá un año de prisión por atentado y 120 euros de multa por dos faltas de lesiones.
Los hechos se produjeron sobre las 5.40 horas de la madrugada del 18 de diciembre de 2005 cuando el acusado paseaba por la zona de copas del paseo del Arenal en Xàbia, tras una pelea tumultuaria, con una botella de cerveza en la mano. El fallo considera probado que se produjo una trifulca cuando los agentes quisieron retirarle el botellín de cerveza e intentaron retirárselo. Dos de los policías locales recibieron un puñetazo y fueron agredidos por el acusado mientras se produjo la intervención. Finalmente pudo ser reducido entre seis policías. Catalá entró como concejal al Ayuntamiento un año después por un partido independiente.
Para los magistrados, "la actitud agresiva" del señor Catalá frente a los policías constituiría un delito de atentado, a lo que añaden que "lejos de constituir una mera actitud pasiva, fue causante de lesiones en dos de los agentes de policía que la llevaron a cabo".
El denunciante sostenía que una vez en el retén policial, uno de los agentes pidió a sus compañeros que le dejaran a solas con él y comenzó a golpearle con su defensa reglamentaria mientras estaba esposado. La Audiencia no ha considerado probado este extremo y recalca que todas las lesiones que presentaba el ciudadano eran compatible con los golpes que sufrió mientras los agentes trataban de reducirlo. Para los jueces, la denuncia de las supuestas torturas "no encuentra sólido apoyo ni en la prueba testifical, ni en la pericial practicada". A esto añaden que los forenses fueron capaces de precisar si algunas de las lesiones que presentaba el edil se produjeron mientras estaba esposado.

[47ronin]

Trama de multas en Iruñea

Quitan una multa a un alto cargo navarro e imputan a la agente

Fue acusada por un desconocido de un delito de falsificación de documento público, penado con entre tres y seis años de cárcel, después de multar a un alto cargo y denunciar al jefe de la Policía Municipal


Aritz INTXUSTA | IRUÑEA

Una policía municipal de Iruñea ordenó a la grúa que se llevara el coche de un cargo del Ayuntamiento por aparcar en el vado de un autobús escolar. Este hecho, casi irrelevante, se produjo el 19 de mayo de 2010, pero sus consecuencias judiciales aún no se han cerrado. A raíz de esa multa -que nunca se pagó- la agente llegó a estar imputada por un presunto delito de falsedad documental, penado con entre tres y seis años de cárcel. Finalmente, la causa fue archivada y el fiscal ni siquiera le interrogó, pero el o los responsables de haber intentado encarcelarla siguen sin salir a la luz. Se trata del último escándalo por multas en Iruñea, plagado de casos de supuestos tratos de favor como el de los Phaeton o los relativos al edil Ignacio Polo.

Según consta en los diferentes documentos judiciales a los que ha tenido acceso este periódico, el 19 de mayo de 2010, la policía decidió multar un coche aparcado en el vado del autobús escolar del colegio Vedruna. El vehículo, un Saab, tenía un permiso especial del Ayuntamiento para aparcar sin pagar zona azul o en sitios prohibidos, siempre y cuando no altere el tráfico. Sin embargo, la agente entendió que, si el autobús llegaba, el tráfico se alteraría y decidió llamar a la grúa tras consultarlo con Comisaría. El Saab fue retirado a las 16.40 (unos diez minutos antes de la llegada normal del autobús).

El propietario del vehículo, Óscar Esquíroz (director de Conservación Urbana, un cargo de libre designación de UPN), llamó de inmediato a la Policía Municipal y consiguió que se le retirara la multa y, además, no abonó siquiera el traslado de la grúa, pese a que la retirada de los vehículos no la realizan funcionarios, sino que está en manos de una subcontrata.

Enterada de que la multa no fue tramitada y que se decidió quitarla y entregar el coche sin coste, la agente demandó al máximo responsable del cuerpo, el militar Simón Santamaría, por un delito «contra la administración pública». Esta denuncia se interpuso en el juzgado de guardia el 19 de octubre de 2011 y en ella aparece un añadido donde se recoge que se ha hecho llegar una copia de este escrito al Área de Seguridad Ciudadana.

El 23 de noviembre de 2011, el juez Edilberto Esteban decide sobreseer provisionalmente esta denuncia y archivarla. A su juicio, «no aparece debidamente justificada la perpetración del hecho» delictivo. El juez impone un periodo de tres días para que se recurra el archivo. Al término de este plazo, el caso pasó de ser un tema menor a un escándalo en toda regla con tintes de acoso laboral.

Petición de cárcel «anónima»

Tras archivarse la causa, la fiscal Ana Cuenca cita a la agente para que declare en calidad de imputada «por lo que deberá comparecer asistida de letrado o, en su caso, le será asignado uno de oficio». Esta notificación está fechada a 28 de noviembre de 2011 por la fiscal. Sin embargo, el documento lleva un sello de registro de entrada de la Policía Municipal del día 26, dos días antes de ser redactado.

La citación se debe a que la Fiscalía ha acusado a la agente por un delito de falsificación de documento público. Este delito está penado con entre tres y seis años de cárcel. Independientemente de que la multa esté justificada o no, encarcelar a una policía municipal por una simple multa de tráfico parece algo desproporcionado.

La agente se acogió a su derecho a no declarar ante Cuenca y la fiscal le confirmó que su imputación por falsedad documental se debe a que alguien le ha denunciado. Pese a ello, el misterioso denunciante sigue sin aparecer.

Además, en diciembre la fiscal ordena indagaciones sobre el caso, que queda en manos del Juzgado de Instrucción número 1.

Lo llamativo es que las pruebas inculpatorias que la fiscal ordena en diciembre, se habían realizado con anterioridad. Se trata de un exhaustivo informe elaborado por policías municipales con fotografías del Colegio Vedruna y el comentado vado de autobús, así como informes del Ayuntamiento y de la empresa propietaria del autobús escolar sobre los horarios de llegada de los autocares. También figuran las declaraciones del policía jefe de sala el día de los hechos (a requerimiento del departamento de Control y Auditorías de ese cuerpo policial, que es el que se encarga de las sanciones a los agentes) en el que carga contra la agente que puso la multa.

La agente denunciada aseguró que tanto ella como el jefe de sala estaban de acuerdo en que la grúa debía llevarse el coche. En su declaración, el jefe de sala reniega de ella diciendo que «no tengo por costumbre justificar mis acciones ante mis subordinados» y asegurando no recordar haber tenido esa conversación con la agente.

Asimismo, según han hecho saber a este periódico, el reportaje fotográfico sobre el vado de autobús fue ejecutado por un agente del cuerpo, en horas de servicio, antes de que lo ordenara el fiscal. Ese reportaje está fechado el 3 de noviembre, cuando la denuncia de prevaricación contra Simón Santamaría aún estaba vigente. Esto hace pensar que el jefe de la Policía Municipal usó su poder de mando para encargar a sus subordinados un informe destinado únicamente a exonerarle. Y lo más grave, este informe fue utilizado después para intentar llevar a la cárcel a una compañera.

La imputación se desinfla

Esta campaña inculpatoria quedó en nada en enero del año pasado. La policía declaró ante el Juzgado número 1 y, a pesar de que el Ministerio Público era el denunciante, ningún fiscal acudió al interrogatorio. Tras esto, la juez tarda solo siete días en echar por tierra la acusación. El 18 de enero procede a «decretar el sobreseimiento provisional de las actuaciones al entender que no estamos en presencia de un delito de falsificación de documento público». De otra parte, el fiscal también ordenó que testificara el propietario del coche pero, con la documentación que GARA posee, no se puede afirmar que acudiera a la Audiencia.

El caso sigue abierto, aunque está estancado. La agente tiene ahora abierta la posibilidad de incurrir en acciones contra la persona que intentó llevarla a la cárcel. Sin embargo, se desconoce quién es el denunciante. Al parecer, el decreto del fiscal superior, que debe recoger el nombre de esta persona, no obra en los expedientes. La ausencia de este documento que inició el procedimiento -que se sabe que fue emitido el 28 de noviembre de 2011- resulta sumamente extraña.

En este punto, cabe remarcar que Esquíroz (el multado) no es en principio un amigo directo de Santamaría, sino que está más relacionado con el alcalde, Enrique Maya, ya que antes de ser primer edil era el arquitecto municipal y Esquíroz el director de Conservación Urbana. También se le considera cercano a Yolanda Barcina, ya que la presidenta lo fichó de la UPNA, donde ella es catedrática.

En la reciente «Operación Mercurio», desarrollada en Sabadell, se detectó que el jefe de la Policía Municipal retiraba multas por orden del alcalde. Este hecho, automáticamente, conllevó una imputación tanto para el jefe de policía como para el propio alcalde de la localidad catalana, Manuel Bustos.

Los Phaeton del Gobierno, Ignacio Polo, su hijo, y el vado para minusválidos
En los últimos años han sido varios los pequeños escándalos relacionados con las multas de tráfico en la capital navarra. El más notorio fue el de los Phaeton, en alusión a los coches oficiales que usan miembros del Gobierno. Además, el concejal de Seguridad Ciudadana, Ignacio Polo, también se ha visto envuelto en varias polémicas por este motivo.

El caso de los Phaeton se remonta a 2010, cuando en unas pocas semanas, fueron multados los Volkswagen Phaeton de Laura Alba (consejera de Obras Públicas), Javier Caballero (consejero de Interior) y Roberto Jiménez, por entonces candidato a la Presidencia por el PSN. En concreto, el coche de Alba se encontraba aparcado en una zona de carga y descarga, junto a un caro restaurante del centro de la ciudad, y la grúa tuvo que llevárselo de ahí.

Los agentes que llevaron a cabo esas denuncias fueron severamente castigados por Simón Santamaría. El jefe de la Policía Municipal de Iruñea les comunicó que les apartaba del servicio y les requirió la placa y la pistola. Esta medida fue sobre todo de amedrentamiento, ya que los agentes regresaron a sus puestos. Aun así, se les abrieron expedientes disciplinarios a todos ellos por faltas graves y se les sancionó con nueve días de empleo y sueldo. Los agentes recurrieron ante el Tribunal Administrativo de Nafarroa (TAN) y este les dio la razón.

Más allá de los detalles internos, la repercusión de este caso fue sonada, generando bromas y alimentando viñetas de periódicos. El caso, además, abrió un debate ciudadano sobre los privilegios de la clase política.

El caso concreto del concejal de Seguridad Ciudadana es más complejo. El último de los escándalos apareció publicado en el blog de El Informador. Se trata de una fotografía de 2012 en la que se aprecia el coche público que habitualmente utiliza el concejal para sus desplazamientos aparcado en un vado de minusválidos. Ese coche posee uno de los polémicos permisos para aparcar donde le plazca y, por tanto, la foto no descubre ningún delito, pero sí que evidencia una falta de civismo por parte del concejal de UPN.

Por otro lado, GARA ya publicó un artículo sobre la posible intervención de Polo en una denuncia a su hijo taxista (que posteriormente perdió su carné de conducir). El 23 de octubre de 2011, un control policial paró al taxista y le realizó una prueba de drogas. El hijo de Polo dio positivo en cocaína, speed y THC (sustancia psicoactiva de la marihuana). Esta prueba era solo indiciaria y, cuando se le llevó a comisaría, la máquina que debía confirmar el positivo estaba rota. Se pidió otra máquina a la Policía Foral, pero también estaba rota.

Este mismo taxista fue detenido en 2001 por una patrulla móvil que, al parecer, le vio realizar una maniobra extraña. Cuando le interceptó, sometió al taxista a una etilometría que resultó positiva y, además, se encontraron drogas en el coche. En un procedimiento poco corriente, fue su padre quien tramitó la denuncia por conducir bebido que nunca llegó al juzgado. A.I.

Las bajas en la Policía Municipal de Iruñea se disparan debido a la presión
Los datos del tercer semestre de 2012 indican que el absentismo laboral en la Policía Municipal de Iruñea resulta alarmante. Las bajas en este cuerpo duplican la de las otras áreas municipales y la suma de las faltas equivale a que 66 policías no trabajen un solo día.



Aritz INTXUSTA | IRUÑEA

Los datos del pasado año en cuanto a bajas laborales en la Policía Municipal de Iruñea demuestran que algo no anda bien en el cuerpo. El absentismo laboral no para de crecer y, desde 2009, las bajas han crecido un 50% mientras que entre los demás funcionarios del Ayuntamiento el número de ausencias justificadas al trabajo descendía notablemente. Así, con los últimos datos que se disponen (del tercer trimestre de 2012), la ausencia justificada de policías locales a su puesto de trabajo asciende al 13,5%. Mientras tanto, las sanciones que están recibiendo los agentes por presuntas insubordinaciones resultan sumamente llamativas. Bajo el mandato de Simón Santamaría, una mala contestación a un superior puede suponer ocho días de empleo y sueldo.

Santamaría exmilitar nacido en Larache, Marruecos, ha sido criticado los últimos años bajo la acusación de dirigir el cuerpo con mano de hierro y haberlo «militarizado». En parte, esto lo ha conseguido siendo implacable con las sanciones a los agentes que consideraba más díscolos. Las sanciones son aplicadas por tres de los agentes más cercanos a Santamaría y que constituyen el Comité de Auditoría, organismo que en la comisaria de Monasterio de Irache se le conoce como «La Fundición».

Disciplina a rajatabla

La presión que ejercen Santamaría y La Fundición es realmente notable a tenor de algunas sanciones. Por ejemplo, un agente fue castigado con 15 días de empleo y sueldo por «causar daños (rasponazos) a un casco» de moto. Sin embargo, las sanciones más comunes son por desobedecer órdenes o quejarse por el trato recibido. En este punto, la incorrección en el trato a un superior se castiga con ocho días y desobedecer una orden supone de ordinario nueve días sin trabajo.

Esto ha generado un clima de tensión que ha dejado rastro en documentos oficiales, así se han registrado sanciones de 15 días por «amenazar a un superior con denunciarle en el juzgado por mobbing sin tener un motivo para ello» (este policía en cuestión recurrió el castigo impuesto y el recurso ha sido admitido). En otra ocasión, se sancionó con 15 días de empleo y sueldo por «hacer acusaciones falsas contra un superior».

Es en esta situación irrespirable en la que se enmarca el último escándalo del Cuerpo, en el que se intentó encarcelar a una agente que puso una multa de tráfico a un alto cargo de la ciudad y denunció a Santamaría por quitar la sanción.

Los resultados de este régimen tan duro tienen un coste severo para las arcas municipales, que se aprecia en que cada vez son más los agentes que piden la baja. En este sentido, en los tres primeros trimestres de 2012 los agentes han faltado al trabajo en 9.130 ocasiones. Es decir, es como si 66 agentes no hubieran ido a trabajar un solo día al trabajo.

Aunque puede llegar a ser comprensible que debido a la peligrosidad relativa del puesto de policía haya más bajas que en otras áreas municipales, lo cierto es que la media del resto de trabajadores del Ayuntamiento es menos de la mitad. Asimismo, buena parte de las bajas de los agentes se deben a motivos sicológicos.

Bildu y Aralar han solicitado que se investigue a fondo qué es lo que ocurre en el cuerpo que dirige el exmilitar, pero UPN se cierra en banda, negándose a tocar un cuerpo del que se ha valido para represaliar con dureza al movimiento popular.

Santamaría evitó que Polo pagara una multa y la grúa

El concejal de Seguridad Ciudadana de Iruñea, Ignacio Polo, que recientemente fue «pillado» utilizando su autorización especial para aparcar en un vado de minusválidos, vuelve a verse envuelto en otra polémica. En esta ocasión, estacionó el coche público que usa con regularidad sin ninguna enseña ni tique y sin abonar la cuota de la zona azul en un lugar restringido. Un agente de policía que localizó el vehículo, decidió multarle y dio el aviso a la grúa, que se llevo el coche hasta el depósito municipal. Sin embargo, Polo no tuvo que abonar ni la multa ni el traslado. En un documento al que ha tenido acceso este periódico, se observa como alguien redacto a mano sobre el atestado de la grúa que retiró el vehículo de Polo la siguiente frase: «Por orden del jefe de sala a través de llamada telefónica del jefe», lo que parece una alusión a Simón Santamaría. Justo a su lado, y con mayúsculas se detalla: «Sin cobro». Además de en esta ocasión, Polo ha generado varias polémicas por su supuesta intervención para evitar que su hijo taxista fuera multado por conducir bajo la influencia de alcohol y otras sustancias. A. I.

[47ronin]

El Ayuntamiento dice que el policía que denunció a Currás tiene un expediente sancionador por cumplir

E.P.SANTIAGO  | 12.12h.
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El policía local que interpuso una demanda judicial por la que se han incoado diligencias previas en las que ha resultado imputado el alcalde compostelano, Ángel Currás, tiene un expediente sancionador abierto por el Ayuntamiento de Santiago pendiente de cumplir. En él, se suspende un mes de empleo y sueldo al funcionario por utilizar el coche patrulla en un desplazamiento particular, a lo que se suman otros tres días de sanción por salir con el vehículo del término municipal compostelano.

La existencia de este expediente fue revelada este miércoles por el concejal de Tráfico y Seguridad Ciudadana, Albino Vázquez, después del auto judicial por el que se les imputa a él mismo, al actual regidor, al exalcalde Gerardo Conde Roa, y a la coordinadora de fuerzas de seguridad, Mar Hinojosa, supuestos delitos de "prevaricación" y "acoso moral" a este policía.

En rueda de prensa, el concejal de Tráfico, que aseguró que todavía no tienen notificación judicial de la imputación, explicó que conocía la denuncia presentada por el policía, ya que entró por Registro del Ayuntamiento, y ha explicado que "está pendiente de cumplirla", toda vez que la demanda "propone la suspensión" de su aplicación.

[47ronin]

Santiago Ángel Currás: «Ao policía só o coñezo de vista»
El alcalde afirma que solo se limitó a incoar el expediente abierto a José Antonio Carril
Escrito por: x.r. santiago / la voz
24 de enero de 2013


El mando de la policía local José Antonio Carril, que denunció al alcalde Ángel Currás. carlos folgoso

 El alcalde derivó la responsabilidad del expediente abierto por el Concello al inspector principal de la policía local, José Antonio Carril, hacia los concejales de Seguridade Cidadá y Persoal y hacia la coordinadora de Seguridade, Mar Hinojosa. Fueron quienes elaboraron la propuesta que llegó a la mesa del regidor, según destacó este. «A miña participación nese expediente limitouse estritamente a incoalo», indicó Ángel Currás.

El mandatario explicó que no había recibido oficialmente ninguna notificación judicial en calidad de imputado ni ninguna citación tras la denuncia de Carril contra él, y que aguardaba una mera comunicación sobre esa denuncia y su contenido. Currás aseguró, además, que «non se adoptou ningunha decisión no xulgado para imputar a ninguén». La imputación, no obstante, sí está reflejada en un auto del Juzgado de Instrucción número 1 con fecha 15 de enero.

También quiso dejar claro Currás que ni él ni seguramente nadie del PP han tenido nada que ver con unas supuestas presiones sobre Carril para que hiciese desaparecer las diligencias sobre Ángel Espadas. «Iso ocurriu hai dous anos e estabamos na oposición», aduce.

¿Hubo maltrato moral a José Antonio Carril, como señala el denunciante? Currás lo niega. «Pero se eu nada máis que coñezo de vista ao policía», alega. El regidor se pronunció sobre el caso Carril a la salida de la reunión mantenida por la ejecutiva del Consorcio de Santiago. En un receso de la misma, el alcalde se dirigió a los portavoces del PSOE y BNG para indicarles que no había recibido ninguna notificación de declaración judicial como imputado.

Los socialistas prefieren aguardar a lo que diga el juzgado para pronunciarse. No obstante, Francisco Reyes puso de relieve que la competencia de la jefatura de la policía local es del alcalde «e non é delegable», y destacó el «mal clima» creado en Raxoi por el trato otorgado a diversos funcionarios municipales.

El edil nacionalista Rubén Cela se manifestó con dureza sobre la situación existente en el Concello, que recogió incluso el rotativo The New York Times, y señaló que si la nueva imputación a Ángel Currás y a otras tres personas se confirmaba constituiría «un feito gravísimo sen precedentes que a min o único que me produce é noxo e unha profunda vergoña».


La exigencia de dimisión volvió a sus labios. Más aún, Cela lanzó una advertencia dirigida a las altas instancias del PP: «Cada día que siga na alcaldía sen dimitir será responsabilidade en primeira instancia de Currás, pero o señor Feijoo e a dirección do PP son cómplices do que pasou, do que pasa e do que poida pasar no futuro».

El comité local del BNG adoptó la decisión de convocar una concentración el día 31 ante el Concello para reclamar la dimisión del alcalde y llamó a la población para que acudiese con escobas y fregonas. Por su parte, Anova indica que solo la disolución de la corporación local y unas nuevas elecciones pueden subsanar la «ingobernabilidade» del Concello.

[47ronin]

PARTICIPAN TODOS LOS GRUPOS

Alcalde Parla se ofrece voluntariamente para comparecer ante la Comisión sobre cese de exjefe de Policía


29 de enero de 2013   PARLA
REDACCION


El alcalde de Parla, José María Fraile, se ha ofrecido voluntariamente a comparecer ante la Comisión que investiga el cese del anterior jefe de Policía Local del Ayuntamiento, en la que participan todos los Grupos Municipales con representación en el consistorio parleño.

Según ha explicado el presidente de la Comisión, el concejal de Presidencia Pablo Sánchez Pastor, "el alcalde siempre ha estado a disposición de los Grupos políticos que componen la comisión para aclarar cuantos asuntos sean susceptibles de aclarar, y será ahora, con su presencia, cuando José María Fraile pueda explicar en primera persona qué criterios se tuvieron en cuenta para destituir al anterior Jefe de la Policía de Parla y cómo fue el procedimiento".

Según destaca Sánchez Pastor, la comparecencia del alcalde ante la Comisión representa un ejemplo más de responsabilidad personal y política, ya que "era en ese momento, como lo es en la actualidad, la máxima autoridad del Ayuntamiento"."Así lo entiende el edil de Presidencia que añade que “el hecho de que José María Fraile se ofrezca voluntariamente deja clara la seriedad y transparencia con la que se hizo todo el procedimiento", ha señalado.

El concejal de Presidencia ha querido mostrar la diferencia que existe entre unas administraciones y otras. "En nuestro caso, el alcalde no ha dudado en ofrecerse voluntariamente, al contrario de lo que ocurre en otros Ayuntamientos, esto demuestra que no hay nada que esconder y que estamos tranquilos de cómo se realizó el procedimiento", ha remarcado.

GESTO

Pablo Sánchez ha agradecido a Fraile su gesto, ya que "desde el primer momento, el regidor no ha dudado en ponerse a disposición de todos los grupos políticos para aclarar cualquier aspecto sobre el que pueda existir alguna duda".

En la comisión ya se han producido las comparecencias técnicas, en las que han participado los dos Jefes de Servicio del Ayuntamiento que tuvieron relación con este procedimiento y será precisamente en la sesión que se celebra hoy en la que se decida si se solicitan nuevas comparecencias de carácter político.

[47ronin]

La oposición pide el «cese fulminante» del concejal Costa por su incidente con la Policía

El PSOE-Pacte asegura que «no es la primera vez que ocurre» un episodio de este tipo con el mismo edil como protagonista
30.01.2013 |

 La alcaldesa tiene previsto pronunciarse hoy sobre el futuro de José Antonio
Costa. VICENT MARÍ JOAN LLUÍS FERRER | IBIZA

 El grupo del PSOE-Pacte en el Ayuntamiento de Sant Antoni exigió ayer, a través de su portavoz, Pep Marí, Marge, el «cese fulminante» del concejal de Fiestas y Juventud, José Antonio Costa, que el viernes por la madrugada fue denunciado por la Policía Local cuando, en evidente estado de embriaguez, se encaró a ellos como organizador de una fiesta en un bar cuyos ruidos molestaron al vecindario y trató de utilizar su cargo para no ser denunciado. El asunto será debatido hoy en el pleno ordinario que tiene previsto celebrar el Ayuntamiento a partir de las diez de la mañana.

Marí, en un comunicado, señala que «no se puede tolerar que un miembro del equipo de gobierno use su cargo para enfrentarse a la Policía Local e intentar no ser denunciado».

El portavoz del grupo progresista señaló que, «por lo que parece, esta no es la primera vez que sucede» un incidente de este tipo con el mismo concejal como protagonista. Marí añadió a este periódico que con motivo del acto s´Arenal Dance, durante las pasadas fiestas de Sant Bartomeu, Costa ya habría protagonizado algún altercado parecido con la Policía Local, aunque no pudo ofrecer más detalles.

«Saltarse las ordenanzas»

A juicio del PSOE-Pacte, «la primera obligación de un representante municipal es velar por el cumplimiento de las ordenanzas y tratar con respeto a los funcionarios o a cualquier otra persona». En cambio, el concejal Costa «ha hecho todo lo contrario, porque no solo se ha saltado sus propias ordenanzas, que son iguales para todo el mundo, sino que encima ha intentado evitar la denuncia aprovechándose de la condición de concejal del equipo de gobierno, mostrado una actitud más propia de una república corrupta y bananera».

Dado que «ir borracho no es una excusa», los progresistas exigen a la alcaldesa, Pepita Costa, «que actúe de forma inmediata con el cese de este concejal».

El principal grupo de la oposición considera que, pese a las excusas públicas presentadas ayer por la alcaldesa a través de Diario de Ibiza, «una simple disculpa no es suficiente, porque detrás de este comportamiento hay una manera de actuar que puede llegar a ser muy peligrosa». También recuerda que hace escasos meses ya se vio obligado a dimitir un concejal del PP, Vicente Cabezas, por un escándalo urbanístico. «Un equipo de gobierno no puede dar esta imagen tan deplorable un día sí y otro también», añade el comunicado de Pep Marí, que durante la sesión plenaria de hoy aprovechará para reiterar esta petición de destitución del concejal de Fiestas y Juventud.

[47ronin]

«Sólo los policías tienen acceso al ordenador en el que se han encontrado las grabaciones»
El alcalde de Noja, Jesús Díaz, no descarta que «haya algunas más» y asegura que detrás de esta acción hay «un problema político» en la Policía Local

30.01.13 - 00:08 - NACHO GONZÁLEZ UCELAY | SANTANDER.


VÍDEO.El concejal de Policía, Manuel Alonso, muestra un trozo de cinta aislante hallado en su despacho, donde se grabó una de las dos conversaciones. / Andrés Fernández

http://www.eldiariomontanes.es/v/20130130/cantabria/solo-policias-tienen-acceso-20130130.html

El alcalde de Noja, Jesús Díaz, recibió ayer las grabaciones halladas en uno de los equipos informáticos de la Policía Local -reproducciones en las que se le oye conversar con el concejal de Policía, Manuel Alonso, y dos agentes- como «un ataque directo» al Ayuntamiento cuya procedencia, dice, todavía no tiene demasiado clara, «aunque habiéndose encontrado en un ordenador al que sólo tienen acceso policías locales no parece que haya muchas dudas al respecto». Díaz, que no descarta la existencia de «otros archivos», advirtió que llegará «hasta el fondo del asunto» y dará con los autores de unas grabaciones «ilegales» cuyos detalles ya van aireándose.

Realizadas en los últimos días del mes de diciembre con un dispositivo que se activa con el sonido, las dos grabaciones, sobre las que ya está trabajando la Guardia Civil, recogen sendas conversaciones producidas dentro del despacho del concejal de Seguridad Ciudadana, Manuel Alonso, y en el interior de una dependencia de la Policía Local.

[pindongo]

Me lo voy a pensar una semana, que una fiesta es una fiesta.

http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2013/01/30/costa-disculpa-pone-cargo-manos-alcaldesa/601308.html

DIARIODEIBIZA.ES/E.P. | IBIZA El concejal de Fiestas José Antonio Costa ha puesto en manos de la alcaldesa el futuro de su permanencia en el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Sant Antoni en el pleno celebrado esta mañana.

Costa fue denunciado el viernes por la madrugada por la Policía Local cuando, en evidente estado de embriaguez, se encaró a ellos como organizador de una fiesta en un bar cuyos ruidos molestaron al vecindario y trató de utilizar su cargo para no ser denunciado.

Al inicio del pleno de casi dos horas de duración, la alcaldesa de Sant Antoni, Pepita Gutiérrez, ha desalojado a los agentes de la Policía Local, que pedían la dimisión Costa con pancartas y gritos.

Después de un pequeño receso por el día de la Paz, el edil se ha disculpado. Costa ha dicho que "los políticos debemos dar ejemplo" y, en este sentido, ha asumido que su actitud "no fue adecuada". El concejal se encaró, en estado ebrio, a unos agentes que acudieron a un establecimiento de la localidad donde el edil celebraba el cumpleaños de su mujer.

Costa también ha manifestado que le provoca "muchísima pena" que, a pesar del trabajo que ha desempeñado durante estos dos años, por este "error" se vea en esta tesitura, pero ha dicho que acatará la decisión de sus compañeros.

El concejal se ha disculpado con los agentes con los que discutió el pasado fin de semana, con los ciudadanos y con sus compañeros de partido.

Por su parte, la alcaldesa, Pepita Gutiérrez, ha agradecido "la responsabilidad" que ha mostrado Costa y ha dicho que "es pronto para determinar qué decisión adoptaremos, ya que nuestro deber es ser ecuánime y, para ello, es preciso dirimir qué es lo mejor para este municipio".

Gutiérrez ha asegurado que tomará una decisión al respecto la próxima semana sobre el futuro de Costa en el equipo de Gobierno municipal.

Desde la oposición, el portavoz del PSOE-Pacte, Pep Marí 'Marge' ha reiterado que lamentan "profundamente" la postura del PP y creen que la alcaldesa "ha vuelto a equivocarse", ya que Costa debería irse del cargo por "respeto democrático", ya que la "prepotencia no se contempla en el Gobierno de Sant Antoni".

Por su parte, Juanjo Ferrer, de Es Nou Partit, ha explicado que su partido ha abandonado el Pleno al comienzo del mismo, porque todos estaban pendientes de las explicaciones de Costa y no han querido tratar el asunto al principio de la sesión, por lo que "así no hemos querido seguir".

"Estoy decepcionado, porque todos esperábamos una actuación decidida y rápida por parte del equipo de Gobierno y creen que, solo con pedir disculpas públicas, todo ha quedado arreglado y la verdad es que lo sucedido ha sido algo muy grave, por lo que no sirve de nada que la próxima semana presenten alguna solución", ha concluido Ferrer.

La oposición pidió ayer la dimisión del concejal de Fiestas por enfrentarse a la Policía Local. A juicio del PSOE-Pacte, «la primera obligación de un representante municipal es velar por el cumplimiento de las ordenanzas y tratar con respeto a los funcionarios o a cualquier otra persona».

[47ronin]

SAN JAVIER
41 policías denuncian a su concejal por conducir un coche patrulla hablando por el móvil

Alarte responde que los agentes van a por su cabeza y que su casa apareció el sábado cubierta de excrementos

VÍDEO: http://www.laverdad.es/murcia/v/20120216/comarcas/policias-denuncian-concejal-conducir-20120216.html
 

La "historia" se repite.


Un concejal al volante de un coche policial

Dos ediles sin el carné adecuado condujeron un vehículo de la policía
31.01.2013 | 02:54

Cristóbal D. Peñate Dos ediles del grupo de gobierno de Santa Brígida (PP) utilizaron un vehículo de la Policía Local para hacer una visita de inspección a unas obras realizadas en el barrio de Pino Santo. La oposición exige una explicación por parte del alcalde y los referidos ediles.


El alcalde satauteño, Lucas Bravo de Laguna, explica que "se trataba de visitar una carretera en Pino Santo y ningún policía podía acompañarles, por lo que los concejales solicitaron la autorización para el uso de un vehículo todoterreno. El jefe de la policía lo sabía y lo autorizó". La oposición, sin embargo, resalta que "es una ilegalidad".


 El hecho se produjo hace unos días, cuando los ediles Martín Sosa y Rita González decidieron hacer una visita de inspección de unas obras de vallado que se hicieron en la carretera de Pino Santo. El que condujo el coche policial fue Martín Sosa, que es segundo teniente de alcalde y concejal de Carreteras, Caminos, Vías Públicas, Infraestructuras y Seguridad, Tráfico y Transporte, además de responsable de la Policía Local. Rita González es la cuarta teniente de alcalde y concejala de Administración Financiera, Patrimonio, Contratación, Nuevas Tecnologías, Personal, Régimen General y Educación. Se da la circunstancia de que su padre es el presidente de la asociación de vecinos del barrio visitado.


El vallado realizado por la empresa Postigo en Pino Santo alto está resultando bastante controvertido ya que la queja de los vecinos es generalizada porque ahora apenas pueden circular los coches de grandes dimensiones y los viandantes no pueden transitar por la vía sin peligro ya que apenas cabe un vehículo debido al retranqueo de las vallas.


Por ello los mencionados ediles se montaron en el Nissan Patrol, que habitualmente utiliza el agente de policía destacado en la Concejalía de Urbanismo, para inspeccionar dichas obras.


La oposición ha recordado que para conducir este tipo de vehículos policiales hay que estar acreditados legalmente y por eso ha preguntado por quien lo autorizó.


La jefa de la oposición y portavoz de Cambio por Sataute, Guadalupe del Río, ha presentado un escrito en el ayuntamiento para que se esclarezca el hecho y depurar responsabilidades.


Quejas


En dicho escrito recoge la queja vecinal de que los dos concejales utilizaran un coche oficial de la Policía Local para girar una visita al barrio de Pino Santo, a pesar de que "esos vehículos solo pueden ser conducidos por miembros de la policía y estar en posesión del carné pertinente que les autoriza a hacerlo". La edila denuncia que el coche policial iba conducido por el concejal de Policía, por lo que solicita "que se haga saber si el concejal que conducía el vehículo está en disposición del carné que autoriza la conducción del mencionado vehículo".


Asimismo solicita saber si los dos ediles estaban autorizados para retirar el coche de las dependencias de la Policía Local. En caso afirmativo, la edila quiere saber quién lo autorizó y si el vehículo tenía el seguro pertinente para ser conducido por una persona ajena al cuerpo de policía.

[47ronin]

Dorgambide: “Los policías están vagos y hay que sacarlos a la calle”


 OLALLA B.T. VILAGARCÍA | Actualizado 31 Enero 2013 - 02:31 h.

 el concejal cholo dorgambide durante el pleno emilio moldes


El concejal de Seguridade Cidadá, Angel Benito “Cholo” Dorgambide, reconoce que uno de los principales factores que incide en el mal funcionamiento de la zona azul es la falta de vigilancia policial.
 
“De las costumbres se hacen normas. Los policías se hicieron un poco vaguetes, están acostumbrados a estar metidos en la oficina o dentro del coche, gastando gasolina”, dice Dorgambide. Una cuestión que, dice el concejal, se zanjará con la reorganización de la plantilla que diseña el ejecutivo. “Hay que ir poco a poco, pero la ciudadanía demanda un policía que esté en la calle, que hable con la gente, con los comerciantes, que se preocupe por lo qué pasa. Y eso lo vamos a hacer”.
 
En cualquier caso, el edil cree que la plantilla de la Policía Local no basta por sí sola para controlar una zona azul que “se ha duplicado en los últimos años” y que todavía se incrementará más con la reforma que quiere implantar el gobierno y que implicará que el servicio pase a ser de pago.
 
Un proyecto que cuenta con el asesoramiento de al menos tres empresas distintas que están aportando diversos datos y sugerencias al gobierno local, que ya cuenta con un estudio sobre el número de coches que pasa por la capital arousana a diario o sobre las características de las carreteras. Con estas propuestas elaboraremos un borrador que, asegura Dorgambide, se presentará a comerciantes, hosteleros y placeros en cuanto esté listo.
 
“Queremos consensuarlo todo con los colectivos implicados, pero aún no tenemos nada de qué hablar porque no hay nada fijo. No sé por qué protestan”, asegura el edil independiente. De hecho, el gobierno planteará a estas asociaciones varias opciones. “Estamos barajando que a primera hora no sea de pago, o mantener en algunos puntos la zona azul con disco, o que la primera hora de aparcamiento sea gratuita...”, explica Dorgambide.
 
Lo que sí parece bastante fijo es el precio de la hora, que rondará los 65 céntimos. “No estamos inventando nada, ya se hace en Santiago, en Vigo....”, incide el edil.
 
Dorgambide cree que los comerciantes, hosteleros y, especialmente, los placeros, no solo no se verán perjudicados por esta medida sino que, muy al contrario, les beneficiará.
 
“Los días de mercado no se puede aparcar. Es un caos. Esto servirá para descongestionar el centro de la ciudad”, dice el concejal de Seguridade Cidadá. En cualquier caso, la medida está todavía en estudio y niega que tenga afán recaudatorio. Las reuniones con las empresas asesoras continuarán para elaborar el borrador que se presentará posteriormente a la ciudadanía y a los sectores afectados.

[47ronin]

Se pueden imaginar dónde va a ir este personaje tras leer sus opiniones sobre la PL...


http://www.patrulleros.com/foro/index.php?topic=29338.msg786076#msg786076

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«El jefe de la Policía Local soy yo», dice Caunedo

31.01.13 - 00:13 -
G. D. -R. | OVIEDO.

«El jefe de la Policía Local soy yo», proclamó el alcalde, Agustín Iglesias Caunedo.

Languidecía el Pleno cuando el socialista Feliz Fernández le preguntó por la división en dos áreas del servicio -asignando, como adelantó ayer este diario, Tráfico a Jorge Menéndez Vallina, y Seguridad a Gerardo Antuña-, una medida que «no creemos que mejore la eficacia» y «más tras la reciente elección de un nuevo jefe». Caunedo replicó que el único jefe del servicio es él, es una competencia indelegable del alcalde, pero que también lo es «distribuir competencias» entre los miembros del equipo de gobierno. Señaló que el perfil profesional de Menéndez Vallina «puede dar un giro técnico» a la gestión de Tráfico, que incluye sanciones, y que no va a dejar de ejercer sus competencias.
 
Insistió en que está en marcha un plan de modernización de la Policía Local con nuevos medios y el refuerzo de su plantilla y achacó los «malos titulares», según acuño en la toma de posesión del nuevo comisario principal, José Manuel López, del pasado «a un problema de división por motivos sindicales y vamos a acabar con esa división», aseguró.
 
Lo cierto es que la división de la dirección política de la Policía Local en dos áreas es una novedad en el organigrama municipal, que plantea dudas sobre su funcionamiento. Tráfico comparte tarea con otras áreas municipales como Infraestructuras, Transporte o Vías y cabe pensar que el nuevo concejal del ramo departirá con los funcionarios responsables de estos servicios, entre ellos dos intendentes de la Policía Local, pero no necesariamente con el comisario principal.
 
Fuentes del equipo de gobierno señalaron ayer que no habrá ningún problema de coordinación e insistieron en que se trata de una nueva estructura de trabajo.

[47ronin]

"PIERDEN DERECHOS"

Córdoba
El PSOE rechaza la nueva organización de Policía Local



EUROPA PRESS 01/02/2013


Policía Local en la Ribera. A.J. GONZÁLEZ

El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Emilio Aumente ha rechazado la organización que la Policía Local ha estrenado este viernes, ya que significa "una pérdida de derechos para los trabajadores y que se vulnera arbitrariamente el procedimiento para acceder a los puestos de trabajo".

     En una rueda de prensa, el socialista ha lamentado que "el PP está aplicando criterios sectarios y dictatoriales para el traslado de esos puestos de trabajo", y, según él, "se ha producido un hecho muy lamentable", como es el cambio de la Policía Local del Muriano por la de la barriada del Higuerón debido a que "estos policías parece que no son del agrado del alcalde de barrio", ha recriminado el edil.

     Aumente ha afirmado que el PP persigue "desmantelar" el modelo de Policía Local "preventiva" de la ciudad, "sustituyéndolo por la fórmula de la derecha, que consiste en que la Policía Local también intervenga en materia de seguridad que por otra parte está perfectamente cubierto en la capital por la Policía Nacional".

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La Policía Local exige a Dorgambide que retire lo de “vagos” o que dimita


 OLALLA BOUZA VILAGARCÍA | Actualizado 01 Febrero 2013 - 02:40 h.





 dorgambide con un agente municipal durante una intervención en rubiáns g. salgado


Las declaraciones de Ángel Benito Cholo Dorgambide llamando “vaguetes” a la Policía Local, han caído como un jarro de agua fría en el cuerpo municipal, cuya reacción no se hizo esperar. Tras mantener una reunión de urgencia con los agentes, las cuatro centrales sindicales con representación en Ravella, UGT, CSIF, CCOO y CIG, enviaban un comunicación conjunto en el que exigen al concejal de Seguridade Cidadá una rectificación inmediata.
 
La plantilla de la Policía Local quiere que Cholo Dorgambide retire lo de “vagos”, descalificativo que, aseguran, “pode afectar directamente ao desenvolvemento do traballo na rúa”. Por ello, los agentes aseguran estar “desagradablemente sorprendidos porque, quen exerce de enlace entre o corpo e o goberno municipal, e que ten que velar polo bo funcionamento, a pulcritude da imaxe e a mellora dos medios do corpo, non só non leva a cabo a labor salientada, senón que insulta e bombardea a función policial, deixándoa en descrédito perante a opinión pública”.
 
Las declaraciones de Dorgambide a Diario de Arousa se realizaron al hilo de la polémica por el proyecto para poner un servicio de aparcamiento de pago y ante las críticas de los comerciantes por la falta de vigilancia de la zona azul actual.
 
A este respecto, los agentes tienen claro que es el concejal de Seguridade Cidadá el encargado de dar la orden para que se realice esta labor, tal y como explicó uno de los portavoces de la Policía Local, José Luis Vilas, que también rechazó la privatización de la vigilancia de la zona azul.
 
Además, los sindicatos señalan en el comunicado que “é intención dos membros desta policía ser un exemplo e un referente de profesionalidade, de compromiso e traballo; e por este motivo desde a toma de posesión do concelleiro Cholo pediron en reiteradas ocasións reunións con carácter urxente co edil así como co señor alcalde de Vilagarcía, para transmitirlle as necesidades urxentes desta plantilla e para mellorar os servizos”.
 
A las peticiones de dimisión de Dorgambide también se sumó el Partido Socialista, que señala a Dorgambide como único responsable “dalgún fallo, se existe, na organización do servizo” y defiende la profesionalidad de la Policía Local.

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El PSOE presentará una "denuncia penal" contra policías, alcalde y subdelegado tras la "agresión a 4 concejales"


Lunes, 04 de Febrero de 2013 16:55 GestorDJ JAÉN -

El PSOE de Jaén presentará una denuncia penal contra los agentes  de Policía que supuestamente "agredieron a cuatro concejales"  socialistas en el Ayuntamiento de la capital así como contra el  alcalde, José Enrique Fernández de Moya (PP), y el subdelegado del  Gobierno, Juan Lillo, como "presuntos responsables directos y últimos  de la carga" que se produjo el pasado jueves a las puertas del  edifico consistorial "cuando salieron del pleno para interesarse" por  personas a las que "se impedía el acceso".

Así lo han indicado este lunes en rueda de prensa la portavoz del  grupo municipal, María del Mar Shaw, y el secretario general de la  agrupación local, Manuel Fernández Palomino, quienes han precisado  que los ediles Francisco Hidalgo, Carmen Guerrero, Antonio Guinea y  Dolores Herrera sufrieron el resultado de "una inaudita fuerza"  policial a las puertas del Consistorio.

Shaw ha destacado que la decisión de llevar a los tribunales esta  situación ha sido fruto "de la reflexión y del estudio" sobre lo  ocurrido y después de esperar que el equipo de gobierno, con el  regidor a la cabeza, "cuanto menos" hubiera intentado disculparse,  conocer o siquiera interesarse por hechos que "tienen la suficiente  entidad y gravedad".

Al respecto, ha recordado que el 31 de enero, con un salón de  plenos lleno de vecinos "preocupados por su futuro", se "impidió la  entrada a no más de 15 personas (llegadas en desde El Valle en  manifestación convocada por el SAT) que de forma pacífica querían  subir". Al bajar para interesarse, los ediles del PSOE se encontraron  con "una barrera de cuatro cuerpos de Policía Local y Nacional" y  "cuando acceden a la puerta son objeto de agresión" por agentes que  no tienen identificados y cuya responsabilidad, en todo caso, deberá  "definirse en vía judicial".

En concreto, con respecto al grupo socialista ha afirmado que hubo  "violentos empujones", "golpes reiterados para que suelte el teléfono  móvil" y "agresión en la cara con el puño", por los que inician  "acciones judiciales con una denuncia penal" ante el juzgado de  instrucción en funciones de guardia

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El Tribunal Supremo reconoce arbitrariedad en la Policía Local

Redacción- 7 febrero 2013 | en Local, Noticias, Portada


Ocurrió con un oficial en 2010.
 
El Tribunal Supremo de Justicia le ha dado la razón al Oficial de la Policía Local de Alcoy que en 2010 denunció arbitrariedad por parte del aquel entonces jefe de Policía, Carlos Martín, y del concejal delegado de la Policía, Nacho Palmer.
 
La Sección Sindical del Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos de Alcoy ha informado que fue en 2010 cuando el Ayuntamiento de Alcoy resolvió mediante Decreto destituir, y sin expediente contradictorio, a un Oficial de la Policía Local que se encontraba ocupando ese puesto de trabajo de forma provisional.
 
Organismo y afectado solicitaron informes donde se explicaran las razones de esa decisión arbitraria debido a que hacían falta oficiales en el cuerpo. Según el organismo, existía un trabajador que, salvo ser más “simpático”, se encontraba en idénticas condiciones que el destituido y al que mantenían en su puesto, sin mando ni responsabilidades sobre los agentes, cobrando como Oficial adjunto al Jefe de Policía y que al final no solo no cesaron sino que lo mantuvieron hasta su jubilación.
 
La Sección, ante la no contestación del concejal, decidió denunciar tal hecho a unos Triubunales que a 31 de enero han dictado que sea el Ayuntamiento y no aquellos que cometieron el error, quienes tengan que resarcir al perjudicado, restituirlo en su puesto y abonar todas las retribuciones que dejó de cobrar.
 
Desde la Sección Sindical del Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos de Alcoy han afirmado que “es una lástima que aquellos que cometieron la tropelía salgan impunes por el abrigo de la administración”.

[47ronin]

Expedientan un bar vinculado a un edil y su dueño denuncia acoso policial

PABLO D. ALMOGUERA / Málaga

Día 07/02/2013 -
La familia del concejal malagueño Damián Caneda puso el caso en manos de la Policía Nacional

La campaña de «liberalización» de las aceras de la capital malagueña se ha cobrado una «víctima» ilustre y ha destapado una compleja situación con graves acusaciones. La Policía Local ha levantado acta de sanción por ocupación de la vía pública y exceso de ruido a un bar vinculado al concejal de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Málaga, Damián Caneda. Un establecimiento situado en la turística Plaza del Obispo, que había levantado las suspicacias de diversos colectivos vecinales, pero que sus responsables afirman que está siendo objeto de una campaña de hostigamiento por parte de los agentes municipales que protestan por el Plan de Ajuste municipal. Hechos que se han traducido en una denuncia por acoso que investiga la Policía Nacional.
 
Según pudo saber ABC de distintas fuentes, agentes de la Policía Local de Málaga se personaron el pasado jueves en el local asegurando que la sala del 092 había recibo varias llamadas de vecinos que se quejaban de ocupación de la vía pública y exceso de ruido. Tras una serie de mediciones, decidieron levantar acta de sanción por estos dos motivos contra el bar, cuyo responsable actual es hijo del edil Damián Caneda, que dejó de presidir la sociedad del mismo en mayo de 2011 al retomar su carrera en la política municipal.
 
Hay que especificar que se trata de una propuesta de sanción contra la que caben alegaciones y será el área de Comercio y Vía Pública si finalmente se traduce en una multa. Este es el procedimiento que se ha seguido con los distintos negocios de hostelería del Centro de la capital y otros distritos que han sido sancionados en los últimos meses dentro del plan de control de las terrazas.
 
El acta por ocupación de la vía pública se levantó porque, según los policías actuantes, la terraza del bar superaba en 14 metros cuadrados los 101 que tiene permitido, algo que negaron con rotundidad los propietarios, que aseguraron que presentarán alegaciones y que demostrarán con fotografías que es falso. Además, negaron que se produjese un exceso de ruido y que tienen permiso para música ambiental.
 
«Se trató de una labor de inspección rutinaria», manifestó el concejal de Seguridad, Julio Andrade, que añadió que esta actuación evidencia que no se hacen distinciones según lo apellidos. «Todos tenemos que cumplir las normas», apostilló.
 
No piensan así los responsables del establecimiento, que denuncian una campaña de hostigamiento por parte de agentes municipales que desde hace meses protestan por la reducción salarial adoptada por el Consistorio.
 
Las citadas fuentes señalaron que «se meten en la terraza, nos han insultado y echan a la clientela», para explicar que el caso ha estado en manos de la Policía Nacional: «Pusimos una denuncia por acoso y unos agentes de paisano identificaron a un grupo de policías locales que se manifestaba».
 
«Una cosa es que vengan a manifestarse, y otra que lo hagan con uniforme y placa y pongan lo que no es», agregaron, antes de recalcar que «ningún local del Centro ha pasado más inspecciones».
 
«Yo no estoy en política, no quiero problemas y espero me dejen en paz para poder trabajar tranquilo», repitió el familiar de Caneda, quien añadió que «es una barbaridad presionar a un concejal a través de su familia».
 
Éste lamentó que la situación se traslade a las redes sociales con insultos y «afirmaciones como que me quitan multas. Recientemente pagué una”. «Si en vez de en Málaga esto ocurriese en el País Vasco, ¿cómo se llamaría?», se preguntó

[47ronin]

Un policía local reconoce haber enviado un anónimo a Paloma Rivero

Carlos H. Sanz - viernes, 08 de febrero de 2013

La concejala de Personal denunció los hechos ante la Policía Nacional porque, en su opinión, el escrito recogía amenazas. Una vez que el agente ha reconocido la autoría, ha retirado la denuncia
 
Un agente de la Policía Local de Palencia envió a la concejala de Organización y Personal, Paloma Rivero Ortega, una carta anónima en la que, según la edil, «se la amenazaba con posibles daños» y que, según fuentes sindicales, sólo era una crítica a la reorganización del Servicio llevada a cabo por la Concejalía.
 
El inicio de esta historia se remonta a dos meses atrás, cuando la edil recibió en su despacho una carta sin firmar en la que, según explica la propia Paloma Rivero Ortega, «no se decía que procedía de un policía». «Se denunciaba una situación derivada de la gestión del Ayuntamiento y se me amenazaba», añade.
 
La edil consultó qué pasos dar y le aconsejaron denunciar los hechos ante la Policía Nacional. Los investigadores centraron sus pesquisas en la Comisaría de la Policía Local, ya que por el contenido de la carta, estaba claro que procedía de un agente.
 
Conviene recordar que la Concejalía de Organización y Personal ha completado durante los últimos meses una profunda remodelación del Servicio de Policía Local, desde nombramientos a cambios de turnos y operativas, así como la ampliación de la jornada laboral -obligada por el Gobierno de España- o la eliminación de la paga de Navidad.
 
La tensión en la Comisaría de la Policía Local no se ha relajado aún y parece que esta carta fue el método que este agente encontró para dejar clara su opinión.
 
La Policía Nacional comenzó la investigación citando a algunos mandos y, según fuentes sindicales, ante el revuelo que la misiva había causado el agente decidió dar la cara y reconocer su autoría para no perjudicar a otras personas. Tras conocer el nombre del agente, la munícipe se entrevistó con él y decidió retirar la denuncia. Tampoco se le ha abierto expediente disciplinario alguno.
 
El quid de la cuestión es si la carta contiene o no amenazas a la concejala Paloma Rivero Ortega, que no ha querido hacer público su contenido exacto  e insiste en su deseo de mantener esta cuestión en el ámbito personal.
 
No obstante, en declaraciones a la Cadena SER, que ayer informó de esta polémica, Rivero Ortega insistió en que la carta sí contenía amenazas.  «Se me amenazaba personalmente con posibles daños; no de muerte pero sí de daños», insiste.
 
«Yo soy madre de dos hijos y vivo con mi marido y no quiero que puedan estar en riesgo. Si estuviese sola no me importaría porque soy una persona valiente, pero tengo dos hijos y no quiero que les pase nada», aseveró.
 
«Por eso lo puse en manos de la Policía Nacional, que es donde se denuncian las cosas», se ha limitado a manifestar.

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Dorgambide: “Los policías están vagos y hay que sacarlos a la calle”


 OLALLA B.T. VILAGARCÍA | Actualizado 31 Enero 2013 - 02:31 h.

 el concejal cholo dorgambide durante el pleno emilio moldes

 

Arousa

Cholo Dorgambide presenta sus disculpas a los policías

Vilagarcía / La Voz

 08 de febrero de 2013 05:00


Fole y el concejal Dorgambide toman asiento ante la mirada de la jefa de la Policía Local. martina miser


Algo así no se había producido en el año y medio transcurrido desde el inicio del actual mandato municipal. En realidad, sería muy complicado buscar un instante semejante en la historia reciente del Concello de Vilagarcía, habida cuenta de los muchos problemas de coordinación que se han sucedido con respecto a la Policía Local. Los primeros en padecerlos han sido la mayoría de los agentes, que anoche se reunían en la sala de plenos para mantener un encuentro largamente esperado con el concejal de Seguridade Cidadá, Cholo Dorgambide (Ivil) y el alcalde de la capital arousana, Tomás Fole (PP).

Las relaciones del bipartito conservador con el cuerpo se han deteriorado notablemente en los últimos días, a raíz de la controvertida intervención de Dorgambide sobre la labor de los policías vilagarcianos y del proyecto de privatización del control del tráfico que maneja el gobierno local. Lo primero que hizo el responsable de Seguridade fue, precisamente, presentar sus disculpas a los agentes y aclarar que su intención nunca había sido cuestionar su profesionalidad y su compromiso.

La reunión comenzaba a las ocho y media de la tarde, aunque sus protagonistas no entraron en materia hasta transcurrida casi una hora. Dorgambide fue el primero en llegar. Tuvo tiempo de sobra para saludar a los policías antes de que Fole, que retornaba del pleno de la Mancomunidade do Salnés, y la jefa del cuerpo, Maricarmen Roca, le acompañasen.

Solventada la intervención inicial del concejal, centrada en la petición de disculpas, tomó la palabra el regidor popular, quien trató de explicar las decisiones políticas que su equipo está a punto de adoptar y que influirán directamente en el funcionamiento de la Policía Local.



Problema técnico, no político

No pudo, sin embargo, proseguir el alcalde su discurso en esta línea, puesto que los representantes de los agentes se apresuraron a aclarar que no eran las decisiones políticas las que la plantilla debía discutir, sino aspectos de índole estrictamente técnica. «Somos profesionales que acatamos decisiones, el problema es otro», apuntó uno de los agentes. Por algo, su principal reivindicación es la elaboración de un reglamento.

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Dorgambide: “Los policías están vagos y hay que sacarlos a la calle”


 OLALLA B.T. VILAGARCÍA | Actualizado 31 Enero 2013 - 02:31 h.

 el concejal cholo dorgambide durante el pleno emilio moldes

 

Arousa

Cholo Dorgambide presenta sus disculpas a los policías

Vilagarcía / La Voz

 08 de febrero de 2013 05:00

Se las aceptamos?