Autor Tema: El acoso en los cuerpos policiales  (Leído 142112 veces)

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Re: El acoso en los cuerpos policiales
« Respuesta #900 en: 13 de Abril de 2023, 08:21:09 am »

Los Mossos han abierto 13 expedientes internos por acoso sexual desde la primera denuncia a un médico de Interior


Historia de redaccion@20minutos.es (Carla Mercader) • Ayer a las 20:01

El caso de los presuntos abusos sexuales que presuntamente sufrieron cinco mosses por parte de un médico de la Conselleria de Interior no es el único relacionado con la violencia sexual que ha afectado a agentes de los Mossos d'Esquadra. Después de la primera de las cinco denuncias en febrero de 2020 y tras la aprobación en julio de ese año del protocolo contra el acoso a efectivos, se han abierto 13 expedientes. Así lo ha explicado este miércoles el director general de la policía catalana, Pere Ferrer, durante la comparecencia del conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, en el Parlament, por el caso del médico.

Ferrer ha señalado, asimismo, que en 2022 el protocolo se activó en seis ocasiones, tres veces por acoso sexual y tres por acoso por razón de sexo. Dos casos, ha dicho, se cerraron porque se resolvió que "no había ninguna evidencia" y los otros se suspendieron "a la espera de la finalización del procedimiento penal o disciplinario".

Por su parte, Elena ha admitido que Interior podía haber actuado "más rápido" en lo que hace referencia al médico de la Conselleria, pero ha dicho que han hecho "todo" lo que han podido "para estar junto a las víctimas y para que el agresor lo pague".

Elena ha recordado que la Generalitat ejerció de acusación particular en el único caso que por el momento ha sido judicializado, el que afecta a la primera de las cinco mosses que denunciaron. El Juzgado Penal 4 de Barcelona, en una sentencia que no es firme, condenó en diciembre del año pasado al médico a dos años de prisión e inhabilitación y le impuso libertad vigilada durante dos años y 5.000 euros de indemnización. El conseller ha recordado, además, que el Govern tiene previsto ejercer también de acusación particular en los últimos cuatro casos.

Ha detallado, asimismo, que tras esta primera denuncia en febrero de 2020, Interior abrió un expediente disciplinario al médico -Jorge P., de 60 años-, le prohibió hacer exploraciones a mujeres y le obligó a hacer las visitas a mosses siempre acompañado.

En febrero de 2022, ha indicado, otra agente presentó una denuncia por unos hechos similares por parte del mismo médico también en 2019, y en mayo le abrieron un segundo expediente disciplinario con suspensión de empleo y sueldo. "Es la medida más grave que se puede imponer en el ámbito de las medidas cautelares", ha dicho.

El 20 de mayo, ha continuado Elena, una tercera mujer explicó que también había sufrido presuntos abusos sexuales por parte del mismo hombre y los Mossos d'Esquadra lo detuvieron el mismo día, aunque, tras pasar a disposición judicial, quedó en libertad con cargos.

El 27 de mayo, una cuarta víctima denunció a través del buzón anónimo de la Conselleria creado a raíz de estos hechos. La quinta víctima denunció a través de un sindicato de los Mossos d'Esquadra, que detuvieron por segunda vez al médico el 9 de junio.

Elena ha explicado que a raíz del caso iniciaron la "revisión del protocolo de acoso de los Mossos". También ratificaron el "acuerdo de la mesa general de negociación de los empleados públicos" que aprueba "un nuevo protocolo contra el acoso". Está elaborado conjuntamente por la Secretaria de Administración y Función Pública de la Generalitat, la Conselleria de Igualdad y Feminismos y las organizaciones sindicales de la Generalitat. Además, ha dicho, en Interior están "adaptando el protocolo de la función pública a las necesidades" de sus "cuerpos operativos".

"Nunca nos quedaremos de brazos cruzados mientras se produzcan casos de estas características", ha asegurado Elena, que ha añadido que pese a que la Conselleria ha hecho lo que ha estado en su mano, "nunca es suficiente y estos casos tienen que hacer reflexionar y cambiar lo que sea necesario".

"Seguiremos trabajando siempre para estar al lado de la víctima, responder con la misma contundencia a los agresores y visibilizar una realidad que es asquerosa", ha asegurado el conseller.

Asimismo, Elena ha condenado y lamentado "profundamente estos casos de abuso totalmente intolerables".

Los partidos de la oposición han criticado el proceder de la Conselleria, que han calificado de "negligente", "lento" y poco "eficiente".

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Re: El acoso en los cuerpos policiales
« Respuesta #901 en: 05 de Mayo de 2023, 09:45:04 am »


El Supremo avala la sanción por falta muy grave a dos guardias civiles por acosar a una agente con comentarios sexuales


El Alto Tribunal confirma el cese cautelar de tres meses a los uniformados, destinados en el puesto de Oliva-Gandía, que consideraban que sus derechos fundamentales habían sido “lesionados”
— Sanción a dos guardias civiles por acosar a otra agente: “¿Sabes que tienes que permitir que el piloto te toque las tetas?”





Foco
IGUALDAD
Dos agentes de la Guardia Civil en una imagen de archivo.
Dos agentes de la Guardia Civil en una imagen de archivo.
Lucas Marco

4 de mayo de 2023 21:52h

Actualizado el 05/05/2023 05:30h
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Dos agentes de la Guardia Civil destinados en el puesto principal de Oliva-Gandia consideraban que sus derechos fundamentales habían sido “lesionados” tras habérseles impuesto una sanción de tres meses de cese en funciones, como autores de una falta muy grave, por acosar a una compañera del instituto armado durante una patrulla nocturna con recurrentes comentarios sexuales. Los agentes recurrieron la sentencia de la sección primera del Tribunal Militar Central argumentando que la medida cautelar había sido adoptada “fuera del plazo razonable”. Tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía Togada solicitaban la desestimación del recurso de casación de los dos agentes, en el que no entran a negar o matizar los comentarios improcedentes.


Suspendido durante seis meses un guardia civil por acosar a una compañera: "Todas las mujeres son unas putas"

MÁS
La sección primera de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo (TS) ha desestimado sendos recursos de los agentes del instituto armado. La noche del 2 al 3 de abril del 2022, los dos uniformados se dedicaron a proferir todo tipo de comentarios sexuales a una compañera con la que realizaban un servicio nocturno. La mujer entregó el 5 de abril un escrito a la cadena de mando en el que detallaba las expresiones machistas de índole sexual que le profirieron, asegurando que había pedido hasta en una veintena de ocasiones que pararan de acosarla.

La sentencia del Tribunal Militar Central considera probado que los uniformados sancionados le dijeron a su compañera: “También me he hecho manuelas imaginando que me corro en su cara, iba a quedar perdida. (...) Buah, parece muy seria y normalita pero luego seguro que es muy guarra y me pide más”, entre otras muchas expresiones que hacían referencia a su cuerpo. La mujer denunció que los comentarios eran “soeces” e “hirientes” y que sufrió una situación “muy desagradable”. “Les pedí que parara entorno a 20 veces”, sostiene la víctima.

Durante el turno, los comentarios improcedentes solo cesaron a consecuencia de un aviso de robo. En cuanto pudo, volvió al puesto principal para evitar que continuara la retahíla de comentarios sexuales, proferidos “con muy poco respeto”.

La letrada de los agentes alegaba que la sanción cautelar por falta muy grave, impuesta por la directora general de la Guardia Civil el 20 de abril del 2022, fue “adoptada fuera del plazo razonable para que pueda decirse que se ha cumplido con el requisito de la inmediatez”, que prevé el régimen disciplinario del instituto armado.

La sentencia del TS, por el contrario, argumenta que “la norma no determina plazo concreto alguno”. “Es más, la exigencia de la acción inmediata para mantener la disciplina o evitar perjuicio al servicio no aparece necesariamente enlazada con la fecha del parte ni con la fecha de los hechos, sino con la necesidad de mantener la disciplina o evitar un perjuicio al servicio”, agrega el fallo, que declara las costas de oficio al administrarse gratuitamente la justicia militar.

El alto tribunal recuerda la cronología de los hechos: el 6 de abril fueron notificados y elevados por conducto reglamentario a la Jefatura de la Zona de Valencia, que lo remitió a Madrid el 13 de abril, fecha en la que se emitió el informe del asesor jurídico. Finalmente, el 20 de abril se acordó la medida cautelar de cese de los dos agentes durante tres meses.

Teniendo en cuenta la secuencia temporal, “se estima que el tiempo transcurrido no fue excesivo sino el necesario para cumplir con los trámites precisos”, concluye la sentencia, que considera que la referencia del recurso de casación al régimen disciplinario de la Guardia Civil es “meramente retórica”. Así, “no puede decirse que se haya conculcado el requisito de inmediatez”, apostilla.

Un “sensible perjuicio” para la denunciante
El informe del asesor jurídico que propició la incoación del expediente disciplinario afirma que la actuación de los agentes sancionados causó una “grave perturbación” y un “notorio daño” al servicio nocturno de la patrulla, además de un “sensible perjuicio” para la mujer que denunció los hechos.

También recordaba que los guardias sancionados seguían prestando servicio en la misma unidad, “lo que podría incidir negativamente en la imagen del Cuerpo e incluso en la salud de la afectada, en el caso de que volvieran a reiterar o persistir en este tipo de comportamientos o si trascendiera públicamente [que] por parte de la institución no se ha adoptado medida cautelar alguna para apartarlos del servicio”. El asesor jurídico tildaba de “impropio” el comportamiento de los uniformados del Instituto Armado.

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Re: El acoso en los cuerpos policiales
« Respuesta #902 en: 14 de Mayo de 2023, 08:43:34 am »

Juicio militar al sargento de la Guardia Civil acusado de maltratar, violar repetidamente y obligar a abortar a una subordinada


CINCO AÑOS DE CALVARIO

El acusado, para el que el fiscal pide 15 años de cárcel, está en activo y trabaja en un puesto de Murcia, a 20 km del domicilio de la víctima
Destituido el sargento de la Guardia Civil acusado de obligar a abortar a una agente después de violarla
Un agente del Instituto Armado junto a un coche patrulla
Un agente del Instituto Armado junto a un coche patrulla GUARDIA CIVIL
ELENA BURÉS

Barcelona


13/05/2023 a las 19:06h.


Tras cinco años de calvario, otros siete de espera y dos suspensiones del juicio, el sargento de la Guardia Civil acusado de abuso de autoridad, maltrato, lesiones graves y agresiones sexuales continuadas a una subordinada, a la que habría obligado a abortar, tendrá que sentarse en el banquillo este martes, 16 de mayo. Será el Tribunal Militar Territorial Primero de Madrid el que juzgará a O. M. G., el mando que violó en reiteradas ocasiones a una guardia que estaba bajo sus órdenes en un cuartel de Murcia. La pesadilla de la víctima comenzó después de mantener una breve relación sentimental con su agresor, entre septiembre de 2010 y febrero del año siguiente. Los integrantes de la comandancia estaban al corriente. Fue él quien decidió dejarlo, para volver con su mujer, y la guardia lo aceptó, sin que ello supusiera un problema. En septiembre, el sargento trató de retomar el idilio con ella, pero ésta se negó y fue así como comenzó su calvario. Primero, el acoso constante. Llamadas -más de 50 al día-, mensajes, correos electrónicos y visitas a su domicilio de madrugada. Luego llegaron las agresiones sexuales bajo amenazas. Tanto en el acuartelamiento, como en casa de la víctima.


Durante su jornada laboral tuvo que aguantar insultos, cambios injustificados en su servicio y más carga de trabajo. Si se negaba, le «hundiría la vida». Y fue así durante casi cinco años. Según el auto de procesamiento, de lo instruido -atestado, testificales, mensajes del acusado e informes médicos-, se desprenden «indicios racionales» de que la guardia «ha sido obligada reiteradamente, entre septiembre de 2011 a marzo de 2015, a mantener relaciones sexuales no consentidas, a demanda del sargento O. M. G. , por temor a mayores males que su negativa la pudiera acarrear». Por estos hechos, el entonces Director General del Cuerpo, Arsenio Fernández de Mesa, cesó al individuo pero, según ha podido saber este diario, en la actualidad está en activo, y trabaja en un puesto de Murcia, a 20 kilómetros del domicilio de la denunciante.


Aunque la Guardia Civil suspendió al sargento en 2016, ahora se encuentra en activo, y trabaja cerca del domicilio de la víctima, según ha podido saber ABC

La víctima, destinada en la Oficina de Violencia de Género de Molina de Segura (Murcia), comenzó una relación con el sargento, entonces divorciado, hasta que éste volvió con su esposa, que estaba embarazada. La relación entre ambos volvió a ser exclusivamente profesional hasta que éste le pidió volver. Así lo acreditan los sucesivos correos electrónicos que le envió el mando. Correos que pudieron recuperarse y que obran en la causa, a pesar de, al menos, cuatro intentos de 'hackeo' de la cuenta de la guardia. Textos insultantes, groseros y humillantes que comenzaron cuando ella rechazó sus propuestas sexuales. Fue así como comenzó el deterioro físico de la víctima y, también, sus visitas al hospital. A partir de enero de 2012, al acoso y las amenazas le siguieron las violaciones. La primera, cuando el sargento siguió a la guardia a su casa, y la abordó al bajar del coche. La obligó a abrir la puerta y allí la forzó. «¿Ves? No pasa nada», le espetó antes de marcharse.

Tras esta primera, llegaron más. También en los vestuarios femeninos del cuartel, ya que durante mucho tiempo ella fue la única mujer del puesto. Durante unos meses sí tuvo una compañera, que corrobora que en muchas ocasiones vio a la guardia llorando, sentada en el suelo, con los pies contra la puerta, para impedir que alguien pudiese entrar. «Este cabrón me va a hundir, me voy a tener que cambiar de destino», llegó a decirle una vez, sin entrar en más detalles. El mando comenzó a presentarse de madrugada en casa de la víctima, donde ésta vivía con su hijo pequeño. Timbraba de forma compulsiva, hasta que ella desconectó el telefonillo y comenzó a grabar el acoso, subiendo a la azotea, para grabar el coche de su agresor. Pruebas que también obran en la causa.


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Sobre las violaciones dejó constancia en los correos electrónicos que envió a la guardia. Ella no contestó o se limitó a pedirle que la dejase en paz. Éste a su vez, la humilla y degradaba aún más. Tanto es así que llegó a decirle a otro guardia que hacía con la víctima «lo que quería». Fue en julio de 2012, cuando tras repetidas agresiones sexuales, la víctima se quedó embarazada. Al contárselo al sargento éste la acorraló contra la pared: «Saca eso de ahí, tú no me vas a joder la vida, entérate bien».

La noticia interrumpió durante un tiempo las violaciones pero no las amenazas. «Saca eso de ahí, vas a abortar, ya», llegando a golpearle la barriga. Fue el día 25 cuando la hizo sacar dinero de un cajero y la instó a coger dos días libres para abortar. En esa fecha se sometió a una «interrupción voluntaria del embarazo» en una clínica, tal y como acredita la factura. Tal era el terror de la guardia que, para no quedarse sola en el puesto, pedía a algún compañero que no se marchase hasta que ella saliera. Incluso dejó de usar los lavabos y comenzó a ir al baño público más cercano a la entrada, donde se encerraba bajo llave.

«El acoso prolongado ha desencadenado en ella un estado de ansiedad intenso, de miedo, de terror, que la ha sometido», reza el informe del psiquiatra

Sabiendo que la guardia tenía un hijo menor, el sargento, como jefe de puesto accidental, le cambió el horario de guardias, obligándola a levantar al niño a las cinco de la madrugada para llevarlo al cuartel -así lo corroboran varios agentes- y usar su media hora de descanso para llevarlo al colegio a las 8.30. ¿Por qué el cambio? «Porque lo mando yo», le respondió él.

El acoso telefónico constante tampoco cesó. La víctima llegó a mostrarle a tres de sus compañeros el registro de llamadas, y éstos trataron de ayudarla, contándoselo a su superior quien, a su vez, elevó el parte disciplinario a la Dirección General de la Guardia Civil, pero no se abrió ningún expediente porque ella negó el acoso y los malos tratos. No hubo denuncia, tenía miedo. En abril de 2013, la agredió. La obligó a salir de patrulla con él, que conducía el vehículo oficial. Se dirigió a un descampado, y intentó forzarla, pero ella se resistió y la golpeó y mordió. Unos días después rompió a llorar ante otro mando, a la que contó lo ocurrido, mostrándole las marcas de la agresión. En esa fecha ambas acudieron a la Comandancia de Murcia, pero la víctima, entre llantos, negó lo ocurrido. También, por miedo. «Si el sargento se enteraba, me mataría», explicaría después.

Siguieron así los insultos, las amenazas y el abuso de poder hacia la guardia por parte de su superior. Aunque ella seguía siendo la responsable de Violencia de Género, la obligaba a tomar las denuncias de la oficina de atención al ciudadano, y también le encargaba tareas de otros compañeros como realizar informes o responder correos. «Puta, te voy a hundir la vida, vas a sacar el culo de esa silla», le espetó en su despacho a finales de 2013. También le desenchufaba el ordenador mientras trabajaba, riéndose de ella.

El deterioro físico y mental de la víctima afectó a su trabajo y a sus relaciones familiares. Fue atendida en varias ocasiones en urgencias por trastorno de deglución, no podía tragar nada y tenía miedo de ahogarse. También dolor torácico opresivo, migraña, gastritis. Hasta que durante dos años le recetaron un antidepresivo por su cuadro ansioso. Ella no contaba nada, solo que le costaba dormir y concentrarse. Finalmente, el miedo a perder la cabeza, los episodios de autolesiones y el plantearse ideas suicidas la llevaron a buscar ayuda en un especialista. Desde marzo de 2015 está de baja por incapacidad.

Durante todos estos años, la guardia ha tenido dificultades para alimentarse, dormir, pérdida de cabello y un trastorno dermatológico. Sufre un grave trastorno psicológico. Según el informe del psiquiatra, «el acoso prolongado ha desencadenado en ella un estado de ansiedad intenso, de miedo, de terror, que la ha sometido, le han hecho de alguna forma insana, sumisa, impidiéndole la eficacia de los mecanismos de defensa adecuados».

En su auto de procesamiento, el Juzgado Togado Militar Territorial 14, consideró en 2016 que existían «indicios racionales de criminalidad», no solo por el relato de la víctima y los testigos periféricos, sino también por los propios correos del sargento. Y es que no fue hasta después de obtener la baja médica, de obtener la ayuda de un especialista y de saber que se habían abierto diligencias cuando la guardia se atrevió a denunciar. Además, el auto subraya que no existe móvil de odio o resentimiento ya que, una vez finalizada la breve relación entre ambos, cuando el sargento dice arrepentirse -vía email- de retomar la relación con su mujer, la guardia le aconseja disfrutar de su familia o, en su caso, cambiar de destino. «Todo ello, sin rastro alguno de despecho».

La guardia negó el acoso y las agresiones porque tenía miedo. No denunció hasta después de obtener la baja médica y saber que se habían instruido diligencias

Además, reza el texto, «el denunciado no da explicaciones racionales y coherentes en orden a los correos humillantes y vejatorios, las llamadas telefónicas continuas y no atendidas y los cambios de servicios y aumento de tareas» a la agente. Sobre las agresiones sexuales denunciadas, las define como «esporádicas y mutuamente consentidas».

Fue en 2016, cuando la víctima decidió denunciar, con el apoyo de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) que, como acusación particular, solicita más de 22 años de cárcel para el acusado. A pesar de que también pidió que fuese la jurisdicción ordinaria la que se hiciese cargo del caso, dicha petición fue rechazada. Ahora, tras una «dilación excesiva», apuntan desde AUGC, será la Justicia Militar la que tras siete años de espera, juzgará al sargento. Por su parte, la guardia sigue de baja médica, de larga duración, pendiente del expediente de pérdida de actitudes psicofísicas. «No podrá recuperarse hasta que no se dicte sentencia y finalice el calvario judicial», sostienen desde la asociación.


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Re: El acoso en los cuerpos policiales
« Respuesta #903 en: 14 de Mayo de 2023, 09:10:49 am »
Donde tengas la olla. . .

"No hay hechos, sino interpretaciones" Nietzsche

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Re: El acoso en los cuerpos policiales
« Respuesta #904 en: 07 de Junio de 2023, 09:08:49 am »

Incapacitada para ejercer de policía por el acoso sufrido por razones políticas


Míriam de Saint-Germain
/ CME
photo_camera
/ CME
06/JUN./23
El historial de expedientes disciplinarios contra la mossa Inma Alcolea Griñan se iniciaron en enero de 2017. Ahora, el TSJC le da la razón y relaciona su incapacidad temporal con la situación de acoso que sufrió por parte de la Dirección General de los Mossos

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha desestimado un recurso de apelación presentado por la Consellería de Interior, y en contra de una sentencia del Juzgado de lo Social 7 de Barcelona, en la cual se confirma que la declaración de incapacidad temporal en grado absoluto de una cabo de los Mossos d’Esquadra es una consecuencia de un “accidente laboral”. Accidente derivado, directamente, de hostigamiento que esta agente recibió – por cuestiones ideológicas – por parte de la Dirección General de la Policía y el Departamento del Interior.

El historial de expedientes disciplinarios contra Inma Alcolea Griñan, esta cabo destinada en la provincia de Girona, se iniciaron en enero de 2017 y con un claro trasfondo político: su marcada y pública posición anti independentista. Aún así, la primera suspensión de empleo y sueldo (con retirada del arma incluida) fue consecuencia de un accidente tecnológico con su madre, una mujer octogenaria.

16 meses, tres medidas cautelares distintas
La mujer, que se había mudado a la vivienda de Alcolea mientras se recuperaba de una enfermedad, cogió su ordenador y publicó en el perfil de Facebook de la cabo un comentario en contra de Puigdemont, en aquel momento President de la Generalitat. Eso conllevó que pocos días después, dos mandos de la policía autonómica se presentaran en su casa y le comunicaron su suspensión. La División de Asuntos Internos (DAI) de los Mossos abrió una investigación reservada – el paso previo al expediente disciplinario – suspendiéndola de empleo y sueldo durante dos meses y de forma preventiva como primera medida cautelar.

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Pasados estos dos meses, el primer abogado que se le asignó, procedente del sindicato SAP, pidió a sus espaldas un traslado coactivo como moneda de cambio a la medida cautelar de suspensión de empleo y sueldo. Así, sin su consentimiento, fue trasladada de destino a 140 kilómetros de su domicilio. En esta situación estuvo hasta el mes de septiembre y, aunque la normativa establece que no se puede estar sometida a medidas cautelares durante más de 6 meses, la DGP de los Mossos la tuvo nueve meses con dos tipos de medidas diferentes en un primer expediente que se les caducó y otros 6 meses por un segundo expediente, abierto por los mismos hechos.

Un expediente tras otro
La persecución, según Interior, por su falta de neutralidad política siguió ese mes de septiembre cuando decidieron expedientarla de nuevo por haberle dicho a un agente de los Mossos “Viva España” un día que, estado ella de vacaciones, se paró en un semáforo al lado de un coche patrulla. Entonces, la trasladaron nuevamente de destino, esta vez a 120km de su casa, en el Centro Penitenciario Puig de les Basses (Figueres), motivando que, de esta manera, estaría alejada de la población y de otros compañeros.

Todas las medidas cautelares (las dos del primer expediente caducado y la tercera) fueron recurridas y declaradas ilegales por el TSJC. No obstante, en primera instancia el Juzgado Contencioso-Administrativo 5 Barcelona, liderado por la magistrada Montserrat Raga Marimón, permitió retrotraer las actuaciones del procedimiento disciplinario y motivarlos transcurridos 2 años y estando ya caducado. Fue el Alto Tribunal catalán quien dictaminó que las medidas no podían motivarse con carácter retroactivo y que eran ilegales.

Aun así, el hostigamiento – declarado como tal por el TSJC – no cesó y, desde el primer episodio con un comentario de Facebook, la DAI le ha ido abriendo expedientes disciplinarios. Esta cabo, lejos de quedarse con las manos cruzadas, se ha querellado contra la Dirección General de la Policía, la División de Asuntos Internos e, incluso, contra varios compañeros del cuerpo por “vejación y difamación continuada”.

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Acoso también en redes sociales
Y es que, a raíz de esta situación de continuos expedientes – incluso a su pareja sentimental --, Inma se puso en el punto de mira de un grupo de Mossos d’Esquadra llamados “Mossos per la República catalana”, que empezaron a acosarla a través de redes sociales, tal y como también se contempla en la sentencia de lo social, ahora ratificada por el TSJC.

Este grupo, liderado por Albert Donaire, llegó a publicar datos suyos personales e íntimos a través de sus perfiles sociales. Incrementando, así, la situación de acoso que, según la justicia, “no puede ser considerado como un hecho ajeno a la actividad laboral, sino al contrario”. De hecho, este agente estaba expedientado por sus ataques a la Justicia e investigado por un presunto delito de odio e injurias a la Policía Nacional.

Las periciales médicas avalan su estado psicológico
Sobre las consecuencias psicológicas que ha sufrido y sufre la cabo, el fallo determina que “la problemática que la trabajadora ha vivido desde el primer expediente sancionador en el 2017 acredita la situación de acoso y hostigamiento que se alega y que se refuerza con los partes y tratamiento médicos que se aportan en los autos”. Aportando varios informes médicos, así como periciales, en los que se constatan y se justifican los problemas de salud. Patologías que la justicia vincula, estrechamente, con el acoso sufrido en el ámbito laboral.

La justicia le da la razón a Alcolea
Por todo ello, el TSJC le da la razón a la cabo Inma Alcolea, asistida por el despacho Clusa & Quintans, y determina que su incapacidad temporal es consecuencia de un “accidente laboral”, entendiendo como accidente este hostigamiento prolongado desde enero de 2017 hasta que pidió la baja temporal en marzo de 2018. Hostigamiento que, según se deriva de la sentencia, estuvo encabezado por la Dirección General de la Policía, la DAI y aquellos compañeros liderados por Donaire, que empezaron a acecharla por redes sociales.

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Re: El acoso en los cuerpos policiales
« Respuesta #905 en: 10 de Julio de 2023, 08:33:04 am »
Reabren la investigación judicial de un caso de acoso laboral a un policía local


El Juzgado de lo Contencioso estima un incidente de nulidad y queda a la espera de lo que concluya la vía penal
por Gonzalo Testa  08/07/23 - 7:31 CEST

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativa número 2 de Ceuta ha estimado un incidente de nulidad de actuaciones y ha retrotraído las mismas a junio del año pasado dejándolas en suspenso hasta que concluya el procedimiento penal abierto por un supuesto caso de acoso laboral en la Policía Local de la ciudad autónoma

Ese mismo juez acordó a principios de año desestimar el recurso interpuesto por un agente para percibir 12.000 euros en concepto de “daños y perjuicios” por el trato dispensado por compañeros y superiores que habría degenerado en “trastornos depresivos y cuadros de ansiedad”.

El agente adoptó acciones contra la Ciudad con el argumento de que “los daños y perjuicios” que aseguraba haber sufrido “como consecuencia del acoso laboral a que se vio sometido en su puesto de trabajo” eran imputables a “un funcionamiento anormal del servicio público”. La Ciudad se opuso a su reclamación, ya que no entendía que estuviese probado el referido acaso laboral ni probados los daños que alegó padecer.

El policía hizo llegar al Negociado de Recursos Humanos de la Ciudad dos escritos en mayo y noviembre de 2020 que corrieron la misma suerte. Se incoó un expediente informativo interno que concluyó que no se podía “verificar” el presunto acoso laboral denunciado y el Juzgado de Instrucción en el que recayó la práctica de pesquisas tampoco halló “indicios racionales” de delito, por lo que se inclinó por el sobreseimiento libre sin hacer más pesquisas.

La falta de firmeza de aquel veredicto no le fue comunicada

El magistrado de lo Contencioso argumentó que si el agente no había recurrido contra ese fallo (habló de “una situación de tensión, que se produce con el tema de los turnos y permisos” y de “circunstancias sobredimensionadas por el denunciante”), tampoco cabía fallar en sentido contrario en su jurisdicción.

Ahora ha asumido que la falta de firmeza de aquel veredicto no le fue comunicada. Una vez que la Audiencia ha ordenado, además, “incoar diligencias para la investigación de los hechos” por la vía penal, la de lo Contencioso-Administrativo también queda reabierta, aunque en suspenso, hasta que se resuelva por la primera.

“Ciertamente, incoado un procedimiento penal para investigar un delito de acoso laboral presuntamente cometido” contra un policía local y “pretendiéndose con el presente recurso contencioso una reclamación por responsabilidad patrimonial a la Administración por su pasividad en el acoso laboral sufrido; no puede sino colegirse la indiscutible vinculación que el resultado del procedimiento penal iniciado deparará al presente recurso hasta el punto de condicionarlo, justificando por ello la suspensión”, razona.

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Re: El acoso en los cuerpos policiales
« Respuesta #906 en: 16 de Agosto de 2023, 12:25:00 pm »

Acoso dentro de la Guardia Civil: un 72% de casos quedan en nada


Tres de cada cuatro denuncias internas por acoso dentro de la Benemérita acaban archivadas

 Civil. GUILLERMO NAVARRO

ADRIANA CABEZAS

Madrid


14/08/2023
Actualizado a las 08:30h.

«Perra», «floja», «vaga», «hija de puta». Lucía (nombre ficticio ) es guardia civil y estuvo años, «a todas horas», aguantando todo tipo de insultos y humillaciones por parte de un compañero y por el hecho de ser mujer. «Me hacía sentir inferior», confiesa a ABC. Ella activó el protocolo previsto dentro de la Benemérita para este tipo de acosos. Lo archivaron y no se lo comunicaron de manera oficial. Por el camino explotó, llamó «tío de mierda» a su acosador y al final la expedientada fue ella. Está de baja psicológica.

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Re: El acoso en los cuerpos policiales
« Respuesta #907 en: 16 de Agosto de 2023, 12:32:21 pm »

Dificultades para denunciar dentro de la Guardia Civil: "Los casos de acoso laboral o sexual revictimizan a la afectada"


El departamento de Igualdad de la Asociación Unificada de la Benemérita (AUGC) critica que los superiores citen hasta en cinco ocasiones a una víctima, con horas de interrogatorio, para decidir que no hay caso. Después, llegan las sanciones.

 
MADRID, 09/08/2023 20:54 ACTUALIZADO: 10/08/2023 06:15 MARÍA JOSÉ PINTOR
Sufrir acoso laboral o sexual en la Benemérita tiene escasas consecuencias para el agresor dentro del cuerpo. Así lo denuncia a Público la responsable de Igualdad de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Alicia Sánchez, hasta el punto de que "denunciar dentro es convertir en muchas ocasiones a la víctima en verdugo del superior al que acusa de la agresión".

De hecho, la mitad de los casos de acoso sexual o por razón de sexo de la Guardia Civil acaban archivados desde que existe este protocolo de 2019.

El protocolo se implantó en 2019, pero en 2022 se reportaron nueve de los 16 casos presentados. Sánchez asegura, además, que la mayor parte  no se denuncian por "miedo a represalias".

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Nuestro medio ya denunció en 2018, cuando ni estaba establecido el protocolo de acoso en la Guardia Civil, que una agente terminó condenada por denuncia falsa tras haber acusado a dos superiores.

Alicia Sánchez recuerda, como ejemplo, el caso de una compañera de la Guardia Civil que denunció acoso por condición sexual, "y se ha comido dos expedientes por falta grave contra sus superiores". Si no hubiera denunciado, "esto no hubiera ocurrido", confirma.

Público ha tenido acceso a solicitudes y quejas de guardias civiles que se han visto acosadas por sus superiores y que, sin embargo, han sido sancionadas tras abrir el proceso.

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Sánchez insiste en que "dicen que no está demostrado, pero muchas víctimas son sancionadas por hechos que, seguramente, no lo serían de no haber levantado la liebre contra un superior por acoso".

La representante de la AUGC reivindica que "queremos el mismo protocolo que existe en la Administración General del Estado (AGE)". Como ejemplo de las diferencias en asuntos de acoso explica que, "en un caso reciente, el instructor no permitió que la víctima entrara acompañada de un representante de la asociación a declarar, cuando en la AGE se permite siempre".

Ante la petición de AUGC para cambiar los protocolos sobre esta situación, el Jefe de Gabinete de la Guardia Civil respondió que "sitúan a la víctima en el centro". Pero Alicia Sánchez manifiesta con rotundidad que "eso es mentira. A una víctima de Salamanca la han citado en León, no le dejan entrar con abogado ni acompañante, solo a criterio del instructor. Las víctimas están así de desamparadas".

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Desde este medio hemos tratado sin ningún éxito de contrastar esta denuncia de AUGC con respecto a las dificultades y consecuencias de denunciar acoso dentro de la Guardia Civil tanto al Ministerio del Interior como a la propia Benemérita.


Pedir chalecos antibalas para mujeres y acabar sancionada
La responsable de Igualdad de AUGC conoce bien esa situación por su propia experiencia. Fue en 2017 cuando, tras solicitar una y otra vez chalecos adaptados a mujeres, acabó sancionada en la Guardia Civil por subordinación.

De hecho, Alicia Sánchez tuvo que presentar declaración en el puesto de la Guardia Civil de Vitigudino (Salamanca) por el expediente que la Dirección General le abrió por haber optado por vestir en un control de carretera su propio chaleco antibalas frente al oficial, que no estaba diseñado para la anatomía femenina y, por lo tanto, no la protegía de forma adecuada.

Ya entonces, los servicios jurídicos de AUGC, consideraron que esta agente "no es merecedora de reproche disciplinario alguno, dado que actuó con corrección, de un modo respetuoso y adecuado a los principios del servicio, cumpliendo estrictamente sus deberes".

Y terminó por ser sancionada por sus superiores, a pesar de que la juez del Juzgado Togado Militar Territorial Nº42 decidió archivar el auto abierto contra Alicia Sánchez por la propuesta de instrucción de un delito militar de insubordinación y pese a que, en su auto, la juez señalaba directamente la "discriminación" que padecen las guardias civiles en cuanto a su acceso a chalecos femeninos.

Mientras la agente cumplía su sanción, la Guardia Civil enviaba al fin los chalecos antibalas adaptados a las mujeres a los cuarteles. Fue un logro de Alicia Sánchez, pero que no le salió gratis, como denunció AUGC. En aquel primer envío sólo se mandaron 160 chalecos para 5.000 agentes femeninas.

Un 9% de mujeres en la Guardia Civil
Después de 35 años desde que un real recreto en 1988 permitiera el acceso de las mujeres a la Guardia Civil, éstas representan el 9,01% de un total de casi 80.000 efectivos, según datos facilitados por AUGC.

Alicia Sánchez recuerda que "se han necesitado 13 años para aumentar tres puntos el porcentaje de mujeres en la Guardia Civil".

El porcentaje por escalas en la Benemérita con respecto a las mujeres es de 4,85% en oficiales, 4,36% en suboficiales, 4,52% en cabos y 10,36% en guardias.