La Audiencia pone el foco en un caso de acoso laboral en la Policía Local de Murcia
Historia de lola garcia • 1 día(s) • 4 minutos de lectura
Soplan vientos difíciles en la Policía Local de Murcia por las distintas denuncias que están pendientes de resolverse en los tribunales de justicia.
Una de ellas hace referencia a una denuncia de prevaricación, acoso laboral y lesiones psíquicas interpuesta hace meses por un inspector del cuerpo de Seguridad del Ayuntamiento de Murcia.En un primer momento la denuncia fue archivada de manera provisional por el Juzgado de Instrucción Número 6 de Murcia al entender que «no estaba suficientemente justificada la perpetración del hecho punible», según consta en el auto dictado por la Audiencia Provincial que ha aceptado el recurso de apelación del agente interpuesto contra el sobreseimiento.
El auto de la Audiencia, al que ha tenido acceso esta Redacción, ordena reabrir la causa y seguir investigando la denuncia interpuesta por el agente contra el Comisario General Jefe, José María Mainar, y otro comisario de la Policía Local, a los que acusa de prevaricación, acoso laboral y lesiones psicológicas.
En el escrito que ordena reabrir el caso se indica, como justificación, que «debe adelantarse que la sala comparte con la parte recurrente que el archivo de la causa en este momento procesal, en el que no se ha podido explorar el alcance de las lesiones psicológicas del denunciante, a los efectos de que el médico forense pueda establecer la realidad de las mismas, corroborando el contenido de los partes médicos acompañados con la denuncia y su eventual conexión con la denunciada situación de hostigamiento en el trabajo, es prematuro». Así, la Audiencia entiende que «la conexión de las lesiones acreditadas mediante los correspondientes partes médicos y la denunciada conducta de hostigamiento, podría hacer que los hechos pudieran incardinarse en el tipo de delito de acoso» o de lesiones graves del Código Penal.
Añade que «de ahí que sea necesario agotar la instrucción en este sentido para poder comprobar la realidad y extensión de las lesiones y su conexión con la conducta denunciada, y de esta forma resolver sobre el archivo con mayor conocimiento de causa».
El inspector de Policía Local que denunció a los dos mandos explicó en la demanda interpuesta que venía sufriendo desde hace tiempo actos de acoso y hostigamiento en el ámbito laboral que atribuyó a «represalias por haber ejercido legítimamente sus derechos». Según indica, ese hostigamiento se produce a raíz de distintos hechos, como la impugnación de un proceso selectivo al que realizó reclamaciones, que acabaron en un expediente disciplinario, que fue revocado por sentencia judicial dejándose sin efecto.
Precisamente, la Audiencia en su auto pone el foco en esa actuación «arbitraria de los mandos policiales denunciados, al iniciar un expediente disciplinario por unos hechos que no motivaron en el pasado la citada apertura respecto de otros miembros del cuerpo de la Policía Local. Esto es, ante la apariencia de un distinto tratamiento de unos mismos hechos es necesario practicar una mínima diligencia de investigación que asegure que estamos ante hechos distintos o permita que los investigados den una explicación razonable de su actuación».
Para la Audiencia, el supuesto carácter arbitrario de la actuación de los mandos «puede deducirse sin dificultad de la inexplicable apertura de un expediente disciplinario por unos hechos que no motivaron en el pasado la apertura del citado expediente y por una conducta que la propia resolución de apertura declara como no intencional».
Presión de los mandos
La denuncia del inspector que tendrá que volver a ser investigada no es la única que está en los tribunales y que atañe a mandos de la Policía Local. Hay otra pendiente de resolverse tras los recursos presentados por un subinspector de la Policía Local que interpuso la demanda y que fue archivada en marzo de 2024. El recurso de reforma presentado por el agente en abril de este año aún no ha sido contestado.
En el escrito presentado por el abogado de este efectivo policial, que denuncia que se ha cometido prevaricación y acoso, se especifica que «no podemos calificar de escasa la presión de los mandos policiales sobre la persona del denunciante que está soportando la apertura de sucesivos expedientes sancionadores en contra que, lógicamente, se van archivando uno tras otro porque la prestación de servicios del subinspector es satisfactoria y profesional». Añade asimismo que «todo este esfuerzo sancionador de los mandos indicados en la denuncia es un claro marcaje al policía local que se ha atrevido a impugnar un proceso selectivo promovido por los mandos y que considera irregular».
Para el abogado del denunciante, que lleva 30 años de servicio «sin reproche disciplinario alguno», el archivo de su denuncia le priva de obtener el amparo judicial que ha solicitado y «limita desde luego conocer cuáles han sido las verdaderas motivaciones de los mandos».
Mainar y Perona, testigos en el juicio de la Unidad de Caballería
A finales de octubre está previsto que se lleve a cabo el juicio por la puesta en marcha del Ayuntamiento de la Unidad de Caballería que acabó en los tribunales por el contencioso interpuesto por parte de dos agentes de Policía Local, que también forman parte del sindicato SIME, el de mayor representación a nivel municipal.
Como testigos han sido citados, entre otros, el Comisario General Jefe, José María Mainar, y el concejal de Seguridad Ciudadana, Fulgencio Perona.
En el contencioso se denunciaba que los tres policías que integran la unidad fueron elegidos a dedo por Mainar, y añaden que «la configuración de la referida dotación no ha sido, en momento alguno, ofrecida a las personas que configuran las referidas categorías profesionales, entre las que se encuentran los exponentes, puesto que no ha existido ningún tipo de convocatoria destinada a poner en conocimiento de la plantilla policial la existencia de la referida Unidad y sus puestos ni tampoco se ha abierto el sistema de traslados dentro del Servicio para la provisión de sus efectivos».
