Autor Tema: El acoso en los cuerpos policiales  (Leído 132806 veces)

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Re: El acoso en los cuerpos policiales
« Respuesta #720 en: 27 de Enero de 2015, 11:03:58 am »


POLÍTICA Desde agosto de 2014 no dispone de ninguna función
Otro jefe de la Policía de Alicante denuncia que cobra sin trabajar

    El intendente, con sueldo de 66.000 euros, reclamó hace ya seis meses no tener funciones
    El caso puede acabar en los tribunales por malgastar fondos públicos
    Un sindicato denunció que otro jefe estaba asignado a una academia inexistente
    Fuentes de Alcaldía dicen que se revisará toda la organización del personal

El intendente Carlos Cormenzana, junto a las obras de la academia de Policía, en imagen de archivo. E. M.
SERGIO SAMPEDRO Alicante
Actualizado: 27/01/2015 03:15 horas

El Ayuntamiento de Alicante tiene a un intendente de la Policía Local, el antiguo director general de Seguridad Carlos Cormenzana, sin ninguna tarea asignada en el cuerpo pero con un sueldo completo de 66.000 euros anuales. El propio Cormenzana ha solicitado por escrito al jefe de la Policía Local, José María Conesa, que se le asigne alguna función acorde a su rango. Actualmente acude al trabajo sin directrices, más allá de una guardia nocturna cada tres semanas.

Al intendente se le había encomendado la labor de realizar un plan de formación continuada para los agentes de la Policía Local de Alicante, una tarea que estuvo desarrollando durante un año y que ha cristalizado en un documento de carácter técnico sobre los medios y el personal que serían necesarios para poner en marcha un programa de estas características.

Según ha podido saber este diario, este plan se ha creado y se ha entregado, pero no se ha puesto en marcha porque el propio Cormenzana explicaba que, en las circunstancias actuales, no se disponen de medios humanos y materiales para ejecutarlo. Al final del texto el agente pide que se le asignen tareas en función de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento, y conforme a los criterios legales establecidos en el estatuto del empleo público. Esto fue en agosto de 2014. Desde entonces no dispone de ninguna función.
DOS JEFES SIN NINGUNA TAREA

Carlos Cormenzana. El que fuera director general de Seguridad regresó a su puesto de intendente, a cargo de un programa de formación. Estuvo un año trabajando en un informe en el que concluye que no se puede poner en marcha con los medios actuales, por lo que ha pedido nuevas tareas. Su sueldo es de 66.000 euros anuales.

Luis Gómez. Uno de los dos intendentes jefe del Ayuntamiento (el otro es el jefe de Policía) está asignado a tareas de formación que no se imparten. De hecho, el edificio de la academia ni se ha construido. Gómez lleva seis años sin un trabajo conocido. Cobra casi 75.000 euros.

El caso de Cormenzana no es único en la Policía Local de Alicante. EL MUNDO ya informó de que el Ayuntamiento tenía a uno de los dos jefes de Policía que hay en la ciudad, el intendente jefe Luis Gómez, designado a una academia de Policía Local que ni siquiera se ha construido. Sí existe un aula para impartir formación en otras dependencias, pero su actividad «es prácticamente nula», según explicaron fuentes del cuerpo. Gómez tiene un sueldo anual de 74.382 euros.
Acciones legales

La particularidad del caso de Cormenzana es que él sí ha solicitado por escrito que se le asignen tareas. La única respuesta fue un escrito reciente en el que se le indica que continúe con las labores de formación, pese a que éstas no se imparten. En este sentido, el Sindicato Profesional de Policía Local y Bomberos (SPLLB) de Alicante asegura que el Ayuntamiento ha gastado desde el año 2009 «más de 750.000 euros en formación profesional a la Policía Local» que no se ha realizado. El sindicato suma los salarios de Carlos Cormenzana y de Luis Gómez, además del chófer que se ha asignado a este último para realizar sus desplazamientos. «El coste en las arcas municipales de tales efectivos supera sólo en gastos de personal los 190.000 euros anuales, ejercicio tras ejercicio, a lo que habría que añadir los costes de mantenimiento», dijeron.

Los representantes de los trabajadores calificaron esta situación de «grosera e inadmisible», al «haber tirado 750.000 euros en «una formación que no ha funcionado ni un segundo y que tanta falta hace, mientras hay patrullas de Policía Local que literalmente se caen a trozos». El sindicato se refiere, entre otras cuestiones, a la orden que se dio en 2013 de revisar los frenos de las motos de los agentes cada 10.000 kilómetros en lugar de los 5.000 habituales por problemas presupuestarios, según refleja un informe de Inspección de Trabajo.

Por todo esto, el SPPLB anunció que estudiará la posibilidad «de llevar el caso de los intendentes a los servicios jurídicos, por si se hubiera cometido un ilícito penal».

Fuentes municipales explicaron que la reorganización de recursos Humanos está en la agenda del nuevo alcalde de Alicante, Miguel Valor, quien en las próximas semanas se reunirá con los sindicatos para escuchar sus propuestas.
DE DIRIGIR EL ÁREA DE SEGURIDAD A 'EX' DE PODEMOS

    Carlos Cormenzana es intendente de la Policía Local de Alicante. Fue elegido a principio de 2010 director general de Seguridad, un cargo creado por la entonces alcaldesa, Sonia Castedo, con un sueldo anual de 81.000 euros. Las discrepancias de Cormenzana con el concejal de Seguridad, Juan Seva, le llevaron a dimitir apenas año y medio después. El motivo fue básicamente el mismo que ahora: Seva mantenía la dirección general sin funciones, y Cormenzana ni siquiera era invitado a las reuniones para organizar los dispositivos de fiestas. Después de su renuncia el intendente pidió un año de excedencia. También estuvo nueve meses de baja por enfermedad, y cuando finalmente se reincorporó se le asignó la tarea de realizar un plan de formación. Esta orden fue, además, oficiosa: no existe ningún escrito y se dio de manera verbal. Eso fue en 2013. Un año después completó el programa de formación continuada (es decir, un plan para que los agentes fuesen reciclando sus conocimientos dentro de su horario laboral) con la conclusión de que era imposible ponerlo en funcionamiento, debido a los medios de los que se disponía. Entonces solicitó por escrito al jefe de la Policía Local, José María Conesa, que se le asignasen tareas acordes a su rango. Seis meses después se le respondió que continuaría con las mismas directrices que hasta ahora, pese a la denuncia de que esto implica no hacer nada. A nivel político, Cormenzana participó el año pasado en la estructura de Podemos en Alicante. Sin embargo, se desvinculó a finales de año por falta de sintonía con el proyecto.


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Re: El acoso en los cuerpos policiales
« Respuesta #721 en: 27 de Enero de 2015, 11:28:47 am »
Que cosas más raras pasan en Alicante.

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Re: El acoso en los cuerpos policiales
« Respuesta #722 en: 21 de Febrero de 2015, 09:00:08 am »
Piden dos años de cárcel para el jefe de la Policía Local de Pinto por supuesto 'mobbing' a un sargento
Actualizado: 20/02/2015 18:25 horas

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid celebra los días 23, 24 y 25 de febrero la vista oral del juicio contra Gervasio V. P. por la supuesta comisión de un delito contra la integridad moral y un delito de lesiones por los que la Fiscalía solicita una pena conjunta de dos años de prisión.

Según se expone en el escrito de calificación provisional del Ministerio Fiscal, el acusado ostentaba desde julio de 2008 la Jefatura de la Policía Local de la madrileña localidad de Pinto, y de cuya plantilla formaba parte el sargento Miguel Ángel A.M., ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSMJ) EN un comunicado.

En el mes de enero de 2012, Gervasio pretendió introducir modificaciones en los turnos de trabajo de los tres sargentos existentes en la plantilla. La elaboración de los nuevos cuadrantes causó malestar entre los sargentos y dos de ellos, entre los que estaba Miguel Ángel A. M., formalizaron una queja ante la Concejalía de Recursos Humanos y de Policía del Ayuntamiento.

Como represalia, Gervasio comenzó a desacreditar y descalificar profesional y públicamente a Miguel Ángel, así como a relegarle de sus funciones, con la clara intención de perjudicarle aún cuando para ello tuviera que menoscabar su integridad física.

Como la Concejalía de Recursos Humanos y de Policía del Consistorio resolvió favorablemente para los reclamantes la queja formulada por los sargentos y se restituyeron los turnos de servicio anteriores al cambio, el procesado convocó una reunión de toda la plantilla en la que atacó verbalmente a Miguel Ángel, además de advertir al resto de miembros policiales de que, si alguien se quejaba a los superiores, "se los follaba".

A partir de ese momento Gervasio relegó al sargento a tareas de patrullaje, un servicio que los sargentos sólo realizaban de manera esporádica y puntual. Además, comenzó a ejercer un férreo control sobre toda la actividad laboral del denunciante y a impartirle órdenes y requerimientos de forma vejatoria y en voz alta para que el resto de la plantilla policial pudiera escucharlo.

La persecución del superior también consistió en intentar hasta en tres ocasiones que la Concejalía le abriera expediente disciplinario a Miguel Ángel A. M., aunque sin lograrlo, dado que los responsables de incoar dicho expediente consideraron que no había indicios suficientes para ello.

El proceder descrito hizo que Miguel Ángel A. M. sufriese ansiedad, insomnio, labilidad emocional, ánimo bajo, estrés físico y emocional, tensión, cambios de humor de hábitos alimentarios compatibles con el cuadro ansioso-depresivo que requirió para su curación un tratamiento con ansiolíticos y antidepresivos durante 272 días

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Re: El acoso en los cuerpos policiales
« Respuesta #723 en: 27 de Marzo de 2015, 07:51:55 am »
El comisario de la unidad de élite de la Policía: “O te das de baja o te expediento”

Un subinspector denuncia por primera vez al jefe del Grupo Especial de Operaciones por acoso laboral y este le expulsa de la unidad

Roberto R. Ballesteros
26.03.2015 – 16:25 H.

El Grupo Especial de Operaciones (GEO), una de las unidades de élite de la Policía, está sufriendo estos días un pequeño terremoto interno. Un subinspector ha denunciado al comisario por acoso laboral y luego ha sido expulsado de la unidad. El funcionario asegura en su escrito que, desde que discrepó con su jefe a cuenta de los títulos que deben tener los instructores de cursos internos –él decía que había que exigirlos y su superior lo negaba–, ha sido “humillado” y apartado de sus funciones.

El subinspector supuestamente acosado asegura que, tras la mencionada discusión, el comisario le quitó como instructor de defensa personal, le obligó a entrenar en solitario, le apartó del grupo al que pertenecía y también de todos los servicios. Únicamente se dedicaba a hacer ejercicio una hora al día. El resto de la jornada lo pasaba en la sala de televisión, según admite el mismo denunciante, que narra que incluso en una ocasión, en la que un servicio requería de la presencia de todos los miembros del GEO, a él fue al único al que no avisaron.

El funcionario relata conversaciones literales que se produjeron en el despacho del comisario entre él y el jefe de la unidad que mostrarían el trato que recibía el subinspector de su superior jerárquico. Según la denuncia, este último le amenazó con abrirle un expediente si no se iba del GEO inmediatamente, extremo que el afectado negó en todo momento.

“Lo que más me jode es que encima eres representante sindical de mi propio sindicato, el que me va a dar por culo. ¿Pero tú qué te has creído, que eres la puta polla?”, preguntó en otra ocasión el comisario al funcionario, que denuncia haber sufrido el mobbing desde el pasado mayo. “Pues ya te lo digo yo, no eres la polla, sino todo lo contrario”, añadió.

“¿Sabes por qué no vas a los servicios? Porque lo mando yo; los servicios que se hacen en esta unidad son muy delicados y la jefatura tiene que confiar y yo no confío en ti”, le increpó el comisario en la misma conversación que reproduce la denuncia. “Yo soy el que ha dado las órdenes de que no vayas a ningún servicio que no seas responsable de nada”, agregó antes de llamarle “cadáver”. “Te voy a echar hoy; o te das de baja voluntaria del GEO o te abro un expediente por falta muy grave”, amenazó en otro momento.

La denuncia acaba de ser interpuesta por los servicios jurídicos del Sindicato Unificado de Policía y podría provocar un pequeño terremoto en la unidad, ya que, según fuentes de la corporación, ya hay varios funcionarios dispuestos a respaldar el escrito. Los hechos ya fueron puestos en conocimiento del Director Adjunto Operativo de la Policía, Eugenio Pino, y denunciados internamente.

La Dirección General de la Policía activó el protocolo de acoso y abrió un expediente que aún no ha sido cerrado ni derivado a régimen disciplinario. En cualquier caso, explican fuentes policiales, Interior nunca ha admitido un caso de acoso dentro del cuerpo, a pesar de que sí lo han reconocido diversos tribunales en varias ocasiones. El protocolo interno, aseguran las mismas fuentes, en la práctica únicamente sirve para consensuar el nuevo destino del funcionario supuestamente acosado.

Tras presentar la denuncia interna, el 13 de enero pasado la Jefatura del GEO hizo un informe en el que solicitaba el cese del denunciante, solicitud que posteriormente aprueba la Dirección Adjunta Operativa de la Policía.

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Re: El acoso en los cuerpos policiales
« Respuesta #724 en: 20 de Abril de 2015, 08:02:03 am »
El presunto acosador fue ascendido
Al psiquiátrico por acoso


    Silvia Agros, tras varios meses ingresada, acusa de 'mobbing' al jefe de la Guardia Civil en Navarra

Vídeo: http://www.elmundo.es/espana/2015/04/20/5533eede22601d60418b456d.html
Silvia Argos, la guardia civil que ha sufrido acoso laboral
GEMA PEÑALOSA Alicante
Actualizado: 20/04/2015 03:09 horas

Silvia Agros ya no tiene un jefe que le insulta, que le manda a planchar y a fregar y que le llama "hortera", según su denuncia. Ahora tiene una depresión y un par de ingresos en un psiquiátrico por una ansiedad que no consigue domar. También tiene la "indiferencia" en su casa, la Guardia Civil, y eso es lo que más impotencia y dolor le genera. Por ese orden. Va a hacer tres años que el acoso laboral -una bestia innombrable dentro del Instituto Armado- se le ató al uniforme. Fue sobrevenido; una herencia -sostiene- de la sanción que le impusieron a su marido, sargento, por las diferencias con un superior. Ella pagó el pato. Está convencida.

Todavía no ha digerido el mobbing que denuncia, claro que las circunstancias tampoco ayudan. Silvia Agros y su presunto acosador -el jefe del Instituto Armado en Navarra- están ahora en las antípodas. Ella, de baja por depresión y él en Madrid, de general. A Juan Luis Pérez Martín le ascendieron en medio de la investigación judicial. No tuvo que ir a declarar porque la juez no le llamó. Ha archivado el caso sin ni siquiera oírle pese a la gravedad de las acusaciones. Esta decisión está recurrida.

Silvia Agros, miembro del Instituto Armado desde 2007 por vocación, es la guardia civil que desde 2009 hasta 2013 llevó el gabinete de prensa de Pamplona, la que nunca sacó los pies del tiesto. El ostracismo al que le han condenado duele, igual que las miradas hacia otro lado de quienes -insiste- fueron testigos de su calvario y lo «escondieron» a la juez. Ella lo calló a gritos hasta que se desbordó y llevó su caso a los tribunales ordinarios, a la vía penal. Señaló al hoy general y entonces coronel jefe; al mismo al que la juez no llamó a declarar.

Le acusa de convertir su día a día en un infierno con humillaciones y desprecios; de trasladar su hostigamiento hacia ella al resto de la cadena de mandos.
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Comentarios machistas

"Inmediatamente después de que mi marido fuera sancionado, comenzó el acoso hacia mí. Me hacía comentarios machistas y carentes de sentido", apunta. Recuerda también cómo le ignoraba cuando le hacía el saludo militar.

El supuesto acoso comenzó en el verano de 2012. "Comencé a notar una conducta extraña", señala. Poco a poco, añade, la situación se fue recrudeciendo y este comportamiento, apunta, se extendió también al teniente coronel, el número dos de Pérez Martín. "Me hacía rectificar las notas de prensa en las que previamente me había dicho lo que poner o se reía de mí porque en lugar de 'impreso' decía 'imprimido'. Otras veces, cuando por la tarde acudía a su oficina a despachar porque durante la mañana no me había querido atender, me recriminaba que si no tenía otra cosa que hacer, que si no tenía que planchar o fregar".

A finales de 2012 corrieron rumores de que querían apartarle de su puesto. En enero de 2013, tuvo un accidente de coche. "No me quise dar de baja, pero los médicos insistieron", apunta. Estando convaleciente, acudió al acto de despedida de un compañero por su jubilación. "Sólo fueron 20 minutos, para no hacerle un feo, pero eso me valió una bronca tremenda del comandante médico, que, antes de empezar, me dejó claro que por encima de él había muy pocos mandos. Fue muy desagradable".

En su denuncia, Silvia califica este encuentro de "encerrona" y asegura que, después de él, se desmayó en su casa, fruto de la ansiedad, y que su marido tuvo que llevarla al hospital. Quedó ingresada. El ambiente se hizo cada vez más hostil. El presunto acoso del coronel se fue extendiendo, dice, al resto de mandos, hasta que en marzo de 2013 fue dada de baja psicológica. Ese abril estuvo internada cerca de un mes en una clínica psiquiátrica de Pamplona. "El hostigamiento cada vez era peor. Incluso estando de baja me han sancionado dos veces", añade. Después le cambiaron el destino a Beriain. Pidió el alta en noviembre de 2013 para incorporarse. "Me pusieron todos los impedimientos por parte del capitán, por eso pedí al cabo un escrito para acreditar que me había presentado pero me dijo que el coronel había dado orden de que no se me diera ningún papel". Ella volvió a darse de baja.

En mayo de 2014, se decidió a denunciar y el pasado marzo, 10 meses después, la juez archivó el caso. Silvia Agros se revolvió. También su abogada, María Ángeles Reyes, directora del despacho LeMorne Brabant de Valencia. La letrada no está conforme ni en el fondo ni en las formas: "La juez me reformulaba las preguntas y guiaba a los testigos sobre cómo contestar". La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), a través de Pilar Villacorta, pidió en 2014 la apertura del protocolo de acoso laboral para Silvia Agros al director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, cuando la situación era ya insostenible. El motivo: "No había indicios".

Los servicios médicos de la Guardia Civil de Pamplona y Logroño han acreditado su estado. Su expediente recoge los dos ingresos en el psiquiátrico. Pero ni el Instituto Armado ni la juez consideran que haya que investigar.

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Re: El acoso en los cuerpos policiales
« Respuesta #725 en: 29 de Abril de 2015, 19:29:25 pm »

El TSJC condena al Ayuntamiento de Arona por acoso laboral a un policía local


Ayuntamiento de Arona./eldia.es
 Arona (Tenerife), EFE 28/abr/15 18:41  eldia.es   
 

 El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha condenado al Ayuntamiento de Arona, en Tenerife, por el acoso laboral que ha sufrido un agente de la Policía Local por parte del jefe y con conocimiento de los concejales responsables, ha dicho hoy a Efe Jaime Moujir García, miembro CCOO.

A juicio del sindicato, el TSJC ha acreditado que el inspector jefe de la policía "se encargó de dificultarle las condiciones laborales a Policía por pertenecer al sindicato Comisiones Obreras".

La sentencia, dictada por la sala de lo Contencioso Administrativo número 3 de Santa Cruz de Tenerife responde a una demanda presentada por el trabajador y el sindicato en protección del derecho fundamental a la libertad sindical.

En la denuncia se detalló cómo el inspector jefe "negaba de forma reiterada los créditos sindicales, impidiendo al agente acudir a las reuniones sindicales".

El tribunal considera como prueba del acoso la negativa de la administración a justificar y documentar sus actuaciones durante el juicio.

Así, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias entiende que aspectos como el cambio sin aviso en el período de disfrute de las vacaciones se realizaron con el objeto de crear al trabajador una "gran inestabilidad en las condiciones de trabajo con el objetivo de interferir en su vida familiar".

La sentencia censura que el inspector jefe de la Policía Local llegara a enviar una notificación para el agente al lugar de trabajo de su esposa.

La sentencia entiende que "este es un proceder que por sí mismo es revelador de la intimidación ejercida por el inspector jefe de la policía", pues "se ataca el núcleo familiar y la buena reputación de un miembro de su familia".

El TSJC condena al Ayuntamiento de Arona a adoptar las medidas efectivas para que cese la actitud del inspector jefe de la Policía Local.

Comisiones Obreras no entiende que hechos de esa gravedad se salden con un "mero tirón de oreja al Ayuntamiento" y que pida que desista en su actitud "una Administración que hasta ahora se ha dedicado a amparar al acosador".

A este respecto, Comisiones Obreras exige al Ayuntamiento de Arona que explicite "qué medidas va a tomar para impedir que se siga acosando a ese trabajador o a otros en su lugar".

También reclama a la corporación municipal que diga "si piensa respetar el ejercicio del derecho fundamental a la libertad sindical y, sobre todo, qué piensa hacer con el inspector jefe de la Policía Local cuando ha quedado demostrado que se dedica a acosar a un trabajador".

Jaime Moujir afirmó que el sindicato piensa tomar acciones legales con los ediles responsables de la Policía Local y Personal en el Ayuntamiento de Arona.

No obstante, Comisiones Obreras acudirá a la vía penal para que se diriman las responsabilidades penales a las que pudiera haber dado lugar "este lamentable episodio de acoso moral", afirman.

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Re: El acoso en los cuerpos policiales
« Respuesta #726 en: 08 de Mayo de 2015, 09:00:04 am »
El comisario de la unidad de élite de la Policía: “O te das de baja o te expediento”

Un subinspector denuncia por primera vez al jefe del Grupo Especial de Operaciones por acoso laboral y este le expulsa de la unidad

Roberto R. Ballesteros
26.03.2015 – 16:25 H.


DISCRIMINACIÓN, HUMILLACIÓN Y PRESIÓN SOMETIDA'
Imputados el comisario jefe del GEO y su segundo por acoso laboral
EFE
Jueves, 7. Mayo 2015 - 18:35

El texto de la querella expone que al querellante se le prohibió entrenar con su grupo e ir a los servicios, mientras Ignacio Cosidó "permanece ajeno al hostigamiento".

El juzgado de instrucción número uno de Guadalajara ha citado a declarar como imputados a dos mandos policiales del Grupo Especial de Operaciones (GEO) tras admitir una querella de uno de sus efectivos por acoso laboral.

Según informa el Sindicato Unificado de Policía (SUP), que denunció públicamente el caso en marzo, el juez ha abierto diligencias previas para investigar los hechos denunciados por un subinspector del GEO, si bien no especifica aún el delito que imputa a los citados.

El denunciado asegura en su querella que sus superiores, un comisario y el inspector jefe, jefe operativo del grupo, le fueron apartando de todas sus funciones tras negarse a dejar este grupo en mayo de 2014. Desde ese momento, el funcionario se ha visto relegado de las funciones de su puesto, "sufriendo una total y absoluta humillación y discriminación" respecto al resto de subinspectores de este grupo, lo que le ha relegado a una situación de "inactividad e incomunicación".

"Al querellante se le prohibió participar en las alertas, se le destituyó de ser coordinador y responsable de cualquier actividad (...), se le prohibió realizar las funciones que desempeñan sus compañeros (...), se le prohibió entrenar con su grupo, ir a los servicios (...); es decir, se le ha dejado sin absolutamente ninguna función", expone el texto de la querella. Su abogado asegura que esta situación cumple todos los requisitos para hablar de acoso laboral, pues todas las conductas de violencia psicológica se realizan de manera "reiterada y prolongada" por parte de sus superiores desde su posición de poder, enfocada "claramente" a conseguir que el denunciante abandone su puesto y se rinda a "discriminación, humillación y presión sometida".

Desde el SUP lamentan que se hayan agotado todas las vías de negociación para dar solución al caso de subinspector, al que se ha dejado en "indefensión administrativa", mientras el director general, Ignacio Cosidó, ni el director adjunto operativo, Eugenio Pino, "permanecen ajenos al hostigamiento".

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Re: El acoso en los cuerpos policiales
« Respuesta #727 en: 12 de Mayo de 2015, 14:30:11 pm »
Imputados seis policías por el acoso a dos compañeras
Lunes, 11 de Mayo de 2015 

Los agentes forman parte del equipo del aeropuerto de Gran Canaria.

Los policías nacionales denunciados negaron desde el primer momento el trato degradante a dos de sus compañeras, que en sus denuncias sostienen la versión de que estos llevan años mostrándoles una actitud de menosprecios, elaborando con ellas ránkings sexuales e incluso enviándoles anónimos amenazantes. También otros dos agentes que salieron en defensa de las anunciantes recibieron amenazas por parte de los agentes ahora imputados.

Todos ellos trabajan en el aeropuerto de Gran Canaria y fueron denunciados a finales de 2012 por las dos afectadas, sometidas a una campaña de descrédito por su condición de mujeres en las que se incluían vídeos, fotomontajes y mensajes ofensivos.

Las denuncias presentadas por las dos agentes y los dos compañeros que salieron en su defensa finalmente han concluido con la imputación de estos seis policías nacionales por orden de una juez de Telde tras la apertura de las diligencias incoadas en 2012.
 

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Re: El acoso en los cuerpos policiales
« Respuesta #729 en: 14 de Mayo de 2015, 18:05:53 pm »
Curioso que lo tenga grabado . . .

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Re: El acoso en los cuerpos policiales
« Respuesta #730 en: 17 de Mayo de 2015, 11:33:10 am »
TAMBIÉN SE DA ENTRE COMPAÑEROS DEL MISMO RANGO
El acoso laboral, otro tema tabú en la Policía Nacional

Sandra Toro
Martes, 12. Mayo 2015 - 0:28

"La junta de gobierno del CNP está politizada y su intención es coartar todas aquellas voces que les puedan perjudicar", asegura Alfredo Perdiguero, portavoz del SIPE.

El acoso laboral, intolerable en cualquier gremio profesional, es especialmente despreciable en el seno de la Policía, en tanto en cuanto las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen el mandato de velar y proteger la libertad y la seguridad de todos los ciudadanos. Cuando un hombre es acosado en su trabajo, se están vulnerando sus libertades primordiales. Y cuando los protagonistas de ese acoso laboral son los encargados de custodiar esas libertades primordiales y acosan a sus compañeros no se entiende que no sean perseguidos y castigados con especial dureza para dar ejemplo. Que es lo que la Policía debe hacer siempre, dar ejemplo.

Cada vez con más frecuencia nos despertamos con casos de acoso laboral en la Policía Nacional. Se trata de situaciones sufridas no puntualmente, sino durante largos períodos de tiempo, y que con el paso de los años se han convertido en habituales dentro del Cuerpo.

"La junta de gobierno del CNP está demasiado politizada y su intención es coartar todas aquellas voces o comportamientos que les puedan perjudicar", asegura Alfredo Perdiguero, portavoz del Sindicato Independiente de la Policía Española (SIPE).

Las consecuencias que se producen al sufrir acoso laboral desencadenan en una serie de conductas como la disminución de la calidad del trabajo y de los servicios, la dificultad para trabajar en equipo, aumento del absentismo, bajas laborales, mal clima de trabajo y mayor accidentalidad, entre otros. La mayoría de las personas que se encuentran de baja, "lo achacan a las presiones y el acoso que sufren en sus puestos de trabajo". Las causas del mobbing se basan en tres pilares: el contexto de trabajo, en las relaciones sociales y en la concepción y gestión del trabajo.

'La coacción también es acoso'

En lo que al Cuerpo Nacional de Policía (CNP) respecta, son multitud los motivos que pueden desencadenar en una situación de mobbing, pero uno de ellos suele ser el origen en la mayoría de los casos: "la estadística prima por encima de la seguridad ciudadana", afirma Perdiguero. Así, "se coacciona a los Policías con el hecho de que hay que hacer muchas actas de drogas, identificaciones de ciudadanos y comprobaciones de matrículas para completar la estadística policial de cada dependencia". "A todo aquel que no alcance un mínimo lo amenazan con cambiarlo de turno", añade.

Otras causas del mobbing serían "la falta de respeto y la prepotencia" mostrada por algunos superiores, que con el paso del tiempo puede provocar efectos DEVASTADORES en los agentes. A ello se le añade que, en algunos casos, los propios compañeros -por miedo y para evitar ser el "próximo objetivo"- miran hacia otro lado. Y aunque en la mayoría de los casos, el acoso suele provenir de mandos superiores, también se da entre compañeros del mismo rango y en ascendente.

Sirve de ejemplo el caso del propio Alfredo Perdiguero: doce faltas graves en seis años por denunciar irregularidades. "A todo aquel que denuncia irregularidades en la Policía teniendo cargo sindical al final le hacen la cama, amenazando y coaccionando, para que se vaya de la unidad", sentencia.

El acoso, ¿causa de suicidio?

Hace meses, GACETA.ES informaba de una estremecedora estadística: cada 15 días se suicida un Policía Nacional. "El suicidio en la Policía Nacional es un tema tabú", así de contundente se mostraba Perdiguero. "Absolutamente nadie -ni este gobierno ni el anterior- contempla los suicidios dentro del Cuerpo. Es una lacra tremenda porque, aunque no tenemos datos oficiales, cada 15 días se escucha que se ha suicidado un compañero", añadía indignado. Ahora Perdiguero plantea que "habría que investigar las causas de los suicidios, porque en algunos casos podrían estar causados por una situación de acoso laboral".

El último caso de mobbing del que se ha tenido constancia lo conocíamos hace días y se saldaba con la imputación del comisario jefe del Grupo Especial de Operaciones (GEO) y de su segundo.

El denunciado, un subinspector del GEO, asegura en su querella que sus superiores, un comisario y el inspector jefe, jefe operativo del grupo, le fueron apartando de todas sus funciones tras negarse a dejar este grupo en mayo de 2014. Desde ese momento, el funcionario se ha visto relegado de las funciones de su puesto, "sufriendo una total y absoluta humillación y discriminación" respecto al resto de subinspectores de este grupo, lo que le ha relegado a una situación de "inactividad e incomunicación".

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Re: El acoso en los cuerpos policiales
« Respuesta #731 en: 05 de Junio de 2015, 18:04:37 pm »
Nuevo varapalo judicial contra el inspector de la Policía Local que denunció al intendente

La jueza confirma «íntegramente» la sentencia que desestimó las acusaciones de Javier Lozano por acoso


 JOSÉ MARÍA URBANO
 
 AVILÉS
 
5 junio 2015
La magistrado-juez titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Avilés, María Elena González Álvarez, ha desestimado el recurso interpuesto por el inspector de la Policía Local Francisco Javier Lozano García contra la sentencia dictada por ella misma el pasado 5 de mayo, por la que decidió archivar la demanda presentada por el citado inspector contra el intendente del cuerpo policial, al que acusó de un delito de acoso.

Con la misma contundencia que empleó en el auto de archivo, la jueza decide en este nuevo auto «desestimar el recurso interpuesto por la representación procesal de la acusación particular, frente al auto de 5 de mayo de 2015, que se confirma íntegramente».

Los hechos se remontan a la denuncia presentada por el inspector de la Policía Local de Avilés Javier Lozano García contra el intendente de ese cuerpo, Rafael Ángel Rodríguez, al que acusaba de acoso y daño moral. Inicialmente, fueron calificados por el Ministerio Fiscal como constitutivos de un delito contra la integridad moral del artículo 173 del Código Penal, figura delictiva que exige la concurrencia de los siguientes requisitos: a) acto de claro e inequívoco contenido vejatorio para el sujeto pasivo del delito; b) padecimiento físico o psíquico en dicho sujeto; c) comportamiento degradante o humillante y que incida en el concepto de dignidad de la persona afectada por el delito; d) que como resultado, tal trato menoscabe gravemente la integridad moral.

El auto de la jueza señaló entonces que tras la práctica de diversas diligencias de instrucción, no existían indicios racionales que permitieran adoptar otra decisión que no fuera el sobreseimiento y archivo de la causa, «pues no se aprecia ninguno de los presupuestos enumerados». Y además, el auto señalaba expresamente en este apartado que ni siquiera se apreciaban «indiciariamente».

Veinticuatro horas después, LA VOZ DE AVILÉS desvelaba que el falso pinchazo de un coche patrulla estaría en el origen de la denuncia por acoso del inspector contra el intendente. Tres funcionarios policiales subordinados de Lozano intentaron hacer pasar por un pinchazo lo que en realidad había sido una colisión, tratando de encubrir los hechos a sus superiores. Descubierta la maniobra, el Ayuntamiento decidió abrir un expediente disciplinario al inspector, a un subinspector y a dos agentes. A Lozano en concreto por no haber cumplido con su deber de informar de los hechos al intendente de servicio de aquel día -20 de febrero de 2013-, Emilio González.

El «pinchazo falso» ha seguido siendo utilizado hasta hace escasas semanas por el secretario general del SIPLA, Jesús Villa, en su campaña contra la jefatura de la Policía Local, pese a que finalmente el atestado correcto hablaba con claridad de «colisión». Tras estos hechos, el inspector Javier Lozano presentaba una demanda por acoso contra el intendente de la Policía Local (segundo en el mando jerárquico), que sustanció la jueza María Elena García Álavrez, ordenando el sobreseimiento y archivo de la causa por no haber encontrado «ni indicios» del mencionado acoso. El inspector demandante recurrió esa sentencia y es ahora cuando la misma jueza, atendiendo un «prolijo y certero análisis del Ministerio Fiscal», decide que el recurso debe ser íntegramente desestimado.

Lo que dice el Fiscal

En su escrito, el Ministerio Fiscal desmonta, una a una, todas las cuestiones planteadas por la defensa de Javier Lozano, entre otras, la inexistencia de cualquier episodio vejatorio que se sostenga en datos concretos; o la inexistencia de traslado por parte del inspector al Jefe de la Policía Local del presunto trato vejatorio que según él existió. La inexistencia de restricción /privación de acceso a la oficina administrativa y a la fotocopiadora, también expuesto, fue zanjado por el Jefe de Policía, Eloy Benito Calzón, que en síntesis declaró en sede judicial que se había detectado un problema serio con un importante volumen de fotocopias, en horarios fuera de oficina, por lo que al tener la pista de que podía ser el inspector Lozano el que estaba haciendo un uso indebido de ella, se decidió que no accediera en esos horarios «y el problema desapareció». Y en todo caso, la orden no la dio el denunciado por acoso, sino el Jefe de la Policía Local.

Otro intendente, Emilio González García, negó otra de las acusaciones hechas por el inspector Lozano sobre un dispositivo de seguridad en el descenso de Galiana. Ni hubo negligencia ni la organización podía imputarse al intendente denunciado. El Fiscal señala en su escrito que también debe analizarse la incidencia que los presuntos actos degradantes operaron en el estado físico y psicológico del inspector Lozano. Pues bien, se aporta un informe pericial médico-forense y psicológico, que dice que no se observa patología médica o psicopatológica incompatible con un desempeño funcional normalizado.

Por todo lo expuesto, la Fiscalía pide al Juzgado que se tenga por impugnado el recurso y se confirme la resolución recurrida, cosa que hace la jueza, no sin antes hacer algunas consideraciones al demandante que había recurrido.

Contundencia de la jueza

En el auto firmado este miércoles, la titular del Juzgado de Instrucción Nº 3 de Avilés indica que el recurrente olvida en sus peticiones que el recurso de apelación no produce efectos suspensivos, y si bien es cierto que la lógica procesal conlleva que en la práctica los recursos de apelación produzcan la suspensión de lo acordado en la resolución recurrida, «en la presente causa la continua y desproporcionada sucesión de recursos por parte de la acusación particular exige atenerse a tal principio de no suspensión a fin de evitar dilaciones indebidas».

No es el único varapalo de la jueza en ese auto de desestimación. Ante la aseveración del recurrente de que la jueza «se excede de sus funciones propias de esta fase procesal, al valorar la concurrencia o no del ánimo vejatorio tendente a menoscabar la integridad», la magistrada le pide que se vuelva a leer el auto del 5 de mayo. «Es evidente que el recurrente precisa una nueva lectura del auto que recurre», pues, señala, lo que se concluye en dicha resolución es la inexistencia de indicios racionales de menoscabo alguno en la integridad moral del denunciante derivado de supuestos actos de acoso, «sin que en el auto cuestionado se contenga mención alguna al ánimo vejatorio, sino que simplemente se concluye que no se aprecia ni actos de acoso ni menoscabo derivado de los mismos».

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Re: El acoso en los cuerpos policiales
« Respuesta #732 en: 05 de Julio de 2015, 13:44:44 pm »

el juez investiga si hubo acoso laboral

Imputado un jefe de la Policía por obligar a un agente a orinar en la calle

El funcionario asegura que todos los policías que vigilan las embajadas por las noches generalmente hacen sus necesidades en arbustos o esquinas porque los superiores no les dan relevos
Roberto R. Ballesteros

 — 05.07.2015 – 05:00 H.

El jefe de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía en Madrid, Francisco A. P. L., y el inspector Francisco T. declararon el pasado viernes como imputados ante el Juzgado número 7 de Madrid por un supuesto acoso laboral a un miembro de su equipo. La historia de tensión entre jefes y subordinado comenzó, según la denuncia, porque el segundo no quería orinar en la calle durante el servicio de vigilancia nocturna que prestaba en el perímetro de una embajada en Madrid.

Todos los compañeros, según le confesó uno de los dos jefes al agente, hacían sus necesidades en unos arbustos, en un muro o entre los coches, práctica que -aunque habitual- el denunciante se negó a realizar. El policía solicitó ser relevado para ir a un baño decente, pero los superiores se lo denegaron, lo que provocó la queja del funcionario, que también declaró el pasado viernes ante el instructor de la causa, que por el momento se encuentra en el estadio de diligencias previas.

La ordenanza municipal sobre convivencia ciudadana considera como infracción grave orinar en la calle y contempla multas de 750 a 1.500 euros a los que se atrevan a hacerlo. Si realmente está ocurriendo lo que el denunciante asegura, podría estar sucediendo que decenas de policías realicen sus necesidades en plena calle por las noches mientras vigilan todas las embajadas que hay en Madrid, extremo que les expondría a ser sancionados con los mencionados importes.

El jefe de la unidad ha negado haber 'obligado' a su subordinado a orinar en la calle a pesar de que así lo asegura el denunciante, quien advierte además de que su jefe incluso le dijo que se llevara una botella, pero que en ningún caso le daría el relevo para atender la necesidad fisiológica.

'Si yo aguanto toda la noche sin ir al baño, tú también', le indicó el superior, según declaración del agente

Las embajadas, sobre todo algunas, son objetivos terroristas y como tales se encuentran bajo una especial vigilancia policial, más aún desde que el Gobierno incrementó la semana pasada la alerta antiterrorista hasta el nivel cuatro de cinco que existen, que califica de “alto” el riesgo de sufrir un atentado.

El pasado mayo, una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid condenó a un funcionario de la Policía que vigilaba la comisaría del distrito de Centro a abonar 500 euros en concepto de multa por golpear a un ciudadano que estaba orinando en la vía pública. El tribunal calificó de “innecesario” el comportamiento del agente, a pesar de que la acción merecía un reproche por su “insalubridad” y por estar castigada por la mencionada ordenanza municipal.

Tras el episodio relatado, según el denunciante, la relación entre jefe y subordinado se tensó hasta el punto de que el primero negó el saludo al segundo. “Si yo aguanto toda la noche sin ir al baño, tú también; si no puedes aguantar, lo haces en una botella o meas en un árbol y ya está, como hacen el resto de compañeros”, le indicó el superior según declaración del agente, quien también denunció un posterior trato denigrante.

En concreto, el policía explicó que se dio de baja y, al volver, no le incluyeron en el grupo de WhatsApp de la unidad, que sirve para organizar el departamento, los turnos, las vacaciones e incluso los operativos. Según su declaración, el funcionario pidió entrar en el grupo, pero el jefe lo rechazó. “A ti no te hace falta estar”, le respondió el ahora imputado, según el testimonio del propio denunciante.

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Re: El acoso en los cuerpos policiales
« Respuesta #733 en: 08 de Julio de 2015, 16:55:35 pm »

El Supremo condena a un sargento por acoso sexual a una cabo


Seis meses de cárcel para el suboficial de la Guardia Civil por trato degradante a un subordinado

Miguel González   Madrid   8 JUL 2015 - 13:53 CEST


La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha condenado al sargento primero de la Guardia Civil A.C.V. a seis meses de prisión por el asedio sexual a una cabo primero. El Supremo ha desestimado el recurso del suboficial contra la sentencia del Tribunal Militar Territorial Quinto, que le consideró responsable de un delito de abuso de autoridad en la modalidad de trato degradante a un inferior.

La sentencia da por probado que, entre marzo de 2011 y abril de 2012, cuando ambos estaban destinados en la Sección Fiscal del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, el sargento dirigió una serie de comentarios de contenido sexual a la cabo en presencia de sus subordinados y no cesó en su actitud, pese a las reiteradas peticiones y advertencias de su víctima.
 
El sargento primero llegó a poner falsamente en boca de un capitán supuestas frases lividinosas que él no se atrevía a dirigirle directamente. Además, le hizo más de 20 llamadas telefónicas, cuando se encontraba fuera de servicio en su domicilio, con la excusa de comunicarle "información o datos peregrinos, con la intención de incordiarla y acosarla".

La víctima pidió distintas comisiones de servicio para alejarse de su asosador y, finalmente, un cambio de destino, ya que la actitud del sargento primero "minó su crédito y su prestigio profesional ante sus subordinados, acosándola durante el servicio, sintiéndose humillada, vejada y denigrada como mujer y como cabo primero de la Guardia Civil".

El Supremo niega que no haya pruebas de lo sucedido, como alegó la defensa, y recuerda que la cabo denunció a su superior ante otros miembros de la Guardia Civil. El abogado de la víctima, Antonio Suárez-Valdés, aseguró en el juicio que su defendida "no fue respaldada por sus mandos cuando dio cuenta de lo que sucedía, resultando vergonzosa la actuación de los mismos".
« Última modificación: 17 de Octubre de 2016, 13:31:29 pm por Robinson »

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Re: El acoso en los cuerpos policiales
« Respuesta #734 en: 01 de Septiembre de 2015, 19:38:17 pm »


La otra Zaida: primer caso reconocido de acoso sexual en la Guardia Civil de Madrid


La Audiencia Provincial condena a tres años de prisión a un agente que acosó a una compañera durante año y medio, la agredió y se mostró agresivo porque ella no atendía sus propuestas

La Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a tres años de prisión a un guardia civil (J. M. M. L.) que acosó y agredió sexualmente a una compañera de la comandancia del instituto armado en Tres Cantos (Madrid). El tribunal considera probado que durante un año y medio la mujer tuvo que aguantar insinuaciones y comentarios del tipo “como ya tienes el trabajo dominado, vas a tener que hacer otro tipo de trabajitos para ganarte la vacante” o “te voy a follar de tal forma que vas a morir de placer”.

La sala, que obliga al funcionario a abonar más de 50.000 euros a la víctima en concepto de indemnización, también entiende acreditado que, tras las continuas negativas de la chica a someterse a las insinuaciones del agente, éste pasó a tener una actitud agresiva. “A partir de septiembre de 2009, como ella no aceptaba sus propuestas sexuales, el acusado comenzó a tratarle despectivamente, criticando su forma de trabajar, enfadándose con ella y dirigiéndole expresiones como niña mojigata, no te enteras de nada”.

Los periodos de furia hacia ella se fueron combinando con nuevas proposiciones -“con lo jovencita que eres te puedo enseñar muchas cosas y vas a disfrutar tanto que me vas a pedir de rodillas que tenga relaciones contigo”- entre junio de 2009 y octubre de 2010, periodo a lo largo del que se extendieron los hechos enjuiciados. En la primavera de este último año, según detalla la sentencia, el condenado se acercó a la mujer por detrás cuando ésta entraba a recoger material al almacén de la Plana Mayor de la Unidad de Policía Judicial de Madrid, donde ambos trabajaban, la agarró con fuerza, la inmovilizó y la toqueteó hasta que ella logró zafarse.


La pesadilla experimentó su clímax cuando, tras un episodio de furia del condenado hacia la chica, ésta “sufrió una crisis de ansiedad”

La pesadilla experimentó su clímax cuando, tras un episodio de furia del condenado hacia la chica, ésta “sufrió una crisis de ansiedad”. Un psicólogo de la Guardia Civil recomendó su baja laboral. La mujer, que aún hoy mantiene secuelas depresivas, presentaba lesiones psíquicas que fueron tratadas durante 925 días.

Los tres magistrados que componen la Sección 23 han valorado como prueba el testimonio de la chica, por considerarlo coherente y detallado, lo que a juicio de la sala otorga “patente credibilidad” a la declaración. “Nos hallamos ante un testimonio verosímil, persistente, coherente, muy concreto y sin ambigüedades”, argumentan los jueces en la sentencia, que también recuerda el temor que mostró la víctima al poner los hechos en conocimiento de la justicia.

“Ella sabía que con la denuncia su carrera profesional podría truncarse, que nunca lograría su sueño de poder formarse como policía judicial”, explica la resolución, que añade que, “a pesar de romperse ese sueño, tenía que seguir adelante con la denuncia por respeto hacia ella misma”.

El fallo, que subraya que los informes clínicos corroboran el relato ofrecido por la agente, aprovecha para criticar a la funcionaria de la sección de mujeres y menores de la Guardia Civil (EMUME) que atendió a la acosada cuando ésta acudió a su oficina “llorando y queriendo hablar con la superior jerárquica”.


Con lo jovencita que eres te puedo enseñar muchas cosas y vas a disfrutar tanto que me vas a pedir de rodillas que tenga relaciones contigo

“Sorprendentemente dice que no recuerda el contenido de la conversación que mantuvieron”, cuando “no se trató de un relato rutinario cuyos detalles pueden olvidarse, sino de un relato excepcional que por primera vez ocurría en la comandancia”. “Nos parece incomprensible”, concluye la sala respecto al testimonio de esta funcionaria.

El tribunal también califica de “sorprendente” que los compañeros de trabajo de acosador y acosada no escucharan ni vieran nada. Uno de ellos, señalan los magistrados -Olatz Aizpurúa, Celso Rodríguez y Gregorio Callejo- en su sentencia, incluso aseguró desconocer qué es “una broma de tipo sexual”.

La Sección 23 ha condenado a J. M. M. L. a dos años de cárcel por lesiones psíquicas en concurso con un delito de acoso sexual y a otro año más por agresión sexual. El guardia civil no podrá acercarse a menos de 500 metros de la víctima durante los dos años y medio siguientes a su salida de prisión.

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Re: El acoso en los cuerpos policiales
« Respuesta #735 en: 14 de Septiembre de 2015, 11:14:28 am »
 El jefe de la Policía Local de Salamanca, en los juzgados por una querella por supuesto acoso laboral

El responsable policial, José Manuel Fernández, tendrá que declarar en los tribunales el próximo día 18 de septiembre por una querella interpuesta por una agente por un posible caso de acoso laboral.

Aunque la querella se ha presentado hace escasos meses, el supuesto acoso a la policía podría haberse producido en los últimos años

El PP en el Ayuntamiento salmantino se ha visto obligado a abrir una comisión de investigación sobre la gestión del jefe de la Policía Local, además de analizar al grupo ‘SIETE’, por seguimientos a políticos, sindicalistas y periodistas.

Carlos Sánchez

13/09/2015 - 20:46h


 
El jefe de la Policía Local de Salamanca, José Manuel Fernández, conocido entre los policías y políticos salmantinos como ‘JM’, tiene ante sí unas semanas difíciles de asimilar. Si a principios de este mes, el equipo de Gobierno, presidido por su amigo, el alcalde Alfonso Fernández Mañueco, se vio obligado a aprobar una comisión de investigación sobre la gestión de José Manuel Fernández, ahora se conoce un asunto judicializado.

El próximo día 18, el jefe de la Policía Local salmantina tendrá que declarar ante los juzgados por un posible delito de acoso laboral, según las informaciones a las que ha tenido acceso La Meseta. Hace unos meses, una agente policial salmantina presentó una querella por supuesto acoso laboral y uno de los Juzgados de Instrucción ya ha abierto investigación para determinar qué responsabilidad tuvo José Manuel Fernández.

Aunque la querella se ha presentado hace escasos meses, los hechos a los que se refiere la denunciante podrían haberse producido en los últimos años, desde que el Jefe de la Policía Local regresara a Salamanca, en enero de 2012, aunque las diferencias entre los dos podría haberse iniciado con anterioridad, cuando los dos coincidieron como agentes policiales en la capital salmantina y donde, supuestamente, hubo presiones del responsable policial a la policía.

Aunque no han transcendido más datos respecto a la querella, a partir del día 18, cuando declare José Manuel Fernández, empezarán a pasar por el juzgado que investiga los hechos, en los primeros días de octubre, testigos de la querellante.

De esta manera, el conocido en los ambientes políticos, policiales y sindicales de Salamanca como ‘JM’ tiene ante sí unas semanas difíciles, ya que el Ayuntamiento ha abierto una comisión de investigación para conocer su gestión al frente de la Policía Local, además de conocer el funcionamiento del grupo ‘SIETE’ -Servicio de Información, Escolta y Técnicas Especiales-, y cuyos miembros pudieron participar en seguimientos a políticos, sindicalistas y periodistas.

Así, desde uno de los grupos políticos precursores de esta comisión de investigación, Ganemos Salamanca, se considera, por parte de su concejal Gabriel de la Mora, Gabriel de la Mora, que hay “graves sospechas en el seno de la Policía Local”.

A estas críticas se sumaron desde Ciudadanos, quien su concejal Fernando Castaño recuerda que el informe entregado a Ganemos “se señala como una de las labores informes de seguridad de la corporación municipal que abre más la sospecha”. Además, añade que desde las explicaciones dadas por parte del equipo de Gobierno “han generado más dudas” pues no entiende este concejal que “se cree un Grupo tan opaco con actuaciones tan absurdas como ir contra los grafiteros".

Por su parte, desde el PSOE, el portavoz José Luis Mateos afirma que “si se demuestra que se han cometido las irregularidades, el Grupo Municipal Socialista será el primero en pedir responsabilidades pero no haremos de la política municipal un espectáculo”.

http://www.eldiario.es/meseta/Policia-Local-Salamanca-investigado-juzgados_6_430516956.html

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Re: El acoso en los cuerpos policiales
« Respuesta #736 en: 29 de Septiembre de 2015, 18:06:09 pm »
Un mando a dos mujeres policías: 'Los pantalones son para marcar los huevos'

Dos funcionarias policiales, del grupo de Prevención y Reacción, denuncian a sus mandos en un juzgado de Valencia.
Les acusan de acoso laboral, falsedad documental, trato discriminatorio y prevaricación.

Pertenecían a la Unidad de Prevención y Reacción de la Policía Nacional de Valencia, un cuerpo tradicionalmente masculino, y aseguran que durante meses tuvieron que escuchar insultos machistas de sus jefes y soportar seguimientos de sus compañeros de unidad. Dicen que fueron discriminadas y sufrieron «amenazas» por ser madres, por ser mujeres. Un juzgado de Valencia investigará ahora a la Comisaría Provincial por estos hechos.

Dos funcionarias policiales han presentado una denuncia contra tres mandos y dos policías por supuesto trato discriminatorio, acoso laboral, prevaricación y falsedad documental tras ser apartadas de la unidad responsable de la actuación policial en manifestaciones y disturbios. Según confirmaron fuentes jurídicas a esta redacción, el juzgado ya ha abierto diligencias por estos hechos pero ha suspendido la instrucción en tanto en cuanto no se resuelva la vía administrativa que también han iniciado las afectadas para recuperar sus derechos laborales: «La vía administrativa debe ser previa para conocer más detalles sobre las peticiones de ambas afectadas que se sienten despreciadas y perjudicadas por las decisiones tomadas por sus superiores por denegación de permisos, licencias, cambios de turnos o de servicio».

La denuncia la presentó en marzo la Unidad Federal de la Policía (UFP) y en ella el sindicato explica cómo los denunciados habrían usado su posición de superioridad para arrinconar a las afectadas. La Unidad de Prevención y Reacción es un Grupo del Cuerpo Nacional de Policía que presta sus servicios, en dependencia directa de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, desempeñando tareas de prevención y restablecimiento del orden público, colaboración con otras unidades policiales y reacción ante acontecimientos de especial gravedad. En Valencia, está integrada por tres grupos operativos: uno de motos y dos grupos denominados Sigma que, a su vez, está integrado por dos Subgrupos -Sigma 20 y Sigma 25-. Las dos únicas mujeres del grupo Sigma eran, en 2014, las denunciantes.

Según la denuncia, una de las afectadas estuvo adscrita a la Unidad de Prevención y Reacción desde 2008. En junio de 2013 comunicó a uno de los denunciados que estaba embaraza, «a los efectos de ser relevada del servicio de calle por razones de riesgo durante el embarazo y prevención de riesgos laborales». Al parecer, su superior «le indicó, contra cualquier tipo de previsión normativa, que a su regreso del permiso de maternidad debería solicitar un cambio de destino, por cuanto con dos hijos no podría mantener el nivel de servicio dentro de la unidad».

Cuando se incorporó tras su permiso de maternidad, la denunciante, quien también es delegada sindical, fue trasladada de equipo de trabajo hasta que el día 6 de febrero de 2015 le comunican que «esa noche no debía prestar servicio, y que cesaba en el grupo, debiendo incorporarse el lunes siguiente, 9 de febrero, en el Grupo de Atención al Ciudadano (GAC)». Cuando pidió explicaciones a sus superiores le trasladaron que «no existía feeling».

La denuncia incluye declaraciones del superior denunciado afirmando que este grupo policial «no es para mujeres (...) siendo además, frecuente, que cuando se dirigía a la funcionaria le dijera, entre otras obscenidades y comentarios gruesos, que 'quería que se tocaran pensando en él' y 'que los pantalones son para marcar huevos'».

La presunta situación de trato discriminatorio hacía la segunda agente se produjo a partir del año 2012 cuando su superior intentó que se quedara sin días de libre disposición. De nuevo, uno de los mandos trasladó de equipo a la policía, quien solicitó orden de cambio y motivación por escrito. Esta fue la respuesta según la denuncia: «Yo perfectamente puedo prescindir de las mujeres en este grupo». Ella, intimidada, desistió y se fue, aunque tiempo después regresó.

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Re: El acoso en los cuerpos policiales
« Respuesta #737 en: 24 de Noviembre de 2015, 09:28:01 am »
Absueltos dos mandos de la Policía de un delito de acoso a una agente

La sentencia admite que el superior jerárquico de la agente realizó varios comentarios delante de otros funcionarios en los que cuestionaba su profesionalidad y en los que sugería que había sido "enchufada".

EFE La Audiencia Provincial de Oviedo ha absuelto a dos mandos de la Policía Nacional que fueron acusados por una agente de un delito de acoso, al considerar que no ha quedado acreditado que su conducta fuera constitutiva de delito.

La sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia, contra la que cabe recurso de casación, admite que el superior jerárquico de la agente realizó varios comentarios delante de otros funcionarios en los que cuestionaba su profesionalidad y en los que sugería que había sido "enchufada".

Asimismo, considera probado que, en diferentes ocasiones, ambos acusados recriminaron a la agente determinados comportamientos como el uso constante del teléfono o el asesoramiento a otros funcionarios, como miembro del sindicato CEP.

Los hechos denunciados, por los que la acusación particular solicitaba una pena individual de dieciocho meses de prisión y el pago de una indemnización conjunta de 60.000 euros por los daños morales sufridos, tuvieron lugar en la unidad adscrita al Principado de Asturias entre los años 2007 y 2013.

La agente causó baja laboral entre el 12 de junio de 2013 y el 19 de mayo de 2014 por patología ansioso depresiva reactiva como consecuencia de "una situación estresante producida en su ambiente laboral", pero la sentencia rechaza que ello pueda ser atribuido exclusivamente a la conducta de sus superiores, ya que hay otros factores a tener en cuenta como unas dolencias físicas que implicaron "reiteradas bajas laborales".

La Audiencia Provincial absuelve a ambos mandos, tal y como solicitaban sus defensas y también el Ministerio Público, al considerar que "no ha resultado acreditado que la conducta desplegada por los acusados pudiera ser constitutiva del delito imputado".

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Re: El acoso en los cuerpos policiales
« Respuesta #738 en: 25 de Noviembre de 2015, 15:26:34 pm »

Sentencia del Alto Tribunal

Tres años de cárcel a un guardia civil por acosar a su compañera: "Te voy a meter un polvazo"


La sentencia del Tribunal Supremo establece que las lesiones psíquicas a una mujer acosada pueden ser consideradas, en determinadas circunstancias, un delito autónomo distinto al de acoso, con el consiguiente aumento de penalidad.

El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de tres años de cárcel impuesta el pasado mes de marzo a un guardia civil del cuartel de Tres Cantos (Madrid) que acosó sexualmente a una compañera durante 14 meses causándole lesiones psíquicas de las que tardó casi tres años y medio en curar.

La sentencia hecha pública este miércoles por el alto tribunal, del que ha sido ponente el magistrado Cándido Conde-Pumpido, establece que las lesiones psíquicas a una mujer acosada pueden ser consideradas, en determinadas circunstancias, un delito autónomo distinto al de acoso, con el consiguiente aumento de penalidad.

De este modo el Supremo ha confirmado una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que condenó al guardia José María M. a 2 años de cárcel por un delito de lesiones psíquicas en concurso con otro de acoso sexual, a lo que se suma un año más de prisión por un episodio concreto de agresión sexual.

Los hechos probados de la sentencia cuentan cómo María Belén G., nacida en 1983, entró a trabajar en la central de Policía Judicial de Madrid de la Guardia Civil de Tres Cantos (Madrid) y allí coincidió con otro agente, mucho más veterano, quien desde junio de 2009 le vino dirigiendo comentarios procaces que fueron subiendo de tono.

El acoso sistemático llegó al extremo con frases como "te voy a meter un polvazo", "tienes que ponerte de rodillas y hacerme una felación", "te voy a meter la polla hasta la garganta", "te voy a follar de tal forma que vas a morir de placer" o "vas a saber lo que es un buen pollazo". Todo ello acompañado de caricias lascivas, pese a que la joven le hizo saber que mantenía una relación con un chico de su edad y no tenía ningún interés en él.

Además el guardia civil es condenado a pagar a la joven 46.520 euros por los días de curación de las lesiones, y otros 7.342 euros, por las secuelas

Las circunstancias del caso, en el que un guardia experimentado acosó a una joven recién ingresada en la institución, provocaron no solo el resultado típico de este delito, como es la humillación, el estrés y la angustia propias de estas situaciones, sino una consecuencia diferenciada, una verdadera enfermedad psíquica, destaca el magistrado ponente de la sentencia, Cándido Conde Pumpido."La situación descrita se prolongó hasta octubre de 2010 combinando períodos en los que el acusado hacía propuestas sexuales a Belén, con períodos de furia por su negativa", dice la sentencia, que añade que todo ello que terminó por desatar un cuadro ansioso-depresivo del que la víctima tardó en curar al menos 925 días, aunque persiste como secuela.

Para el alto tribunal, de este modo, hubo "un resultado autónomo de lesión psíquica que no puede quedar abarcado por la moderada penalidad legalmente prevista para el delito de acoso", por lo que corresponde el agravamiento de la pena al tener en cuenta el segundo delito, el de lesiones.

Además, es condenado a pagar a la joven 46.520 euros por los días de curación de las lesiones, y otros 7.342 euros, por las secuelas, declarando la responsabilidad civil subsidiaria del Estado. El Supremo rechaza íntegramente tanto el recurso del condenado como el de la abogacía del Estado, que también defendía la inocencia del guardia.

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Re: El acoso en los cuerpos policiales
« Respuesta #739 en: 20 de Enero de 2016, 09:56:57 am »
Los policías que vejaron a una compañera, ante seis años de suspensión

Mercedes García decidió llevar su caso a los tribunales en 2008 alegando que varios compañeros la insultaban a través de la emisora policial
19.01.2016 | 15:46

P. G. P. Los cuatro miembros de la Policía Local de Oviedo -dos intendentes, un inspector y un agente- condenados por vejar a una compañera, la por entonces sargento Mercedes García, se enfrentan a una suspensión de empleo y sueldo que va de tres meses y un día, a seis años. Lo harán después de que el instructor que dirigió el expediente contra los cuatro agentes decidiera que cometieron un falta "muy grave". La decisión final sobre el castigo está en manos de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Oviedo, que hoy se reunirá en sesión extraordinaria para tomar una decisión.

Mercedes García decidió llevar su caso a los tribunales en 2008 alegando que varios compañeros la insultaban a través de la emisora policial. Tras un primer juicio en la Audiencia, en el que los acusados resultaron absueltos, el Tribunal Supremo decidió que había que repetir el juicio por errores durante la celebración de la vista oral. En el segundo juicio, los acusados, junto a una limpiadora del cuartel del Rubín, fueron condenados por injurias.