PROVINCIA ALICANTE
Un ciudadano suma ya dos años de lucha para invalidar su expulsión de la Policía de Orihuela
Un juzgado de Elche cita a declarar al jefe de la plantilla de agentes del municipio oriolano y al director del Instituto Valenciano de Seguridad Pública
14.06.10 - 01:00 - JOSÉ C. MARTÍNEZ | ALICANTE.
ANDRÉS PAZ DENUNCIANTE
«Hay argumentos para anular las prácticas y también para probar que no se me evaluó bien»Andrés Paz Guardiola, vecino de Torrevieja, lleva dos años esperando a que los juzgados se pronuncien sobre su expulsión como agente de la Policía Local de Orihuela, cese que él considera irregular. El asunto llegó al Palacio de Justicia de Elche hace dos veranos, cuando Paz interpuso un recurso contencioso administrativo contra la resolución del Ayuntamiento oriolano.
La autoridad judicial ha citado a declarar al jefe de la plantilla policial de Orihuela y al propio director del Instituto Valenciano de Seguridad Pública (Ivasp), órgano adscrito a la Conselleria de Gobernación, para tomarles declaración, en calidad de testigos, antes de fijar una resolución sobre este caso. La comparecencia está prevista para esta semana en la nueva Ciudad de la Justicia ilicitana, según confirmó a este diario el propio Andrés Paz.
El conflicto entre las partes se suscitó cuando, después de cinco años de ejercer como policía interino, el demandante fue apartado de su puesto con el argumento de que había suspendido sus prácticas. «Aquí nada se ha hecho según el reglamento. De hecho, a mí no se me ha notificado el cese tal y como establece la ley, ni tampoco se me ha informado de los criterios de evaluación con los que me han suspendido las prácticas, tras aprobar la oposición, porque no pueden hacerlo», manifestó, en el momento de presentar su denuncia, hace ya dos años, el afectado. Él sostiene que superó todas las pruebas en el Ivasp, razón por la cual ha solicitado la comparecencia del director de esta institución en las dependencias judiciales.
La vía penal
Paz se reserva la opción de ejercer, además, acciones legales por la vía penal, puesto que interpreta que puede haber motivos para ello. Además, de forma paralela sigue abierto un procedimiento por otra denuncia por supuesto acoso laboral durante los años en los que desempeñó sus funciones dentro de la Policía Local oriolana.
Andrés se lamenta de la lentitud con la que avanza su proceso judicial, que hizo incluso que presentase una queja ante el Consejo General del Poder Judicial. No obstante, la respuesta recibida vino a decir, según relata, que la jurisdicción contencioso-administrativa estaba muy cargada de trabajo, por lo que «algo que se podría zanjar en dos meses lleva ya dos años».
A falta del fallo judicial, el demandante ha decidido volcarse en los estudios (cursa Derecho), a la espera de que quede aclarado su futuro profesional. «Yo mantengo la intención de volver a ejercer como policía local. De hecho, mi plaza sigue estando ahí, puesto que al estar recurrida en los tribunales no se puede adjudicar hasta que exista una decisión en firme», explica.
A su entender, «hay motivos más que suficientes para invalidar las prácticas y también porque no se me evaluó correctamente».
Las manifestaciones del jefe de la Policía Local y del director del Ivasp se antojan claves para dirimir el asunto. No obstante, Paz teme que incluso alguno de ellos esgrima una causa de fuerza mayor para no acudir a su cita en el juzgado. Lo que él tiene claro es que nada de lo que pueda ocurrir le hará apartarse lo más mínimo de su propósito, que no es otro que conseguir que los tribunales le den la razón en el contencioso que mantiene con la Administración.
El Consistorio oriolano decidió desde el principio adoptar una postura de discreción, por lo que guardó silencio.