Una sentencia de la UE paraliza tres oposiciones a policía local
El Tribunal de Justicia de Luxemburgo determina que la edad máxima, que en Galicia está fijada en 36 años, es ilegal por no estar fundamentada
María Cobas
O Barco / La Voz 10 de diciembre de 2014 05:00
«Para el ingreso en la categoría de policía se requerirá no haber cumplido los 36 años». Así, sin más. Ese requisito que aparece en la Ley de Coordinación de Policías Locales de la Xunta, que rige los procedimientos para cubrir las vacantes en las comisarías en los diferentes ayuntamientos gallegos, es ilegal. Así lo ha determinado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que juzga ilegales los topes de edad, que en el caso de Galicia está en 36 años.
El tribunal de Luxemburgo se ha pronunciado a petición de un juzgado de Oviedo a raíz del proceso abierto por un aspirante que se quedó fuera por tener más de 30 años (el límite impuesto en Asturias) y que, en una extensa sentencia, determina que se vulnera el derecho fundamental de acceso igualitario a un puesto y que el baremo de edad no está fundamentado. Además, recoge que las competencias ya son evaluadas a través de las pruebas físicas, «exigentes y eliminatorias», a las que se enfrentan los aspirantes en cada proceso de oposición.
Esta sentencia ya está teniendo consecuencias en Galicia. Hasta tres procesos de oposición están paralizados, después de que los aspirantes eliminados por cuestión de edad hayan presentado recurso. Son tres casos diferentes, que en cambio tienen en común que ahora están pendientes de cómo acoplarse a la sentencia europea: Gondomar y Baiona, en Pontevedra; y O Barco de Valdeorras, en Ourense.
El alcalde de este último ayuntamiento, Alfredo García, cargaba ayer tintas contra el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, al que consideraba responsable único de la situación «porque es el que tiene las responsabilidades políticas en esto». Y añadía: «La Xunta sabía de antemano, porque ya hay alguna sentencia en este sentido. Tenía que haber hecho los deberes y haber resuelto el problema». La sentencia, dijo, aboca a los concellos «a una situación complicada».
Alfredo García avanzaba que hoy, en su papel de vicepresidente de la Fegamp, llevará este asunto a la junta de portavoces en Santiago. «Pediré que se le mande un escrito a Vicepresidencia para que esto se resuelva por vía de urgencia porque nos está generando un problema a los ayuntamientos», añadía.