Autor Tema: Policía, alcaldes y concejales  (Leído 304695 veces)

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Re: Policía, alcaldes y concejales
« Respuesta #1640 en: 04 de Marzo de 2015, 09:37:32 am »
Denunciar?

Será administrativamente cuantificando el perjuicio por la adopción de una medida fuera de un pacto...otra, no veo.

Ah...que dice "pedirá", entiendo.



SANTIAGO DEL TEIDE
La Policía denunciará al alcalde por imponer servicios en Carnaval

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios considera que se vulneraron los derechos laborales de los agentes actuando "fuera de los cauces legales y de la negociación".
El Día, Santiago del Teide
3/mar/15 01:25

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) pedirá responsabilidades administrativas, civiles y/o penales por "la imposición arbitraria de servicios por parte del alcalde de Santiago del Teide", a quien acusan de "vulnerar los derechos laborales imponiendo nuevamente su criterio fuera de los cauces legales y de la negociación, con modificaciones de turnos y cuadrantes laborales". O sea, como ocurrió durante Nochevieja y Reyes, añade el sindicato.

A este sindicato le llama la atención que, "una vez más, esta imposición de modificación de la jornada laboral se haya realizado sin negociación ni aviso previo a los representantes de los trabajadores y aun a sabiendas de que se hace de forma irregular".

Asegura la representación de la CSI-F en la Policía Local santiaguesa que los documentos en los que se ordena a los agentes realizar servicios en Carnaval que no tenían asignados provienen del Negociado de Alcaldía. Sin embargo, los decretos aludidos, añaden, "no cuentan con argumentación jurídica de ningún tipo, no han sido visados por la secretaria municipal y mucho menos en ellos se ofrece a los agentes agraviados la posibilidad de defensa ante tan injusta resolución".

Después de recordar que el alcalde, Juan Damián Gorrín Ramos, está imputado en varios procedimientos judiciales, la representación sindical de la Policía local señala que Juan Gorrín "no corrige su forma de actuar a la hora de realizar las cosas".

Con la imposición citada, "la Administración, encarnada en la figura del alcalde, incumple, una vez más, el cuadrante de servicio negociado por los legítimos representantes de los trabajadores, por lo que los agentes ya habían realizado con antelación su planificación familiar, la cual se ha visto truncada por esta decisión arbitraria tomada al margen de lo que dice la ley".

Tras acusar al grupo de gobierno de ser incapaz de solucionar los problemas de seguridad que padece Santiago del Teide, la CSI-F responsabiliza de la situación a los integrantes del Ejecutivo municipal porque "ignoran cualquier tipo de solución o salida legal, honrosa y airosa que se les plantea. Solo pretenden salir de una situación problemática, conflictiva o difícil insistiendo en la actitud que los ha llevado a la misma".

Desde la CSI-F, "hartos de esta situación", informaron de que han trasladado los decretos emitidos por la Alcaldía a "manos de nuestros servicios jurídicos, que ya están trabajando para recurrir los mismos y pedir responsabilidades administrativas, civiles y/o penales en las que hayan podido incurrir, su responsable o responsables hasta sus últimas consecuencias, por este nuevo atropello de los derechos laborales", señalaron en un comunicado oficial.

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Re: Policía, alcaldes y concejales
« Respuesta #1641 en: 04 de Marzo de 2015, 09:50:38 am »
No creo que prospere . . . el Alcalde decreta por ser carnavales y aquí paz y después gloria . . . la caja de Pandora de los decretos se abrió con los controladores aéreos y eso supuso abrir una puerta a todos los decretos que han venido después.

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Re: Policía, alcaldes y concejales
« Respuesta #1642 en: 04 de Marzo de 2015, 09:58:50 am »
No creo que prospere . . . el Alcalde decreta por ser carnavales y aquí paz y después gloria . . . la caja de Pandora de los decretos se abrió con los controladores aéreos y eso supuso abrir una puerta a todos los decretos que han venido después.

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Asi es...con lo cual sólo se puede cuantificar económicamente la adopción de la medida e ir al contencioso.

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Re: Policía, alcaldes y concejales
« Respuesta #1643 en: 14 de Marzo de 2015, 08:28:00 am »
Imputados el edil de Seguridad y el jefe de policía de Galapagar
Las agentes aseguran que el concejal quitó multas de tráfico a sus amigos
F. J. B. - EL PAIS
Madrid - 24/06/2010

Juzgan al exjefe de la Policía local de Galapagar y al exedil de Seguridad por prevaricación

Juzgan al exjefe de la Policía local de Galapagar y al exedil de Seguridad por prevaricación

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El exjefe de la Policía local de Galapagar Jesús S. G. y el exconcejal de Seguridad Pedro H. R. serán juzgados a partir del próximo lunes por un delito continuado de prevaricación y un delito contra la integridad moral.

El Ministerio Público solicita para cada uno de ellos la pena de un año y seis meses de prisión y nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. El juicio se celebrará en la Audiencia de Madrid.

Según el fiscal, Pedro H.R., en su condición de concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Galapagar, y Jesús S.G., en la de Jefe de la Policía Local del mismo municipio, al menos desde marzo de 2009 y hasta febrero de 2010, durante el ejercicio de sus respectivos cargos, realizaron determinadas y reiteradas actuaciones encaminadas a menoscabar la integridad física de dos mujeres, agentes policiales de la localidad, y, por tanto, subordinadas a ambos acusados.

Así, mantenían en todo momento un continuo comportamiento despectivo hacia ellas, al utilizar motes para referirse a las mismas, solicitándoles informes arbitrarios y obligándoles a realizar servicios en determinados lugares inapropiados o funciones no acordes con su antigüedad.

Además, controlaban, ridiculizaban y criticaban sus intervenciones delante de otros compañeros, les denegaban la concesión de horas libres de cambios de turno, vetando su promoción profesional y amenazándoles continuamente con la incoación de expedientes disciplinarios sin justificación.

Los procesados obligaron, además, a las agentes a realizar numerosas actuaciones irregulares o directamente ajenas a la legalidad, exigiendo, por ejemplo, que retiraran multas y sanciones a personas influyentes de la localidad.

Como consecuencia de esta situación de presión sostenida en el tiempo, las dos agentes sufrieron graves disfunciones en el ejercicio de su profesión que desembocó en una situación de baja laboral de ambas.





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Re: Policía, alcaldes y concejales
« Respuesta #1644 en: 14 de Marzo de 2015, 11:54:00 am »
...A ver cómo acaba el baile de nunca acabar.
Y a ver cómo se mueven las sillas, y a quien se la quitan o se la ponen.

Enviado desde el mío phono.

Que la inmensidad del bosque no te impida ver su gradeza.

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Re: Policía, alcaldes y concejales
« Respuesta #1645 en: 16 de Marzo de 2015, 18:49:32 pm »

Juicio en la Audiencia Provincial

El ex edil de Seguridad de Galapagar niega acoso laboral a dos mujeres agentes para favorecer a otros policías

El concejal pedía a las agentes que quitarán multas a personas influyentes en el municipio

EUROPA PRESS Madrid 
Actualizado: 16/03/2015 16:13 horas 

El ex concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Galapagar Pedro H. R. ha negado este lunes en el juicio haber acosado laboralmente a dos mujeres agentes de la Policía local de este municipio en beneficio de otros policías, manifestando que como cargo político no imponía cuadrantes de turnos ni daba ninguna orden a realizar.

Así lo ha manifestado durante su declaración en el juicio que ha arrancado este lunes en la Audiencia Provincial de Madrid. Se sienta también en el banquillo de los acusados el ex jefe de la Policía local de Galapagar Jesús S. G.

A Ambos se les juzga por un delito continuado de prevaricación y un delito contra la integridad moral. El Ministerio Público solicita para cada uno de ellos la pena de un año y seis meses de prisión y nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

En su declaración, el ex concejal ha negado los hechos que se le imputan, señalando que en ningún momento impuso ninguna orden ni actuaciones a realizar.

"Mi cargo era político, no ejecutivo. Yo no podía imponer cuadrantes ni órdenes", ha manifestando, insistiendo en que no podía favorecer a ningún agentes ya que no tenía esa capacidad.

Hechos juzgados

Según el fiscal, Pedro H.R., en su condición de concejal de Seguridad, y Jesús S.G., en la de Jefe de la Policía Local del mismo municipio, al menos desde marzo de 2009 y hasta febrero de 2010 realizaron determinadas y reiteradas actuaciones encaminadas a menoscabar la integridad física de dos mujeres, agentes policiales de la localidad.

Así, mantenían en todo momento un continuo comportamiento despectivo hacia ellas, al utilizar motes para referirse a las mismas, solicitándoles informes arbitrarios y obligándoles a realizar servicios en determinados lugares inapropiados o funciones no acordes con su antigüedad.

Además, controlaban, ridiculizaban y criticaban sus intervenciones delante de otros compañeros, les denegaban la concesión de horas libres de cambios de turno, vetando su promoción profesional y amenazándoles continuamente con la incoación de expedientes disciplinarios sin justificación.

Los procesados obligaron, además, a las agentes a realizar numerosas actuaciones irregulares o directamente ajenas a la legalidad, exigiendo, por ejemplo, que retiraran multas y sanciones a personas influyentes de la localidad.

Como consecuencia de esta situación de presión sostenida en el tiempo, las dos agentes sufrieron graves disfunciones en el ejercicio de su profesión que desembocó en una situación de baja laboral de ambas

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Re: Policía, alcaldes y concejales
« Respuesta #1646 en: 19 de Marzo de 2015, 00:27:14 am »
Los ladrones no se tocan en Los Alcázares
Policías del municipio denuncian que una norma interna les impide, por seguridad laboral, intentar apresar o desarmar a un atracador o perseguirlo
13.03.2015 | 04:00

VICTORIA GALINDO Los agentes de la Policía Local de Los Alcázares han recibido una curiosa circular con las normas que deben seguir ante un atraco y que les impiden, como medida para garantizar su seguridad y salud laboral, «intentar apresar o desarmar al atracador» así como «interrumpir su huida ni emprender su persecución».

El documento, que se entrega en la ficha de información del puesto de cada agente, aparece el logotipo del Ayuntamiento y de la mutua que presta atención asistencial a los agentes, y ya ha sido denunciado por las secciones sindicales de CSIF, USO y SIME, que critican que las instrucciones de la empresa «consisten básicamente n no hacer nada, salvo obedecer las órdenes del atracador con calma (..) y avisar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, resultando que los funcionarios de la Policía Local son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad», por lo que entre sus obligaciones está impedir cualquier práctica abusiva como es la de un atraco.

Esta, sin embargo, es sólo una de las muchas y variadas denuncias que los agentes vienen presentado en el Ayuntamiento para dejar patente, según se recoge en sus escritos de queja, de las pésimas condiciones en las que trabajan: con una flota de vehículos muy deteriorada, motocicletas que «no pueden ser usadas desde hace casi un año por carecer de los medios obligatorios que establece la normativa vigente», chalecos antibala caducados e incluso con un solo peto reflectante homologado, pese a que es obligatorio circular con ellos.

Las secciones sindicales de CSIF y USO critican, además, que en los últimos tres años se han tramitado más expedientes disciplinarios contra los agentes que «en los 27 anteriores de existencia del municipio», una situación que, según detallan en un comunicado, «ha obligado al Ayuntamiento a realizar una comisión de investigación por acoso laboral en el seno de la Policía Local, «cuyos miembros se sienten perseguidos y amedrentados al realizar su trabajo».

Esta redacción contactó ayer con el ayuntamiento de Los Alcázares para recabar la versión del concejal de Personal, quien declinó hace declaraciones.

http://www.laopiniondemurcia.es/municipios/2015/03/13/ladrones-tocarlos/632542.html

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Re: Policía, alcaldes y concejales
« Respuesta #1647 en: 24 de Marzo de 2015, 17:42:36 pm »

Condenado un edil que pedía 15.000 euros para dar una licencia de taxi



El concejal de Hacienda y primer teniente alcalde de El Álamo exigía el pago a un matrimonio, vecinos de la localidad


Pablo León   Madrid  24 MAR 2015 - 00:00 CET

En marzo de 2009, el concejal de Hacienda y primer teniente alcalde, José González Fernández (Partido Popular), de El Álamo, se reunió con un vecino de la localidad. Ambos tenían que hablar sobre un asunto muy concreto: una licencia de taxi. Tres años antes, este residente en este municipio del sur de la región había realizado una petición oficial para que su mujer pudiera ejercer de taxista. No obtuvo respuesta hasta que González Fernández le llamó. Durante la conversación apareció una cifra: 15.000 euros. “Para atender el pago de festejos del Ayuntamiento”, aclaró González Fernández insinuando que si no pagaba esa cantidad no adjudicaría la licencia. El matrimonio no sabía que su petición ya había sido aprobada unos meses antes; González Fernández desconocía que la conversación estaba siendo grabada.

“El objetivo de la operación era la obtención por este método [a cambio del dinero] de la autorización de la transmisión de licencia de taxi a nombre de Juliana L.”, argumenta el fiscal. Un delito de cohecho que el matrimonio llevó a los juzgados en septiembre de 2013. A pesar de la grabación, un jurado popular absolvió a González Fernández basándose en que la licencia se había acabado concediendo a pesar de que el pago pedido no se había satisfecho.

“El jurado no cumplió su función de valorar la realidad o irrealidad del hecho probado sino que explicó que el no pago de la cantidad exigida no tuvo consecuencias negativas; una motivación irracional y carente de lógica”, dijeron los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) cuando la Fiscalía recurrió la sentencia. Poco después, el TSJM la anuló por considerarla “arbitraria”. Y ayer, cinco años después del delito y con González Fernández aun ejerciendo sus labores públicas en el Consistorio —su nombre, su foto y sus cargos se pueden consultar en la web del Ayuntamiento de la localidad donde viven unas 8.000 personas—, comenzó el juicio de nuevo.

Pero antes de arrancar, las partes llegaron a un acuerdo. Frente a los 18 meses de cárcel, el pago de 45.000 euros y los cuatro años de inhabilitación que pedía la acusación para el concejal, este ha reconocido su delito y aceptado una multa de 15.000 euros y la inhabilitación para ejercer cualquier tipo de empleo o cargo público durante tres años. La grabación fue clave para demostrar el delito y que el acusado lo reconociera: “La petición indebida de dinero existió porque la conversación tuvo lugar en los términos claros y concluyentes que se desprende de su contenido”, argumentó la acusación.

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Re: Policía, alcaldes y concejales
« Respuesta #1648 en: 29 de Marzo de 2015, 12:35:25 pm »
«Si la alcaldesa escribía una A, el instructor tenía que anular la multa»


A. Rallo  Valencia  |  5 
 
La investigación contra la alcaldesa de Carlet revela sus órdenes para poner menos sanciones y la mala relación con otros trabajadores municipales
 


La alcaldesa de Carlet, María Ángeles Crespo (PP), se encuentra imputada por prevaricación y acoso laboral por el juzgado de Instrucción número 3 de la localidad por presuntamente presionar a policías para que retiraran multas de tráfico. La fiscalía llevó el caso al juez tras completar una investigación que se inició a partir de la denuncia del jefe de la Policía Local.

Las pesquisas del ministerio público, en principio, retratan a una alcaldesa con numerosos enfrentamientos con empleados públicos. También concluyen que existen indicios suficientes de que daba órdenes para retirar algunas sanciones de tráfico, según las declaraciones de los testigos.

Uno de los testimonios más reveladores parte de un policía de la población. Durante su declaración ante la fiscal explicó: "Si la alcaldesa escribía una ‘A’ significaba que el instructor tenía que anular la multa". En cambio, si en el expediente se incluía la anotación ‘R’ (ratificar) equivalía a mantener la sanción. Otro agente comentó una reunión que él y sus compañeros mantuvieron con las responsable municipal. "Nos dijo que no pusiéramos tantas multas, que intentásemos bajar el listón y que antes de sancionar tratáramos de buscar a los propietarios".

Además, añadió que si algún vecino se quejaba de la multa, "se la quitaran". Más agentes reconocen las citadas anotaciones en los expedientes. De hecho, esta presión de la responsable condicionaba a los funcionarios y ha tenido consecuencias. "En la actualidad casi no ponen multas", explica otro de los policías.



 


 

Un funcionario del consistorio relató a la fiscal del caso el modo de proceder de Crespo. "Tenía el mandato de la alcaldesa de que cuando se recibiese un pliego de alegaciones, le entregase el expediente". Una vez le devolvían la documentación comprobaba que se habían hecho las indicaciones (A o R). Esta extraña actitud comienza tras las elecciones de 2011, precisa otro agente ahora retirado. La alcaldesa asume las competencias del concejal de Policía y es cuando comienza a realizar las anotaciones "normalmente en lápiz". A partir de 2012 depone su actitud.

La investigación parte de la denuncia que presenta el jefe de la Policía Local. El agente no sólo alerta de esta irregularidad -quitar multas sin ninguna justificación- sino que traslada una situación de acoso que sufre en su puesto precisamente por negarse a cumplir con las indicaciones de la alcaldesa. El policía detalla cómo es apartado de sus funciones y todo el trabajo se organiza sin contar con él. Además, se le hace el vacío. No se le saludaba, se ordenaba que no hablaran con él y tampoco se le convocaba a reuniones de trabajo.

Esta versión del denunciante se ve corroborada por los testigos -muchos admiten tener miedo a represalias de la alcaldesa- que desfilaron por la fiscalía. El ministerio público considera que estos hechos podrían constituir un delito de acoso laboral. El comportamiento de la denunciada "pretende humillar y vejar" al agente, según se recoge en el escrito de denuncia de la fiscal.

Además, de las comparecencias de los testigos se desprende que la ahora imputada también tuvo numerosos enfrentamientos con otros trabajadores dependientes del Consistorio. "O estás con ella o contra ella", apuntó un policía.

Así, entre los casos que citan los testigos, destaca el de un encargado de obras de almacén. "Lo dejó más de dos años en un puesto que estaba en una esquina del pueblo, debajo de un árbol sin ningún trabajo que hacer", desvela precisamente una trabajadora de la limpieza que ganó dos contenciosos contra decisiones de la alcaldesa. Otro declarante añadió más información al respecto: "Lo puso a vigilar un camino para ridiculizarlo".

Uno de los funcionarios citados en fiscalía citó el caso de un ingeniero "al que tuvo apartado en un despacho durante un año". Las declaraciones recogen también otros supuestos conflictos con una bibliotecaria, con un policía al que dejó de pagarle la productividad tras recriminarle que llevara un tatuaje a la vista o incluso enfrentamientos con quien fuera su secretaria particular que, en la actualidad, ocupa otro puesto laboral.

El jefe de Policía está citado hoy en el juzgado de Instrucción número 3 para ratificar su declaración. La alcaldesa no comparecerá como imputada hasta el mes de junio, tal y como adelantó LAS PROVINCIAS. La responsable siempre sostuvo su correcta actuación en este asunto.

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Re: Policía, alcaldes y concejales
« Respuesta #1649 en: 03 de Abril de 2015, 12:20:02 pm »
Ya era hora  :Aleg

« Última modificación: 03 de Abril de 2015, 12:36:10 pm por 47ronin »

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Re: Policía, alcaldes y concejales
« Respuesta #1650 en: 03 de Abril de 2015, 12:21:21 pm »
Ya era hora :Plasplas

« Última modificación: 03 de Abril de 2015, 12:41:01 pm por 47ronin »

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Re: Policía, alcaldes y concejales
« Respuesta #1651 en: 07 de Abril de 2015, 09:00:47 am »
A juicio una alcaldesa del PP acusada de apoyar una moción de censura a cambio de un bolso de Loewe

    Ana Hermoso habría aceptado el regalo de un empresario por votar a favor de la moción que en 2005 expulsó al PSOE de la Alcaldía de Bormujos (Sevilla)
    Un jurado popular juzgará a la regidora, tras el rechazo del último recurso de su defensa ante la Audiencia Provincial

Infolibre Actualizada 06/04/2015 a las 19:24
 

La Audiencia Provincial de Sevilla ha confirmado la decisión del juez instructor de continuar el procedimiento por un juicio con jurado contra la alcaldesa de Bormujos, Ana Hermoso (PP), a quien el empresario Jesús Calvo Soria habría regalado un bolso de la marca Loewe a cambio de que votara a favor de la moción de censura consumada en 2005 para expulsar al PSOE de la Alcaldía y devolver el poder al independiente Baldomero Gaviño.

En un auto fechado este mismo lunes, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Primera de la Audiencia rechaza el recurso interpuesto por la defensa de la alcaldesa –al que se habían opuesto tanto la Fiscalía como la acusación que ejerce el PSOE– contra el auto en el que el juez de Instrucción número 2, Carlos Mahón, rechazó archivar la causa contra la imputada y acordó la continuación del procedimiento por los trámites de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado.

La alcaldesa, que no repetirá como candidata en las próximas elecciones municipales, recurrió el auto dictado por el juez instructor el día 30 de junio del pasado año 2014 al entender que "debe de hacerse expresa mención a que, a la fecha en la que Jesús Calvo le regala un bolso, existía entre ambos una relación sentimental".

La Audiencia Provincial señala que la incoación del procedimiento ante el Tribunal del Jurado se halla regulada en los artículos 24 a 26 de la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, ordenando el primero de estos preceptos la incoación desde que "resulte contra persona o personas determinadas la imputación de un delito cuyo enjuiciamiento venga atribuido al Tribunal del Jurado", lo que deberá hacerse "previa valoración de su verosimilitud".

El juez rechazó el archivo de la causa contra Hermoso y acordó continuar el procedimiento después de que, en una comparecencia celebrada el 30 de junio de 2014, tanto la Fiscalía como la acusación popular que ejerce el PSOE imputaran a la primer edil un delito de cohecho, mientras que el abogado que defiende a Hermoso se opuso a la imputación al entender que la acusación "no se sostiene" e insistió en que el bolso no era una "dádiva" sino "un regalo amoroso" que le hizo el empresario Jesús Calvo Soria.

En el auto, el instructor ponía de manifiesto que de todo lo analizado hasta el momento "se deduce de manera palpable que resulta imposible acoger la solicitud de sobreseimiento instada por la defensa", pues "existe material probatorio más que suficiente para considerar que se ha cometido un hecho delictivo y para entender que en el mismo ha tenido participación activa" Ana Hermoso.

Así, analiza el estado del Ayuntamiento de Bormujos hasta 2004 y señala que, en ese momento, se produjeron "varias reuniones en las que se habló de la posibilidad de plantear una moción de censura" contra el entonces alcalde socialista, Juan Antonio Iglesias Moreno, en las cuales "tuvo una participación activa" el empresario Eusebio Gaviño, primo del exprimer edil Baldomero Gaviño que "contactó con el presidente del Consejo General de Enfermería, Máximo González, para pedirle ayuda, contactando este último con Jesús Calvo Soria, especialista en la materia".

Los hechos

Seguidamente, y según el instructor, Calvo Soria realizó "una cata para saber cuál era el estado de opinión de la ciudadanía" tras la que, a mediados del mes de diciembre de 2004, se reunió con la entonces concejal del PP, Ana Hermoso, "para plantear los términos en que iba a quedar la situación si triunfaba la moción" contra el socialista Juan Antonio Iglesias.

Según mantiene el juez, en esta reunión, y a fin de "garantizar el voto a favor en la futura moción de censura" –frente a la versión dada por la imputada de que se trataba de un "regalo amoroso"–, Calvo Soria entregó a Ana Hermoso un bolso de mano de la marca Loewe, tras lo que el 21 de diciembre de 2004 "se presentó ante notario escrito proponiendo la moción de censura" que fue avalado, entre otros, por la propia imputada.

Tras ello, el 4 de enero de 2005 y "de acuerdo con las directrices marcadas" por Jesús Calvo Soria, "todos los concejales que iban a apoyar la moción de censura se reunieron para cenar y pernoctar en el Hotel Andalusi Park", tras lo que el 5 de enero de 2005 se celebró dicha moción de censura en el Ayuntamiento de Bormujos, pasando a ser nuevo alcalde Baldomero Gaviño.

"Como consecuencia de haber triunfado la citada moción, se nombró" a Ana Hermoso primer teniente de alcalde y delegada del Área de Desarrollo Económico y Local, Formación y Empleo del Ayuntamiento y al edil José Sánchez tercer teniente de alcalde y delegado de Servicios Sociales y Educación.

A continuación, el juez analizaba por qué considera probado todo lo anterior y, en relación a la reunión y la entrega del bolso, decía haber tenido en cuenta la declaración prestada por Eusebio Gaviño y el contenido del pen drive aportado por éste a la causa, donde se recoge una conversación con Ana Hermoso en la que la imputada habría admitido el regalo del bolso.

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Re: Policía, alcaldes y concejales
« Respuesta #1652 en: 15 de Abril de 2015, 18:19:46 pm »

El PP quiere imitar en Hospitalet el control de la inmigración que aplica en Badalona


Entre otras medidas, los populares buscan replicar el férreo control de la inmigración ilegal que le ha dado la alcaldía de Badalona. Los populares vuelven a atizar a la inmigración ilegal de cara a unas elecciones municipales.

El PP de L'Hospitalet apuesta por llevar a la ciudad las mismas recetas que los populares han aplicado en Badalona - Foto EFE

Entre otras medidas, los populares de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) buscan replicar el férreo control de la inmigración ilegal que le ha dado la alcaldía de Badalona. Los populares vuelven a atizar a la inmigración ilegal de cara a unas elecciones municipales.

De igual forma que lo hicieron en los comicios municipales catalanes en 2011, ahora el PP en L’Hospitalet de Llobregat ha presentado sus propuestas de cara a las municipales de mayo, entre las que figuran propuestas como la de limitar las ayudas sociales municipales a aquellos inmigrantes que demuestren que llevan empadronados en el municipio en los últimos cinco años.

En un folleto que ha repartido la candidata del PP en L’Hospitalet, Sonia Esplugas, apuesta por llevar a la ciudad las mismas recetas que los populares han aplicado en Badalona, donde gobierna el alcalde popular García Albiol.  "No se trata de negar a nadie que pueda acceder a una ayuda básica, pero hay ayudas que pueden ser complementarias para las que sería necesario un mínimo de empadronamiento, porque si no da la sensación de que cualquier persona que llega a la ciudad al día siguiente puede acceder a cualquier tipo de ayuda", explica Esplugas. Y añade: “Todas nuestras propuestas las hemos estructurado en base a la petición de los vecinos de la ciudad”.

“Todas nuestras propuestas las hemos estructurado en base a la petición de los vecinos de la ciudad”, explica la candidata del PP al municipio

Control de la apertura de nuevos locutorios y kebabs

El PP en este municipio barcelonés se opone, además, a la creación de guetos de “inmigración sin control”, los pisos patera y el top manta en la calle sin obtener permisos municipales, y también anuncian los populares que limitarán "la proliferación de locutorios, bazares y kebabs". La candidata popular ha declarado que "los pisos patera están produciendo problemas de convivencia vecinal, por lo que hay que aumentar el control sobre ellos". Esplugas defiende "una ordenanza que ponga orden en los locutorios y kebabs, porque a veces lo que produce los guetos es que haya una serie de comercios concentrados en unas calles".

El folleto del PP de L'Hospitalet también se refiere a la seguridad, reclamando "más policías patrullando a pie por las calles y más mano dura contra la delincuencia", y al civismo, con propuestas para mejorar la limpieza de las calles y multar a quienes ensucian.  Según la candidata popular, los temas sobre los que hablan en el folleto "son los problemas que transmiten los ciudadanos en las reuniones que el PP viene manteniendo con vecinos y con asociaciones desde hace meses".

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Re: Policía, alcaldes y concejales
« Respuesta #1653 en: 15 de Abril de 2015, 19:12:27 pm »
Habrá dicho alguna mentira.
Aunque ande en valle
De sombra y de muerte
no temeré mal alguno
Porque tú estarás conmigo
Tu vara y tu cayado me
infundirán aliento

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Re: Policía, alcaldes y concejales
« Respuesta #1654 en: 17 de Abril de 2015, 10:19:40 am »
Se ignora si será hoy incluido en las lista para las próximas elecciones
Denuncian por maltrato al concejal de Seguridad de Torrelodones

El concejal de Seguridad y Educación, Gonzalo Santamaría.
LUIS FERNANDO DURÁN Madrid
Actualizado: 16/04/2015 23:21 horas

El Teniente Alcalde de Torrelodones y concejal de Seguridad y Educación, del partido Vecinos por Torrelodones, Gonzalo Santamaría, ha sido denunciado por su ex mujer por un presunto delito de violencia de género en el ámbito familiar y por violar su derecho a la intimidad, según fuentes jurídicas. El caso comenzó a ser investigado por un juzgado de Valladolid que ahora se ha inhibido a favor de un juzgado de Collado Villalba. Hasta el momento el número 2 del Gobierno municipal no está imputado y un juzgado de Valladolid y la Audiencia Provincial rechazaron tomar medidas cautelares de alejamiento solicitadas por la denunciante.

Según Santamaría, la Audiencia dejó «claro que no había pruebas de la comisión de un delito:ni episodios violentos ni físicos ni verbales, ni amenazas ni injurias, nada de nada. «La denuncia», añade Santamaría, «se presenta por un problema con la venta de la casa y estamos hablando de algo de mi ámbito privado que ahora se saca por interés debido a que hoy se presenta la lista de Vecinos por Torrelodones», apuntó.

«Es un asunto que se va archivar. Soy inocente. En Valladolid se desestimó en dos ocasiones y la Audiencia Provincial dictaminó que existían versiones contradictorias que habían de marcarse en una conyuntura posterior al divorcio y en una situación de conflicto sobre el uso y la venta de la vivienda familiar».

Santamaría y su esposa, con un hijo en común, se separaron hace dos años. La mujer trabajaba en la biblioteca de un colegió público de Torrelodones.

Según fuentes jurídicas, Gonzalo se pasaba regularmente por el colegio de forma intimidatoria. La mujer, según el relato de la denuncia, empezó a sentirse acosada. Llegó incluso a sufrir varias crisis de ansiedad y daños psicológicos por lo que acudió varias veces a Urgencias. Los médicos la recomendaron alejarse de su ex marido por lo que se fue a vivir con su familia a Valladolid.

Durante esta etapa comprobó que su ex marido había entrado en sus dos correos personales vulnerando su derecho a la intimidad y finalmente optó por denunciar el caso en un juzgado de Valladolid que abrió diligencias previas e inició la investigación.

El denunciante fue citado a declarar en marzo en el juzgado de Violencia de Género de Valladolid. Este organismo decidió inhibirse a favor del juzgado de Collado Villalba que es el competente en el caso debido a que el domicilio aportado por la víctima es la antigua vivienda conyugal de la pareja.

La mujer también pidió en su día al juzgado de Valladolid una orden de alejamiento para su ex marido que se desestimó. La denunciante recurrió y volvió a ser rechazada por la Audiencia Provincial que concluyó:«No se desprende una situación de riesgo teniendo en cuenta las medidas contradictorias, que no comparten residencia ni domicilio y lo que se ha hecho es criminalizar una situación somática y depresiva tratando de buscar un culpable». Además, señaló, según Santamaría, «que la denunciante hacía una narración de hechos de forma absolutamente imprecisa y genérica aportando más conclusiones subjetivas y sin que la mera constancia de estar recibiendo tratamiento psicológico sea prueba de la comisión de un delito».

Ahora será el juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Villalba el que tendrá que determinar si existe un presunto delito de maltrato familiar. La juez indica en su fundamento jurídico que los «hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal».

La mujer se ha negado a realizar declaraciones. Hoy viernes se está previsto que Vecinos por Torrelodones presente la lista de su candidatura para las elecciones municipales. Anoche se ignoraba si el edil sería incluido en la lista.

«Mi ex mujer también estuvo en Vecinos por Torrelodones y tengo claro que esto es una maniobra contra mí», sentenció Santamaría.

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Re: Policía, alcaldes y concejales
« Respuesta #1655 en: 18 de Abril de 2015, 11:23:31 am »
Un concejal del PP de Madrid amenaza a un vecino: "Tonto.

Me lo vas a decir en la calle" Joaquín Martínez, presidente del distrito de Villaverde y vicepresidente de la Comisión de Participación, se enfrentó a un miembro de la asociación La Incolora. Enrique Orozco, portavoz del colectivo, recriminó al edil el trabajo de los miembros del PP en la zona. El concejal le contestó con insultos y amenazas: "Ahora, cuando deje de ser concejal, me lo vas a decir en la calle".

VÍDEO: http://www.20minutos.es/noticia/2434346/0/concejal-pp-madrid/insulta-amenaza/vecino-villaverde-la-incolora/

ÁNGEL CALLEJA 16.04.2015 @angelcalleja

Joaquín María Martínez Navarro, concejal presidente de Villaverde y vicepresidente de la Comisión de Participacion Ciudadana de Madrid, cerró este jueves el último pleno de la legislatura con insultos a uno de los representantes vecinales del distrito que dirige. El incidente, calificado de "grosero" y "macarra" por el grupo de Izquierda Unida, concluyó con la siguiente amenaza: "Como ya no soy concejal, nos vamos a ver en la calle". Imágenes Joaquín Martínez (PP) 1 Foto El altercado tuvo lugar después de más de cuatro horas de pleno y tras varias fricciones previas. Le digo los problemas del barrio y no le gusta, claro

El representante público concluía su alegato a favor de las políticas del PP cuando fue reprendido desde el público por Enrique Orozco, miembro de la asociación de vecinos La Incolora, al grito de "¡Venga ya, hombre! No digas tonterías". Ni corto ni perezoso, Martínez Navarro le espetó: "Ni venga ni nada, don Enrique. Es usted más tonto que cualquiera dormido". El edil dio por terminada la sesión con un "muchas gracias", pero el enfrentamiento continuó. "Ni coño ni nada. Ahora, cuando deje de ser concejal, me lo vas a decir en la calle. Ya verás cómo te lo digo delante de tus narices", retó Martínez Navarro, que, a sus 69 años, dejará la política activa la próxima legislatura. "Eres tonto [...] cómo voy a amenazarte si eres un donnadie", concluyó mientras obviaba las indicaciones de una de sus asesoras, que le advirtió de que había cámaras grabando. Martínez tampoco quiso oír las reclamaciones del representante de La Incolora, que le reprochó su lenguaje. "Le digo los problemas y la realidad del barrio y no le gusta, claro. Los grupos de la oposición ya le habían dado fuerte y la pagó conmigo", explicó Orozco en conversación telefónica con 20minutos. "No tienen vergüenza. Eres un concejal y hablas así a los ciudadanos", criticó otro vecino, según puede comprobarse en el vídeo recogido por IU Villaverde. Concejal polémico Joaquín Martínez Navarro, hombre de Esperanza Aguirre, es un concejal polémico.

 El edil ha reclamado en diversas ocasiones la presencia de unidades antidisturbios de la Policía Local en el pleno de distrito ante la presencia de vecinos que protestaban contra los desahucios y contra la falta de inversiones en el barrio. En 2015 se vio obligado a dar explicaciones ante el pleno del Ayuntamiento de la capital por negarse a garantizar la subrogación de una docena de trabajadoras de los centros de mayores del distrito, que quedaron en la calle y sin prestación por desempleo tras la adjudicación del programa de prevención de la dependencia a otra empresa. Javier Muñoz, portavoz de IU en Villaverde, criticó que, mientras los concejales del PP en el distrito no han presentado ninguna iniciativa esta legislatura, Martínez Navarro ha tenido una actitud "barriobajera" con la oposición y los vecinos, que sí lo han hecho. Muñoz ha propuesto que el equipo saliente elabore un catálogo de iniciativas aprobadas y pendientes de ejecución (la modernización de los polígonos industriales, la construcción de una escuela infantil en el barrio de Butarque, la remodelación del mercado de Villaverde Alto) para dejárselo a la corporación que surja tras las elecciones del 24 de mayo, a fin de que los proyectos no se pierdan, pero el PP ha rechazado la propuesta. El Ayuntamiento de Madrid ha evitado defender a Martínez Navarro.
A preguntas de este diario, el gabinete municipal circunscribió sus exabruptos a una "actuación individual" que no es repaldada por el Consistorio, según detalló una portavoz.

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Re: Policía, alcaldes y concejales
« Respuesta #1656 en: 23 de Abril de 2015, 09:18:11 am »
La Fiscalía del TS presenta una querella contra la 'alcaldesa quitamultas' por posible prevaricación

    Juliana Fernández Cueva habría cometido un presunto delito de prevaricación al ordenar la retirada de multas impuestas a determinados vecinos por la Policía Local del municipio donde es alcaldesa
    Las diligencias, incoadas inicialmente por un fiscal de Toledo, fueron remitidas posteriormente a la Fiscalía del alto tribunal dada la condición de aforada de Fernández de la Cueva
    Según la denuncia que interpuso un particular, la regidora retiró varias multas que había puesto la Policía Local a personas de su entorno familiar, amigos o con las que tenía afinidad política

informacionsensible.com
22 de Abril del 2015 a las 10:30

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha presentado querella en este órgano contra la senadora del PP Juliana Fernández Cueva por un presunto delito de prevaricación que habría cometido, presuntamente, al ordenar la retirada de multas de tráfico impuestas a determinados vecinos por la Policía Local del municipio donde es alcaldesa, Corral de Almaguer (Toledo).

Las diligencias, incoadas inicialmente por un fiscal de Toledo, fueron remitidas posteriormente a la Fiscalía del alto tribunal dada la condición de aforada de Fernández de la Cueva, han informado fuentes fiscales.

El siguiente paso en la tramitación de este asunto será el estudio de la querella por la Sala de Admisión del Tribunal Supremo, que de acordar la medida en sentido positivo nombrará un instructor para la causa.

La declaración de la senadora ante el alto tribunal a no ser que solicite su comparecencia voluntaria, precisará la tramitación de un suplicatorio que el instructor deberá remitir a la cámara alta.

Según la denuncia que interpuso un particular la regidora retiró varias multas que había puesto la Policía Local de Corral de Almaguer a determinadas personas de su entorno familiar, amigos o con las que tenía afinidad política, según destapó en su día el diario La Razón. De este modo evitaba que estas personas perdieran puntos de carné.

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Re: Policía, alcaldes y concejales
« Respuesta #1657 en: 25 de Abril de 2015, 09:07:03 am »
Nules: Un Policía local de Nules denuncia a varios concejales por 'delitos contra los derechos de los trabajadores'

 
La Plana al Dia | Nules | Sucesos | 24-04-2015
 

El Agente de la Policía Local, Secretario de Organización de STAS – Intersindical Valenciana y Delegado de la Junta de Personal Funcionario en el Ayuntamiento de Nules (Castellón), Joseba Corral, presentó el pasado 15 de abril una denuncia en el Juzgado de Instrucción de Guardia de Nules contra los concejales de seguridad ciudadana, Alejandro Borrás, el concejal de Personal, Manuel Mezquita, y el Inspector-Jefe de la Policía Local, Miguel Ángel Ripollés.

En la denuncia, que ya se encuentra en manos de la fiscalía y el Juez Instructor, el empleado público considera que los hechos "son constitutivos de presuntos delitos contra el honor, contra los derechos de los trabajadores, contra la administración pública y contra los derechos fundamentales y libertades públicas", por lo que ha solicitado a los tribunales de justicia decrete la admisión a trámite contra las personas referenciadas "o cualesquiera otra que pudiera derivarse responsabilidad y se sirva enjuiciar los hechos acontecidos".

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Re: Policía, alcaldes y concejales
« Respuesta #1658 en: 07 de Mayo de 2015, 08:29:47 am »
Miraflores quiere 'abolir' su Policía

    El alcalde, del PSOE, quiere laminar a los nueve agentes de la Bescam que operan en el pueblo, dicen los policías. El regidor lo niega y se remite a procesos judiciales en marcha
    De nueve plazas de Policía, el Consistorio ha intentado remover al menos ocho poniendo en duda la validez de la adjudicación de sus plazas en época del PP


Dos agentes de la Bescam destinados en Miraflores de la Sierra, patrullando ayer por el pueblo. JAVI MARTÍNEZ
PABLO HERRAIZ | QUICO ALSEDO
Actualizado: 07/05/2015 00:18 horas

«Quería acabar con la Policía, ya lo dijo antes de llegar a ser alcalde». El Colectivo Profesional de Policía Municipal (CPPM) acusa al regidor de Miraflores de la Sierra de querer acabar con los nueve agentes que actualmente componen la escasa plantilla de policías locales en su pueblo. Durante cuatro años se han sucedido entre los policías y el Consistorio bajadas de sueldo, expedientes, querellas, denuncias en Inspección de Trabajo, bajas por ansiedad y amenazas. El objetivo del alcalde, según los agentes: limpiar el pueblo, de casi 6.000 habitantes y uno de los más turísticos de la región, de agentes de la Bescam. Esto es: abolir la Policía.

Los motivos de esta guerra, siempre según este sindicato de agentes municipales, han sido muchos a lo largo de los años. Para ellos la historia comienza a los pocos meses de llegar a la alcaldía Juan Manuel Frutos (PSOE), cuando su hijo tuvo un conflicto con el entonces jefe de Policía Local: un camión permanecía atravesado en la calle, el jefe policial se disponía a denunciarlo y apareció el hijo del alcalde, «que increpó tanto al jefe de la Policía Local como a otro agente que le acompañó en la intervención».

La presunta venganza ante aquella situación empezó a tomar cuerpo poco después. El jefe de la Policía Local fue expulsado un mes más tarde, y el alcalde rebajó el sueldo a toda la plantilla en 300 euros. Eso ocurrió en agosto de 2011, tras unas fiestas patronales en las que los policías tuvieron que hacer horas extras sin parar y sin cobrar un euro de más. «Pasó el verano, con 300 euros menos en el bolsillo, y en septiembre se repitió la jugada: otra bajada de 300 euros», explican. En definitiva: unos agentes de las Bescam que tenían sueldos relativamente buenos se convirtieron en mileuristas a cambio de seguir haciendo lo mismo.

Algunos de ellos aseguran que empezaron a tener problemas personales, como no poder pagarse la casa o los desplazamientos, porque «muchos vivían fuera del pueblo». CPPM denuncia que de más de 150 trabajadores que tiene el Ayuntamiento sólo a los policías se les aplicó la rebaja salarial. Después, «mediante un decreto de Alcaldía, el alcalde decidió limitar las funciones de estos agentes, prohibiéndoles bajo apercibimiento de sanción disciplinaria realizar funciones como tráfico, notificaciones, denuncias, ordenanzas municipales, etc».
Bajas por ansiedad

Lo curioso es que poco después se les empezó a requerir que hicieran esas mismas funciones, contraviniendo el propio decreto municipal. En noviembre de 2011, en un clima de enfrentamiento entre policías y alcalde sin precedentes en Madrid, siete de los nueve policías del pueblo estaban de baja «por motivos de ansiedad, estrés por acoso laboral e incluso ataques de pánico», relata el sindicato.

Ya con un nuevo jefe en el Cuerpo continuaron los conflictos, siempre auspiciados por el propio Gobierno municipal, según la versión sindical. Se impusieron nuevos cuadrantes y turnos de trabajo que los agentes no querían hacer; el Ayuntamiento comenzó a sancionar a los policías, en ocasiones a instancias del nuevo jefe. Un agente que es delegado sindical denunció al jefe y a la concejal de personal ante la Inspección de Trabajo... Todo 2013 transcurrió entre denuncias y sanciones mutuas; hasta que en 2014, «pese a los graves problemas económicos a los que siempre hace referencia el alcalde, se permitió el lujo de contratar a un abogado como 'asesor de Policía', con un sueldo de 15.000 euros anuales, cuyo único cometido es asesorar para buscar la forma de perjudicar a los policías», explican.

Pero si algo ha hecho saltar todas las alarmas en el sindicato ha sido la pretensión más o menos encubierta del Ayuntamiento de desmantelar toda la Policía Local del pueblo: el Gobierno de Frutos decidió revisar las oposiciones a la Bescam por las que dos agentes consiguieron su puesto de funcionarios, con intención de anular sus nombramientos, producidos seis años antes. Finalmente, el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid elaboró un dictamen contrario a la idea del Ayuntamiento y no pudieron anularse los puestos. A finales del año pasado el Ayuntamiento volvió a revisar las oposiciones, esta vez de otros seis agentes, con intención de anular sus puestos. Es decir, de nueve existentes, a ocho los querían despedir el regidor.
El alcalde: 'Está judicializado'

Frutos, en cambio no considera que nada de esto sea real: «Mira, ese tema está en el juzgado y no quiero hablar de ello...», comenta a este diario. Pero al final cede, y se arranca: «¿Bajada de sueldo? Mentira, les hemos quitado la productividad, pero no les hemos bajado el sueldo...». Sobre que no se hayan bajado los sueldos a más trabajadores del Ayuntamiento no se explica.

Sobre la revisión de las oposiciones, dice: «Estaba en mi derecho de hacerlo. Les han dado la razón a ellos, pero no pasa nada...». ¿Y el asesor de los 15.000 euros? «Pues... Qué bárbaro... Eso está en el juzgado, y no voy a hablar más de esto porque vienen las elecciones...».

Por su parte, Pablo Altozano (PP), ex alcalde durante la legislatura anterior a la que ahora termina, no se explica que su sucesor quiera terminar con la Bescam en el municipio. Él, precisamente, fue quien suscribió la segunda fase de agentes en Miraflores, «y lo hicimos encantados, porque aportaban vehículos, policías muy bien formados en la Academia, y éste es un pueblo turístico, que en parte vive de su imagen y es importante dar sensación de seguridad, tanto los visitantes como los locales tienen que sentirse tranquilos. Por eso, además, pedimos que estuvieran el mayor tiempo posible, el mayor número de días posibles al año. No entiendo, sinceramente, por qué el actual alcalde no les quiere».

Altozano quiere dejar claro que «Miraflores es un lugar seguro, quizás falte un poco de presencia policial en la calle, pero no hay inseguridad». Tan claro tiene eso como que «el alcalde ha tenido un comportamiento muy mejorable con la Policía, un trato complicado. Se ha enfrentado a ellos desde el primer día, de forma inexplicable. Desconozco las motivaciones, pero es verdad que ha habido situaciones cuanto menos raras, extrañas, y eso que los chavales funcionaban fenomenal. Incluso se ha pedido un dictamen del Consejo Consultivo para poner en duda la legalidad de la contratación, y se ha puesto en duda también el concurso de plazas... Desde luego parece como si hubiera algo personal», zanja el ex regidor de Miraflores.

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Re: Policía, alcaldes y concejales
« Respuesta #1659 en: 07 de Mayo de 2015, 11:00:36 am »
Estos van tras los pasos de Fresno del Torote . . .

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