Autor Tema: El acoso en los cuerpos policiales  (Leído 132308 veces)

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Re: El acoso en los cuerpos policiales
« Respuesta #860 en: 20 de Octubre de 2021, 02:22:54 am »
La reseña en negrilla es todo un síntoma de ... confianza y de somos compañeros....pues si ella no se fía de sí entorno como vamos a confiar el resto de los mortales de que no se hinchen atestados o que no se "articulen" pruebas.

Claro, claro, si no fuese porque es una de las partes y que denuncia acoso laboral..., no va a decir que aquello es un paraíso..., pero usted a lo suyo...


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Re: El acoso en los cuerpos policiales
« Respuesta #861 en: 04 de Diciembre de 2021, 17:01:19 pm »

Dos mujeres ertzainas denuncian acoso laboral por un mando en la comisaría de Hernani


El sindicato SiPE asegura que todo empezó cuando una de ellas decidió poner fin a la relación sentimental que mantenía con este compañero
La comisaría de la Ertzaintza en Hernani./dv
La comisaría de la Ertzaintza en Hernani. / DV

EL DIARIO VASCO
Jueves, 2 diciembre 2021, 17:57
El Sindicato Profesional de la Ertzaintza (SiPE) ha denunciado este jueves un presunto acoso laboral a dos mujeres agentes de la comisaría de Hernan por parte de un mando. Las denunciantes aseguran que todo empezó cuando una de ellas decidió poner fin a la relación sentimental que mantenía con este compañero, actual jefe de patrullas del Grupo 2 de la ertzain etxea.


El SiPE ha criticado, además, a través de un comunicado ,la «dejadez» de sus superiores por no haber actuado en este caso, que «hace más de un mes» pusieron en conocimiento del Comité de Mediación de Acoso Laboral y a la unidad de Asuntos Internos. Remarca que «ni siquiera se ha llegado a tomar declaración a los más de diez testigos presentados por las víctimas».


El sindicato mantiene que estas ertzainas «se han visto doblemente victimizadas», por una parte «por la dejadez de funciones» del jefe del Servicio, «que no ha procedido a llevar a cabo ninguna actuación al respecto» y, por otra, «por las presuntas amenazas recibidas por parte del jefe de la unidad tras la interposición de la denuncia, cuando las amenazó con la apertura de un expediente disciplinario si estas persistían en su denuncia de acoso laboral».

Señala que, ante esta situación, las agentes se han visto obligadas a pedir un cambio de grupo «a pesar de verse así perjudicadas en su trabajo y viendo mermada su conciliación de la vida familiar y laboral».

Para el Sindicato Profesional de la Ertzaintza, insiste en que es «totalmente incomprensible que, un mes después de haber presentado la denuncia al comité de mediación de acoso laboral y a la unidad de asuntos internos no se haya realizado ningún tipo de actuación al respecto para proteger a las víctimas, aclarar lo sucedido y depurar responsabilidades».


Por todo ello, el SiPE ha decidido informar sobre este caso al consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, para que «pueda interceder, tomar las medidas oportunas ante la gravedad de los hechos denunciados en la Comisaría de Hernani y depurar las responsabilidades».

La organización sindical asegura en su comunicado que «no va a detener sus acciones hasta que no se depuren todas las responsabilidades y se aclaren los hechos producidos», por lo que no descarta tomar medidas judiciales en defensa de sus representadas. Subraya también que, si bien este caso «reviste una especial gravedad», no es el único de «quejas laborales» dentro del mismo grupo de esta comisaría. «Hasta el momento, diez agentes pertenecientes a este grupo han solicitado el traslado a otros grupos para no coincidir en sus jornadas laborales con el presunto acosador», resalta el sindicato SiPE.

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Re: El acoso en los cuerpos policiales
« Respuesta #862 en: 22 de Enero de 2022, 07:57:38 am »
Confirmada la sanción a un guardia civil por el acoso a una compañera en el cuartel de San Sebastián


La mujer recibió tres llamadas con insultos y 36 mensajes de WhatsApp.  El Supremo avala el castigo de cinco meses sin empleo

FECHA
22/01/22access_time 1:04


Sergio Perea Martínez

Cuartel de Inchaurrondo, San Sebastián. Es medianoche. Suena el teléfono en una de las garitas de vigilancia. María (nombre ficticio) lo descuelga. Al otro lado de la línea, un compañero, “El sevillano”, le pregunta por qué motivo se ha incorporado tarde al turno. En la conversación, el guardia y dos agentes más la llaman “la muy guarra”.

Es la primera de las tres llamadas a la garita de la Comandancia de la Guardia Civil en Guipúzcoa, en el País Vasco, que se suceden hasta la una de la madrugada del 30 de octubre de 2016. Telefonean desde un número que no es de “El sevillano”, sino de uno de los tres guardias, a esa hora fuera de servicio, que hablan de fondo, con el móvil en manos libres. A la mujer, que está trabajando, le cantan una canción de tono “soez”.

Los tres insisten minutos más tarde. El teléfono suena de nuevo en la garita. María coge la llamada y ellos responden: “¿Te gusta más el espeto por delante o por detrás?”. A la tercera, la agente también les atiende y le mencionan “repetidamente” una práctica sexual, el “bukkake”.

“Las tres comunicaciones produjeron" a María "una profunda indignación y un intenso sentimiento de disgusto, aflicción, humillación y denigración, por lo que interrumpió inmediatamente las mismas”, dictaminó en 2021 el Tribunal Militar Central, que impuso al guardia propietario del móvil cinco meses de suspensión de empleo.

Recurrió el guardia civil la sanción, pero no ha convencido a la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, que en su primera sentencia del 2022, fechada el 12 de enero, ha avalado el castigo y rechazado el recurso.

En la resolución, consultada por Confidencial Digital, el Supremo confirma que el agente cometió una falta muy grave: acoso por razón de sexo. Con las pruebas “se desprende, más allá de toda duda razonable, que el recurrente fue partícipe en los hechos (...), que se realizaron hallándose los autores en su domicilio y a través de su teléfono móvil”.

María, al terminar su turno, les afeó los comentarios y le contó lo ocurrido a su jefe, un sargento. Horas después, ese mismo día por la tarde, el guardia sancionado le escribió a través de WhatsApp. Le mandó 36 mensajes. La presionaba para que lo olvidara: “No creas más cosas y evita problemas. Te pido que lo hablemos para que esto se quede aquí”.

El sancionado comentaba que él no había participado, aunque reconocía que el móvil era suyo mientras disculpaba a sus compañeros, “que tienen hijos y eso no creo que vaya a venir bien”. Las llamadas fueron “en broma” por la tardanza en el relevo. “El sevillano” le pidió el teléfono para consultar con ella por qué se había retrasado en el turno.

María entendió ese “aluvión” de mensajes como una disculpa, pero “se sintió discriminada por razón de sexo y se sintió acosada porque fueron tres llamadas”. En su declaración, afirmó que luego los tres compañeros le habían pedido perdón por WhatsApp y ella lo aceptó.

 
Para los magistrados del Supremo, lo que el recurrente “en suma pretende es sustituir el criterio valorativo del Tribunal sentenciador por el suyo propio”. El guardia de la Benemérita sancionado decía no haber participado en las llamadas, que atribuía en exclusiva a su compañero.

El Supremo discrepa: “No podemos sino convenir con la Sala de instancia en que de la valoración conjunta de las pruebas que ha tenido a su disposición se deduce lógicamente, como hemos afirmado con anterioridad, lo que como acreditado se declara en el relato”.


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Re: El acoso en los cuerpos policiales
« Respuesta #863 en: 05 de Febrero de 2022, 07:58:52 am »
Lío en la Policía Local de Mijas: denuncias de acoso, una horca y el recuerdo de un suicidio


El Ayuntamiento se ve obligado a crear una comisión tras al menos una denuncia por acoso laboral y la solicitud de apertura de expediente al intendente jefe del cuerpo policial


La horca que estaba en el despacho de oficiales. (EC)

Por Pablo D. Almoguera. Málaga
04/02/2022 - 16:33 Actualizado: 04/02/2022 - 23:33

Una horca debidamente puesta sobre un armario del despacho de oficiales ha sido el desencadenante que ha hecho aflorar un conflicto en el seno de la Policía Local de Mijas que ha obligado al Ayuntamiento a impulsar una comisión que deberá estudiar presuntas situaciones de acoso dentro del cuerpo. Una medida que ha acordado tras ser exigida por la Junta de Personal con el respaldo de una serie de resoluciones judiciales. El alcalde del municipio, el socialista José Antonio González, firmaba el pasado 3 de enero un decreto con el que activaba la puesta en marcha de una doble comisión para analizar supuestas situaciones de acoso en el citado cuerpo policial. Esta decisión fue la respuesta dada a la Junta de Personal del Consistorio, que en un escrito suscrito por su presidente, Antonio González, solicitó “la apertura de un expediente disciplinario al intendente jefe de la Policía Local y al técnico de Prevención de Riesgos Laborales para la depuración de responsabilidades”. En este documento, fechado el 29 de noviembre de 2021, se justifica esta petición con la situación de un oficial del cuerpo que, con una sentencia favorable del Juzgado de lo Social número 7 de Málaga, y el respaldo de la Inspección de Trabajo, veía pasar el tiempo sin que se ejecutase la adecuación de su puesto a las contingencias de la enfermedad profesional que se le certificó.

 Exactamente un mes después, los representantes de los sindicatos CCOO, SIP-AN, SIAM, UGT y UPLB se reunían de nuevo para abordar el “incumplimiento” por parte del Ayuntamiento del Protocolo de Acoso Laboral y todos votaron a favor que la Junta de Personal exigiese al Consistorio la activación de esta herramienta para proteger al oficial presuntamente afectado.
 La tardanza en aplicar este protocolo hizo que el portavoz de Unidas Podemos, Antonio Fortes, compareciese ante los medios para denunciar lo que supuestamente estaba ocurriendo en la Policía Local. En declaraciones a El Confidencial, confirmó que se ha registrado un segundo caso de presunto acoso que pretende que aborde próximamente la comisión y que relaciona con “turnos y cambios de destino” injustificados que “crean conflictos personales”, “alteran las dinámicas de trabajo” y “derivan en la apertura de expedientes que no se les abren a otros agentes por hechos similares”. Fortes lamentó la supuesta dejación de funciones del equipo de Gobierno local ante estas denuncias y criticó que no se cerciorase de que los mandos policiales aplicaran las recomendaciones de los servicios sanitarios para la reincorporación del oficial. Esto supuso que tuviese que darse de baja nuevamente “porque la empresa contravino las pautas indicadas por el médico”. El conflicto acabó en los tribunales, donde el agente ganó al Consistorio, “con el correspondiente dolo económico”. El Consistorio sabe de dos supuestos casos de acoso, aunque uno está sin formalizar Fuentes del Ayuntamiento de Mijas explicaron a este periódico que, “en estos momentos”, no existen dos procesos de acoso abiertos como apuntó el citado dirigente político. “A día de hoy”, el departamento de Recursos Humanos, a través de Prevención de Riesgos Laborales, tiene iniciado el protocolo de acoso en relación con una sola denuncia, la correspondiente al oficial. “El segundo posible caso es una solicitud sin formalizar de una persona que se encuentra de baja en la actualidad”, matizaron. El portavoz de la formación de izquierdas, no obstante, señaló que el nuevo episodio, que afecta a un “policía raso”, tendrá que ser abordado por la comisión que, según informó, nació viciada porque tenía entre sus miembros al técnico de Prevención de Riesgos Laborales afeado por la Junta de Personal. La presencia de esta persona ha sido recusada por el denunciante.

 “El Ayuntamiento quiere que los que lo representan en la comisión sean muy sumisos”, recalcó, para advertir que este organismo “no sanciona, sino que decide si posteriormente se abre una investigación”. Antonio Fortes incluye una variable política en todo este conflicto enquistado para hacer hincapié en que “el problema es que el alcalde depende de Ciudadanos y es conocido que el intendente jefe ha tenido una participación muy activa en los procesos electorales de este partido”. “Es uno de los pesos pesados”, por lo que “tiene miedo a tomar medidas, ya que puede romperse la coalición de Gobierno”. “Como lo toque, no llega al final del mandato”, sentenció. Con esta actitud, “en cierto modo, está amparándolo”, señaló el portavoz de la formación de izquierdas, que recordó que el máximo responsable de la Policía Local “obtuvo su plaza con el PP” en un proceso sobre el que recelaron algunos aspirantes.

Una horca y una foto viral

Y, en medio de este ambiente enrarecido, salta la polémica porque alguien, no se sabe con qué intención, colocó una horca en la sala de oficiales de la jefatura de la Policía Local. La imagen circuló rápidamente por las redes sociales y CCOO criticó que ese gesto, que “puede conllevar una serie de amenazas”, porque se ha producido cuando “se está llevando a cabo un proceso de investigación de un supuesto acoso laboral” dentro del cuerpo. Los sindicatos mantienen posturas contrarias tras la aparición de una horca en la jefatura Las fuentes municipales consultadas desligaron este episodio de las situaciones denunciadas por los agentes y recalcaron que “nada tiene que ver” con las pesquisas iniciadas por la comisión. Como respuesta a este escrito —registrado el pasado 20 de enero—, el Consistorio esgrime otro presentado 11 días después por la UPLB que “desmiente” a CCOO. Sus representantes, afirmaron, “se han desvinculado públicamente de todo lo vertido por dicho sindicato en un comunicado”. “La foto tan desagradablemente tomada se sale de contexto de la realidad policial existente, sacándose conclusiones sin pruebas, las cuales manchan el nombre de la Policía Local de Mijas en su extensión” y “perjudicando así su imagen frente a la ciudadanía”, señaló la UPLB, que agregó que “no se respira un clima presuntamente amenazador y acosador”.

 El Ayuntamiento mijeño agregó a estas palabras que “en ningún momento la cuerda estaba en la posición que se presenta en la imagen objeto de la denuncia”, que “se trata de un material incautado por un oficial que se encontraba en su taquilla” y que “suele usarse por la plantilla para diversas tareas de rescate animal”. A pesar de esta versión, otras fuentes consideraron “desafortunado” el gesto —en el caso de que fuese consciente y amenazante— porque recordaron que en esas instalaciones se quitó la vida un detenido, lo que derivó en una investigación interna y un proceso judicial que salpicó a varios agentes. El Consistorio quiso mostrar su “total y absoluto” rechazo a cualquier tipo de acoso laboral y afirmó que seguirán velando por la seguridad de su plantilla municipal.

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Re: El acoso en los cuerpos policiales
« Respuesta #864 en: 05 de Febrero de 2022, 14:19:41 pm »
Que buen rollo se tiene que respirar en la plantilla. . .

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Re: El acoso en los cuerpos policiales
« Respuesta #865 en: 28 de Febrero de 2022, 08:02:25 am »

Condenado un Guardia Civil por acosar a una compañera con la que había mantenido una relación


Según el Supremo, el teniente envió durante años mensajes de acoso a la agente y, además, se presentaba en su despacho de forma habitual
FECHA
28/02/22access_time 1:02

Blanca Valdés Mañas

El Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia del Tribunal Militar Territorial Cuarto y ha condenado a un Guardia Civil acusado de acoso profesional, coacción y abuso de autoridad contra una compañera con la que había mantenido una relación. El detenido, que tenía un cargo de teniente, ha sido condenado a un año de prisión y a indemnizar a la víctima con 6.000 euros, la cual tuvo que darse de baja por depresión y ansiedad.

Ambos guardias civiles estaban destinados en la Intervención de Armas y Explosivos de la Comandancia de Álava y, durante 2015, mantuvieron una relación sentimental de tres meses. Pero la agente decidió dar por finalizado el noviazgo y, según la sentencia del Tribunal Militar Territorial Cuarto dictada el 23 de junio de 2021, el teniente merodeaba por las zonas en las que ella transitaba habitualmente. Dado que él no paraba de enviarle correos e insistía en quedar con ella, ésta tuvo que advertirle que, si su comportamiento no cesaba, tendría que denunciar los hechos.

El teniente tenía un cargo superior al de su compañera

El teniente fue destinado a Madrid durante un año y medio y, en ese periodo de tiempo, se publicó la vacante de la Intervención de Armas de la Comandancia de Álava. A instancias del Jefe de Intervención, la guardia civil envió un mensaje a su compañero para que solicitase la plaza, por lo que éste se pensó que quería retomar la relación con él. A partir de ese momento tenía un cargo superior al de su compañera.

Durante un tiempo tuvieron encuentros esporádicos, pero ella siempre le dejó claro que no quería mantener una relación. El teniente comenzó a enviarle SMS y WhatsApp de forma insistente, y, además, mostraba una actitud de control sobre su vida profesional. “Ya tienes campo libre”, “igual quiere algo contigo” o “que suerte tienes que vienen a verte”, son algunas de las expresiones que el teniente le decía cuando hablaba con otra persona.

Debido a que los mensajes eran constantes, la agente le bloqueó, pero él conseguía localizarla utilizando otras líneas telefónicas. Además, el teniente controlaba si la agente estaba en línea en WhatsApp y si estaba hablando con otra persona.

El Guardia Civil acudía al despacho de la mujer de forma frecuente

Con la excusa de querer tratar temas profesionales, el teniente “llamaba constantemente” a su despacho, pero las conversaciones se derivaban a temas personales. Esto ponía muy nerviosa a la agente porque, además, siempre se acercaba demasiado.

Ante esta situación, la guardia decidió tomar medidas y acudió al capitán y Jefe de la Intervención de Armas y Explosivos para que le cambiase de área, pero no pudo concedérselo porque el puesto que ella desempeñaba era difícil y, por tanto, no había muchas personas capacitadas para ejercerlo, pero le comunicó que iba a impedir que saliesen juntos de inspección. Al día siguiente, el jefe le transmitió la orden al teniente y añadió que no se pusiera en contacto telefónico con ella ni se metiese en su despacho.

A pesar de la orden dada, el teniente insistía en realizar las salidas con su expareja y, al no haber logrado ir con ella, le mandaba mensajes de forma insistente, lo que provocó un estado de ansiedad y nerviosismo que causó que esa tarde tuviese que ir a Urgencias. Al día siguiente, el teniente se personó en el puesto de la guardia y le preguntó que qué le pasaba e insistió en acudir con ella a hacer el servicio. Ella le respondió que no quería tener relación con él, que le generaba ansiedad.

“Mala persona” o “eres lo peor” son algunos de los mensajes que le mandaba
Esa misma tarde, el teniente le envió mensajes a la agente explicando que el capitán estaba harto de ella y que se cambiase de destino porque si no iba a acabar mal. Ante esta situación, ella decidió reenviarle el mensaje a su superior y éste le explicó a la agente que esas palabras hacia ella eran falsas. Esta situación molestó mucho al capitán, el cual reprendió al teniente. Al poco tiempo la víctima comenzó a recibir mensajes en los que decía: “mala persona”, “eres lo peor”, “esto no te lo voy a perdonar nunca”.

A los días volvieron a salir de servicio juntos porque el teniente le explicó que el capitán había dicho que tenían que trabajar juntos ese día, a pesar de que era mentira, y, en una discusión, éste se enfadó y golpeó el salpicadero del coche e incluso, en otra inspección, le arrancó los papeles de forma violenta.

La víctima tuvo que cogerse la baja

Tras varios acontecimientos similares durante meses, en noviembre, la agente tuvo que cogerse la baja por dolores de cabeza, estómago y tensión alta. El el mes de diciembre el psicólogo del cuerpo emitió un informe sobre su estado de salud en el que relataba que presentaba un trastorno adaptativo con ansiedad y con alteraciones de carácter somático. A pesar de ello, el teniente seguía llamando a la agente y, cuando regresó, la situación continuó e incluso delante de sus compañeros.

En junio de 2018 la guardia se sometió a otro reconocimiento, y el informe emitió que padecía un trastorno adaptativo mixto ansioso depresivo en evolución y, en agosto de 2019, padecía un trastorno ansioso depresivo cronificado.

Por estos motivos, el tribunal decidió condenarle a un año de prisión e inhabilitación y a indemnizar a la víctima con 6.000 euros. Pero al no estar conforme con la sentencia dictada por el Tribunal Militar Territorial Cuatro, la defensa del teniente presentó un recurso de casación al Supremo, pero este no le dio la razón al considerar que había numerosas pruebas reales, informes médicos, los compañeros consideraron que el ambiente era malo y que el teniente incumplió las ordenes del capitán. Asimismo, el alto tribunal ha señalado que el relato de la agente es “lógico y coherente” y que su declaración fue concreta y sin contradicciones.

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Re: El acoso en los cuerpos policiales
« Respuesta #866 en: 07 de Marzo de 2022, 15:36:54 pm »

El acosador sexual y laboral que sigue siendo jefe de policía



Víctor Manuel González ha sido condenado por acosar a dos subordinadas en la Policía Local de Candeleda en 2008 y 2012. Los hechos eran conocidos por todos en ese pueblo abulense en el que nadie hizo nada y el agente ha mantenido su cargo
Edificio de la Policía Local de Candeleda, en Ávila.
Edificio de la Policía Local de Candeleda, en Ávila.
Isabel Valdés
ISABEL VALDÉS
Madrid - 05 MAR 2022 - 05:30 CET
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“Me gustan tus tetas, son pequeñitas, como a mí me gustan”, fue una de las frases con las que Víctor Manuel González empezó a acosar a Josefa. Fue en 2008, en Candeleda (Ávila), cuando ella se incorporó a trabajar como vigilante municipal, al servicio de la Policía Local. González, agente, era su compañero. Ella acabó pidiendo al entonces jefe que moviese los turnos para no coincidir. Lo hizo, pero en diciembre de 2011 González fue ascendido y pasó a ser su superior. La situación empeoró, y ante el rechazo de Josefa, el ya jefe mudó de tono: “No vales para nada”, “eres una niñata”, “me tienes hasta los cojones”. En verano de 2012, le tocó a Isabel. Llegó como agente en prácticas y la situaci...


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Re: El acoso en los cuerpos policiales
« Respuesta #867 en: 08 de Marzo de 2022, 15:33:48 pm »


Irene Montero y el Gobierno vasco «ignoran» a dos ertzainas acosadas por un superior


Las agentes llevarán su caso a los tribunales después de haber pedido a distintas instituciones que mediasen en el caso ante la inacción de la Ertzaintza

Enrique Recio
@RecioEN
er@theobjective.com
Publicado: 08/03/2022  •  04:45
Actualizado: 08/03/2022  •  12:02


Dos agentes de la Ertzaintza llevarán a los tribunales vascos la situación de acoso continuado que sufren en la Comisaría de Hernani (Guipúzcoa) por parte de un superior desde hace varios meses. Las dos ertzainas, actualmente de baja psicológica, darán este paso después de haber pedido amparo tanto al Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco como al Ministerio de Igualdad para que «intercediese y tomase las medidas oportunas» ante la inacción del Cuerpo autonómico, y haber sido «ignoradas» por dichas instituciones, según explican a THE OBJECTIVE fuentes del Sindicato Profesional de la Ertzaina (Si.P.E), quien viene denunciando desde hace tiempo el caso de estas funcionarias.

En diciembre, esta organización policial denunció ante el Comité de Mediación de Acoso Laboral y la Unidad de Asuntos Internos de la Ertzaintza un presunto delito de acoso laboral contra las dos mujeres del Cuerpo autonómico. Una situación que sufren, sostienen las mismas fuentes, a raíz de que una de ellas decidiese poner fin a la relación sentimental que mantenía con el supuesto acosador, actual jefe de patrullas del Grupo 2 de la Comisaría de Hernani, donde las dos agentes trabajan.

El comportamiento del funcionario en cuestión, además, estuvo «amparado» por otros superiores del complejo policial, que «no llevaron a cabo ninguna actuación al respecto» e incluso llegaron a amenazar a las presuntas víctimas con la apertura de un expediente disciplinario «si persistían en su denuncia de acoso laboral y no aceptaban voluntariamente cambiarse de grupo de trabajo», indican las fuentes consultadas por este periódico. Una circunstancia que obligó a las dos agentes a acceder a dicha petición, con el consiguiente perjuicio en su trabajo y la «merma en su conciliación de la vida laboral y familiar».

Razones por las que el Sindicato Profesional de la Ertzaintza también pidió a Asuntos Internos que investigase tanto al presunto acosador como a los dos jefes de éste por su «dejación de funciones» en el caso de las dos funcionarias. Unas pesquisas en curso, según sostienen las mismas fuentes, pero que cuatro meses después no han revelado ningún avance. «Ni siquiera han tomado declaración a los más de diez testigos que han presentado las supuestas víctimas», critican.


Ayuda al Gobierno

Fue precisamente esa «inacción interna» la que llevó a esta organización a solicitar ayuda directamente a la Consejería de Seguridad del Gobierno Vasco, dirigida por Josu Iñaki Erkoreka, para que «depurase las responsabilidades». Y después, a mediados de enero, al Ararteko, el defensor del pueblo del País Vasco; a la Emakunde, el Instituto Vasco de la Mujer, y finalmente al Ministerio de Igualdad para que «tomase las medidas oportunas ante el trato injusto que estaban recibiendo las dos mujeres por parte de la Ertzaintza».

Dos meses más tarde, explica Juan Carlos Sáenz, secretario de organización del Sindicato Profesional de la Ertzaintza, «no han recibido respuesta de ninguna institución». «Desde el Ministerio no se han molestado ni siquiera en decir que están analizando el caso, ni nos han requerido ningún otro dato más. Nos han ignorado. Está claro que para las policías no existe el Ministerio de Igualdad», añade este agente.

Pese a todo, desde esta organización policial no se dan por vencidos, aún menos teniendo en cuenta que, si bien la situación de estas dos agentes reviste una especial gravedad, no es el único caso de quejas laboraLes dentro del Grupo 2 de la Comisaría de Hernani. Hasta ahora, diez agentes pertenecientes a esta unidad han solicitado el traslado a otros grupos de trabajo para «no coincidir con el supuesto acosador». «No detendremos nuestras acciones hasta que no se tomen todas las medidas necesarias y se aclaren los hechos producidos», sentencian.

Esta organización, por otro lado, también solicitó amparo al departamento dirigido por Irene Montero por la situación que está viviendo otra agente de la Ertzaintza en Vitoria. Una funcionaria que padece cáncer de mamá —y de baja por este motivo—, ha visto denegada reiteradamente por parte del Gobierno vasco su solicitud de finalización de la reducción de jornada hasta que no se incorpore a su puesto de trabajo. En otras palabras, le obligan a incorporarse a su puesto de trabajo para que, de esta manera, pueda volver a una jornada ordinaria. Desde el Ministerio de Igualdad, por ahora, tampoco ha habido respuesta.

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Re: El acoso en los cuerpos policiales
« Respuesta #868 en: 08 de Marzo de 2022, 15:36:53 pm »

Dos mujeres ertzainas denuncian acoso laboral por un mando en la comisaría de Hernani


El sindicato SiPE asegura que todo empezó cuando una de ellas decidió poner fin a la relación sentimental que mantenía con este compañero
La comisaría de la Ertzaintza en Hernani./dv
La comisaría de la Ertzaintza en Hernani. / DV

EL DIARIO VASCO
Jueves, 2 diciembre 2021, 17:57
El Sindicato Profesional de la Ertzaintza (SiPE) ha denunciado este jueves un presunto acoso laboral a dos mujeres agentes de la comisaría de Hernan por parte de un mando. Las denunciantes aseguran que todo empezó cuando una de ellas decidió poner fin a la relación sentimental que mantenía con este compañero, actual jefe de patrullas del Grupo 2 de la ertzain etxea.


El SiPE ha criticado, además, a través de un comunicado ,la «dejadez» de sus superiores por no haber actuado en este caso, que «hace más de un mes» pusieron en conocimiento del Comité de Mediación de Acoso Laboral y a la unidad de Asuntos Internos. Remarca que «ni siquiera se ha llegado a tomar declaración a los más de diez testigos presentados por las víctimas».


El sindicato mantiene que estas ertzainas «se han visto doblemente victimizadas», por una parte «por la dejadez de funciones» del jefe del Servicio, «que no ha procedido a llevar a cabo ninguna actuación al respecto» y, por otra, «por las presuntas amenazas recibidas por parte del jefe de la unidad tras la interposición de la denuncia, cuando las amenazó con la apertura de un expediente disciplinario si estas persistían en su denuncia de acoso laboral».

Señala que, ante esta situación, las agentes se han visto obligadas a pedir un cambio de grupo «a pesar de verse así perjudicadas en su trabajo y viendo mermada su conciliación de la vida familiar y laboral».

Para el Sindicato Profesional de la Ertzaintza, insiste en que es «totalmente incomprensible que, un mes después de haber presentado la denuncia al comité de mediación de acoso laboral y a la unidad de asuntos internos no se haya realizado ningún tipo de actuación al respecto para proteger a las víctimas, aclarar lo sucedido y depurar responsabilidades».


Por todo ello, el SiPE ha decidido informar sobre este caso al consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, para que «pueda interceder, tomar las medidas oportunas ante la gravedad de los hechos denunciados en la Comisaría de Hernani y depurar las responsabilidades».

La organización sindical asegura en su comunicado que «no va a detener sus acciones hasta que no se depuren todas las responsabilidades y se aclaren los hechos producidos», por lo que no descarta tomar medidas judiciales en defensa de sus representadas. Subraya también que, si bien este caso «reviste una especial gravedad», no es el único de «quejas laborales» dentro del mismo grupo de esta comisaría. «Hasta el momento, diez agentes pertenecientes a este grupo han solicitado el traslado a otros grupos para no coincidir en sus jornadas laborales con el presunto acosador», resalta el sindicato SiPE.

Este asunto ya se dio.a conocerte diciembre y desde entonces nada se ha dicho sobre las actuaciones administrativas o.judiciales que las interesadas hayan iniciado...porque es ahí donde se han de dirimir para que un juez sentencie.

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Re: El acoso en los cuerpos policiales
« Respuesta #869 en: 20 de Marzo de 2022, 08:00:26 am »

El Banco de España, la Policía Nacional y otras entidades públicas incumplen la obligación de tener plan de igualdad


El mandato de implementar esta medida contra la discriminación en las administraciones públicas data de 2007, con la Ley de Igualdad, pero una gran parte sigue sin cumplirla quince años después

Laura Olías

18 de marzo de 2022 23:11h

Actualizado el 19/03/2022 05:30h

No aplicar en casa lo que se exige de puertas para fuera. Es lo que hacen muchas Administraciones Públicas, que no cumplen con la obligación de tener planes de igualdad para sus propios empleados y empleadas, mientras que esta exigencia se ha ido extendiendo en el sector privado y se requiere para contrataciones con el sector público. Incumplen desde la Policía Nacional, organismos como el Banco de España, empresas públicas como el Canal de Isabel II, la Administración de Justicia, más de la mitad de las Comunidades Autónomas y la inmensa mayoría de Ayuntamientos. “Esto demuestra la falta de interés de estas Administraciones, en las que siempre hay algo más urgente que la igualdad”, lamenta Carmen López, responsable de Igualdad de FSC-CCOO.

La Policía Nacional sigue sin tener un protocolo contra el acoso sexual 12 años después de la Ley de Igualdad

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Este 7 de marzo los planes de igualdad volvieron a ser protagonistas. Se acababa el plazo de tres años que el Gobierno dio en 2019 para que las empresas a partir de 50 trabajadores elaboraran sus planes de igualdad y se sumaran a las compañías de más de 250 empleados que ya estaban obligadas a ello. No cumplir con este mandato supone una infracción grave de las relaciones laborales, que puede acarrear multas de 7.500 euros.

Los planes de igualdad son una herramienta negociada entre empresas y plantillas para alcanzar “la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres” en los centros de trabajo y para “eliminar la discriminación por razón de sexo”, como explica la Ley de Igualdad. Deben incluir un diagnóstico, que analiza de forma objetiva la situación de la empresa en este tema (salarios, acceso de mujeres y hombres, promoción profesional, techo de cristal, etc.). Sobre esa imagen de partida, se deben diseñar medidas para eliminar las desigualdades detectadas o sobre los retos hallados para alcanzar la igualdad.

Pero no solo las empresas están obligadas a tener planes de igualdad. También las Administraciones Públicas, desde mucho antes: la Ley de Igualdad de 2007. Desde entonces es un mandato para ellas, recuerda Carmen López, han pasado quince años y todavía hay muchas que no lo cumplen.

Más de 68.000 policías sin cobertura de un plan

A nivel estatal, por ejemplo, la Policía Nacional, con más de 68.000 agentes y dependiente del Ministerio del Interior, no tiene plan de igualdad. Tampoco protocolo contra el acoso sexual, otra exigencia para las administraciones públicas. Fuentes de la Policía confirman a elDiario.es la carencia de un plan de igualdad aunque apuntan que está “en avanzado estado de elaboración”.

Fuentes policiales recuerdan también que el organismo cuenta con una Oficina Nacional para la Igualdad de Género desde 2018. Con más de un año de funcionamiento, la oficina promocionó como principal logro un folleto. En estos momentos, desde la Policía destacan que se ha elevado la presencia femenina en el cuerpo, “de un 14,3% en 2018 a un 16,25% ahora”, y también se ha eliminado el mínimo de estatura como criterio de acceso para hombres y mujeres, que condicionaba sobre todo la incorporación de mujeres.

Tampoco tiene plan de igualdad la Administración de Justicia, que afecta a unos 50.000 empleados. Sí cuentan con la medida los jueces y juezas, mediante el Plan del Consejo General del Poder Judicial, pero no estos otros trabajadores y trabajadoras dependientes del Ministerio de Justicia. “El Ministerio no tiene plan y de las Comunidades que han asumido la transferencia, solo lo tiene la Comunidad Valenciana”, que tiene una plantilla de unas 5.000 personas, apunta Jacinta Navas, responsable de Mujer en CCOO en la Administración de Justicia. “Ahora mismo Euskadi y Andalucía están en negociación y Madrid quiere incluirlo en un Plan para todo el personal autonómico”, añade Navas.

El Banco de España, cuatro años para cerrar un plan

Otro organismo público de referencia en la lista de incumplidores a nivel estatal es el Banco de España. El banco central nacional y supervisor del sistema bancario español junto al Banco Central Europeo (BCE), con unos 3.000 empleados y empleadas, no tiene plan de igualdad. “Estamos en la fase final del desarrollo del plan de igualdad, junto a los representantes sindicales. Esperamos darle impulso definitivo en próximas semanas”, responden a este medio en el organismo público. Ya en 2018, cuando el Tribunal de Cuentas tiró de las orejas al regulador por este motivo, el Banco de España respondió a este medio que estaba negociando la medida. Han pasado cuatro años.

Desde UGT explican que en 2018 hubo un plan de igualdad prácticamente terminado, pero en el último momento no hubo un acuerdo. Finalmente, ahora están en los trabajos finales para firmar el que será el primer plan de igualdad, esperan en el sindicato. Fuentes del Banco de España ponen en valor que “el 51% de los trabajadores” del organismo son mujeres y que “el 60%” del Consejo de Gobierno lo componen mujeres: “Tenemos más consejeras que consejeros”.

“En muchas ocasiones cometemos el error de que cuando hablamos de planes de igualdad y del registro retributivo para hacer acción sindical en las empresas, parece que eso no va con los servicios públicos. Y sí que va”, destacaba la semana pasada Cristina Antoñanzas, responsable de Igualdad en UGT en un acto con la federación de servicios públicos. Los planes de igualdad pueden aflorar desigualdades ocultas en los centros de trabajo, como dificultades de promoción de las mujeres, carencias de formación o brecha salarial, por lo que negar su existencia perjudica a las mujeres de estos organismos.

“Hay una falta de interés, siempre hay un motivo para no abordar la igualdad, pero también es una cuestión de recursos, porque hay que poner dinero para eliminar muchas desigualdades”, considera Carmen López.

La mayoría de las Comunidades Autónomas incumplen

En niveles inferiores al Estado, los incumplimientos están todavía más extendidos. La Administración General del Estado (AGE) y sus organismos asociaciones sellaron el tercer plan de igualdad en 2020, durante la pandemia. Aun con retraso, el Estado se puso al día de esta obligación. Sin embargo, de las 17 Comunidades Autónomas, “solo ocho tienen planes de igualdad para su personal: Aragón, Catalunya, Comunitat Valenciana, Murcia, Baleares, Euskadi, Castilla y León y Castilla-La Mancha”, recuerda López. Los 'planes estratégicos' que intentan vender muchos territorios como tal “no lo son”, advierte la sindicalista, ya que no cumplen con las exigencias laborales requeridas.

“Otras seis Comunidades están negociando los planes, están en proceso”, continúa la responsable sindical de CCOO. Carmen López insiste en que, aunque los planes han sufrido un impulso con la legislación de 2019 para ampliarlos, las Comunidades tenían la obligación de implementar esta herramienta en favor de la igualdad de sus empleados y empleadas públicas desde 2007. Reitera: hace quince años.

En la empresa pública madrileña del Canal de Isabel II, con más de 3.000 trabajadores, tampoco están al día con esta obligación. Tuvieron un plan de igualdad con su primer convenio colectivo, pero este caducó y por el momento la empresa pública no ha elaborado uno nuevo cumpliendo con la regulación actualizada. Desde CCOO en Canal de Isabel II denuncian “mala fe” de la compañía en la negociación con los representantes de la plantilla. Por ejemplo, con “la presentación de un plan de igualdad no negociado a espaldas de la comisión de igualdad” cuando las conversaciones aún están abiertas. En el organismo no responden sobre esto último y se limitan a apuntar que “se está negociando ahora” con los trabajadores.

Desde la regulación de 2019, con dos reglamentos que han concretado cómo deben ser los planes y añadido nuevas obligaciones como las auditorías retributivas, los sindicatos están intentando que “la Administración dé ejemplo”, sostenía Cristina Antoñanzas, “aunque muchas veces no lo hacer”. Pese a que los reglamentos sobre registros y auditorías retributivas no son obligatorios aún para las administraciones, Antoñanzas consideraba inaudito que las instituciones públicas nieguen datos desglosados por sexos de lo que cobra el personal, como le indican desde la representación de UGT. “Eso no puede ser”, criticaba.

En el último escalón de la Administración Pública, los ayuntamientos, la falta de planes de igualdad está generalizada. “Los Ayuntamientos, alrededor de 8.000, hay una gran dificultad de conocer los datos. En el estudio que pedimos a Función Pública en 2018, que incluso incluía 'planes estratégicos', no se llegaba a un 2% de ayuntamnientos con planes de igualdad. La cifta no habrá subido mucho”, apunta Carmen López. Las responsables de igualdad de los sindicatos urgen a que las instituciones públicas “den ejemplo” y garanticen los derechos laborales de su personal. Antoñanzas recordaba que a menudo se cree que el personal público es “privilegiado, pero no es cierto” con muchas trabajadoras en situaciones muy precarias, como demostró la pandemia con las empleadas de cuidado a domicilio y de residencias, por ejemplo.

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Re: El acoso en los cuerpos policiales
« Respuesta #870 en: 04 de Abril de 2022, 14:21:27 pm »

La Policía Nacional de Zaragoza investigará los ordenadores de la Guardia Civil de Huesca



La Audiencia Provincial de Huesca confirma una orden del titular del Juzgado número 2 de Jaca que instruye una causa de posible acoso a un sargento por sus superiores.
NOTICIAACTUALIZADA 04/04/2022 A LAS 05:00MARTA GARÚ

Finalmente será la Brigada Científica de la Policía Nacional de Zaragoza quien analice los servidores y ordenadores de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca y del acuartelamiento de Jaca. El objetivo: buscar cualquier dispositivo donde puedan estar grabados los registros electrónicos sobre la tramitación de un incidente de recusación, que podría haber sido manipulado.


Así lo ha decidido la Audiencia Provincial de Huesca, avalando la orden que dio el titular del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 2 de Jaca, que investiga a dos mandos de la Benemérita a raíz de una querella por acoso laboral y lesiones psíquicas presentada por un sargento primero, de baja por depresión.


La complicada y larga instrucción judicial parte de una querella presentada en julio de 2019 por el sargento a raíz de un expediente disciplinario que le abrieron por una supuesta falta leve que él siempre negó haber cometido. En la creencia de que el expediente obedecía a una animadversión del capitán (ahora ascendido), el sargento recusó a su superior.

Sin embargo, parece que la recusación nunca llegó a tramitarse y el propio recusado decidió que el expediente siguiera adelante con otro instructor. Por esta razón, el juez investiga «si se pudo cometer un delito de prevaricación» en la tramitación «valiéndose de la modificación de documentos electrónicos para encubrir la no tramitación del indicado incidente».

Durante este tiempo, el juez ha tratado de determinar si los documentos son o no auténticos, si fueron modificados, si se registraron en el sistema y si, en definitiva, se dio curso ordinario al incidente. Entiende que es un hecho importante, pues revelaría que existió una «campaña de acoso» hacia el querellante que le provocó las lesiones denunciadas.

Por todo ello, solicitó a la Guardia Civil un informe, pero lo que le facilitaron los técnicos de la Comandancia oscense tenía "irregularidades", no iba firmado ni identificaba a los autores. Optó por pedirlo a la Dirección General de la Guardia CiviL (DGGC), pero de nuevo le respondieron desde la Comandancia, donde ejerce mando uno de los investigados. El juez decidió entonces que lo más imparcial es que fuera el Cuerpo Nacional de Policía el que haga la prueba pericial. Su decisión fue recurrida por la Abogacía del Estado y por los investigados, y respaldada por la Fiscalía y, obviamente, por el querellante.

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Re: El acoso en los cuerpos policiales
« Respuesta #871 en: 06 de Abril de 2022, 08:37:43 am »

Condenado a 27 meses de cárcel por acosar al abogado que le ganó en un pleito sobre acoso a una agente de la Guardia Civil


La magistrada considera probado que Sergio Duque tiene "aversión" por el letrado Marco Antonio Navarro Laguna (en la imagen), a quien conoce por ser abogado que ejerce acusación particular de Guardia Civil y Policía Nacional "en diversos procedimientos en los que ha sido acusado y condenado", y al que considera "culpable de las condenas que ha podido tener, de arruinar el patrimonio de su pareja y de perder el trabajo".
Condenado a 27 meses de cárcel por acosar al abogado que le ganó en un pleito sobre acoso a una agente de la Guardia Civil
Marco Antonio Navarro es el abogado víctima de este caso
Portada / Tribunales
Rosalina Moreno
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04/4/2022 12:13
|
Actualizado: 04/4/2022 12:22
El Juzgado de lo Penal número 3 de Zaragoza ha condenado a 27 meses de cárcel a un hombre por acosar al abogado que le ganó en un caso por acoso a una agente de la guardia civil y por un delito contra la Administración de Justicia, con la agravante de reincidencia en relación al primer delito.

Se trata de Sergio Duque Zalamea, quien fue sentenciado en diciembre de 2019 por el Juzgado de lo Penal número 6 de Zaragoza, resolución confirmada por la Audiencia Provincial en junio de 2020, por dos delitos de acoso contra la agente anteriormente mencionada, con pena cumplida el 15 de enero de 2021. Por el mismo delito también fue condenado en noviembre de 2019 por ese juzgado, firme en enero de 2021, con pena pendiente de cumplimiento.

La magistrada María José Gil Lázaro considera probado que Sergio Duque «tiene aversión por el letrado Marco Antonio Navarro Laguna, a quien conoce por ser abogado que ejerce acusación particular de Guardia Civil y Policía Nacional en diversos procedimientos en los que ha sido acusado y condenado, y al que considera «culpable de las condenas que ha podido tener, culpable de arruinar el patrimonio de su pareja y culpable de perder el trabajo».

Navarro es letrado la asociación de la Guardia Civil Jucil y del sindicato de la Policía Nacional Jupol.


«La cantidad y entidad de los mensajes ha afectado a la vida personal y profesional de Marco Antonio Navarro y le ha causado situación de nerviosismo, preocupación y miedo», según los hechos probados

A raíz de la sentencia de la agente, en la que se le impusieron multas que sumaban 1.560 euros y medidas de alejamiento contra la víctima, el condenado se obsesionó conmigo, hasta el punto de tener que pedir una orden de alejamiento. Ante el quebrantamiento de esta medida, fue detenido y presuntamente cargó contra los agentes que lo iban a arrestar, lo que llevó a una juez a decretar su ingreso en prisión provisional durante 36 días. A pesar de ello, cuando salió volvió a quebrantar la orden de alejamiento y lo denuncié de nuevo», explica a Confilegal el abogado víctima.

«Es un tema muy delicado y me produce mucho desasosiego tanto en mi vida profesional como personal, porque es una amenaza real y concreta hacia mi persona», señala.

LOS HECHOS PROBADOS
Según expone la magistrada en la sentencia número 89/2022, de 31 de marzo, el periódico ‘Heraldo de Aragón’ publicó en diciembre de 2019 la condena del acusado como autor de un delito de acoso a una guardia civil. «Durante la tramitación de uno de estos procedimientos penales, el acusado llamó insistentemente al despacho profesional de Marco Antonio Navarro, si bien éste, inicialmente, no hizo mucho caso a estas llamadas», explica.

Entonces, el abogado lo bloqueó en WhatsApp, «de forma que el acusado siguió poniéndose en contacto con el primero, a través de SMS». El 23 de julio de 2020, Duque, a través del teléfono móvil de su pareja, mandó múltiples mensajes de WhatsApp a Marco Antonio Navarro diciéndole “500 eu vales tu”, “Ala nos vemos todos juntos en nada”, “vete al penal 3 corre y a Estrasburgo” “tu carrera te pido?”, “por lo del heraldo cuanto te pido a ti?”, “tu carrera te pido?”, según los hechos probados.


La magistrada añade que el 19 de octubre el condenado, por el mismo cauce, le dijo “te encanta el Heraldo…creo que es mejor el independentismo catalán y Jordi evole y gracias por otra publicación falsa creo que te voy a embargar las cuentas y tu acta adiós te vas de taxi creo o pediremos prisión para ti también ala me debes a mi y a mingo unos 100.000 eu”, “me debes mucha pasta tú y la Marta Garú…Adiós pediremos lo mismo y descuentas 500eu de los 100.000 que te acabamos de meter si no los tienes procederemos al embargo”, “y tu periodista también cae por mentir los dos tu y ella nos veremos haber esa publicación y sus daños morales”.


Un individuo le pega una paliza al abogado que hizo que entrara en la cárcel
También según los hechos probados, los mensajes se repitieron en días posteriores, entre los que figuran: “cuánto me vas a pagar por las publicaciones?”, «que te parece abogado corrupto que manda palizas”, “verás tú lo que te vamos a pedir”, “abogado presunto corrupto”, “la has cagado, yo si que voy a por ti Y Mingo. Vamos a por ti. Que lo sepas” “a ti te pediremos ingreso en prisión” “ingresas en prisión a tu madre”, ”ahora nos toca ir a por ti”.

También: “disfruta lo que te queda de abogado”, “asqueroso trepas, yo te voy a dar publicidad, pero en Catalunya” “que gustazo veros caer”, “ala espero que metas presa a tu madre” “nos vemos el día que te meta yo a ti en prisión o te quite el dinero”, “que titulares os pondrán?”, “adiós trepa, nos vemos el día que te meta yo a ti en prisión, o te quite el dinero, 299.000p”, “corrupto, las palizas que me dieron les dices que gracias”, “muy chulas las palizas que me dieron, fueron de tu parte?

La juez destaca que durante la celebración de un juicio en el que Marco Antonio Navarro intervino como letrado, Duque fue echado de la Sala al increparlo.

En diciembre de 2020, el Juzgado de Instrucción 7 de Zaragoza, impuso al acusado la prohibición de comunicación por cualquier medio y aproximación a Navarro. Posteriormente, el letrado interpuso dos denuncias contra él por delito de quebramiento de medida. Uno de los procedimientos ya tiene señalada fecha para el juicio.

«La cantidad y entidad de los mensajes ha afectado a la vida personal y profesional de Marco Antonio Navarro y le ha causado situación de nerviosismo, preocupación y miedo, pues se ha obsesionado con él, teniendo temor por esta persona, debiendo vigilar si se encuentra en las proximidades cuando sale o entra de su despacho profesional», expone la magistrada.


Prisión provisional y sin fianza para el detenido en Oviedo por agredir a un abogado
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Según destaca, el acusado mandó los mensajes relatados porque Navarro Laguna fue el abogado de la acusación en el procedimiento abreviado 73/19 del Juzgado de lo Penal 6 de Zaragoza y estaba molesto por su actuación profesional al formular acusación contra él.

Y apunta que a la fecha de los hechos, el acusado «se encontraba en pleno uso de sus facultades intelectivas y volitivas».

LLEVÓ A CABO ESTAS CONDUCTAS ‘COMO REPRESALIA’ A LA INTERVENCIÓN DEL LETRADO EN UN PROCEDIMIENTO CONTRA ÉL
La magistrada concluye que los hechos son constitutivos de un delito de coacciones del artículo 172 ter 1. 2 y 4 del Codigo Penal, según el cual “será castigado con la pena de prisión de tres meses a dos años o multa de seis a veinticuatro meses el que acose a una persona llevando a cabo de forma insistente y reiterada, y sin estar legítimamente autorizado, alguna de las conductas siguientes y, de este modo, altere gravemente el desarrollo de su vida cotidiana»; establezca o intente establecer contacto con ella a través de cualquier medio de comunicación, o por medio de terceras personas; y atente contra su libertad o contra su patrimonio, o contra la libertad o patrimonio de otra persona próxima a ella”.

En segundo lugar, señala que los hechos también son constitutivos de un delito contra la Administración de Justicia del artículo 464.1 y 2, que castiga “a quien realizare cualquier acto atentatorio contra la vida, integridad, libertad, libertad sexual o bienes, como represalia contra las personas citadas en el apartado anterior, por su actuación en procedimiento judicial, sin perjuicio de la pena correspondiente a la infracción de que tales hechos sean constitutivos”.


Entre un 29 y un 36 % de los abogados españoles han sufrido acoso laboral, según la IBA
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«La prueba ya valorada, acredita que el acusado llevó a cabo estas conductas precisamente como represalia a la intervención del letrado en un procedimiento penal seguido contra él, en el que también resultó condenado, haciéndolo responsable de esta manera, tanto de su condena, como de la noticia que publicó Heraldo de Aragón sobre este hecho», determina la magistrada.

Manifiesta que «los actos llevados a cabo por el acusado atentan directamente contra la libertad del letrado y son represalia o venganza de lo ocurrido en aquel procedimiento penal, que el acusado ha trasladado a su vida personal, haciendo responsable al testigo del resultado del expediente y amenazándolo y vejándolo con numerosos mensajes y WhatsApp, de los que resulta el carácter intencionado de forma clara, tanto a la vista del número de mensajes como del propio contenido» de los mismos «y de su interpretación literal, que además corroboró el acusado durante el acto del juicio al afirmar que se los mandó porque, según su opinión, el letrado arruinó la vida de su pareja y mandó a ocho policías a darle una paliza».

Por el delito de acoso ha sido condenado a 15 meses de prisión, que se le han impuesto en la mitad superior «al concurrir circunstancia agravante y dentro de dicha extensión, tener en cuenta la reiteración, número y contenido de los mensajes, que impide imponer la pena mínima», detalla la magistrada.

Por este delito se le impone la accesoria de prohibición de comunicación y aproximación al perjudicado durante tres años, «con el fin de proteger la integridad del letrado y evitar la comisión de nuevos delitos futuros, vistas las alegaciones del testigo, cuando afirmó que tiene miedo de esta persona».

Por el delito contra la Administración de Justicia ha sido condenado a un año de prisión y a una multa de 6 meses con cuota diaria de 6 euros, «proporcional a las circunstancias del caso». La cuota diaria se fija en 6 euros al no quedar acreditada la capacidad económica del condenado.

Esta sentencia no es firme y contra la misma cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Zaragoza.

«Estoy contento con esta sentencia que protege a uno de los operadores jurídicos de la Justicia, un caso que le puede pasar a cualquiera y que me ha tocado a mí padecer», concluye la víctima.