Denuncian que la Policía de Madrid incumple la Constitución con el tiempo de arresto
CAROLINA HEREDIA
- MADRID
Actualizado 25/11/201500:06
En la Policía no se aclaran. Tras conocerse el pasado mes de julio que el propio Ministerio del Interior reconocía su trato irregular a los detenidos en Madrid, a los que se retenía más tiempo del establecido por Ley, el Cuerpo Nacional de Policía ha efectuado cambios contradictorios. Primero, en una circular del pasado 23 de octubre se dio la orden de que los detenidos de cada día ya no se llevasen al registro central de detenidos de Moratalaz, donde duermen para ir al Juzgado de Guardia a la mañana siguiente. Se ordenó que cada comisaría los llevase al juzgado nada más terminar el atestado policial. Sin embargo, tres días después esa orden se revocó.
La Policía se vio obligada a modificar este modus operandi a raíz de que el Defensor del Pueblo emitiese una recomendación en la que instaba al organismo a «modificar el procedimiento seguido por las diferentes brigadas y comisarías de la Policía Nacional de Madrid para poner a los detenidos a disposición de la autoridad judicial» de forma inmediata. Sin embargo, la nueva manera de proceder sólo duró tres días.
La recomendación del Defensor del Pueblo era como consecuencia de la queja interpuesta por el letrado Antonio Alberca Pérez, en nombre de la asociación Justitia et Veritas. El abogado advirtió la irregularidad después de que la Jefatura Superior de Policía de Madrid reconociese que las retenciones de los detenidos mas allá de lo permitido constitucionalmente se venía realizando de esta forma «por disposiciones verbales de distintos jueces decanos de esta capital , así como de la presidenta de la Audiencia Provincial».
Madrid, es la única ciudad de España donde la Policía Nacional practica esta retención de ciudadanos, que se aplica desde tiempos inmemoriales y sin ninguna cobertura legal, según Alberca. Esta circular acarrea que un ciudadano tras su detención y una vez concluido el atestado policial es retenido en comisaría. A última hora de la noche se le traslada a Moratalaz. Al día siguiente se le conduce a los calabozos de Plaza de Castilla donde el juez decide su encarcelamineto o libertad e, incluso, su ingreso en un centro de detención de extranjeros.
Alberca recuerda que tras indagar 20 años preguntando a policías, jueces y fiscales cuál era el fundamento legal que amparaba esa actuación policial, nadie le ha dado una respuesta. «Se actua así únicamente por fuerza de la costumbre y sin que pareciese que en Madrid capital hubiese entrado en vigor la Constitución del 78», agrega.
También la Asociación Libre de Abogados denunció ante el Consejo General del Poder Judicial cómo la Policía «viene incumpliendo de forma sistemática» el artículo 17.2 de la Constitución, que dice que «la detención preventiva no podrá durar más tiempo del estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos».
La asociación reclama al CGPJ que identifique a los responsables de estar «violando el derecho constitucional a la libertad», que dicte «órdenes inmediatas y terminantes para poner fin a esta ilegal situación» y que «se proceda a la oportuna corrección disciplinaria» de quien presuntamente ha vulnerado la Ley.
La Jefatura Superior de Policía se retractó alegando que esperaba la celebración de la Comisión Provincial de Policía Judicial, en la cual esperaba que se dictara de forma clara y concisa el procedimiento a seguir en torno al cumplimiento de la Ley. Alfonso José Fernández, el jefe superior de Madrid, ordenó además que ninguna dependencia policial gestionara directamente los traslados con el Juzgado de Guardia, ya que todo lo coordinaría el Registro Central de Detenidos. Fernández también instruyó a los cuerpos de seguridad para respetar lo dispuesto por la Orden 27/11/2012, que establece cómo deben ser los traslados de los detenidos.
«Hay órdenes superiores a otras y tenemos que acatarlas», declaró al respecto José Lorenzana, de la Confederación Española de Policía. Sin embargo, para Alfredo Perdiguero, del Sindicato Independiente de la Policía, el problema no ha hecho más que crecer. Alega que algunos jueces no quieren acoger a los detenidos, por lo que éstos deben permanecer en un cuarto hasta que la autoridad así lo dicte y, por lo tanto, la Policía debe permanecer allí. Esto produce no sólo que se sigan prolongando las detenciones, sino que la Policía descuide sus funciones de vigilancia y patrulla en la ciudad.
El Defensor del Pueblo acusa a la Policía de vulnerar el artículo 17.2 de la Constitución así como el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Ambos instrumentos internacionales son parte del ordenamiento jurídico vigente en el país desde el momento en que fueron publicados en el Boletín Oficial del Estado y tienen mayor jerarquía que una orden interna.
