Autor Tema: El acoso en los cuerpos policiales  (Leído 149535 veces)

Desconectado 47ronin

  • Administrador
  • Tyranosaurius Rex
  • ****
  • Mensajes: 223231
Re: El acoso en los cuerpos policiales
« Respuesta #900 en: 13 de Abril de 2023, 08:21:09 am »

Los Mossos han abierto 13 expedientes internos por acoso sexual desde la primera denuncia a un médico de Interior


Historia de redaccion@20minutos.es (Carla Mercader) • Ayer a las 20:01

El caso de los presuntos abusos sexuales que presuntamente sufrieron cinco mosses por parte de un médico de la Conselleria de Interior no es el único relacionado con la violencia sexual que ha afectado a agentes de los Mossos d'Esquadra. Después de la primera de las cinco denuncias en febrero de 2020 y tras la aprobación en julio de ese año del protocolo contra el acoso a efectivos, se han abierto 13 expedientes. Así lo ha explicado este miércoles el director general de la policía catalana, Pere Ferrer, durante la comparecencia del conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, en el Parlament, por el caso del médico.

Ferrer ha señalado, asimismo, que en 2022 el protocolo se activó en seis ocasiones, tres veces por acoso sexual y tres por acoso por razón de sexo. Dos casos, ha dicho, se cerraron porque se resolvió que "no había ninguna evidencia" y los otros se suspendieron "a la espera de la finalización del procedimiento penal o disciplinario".

Por su parte, Elena ha admitido que Interior podía haber actuado "más rápido" en lo que hace referencia al médico de la Conselleria, pero ha dicho que han hecho "todo" lo que han podido "para estar junto a las víctimas y para que el agresor lo pague".

Elena ha recordado que la Generalitat ejerció de acusación particular en el único caso que por el momento ha sido judicializado, el que afecta a la primera de las cinco mosses que denunciaron. El Juzgado Penal 4 de Barcelona, en una sentencia que no es firme, condenó en diciembre del año pasado al médico a dos años de prisión e inhabilitación y le impuso libertad vigilada durante dos años y 5.000 euros de indemnización. El conseller ha recordado, además, que el Govern tiene previsto ejercer también de acusación particular en los últimos cuatro casos.

Ha detallado, asimismo, que tras esta primera denuncia en febrero de 2020, Interior abrió un expediente disciplinario al médico -Jorge P., de 60 años-, le prohibió hacer exploraciones a mujeres y le obligó a hacer las visitas a mosses siempre acompañado.

En febrero de 2022, ha indicado, otra agente presentó una denuncia por unos hechos similares por parte del mismo médico también en 2019, y en mayo le abrieron un segundo expediente disciplinario con suspensión de empleo y sueldo. "Es la medida más grave que se puede imponer en el ámbito de las medidas cautelares", ha dicho.

El 20 de mayo, ha continuado Elena, una tercera mujer explicó que también había sufrido presuntos abusos sexuales por parte del mismo hombre y los Mossos d'Esquadra lo detuvieron el mismo día, aunque, tras pasar a disposición judicial, quedó en libertad con cargos.

El 27 de mayo, una cuarta víctima denunció a través del buzón anónimo de la Conselleria creado a raíz de estos hechos. La quinta víctima denunció a través de un sindicato de los Mossos d'Esquadra, que detuvieron por segunda vez al médico el 9 de junio.

Elena ha explicado que a raíz del caso iniciaron la "revisión del protocolo de acoso de los Mossos". También ratificaron el "acuerdo de la mesa general de negociación de los empleados públicos" que aprueba "un nuevo protocolo contra el acoso". Está elaborado conjuntamente por la Secretaria de Administración y Función Pública de la Generalitat, la Conselleria de Igualdad y Feminismos y las organizaciones sindicales de la Generalitat. Además, ha dicho, en Interior están "adaptando el protocolo de la función pública a las necesidades" de sus "cuerpos operativos".

"Nunca nos quedaremos de brazos cruzados mientras se produzcan casos de estas características", ha asegurado Elena, que ha añadido que pese a que la Conselleria ha hecho lo que ha estado en su mano, "nunca es suficiente y estos casos tienen que hacer reflexionar y cambiar lo que sea necesario".

"Seguiremos trabajando siempre para estar al lado de la víctima, responder con la misma contundencia a los agresores y visibilizar una realidad que es asquerosa", ha asegurado el conseller.

Asimismo, Elena ha condenado y lamentado "profundamente estos casos de abuso totalmente intolerables".

Los partidos de la oposición han criticado el proceder de la Conselleria, que han calificado de "negligente", "lento" y poco "eficiente".

Desconectado 47ronin

  • Administrador
  • Tyranosaurius Rex
  • ****
  • Mensajes: 223231
Re: El acoso en los cuerpos policiales
« Respuesta #901 en: 05 de Mayo de 2023, 09:45:04 am »


El Supremo avala la sanción por falta muy grave a dos guardias civiles por acosar a una agente con comentarios sexuales


El Alto Tribunal confirma el cese cautelar de tres meses a los uniformados, destinados en el puesto de Oliva-Gandía, que consideraban que sus derechos fundamentales habían sido “lesionados”
— Sanción a dos guardias civiles por acosar a otra agente: “¿Sabes que tienes que permitir que el piloto te toque las tetas?”





Foco
IGUALDAD
Dos agentes de la Guardia Civil en una imagen de archivo.
Dos agentes de la Guardia Civil en una imagen de archivo.
Lucas Marco

4 de mayo de 2023 21:52h

Actualizado el 05/05/2023 05:30h
7

SEGUIR AL AUTOR/A
Dos agentes de la Guardia Civil destinados en el puesto principal de Oliva-Gandia consideraban que sus derechos fundamentales habían sido “lesionados” tras habérseles impuesto una sanción de tres meses de cese en funciones, como autores de una falta muy grave, por acosar a una compañera del instituto armado durante una patrulla nocturna con recurrentes comentarios sexuales. Los agentes recurrieron la sentencia de la sección primera del Tribunal Militar Central argumentando que la medida cautelar había sido adoptada “fuera del plazo razonable”. Tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía Togada solicitaban la desestimación del recurso de casación de los dos agentes, en el que no entran a negar o matizar los comentarios improcedentes.


Suspendido durante seis meses un guardia civil por acosar a una compañera: "Todas las mujeres son unas putas"

MÁS
La sección primera de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo (TS) ha desestimado sendos recursos de los agentes del instituto armado. La noche del 2 al 3 de abril del 2022, los dos uniformados se dedicaron a proferir todo tipo de comentarios sexuales a una compañera con la que realizaban un servicio nocturno. La mujer entregó el 5 de abril un escrito a la cadena de mando en el que detallaba las expresiones machistas de índole sexual que le profirieron, asegurando que había pedido hasta en una veintena de ocasiones que pararan de acosarla.

La sentencia del Tribunal Militar Central considera probado que los uniformados sancionados le dijeron a su compañera: “También me he hecho manuelas imaginando que me corro en su cara, iba a quedar perdida. (...) Buah, parece muy seria y normalita pero luego seguro que es muy guarra y me pide más”, entre otras muchas expresiones que hacían referencia a su cuerpo. La mujer denunció que los comentarios eran “soeces” e “hirientes” y que sufrió una situación “muy desagradable”. “Les pedí que parara entorno a 20 veces”, sostiene la víctima.

Durante el turno, los comentarios improcedentes solo cesaron a consecuencia de un aviso de robo. En cuanto pudo, volvió al puesto principal para evitar que continuara la retahíla de comentarios sexuales, proferidos “con muy poco respeto”.

La letrada de los agentes alegaba que la sanción cautelar por falta muy grave, impuesta por la directora general de la Guardia Civil el 20 de abril del 2022, fue “adoptada fuera del plazo razonable para que pueda decirse que se ha cumplido con el requisito de la inmediatez”, que prevé el régimen disciplinario del instituto armado.

La sentencia del TS, por el contrario, argumenta que “la norma no determina plazo concreto alguno”. “Es más, la exigencia de la acción inmediata para mantener la disciplina o evitar perjuicio al servicio no aparece necesariamente enlazada con la fecha del parte ni con la fecha de los hechos, sino con la necesidad de mantener la disciplina o evitar un perjuicio al servicio”, agrega el fallo, que declara las costas de oficio al administrarse gratuitamente la justicia militar.

El alto tribunal recuerda la cronología de los hechos: el 6 de abril fueron notificados y elevados por conducto reglamentario a la Jefatura de la Zona de Valencia, que lo remitió a Madrid el 13 de abril, fecha en la que se emitió el informe del asesor jurídico. Finalmente, el 20 de abril se acordó la medida cautelar de cese de los dos agentes durante tres meses.

Teniendo en cuenta la secuencia temporal, “se estima que el tiempo transcurrido no fue excesivo sino el necesario para cumplir con los trámites precisos”, concluye la sentencia, que considera que la referencia del recurso de casación al régimen disciplinario de la Guardia Civil es “meramente retórica”. Así, “no puede decirse que se haya conculcado el requisito de inmediatez”, apostilla.

Un “sensible perjuicio” para la denunciante
El informe del asesor jurídico que propició la incoación del expediente disciplinario afirma que la actuación de los agentes sancionados causó una “grave perturbación” y un “notorio daño” al servicio nocturno de la patrulla, además de un “sensible perjuicio” para la mujer que denunció los hechos.

También recordaba que los guardias sancionados seguían prestando servicio en la misma unidad, “lo que podría incidir negativamente en la imagen del Cuerpo e incluso en la salud de la afectada, en el caso de que volvieran a reiterar o persistir en este tipo de comportamientos o si trascendiera públicamente [que] por parte de la institución no se ha adoptado medida cautelar alguna para apartarlos del servicio”. El asesor jurídico tildaba de “impropio” el comportamiento de los uniformados del Instituto Armado.

Desconectado 47ronin

  • Administrador
  • Tyranosaurius Rex
  • ****
  • Mensajes: 223231
Re: El acoso en los cuerpos policiales
« Respuesta #902 en: 14 de Mayo de 2023, 08:43:34 am »

Juicio militar al sargento de la Guardia Civil acusado de maltratar, violar repetidamente y obligar a abortar a una subordinada


CINCO AÑOS DE CALVARIO

El acusado, para el que el fiscal pide 15 años de cárcel, está en activo y trabaja en un puesto de Murcia, a 20 km del domicilio de la víctima
Destituido el sargento de la Guardia Civil acusado de obligar a abortar a una agente después de violarla
Un agente del Instituto Armado junto a un coche patrulla
Un agente del Instituto Armado junto a un coche patrulla GUARDIA CIVIL
ELENA BURÉS

Barcelona


13/05/2023 a las 19:06h.


Tras cinco años de calvario, otros siete de espera y dos suspensiones del juicio, el sargento de la Guardia Civil acusado de abuso de autoridad, maltrato, lesiones graves y agresiones sexuales continuadas a una subordinada, a la que habría obligado a abortar, tendrá que sentarse en el banquillo este martes, 16 de mayo. Será el Tribunal Militar Territorial Primero de Madrid el que juzgará a O. M. G., el mando que violó en reiteradas ocasiones a una guardia que estaba bajo sus órdenes en un cuartel de Murcia. La pesadilla de la víctima comenzó después de mantener una breve relación sentimental con su agresor, entre septiembre de 2010 y febrero del año siguiente. Los integrantes de la comandancia estaban al corriente. Fue él quien decidió dejarlo, para volver con su mujer, y la guardia lo aceptó, sin que ello supusiera un problema. En septiembre, el sargento trató de retomar el idilio con ella, pero ésta se negó y fue así como comenzó su calvario. Primero, el acoso constante. Llamadas -más de 50 al día-, mensajes, correos electrónicos y visitas a su domicilio de madrugada. Luego llegaron las agresiones sexuales bajo amenazas. Tanto en el acuartelamiento, como en casa de la víctima.


Durante su jornada laboral tuvo que aguantar insultos, cambios injustificados en su servicio y más carga de trabajo. Si se negaba, le «hundiría la vida». Y fue así durante casi cinco años. Según el auto de procesamiento, de lo instruido -atestado, testificales, mensajes del acusado e informes médicos-, se desprenden «indicios racionales» de que la guardia «ha sido obligada reiteradamente, entre septiembre de 2011 a marzo de 2015, a mantener relaciones sexuales no consentidas, a demanda del sargento O. M. G. , por temor a mayores males que su negativa la pudiera acarrear». Por estos hechos, el entonces Director General del Cuerpo, Arsenio Fernández de Mesa, cesó al individuo pero, según ha podido saber este diario, en la actualidad está en activo, y trabaja en un puesto de Murcia, a 20 kilómetros del domicilio de la denunciante.


Aunque la Guardia Civil suspendió al sargento en 2016, ahora se encuentra en activo, y trabaja cerca del domicilio de la víctima, según ha podido saber ABC

La víctima, destinada en la Oficina de Violencia de Género de Molina de Segura (Murcia), comenzó una relación con el sargento, entonces divorciado, hasta que éste volvió con su esposa, que estaba embarazada. La relación entre ambos volvió a ser exclusivamente profesional hasta que éste le pidió volver. Así lo acreditan los sucesivos correos electrónicos que le envió el mando. Correos que pudieron recuperarse y que obran en la causa, a pesar de, al menos, cuatro intentos de 'hackeo' de la cuenta de la guardia. Textos insultantes, groseros y humillantes que comenzaron cuando ella rechazó sus propuestas sexuales. Fue así como comenzó el deterioro físico de la víctima y, también, sus visitas al hospital. A partir de enero de 2012, al acoso y las amenazas le siguieron las violaciones. La primera, cuando el sargento siguió a la guardia a su casa, y la abordó al bajar del coche. La obligó a abrir la puerta y allí la forzó. «¿Ves? No pasa nada», le espetó antes de marcharse.

Tras esta primera, llegaron más. También en los vestuarios femeninos del cuartel, ya que durante mucho tiempo ella fue la única mujer del puesto. Durante unos meses sí tuvo una compañera, que corrobora que en muchas ocasiones vio a la guardia llorando, sentada en el suelo, con los pies contra la puerta, para impedir que alguien pudiese entrar. «Este cabrón me va a hundir, me voy a tener que cambiar de destino», llegó a decirle una vez, sin entrar en más detalles. El mando comenzó a presentarse de madrugada en casa de la víctima, donde ésta vivía con su hijo pequeño. Timbraba de forma compulsiva, hasta que ella desconectó el telefonillo y comenzó a grabar el acoso, subiendo a la azotea, para grabar el coche de su agresor. Pruebas que también obran en la causa.


NOTICIA RELACIONADA
«Si denuncias te juzgan a ti. Si no, lo pasas sola y te marca el resto de la vida»
«Si denuncias te juzgan a ti. Si no, lo pasas sola y te marca el resto de la vida»
ELENA BURÉS
La madre de una de las víctimas denuncia la «inacción» de la dirección de Màgic y de un vigilante de seguridad, que se negó a auxiliar a su hija

Sobre las violaciones dejó constancia en los correos electrónicos que envió a la guardia. Ella no contestó o se limitó a pedirle que la dejase en paz. Éste a su vez, la humilla y degradaba aún más. Tanto es así que llegó a decirle a otro guardia que hacía con la víctima «lo que quería». Fue en julio de 2012, cuando tras repetidas agresiones sexuales, la víctima se quedó embarazada. Al contárselo al sargento éste la acorraló contra la pared: «Saca eso de ahí, tú no me vas a joder la vida, entérate bien».

La noticia interrumpió durante un tiempo las violaciones pero no las amenazas. «Saca eso de ahí, vas a abortar, ya», llegando a golpearle la barriga. Fue el día 25 cuando la hizo sacar dinero de un cajero y la instó a coger dos días libres para abortar. En esa fecha se sometió a una «interrupción voluntaria del embarazo» en una clínica, tal y como acredita la factura. Tal era el terror de la guardia que, para no quedarse sola en el puesto, pedía a algún compañero que no se marchase hasta que ella saliera. Incluso dejó de usar los lavabos y comenzó a ir al baño público más cercano a la entrada, donde se encerraba bajo llave.

«El acoso prolongado ha desencadenado en ella un estado de ansiedad intenso, de miedo, de terror, que la ha sometido», reza el informe del psiquiatra

Sabiendo que la guardia tenía un hijo menor, el sargento, como jefe de puesto accidental, le cambió el horario de guardias, obligándola a levantar al niño a las cinco de la madrugada para llevarlo al cuartel -así lo corroboran varios agentes- y usar su media hora de descanso para llevarlo al colegio a las 8.30. ¿Por qué el cambio? «Porque lo mando yo», le respondió él.

El acoso telefónico constante tampoco cesó. La víctima llegó a mostrarle a tres de sus compañeros el registro de llamadas, y éstos trataron de ayudarla, contándoselo a su superior quien, a su vez, elevó el parte disciplinario a la Dirección General de la Guardia Civil, pero no se abrió ningún expediente porque ella negó el acoso y los malos tratos. No hubo denuncia, tenía miedo. En abril de 2013, la agredió. La obligó a salir de patrulla con él, que conducía el vehículo oficial. Se dirigió a un descampado, y intentó forzarla, pero ella se resistió y la golpeó y mordió. Unos días después rompió a llorar ante otro mando, a la que contó lo ocurrido, mostrándole las marcas de la agresión. En esa fecha ambas acudieron a la Comandancia de Murcia, pero la víctima, entre llantos, negó lo ocurrido. También, por miedo. «Si el sargento se enteraba, me mataría», explicaría después.

Siguieron así los insultos, las amenazas y el abuso de poder hacia la guardia por parte de su superior. Aunque ella seguía siendo la responsable de Violencia de Género, la obligaba a tomar las denuncias de la oficina de atención al ciudadano, y también le encargaba tareas de otros compañeros como realizar informes o responder correos. «Puta, te voy a hundir la vida, vas a sacar el culo de esa silla», le espetó en su despacho a finales de 2013. También le desenchufaba el ordenador mientras trabajaba, riéndose de ella.

El deterioro físico y mental de la víctima afectó a su trabajo y a sus relaciones familiares. Fue atendida en varias ocasiones en urgencias por trastorno de deglución, no podía tragar nada y tenía miedo de ahogarse. También dolor torácico opresivo, migraña, gastritis. Hasta que durante dos años le recetaron un antidepresivo por su cuadro ansioso. Ella no contaba nada, solo que le costaba dormir y concentrarse. Finalmente, el miedo a perder la cabeza, los episodios de autolesiones y el plantearse ideas suicidas la llevaron a buscar ayuda en un especialista. Desde marzo de 2015 está de baja por incapacidad.

Durante todos estos años, la guardia ha tenido dificultades para alimentarse, dormir, pérdida de cabello y un trastorno dermatológico. Sufre un grave trastorno psicológico. Según el informe del psiquiatra, «el acoso prolongado ha desencadenado en ella un estado de ansiedad intenso, de miedo, de terror, que la ha sometido, le han hecho de alguna forma insana, sumisa, impidiéndole la eficacia de los mecanismos de defensa adecuados».

En su auto de procesamiento, el Juzgado Togado Militar Territorial 14, consideró en 2016 que existían «indicios racionales de criminalidad», no solo por el relato de la víctima y los testigos periféricos, sino también por los propios correos del sargento. Y es que no fue hasta después de obtener la baja médica, de obtener la ayuda de un especialista y de saber que se habían abierto diligencias cuando la guardia se atrevió a denunciar. Además, el auto subraya que no existe móvil de odio o resentimiento ya que, una vez finalizada la breve relación entre ambos, cuando el sargento dice arrepentirse -vía email- de retomar la relación con su mujer, la guardia le aconseja disfrutar de su familia o, en su caso, cambiar de destino. «Todo ello, sin rastro alguno de despecho».

La guardia negó el acoso y las agresiones porque tenía miedo. No denunció hasta después de obtener la baja médica y saber que se habían instruido diligencias

Además, reza el texto, «el denunciado no da explicaciones racionales y coherentes en orden a los correos humillantes y vejatorios, las llamadas telefónicas continuas y no atendidas y los cambios de servicios y aumento de tareas» a la agente. Sobre las agresiones sexuales denunciadas, las define como «esporádicas y mutuamente consentidas».

Fue en 2016, cuando la víctima decidió denunciar, con el apoyo de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) que, como acusación particular, solicita más de 22 años de cárcel para el acusado. A pesar de que también pidió que fuese la jurisdicción ordinaria la que se hiciese cargo del caso, dicha petición fue rechazada. Ahora, tras una «dilación excesiva», apuntan desde AUGC, será la Justicia Militar la que tras siete años de espera, juzgará al sargento. Por su parte, la guardia sigue de baja médica, de larga duración, pendiente del expediente de pérdida de actitudes psicofísicas. «No podrá recuperarse hasta que no se dicte sentencia y finalice el calvario judicial», sostienen desde la asociación.


Desconectado Heracles_Pontor

  • Moderador
  • Tyranosaurius Rex
  • ***
  • Mensajes: 51136
  • Verbum Víncet.
Re: El acoso en los cuerpos policiales
« Respuesta #903 en: 14 de Mayo de 2023, 09:10:49 am »
Donde tengas la olla. . .

"No hay hechos, sino interpretaciones" Nietzsche

Desconectado 47ronin

  • Administrador
  • Tyranosaurius Rex
  • ****
  • Mensajes: 223231
Re: El acoso en los cuerpos policiales
« Respuesta #904 en: 07 de Junio de 2023, 09:08:49 am »

Incapacitada para ejercer de policía por el acoso sufrido por razones políticas


Míriam de Saint-Germain
/ CME
photo_camera
/ CME
06/JUN./23
El historial de expedientes disciplinarios contra la mossa Inma Alcolea Griñan se iniciaron en enero de 2017. Ahora, el TSJC le da la razón y relaciona su incapacidad temporal con la situación de acoso que sufrió por parte de la Dirección General de los Mossos

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha desestimado un recurso de apelación presentado por la Consellería de Interior, y en contra de una sentencia del Juzgado de lo Social 7 de Barcelona, en la cual se confirma que la declaración de incapacidad temporal en grado absoluto de una cabo de los Mossos d’Esquadra es una consecuencia de un “accidente laboral”. Accidente derivado, directamente, de hostigamiento que esta agente recibió – por cuestiones ideológicas – por parte de la Dirección General de la Policía y el Departamento del Interior.

El historial de expedientes disciplinarios contra Inma Alcolea Griñan, esta cabo destinada en la provincia de Girona, se iniciaron en enero de 2017 y con un claro trasfondo político: su marcada y pública posición anti independentista. Aún así, la primera suspensión de empleo y sueldo (con retirada del arma incluida) fue consecuencia de un accidente tecnológico con su madre, una mujer octogenaria.

16 meses, tres medidas cautelares distintas
La mujer, que se había mudado a la vivienda de Alcolea mientras se recuperaba de una enfermedad, cogió su ordenador y publicó en el perfil de Facebook de la cabo un comentario en contra de Puigdemont, en aquel momento President de la Generalitat. Eso conllevó que pocos días después, dos mandos de la policía autonómica se presentaran en su casa y le comunicaron su suspensión. La División de Asuntos Internos (DAI) de los Mossos abrió una investigación reservada – el paso previo al expediente disciplinario – suspendiéndola de empleo y sueldo durante dos meses y de forma preventiva como primera medida cautelar.

Advertisement
Pasados estos dos meses, el primer abogado que se le asignó, procedente del sindicato SAP, pidió a sus espaldas un traslado coactivo como moneda de cambio a la medida cautelar de suspensión de empleo y sueldo. Así, sin su consentimiento, fue trasladada de destino a 140 kilómetros de su domicilio. En esta situación estuvo hasta el mes de septiembre y, aunque la normativa establece que no se puede estar sometida a medidas cautelares durante más de 6 meses, la DGP de los Mossos la tuvo nueve meses con dos tipos de medidas diferentes en un primer expediente que se les caducó y otros 6 meses por un segundo expediente, abierto por los mismos hechos.

Un expediente tras otro
La persecución, según Interior, por su falta de neutralidad política siguió ese mes de septiembre cuando decidieron expedientarla de nuevo por haberle dicho a un agente de los Mossos “Viva España” un día que, estado ella de vacaciones, se paró en un semáforo al lado de un coche patrulla. Entonces, la trasladaron nuevamente de destino, esta vez a 120km de su casa, en el Centro Penitenciario Puig de les Basses (Figueres), motivando que, de esta manera, estaría alejada de la población y de otros compañeros.

Todas las medidas cautelares (las dos del primer expediente caducado y la tercera) fueron recurridas y declaradas ilegales por el TSJC. No obstante, en primera instancia el Juzgado Contencioso-Administrativo 5 Barcelona, liderado por la magistrada Montserrat Raga Marimón, permitió retrotraer las actuaciones del procedimiento disciplinario y motivarlos transcurridos 2 años y estando ya caducado. Fue el Alto Tribunal catalán quien dictaminó que las medidas no podían motivarse con carácter retroactivo y que eran ilegales.

Aun así, el hostigamiento – declarado como tal por el TSJC – no cesó y, desde el primer episodio con un comentario de Facebook, la DAI le ha ido abriendo expedientes disciplinarios. Esta cabo, lejos de quedarse con las manos cruzadas, se ha querellado contra la Dirección General de la Policía, la División de Asuntos Internos e, incluso, contra varios compañeros del cuerpo por “vejación y difamación continuada”.

Incapacitada para ejercer de policía por el aco...
Cae un nuevo estafador del amor por estafar a d...
Detenida una mujer en Sant Adrià de Besós por m...
Detenida una mujer en Torrefarrera, en Lleida, ...
Nueva agresión sexual grupal entre menores en e...
Leer más...
Acoso también en redes sociales
Y es que, a raíz de esta situación de continuos expedientes – incluso a su pareja sentimental --, Inma se puso en el punto de mira de un grupo de Mossos d’Esquadra llamados “Mossos per la República catalana”, que empezaron a acosarla a través de redes sociales, tal y como también se contempla en la sentencia de lo social, ahora ratificada por el TSJC.

Este grupo, liderado por Albert Donaire, llegó a publicar datos suyos personales e íntimos a través de sus perfiles sociales. Incrementando, así, la situación de acoso que, según la justicia, “no puede ser considerado como un hecho ajeno a la actividad laboral, sino al contrario”. De hecho, este agente estaba expedientado por sus ataques a la Justicia e investigado por un presunto delito de odio e injurias a la Policía Nacional.

Las periciales médicas avalan su estado psicológico
Sobre las consecuencias psicológicas que ha sufrido y sufre la cabo, el fallo determina que “la problemática que la trabajadora ha vivido desde el primer expediente sancionador en el 2017 acredita la situación de acoso y hostigamiento que se alega y que se refuerza con los partes y tratamiento médicos que se aportan en los autos”. Aportando varios informes médicos, así como periciales, en los que se constatan y se justifican los problemas de salud. Patologías que la justicia vincula, estrechamente, con el acoso sufrido en el ámbito laboral.

La justicia le da la razón a Alcolea
Por todo ello, el TSJC le da la razón a la cabo Inma Alcolea, asistida por el despacho Clusa & Quintans, y determina que su incapacidad temporal es consecuencia de un “accidente laboral”, entendiendo como accidente este hostigamiento prolongado desde enero de 2017 hasta que pidió la baja temporal en marzo de 2018. Hostigamiento que, según se deriva de la sentencia, estuvo encabezado por la Dirección General de la Policía, la DAI y aquellos compañeros liderados por Donaire, que empezaron a acecharla por redes sociales.

Desconectado 47ronin

  • Administrador
  • Tyranosaurius Rex
  • ****
  • Mensajes: 223231
Re: El acoso en los cuerpos policiales
« Respuesta #905 en: 10 de Julio de 2023, 08:33:04 am »
Reabren la investigación judicial de un caso de acoso laboral a un policía local


El Juzgado de lo Contencioso estima un incidente de nulidad y queda a la espera de lo que concluya la vía penal
por Gonzalo Testa  08/07/23 - 7:31 CEST

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativa número 2 de Ceuta ha estimado un incidente de nulidad de actuaciones y ha retrotraído las mismas a junio del año pasado dejándolas en suspenso hasta que concluya el procedimiento penal abierto por un supuesto caso de acoso laboral en la Policía Local de la ciudad autónoma

Ese mismo juez acordó a principios de año desestimar el recurso interpuesto por un agente para percibir 12.000 euros en concepto de “daños y perjuicios” por el trato dispensado por compañeros y superiores que habría degenerado en “trastornos depresivos y cuadros de ansiedad”.

El agente adoptó acciones contra la Ciudad con el argumento de que “los daños y perjuicios” que aseguraba haber sufrido “como consecuencia del acoso laboral a que se vio sometido en su puesto de trabajo” eran imputables a “un funcionamiento anormal del servicio público”. La Ciudad se opuso a su reclamación, ya que no entendía que estuviese probado el referido acaso laboral ni probados los daños que alegó padecer.

El policía hizo llegar al Negociado de Recursos Humanos de la Ciudad dos escritos en mayo y noviembre de 2020 que corrieron la misma suerte. Se incoó un expediente informativo interno que concluyó que no se podía “verificar” el presunto acoso laboral denunciado y el Juzgado de Instrucción en el que recayó la práctica de pesquisas tampoco halló “indicios racionales” de delito, por lo que se inclinó por el sobreseimiento libre sin hacer más pesquisas.

La falta de firmeza de aquel veredicto no le fue comunicada

El magistrado de lo Contencioso argumentó que si el agente no había recurrido contra ese fallo (habló de “una situación de tensión, que se produce con el tema de los turnos y permisos” y de “circunstancias sobredimensionadas por el denunciante”), tampoco cabía fallar en sentido contrario en su jurisdicción.

Ahora ha asumido que la falta de firmeza de aquel veredicto no le fue comunicada. Una vez que la Audiencia ha ordenado, además, “incoar diligencias para la investigación de los hechos” por la vía penal, la de lo Contencioso-Administrativo también queda reabierta, aunque en suspenso, hasta que se resuelva por la primera.

“Ciertamente, incoado un procedimiento penal para investigar un delito de acoso laboral presuntamente cometido” contra un policía local y “pretendiéndose con el presente recurso contencioso una reclamación por responsabilidad patrimonial a la Administración por su pasividad en el acoso laboral sufrido; no puede sino colegirse la indiscutible vinculación que el resultado del procedimiento penal iniciado deparará al presente recurso hasta el punto de condicionarlo, justificando por ello la suspensión”, razona.

Desconectado 47ronin

  • Administrador
  • Tyranosaurius Rex
  • ****
  • Mensajes: 223231
Re: El acoso en los cuerpos policiales
« Respuesta #906 en: 16 de Agosto de 2023, 12:25:00 pm »

Acoso dentro de la Guardia Civil: un 72% de casos quedan en nada


Tres de cada cuatro denuncias internas por acoso dentro de la Benemérita acaban archivadas

 Civil. GUILLERMO NAVARRO

ADRIANA CABEZAS

Madrid


14/08/2023
Actualizado a las 08:30h.

«Perra», «floja», «vaga», «hija de puta». Lucía (nombre ficticio ) es guardia civil y estuvo años, «a todas horas», aguantando todo tipo de insultos y humillaciones por parte de un compañero y por el hecho de ser mujer. «Me hacía sentir inferior», confiesa a ABC. Ella activó el protocolo previsto dentro de la Benemérita para este tipo de acosos. Lo archivaron y no se lo comunicaron de manera oficial. Por el camino explotó, llamó «tío de mierda» a su acosador y al final la expedientada fue ella. Está de baja psicológica.

Desconectado 47ronin

  • Administrador
  • Tyranosaurius Rex
  • ****
  • Mensajes: 223231
Re: El acoso en los cuerpos policiales
« Respuesta #907 en: 16 de Agosto de 2023, 12:32:21 pm »

Dificultades para denunciar dentro de la Guardia Civil: "Los casos de acoso laboral o sexual revictimizan a la afectada"


El departamento de Igualdad de la Asociación Unificada de la Benemérita (AUGC) critica que los superiores citen hasta en cinco ocasiones a una víctima, con horas de interrogatorio, para decidir que no hay caso. Después, llegan las sanciones.

 
MADRID, 09/08/2023 20:54 ACTUALIZADO: 10/08/2023 06:15 MARÍA JOSÉ PINTOR
Sufrir acoso laboral o sexual en la Benemérita tiene escasas consecuencias para el agresor dentro del cuerpo. Así lo denuncia a Público la responsable de Igualdad de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Alicia Sánchez, hasta el punto de que "denunciar dentro es convertir en muchas ocasiones a la víctima en verdugo del superior al que acusa de la agresión".

De hecho, la mitad de los casos de acoso sexual o por razón de sexo de la Guardia Civil acaban archivados desde que existe este protocolo de 2019.

El protocolo se implantó en 2019, pero en 2022 se reportaron nueve de los 16 casos presentados. Sánchez asegura, además, que la mayor parte  no se denuncian por "miedo a represalias".

Indignación por las pruebas de embarazo de la Guardia Civil a mujeres aspirantes a la Benemérita
Indignación por las pruebas de embarazo de la Guardia Civil a mujeres aspirantes a la Benemérita
Nuestro medio ya denunció en 2018, cuando ni estaba establecido el protocolo de acoso en la Guardia Civil, que una agente terminó condenada por denuncia falsa tras haber acusado a dos superiores.

Alicia Sánchez recuerda, como ejemplo, el caso de una compañera de la Guardia Civil que denunció acoso por condición sexual, "y se ha comido dos expedientes por falta grave contra sus superiores". Si no hubiera denunciado, "esto no hubiera ocurrido", confirma.

Público ha tenido acceso a solicitudes y quejas de guardias civiles que se han visto acosadas por sus superiores y que, sin embargo, han sido sancionadas tras abrir el proceso.

Grande-Marlaska insiste en la paridad dentro de la Policía y la Guardia Civil
Sánchez insiste en que "dicen que no está demostrado, pero muchas víctimas son sancionadas por hechos que, seguramente, no lo serían de no haber levantado la liebre contra un superior por acoso".

La representante de la AUGC reivindica que "queremos el mismo protocolo que existe en la Administración General del Estado (AGE)". Como ejemplo de las diferencias en asuntos de acoso explica que, "en un caso reciente, el instructor no permitió que la víctima entrara acompañada de un representante de la asociación a declarar, cuando en la AGE se permite siempre".

Ante la petición de AUGC para cambiar los protocolos sobre esta situación, el Jefe de Gabinete de la Guardia Civil respondió que "sitúan a la víctima en el centro". Pero Alicia Sánchez manifiesta con rotundidad que "eso es mentira. A una víctima de Salamanca la han citado en León, no le dejan entrar con abogado ni acompañante, solo a criterio del instructor. Las víctimas están así de desamparadas".

Interior reservará en las oposiciones a Guardia Civil plazas para mujeres

Desde este medio hemos tratado sin ningún éxito de contrastar esta denuncia de AUGC con respecto a las dificultades y consecuencias de denunciar acoso dentro de la Guardia Civil tanto al Ministerio del Interior como a la propia Benemérita.


Pedir chalecos antibalas para mujeres y acabar sancionada
La responsable de Igualdad de AUGC conoce bien esa situación por su propia experiencia. Fue en 2017 cuando, tras solicitar una y otra vez chalecos adaptados a mujeres, acabó sancionada en la Guardia Civil por subordinación.

De hecho, Alicia Sánchez tuvo que presentar declaración en el puesto de la Guardia Civil de Vitigudino (Salamanca) por el expediente que la Dirección General le abrió por haber optado por vestir en un control de carretera su propio chaleco antibalas frente al oficial, que no estaba diseñado para la anatomía femenina y, por lo tanto, no la protegía de forma adecuada.

Ya entonces, los servicios jurídicos de AUGC, consideraron que esta agente "no es merecedora de reproche disciplinario alguno, dado que actuó con corrección, de un modo respetuoso y adecuado a los principios del servicio, cumpliendo estrictamente sus deberes".

Y terminó por ser sancionada por sus superiores, a pesar de que la juez del Juzgado Togado Militar Territorial Nº42 decidió archivar el auto abierto contra Alicia Sánchez por la propuesta de instrucción de un delito militar de insubordinación y pese a que, en su auto, la juez señalaba directamente la "discriminación" que padecen las guardias civiles en cuanto a su acceso a chalecos femeninos.

Mientras la agente cumplía su sanción, la Guardia Civil enviaba al fin los chalecos antibalas adaptados a las mujeres a los cuarteles. Fue un logro de Alicia Sánchez, pero que no le salió gratis, como denunció AUGC. En aquel primer envío sólo se mandaron 160 chalecos para 5.000 agentes femeninas.

Un 9% de mujeres en la Guardia Civil
Después de 35 años desde que un real recreto en 1988 permitiera el acceso de las mujeres a la Guardia Civil, éstas representan el 9,01% de un total de casi 80.000 efectivos, según datos facilitados por AUGC.

Alicia Sánchez recuerda que "se han necesitado 13 años para aumentar tres puntos el porcentaje de mujeres en la Guardia Civil".

El porcentaje por escalas en la Benemérita con respecto a las mujeres es de 4,85% en oficiales, 4,36% en suboficiales, 4,52% en cabos y 10,36% en guardias.


Desconectado 47ronin

  • Administrador
  • Tyranosaurius Rex
  • ****
  • Mensajes: 223231
Re: El acoso en los cuerpos policiales
« Respuesta #908 en: 23 de Septiembre de 2023, 10:15:21 am »

Un inspector, un agente y la Administración, condenados a pagar 90.000 euros por acosar a otra policía


Sep 22, 2023 | Actualidad, Litigación, Noticias


Foto: Cuerpo Nacional de Policía

El superior llegó a privarle de su despacho para concedérselo, sin justificación, a un subordinado
Artículo publicado en Economist & Jurist. Enlace a la noticia >
Un inspector de la Policía Nacional y un agente del cuerpo han sido condenados a pagar 90.000 euros en concepto de indemnización por los daños y perjuicios derivados de la situación de acoso a la que sometieron a una compañera durante un periodo de tiempo prolongado. El Juzgado de lo Social número 4 con sede en Puerto del Rosario (Fuerteventura) también ha condenado a la Administración General del Estado por no proporcionar una respuesta adecuada ante la situación de acoso que se puso en conocimiento del Cuerpo Nacional de Policía.

La funcionaria, demandante en este procedimiento, forma parte de la escala básica del cuerpo. Era agente de primera categoría y ostentaba el puesto de Jefa de Equipo Operativo de la Unidad de Extranjería de la Policía Nacional en la localidad de Tuineje, dependiente de Puerto del Rosario. Se trata de un cargo que no tiene unas funciones específicas bien definidas, aunque se sabe que tiene que expedir documentación (como sus compañeros) y solventar aquellas incidencias que puedan surgir en el trabajo diario.

Los demandados son un inspector de la Policía Nacional (el superior jerárquico directo de la actora), que visitaba el lugar de trabajo de esta cada dos o tres semanas, y uno de los subordinados de la policía. Este último no tenía una buena relación con su superior y constaba que se sentía incómodo con dicha jerarquía. Fue él quien trasladó al inspector que la jefa de equipo “se dedicaba a pasearse por la unidad” y se quejó de la actitud que esta mostraba, poniendo en duda su liderazgo y su efectividad laboral en reiteradas ocasiones. En las visitas del personal de prevención de riesgos laborales manifestó que “es muy difícil conseguir apoyo de la jefa inmediata”. Ese equipo evidenció que el ambiente de trabajo no era bueno y que “los conflictos.

Según la sentencia, que tiene fecha de ayer y a la que ha accedido Economist & Jurist, esas acusaciones llegan a ser asumidas y reprochadas por el inspector a la policía: “una de las cosas que me dicen es que tú sales mucho fuera a menudo, ¿vale?”, le espetó. El subordinado se dio de baja y manifestó al inspector la “sensación de ansiedad por tener que volver a trabajar codo con codo” con su superior.

El inspector mantiene conversaciones con la agente en la que le asegura que ella es expedidora de documentación, que solo “es jefa de equipo en la categoría”, aunque “no debería ser usted expedidora, debía ser jefa de seguridad, pero como no está en la sede de Cuerpos Generales a usted le han dicho que sea expedidora porque no hay más puestos”. En alguna ocasión, el superior le indica a la mujer que si tiene alguna queja que se la traslade por escrito, aunque en otra conversación le dice que “no puede estar usted ralentizando el trabajo. Llama usted por teléfono, levanta el teléfono y (…) lo comunica”.

Esa última conversación tenía que ver con un incidente que resulta determinante para apreciar el acoso laboral al que fue sometida la policía. Mientras ella se encontraba disfrutando de unos días de permiso y a sus espaldas, el inspector cedió el uso de su despacho, de forma indefinida, al subordinado. Al regresar, encontró sus pertenencias en la sala de expedición de documentos. La justificación del superior fue que el despacho no era de ningún jefe sino que se trataba de una dependencia más.

 
En la Policía Nacional existe un protocolo de prevención de riesgos laborales y un protocolo antiacoso. Aunque la mujer puso los hechos en conocimiento de la Unidad del Régimen Disciplinario del cuerpo, este finalmente archivó el expediente. La agente está, desde el año 2022, en situación de incapacidad temporal con un trastorno adaptativo mixto y fobia en evolución.

La policía, cuya defensa ha asumido el abogado Juan Antonio Frago Armada, recurrió a la justicia al considerar que su superior jerárquico y su subordinado, en connivencia, habrían dirigido ataques contra ella restringiéndole la posibilidad de informarse sobre sus funciones, asignándole tareas de menor cualificación, humillándola y degradándola en el entorno laboral, privándole del despacho que ocupaba como jefa de equipo.

En esta investigación judicial se ha dado pleno valor a los audios aportados por la actora, reconocidos por el propio inspector que intervenía en ellos; y a los correos electrónicos intercambiados, pues no han sido impugnados. No han corrido la misma suerte los mensajes de Whatsapp, a los que “no se ha otorgado ningún valor probatorio”. La sentencia diferencia el acoso moral del ejercicio arbitrario del poder directivo empresarial, pues son motivos distintos los que inducen al empresario o superior a emplear arbitrariamente su poder. El acoso, señala, tiene que ser reiterado y tener como objetivo denigrar o lesionar la dignidad o integridad psíquica del trabajador.

El hecho de que las funciones del puesto no estuviesen claras es directamente imputable a la propia Administración, señala la sentencia; además también es dudosa la orden dada e forma oral al subordinado para que ocupase el despacho de la jefa. El juez señala fundadas las peticiones de personal que hizo la policía, dado “el relevante baile de funcionarios” que se produce en la unidad y que da lugar a que lleguen a darse situaciones en las que solo hay un agente atendiendo. Por otro lado, no considera acreditadas las quejas ciudadanas sobre el funcionamiento de la unidad, que pusieron de relieve los codemandados, de los cuales uno de ellos, el superior, llegó a denunciar acoso por parte de la policía. El juez, que descarta algunas de las alegaciones de la policía, no considera, sin embargo, justificado la privación del despacho, por más que se intente justificar como medidas para prevenir males mayores para el trabajador que se acababa de reincorporar.

“Todo lo expuesto permite concluir que en el caso de autos ha quedado acreditada la existencia de acoso laboral por parte de los codemandados  () frente a la actora, lo cual desemboca automáticamente en la vulneración del Derecho Fundamental a la Integridad Moral del artículo 15 CE. Entiende que se ha vulnerado también el artículo 14 del mismo texto, al considerar que la mujer ha sufrido discrimanción por razón de sexo.

Por lo demás, “resulta claro que la Administración ha fallado claramente a la hora de evitar que la actora quedara expuesta a la situación de acoso laboral que ha resultado acreditada en el presente procedimiento: “Tanto ex ante de iniciarse dicha situación de acoso (las medidas preventivas hasta entonces desarrolladas ni siquiera lo contemplaban), como durante y ex post (las visitas preventivas al centro de trabajo fueron insuficientes para detectar la situación de acoso e incluso cuando la actora trató de activar el Protocolo Antiacoso una vez tuvo conocimiento de dicha norma y habiendo iniciado la situación de IT, su solicitud fue archivada de plano en base a la existencia de un procedimiento administrativo previo de carácter no reglado no incompatible a priori con la propia activación del mencionado Protocolo)”.


Desconectado 47ronin

  • Administrador
  • Tyranosaurius Rex
  • ****
  • Mensajes: 223231
Re: El acoso en los cuerpos policiales
« Respuesta #909 en: 29 de Septiembre de 2023, 07:36:51 am »
Investigado un capitán de la Guardia Real por acoso sexual a una sargento


Los hechos ocurrieron en 2019, la suboficial no llegó a denunciarle por vía interna, pero ahora se ha abierto un procedimiento judicial

AURELIO RUIZ ENEBRAL
Actualizado: 29/09/23 | 1:31

La justicia militar está instruyendo un sumario por la denuncia que una sargento de Infantería de Marina presentó contra un capitán, del mismo cuerpo, al que acusa de haberle acosado sexualmente cuando ambos compartían oficina en la Guardia Real.

Así lo ha podido confirmar Confidencial Digital con la oficina de comunicación de la Guardia Real, que asegura que “los hechos objeto de la denuncia están siendo investigados actualmente en el ámbito de la jurisdicción militar”.

Al tener un empleo por debajo de comandante, lo más probable es que a este capitán le esté investigando el Juzgado Togado Militar Territorial nº 11 o el nº 12, los dos con sede en Madrid y cuya competencia territorial incluye la Comunidad de Madrid.

Militares de Tierra, Armada y Aire
La Guardia Real es la unidad militar interejércitos al servicio del rey, que se encarga de proporcionar el servicio de guardia militar, de rendir honores y dar escoltas solemnes al jefe del Estado y a los miembros de la Familia Real, y de rendir análogos servicios a los jefes de Estado extranjeros de visita oficial en España.

“Vosotros habéis hecho un trabajo impecable”, comentario de Felipe VI a su equipo tras la acusación de Sánchez
Como unidad interejércitos, está formada por militares de Tierra, Armada y Aire, que pueden pedir destino en la Guardia Real.

Las unidades de la Guardia Real se ubican en dos acuartelamientos en El Pardo: el cuartel ‘El Rey’ y el cuartel ‘La Reina y la Princesa’.

En 2019 lo denunció ante los mandos
Los protagonistas de este caso pertenecen ambos a la Infantería de Marina, de la Armada. La denunciante es sargento, y el denunciado ostenta el empleo de capitán.


Ambos compartían unidad y oficina, explican a ECD las fuentes conocedoras del caso, cuando en 2019 la sargento puso en conocimiento de sus mandos lo que ella consideró que era un episodio de acoso sexual por parte del capitán.

De acuerdo con dichas fuentes, la suboficial aseguró que el oficial, su superior, había tratado de forma insistente de mantener relaciones sexuales con ella.

Protocolo frente al acoso sexual
Fuentes oficiales de la Guardia Real indican que, una vez que la sargento puso los hechos en conocimiento de la superioridad, a ella se le ofrecieron “todos los mecanismos previstos en la normativa vigente”.


Defensa endurece el protocolo contra el acoso sexual en las Fuerzas Armadas
Desde el año 2015 existe en las Fuerzas Armadas un Protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo, aprobado por el Consejo de Ministros, que se actualizó en 2019 para endurecer la persecución de este tipo de conductas.

En virtud de ese protocolo, existen, en el Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire y otros organismos dependientes de Defensa, unas Unidades de Protección frente al Acoso. La Guardia Real se encuentra bajo competencia de la unidad del órgano central del Ministerio de Defensa.

Si un militar denuncia una situación de acoso sexual o por razón de sexo, se activa ese protocolo, para investigar lo sucedido y adoptar medidas cautelares; por ejemplo, separar al denunciante y al denunciado y que ya no trabajen juntos.

La sargento no formuló denuncia
En este caso la sargento no llegó a formular denuncia contra el capitán, asegura la Guardia Real.

A este respecto, diversas fuentes consultadas por ECD manejan versiones contrapuestas. Una indica que se vio que la denuncia no tenía fundamento, e incluso se sospechó que estaba motivada por algún tipo de venganza. La otra afirma que se trató de tapar el asunto, después de una polémica interna importante, y que a la sargento la convencieron de que no denunciara.

El capitán fue trasladado a otro cuartel
Pese a que la denuncia no fue a mayores, sí hubo consecuencias para el capitán denunciado. El coronel jefe de la Guardia Real decidió cambiar de destino, dentro de la propia guardia, al capitán denunciado.

Ese cambio implicó incluso ser transferido a otro acuartelamiento. Como se ha indicado, la Guardia Real tiene dos cuarteles en El Pardo. De esta forma, el capitán señalado y la sargento dejaron de compartir cuartel y destino.

Ella se marchó de la Guardia Real
El asunto quedó ahí. Ambos siguieron destinados en la Guardia Real, en diferentes cuarteles.

En marzo de 2022, la sargento abandonó la Guardia Real “por cambio voluntario de destino”, confirman desde la unidad que rinde honores al rey.

Fuentes militares no descartan que a la sargento le sugirieran pedir destino fuera y marcharse de la Guardia Real, después de este episodio.

Notificación de la investigación judicial
Tres años después del suceso que dio origen a la denuncia, al capitán se le ha notificado que un juzgado militar investiga dicha denuncia por presunto acoso sexual hacia la sargento.

Cabe la posibilidad de que la investigación judicial se deba a que la sargento ha presentado una denuncia en el juzgado, o a que lo denunciara de nuevo por vía interna o como parte disciplinario, y los instructores del caso decidieran ponerlo en conocimiento de la justicia por si los hechos fueran constitutivos de un delito.

No ha sido cesado
ECD consultó con la Guardia Real si, por estar siendo investigado en un procedimiento judicial, se han tomado medidas con este capitán, como apartarle de la unidad.

La respuesta fue que “dado que los hechos se produjeron en 2019, que se adoptaron en ese momento las medidas pertinentes de alejamiento de los implicados, y que la actuación judicial se encuentra todavía en fase de sumario, cualquier medida a adoptar está supeditada a la evolución de la investigación judicial”.

Fuentes militares aseguran que no existe ninguna norma en las Fuerzas Armadas, ni en la Guardia Real en concreto, que obligue a cesar del destino ni a suspender a un militar por estar siendo investigado en un procedimiento judicial.

Sancionados
Sin embargo, personas conocedoras de esta unidad, tan cercana al rey, apuntan que a otros militares, que se han visto implicados en polémicas, se les ha apartado de la Guardia Real. No se descarta que algo semejante se aplique en el caso del citado capitán.

En ocasiones, se han tomado medidas drásticas con militares “pata negra” de la unidad, incluso con buenas relaciones familiares y personales con los mandos de la guardia.

También han sido cesado y apartados de la Guardia Real militares de Tropa y Marinería que se vieron inmersos en expedientes disciplinarios por distintos motivos, antes de ser resueltos dichos expedientes. Por eso algunos ven un trato discriminatorio, una doble vara de medir, frente al caso de este capitán.


Instrucciones a la Guardia Real: qué responder sobre el incidente entre las reinas Letizia y Sofía
Todas las fuentes consultadas coinciden en que las denuncias por agresión o acoso sexual, o discriminación por razón de sexo, contra mujeres en las Fuerzas Armadas se miran desde hace años con lupa, y en muchas ocasiones se adoptan medidas fulminantes contra el denunciado.

A eso se añade que en la Guardia Real se cuida especialmente evitar que sus miembros se encuentren en cualquier situación polémica o comprometida, para que en ningún caso ningún escándalo salpique y manche a la Corona.

Desconectado 47ronin

  • Administrador
  • Tyranosaurius Rex
  • ****
  • Mensajes: 223231
Re: El acoso en los cuerpos policiales
« Respuesta #910 en: 20 de Noviembre de 2023, 16:56:58 pm »

Juzgan a tres mandos de los Mossos por acosar a los agentes que abatieron a los terroristas de Cambrils


La Generalitat paga los abogados y las fianzas de los presuntos acosadores
La acusación pide 84 años de cárcel para los tres mandos de los Mossos por acoso
.
ÁNGEL MOYA
20/11/2023 06:45 ACTUALIZADO: 20/11/2023 06:45

Este martes, 21 de noviembre, tres mandos de los Mossos d’Esquadra se sientan en el banquillo por acosar a cinco agentes del cuerpo que abatieron a los terroristas de Cambrils. La acusación que representa a las víctimas, el letrado Javier Peiró, pide 20 años de prisión para cada uno de los dos sargentos procesados por delitos de lesiones y contra la integridad moral. Al inspector le solicitan 44 años de prisión por alteración de documentos, lesiones y contra la integridad moral. También piden 33.000 euros de indemnización para cada una de las cuatro víctimas.

Se trata de cinco mossos de la unidad de élite de los ARRO de Tarragona, que neutralizaron a los terroristas yihadistas de Cambrils y que, a cambio, han sufrido, según la acusación, una década de humillaciones, castigos físicos, vejaciones y amenazas. «Les voy a cortar el cuello con un hacha a cada uno de ellos», dicen que llegó a manifestar uno de los presuntos acosadores en público.

Tras pasar por un infierno laboral y personal que se prolongó catorce años, los mossos denunciantes sufren secuelas que van desde ansiedad hasta depresiones e incluso la baja por incapacidad permanente. Una larga lista de especialistas médicos están citados a testificar en la vista oral para examinar las repercusiones de los hechos, que se remontan a 2009.

En todo este tiempo, el Gobierno de la Generalitat ha ignorado a las víctimas, costea la defensa de los mossos procesados por acosar a sus subordinados, promete que pagará las indemnizaciones en caso de resultar condenados y les ha dispensado de depositar 84.000 euros de fianza.

Según el escrito de acusación de cuatro de las víctimas, todo arrancó tras los graves incidentes ante la sede de la Consejería de Agricultura en Reus el 24 de octubre de 2009. La manifestación del sindicato Unió de Pagesos desembocó en graves altercados y los mossos de los ARRO acabaron lesionados, algunos de gravedad. Los heridos se quejaron por conducto oficial de los errores del sargento en la planificación del operativo. Aunque, en una reunión posterior con el intendente máximo de los Mossos en Tarragona, los mandos admitieron los «errores manifiestos de planificación», la suerte estaba echada para los demandantes.

A partir de ese momento, los sargentos dejaron de asignarles horas extraordinarias -lo que redujo su sueldo mensual-, les prohibieron usar prendas de abrigo en el servicio a la intemperie, les humillaron delante del resto de compañeros y les denegaron todos los permisos de asuntos propios.

«Les voy a cortar el cuello»

El escrito de acusación recuerda que los presuntos acosadores sometían a las víctimas a pruebas físicas de gran exigencia durante el periodo de rehabilitación de las lesiones graves que habían sufrido mientras trabajaban.

En ese ambiente de opresión, unos se vieron obligados a cambiar de unidad y de destino con sus familias, otros sufrieron bajas por depresión, pero las denuncias prosperaron.

La entrada en escena de la División de Asuntos Internos (DAI) en 2013 supuso un cambio a peor para las víctimas. La por algunos agentes llamada «policía política» de los Mossos, apoyó a los señalados por acosar y expedientó a las víctimas.

Según los testigos, los mandos manifestaban abiertamente que no pararían hasta expulsarlos del cuerpo. Les echaban de las reuniones de su unidad, no les dejaban participar de las tareas comunes e incluso en el escrito figura cómo uno de los mandos llegó a decirle a un cabo que «le iba a cortar el cuello con un hacha».

Finalmente, el inspector procesado citó uno por uno a los cinco mossos en su despacho. Luego les abrió un expediente a cada uno por faltarle al respeto en esas reuniones. El inspector no sabía que cada agente había grabado la reunión. Ahora este mando de los Mossos está acusado de acosar a sus agentes, de falsificar y alterar documentos públicos.

Presiones hasta el día del juicio
Las víctimas, en una carta abierta a los medios, no olvidan denunciar que siguen siendo objeto de presiones ante la pasividad de la Generalitat: «Recientemente (este mismo año 2023) se produjo una situación muy preocupante en la cual uno de los denunciantes, cuando llevaba a sus hijos del colegio en Reus (Tarragona), fue acosado de nuevo por parte de uno de los denunciados (que estaba de servicio)».


«A pesar de que la víctima presentó una denuncia en una comisaría de Mossos, hasta el momento no se le ha dado ninguna respuesta, muestras de preocupación o medida cautelar hacia el presunto acosador por parte del cuerpo de los Mossos d’esquadra, cosa que pone en riesgo la integridad de los menores que sufrieron estos hechos perturbadores», finalizan.


Desconectado 47ronin

  • Administrador
  • Tyranosaurius Rex
  • ****
  • Mensajes: 223231
Re: El acoso en los cuerpos policiales
« Respuesta #911 en: 30 de Noviembre de 2023, 06:42:35 am »


Varapalo judicial a Marlaska: anulan su condecoración a un inspector suspendido por acoso laboral


Un juzgado madrileño ha acordado retirar la condecoración a un inspector de Policía Nacional que fue sancionado por acoso laboral

 EFE
Borja Méndez
Gonzalo Araluce
Borja Méndez  Gonzalo Araluce

Publicado: 30/11/2023 04:45

La justicia ha vuelto a revocar una distinción otorgada por Fernando Grande-Marlaska a un inspector de la Policía Nacional que ya está jubilado. La decisión ha sido tomada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que ha anulado la concesión de distinción de funcionario honorario del pasado 9 de junio de 2022 a un mando policial que fue sancionado por acoso laboral, según la sentencia al que ha tenido acceso Vozpópuli.

Esta sentencia fue dictada el pasado 27 de octubre por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. El demandante que recurrió la concesión de este distintivo fue el sindicato policial Jupol, según el escrito.


Además, la Abogacía del Estado, en nombre y representación de la Administración demandada, interesó se le tuviera por "allanada en el presente recurso, al entender que existía una sanción disciplinaria no cancelada" en la fecha de la Resolución por la que se le concedió la distinción de funcionario honorario.

Una condecoración anulada
Revisado el caso, el TSJM decidió anular y retirar a todos sus efectos la distinción al inspector José Antonio Rodríguez Abellán. La sentencia está firmada por la presidenta de la sala Elvira Adoración Rodríguez Martí y los magistrados Ignacio del Riego Valledor y Santiago de Andrés Fuentes.

En este caso, el inspector al que le han retirado el galardón pertenecía a la Unidad Territorial de Seguridad Privada de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía de Navarra. Uno de los agentes destinados en el equipo le denunció por acoso laboral y se abrió una investigación interna.

El relato de este policía fue respaldado por otros compañeros y superiores que presenciaron escenas de vejaciones e insultos. Por todo ello, se le impuso una sanción disciplinaria muy grave el 11 de marzo de 2021. Este expediente fue firmado por el secretario de Estado de Seguridad de Marlaska.



Fue suspendido tres años y un mes
El inspector fue suspendido de funciones durante tres años y un mes, un total de 1.125 días. Esta sanción no impidió que un año después, mientras estaba suspendido y jubilado recibiera una condecoración por el trabajo prestado por parte del Ministerio del Interior bajo la batuta de Marlaska.

El acoso se prolongó entre el 2019 y el 2016 y la denuncia fue de un agente que estaba a su mando. "Faltas reiteradas de respeto y consideración, ninguneándolo, descalificándolo, infravalorando e incluso mofándose de él, cuestionándole y recriminándole constantemente, tanto en su labor profesional como sobre aspectos de su vida privada", explica el expediente al que ha tenido acceso Vozpópuli.


La sanción detalla que este inspector actuó de "forma libre y voluntaria". "De esta manera, insultó, vejó, menospreció y humilló públicamente a un Policía a su cargo durante tres años", critica. También, según el escrito, perjudicó a la Institución al dañar su prestigio y credibilidad al realizar estos comentarios en presencia de personas ajenas al Cuerpo. La firma de la sanción corresponde al director General de la Policía, Francisco Pardo Piqueras.

Las frases del inspector premiado por Marlaska
De forma paralela al expediente interno, el agente también presentó una querella por la vía penal para que el inspector respondiera por sus actos. En ella detalla con pelos y señales los crueles episodios y comentarios que vivió durante tres años.


Frases tales como "no vales para nada", "eres corto", "no sabes ni conducir", "mi hijo pequeño es más listo que tú", "le preguntaba datos de geografía delante de la gente para ridiculizarle" y "le ordenaba que hiciera cafés para él y otras personas". Después de todo ello, pocos años después consiguió la condecoración del Ministerio del Interior, bajo las órdenes de Marlaska.

El sindicato que denunció esta condecoración y ha logrado revocarla ha señalado a Vozpópuli que no van a "tolerar que se lleven a cabo este tipo de prácticas de acoso laboral, Independientemente quien sea y que cargo ostente". "No podemos permitir que se trate de forma impropia y con faltas de respeto a ningún agente de la Policía Nacional", aseguran fuentes de Jupol.


Jupol avisa sobre las condecoraciones
"No podemos consentir que se produzcan estas situaciones dentro de las comisarías por lo que siempre estaremos vigilantes en todas las dependencias policiales para perseguir y erradicar este tipo de prácticas de las plantillas policiales", afirman.

Desde este sindicato subrayan que no van a permitir que se sigan concediendo condecoraciones por parte del Ministerio del Interior y de la Dirección General de la Policía a miembros del cuerpo nacional de la Policía que "no sean merecedoras de estas distinciones". "Ya han sido varias las veces en las que la justicia no ha dado la razón en relación con la entrega de medallas de forma arbitraría y sin basarse en los criterios establecidos", aclaran.


Para finalizar lanzan un mensaje a Marlaska para avisar de que seguirán acudiendo a la justicia "las veces que haga falta para que se cumpla con la normativa vigente" y "no se interprete de manera torticera para incrementar las pensiones o las retribuciones de policías bajo criterios de amiguismo".

Desconectado 47ronin

  • Administrador
  • Tyranosaurius Rex
  • ****
  • Mensajes: 223231
Re: El acoso en los cuerpos policiales
« Respuesta #912 en: 06 de Diciembre de 2023, 09:34:35 am »



POR PRESUNTO ACOSO O PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA

Un inspector de la Policía Local de Elche se querella contra el Comisario Jefe y dos intendentes: declaran este miércoles


Pablo Serrano
POLICÍA LOCAL ELCHEELCHE
   

 Día del patrón de la policía este 2023
27/11/2023 -
ELCHE. Este miércoles 29 de noviembre tendrán que declarar en los juzgados de Elche el Comisario Jefe de la Policía Local, César Zaragoza, y otros dos intendentes, porque un inspector del Cuerpo, Manuel Calvache, ha interpuesto una querella contra los mismos. Un Juzgado de Instrucción la ha admitido a trámite y tendrán que declarar por supuesto delito de discriminación laboral, acoso laboral (mobbing), lesiones —psicológicas— y prevaricación administrativa.

El auto en el que se admite la querella es de finales de octubre, y del que también se ha hecho eco El Cierre Digital. La querella a la que ha tenido acceso este diario es del inspector Manuel Calvache Castaño (hijo del exjefe de policía Manuel Calvache Sánchez, fallecido el pasado mayo), responsable desde 2001 de la Unidad de Menores, Violencia de Género y Protección de Colectivos Vulnerables (UMEV-UPRAM). Lleva en la Policía 28 años en el cuerpo y ha tratado con 5 jefes diferentes, advirtiendo que con ninguno se le había promovido la apertura de expediente disciplinario alguno por conductas ilegales o antirreglamentarias, "ni por ninguna otra causa o motivo". En su querella detalla las presuntas irregularidades de lo que dice es su particular "calvario" —está de baja desde febrero bajo prescripción médica con episodios de ansiedad, entre otros— , que empezaba en 2015 con hechos de distinta índole, y para los que aportan numerosas pruebas y testigos. 

Problemas con su título
Aquel año indica que ya se rumoreaba que el nuevo Comisario sería Zaragoza, y cuando finalmente este aprobó su oposición, recibió una llamada del Comisario en funciones, Francisco Bernabeu, quien le llamaba a su vez sobre más rumores que anticipaban que en breve, por parte de la Jefatura, se iba a cuestionar la validez de su título de 'Experto Universitario en Criminología' para seguir como Inspector. "Que todo sería un calvario para él y que se las iban a hacer pasar canutas, pero que si renunciaba de motu propio' a su plaza de Inspector interino (que ostentaba desde el año 2004), se le garantizaba a perpetuidad la permanencia como mando, en calidad de Oficial de su Unidad". Un título que esgrime se había validado por el Ayuntamiento en 2004 y una propuesta que Calvache rechazó.

Ya en 2016, cuando el actual Comisario toma el mando, en la querella se asegura que iba diciendo entre plantilla y sindicatos que "lamentaba tener que cesarle como Inspector (en referencia a Calvache), pero que no tenía más remedio que hacerlo porque su título de Diplomado en Criminología no era apto para el puesto que ostentaba". El escrito alude a que precisamente Zaragoza dispone del mismo título de Diplomado Universitario en Criminología que le hubiera habilitado para ascender a Inspector; cuando solo era Oficial.


 Zaragoza, en una rueda de prensa acompañando al alcalde Pablo Ruz y la edil Inma Mora
Pero la cuestión con el título siguió dando coletazos, presuntamente con problemas constantes puestos desde la Jefatura, señala la querella. En 2017 desde el Consistorio se inicia un procedimiento para aclarar la situación de los comisarios interinos por una nueva nomenclatura legal, pero Calvache denuncia que se le empezó a pedir únicamente a él todo tipo de documentación extra, "absurda", para validar su título, llegando a tener que contactar con el Ministerio. Prosigue la querella narrando que algunos de esos escritos se habrían difundido en vestuarios, pasillos u otras dependencias policiales, "y que no debían haber salido de dicho expediente administrativo".

El querellante denuncia que tras validar finalmente el título en el Ministerio, "empezaría el ninguneo, marginación e invisibilización personal, profesional e institucional", sin ir a reuniones o comisiones sectoriales sobre su materia de género, colectivos vulnerables, etc. Desde entonces, además, manifiesta que ya no se le daba información y que era ignorado sobre estas cuestiones a pesar de ser el responsable de la Unidad. También mantiene que Zaragoza contaba con agentes de su confianza para hacer el trabajo que Calvache o su Unidad hacían en institutos reuniéndose con los directores. Y que no se le permitía participar en medios de comunicación, omitiéndole, "cuando otros mandos de área sí iban". Relacionado con esto, se indica que por ejemplo cuando se le concedió la Medalla de plata del Bimil·lenari, ni se le informó que se le había otorgado, ni a nadie de su Unidad o él se les invitó a acudir a la entrega.

Por otra parte, Calvache dice del Comisario y de los dos intendentes querellados que nunca contestaban a sus informes en cuestiones importantes como "las relativas a la falta de personal, descanso, vacaciones, y recuperaciones de agentes, refuerzos y horas extraordinarias...". Esgrime que se saltaban la cadena de mando y se dirigían directamente a los agentes a cargo suyo para "para darles órdenes, dejándole al margen como mando, como si él no existiera". También que se ponían pegas para arrestos porque no habrían suficientes indicios, les contestaban, por lo que Calvache preguntaba que si no querían que se procediese así, que se emitiera una orden de servicio a este respecto, lo que nunca se hizo. "Por lo que resulta que las únicas detenciones que se pueden practicar son las llevadas a cabo por el resto de las Unidades de la Policía Local, a excepción de la Unidad del Sr. Calvache", se denuncia.

Caso de violencia de género
Precisamente sobre detenciones, otro de los presuntos hechos que tuvieron lugar y se denuncian es que Calvache recibió un aviso de lo que parecía un caso de violencia de género que afectaba a un agente de la Policía Local por posibles maltratos a su pareja. Le habían encargado que lo gestionase, y cuando avisó al Comisario Jefe para informar que tenía que proceder a la detención, este habría señalado que si estaba seguro, porque se trataba de un compañero, a lo que pidió textualmente, según la querella, que "si podíamos, evitáramos la detención", que "tuviera cuidado, porque era un compañero".

Y se relata que cuando Calvache encarga el traslado a otro inspector, en un momento determinado otro Oficial —el mismo que presuntamente denunció posteriormente a Calvache por mobbing inexistente en el año 2019, aclara la querella— se dirige a este inspector para apuntar que sería él quien lo llevase a la comisaría de la Policía Nacional. Que antes tenía que pasar por casa del agente arrestado para recoger una documentación, pero que según la denuncia, "el verdadero propósito de pasar antes por el domicilio era recoger el arma reglamentaria para introducirla subrepticiamente en el armero individual del Agente en Jefatura", porque la habría tomado del armero cuando estaba de baja, por lo que no podía hacerlo. "Por lo que, con ello, se alteraban los hechos en lo concerniente a la ubicación del arma reglamentaria durante los presuntos malos tratos", señala la querella. La misma apostilla que finalmente la Policía Judicial UFAM comprobó que los hechos habían tenido lugar así al revisar las imágenes de la cámara del armero.

A continuación, la querella relata que el agente en cuestión quedó detenido en dependencias policiales y, al día siguiente, pasó a disposición judicial donde fue puesto en libertad con una medida cautelar de prohibición de aproximación y comunicación con la víctima; "cuya medida cautelar quebrantó esa misma noche, produciéndose una llamada a la central de radio por parte del padre del Agente (también Inspector de la Policía Local de Elche) que presuntamente fue alterada (manipulada) a instancias del mando responsable del turno de noche, al parecer por órdenes del Jefe". Según los hechos que narra la querella, la presunta alteración de pruebas habría sido descubierta por el Inspector coordinador de servicio a la mañana siguiente, y tanto este como el querellante informaron al Comisario Jefe, "el cual minimizó el asunto y restó importancia a todo". Una sucesión de hechos reflejada en un atestado de la Policía Nacional y un informe interno del Cuerpo local. La querella pone de relieve que no hubo ningún tipo de responsabilidad, investigación o expediente a los implicados.

A raíz de esta situación, Calvache denuncia que si apenas había comunicación con Zaragoza, a partir de entonces por sus actuaciones "contra los intereses de funcionarios a los que el Jefe quería proteger a toda costa, y de su intervención en el juzgado acerca de la alteración de pruebas llevada a cabo por la Jefatura, el ostracismo y la marginación hacia su persona se intensificó aún más, si cabe". Por último, la querella sigue enumerando otros casos de presunto acoso por parte de los otros dos intendentes querellados como "cooperadores necesarios" al haber sido discriminado y perjudicado económicamente al realizar menores refuerzos extraordinarios que otros inspectores, dificultades para volver a la 'normalidad' del trabajo tras la pandemia, "torpedeo" de su Unidad "detrayendo personal permitiendo algunas bajas sin cubrir plazas" o apertura de expedientes disciplinarios sin motivo, según la querella, y que finalmente se archivaron sin más.

Con la apertura de diligencias previas, desde el Juzgado se suma a estos hechos denunciados constitutivos de delito, también el de discriminación laboral. Ahora tras las declaraciones de las dos partes, así como testigos y análisis de las pruebas, el juzgado dirimirá si hay evidencias suficientes para la apertura de juicio oral.

Desconectado 47ronin

  • Administrador
  • Tyranosaurius Rex
  • ****
  • Mensajes: 223231
Re: El acoso en los cuerpos policiales
« Respuesta #913 en: 11 de Febrero de 2024, 09:06:59 am »
Las cifras de denuncias de acoso sexual dentro de la Guardia Civil: solo tres avisos a la asesoría confidencial en 2023


El correo confidencial de la Guardia Civil para denunciar acoso sexual dentro del Cuerpo solo tuvo tres comunicaciones en los primeros seis meses del año pasado

Borja Méndez
Publicado: 11/02/2024 04:45

La asesoría confidencial promovida por la Guardia Civil para denunciar casos de acoso sexual solo tuvo tres comunicaciones en los primeros seis meses de 2023. Las cifras reflejan que el 72% de las denuncias se acaban archivando, según los datos que maneja el Ministerio del Interior. "Es bochornoso que denunciar casos de acoso laboral o sexual dentro de la Guardia Civil tenga más repercusión sobre la víctima que lo sufre que para el agresor", lamentan desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles.

Las medidas sobre este aspecto fueron promovidas desde el 2019 cuando se elaboró y se puso en marcha el 'Protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo en la Guardia Civil'. Solo se conocen los datos desde esa fecha. Unas cifras que reflejan las dificultades y las presiones que muchas veces sufren las víctimas a la hora de denunciar.

Las cifras de acoso dentro del Cuerpo

La Dirección General de la Guardia Civil ha emitido recientemente un informe del cumplimiento del Plan de Igualdad de la Guardia Civil. Abarca las cifras comprendidas entre julio de 2019 y julio de 2023 y se centra en el papel de la mujer dentro de la institución. El porcentaje de mujeres guardias civiles se ha incrementado del 7,57% al 9,45%, lo que supone una subida de un 1.88% de personal femenino. Hay 1639 agentes en el Cuerpo.

Una de las conclusiones que destaca el informe es que las condecoraciones en mujeres son inferiores a los hombres si se compara con la medida que hay en cada escala. "Es necesario seguir haciendo este estudio sobre condecoraciones y fomentar que las mujeres obtengan al menos las mismas condecoraciones que los hombres ya que afecta a sus carreras profesionales", subrayan.

El acoso sexual y laboral es uno de los epígrafes con más datos de interés. según el Ministerio del Interior de los 87 casos denunciados, 63 son procedimientos cerrados y el resto, 24, han acabado como expedientes disciplinarios o están a punto de iniciarse como proceso judicial. Desde que se implementó el protocolo de 2019 de los 16 casos presentados solo 9 se reportaron.

El protocolo de la Guardia Civil

Para denunciar este tipo de delitos, la Guardia Civil implantó un teléfono (800.009.555) de asesoramiento e información que es atendido por personal experto en el ámbito de mujer-menor. "Dicho número es usado también para atender las llamadas en relación con el actual protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo de la Guardia Civil, aunque un contestador previo a la atención personalizada orienta a la persona que llama hacia una u otra opción", detalla el informe.

De igual manera, se puso también en marcha un correo electrónico para consultas relacionadas con la asesoría confidencial: dg-asesoriaconfidencial@guardiacivil.org. Las agentes que recurrieron a esta dirección se han ido reduciendo con el paso del tiempo: en 2020 fueron 16 comunicaciones, en 2021 se realizaron 19 avisos, en 2022 se bajó a 8 y en 2023 (solo primer semestre) la cifra se quedó en 3 correos.

Sobre este asunto, Pedro Carmona, el portavoz nacional de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), ha lamentado a Vozpópuli que el Gobierno "discrimina" a las mujeres porque "no tienen el mismo protocolo de acoso que el resto de funcionarios de la Administración General del Estado". También denuncian la "tardanza" de la Dirección General en "tomar decisiones cuando existe algún caso de este tipo".

Desprotección a las víctimas de acoso

Por ello, solicitan que se ordenen "medidas cautelares desde el minuto uno y no cuando quede demostrado que es víctima". Asimismo, critican que Hacienda "desprotege a las víctimas de acoso". Este primer protocolo se actualizó en 2019 y recientemente ha llegado con nuevas premisas.

"No podemos olvidar que en los actos a los que debe acudir la denunciante (declaraciones y entrevistas) debe recordar momentos que han sido complicados y más que asesoramiento, necesita el sentirse respaldad y protegida por una persona de su máxima confianza. En unos casos podrá ser un padre, una madre, un hermano o hermana o su pareja", explican desde AUGC. Una medida que no se realiza dentro de la Guardia Civil ya que la persona que denuncia el acoso debe ir acompañada por otro funcionario del Cuerpo.

Desconectado 47ronin

  • Administrador
  • Tyranosaurius Rex
  • ****
  • Mensajes: 223231
Re: El acoso en los cuerpos policiales
« Respuesta #914 en: 23 de Febrero de 2024, 11:32:28 am »
La Audiencia no juzgará al policía local de Cangas de Onís por acoso sexual porque el delito “no es inherente a su profesión”


Los magistrados declaran que no son competentes para enjuiciar la causa por su condición de agente aunque se sirviese de su actividad profesional “para ver facilitado su ánimo delictivo”
Pilar Campo

Oviedo — 22 de febrero de 2024 11:21h 0

La Audiencia Provincial de Asturias ha ratificado en un auto su falta de competencia para juzgar a un policía local de 59 años, adscrito a la comisaría de la localidad asturiana de Cangas de Onís, por un delito de acoso sexual a una compañera de 29 años. Los magistrados sostienen que debe ser juzgado en un juzgado de lo penal porque en el caso de que se considere que “se aprovechó” de su condición de agente para cometer el delito no entra dentro de la actividad inherente a la cualidad policial, “aunque se sirviese de ella para ver facilitado su ánimo delictivo”.

El juicio ya se suspendió en tres ocasiones cuando ya estaban el acusado, la denunciante y los testigos en sede judicial. Las dos primeras veces se aplazó “por causas de fuerza mayor por cuestiones de salud”, mientras que la tercera fue debida a la declaración de falta de competencia de la Audiencia.

La decisión de retrotraer la causa a un juzgado de lo penal causó perplejidad en la denunciante y en su abogada Laura López Varona, que recurrió en súplica la decisión del tribunal de la Sección Tercera que ahora acaba de desestimar su recurso.

El tribunal había anunciado su falta de competencia in voce tras el planteamiento de la cuestión previa al inicio de las sesiones del juicio oral señalada para el 30 de noviembre de 2023.

Su resolución quedó reflejada en un auto fechado el pasado 12 de diciembre donde se acordó el traslado de las diligencias al juzgado de lo penal que corresponda. Mientras la denunciante recurría esta decisión para que el caso volviera a la Audiencia, la Fiscalía y el abogado Javier Díaz Dapena, en representación del policía denunciado, compartían los criterios del tribunal.

La Sala advierte que no prejuzga los hechos

Para la Audiencia Provincial es indudable que no entra dentro de sus competencias juzgar la causa porque advierte que no se dan los presupuestos legales que exige el artículo 8 de la Ley Orgánica de 13 de marzo de 1986 porque el dato objetivo de la condición de policía “no determina sin más el aforamiento pretendido en el recurso”.

Los magistrados dejan claro que ellos no prejuzgan el caso y por tanto no entran a pronunciarse sobre el fondo del asunto. No obstante, advierten que las peticiones de la denunciante no pueden prosperar por el hecho de que el funcionario acusado sea miembro de las fuerzas de seguridad del Estado y hubiese podido cometer el delito objeto de acusación en el ejercicio de sus funciones.

“Es algo totalmente ajeno a las mismas el que aprovechándose de su condición de policía local, en la que patrullaba y se relacionaba con su compañera, pueda cometer el delito de abuso sexual, pues esto no entra dentro de la actividad inherente a la cualidad policial, aunque se sirviese de ella para ver facilitado su ánimo delictivo”, reiteran.

Este auto no es firme y, por tanto, es susceptible de ser recurrido en casación ante el Tribunal Supremo (TS) por infracción de ley.

Las peticiones de las acusaciones y defensa

La Fiscalía y la acusación particular solicitan para el acusado la imposición de la misma pena de cinco meses de cárcel, una orden de alejamiento a la víctima a menos de 200 metros, así como la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio, todo ello durante tres años y el pago de una indemnización de 3.000 euros por los daños y perjuicios morales ocasionados.

Por su parte, la defensa interesa la libre absolución al negar los hechos imputados por las acusaciones.

Según el relato de las acusaciones, los dos policías coincidieron en 2020 en el mismo turno laboral nocturno. La mujer fue primero agente auxiliar y luego interina en la Policía Local de Cangas de Onís y, según las acusaciones, el agente veterano empezó a acosar a la denunciante.

Así, en sus escritos de calificación sostienen que el acusado, durante el desarrollo de su función, aprovechando la oportunidad de que ambos compartían el mismo turno, impuso a la joven diversas conductas “de inequívoco contenido sexual” y lo hizo presuntamente guiado por “un ánimo libidinoso y sin respetar la voluntad contraria de la mujer”.

Unos comportamientos que, según la Fiscalía y la acusación particular, consistían en “tocarle el muslo, restregarse, darle besos en la cabeza o sentarse encima de ella”.


La víctima estaba acorralada, según las acusaciones

Las acusaciones fijan la primera vez el 29 de mayo de 2020, entre la una y las tres de la madrugada, cuando ambos se encontraban dentro del coche patrulla, entre el cementerio y el campo de tiro de Cangas de Onís.

“El acusado, mientras conducía, le tocó el muslo izquierdo durante unos minutos, al tiempo que le contaba aventuras íntimas que había tenido con mujeres. Una conducta que duró hasta que la mujer interpuso el brazo antes de que alcanzase la ingle”, señalan.

Después, según su relato, el acusado aparcó en las inmediaciones del campo de tiro y una vez que ambos estaban fuera del vehículo, con la mujer policía apoyada en el mismo, “el acusado la acorraló contra él, restregándose, mientras le relataba cómo cortejaba a mujeres y lo que hacía con ellas”.

La siguiente vez ocurrió, según la denuncia, en un turno de noche de finales de octubre de 2020, en la Jefatura de Policía, cuando el acusado se acercó por detrás mientras la agente usaba un ordenador, diciéndole: “Bueno, ya te dejo sola para que veas porno tranquila” y le dio dos besos en la cabeza.

De nuevo, en la noche del 6 de noviembre de 2020, sobre la una y media de la madrugada, según las acusaciones, el policía veterano le dijo: “Pero cómo me pones, es que esas cejas, cómo me ponen”. Después, la agarró por detrás y la abrazó con fuerza, dándole un beso en la sien, y le pidió que le imprimiese un documento, respondiendo la mujer afirmativamente, intentando levantarse, momento en que el acusado la soltó y le dio otro beso.

Posteriormente, sobre las cinco y media de la madrugada de ese mismo turno, el acusado pidió a la agente que se sentase en una silla del comedor de la Jefatura de Policía, sentándose él encima de ella, quedando cara a cara, y le dijo: “¿Qué piensas, que quiero liarme contigo? ¿Qué crees eso?”, “Pero a ver ¿Cuántos años tienes? Dime ¿cuántos? ¿Te crees que me quiero liar contigo?”.

Desconectado 47ronin

  • Administrador
  • Tyranosaurius Rex
  • ****
  • Mensajes: 223231
Re: El acoso en los cuerpos policiales
« Respuesta #915 en: 08 de Marzo de 2024, 12:29:25 pm »

Una grabación de audio, clave para abrir una investigación a la inspectora jefa acusada de «acoso laboral»


En un despacho de la comisaría de Toledo, la responsable de la Brigada de Policía Judicial arremetió contra una policía a su cargo: «No te quiero en Judicial y el lunes empiezas en otro puesto de trabajo»
Mujeres policías, de baja por «acoso laboral»
Jefatura Superior de Policía en Castilla-La Mancha
Jefatura Superior de Policía en Castilla-La Mancha GOOGLE MAPS

MANUEL MORENO

Toledo


07/03/2024
Actualizado 08/03/2024 a las 06:22h.

«No te quiero en Judicial y el lunes empiezas en otro puesto de trabajo». Con estas palabras, según el sindicato ASP, la inspectora jefa de la Brigada Provincial de Policía Judicial en la comisaría de Toledo se dirigió el 12 de enero a una policía nacional a su cargo.


El incidente está recogido en una grabación de audio, realizada por la propia agente en su despacho, que ha sido clave para que se haya abierto una investigación a la responsable de la brigada. Al menos tres policías, todas mujeres, la culpan de «acoso laboral» en unos escritos enviados al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Jefatura Superior de Policía en Castilla-La Mancha, como ABC informó este miércoles.

«Como no se hacía nada, la agente se vio obligada a grabarla para demostrar lo que ocurría. La grabación se tuvo que realizar como prueba para ir a instancias superiores, que no dependen de los mandos de la comisaría, ante la impasividad y permisibilidad en la comisaría de Toledo», explican desde la organización nacional de ASP, con su sede en Vitoria.

Pero antes estas mismas fuentes se remontan a junio del año pasado. Cuentan que los sindicatos UFP y SUP, con la mayoría de afiliados en Judicial, informaron acerca de «lo que sucedía» con la jefa de la brigada, Olga Lizana, responsable de seis grupos y alrededor de una treintena de agentes desde 2020, además de la ODAC (Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano). «Pero el comisario provincial, Carlos Julio San Román, no tomó medidas, a pesar de conocerlo, y la señora Lizana intentó averiguar quién se había quejado para echarlo. Fue interrogando despacho por despacho de la brigada, incluso a los propios sindicatos que se quejaron», añaden desde ASP, al que pertenecen las policías de baja por un presunto acoso laboral.

En diciembre, miembros de la brigada presentaron por escrito al comisario quejas y las peticiones para cambiar de puesto. «Pero no les dio curso y ni siquiera las respondió, con lo que los agentes debieron permanecer en la brigada», continúan relatando las mismas fuentes.

«Como no se hacía nada, la agente se vio obligada a grabarla para demostrar lo que ocurría»

Unos días más tarde, el viernes 12 de enero, se produjo el incidente grabado en el despacho de una policía, después de haber coincidido ella y su jefa en la cafetería de la comisaría. «Presuntamente ebria, la señora Lizana arremetió contra la compañera, faltándole al respeto y afirmando que sólo la controlaba a ella porque era la única en la cafetería que había solicitado irse de la brigada», según el sindicato ASP, que alude al contenido de la grabación.

Después, entre otros comentarios, fue cuando le espetó: «No te quiero en Judicial y el lunes empiezas en otro puesto de trabajo». Lo decía una funcionaria que había sido apodada 'la Cazagánsteres de Europa' por la prensa británica diez años antes y que en 2016 fue cesada como jefa de uno de los grupos con mayor proyección internacional dentro del cuerpo: el de Localización de Fugitivos Extranjeros de la Comisaría General de Policía Judicial.

El audio se presentó en la comisaría y supuestamente fue enviado a Madrid, a la Dirección General de la Policía, lo que habría originado la investigación que está en curso antes de iniciar o no un expediente sancionador contra la responsable de la Brigada Provincial de Policía Judicial. Luego tres policías mujeres presentaron sus denuncias ante el departamento de Prevención de Riesgos Laborales de la jefatura.

Desconectado 47ronin

  • Administrador
  • Tyranosaurius Rex
  • ****
  • Mensajes: 223231
Re: El acoso en los cuerpos policiales
« Respuesta #916 en: 12 de Marzo de 2024, 18:36:00 pm »

«Si te quedas en Judicial, atente a las consecuencias»: los obstáculos a una policía para conciliar


Es la quinta denuncia sobre la responsable de la Brigada Provincial de Policía Judicial en la comisaría de Toledo. La funcionaria cambió de destino «para comenzar una nueva vida y dejar atrás la mala experiencia en la Jefatura Superior de Castilla-La Mancha»
Otra policía denuncia a su jefa por acoso laboral: «Me escondía a llorar en el baño del trabajo por impotencia»
Oficina de denuncias en la comisaría de Toledo
Oficina de denuncias en la comisaría de Toledo GOOGLE MAPS

MANUEL MORENO

Toledo


12/03/2024
Actualizado a las 17:16h.


«A mediados de marzo del año 2023, cuando salió el Concurso General de Méritos, solicitamos el traslado a un nuevo destino para poder comenzar una nueva vida y dejar atrás toda esta mala experiencia que habíamos vivido en la Jefatura Superior de Castilla-La Mancha».


Éste es el final del relato que M. hace en su exposición de hechos dirigida al departamento de Prevención de Riesgos Laborales de la Policía Nacional de Madrid. Es la quinta policía, todas son mujeres, que ha denunciado ante ese servicio a la inspectora jefa de la comisaría de Toledo, Olga Lizana, responsable de la Brigada Provincial de Policía Judicial.


Las cuatro anteriores han presentado sus escritos en la Jefatura Superior de Policía en Castilla-La Mancha por un presunto «acoso laboral», mientras que M. lo hizo este lunes desde Andalucía. Allí trabaja ahora en un grupo operativo de Fronteras y Expulsiones de la Unidad de Extranjería y Documentación de una comisaría.

En su relato, M. cuenta que llegó a sentir «el miedo de volver a encontrarme mal en el trabajo, al tener que estar sufriendo las malas formas» de la inspectora jefa: «Continuos desprecios, saludos sin contestación, incluso hablarla y que no me mirase a la cara». La funcionaria narra que llegó a cambiar su recorrido por la comisaría, si escuchaba la voz de Lizana, para «no encontrármela».


Por todo ello, y antes de marchase de la región a otro destino profesional, decidió quedarse en un puesto de la oficina del DNI en Toledo, «donde mi salud mental estaba equilibrada, aunque ello supusiese la pérdida de dinero a consecuencia de la reducción de jornada y el sacrificio de no poder desarrollar mi faceta profesional».

Los hechos que M. narra se remontan a enero de 2021, cuando se quedó embarazada de su segunda hija. Dos meses después, le concedieron el cambio de la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano (ODAC) a un grupo de la Brigada de Policía Judicial para que no trabajara de cara al público durante el embarazo, y más en plena pandemia por el COVID-19.

El trabajo que siempre quiso
Recaló en un grupo que se encargaba de la Unidad Atención a la Familia y Mujer (UFAM) y de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), donde, en la medida de lo posible, se evitó que M. mantuviese contacto alguno con detenidos y denunciantes.

Participó en varios casos que fueron reconocidos con «sucesivas felicitaciones» y recibió una llamada del jefe de la Brigada de Policía Judicial, quien dejaba al cargo a Olga Lizana cuando él se ausentaba por su ascenso a comisario. Era para proponer a M., graduada también en Criminología, quedarse en el grupo de investigación en el que se encontraba. Lo hizo porque él estaba «muy satisfecho con la labor policial desempeñada» de M., que dijo sí. «No dudé y acepté», ya que «era el trabajo que siempre había querido realizar por su relación con la investigación».

En julio fue dada de baja por su embarazo y se incorporó al trabajo en abril de 2022. Lizana, ya con plenos poderes en la Brigada de Policía Judicial, citó en su despacho a M. Le comunicó, delante del jefe de la ODAC, que formase parte de la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano «por falta de personal». «Que no me quería en la brigada», afirma M. en su denuncia, y que para el cambio esta agente tenía que redactar un escrito (minuta) de manera voluntaria renunciando a su presencia en el grupo de investigación.

M. se negó, «por no querer renunciar a un puesto de trabajo en el que realmente quería estar», y la inspectora jefe habló: «Me dijo que, si me quedaba en la Brigada de Judicial, no iba a volver al mismo grupo (UFAM/UDEV) y que me tendría que atener a las consecuencias».

Añade que, tras escuchar esas palabras, «no pude contener las lágrimas, reaccionando impasible la inspectora y diciéndome que yo había subido al grupo por circunstancias excepcionales (mi embarazo) y que estaba ocupando un puesto que no me correspondía; y que a consecuencia de ello otro compañero de la ODAC (además, amigo mío) se quedaba sin su puesto porque la plaza se la había quitado yo». M. preguntó entonces si su compañero y amigo entraría en Judicial en el caso de renunciar ella al puesto. Lizana contestó que no.

«Siguió diciéndome que quizás ese no era el momento de estar en Judicial debido a mis circunstancias familiares y que me pensase lo que quería hacer», recuerda M., que estaba aturdida: «No entendía nada porque, cuando estuve en el grupo antes de darme de baja, nunca tuve ningún problema a la hora de conciliar» con su pareja, también policía, en la Brigada de Seguridad Ciudadana de Toledo.

«Nula flexibilidad»
M., que se sentía coaccionada, no firmó ninguna minuta «voluntaria» y salió del despacho, donde había sido citada «a puerta cerrada, con dos superiores jerárquicos y sin ayuda ni testigos». Su marido, sin embargo, le animó a que no renunciase a «algo que había conseguido por méritos propios».

Con la advertencia rondando su cabeza de que «me atuviese a las consecuencias si no renunciaba voluntariamente a mi puesto de trabajo y que no iba a volver a la UFAM/UDEV», M. barajó una reducción de jornada. De esta forma, explica en su exposición de hechos, a Lizana quizá «se le quitaría de la cabeza la idea de volver» a la oficina de denuncias, «y me dejaría desempeñando mi trabajo en algún grupo de investigación de la brigada que fuese compatible con la reducción» de jornada.

Consultó a la inspectora jefa, que «me increpó sobre la dificultad de asumir una conciliación en una brigada de Judicial tanto por necesidades de servicio», cuenta M. «Me dijo que temporalmente había pensado la opción de ponerme en la Secretaría de la Brigada de Policía Judicial en horario de mañana, sin posibilidad de hacer horario de tarde», con lo que M. no podría conciliar con su pareja el cuidado de sus hijas. Ella pedía una flexibilidad horaria de tan solo ocho días al mes como máximo y Lizana le «argumentaba» que su marido también tenía que conciliar.

«Al ver la nula flexibilidad por parte de la inspectora jefa y las pocas ganas de ayudar a una policía madre de dos niñas», M. decidió acogerse a una reducción de la jornada laboral, con la consecuente pérdida económica de unos 500 euros al mes. Era «la única opción factible para no renunciar a estar en un grupo de investigación, que era mi ilusión al volver al trabajo y cuyo puesto me había ganado por méritos propios», puntualiza M. Ella pensaba además que así Lizana «no me cogería manía por no haber hecho la minuta voluntaria de renuncia que ella misma me pidió que hiciese».

Sin embargo, la inspectora jefa avisó que, si a M. le concedían esa reducción de jornada, seguiría en la Secretaría de la brigada. «No quiso ni valorar otra opción más flexible, puesto que ella estaba empeñada en que yo no formase parte» del grupo de investigación en el que había estado trabajando hasta que le dieron la baja por el embarazo.

Después de todo, M. pidió la reducción de jornada, que se la concedieron, para intentar quedarse en la brigada. Pero la enviaron a Secretaría por las mañanas y su marido tampoco encontró a ningún compañero en Seguridad Ciudadana con quien cambiar el horario para poder quedarse con sus hijas.

Las palabras del comisario
Días más tarde, el comisario provincial, Carlos Julio San Román, citó a M. en su despacho para comunicarle que la inspectora jefa «se sentía muy presionada por mi insistencia respecto a la necesidad de hacer cumplir mi derecho a la conciliación». Además, según M., el comisario añadió que «ahora las mujeres íbamos con los derechos por bandera (palabras textuales); que él tuvo que trabajar mucho privándose de ver a sus hijos por los turnos que en aquella época había establecidos; que teníamos que adaptarnos a las necesidades del servicio...».

M. le recordó que esos derechos «estaban reconocidos y que necesitaba hacer uso de ellos sin más remedio» para el cuidado de sus hijas al menos cuatro meses. «Desesperada al ver que no me dejaban forma alguna de conseguir la conciliación en la brigada de Judicial, le dije que desempeñaría cualquier trabajo, que me ubicasen donde quisiesen, hasta picando piedra en una mina si hiciese falta, pero que yo tenía que conciliar».

La oficina del DNI era «un sitio en el que no quería estar, al que me vi forzada a ir para poder tener cubiertas mis obligaciones familiares»

Finalmente, M. aceptó el puesto en la oficina del DNI porque «era la única salida para conciliar», aunque aceptó el puesto con la condición de que no variase su perfil profesional, porque «yo quería seguir formando parte de un grupo de investigación en el futuro», aunque en aquel momento dijesen que «no era posible».

Para M., la inspectora jefa «prefería prescindir de una policía trabajando en su brigada aún habiendo pedido la reducción (es decir, trabajando cinco horas diarias) antes de ceder en la flexibilidad horaria de tan solo ocho días al mes como máximo». Comenzó en su nuevo puesto laboral, «un sitio en el que no quería estar, al que me vi forzada a ir para poder tener cubiertas mis obligaciones familiares. Un puesto meramente burocrático en el que no me podía desarrollar profesionalmente por el simple hecho de ser madre.

NOTICIA RELACIONADA
Una grabación de audio deja al descubierto a la inspectora jefa acusada de «acoso laboral» en Toledo
MANUEL MORENO
Cuatro meses después, le comunicaron que la inspectora jefa había manifestado que M. no podía seguir trabajando en un puesto de gestión con otro reconocido como personal de investigación. Por tanto, o se quedaba en la oficina del DNI o volvía a la brigada de Judicial, aunque sin saber el puesto concreto. La policía decidió entonces permanecer por lo primero, ya que «mi salud mental estaba equilibrada, aunque supusiese la pérdida de dinero por la reducción de jornada y el sacrificio de no poder desarrollar mi faceta profesional».

Cuando pudieron M. y su marido, solicitaron el traslado a un nuevo destino, que se lo concedieron, para «poder comenzar una nueva vida y dejar atrás toda esta mala experiencia que habíamos vivido en la Jefatura Superior de Castilla-La Mancha». De eso hace ya un año.

 

 

Desconectado 47ronin

  • Administrador
  • Tyranosaurius Rex
  • ****
  • Mensajes: 223231
Re: El acoso en los cuerpos policiales
« Respuesta #917 en: 13 de Marzo de 2024, 07:26:23 am »
Una sentencia obliga a la Policía a reabrir una investigación por una denuncia de acoso de una subinspectora a dos mandos


La Unidad de Régimen Disciplinario de la División de Personal de la Policía Nacional archivó la información reservada sin tomar declaración a la uniformada que denunció a dos inspectores jefe

Lucas Marco

València — 12 de marzo de 2024 23:01h Actualizado el 13/03/2024 05:30h 0
SEGUIR AL AUTOR/A
Una subinspectora de la Policía Nacional, adscrita a la Jefatura Superior de la Comunitat Valenciana, ha conseguido reabrir una información reservada por la denuncia por presunto acoso laboral contra dos de sus superiores. La mujer denunció en 2019 un presunto acoso por parte del inspector jefe de la Comisaría de Abastos, en València, y de un responsable del Grupo Operativo de Respuestas (GOR). La denunciante consideraba que las decisiones y actitudes en la esfera laboral de ambos mandos constituirían un presunto acoso moral y psicológico.

La Policía Nacional, condenada por no haber protegido a una agente que sufrió acoso laboral en Fuerteventura

La Policía Nacional, condenada por no haber protegido a una agente que sufrió acoso laboral en Fuerteventura
El 9 de enero de 2020, la subdirectora general de Recursos Humanos y Formación inadmitió a trámite la denuncia y remitió las actuaciones a la Unidad de Régimen Disciplinario de la División de Personal, que abrió una información reservada (un procedimiento sin carácter sancionador que trata de averiguar hechos que, en su caso, podrían dar pie a la apertura de un expediente disciplinario).

Cuatro meses después, se acordó el archivo al no hallarse responsabilidad disciplinaria por parte de los dos superiores. El recurso de reposición de la subinspectora contra el archivo fue inadmitido.

La uniformada recurrió el archivo solicitando que se anulara la resolución de archivo y que continuara el procedimiento disciplinario. También pretendía que se declarara la “actuación irregular” por parte de la administración. La letrada de la subinspectora alegaba que el archivo se acordó “sin investigación alguna” y sin ni siquiera tomar declaración a la mujer. El supuesto acoso de sus dos superiores le supuso un cambio de puesto de trabajo además de trastornos psicológicos, según el recurso.

La dirección general de la Policía inadmitió el recurso de reposición por la falta de legitimación activa de la agente al considerar que no ostentaba la condición de interesada en el marco de la información reservada.

La decisión de archivar el procedimiento se tomó tras haberse analizado los informes de los dos superiores de la mujer y tras haber tomado declaración a dos policías que aparecían citados en la denuncia inicial. Sin embargo, la única que no declaró fue precisamente la denunciante.

El archivo: “La única responsable es ella”

La resolución de archivo concluyó que los “supuestos hechos se contradicen con la realidad”. La denuncia “parece más bien motivada por causas endógenas, por una forma de entender el ejercicio del mando policial más propia de otras épocas, más autoritaria y rígida, pretendiendo imponer a sus superiores su particular visión sobre la forma de dirigir un grupo y una comisaría”. Los mandos, “lejos de lo que afirma en su denuncia, han hecho gala de gran flexibilidad”, aseguraba la propuesta de resolución de la información reservada.

Además, consideraba que las afirmaciones de la mujer “no tienen la menor base, no se apoyan en un mínimo hecho objetivo, ni se corresponden en modo alguno con la realidad”. Así, la Unidad de Régimen Disciplinario de la División de Personal reprochaba que la mayoría de sus afirmaciones son “interpretaciones extensivas y subjetivas de supuestas situaciones que no concreta”, que acaecieron en “tiempos lejanos e imprecisos” y sin que se aporten testigos.

La resolución fue contundente: “En muchos de los casos lo que en realidad expresan y ejemplifican sus afirmaciones es todo lo contrario: que la única responsable de esos episodios y sus consecuencias es ella, aun cuando pretenda achacarla a los demás; se ha comprobado que la gran mayoría de sus afirmaciones no son más que un cúmulo de errores de interpretación sobre sus obligaciones, responsabilidades y los límites de los mismos, acompañadas de exageraciones de hechos sin trascendencia para hacerlas encajar en el listado que aparece” en el Protocolo de actuación frente al acoso laboral de la Administración General del Estado.

El TSJ-CV pide más “prueba técnica” para el archivo

Sin embargo, la sección segunda de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha estimado parcialmente el recurso de la denunciante. La sentencia, del pasado 14 de febrero, recuerda que el archivo de la información reservada “incide” en el perfil psicológico de la subinspectora.

“En opinión de la Sala, considerando la naturaleza de los hechos denunciados —acoso moral y psicológico— y partiendo de la dificultad ínsita para la prueba de estas conductas, el archivo de la información reservada basado fundamentalmente en el perfil psicológico de la actora hubiera requerido por parte del instructor articular prueba técnica en ese sentido”, indica el fallo, que no es firme.

Y “más teniendo en cuenta” que la denuncia de la mujer “se formuló en base” al Protocolo de Acoso Laboral, “cuyo procedimiento sí que le hubiera permitido articular prueba en dicho sentido a diferencia de la información reservada tramitada”.

La sentencia, a tenor de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, avala la legitimación activa de la mujer en relación con la información reservada. La subinspectora “considera que en la información reservada no se ha practicado una investigación adecuada a la naturaleza de los hechos denunciados siendo imprescindible que se le tomara declaración y el archivo en consecuencia no estaría motivado, y desde esta perspectiva, no encuentra la Sala reparo para reconocerle legitimación activa”, agrega el fallo.

El TSJ-CV, en definitiva, anula el archivo y ordena que se dicte una nueva resolución, “sin prejuzgar el sentido de la misma” y “valorando” el informe pericial psicológico que acompañaba la demanda inicial, que la sentencia admite como prueba.


Desconectado 47ronin

  • Administrador
  • Tyranosaurius Rex
  • ****
  • Mensajes: 223231
Re: El acoso en los cuerpos policiales
« Respuesta #918 en: 13 de Marzo de 2024, 18:24:13 pm »

Otra policía denuncia a su jefa por acoso laboral: «Me escondía a llorar en el baño del trabajo por impotencia»


La funcionaria cuenta que, aunque lleva dos años en otra brigada, la inspectora jefa Olga Lizana, responsable de Policía Judicial, «ha seguido su inquina hacia mí»
Una grabación de audio, clave para abrir una investigación a la inspectora jefa acusada de «acoso laboral»
Olga Lizana, en enero, durante la celebración en Toledo del bicentenario de la Policía Nacional
Olga Lizana, en enero, durante la celebración en Toledo del bicentenario de la Policía Nacional H. FRAILE

MANUEL MORENO

Toledo


11/03/2024
Actualizado a las 18:23h.

Otra policía ha denunciado este lunes ser víctima de acoso laboral por parte de la inspectora jefa Olga Lizana en la comisaría de la Policía Nacional en Toledo. En su escrito, elevado al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Jefatura Superior de Policía en Castilla-La Mancha, la agente M. relata una persecución que todavía continúa, a pesar de que lleva dos años en otra brigada que no depende de Lizana. «Ella ha seguido su inquina hacia mí, continuando con sus malas formas y llegando a increpar a compañeros de mi antiguo grupo y de otros por hablar conmigo, alegando que les entretengo solamente por saludarles», se lee en el escrito.


Las cuatro denuncias por acoso laboral presentadas hasta ahora en el mismo departamento son de mujeres que han trabajado con la inspectora jefa o lo siguen haciendo, aunque algunas están de baja. Porque Lizana es la responsable de la Brigada Provincial de Policía Judicial y tiene bajo su mando seis grupos desde 2020. Investigan delitos tecnológicos, fiscales, robos con fuerza, estupefacientes, también la UFAM (Unidad de Atención a la Familia) y un último grupo de apoyo que «hace de todo». Igualmente de ella depende la ODAC (Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano).


M. es policía nacional desde 2007, no cuenta con ningún expediente disciplinario y tiene más de 80 felicitaciones públicas, entre ellas dos cruces blancas al mérito policial. En 2018 entró a formar parte de la Brigada Provincial de Policía Judicial, dirigida entonces por otro inspector jefe, que «valoraba positivamente mi trabajo y confió en muchas ocasiones en mí para realizar atestados de carácter complejo».

En febrero de 2019 aterrizó en la brigada Olga Lizana y los primeros meses «fueron buenos, pues acababa de llegar a la comisaría y quería agradar a la gente, bajo mi punto de vista. No obstante, tenía un humor muy cambiante y tan pronto estaba de buen humor como no daba ni los buenos días».


En su denuncia, M. desvela algunos comentarios que Lizana le hacía sobre otras unidades que había dirigido, como el Grupo de Fugitivos y el de Juegos de Azar de la Comisaría General de Policía Judicial. «Muchas veces de manera directa y para marcar distancia, me decía que había tenido problemas en otras unidades en las que había estado destinada (...), porque los policías a su cargo fueron unos vagos; que les dabas la mano y se cogían el brazo, y que eso no la iba a volver a pasar porque iba a dejar claro desde el principio quién era la jefa» en la brigada de la comisaría toledana.

Lizana, que depende directamente del comisario provincial, Carlos Julio San Román Plaza, había sido apodada 'la Cazagánsteres de Europa' por la prensa británica en 2014. Sin embargo, dos años después fue cesada como jefa de uno de los grupos con mayor proyección internacional dentro del cuerpo, el de Localización de Fugitivos Extranjeros, antes de llegar a Toledo con una larga, reputada, condecorada y controvertida trayectoria profesional.

«Acoso y derribo»
M., casada con un policía, es madre de dos niñas. Aunque tenía un acuerdo con su anterior jefe para conciliar la vida laboral con la familiar, y que «me correspondía por ley», la funcionaria cuenta que Lizana comenzó a atosigarla porque se retrasaba el tiempo necesario (20 minutos) para dejar a sus hijas en el colegio. «Llamadas telefónicas que a mí me generaban estrés, agobiándome a la hora de conducir desde mi lugar de residencia hasta la comisaría de Toledo».

La agente describe una campaña de «acoso y derribo» desde enero de 2020 tanto hacia ella como hacia su compañera A., quien también lo ha puesto en conocimiento del departamento de Prevención de Riesgos Laborales de la jefatura. Así viene contándolo ABC desde el miércoles con información del sindicato ASP, cuya organización nacional, con sede en Vitoria, está respaldando a las denunciantes.

«Desde ese momento», asegura M., «la inspectora jefa comenzó a hablar mal de nosotras, encerrándose en despachos con otros compañeros para desacreditarnos como trabajadoras, criticarnos y menospreciarnos». De esa manera, según M., Lizana hacía ver «a la gente que no éramos buenas trabajadoras, consiguiendo que muchos de esos compañeros, por temor a represalias de ella o por no conocernos bien y creerla, nos dejaran de lado o no nos hablaran».

Esos episodios «de gran tensión» provocaron en M. que «en muchas ocasiones me tuviera que esconder a llorar en el baño del trabajo y encerrarme en el despacho del Grupo 6º al sentir impotencia de su trato hacia mí y hacia mi compañera». Unos hechos, afirma, «vistos y conocidos por gran parte de los integrantes de la Brigada de Policía Judicial».

NOTICIA RELACIONADA
Una policía que ha denunciado a su jefa: «La cabeza me reventaba y lloraba en el despacho»
MANUEL MORENO
Usó una agenda, por primera vez en su vida, después de que comenzasen a desaparecer documentos y diligencias que ella sabía que había escrito

Durante la pandemia, según la denuncia, continuó ese atosigamiento. Por ejemplo, M. y A. tuvieron un nuevo compañero, a quien la inspectora jefa comenzó a contar que ellas eran unas «vagas», «volviendo a desacreditarnos como trabajadoras». Pero en este caso el funcionario se convirtió en un «gran apoyo».

A. y M. «éramos la comidilla de todos los compañeros», afirma la segunda, quien relata otro pasaje con la inspectora jefa. «En más de una ocasión, [Lizana] dijo a otros compañeros que, como no la realizáramos el saludo reglamentario, daría parte [de ellas] y se nos iba a caer el pelo». Un «hecho surrealista», califica M., pues «muchas veces no devolvía el saludo o pasaba por mi lado mirándome con desprecio, sin contestar los buenos días y mucho menos un hola (...), con todo el esfuerzo que me costaba pasar a su lado o cruzarme con ella».

La agente narra también que le costaba levantarse para ir a trabajar y que no cogió la baja médica «por el apoyo que tenía del resto de mis compañeros de grupo», el 6º, que se dedica a delitos fiscales.

Pero por su cabeza, dice, «estaba todo el rato» dejar la brigada que dirige Lizana. Lo consiguió en octubre de 2021 al quedar vacante un punto de policía de investigación en otra brigada de la misma comisaría. Vio la oportunidad de «poder trabajar en un lugar parecido y dejar de sentir el acoso y 'moobing' que hacía sobre mí, con la enorme tristeza que me suponía abandonar mi puesto de trabajo que tantos años me costó conseguir y en el que me habían condecorado con la Cruz Blanca al Mérito Policial por mi trabajo de investigación».

M. asevera que la campaña de Lizana contra ella y su compañera A. principalmente ha sido «visible» para «un amplio número de agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial y de otras brigadas de la comisaría de Toledo. Agentes que en su día no le dieron importancia a los hechos que estaban sucediendo conmigo y con mi compañera por no vivirlos en primera persona». Y añade que muchos de ellos «están solicitando a día de hoy cambios de puesto de trabajo por la presión y las maneras que esta mujer, Olga Lizana Cortopassi, ejerce sobre los demás». «La situación era conocida por todos los componentes de la brigada -insiste M.- y no se hizo nada para revertirla».

Desconectado 47ronin

  • Administrador
  • Tyranosaurius Rex
  • ****
  • Mensajes: 223231
Re: El acoso en los cuerpos policiales
« Respuesta #919 en: 19 de Marzo de 2024, 07:00:34 am »
La Fiscalía sube de uno a dos años su petición de cárcel para el jefe accidental de la Policía Local de Siero por acoso


El acusado, que ejercía como responsable en ausencia del comisario, atribuye la denuncia a una 'guerra sindical' entre el CSIF, al que pertenece, y el sindicato SIPLA al que está afiliado el denunciante


El jefe accidental de la Policía Local de Siero niega haber humillado a un subordinado. Archivo/ Juan González (EFE)
Pilar Campo

Oviedo — 18 de marzo de 2024 14:30h 1

La Fiscalía de Asturias ha subido este lunes su petición de condena para el jefe accidental de la Policía Local de Siero, el cuarto municipio más poblado de Asturias, por su presunta autoría en un delito de acoso laboral. En sus conclusiones definitivas, ha elevado de uno a dos años de cárcel su solicitud de pena para el subinspector F.F., que ejercía como máximo responsable del Cuerpo en ausencia del comisario.

El Ministerio Fiscal imputa al acusado su presunta autoría en un delito contra la integridad moral por la denuncia de un subordinado que sostiene que sufrió constantes humillaciones y vejaciones entre los años 2018 y 2022.


La acusación pública ha solicitado además su inhabilitación para el ejercicio de la profesión de policía durante el tiempo de condena en su informe final ante la titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo.

La defensa, por su parte, ha mantenido que la denuncia se debe a la “guerra sindical” que mantiene el acusado, que está afiliado a CSIF, con el denunciante, que pertenece al Sindicato Independiente de Policía Local de Asturias (SIPLA).

La acusación particular, que ejerce el denunciante, ha pedido que al delito contra la integridad moral que imputa la Fiscalía se sume el delito de lesiones psíquicas ya que, según su relato, sufre secuelas psicológicas por la campaña de acoso.

Denuncia por humillaciones y vejaciones
En la última sesión del juicio, que esta mañana ha quedado visto para sentencia, las acusaciones han mantenido que el jefe accidental sometió a la víctima a constantes humillaciones y vejaciones y le denegó incluso el disfrute de los días de vacaciones correspondientes al año 2019.