Autor Tema: Jubilaciones en los Cuerpos policiales  (Leído 805960 veces)

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Re:Jubilaciones en los Cuerpos policiales
« Respuesta #10460 en: 18 de Enero de 2021, 07:07:06 am »


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Re:Jubilaciones en los Cuerpos policiales
« Respuesta #10461 en: 20 de Enero de 2021, 07:03:28 am »
https://www.65ymas.com/economia/pensiones/gobierno-da-marcha-atras-no-eleva-momento-periodo-calculo-pensiones_23397_102.html



El Gobierno da marcha atrás y no eleva de momento el periodo de cálculo de las pensiones
65ymás

Martes 19 de enero de 2021

La subida de 25 a 35 años que planteaba Escrivá queda fuera de la reforma enviada a Bruselas

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado este martes que el Ejecutivo remitió el lunes las dos 'fichas' relativas a la reforma laboral y de las pensiones públicas en el marco del Plan de Reformas e Inversiones, sin incluir finalmente la elevación de 25 a 35 años del cómputo de la vida laboral para calcular las pensiones.

Así lo ha señalado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha detallado que los dos últimos componentes del Plan de Reformas e Inversiones se elaboraron y remitieron a Bruselas "en la tarde del lunes" y se han abordado en una reunión con los agentes sociales, al tiempo que ha recordado que se encuadran también en la "hoja de ruta" desplegada por el Gobierno de coalición desde el acuerdo de investidura.

Montero ha explicado que la elaboración de los "dos últimos componentes" del Plan de Recuperación –reforma laboral y pensiones– y del resto ha conllevado un trabajo "muy intenso" por parte de todos los departamentos del Ejecutivo, que envió antes de final de 2020 la "gran parte" de reformas e inversiones, sobre las que prioritariamente proyectará los 72.000 millones de transferencias que recibirá España de fondos europeos hasta 2023 y los 60.000 millones del Plan de Recuperación.

 
Ampliar a 35 años el cálculo de las pensiones: bueno para el sistema, peor para el pensionista

 

La ministra ha confirmado que el último borrador enviado a Bruselas sobre la reforma de las pensiones "no lleva ningún tipo de alteración respecto a lo que actualmente existe" sobre el cómputo de las pensiones, por lo que finalmente el Ejecutivo ha decidido no incluir la propuesta de ampliar a 35 años el cómputo de la vida laboral para calcular las pensiones. Con la legislación actual, ese periodo alcanzará los 25 años cuando se despliegue del todo la reforma de las pensiones pactada en 2011. En 2021, se toman de referencia 24 años.

En todo caso, ha indicado que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, está dando "muestra" en el diálogo social de que el único objetivo del calendario es "garantizar el sostenimiento del sistema de pensiones en el medio y largo plazo". Según Montero, el Gobierno busca que las generaciones futuras, sobre todo las derivadas del 'baby boom', cuenten con un sistema "solvente y sostenible en el tiempo" que haga que en el futuro se tenga la "absoluta garantía del pago y abono de sus pensiones".

La propuesta de ampliar de los años que se tienen en cuenta para calcular la pensión, conocida a mediados de diciembre, generó un fuerte rechazo dentro del Gobierno, por los ministros de Unidas Podemos, que lo tacharon de "recorte" en las pensiones. Pero también fuera, por parte de los sindicatos, que advertían de que la medida no formaba parte de las recomendaciones recién aprobadas por el Pacto de Toledo.





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Re:Jubilaciones en los Cuerpos policiales
« Respuesta #10462 en: 25 de Enero de 2021, 12:15:42 pm »

"El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno ha asegurado en Al Rojo Vivo que todos los pensionistas "tendrán su poder adquisitivo asegurado hacia delante".


laSexta.com
Madrid
Actualizado:
Lunes,
25 enero, 2021
12:02
Publicado:
25.01.2021 11:37
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno se ha sentado en Al Rojo Vivo para hablar de pensiones y economía tras la crisis del coronavirus. El mandatario asegura que no se quiere "pillar los dedos con las previsiones", pero cree que habrá una recuperación rápida de la economía.

Antonio García Ferreras ha preguntado al dirigente por las pensiones y, ante esto, Escrivá se muestra optimista: "No van a perder poder adquisitivo, sino ganarlo. Si tomamos como partida el marco vigente, que suponía una pérdida de casi el 30% del poder adquisitivo, lo que nosotros hemos hecho es corregir esa situación y asegurar a todos los pensionistas que tendrán su poder adquisitivo asegurado hacia delante", insiste.


El ministro también ha respondido a las declaraciones de Nacho Álvarez, el secretario de Estado de Derechos Sociales, en las que confirma a el diario El País que él mismo y la ministra Calviño plantean reformas que van en contra del acuerdo de Gobierno.

Ante esto, Escrivá afirma que se trata de un "error" asociar las pensiones a posiciones partidistas: "Intentar apropiarse de este relato me parece que no es correcto y que no va a tener recorrido", sentencia. Junto con eso, se reafirma en que en ningún momento se han incumplido los pactos con sus socios.


¿Se puede reducir el gasto en pensiones?

El ministro de Inclusión ha indicado que "la edad de jubilación es un derecho, no una obligación". Sin embargo, afirma que una de las principales herramientas para reducir el coste de las pensiones radica precisamente en el ascenso de este rango de edad: "Hay mucha gente que le gustaría trabajar mas allá de la edad de jubilación, pero no se lo ponemos fácil. Hay que incentivar la combinación entre jubilación parcial y trabajo".

En este sentido, Escrivá apunta que este aumento del trabajo supondría una reducción de los gastos: "Cada vez que nos jubilamos más tarde, aumentamos la cotización y dejamos de pagar esa pensión. Pero la modernización del plan de pensiones requiere mucho trabajo, pero tiene que llegar al Congreso. Nuestro objetivo es llevar en 15 días nuevas medidas", concluye.

Medidas compensatorias para las mujeres


Escrivá ha anunciado que en 14 días llevará al Congreso una nueva medida para reducir la brecha de género en las pensiones: "Una pensión complementaria a la maternidad, porque ahí se pierde el trabajo y se genera el problema", afirma el ministro.

Junto con eso, también ha avanzado otras reformas que llegarán "en las próximas semanas", como el método de cálculo para revalorizar las pensiones al IPC, "para que se revaloricen indefinidamente" o que los autónomos coticen "sus ingresos reales" a la Seguridad Social.

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Re:Jubilaciones en los Cuerpos policiales
« Respuesta #10463 en: 30 de Enero de 2021, 06:53:49 am »
Según la la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social
La sanción por trabajar después de la jubilación sin notificarlo: hasta 10.000€

El jubilado que trabaja de esta manera se expone, no solo a las cuantiosas multas, sino también a la pérdida de las prestaciones y el reclamo para que devuelva las que cobró mientras ejercía dicha actividad

La Información
NOTICIA30.01.2021 - 04:30h

A pesar de la subida de las pensiones -que se aprobó, por cierto, en el último Consejo de Ministros- son muchos los que, tras la jubilación, cobran una prestación mínima que les hace difícil, incluso, llegar a final de mes. Por ello, hay quien sigue optando por la vía de ejercer una ocupación provisional, parcial o eventual, tras el retiro. Aquellos que escojan esta opción deben tener claro de la importancia de notificarlo a la Seguridad Social, para así compatibilizar los ingresos que se generen con los de la jubilación. De no hacerlo, estarían incurriendo en un delito que puede conllevar sanciones muy graves de hasta 10.000 euros.
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El artículo 23 del Real Decreto Legislativo 5/2000, que refiere a la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, establece como infracción grave "dar ocupación como trabajadores a beneficiarios o solicitantes de pensiones u otras prestaciones periódicas de la Seguridad Social, cuyo disfrute sea incompatible con el trabajo por cuenta ajena, cuando no se les haya dado de alta en la Seguridad Social con carácter previo al inicio de su actividad".

Por tanto, aquellos jubilados que trabaja sin notificarlo a la Seguridad Social se exponen, no solo a las cuantiosas multas, sino también a la pérdida de las prestaciones y el reclamo para que devuelva las que cobró mientras ejercía dicha actividad. Por tanto, lo ideal es que se procure optar por alguna de las modalidades que sí permiten compaginar un trabajo con el retiro. Por poner un ejemplo: en el 2016, Hacienda multó con 23.000 euros a una jubilada que daba clases de manualidades en la Universidad Popular de Ossa de Montiel, en Albacete, aunque no cobraba más de 91 euros al mes.

Hay varias opciones para poder trabajar después de jubilarse. La jubilación activa compatibiliza el cobro de la misma con un trabajo por cuenta propia o ajena sin límite de jornada. La jubilación parcial es simultánea con un contrato de trabajo a tiempo parcial. Quienes se acogen a la jubilación flexible pueden trabajar por cuenta ajena siempre que la jornada que realicen sea de entre un 50% y un 75% de lo que sería la jornada habitual. Otra opción prevista por la Ley General de la Seguridad Social es poder recibir el 100% de la jubilación si su trabajo no les genera ingresos mayores al Sueldo Mínimo Interprofesional.

Por ello el jubilado que esté interesado en trabajar debe contactar al Centro de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) y pedir una cita previa para modificar su condición a la que mejor se ajuste a su situación, como lo podría ser la jubilación activa o flexible.

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Re:Jubilaciones en los Cuerpos policiales
« Respuesta #10464 en: 04 de Febrero de 2021, 06:52:31 am »


Un privilegio de los empleados municipales
Un obstáculo más para Escrivá: premios para el funcionario que se jubile antes

Pese a que el Supremo ha sentado jurisprudencia, mostrándose contrario a estos incentivos, muchos ayuntamientos los mantienen y permiten que sus efectivos se jubilen a los 60 hasta con 12 mensualidades.

Enrique Morales   NOTICIA04.02.2021 - 04:30h

En un momento crítico para el futuro de las pensiones, con un sistema en quiebra técnica, acuciado por factores demográficos, falta de ingresos y gastos que suben exponencialmente, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, trata de encontrar fórmulas -algunas dolorosas, otras no tanto- que le permitan garantizar un sistema sostenible a largo plazo.

Pero en la búsqueda de las medidas idóneas y preferiblemente no traumáticas, Escrivá va encontrando numerosos obstáculos en un camino que parece tener claro y que en buena medida está marcado desde Bruselas, que condiciona su fondo millonario a profundas reformas en pensiones y mercado de trabajo.

El ministro se ha chocado con el ‘no’ rotundo de Unidas Podemos y de los sindicatos a cualquier iniciativa que pueda significar recortes -aunque mínimos- en las futuras pensiones; con cientos de convenios colectivos que blindan la jubilación forzosa a millones de trabajadores; sistemas especiales que hacen imposible retrasar la jubilación, como el de clases pasivas; e incluso ‘premios’ e incentivos en el sector público para jubilarse de manera anticipada que todavía se mantienen en ayuntamientos y diputaciones.

Desde hace años, no es raro encontrar en los convenios reguladores del personal funcionario que pactan los responsables locales con los sindicatos 'premios' o incentivos para aquellos efectivos que quieran jubilarse antes. En muchos se contemplan 12 mensualidades íntegras si el retiro se produce a los 60 años, que se van reduciendo hasta llegar a 2 a los 65, edad legal de jubilación y forzosa para muchos empleados públicos.

Estas cláusulas van justo en dirección contraria a la que se ha marcado José Luis Escrivá para retrasar la edad de jubilación -que pretende incentivar- y recogen incentivos monetarios mayores a medida que se adelantan los años de retiro.

Los tribunales y los órganos consultivos de ayuntamientos y diputaciones se han volcado en este asunto, que da pie a varias interpretaciones. Desde el despacho Rafael Rossi Izquierdo, especializado en Derecho Administrativo, se apunta que la "posibilidad de articular incentivos a la jubilación anticipada se contempla ya desde tiempo atrás en la disposición adicional 21 de la ley 30/1984 (añadida por Ley 22/1993), si bien es cierto que se insertaba en el contexto de un plan de empleo o medidas de racionalización del gasto". La idea inicial era forzar estas medidas con el objetivo de rejuvenecer la plantillas y evitar el sobredimensionamiento de las administraciones públicas.

Las discrepancias surgían cuando dichas primas, incentivos, retribuciones o premios se trataban con carácter autónomo y sin relación con un plan de empleo o similar, planteándose como primera incógnita cuál era su verdadera naturaleza jurídica –acción social versus retribución-, cuestión que tenía la máxima trascendencia para la resolución judicial.

"Lo cierto es que tanto la jurisprudencia como la doctrina estaban divididas, manejando distintos criterios para posicionarse a favor o en contra de la legalidad de su abono, si bien a partir de la STS 20 de diciembre de 2013 se reforzó la tesis favorable al pago, existiendo algún fallo muy meritorio, en cuanto al esfuerzo argumental desplegado, como es el caso de la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Vigo, de 6 de marzo de 2015, que entra de lleno en el fondo de la cuestión tras desestimar la posible existencia de silencio positivo en reclamaciones de esta tipología, avalando la procedencia del abono", destaca Rafael Rossi, abogado especialista en derecho administrativo y contencioso.

Dos sentencias demoledoras

Sin embargo, el Tribunal Supremo, con dos sentencias más recientes -2018 y 2019- ha sentado jurisprudencia y establecido que los 'premios' de jubilación no son ajustados a derecho, ya que suponen un salario no previsto en el ordenamiento. Así, la resolución de 2018 destaca que se trata de remuneraciones distintas a las previstas para los funcionarios de las corporaciones locales por la legislación básica del Estado y que estos premios no responden a una contingencia o infortunio sobrevenidos.


Estos incentivos se dan "simplemente por la extinción de la relación de servicio funcionarial cuando se alcanza la edad de la jubilación forzosa o la necesaria para obtener la jubilación anticipada. No se dirigen pues a compensar circunstancias sobrevenidas de la naturaleza de las que inspiran las medidas asistenciales -esto es, determinantes de una situación de desigualdad- sino que asocian a un supuesto natural, conocido e inevitable de la relación funcionarial... Suponen, pues, una alteración del régimen retributivo de los funcionarios de las Administraciones Locales que carece de cobertura legal y de justificación y vulnera preceptos legales...", apunta la sentencia.

'Premios' sin recurrir

Pese a la jurisprudencia, numerosos ayuntamientos mantienen los incentivos, puesto que no se han recurrido los convenios y acuerdos, mientras otras administraciones trabajan para poner fin a esta práctica, que supone un importante impacto para los presupuestos locales.


Recientemente, el Consejo Consultivo de Castilla y León daba la razón al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Benavente -PSOE- que decidió suprimir los premios de jubilación retribuidos al personal funcionario de acuerdo con la jurisprudencia y elevar una consulta jurídica a la institución para determinar si también cabía la eliminación en el caso del personal laboral.

Según informó La Opinión de Zamora, el Consejo Consultivo determinó que los incentivos a la jubilación voluntaria -premios de jubilación-, en los términos en los que están previstos en el Reglamento de Funcionarios y en el convenio colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Benavente, no son conformes a Derecho, al considerarse, de acuerdo con la más reciente jurisprudencia, que tienen naturaleza retributiva y no asistencial.

Hasta ahora, funcionarios y laborales jubilados recibían entre 264 y 255 euros por año trabajado si se jubilaban con 60, hasta 64, y 62 euros por año si se jubilaban a los 65, señala el diario.

Mientras, en el Ayuntamiento de Barakaldo el giro ha sido diferente. La Comisión Jurídica Asesora de Euskadi emitió a finales del pasado año un "dictamen contrario al intento de la alcaldesa, Amaia del Campo (PNV), de anular por 'ilegal' parte del convenio colectivo del Ayuntamiento de Barakaldo, en concreto los artículos relativos a jubilaciones voluntarias y primas a la jubilación anticipada tanto de funcionarios como de personal laboral. El PNV ha sostenido hasta ahora que su actuación no es política sino técnica, pero ha sido criticada y rechazada por todos los sindicatos", señala el diario local Barakaldo Digital.

El Ayuntamiento vizcaíno aprobó el 31 de enero de 2019, sin ningún informe contrario, el convenio colectivo 2018-2020 para los funcionarios y empleados con contrato laboral, pero el PNV presentó el febrero de 2020 una iniciativa "urgente" para suspender provisionalmente y anular la parte del acuerdo con los sindicatos que prevé indemnizaciones por jubilaciones anticipadas y voluntarias. Según el PNV, la cláusulas son nulas de pleno derecho y la jubilación anticipada de estos trabajadores supuso en 2019 cerca de 750.000 euros y otros 300.000, como mínimo, en 2020.


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Re:Jubilaciones en los Cuerpos policiales
« Respuesta #10465 en: 11 de Febrero de 2021, 17:24:30 pm »
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Re:Jubilaciones en los Cuerpos policiales
« Respuesta #10466 en: 17 de Febrero de 2021, 08:30:29 am »
Menos mal que inciden en que no saben, por que ese complemento no puede superar el máximo fijado en la percepción de la pensión o de la suma de todas las pensiones que se perciban, con lo cual ese complemento sólo podrá cobrarlo aquel o aquella que reúna los requisitos contemplados en la norma y no supere ese máximo con la incorporación.


https://www.elconfidencial.com/economia/2021-02-04/complemento-pensiones-hijos-requisitos-cuantia_2934276/

Pensión máxima de jubilación en España - 2021
En 2021, el límite máximo para todas las pensiones públicas (de jubilación, viudedad, incapacidad permanente, orfandad y en favor de familiares) es de 2.707 euros mensuales (37.904 euros anuales).


https://es-es.facebook.com/Unijepol/
« Última modificación: 18 de Febrero de 2021, 06:49:35 am por 47ronin »

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Re:Jubilaciones en los Cuerpos policiales
« Respuesta #10467 en: 18 de Febrero de 2021, 06:48:31 am »


El plan Escrivá se difumina
La UE aprieta a Sánchez con pensiones y acepta excluir la reforma de los 35 años

El Gobierno confirma que tendrá listo el Plan de Reformas el 31 de marzo para comenzar a recibir los fondos. Moncloa quiere dar explicaciones en el Congreso. Se multiplican las negociaciones con Bruselas.

Fernando H. Valls   NOTICIA18.02.2021 - 04:30h

El Gobierno mantiene un intensa negociación con la Comisión Europea para aprobar antes del 31 de marzo el Plan de Inversiones y Reformas que desbloqueará la llegada a España de los primeros millones de los fondos europeos. Es la Vicepresidencia tercera de Nadia Calviño quien, en colaboración con Moncloa y el Ministerio de Hacienda, están liderando los contactos con Bruselas. Ya ha llegado un primer 'feedback' y es positivo: las treinta fichas, por tanto, han pasado el primer corte, incluidas las dos más polémicas, la del mercado de trabajo y la de las pensiones.

La ficha número 30, como se denomina en el argot político y económico al documento que recoge las medidas a adoptar en materia de pensiones, ha sido aceptado el primer envío realizado por el Gobierno. En ella, tal y como se adelantó en estas páginas, no está incluida finalmente la parte más agresiva de la reforma Escrivá, la de elevar el periodo de cómputo para el cálculo de las prestaciones de 25 a 35 años. Y eso que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, sí que contempló en los primeros borradores del documento elevar ese cómputo que supondría un recorte en las futuras pensiones de hasta el 6,3%.

El Gobierno había redactado en un primer momento de una forma ambigua esa ficha 30 para, siempre ateniéndose al acuerdo que salió del Pacto de Toledo, poder abrir la vía a elevar el periodo de cálculo de las pensiones tal y como se hizo en 2011, pasando de 15 a los últimos 25 años de cotización de forma progresiva hasta 2022. Pero Escrivá quiso precisar en esos borradores la cifra concreta de los 35 años, lo que provocó un terremoto en el seno de la coalición. Unidas Podemos y una parte destacada del área socialista en el Ejecutivo mostraron su disconformidad con una medida así que, como decimos, desapareció de la ficha. La 'reforma Escrivá' quedó así difuminada.

El área económica del Gobierno está explicando a Bruselas con todo lujo de detalles cómo son las reformas que la coalición quiere aplicar en España durante los próximos años. Digitalización, lucha contra el cambio climático, desarrollo rural... La Comisión está pidiendo "multitud de aclaraciones", explican fuentes implicadas en la negociación, al Ejecutivo de Pedro Sánchez sobre los documentos y los compromisos en forma de cambios estructurales que está dispuesto a adquirir a cambio del desbloqueo de los 140.000 millones de euros del fondo Next Generation. Se están celebrando una media de "tres o cuatro" videoconferencias del Gobierno con Bruselas en las que participan Economía, Moncloa o Hacienda, dependiendo de la temática.

En lo referente a la ficha de pensiones, explican las mismas fuentes gubernamentales, Bruselas prefiere no entrar en los pormenores de ese detalle, si se van a computar los últimos 25 ó 35 años. Lo que quiere conocer la Comisión, "con todo lujo de detalles", son las cifras de las reformas y las interrelaciones de todo el plan. Es decir, si el nuevo modelo de Formación Profesional que se está preparando ayudará a reducir el paro juvenil, por ejemplo. La UE, en definitiva, busca un plan "coordinado", en el que los treinta componente tengan una conexión clara. Todo, añaden, apoyado en "número" y en numerosas "aclaraciones" que están transmitiéndose.

El Gobierno quiere tener ese Plan de Inversiones y Reformas cerrado con Bruselas el citado 31 de marzo y, a continuación, la voluntad del equipo de Sánchez es llevarlo al Congreso de los Diputados para, en un pleno monográfico, ofrecer explicaciones a la cámara. Este proyecto es el eje transformador de la sociedad española para los próximos años, de ahí que Moncloa quiera aplicar transparencia a este proceso. De hecho, está previsto que la vicepresidenta Nadia Calviño vuelva a la Comisión mixta de la UE la próxima semana para actualizar los avances de la negociación. Está pendiente que Sánchez haga lo propio ante el pleno de la Cámara Baja.

    Bruselas prefiere no entrar en los pormenores del Plan de Reformas, si se van a computar los últimos 25 ó 35 años en el cálculo de las pensiones

La negociación del Plan está siendo una labor coordinada en la que Economía, Moncloa y Hacienda llevan el peso. Calviño estuvo el pasado 28 de enero, antes de la campaña de las catalanas, en Bruselas reunida con varios comisarios europeos. En Hacienda ha recaído, por su parte, el peso del área técnica, con Mercedes Caballero, nueva secretaria general de Fondos Europeos al frente. Y el equipo del Departamento de Asuntos Económicos, con Manuel de la Rocha, recientemente nombrado también secretario general, se encarga de dirigir la Unidad de Moncloa. "Trabajo en equipo".

El Consejo Europeo dio el visto bueno definitivo el pasado viernes 12 de febrero al Reglamento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Este documento establece las reglas bajo las que se articularán las ayudas comunitarias a todos los países. Uno de los puntos más importantes del Reglamento es el artículo 19: "En caso de que la Comisión haga una evaluación positiva adoptará sin demora indebida una decisión por la que se autoriza el desembolso de la contribución financiera". Es decir, el país cumplidor no tendrá problemas.

Sin embargo, prosigue el mismo artículo 19, "cuando, como resultado de una evaluación, no se haya cumplido satisfactoriamente [con los compromisos acordados en el Plan de Inversiones y Reformas] el pago de la totalidad o parte de la contribución se suspenderá". De forma inmediata, además. En ese caso el país afectado podrá presentar sus explicaciones para cobrar la ayuda paralizada. Se trata, por tanto, un mecanismo duro: primero se suspende la transferencia y posteriormente el Estado miembro podrá recurrir la decisión

Prosigue el reglamento: "Cuando el Estado miembro no haya adoptado medidas necesarias en un plazo de seis meses después de la suspensión [de las ayudas] la Comisión reducirá el monto de la contribución financiera". Es un aviso a navegantes: si no se cumple, el fondo europeo que le corresponde a cada país podría rebajarse.
Sánchez ordena sacar los acuerdos en diálogo social

La orden que han recibido de Sánchez los ministros implicados en la negociación del Plan de Inversiones y Reformas es clara: que todo se haga con acuerdo en el diálogo social. La Comisión Europea, por su parte, también valora esta actitud que implicaría aprobar reformas duraderas en el tiempo y con la menor dependencia posible del Gobierno de turno.

Teniendo en cuenta esa condicionalidad de los fondos europeos, el Gobierno ha decidido establecer un férreo mecanismo de control a la hora de repartir las ayudas entre las comunidades autónomas. Bruselas desbloqueará el dinero a los países si van cumpliendo con esa serie de reformas que van a estar por escrito y a las que tiene que dar el visto bueno tanto la Comisión como el Ecofin. Es decir, avisan, que los países que no ejecuten reformas o las demoren en el tiempo no recibirán el dinero. ¿Qué implica eso? Que los gobiernos que vayan ejecutando más objetivos recibirán más ayudas.
Redondo da galones a De la Rocha y le aúpa a súperjefe económico de Moncloa
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Se trata, en definitiva, de unos incentivos positivos que el Gobierno también va a aplicar a las comunidades autónomas que, en definitiva, van a gestionar la mayoría de los fondos europeos. Por eso se ha ideado la cogoberanza y se va a poner en marcha la Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En definitiva, si una comunidad autónoma no ejecuta con diligencia los objetivos a los que se ha comprometido puede poner en riesgo las ayudas tanto a otras autonomías como al país en general. Desde el Gobierno avisan que se va a realizar control inflexible de todo el mecanismo para que los convenios-marco (se van a firmar 17, uno por cada comunidad autónoma) se cumplan en tiempo y forma.