Autor Tema: El acoso en los cuerpos policiales  (Leído 148129 veces)

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Re: El acoso en los cuerpos policiales
« Respuesta #880 en: 22 de Diciembre de 2022, 08:48:44 am »
La Policía Nacional aprueba el protocolo de actuación ante casos de acoso sexual, de género y orientación e identidad sexual
MIGUEL PÉREZ | 20 DEC 2022

Entra en vigor hoy y su objetivo, además de prevenir y actuar ante los casos de acoso, será hacerlo ante cualquier forma de discriminación por razón de sexo, género, orientación o identidad sexual. Se crea una Asesoría Confidencial en cada jefatura superior de Policía y en organismos centrales de la Policía Nacional, que será la responsable de recoger y tramitar las denuncias relacionadas con esta materia

La Dirección General de la Policía ha aprobado hoy el Protocolo de actuación ante situaciones de acoso sexual y acoso por razón de género, orientación e identidad sexual. Un protocolo que entrará en vigor a partir de mañana, y que tiene como objetivo establecer unas pautas de actuación con el fin de erradicar conductas constitutivas de acoso sexual en el seno de la Policía Nacional, reforzando así su compromiso con la defensa y protección de los derechos humanos y la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, dos de los objetivos recogidos en el Plan Estratégico Institucional. El protocolo crea una Asesoría Confidencial en cada Jefatura Superior de Policía y en cada uno de los organizamos centrales de la Policía Nacional, que será responsable de recoger y tramitar las denuncias relacionadas con esta materia.

 

La Policía Nacional está comprometida a consolidar una cultura de tolerancia cero respecto a comportamientos que sean constitutivos de acoso sexual o supongan un trato diferente por cuestión de género o por razón de identidad de género u orientación sexual, evidenciando un compromiso con la diversidad y la lucha por la erradicación de todo acto de violencia sexual, entre los que se incluyen los diferentes tipos de acoso.

 


Medidas para facilitar la recuperación de posibles víctimas

El objetivo general del protocolo es establecer las medidas necesarias para prevenir y actuar ante situaciones de acoso sexual, por razón de sexo, o cualesquiera otras formas de discriminación por razón de sexo, género, orientación o identidad sexual en la Dirección General de la Policía. Además de contemplarse medidas preventivas y de actuación ante ese tipo de situaciones, se facilitará la recuperación de las personas sometidas a situaciones de acoso sexual, por razón de sexo, género, orientación o identidad sexual en el entorno profesional.

 

En el protocolo se establecen una serie de objetivos específicos como son, formar y sensibilizar en la materia, para poder detectar dichas situaciones y evitar que se produzcan; garantizar la seguridad, integridad y dignidad de las personas afectadas y, garantizar la aplicación de medidas para la protección de las presuntas víctimas, incluidas las medidas cautelares.

 

El protocolo se aplicará en su integridad cuando la persona afectada y la persona presuntamente agresora pertenezcan al personal funcionario de la Dirección General de la Policía, incluido el personal de cuerpos generales y el personal laboral. Además, será de aplicación al funcionariado en prácticas, así como al alumnado de la Escuela Nacional de Policía.

 

Si la persona afectada no forma parte del personal funcionario de la Policía Nacional, o de los cuerpos generales o personal laboral que presta servicio en este ámbito, se le informará de la existencia de este protocolo, y se le ofrecerán las medidas de prevención del acoso, así como información de los derechos que le asisten. Además, a la persona presuntamente agresora, le será de aplicación, a petición de la persona afectada, el procedimiento especial establecido en el protocolo y, en su caso, el régimen disciplinario que corresponda.

 

Se crea la Asesoría Confidencial para las víctimas

Se crea una unidad de acompañamiento y asesoramiento, que recibirá el nombre de Asesoría Confidencial y que, además, será la responsable de recoger y tramitar las denuncias y comunicaciones relacionadas con esta materia. Esta asesoría existirá en cada jefatura superior de Policía y en cada uno de los organismos centrales que se recogen en el protocolo, siendo la responsable de asistir y apoyar a la víctima durante todo el proceso, informándola sobre sus derechos y las vías de actuación posibles ante su situación, así como de valorar si son precisas medidas cautelares.

Las Asesorías Confidenciales reportarán los casos de los que tengan conocimiento al Área de Derechos Humanos e Igualdad y a la Comisión Territorial de Seguimiento, a través de informe detallado de cada denuncia de acoso presentadas en su ámbito competencial. Se encargarán de tramitar y gestionar las comunicaciones referentes a situaciones de acoso sexual y por razón de sexo, así como de la aplicación, seguimiento y desarrollo del procedimiento de actuación. La Asesoría Confidencial será la responsable de asistir y apoyar a la víctima durante todo el proceso, informándola sobre sus derechos y sobre las distintas vías de actuación posibles.

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Re: El acoso en los cuerpos policiales
« Respuesta #881 en: 27 de Enero de 2023, 19:35:31 pm »

El TSJCat confirma la condena a un subinspector de los Mossos d’Esquadra por acoso laboral: “Tú lo que tienes que hacer es operarte las tetas


El subinspector ha sido condenado a seis meses de cárcel y tendrá que indemnizar a su compañera con 149.000 euros.
El TSJCat confirma la condena a un subinspector de los Mossos d’Esquadra por acoso laboral: “Tú lo que tienes que hacer es operarte las tetas”
Portada / Tribunales
Blanca Valdés
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26/1/2023 16:36
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Actualizado: 26/1/2023 16:39
La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) ha confirmado la condena a un subinspector de los Mossos d’Esquadra de 6 meses de cárcel por acoso laboral a una compañera. También tendrá que indemnizarla con 149.618 euros. Le infravaloraba en el trabajo, le mandaba realizar funciones de administrativa y le decía frases como, por ejemplo, “tú lo que tienes que hacer es operarte las tetas”.

La sentencia 9/2023 a la que ha tenido acceso Confilegal ha sido dictada por los magistrados Angels Vivas, Roser Bach y María Jesús Manzano.

Antonio Xavier A.R se incorporó en 2012 como Subinspector de la Unidad de Investigación de la Comisaría del Cuerpo de Mossos d’Esquarda de Granollers. Y un año más tarde, su compañera, la que sufrió el acoso, volvió al trabajo tras estar un tiempo de baja por maternidad. Ésta realizaba funciones de agente del cuerpo y estaba bajo su mando.

Tras reincorporarse, solicitó una reducción de jornada por cuidado de hijo, la cual le fue concedida. En esos momentos, el subinspector decidió que ya no iba a seguir desarrollando sus labores habituales en la Unidad de Policía Científica, sino que iba a comenzar a realizar funciones administrativas en el grupo de análisis de la citada unidad.

Durante ese tiempo, el subinspector manifestó que no le asignaría funciones policiales propias de la Unidad, mostrando descontento por la reducción de jornada de su compañera.

En abril de 2015, el condenado ordenó reestructurar el mobiliario de la Unidad de Investigación pero la agente, al no estar conforme con su ubicación puesto que no tenía luz suficiente, decidió cambiar la orientación de su mesa. Pero al subinspector no le gustó y le advirtió de que si no volvía a ponerlo como estaba, la destinaría a un despacho y planta distintos, por lo que ésta decidió dejarlo como estaba.

NO LE AVISABA DE REUNIONES, NO LE IMPARTÍA ÓRDENES DIRECTAS, EXPRESIONES DEGRADANTES…
Pero aun así, al tiempo le trasladó de unidad y le dejó de encomendar labores policiales. Además, no le avisaba de las reuniones ni tampoco le impartía órdenes de forma directa, ya que lo hacía a través de sus compañeros. Le llegó a decir que no valía como policía ni valía la mitad que el resto de sus compañeros.

A finales de octubre, ambos se reunieron en el despacho y su superior le dijo expresiones degradantes como, por ejemplo, “tú lo que tienes que hacer es operarte las tetas”, ¿es que tienes la regla?, “vete a la peluquería, ponte guapa y empieza a espabilarte un poquito” o “estás súper sexy, me encanta ver a una mujer llorar, así demuestras que tienes sentimientos”.

LE DIERON LA INCAPACIDAD PERMANENTE ABSOLUTA
Como consecuencia del trato recibido, le otorgaron la incapacidad temporal por problemas en el ámbito laboral con un diagnóstico de trastorno bipolar y en abril de 2017 le concedieron la permanente absoluta.

En febrero de 2016, cuando habían transcurrido cuatro meses desde la baja médica de la policía, el subinspector se personó en una clínica con el objetivo de solicitar información sobre las visitas que hacía al centro.

Por estos hechos, la Audiencia de Barcelona le condenó como autor de un delito de acoso laboral a una pena de seis meses de prisión y a abonarle 149.618 euros a su compañera en concepto de responsabilidad civil.

Contra dicha sentencia Antonio Xavier A.R recurrió ante el TSJCat. Alegó un error en la valoración de la prueba, falta de causalidad y conexión entre la conducta imputada y el resultado de la enfermedad e invalidez declarada de la denunciante y error en la calificación de conducta.

La Sala ha relatado que varios agentes declararon que no se la convocaba a las reuniones, que estaba deprimida y que se le había separado de la unidad a un lugar carente de medios materiales, pues no tenía ni teléfono. Asimismo, también verificaron que el subinspector dijo que sólo valía como administrativa.

Por otro lado, otra compañera que también se encontraban en reducción de jornada recibió las mismas palabras de su superior, que no valía. Y otra agente relató que en el despacho le había llamado loca, que tenía que ir al médico, y que tenía que cogerse el coche para ir a mantener relaciones sexuales, que era lo que le hacía falta.

Estos hechos fueron corroborados por la psicóloga del departamento, que manifestó que hasta cinco personas de la unidad estaban recibiendo tratamiento debido al malestar causado por el superior.

Los magistrados han relatado que el hostigamiento ha sido doloroso por el cambio de lugar de trabajo, no avisarle de reuniones y por el desprecio absoluto a su condición de mujer con alusión a su físico. Por lo que han procedido a confirmar la condena.
info@confilegal.com

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Re: El acoso en los cuerpos policiales
« Respuesta #882 en: 27 de Enero de 2023, 19:44:17 pm »
149.000 y la incapacidad permanente, ojo.

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Re: El acoso en los cuerpos policiales
« Respuesta #883 en: 28 de Enero de 2023, 09:08:38 am »
149.000 y la incapacidad permanente, ojo.

Una indemnizacion y una calificación que hemos de entender acorde a las pruebas médicas presentadas.

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Re: El acoso en los cuerpos policiales
« Respuesta #884 en: 05 de Febrero de 2023, 07:49:47 am »
EN LAS UNIDADES DE LOS ARRO

El infierno de cinco mossos en Tarragona que acabó con secuelas graves para dos de ellos

Los agentes denunciaron acoso de sus superiores y ataques en redes mientras la Generalitat exoneró a los autores de pagar una fianza de 85.000 euros
Foto: Foto: EFE/Andreu Dalmau
Foto: EFE/Andreu Dalmau
Por Antonio Fernández. Barcelona
05/02/2023 - 05:00

Las dependencias policiales de los Mossos en Tarragona se convirtieron durante un tiempo en un verdadero infierno para algunos de los agentes que integraban las unidades de los ARRO (Área Regional de Recursos Operativos), una especie de Brigada Móvil territorial. Cinco agentes curtidos en batallas callejeras y en acciones especializadas (los ARRO realizan actuaciones desde seguridad ciudadana hasta traslado de presos peligrosos, asaltos a domicilios o contención de grandes masificaciones de personas) no pudieron aguantar la situación interna y han denunciado a sus mandos directos, Anton G.D., Ramon M.A. y Agustí M.M. por mobbing laboral desde el año 2012. El asunto es grave, puesto que el juez impuso a los denunciados una fianza de 85.124 euros. Ahora se ha dictado auto de apertura de juicio oral, que tendrá lugar los días 12, 13 y 14 del próximo mes de junio. Los agentes llevan batallando una década, pero la historia está a punto de terminar.

Algunos de los agentes denunciantes habían presentado recursos internos en diferentes destinos anteriores a Tarragona ante decisiones de la consejería o de los mandos. Eran cuestiones administrativas cuyos recursos tuteló y ejecutó el Sindicat de Policies de Catalunya (SPC). Luego, todos coincidieron hace alrededor de una década en Tarragona, ya con el sambenito de rebeldes. “Cuando vi las denuncias que había y el ambiente en el ARRO de Tarragona, me chocó la cantidad de agentes afectados. No era normal”, relata a El Confidencial Fran Reina, secretario de Organización del SPC. Algunos de esos agentes llegaron a necesitar tratamiento psicológico ante la actitud de sus mandos: el inspector jefe y dos sargentos.

El acoso se produjo durante años cada vez que los mossos hicieron saber sus discrepancias con algunos asuntos. “En un principio, cuatro mossos denunciamos a los dos sargentos e hicimos una nota al jefe de regional de los ARRO con nuestras discrepancias. Poco después, en vez de llamarnos el jefe, nos llamaron los de la División de Asuntos Internos (DAI). Nos hicieron ir a hablar con ellos y querían abrirnos expediente, aunque se negaron a decir de quién provenía la orden. El tema, al final, se archivó”, relata uno de los agentes denunciantes a El Confidencial. La DAI es una controvertida unidad cuyos procedimientos ya han sido puestos en duda más de una vez, hasta el punto que provocaron una actuación de la Audiencia Nacional.

La grabación oculta y salvadora

Hasta ahí, todo podría ser normal, pero el inspector jefe llamó a su despacho, uno a uno, a los agentes rebeldes y luego les acusó de haberle faltado al respeto. Eso acabó de dinamitar la paz laboral en el ARRO de Tarragona, una unidad crucial del cuerpo de los Mossos. “Nos dijo que era una reunión cordial y no quería que estuviese presente nadie”, sigue relatando el agente citado. Lo que no sabía el inspector jefe es que todos y cada uno de sus entrevistados le estaban grabando. Pero al terminar la ronda de reuniones, el superior denunció a los agentes ante la DAI por haberle faltado al respeto.

"Era una excusa perfecta para deshacerse de nosotros. De ese modo, la DAI nos incoó un expediente en el que nos pedía pérdida de destino y sanción de seis días de empleo y sueldo. Entonces, sacamos las grabaciones que habíamos hecho de las reuniones, que el inspector desconocía, y paralizamos los expedientes, que siguen abiertos pero que no se han movido más", explica. Consecuencia de la denuncia ante la DAI y de las acusaciones del inspector, los agentes (luego, se sumó otro más, hasta llegar a los cinco) denunciaron penalmente a su superior por un supuesto delito de falsedad documental, una acusación que se ha sumado a las de la denuncia inicial por delitos contra la integridad moral y lesiones.

Esta última se debe a que el juzgado designó a peritos forenses para evaluar las consecuencias de los procedimientos y los expertos certificaron que tenían “lesiones compatibles con los hechos denunciados”. Y eso, subrayan los afectados, “que no eran forenses de parte, sino neutrales, escogidos por el propio juzgado”. Los forenses dijeron que algunos de los mossos tenían “lesiones de carácter crónico de diferentes tipos”. Dos de ellos, por ejemplo, han quedado con graves secuelas de afectaciones psicológicas severas debido al estrés sufrido y porque “por cada cosa que hacía un agente, le expedientaban”. En diversos foros, además, comenzó una cruenta e insana campaña contra los mossos denunciantes, un auténtico linchamiento público, dando a conocer sus domicilios y los nombres de sus familiares, insultando y denigrando tanto a los agentes como a la familia, por lo que su sensación de persecución y desamparo aumentó considerablemente. “Daban algunos detalles que no dejaban lugar a dudas de que los ataques venían de dentro del cuerpo y de que disponían de toda la información sobre nosotros y la gente más allegada”, explican los agentes atacados. La DAI jamás descubrió a los autores de esa intensa campaña. El juez lo tuvo muy claro cuando vio las pruebas que habían ido acumulando los agentes e impuso la fianza de 85.124 euros a los tres mandos acusados. Pero, por sorpresa, esa fianza fue cubierta por la propia Generalitat. “La Consejería nos ha dado de lado, aunque en principio deberíamos tener la consideración de víctimas. Además, han intentado archivar el procedimiento en varias ocasiones, pero el juez se negó”.

Dos varas de medir

Fran Reina, del SPC, también se asombra por el hecho de que se cubriesen las fianzas de los mandos. Según consta en el sumario, el juez exigió el 17 de diciembre de 2019 una fianza de 85.124 euros a los tres mandos denunciados para “asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran ser declaradas procedentes”. En el mismo escrito, advertía a la Generalitat que podría ser “responsable civil subsidiaria” de los presuntos delitos. Pero el 24 de enero de 2020, la letrada de la Generalitat dirigió un escrito al juzgado en el que decía que “la Generalitat no está obligada a constituir ningún depósito, caución, consignación o cualquier otro tipo de garantía prevista en las leyes, por lo que pide al juzgado instructor que tenga por cumplimentado el requerimiento que, para la prestación de fianza de 85.124 euros se hace a los agentes de cuerpo de los Mossos d’Esquadra encausados”. "Esta actuación de la Generalitat, dejando tirados a unos agentes para ponerse claramente al lado de los mandos dice muy poco de la Generalitat" Luego, en el último párrafo, pedía que declarase “exentos de la citada prestación de fianza a los agentes citados [les nombraba por sus números de carnet profesional] en atención a la condición de responsable civil subsidiario que ostenta el Departamento de Interior”. En otras palabras, se hacía cargo de los importes a abonar en su momento, en caso de condena y de que se dicte indemnización para los agentes que denuncian. “Esta actuación de la Generalitat, dejando tirados a unos agentes para ponerse claramente al lado de los mandos dice muy poco de la administración. Se han puesto del lado de los mandos descaradamente, que son presuntos autores de delitos muy graves. Mientras a ellos les liberan de la fianza, nosotros nos hemos tenido que pagar de nuestros propios bolsillos los médicos y los tratamientos a lo largo de la última década”, subrayan los afectados, que denuncian una doble vara de medir del Govern. Fran Reina, por su lado, lamenta “el desinterés por parte de la Administración sobre el estado de salud de sus agentes. No han mirado por ellos en ningún momento. Lo más grave es que el Departamento de Interior quiere presentarse ante la opinión pública como un ente moderno, que apuesta por la feminización y por la justicia. Ha puesto en marcha incluso una fundación presuntamente para ayudar a los mossos. Pero si hace lo mismo que hizo con estos compañeros, mal vamos”. A preguntas de este diario, un portavoz oficial de la Generalitat manifestó que el Departamento “no comenta cuestiones internas ni temas que estén en un proceso judicial”. La época de acoso y tensión en el ARRO de Tarragona, no obstante, está llegando a su final.


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Re: El acoso en los cuerpos policiales
« Respuesta #885 en: 24 de Febrero de 2023, 10:46:29 am »

Un comisario y un inspector jefe de la PN, investigados por prevaricación administrativa, acoso laboral y lesiones psíquicas a un subinspector


El caso lo lleva el letrado Juan Antonio Frago Amada, socio-director de Frago & Suárez Abogados Penalistas, fiscal en excedencia y doctor en Derecho.
Portada / Tribunales

Rosalina Moreno
24/2/2023 01:00
Actualizado: 24/2/2023 09:46

La Audiencia Provincial de Madrid ha estimado el recurso de apelación interpuesto por un subinspector contra el auto del Juzgado de Instrucción número 34 de Madrid que inadmitió de plano su querella contra un comisario y un inspector jefe de la Policía Nacional por supuesta prevaricación administrativa, acoso laboral y lesiones psíquicas.

Los querellados son el comisario jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana M. R. J. y el inspector jefe de la misma, J. D. M. M.

Brigada en la que estaba destinado el querellante.

La Audiencia revoca el auto y ordena a la magistrada titular del Juzgado, María del Coro Monreal Huerta, que practique las diligencias que considere necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados y, tras su práctica, resuelva.


La resolución, fechada a 13 de febrero, la firman los magistrados de la Sección Quinta Paz Redondo Gil (presidenta), Pascual Fabiá Mir y Eduardo Luis González del Campillo Cruz (ponente).

El caso lo lleva el letrado Juan Antonio Frago Amada, socio-director de Frago & Suárez Abogados Penalistas, fiscal en excedencia y doctor en Derecho.

Frago interpuso recurso de reforma y subsidiario de apelación.

La Fiscalía impugnó ambos.

La querella fue presentada también por amenazas. Sin embargo, la Audiencia considera que respecto a ese delito el auto de la instructora es correcto.

«Ello no obsta para que, si a tenor de las diligencias que se practiquen, concurrieran otros indicios acerca de la perpetración de un delito de amenazas, la causa pueda proseguir respecto de tal delito», agrega.


Los abogados Juan Antonio Frago Amada y Verónica Suárez García, socios-directores del despacho Frago & Suárez Abogados Penalistas, con sedes en Madrid y La Coruña. Frago es el socio-director del Departamento de Penal, materia en la que está especializado tras ochos años dedicándose a ella en la Fiscalía.
LOS HECHOS
Según se desprende del auto, el subinspector relata que en la querella que el inspector jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, J. D. M., «desde hace dos años» desarrolla «labores de obstaculización» hacia él.


Afirma que como consecuencia de los hechos padece un estado de ansiedad que ha provocado su baja y la retirada de sus armas oficiales y particulares.

En la querella enumera cinco episodios relacionados con ambos querellados, y afirma que como consecuencia de todo ello padece un estado de ansiedad que ha provocado su baja y la retirada de sus armas oficiales y particulares.

Entre los hechos, este subinspector señala que con motivo de una investigación por la desaparición de un ciudadano egipcio disidente del régimen que, al parecer, había acudido a su embajada y no había regresado a su casa, tras serle negada toda información en la embajada, decidió colocar patrullas y controles a la puerta de la embajada.

Pues bien, indica que el citado inspector jefe le ordenó retirar todas las patrullas contiguas a la misma.

Según expone, horas más tarde, el ciudadano egipcio, aquejado de amnesia, apareció en un vertedero.

El querellante destaca que el inspector jefe propuso una sanción contra él, que finalmente se archivó.


Dado que la embajada de Egipto puso una queja formal, el inspector querellado «llevó una copia de la grabación de la cámara de seguridad personal al secretario del Director Adjunto de Operaciones».

Señala que en un grupo de WhatsApp este inspector jefe le reprochó diversas actuaciones

Por otra parte, según consta en el auto, informa que mediante un grupo de WhatsApp, de inclusión obligatoria, este inspector jefe le reprochó diversas actuaciones.

Por ejemplo, «haber informado al comisario antes que a él de un apuñalamiento».

A esto se suma, según relata, que «si bien los días 21 y 22 de marzo de 2021 le transmite su enhorabuena por una intervención en un piso de Lagasca, el 29 de marzo cambió de opinión», y el 9 de abril de 2021 «dio orden de no derribar otra puerta por delitos de desobediencia grave».

Además, el subinspector señala en la querella que el 28 de septiembre de 2021 él había sido solicitado para impartir un curso para la Policía Foral de Navarra, pero que el 30 de septiembre el inspector jefe le respondió que «la superioridad había determinado que debe ir en días de asuntos propios y sin ostentar la condición de Policía Nacional». Y ello pese a que en otras ocasiones ha acudido como Policía Nacional contándole como día de servicio.

Asimismo, afirma que en ese grupo de WhatsApp, el 28 de noviembre de 2021 el inspector jefe le dio nuevas órdenes sobre las entradas domiciliarias, y que el 21 de diciembre de ese año, le dio orden de que la unidad de intervención policial GAC «no entrará a ninguna casa, sino que esperará a que lo hagan otras unidades».

Por otra parte, explica que el 27 de enero de 2022 acudió a una llamada por un tema de violencia de género, teniendo que entrar en una vivienda para detener al infractor, pero este debió huir por la ventana. Finalmente, fue detenido por una patrulla camuflada cuando las patrullas se retiraron y el infractor regresó.

Según el querellante, el 6 de febrero, el inspector jefe «le comunicó que no había gustado su intervención porque no había esperado a las unidades específicas y que iba a ser cesado en su destino, debiendo incorporarse el día 28 de febrero a su nuevo destino».

También destaca que desde que este inspector jefe es superior directo suyo, no ha recibido ninguna felicitación oficial por el desempeño de sus funciones

En la querella también destaca que desde que este inspector jefe es superior directo suyo, no ha recibido ninguna felicitación oficial por el desempeño de sus funciones, si bien anteriormente, entre noviembre de 2014 y julio de 2020 sí había obtenido recompensas y condecoraciones.

En cuanto al comisario, señala que en una reunión en Jefatura el 16 de febrero de 2022, en presencia de unos sesenta compañeros, este dijo: «que tengan un poquito de cuidado cuando reflejan algunas ideas, que son libres de hacerlo como consideren oportuno pero… pero… podría darse la circunstancia de que lo que son 67 minutas de apoyo al subinspector se conviertan en una queja colectiva».

Según recoge la querella, añadió que «las quejas colectivas, hasta donde creo saber, están prohibidas y hasta donde yo sé también en esta Brigada». Y apuntó que «no hace tanto tiempo se sancionó a un grupo de trabajo de una unidad, no de la Brigada, de esta Jefatura, por una queja concertada y fue una falta grave con 5 días de suspensión de empleo y sueldo» y que «eso acarrea algunas consecuencias de cara a su futuro profesional».

En cuanto al delito de acoso laboral, la instructora consideró que las conductas relatadas «no pueden calificarse de hostiles o humillantes, si bien pudiera constituir un hostigamiento laboral denunciable ante la jurisdicción contenciosa o laboral».

Al respecto, la Audiencia subraya en su resolución que «la valoración de conductas para calificarlas adjetivándolas y los juicios de tipicidad que requieren la ponderación de elementos normativos del tipo, efectuados sin haber practicado ninguna diligencia de instrucción, resultan precipitados y, por consiguiente, sujetos a un amplio margen de error».

Los magistrados destacan que en este caso «nos hallamos ante actos realizados reiteradamente» por el inspector jefe, como el intento de sanción como consecuencia de la intervención del querellante en el episodio de la desaparición del ciudadano egipcio; la ausencia de felicitaciones por su desempeño profesional; recriminaciones y órdenes mediante el grupo de WhatsApp; la crítica a su intervención en un hecho de violencia de género; y la reunión en presencia del comisario y sesenta compañeros en Jefatura en febrero de 2022 y el cese en su servicio.

Unos actos que «han sido ejecutados por el superior jerárquico contra el subordinado en el ámbito de una relación funcionarial policial», apunta.

El tribunal hace hincapié en que para alcanzar algún grado de certeza sobre su naturaleza humillante u hostil, así como sobre su gravedad, es preciso disponer de un relato de la víctima, de los dos querellados, y de algunos testigos, compañeros, que hayan tenido conocimiento de los hechos.

Consecuentemente, dictamina que respecto del posible delito de acoso laboral es preciso practicar «las diligencias necesarias para el completo esclarecimiento de los hechos sucedidos antes de valorarlos penalmente».

LESIONES PSÍQUICAS

La Audiencia pone el foco en que en la causa hay un informe elaborado por un psicólogo en marzo de 2022 acreditativo de que el querellante padece un trastorno de ansiedad generalizada, con presencia de síntomas depresivos y reactivos a una problemática laboral.

Y hace hincapié en que «sin practicar diligencias de instrucción» es «muy prematuro» aventurar si el trastorno ansioso–depresivo que padece»carece de relación de causalidad con los comportamientos de los querellados, en el ámbito de la relación de dependencia funcionarial.

«A tenor de tal informe, la relación de causalidad está indiciariamente acreditada», resaltan los magistrados.

Añaden que también será preciso conocer si el querellante ha recibido, o está recibiendo, algún tratamiento médico o psicológico para la curación de la enfermedad que padece y, en su caso, será precisa la valoración médica o psicológica forense.

Finalmente, de las diligencias a practicar «se inferirá si concurre dolo o culpa en los querellados acerca del resultado lesivo», especialmente de las diligencias consistentes en las declaraciones de ambos.

«Incluso aunque la enfermedad psíquica no constituya un delito de lesiones por ausencia de relación de causalidad con los comportamientos de los querellados, o por ausencia de dolo o de imprudencia, basta con que quede indiciariamente acreditada la relación de causalidad para que el padecimiento sea considerada una consecuencia civil de los comportamientos, con efectos acerca de la responsabilidad civil, extremo que también ha de ser esclarecido durante la instrucción conforme el artículo 299 de la LECrim», indica la Audiencia.

PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA

La juez instructora consideró que la interposición de la querella por el delito de prevaricación administrativa era precipitada porque el querellante no había acudido a notificarse de la resolución, por lo que no era conocido su fundamento, lo que impide entrar en el análisis de tal resolución «para atisbar su injusticia».

La Audiencia asevera que cierta es la expresión del auto de la juez, pues figura en la causa, presentado por la representación procesal del querellante con el escrito de 4 de octubre de 2022, la copia de la resolución que está suscrita por el comisario, fechada el 11 de febrero de 2022 y notificada al querellante el 6 de julio.

El tribunal subraya que «si examinamos el contenido de la resolución y la documentación obrante en la causa, concurren indicios, si bien por ahora solo suficientes para el esclarecimiento del hecho y en absoluto para prejuzgar su calificación jurídica, de que bajo un cambio de servicio se oculta una sanción que implica el cese de un servicio y el alta en otro», porque la causa de la nueva adscripción está definida en la resolución como «prioridad en la cobertura del nuevo servicio policial encomendado y optimización de los recursos humanos de la plantilla» y «contribuir a la mayor eficiencia del servicio público policial demandado por los ciudadanos».

«Criterios contradictorios» con las manifestaciones del comisario a propósito del cese en el servicio de este agente en la citada reunión en Jefatura, destaca la Audiencia de Madrid.

Y ello, porque a partir del minuto 20:19 de la grabación el comisario querellado afirmó que se remueve a este subinspector «porque consideraba que la actuación el día de San Blas es mejorable, que él no hubiera realizado la entrada en el domicilio porque discrepaba de la flagrancia y que no se cumplieron las órdenes verbales que había impartido específicamente el jefe de la unidad, que él tiene que velar porque la brigada no esté continuamente en boca de nadie, porque no quiere que <<nos llamen “revienta puertas” ni “asalta pisos”, ni cosas por el estilo>>; porque durante la pandemia, el confinamiento, <<los pitos y las flautas>>, tuvo algunas actuaciones, o alguna al menos, en la que <<¿usted está en un procedimiento judicial al respecto de eso?>>.

No quiere que «la Brigada ni los Grupos de Atención al Ciudadano estén en los periódicos ni en boca de nadie», resalta el tribunal.

Los magistrados afirman que «es patente la divergencia de los motivos alegados para la remoción del servicio» de este agente por este comisario en dicha reunión y los que fueron reflejados en la resolución del 11 de febrero de 2022.

El tribunal manifiesta que nos hallamos ante un hecho cometido por un funcionario público en el sentido previsto por el artículo 24 del Código Penal, M. R. J., que dictó una resolución administrativa de carácter decisorio.

Y subraya que consecuentemente, será preciso practicar las diligencias necesarias para esclarecer «en qué medida la resolución de 11 de febrero de 2022 esconde un cambio de destino como sanción, así como en qué medida lo acordado por tal resolución era contraria a Derecho, que ocasiones un resultado materialmente injusto y que fuera dictada ‘a sabiendas’ de la injusticia, para considerar su calificación jurídica penal o de posible infracción contencioso–administrativa».

AMENAZAS

Las frases que el querellante considera constitutivas de un delito de amenaza y que la instructora no lo considera así, son las proferidas por el comisario Rodríguez en la reunión en Jefatura, en presencia de sesenta compañeros.

La Audiencia afirma al respecto que parece patente que el comisario no se estaba dirigiendo al querellado, «sino a sus compañeros que suscribieron unas minutas de apoyo, a quienes advirtió que pudieran ser consideradas como una queja colectiva que podrían provocar una sanción».

Recuerda que la queja colectiva, como tal, no está prevista por la Ley Orgánica 4/2010, artículos 7, 8 y 9, entre los hechos que representan una infracción disciplinaria, sino la insubordinación individual o colectiva, respecto a las autoridades o mandos de que dependan (artículo 7, e).

Y añade que este proceso no es cauce adecuado para valorar la infracción disciplinaria.

También señala que desde la óptica del delito de infracciones disciplinarias que podrían acarrear una sanción para sus autores, «no constituye un hecho amenazante en sentido técnico jurídico penal, más allá de lo que quepa entender coloquialmente, porque el mal en que consista la sanción no sería injusto, ni tampoco el mal que se cierna dependería exclusivamente del autor de las palabras, sino de la autoridad con competencias sancionadoras, a tenor de la gravedad de la infracción, conforme el artículo 13 de la Ley Orgánica 4/2010».

En consecuencia, considera que respecto a este delito, procede el sobreseimiento provisional.

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Re: El acoso en los cuerpos policiales
« Respuesta #886 en: 27 de Febrero de 2023, 08:20:46 am »
Un policía local fracasa en su intento de cobrar 12.000 euros por acoso laboral


El Juzgado de lo Contencioso número 2 rechaza el recurso del agente en conflicto con algunos superiores y compañeros
por G. Testa  26/02/2023

El titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Ceuta ha desestimado el recurso interpuesto por un policía local que pretendía cobrar 12.000 euros en concepto de “daños y perjuicios” por un supuesto acoso laboral de compañeros y superiores que no se ha visto probado y que habría degenerado en “trastornos depresivos y cuadros de ansiedad”.

El agente adoptó acciones contra la Ciudad Autónoma con el argumento de que “los daños y perjuicios” que aseguraba haber sufrido “como consecuencia del acoso laboral a que se vio sometido en su puesto de trabajo” eran imputables a “un funcionamiento anormal del servicio público”. La Ciudad se opuso a su reclamación, ya que no entendía que estuviese probado el referido acaso laboral ni probados los daños que alegó padecer.




El policía hizo llegar al Negociado de Recursos Humanos de la Ciudad dos escritos en mayo y noviembre de 2020 que corrieron la misma suerte. Se incoó un expediente informativo interno que concluyó que no se podía “verificar” el presunto acoso laboral denunciado y el Juzgado de Instrucción en el que recayó la práctica de pesquisas tampoco halló “indicios racionales” de delito, por lo que se inclinó por el sobreseimiento libre, contra lo que el recurrente no litigó.

Literalmente, en el auto de archivo, firme, se recogió que “en el caso los hechos reflejados no desvelan más que una situación de tensión, que se produce con el tema de los turnos y permisos... Se trata de circunstancias sobredimensionadas por el denunciante”.





Para el magistrado de lo Contencioso, “si los hechos denunciados no merecieron en el auto firme dictado reproche penal alguno al no poder ser calificados como acoso laboral, difícil encaje jurídico cabe en esta vía la modificación de tal calificación”.

A falta de pruebas o de declaraciones que permitiesen colegir “la existencia de conductas de hostilidad y persecución encubierta hacia el recurrente”, la sentencia advierte que “no se ha de confundir entre el acoso laboral que pueda sufrir un trabajador de sus jefes o compañeros mediante la presión psicológica sistemática y prolongada que ejercen éstos él con la finalidad de perturbar el ejercicio de sus funciones o provocar su salida del entorno laboral, de lo que es la natural tensión psicológica o estrés que puede sufrir un empleado que está inmerso en una situación de conflictividad laboral o de tensión generalizada en su centro de trabajo”.

“El conflicto y las desavenencias laborales del actor con superiores y compañeros carecen de las notas de materialidad (hostigamiento sistemático y planificado), temporalidad o habitualidad (conducta sistemática y reiterada en el tiempo) y sobre todo del elemento intencional (conducta hostil intencionada maliciosa) que son presupuestos necesarios para que concurra el acoso moral en los conflictos laborales inherentes a ‘mobbing”, razona el juez, que tampoco estima acreditado que las dolencias y trastornos de los partes médicos obedezcan a un acoso laboral.

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Re: El acoso en los cuerpos policiales
« Respuesta #887 en: 01 de Marzo de 2023, 07:37:03 am »

Declaran como accidente laboral la baja por ansiedad de una policía municipal de Gorliz por el acoso de índole sexual de un compañero de trabajo


El sindicato ELA ha acusado a su vez al ayuntamiento porque, "conocedor de la situación de acoso desde 2019, no hizo nada para poner freno a la misma" y el policía municipal acusado sigue ejerciendo como tal en la actualidad.

Radio Bilbao
27/02/2023 - 11:19 h CET

BilbaoEl Juzgado de lo Social número 2 de Bilbao ha declarado como accidente laboral la baja por ansiedad de una guardia municipal de Gorliz por acoso por un compañero de trabajo. El fallo considera que la baja médica es consecuencia directa de la "grave" situación sufrida por la empleada en el trabajo.

A través de una nota, el sindicato ELA ha acusado a su vez al ayuntamiento porque, "conocedor de la situación de acoso desde 2019, no hizo nada para poner freno a la misma" y el policía municipal acusado sigue ejerciendo como tal en la actualidad.

La demanda fue interpuesta por la Fundación Bidelagun del sindicato ELA, y la resolución judicial relata, en sus hechos probados, "el tormento de la municipal, sometida por un compañero a un trato denigrante y vejatorio así como a graves conductas inapropiadas de índole sexual", motivo por el que la trabajadora cogió la baja en 2021.

"Pasividad del Ayuntamiento"
La sentencia se hace eco también de la pasividad del Ayuntamiento y,, entre otras conductas inapropiadas, ha quedado "acreditado" que en 2019 el agresor "agarró a la trabajadora de la coleta, llevando con violencia la cabeza a sus genitales diciendo calla", así como comentarios en público sobre sus pechos, y declarando como probado que la trabajadora "puso los hechos en conocimiento del Ayuntamiento en julio de 2019 y en mayo de 2021, sin que nada se actuara por la demandada (Ayuntamiento de Gorliz)".

Bidelagun Fundazioa, creada por la central sindical para la promoción de la Salud Laboral y que ha llevado la dirección jurídica de este caso, ha valorado "muy positivamente" esta sentencia, a la vez que considera "gravísima" la pasividad del Ayuntamiento de Gorliz ante la situación continuada de acoso sufrido por la trabajadora y que en última instancia le ocasionó la baja por ansiedad.

Por ello, Bidelagun iniciará acciones judiciales frente al Ayuntamiento por falta de medidas de seguridad, al haber incumplido la obligación legal de proteger a la trabajadora y de dispensarle un ambiente de trabajo saludable y libre de violencia y que, además, el agente municipal acosador sigue en activo.

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Re: El acoso en los cuerpos policiales
« Respuesta #888 en: 01 de Marzo de 2023, 07:38:12 am »
El tormento de la municipal?

Supongo que no estarás asi redactado en la sentencia.

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Re: El acoso en los cuerpos policiales
« Respuesta #889 en: 01 de Marzo de 2023, 07:46:05 am »
O sí, para todo el mundo somos los municipales. . . así que todo es posible. . .

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Re: El acoso en los cuerpos policiales
« Respuesta #890 en: 01 de Marzo de 2023, 08:25:27 am »
O sí, para todo el mundo somos los municipales. . . así que todo es posible. . .

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Quiero pensar que no, que el juez no cayó en ese error.


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Re: El acoso en los cuerpos policiales
« Respuesta #892 en: 12 de Marzo de 2023, 22:01:06 pm »
Es que el ser humano es extraordinario. . . que buen rollo tienen. . . da qué pensar, eh?

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Re: El acoso en los cuerpos policiales
« Respuesta #893 en: 13 de Marzo de 2023, 05:50:50 am »
Es que el ser humano es extraordinario. . . que buen rollo tienen. . . da qué pensar, eh?

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Pues si, da para pensar y concluir que mucho "compañero, hermano, brother, fuerza y honor y casco espartano" y que al final todo se traduce en que es una filfa.

Y el que tiene que acudir a tuiter para "denunciar" que tiene una compañera que sufre acoso en comisaría es de nota.

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Re: El acoso en los cuerpos policiales
« Respuesta #894 en: 25 de Marzo de 2023, 06:58:11 am »
Archivan la denuncia por acoso de una policía contra el alcalde socialista de Brunete


Historia de EFE • Ayer a las 22:37

El Juzgado de instrucción número 3 de Móstoles ha archivado la denuncia por acoso sexual y laboral que presentó el pasado octubre una funcionaria de Policía Local contra el alcalde de Brunete, José Manuel Hoyo; demanda por la que el regidor fue suspendido cautelarmente de militancia del PSOE y le ha impedido volver a ser candidato a las próximas elecciones.

El Ayuntamiento de Brunete ha informado en un comunicado que el juzgado ha decretado el sobreseimiento provisional y el archivo de la denuncia "al no haber quedado acreditada la perpetración de infracción penal".

El alcalde recibió la notificación del archivo de la denuncia este 22 de marzo y ha seguido hasta hoy en el cargo gracias a que ha contado con el apoyo de Cs y ha asegurado que "continuará al frente del Ayuntamiento de Brunete hasta la finalización de su mandato, con más ahínco e ilusión, si cabe, trabajando con todas sus fuerzas por y para Brunete".

José Manuel Hoyo ha negado siempre los hechos que denunciaba la funcionaria y explicó que esta persona inició el proceso judicial con él después de que el regidor le abriera un expediente disciplinario.


En este sentido, el comunicado que ha enviado el regidor a Efe apunta que la denuncia era "totalmente falsa, injuriando y calumniando el buen nombre y el honor del alcalde de Brunete, causándole gravísimos perjuicios, sobre todo de índole personal y político con el principal fin de suspender el expediente disciplinario y de interferir en la vida política de Brunete, en unas fechas tan cercanas a las elecciones municipales de 2023, que perjudicaban claramente su candidatura a la alcaldía".

Hoyo ha manifestado que "siempre ha confiado en la justicia y se congratula, no sólo por sobreseimiento y archivo de la denuncia, sino también por los fundamentos de derecho que lo sustentan".


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Re: El acoso en los cuerpos policiales
« Respuesta #895 en: 30 de Marzo de 2023, 11:46:19 am »

Denuncia de acoso a un comisario en Vallecas: "es más importante la caca de un perro que pillar un kilo de coca"


El documento presentado ante el Régimen Interno de la Policía Municipal revela malas prácticas dentro de la comisaría

IRENE DORTA @irene_dorta
Creada: 30.03.2023 09:44
Última actualización: 30.03.2023 09:44

Intimidación, humillación, ansiedad o miedo son algunas de las palabras que describen el clima de la comisaría municipal de Vallecas, según una denuncia por acoso laboral que un subinspector ha presentado contra su jefe a través del Ayuntamiento de Madrid. El relato de los hechos expone que el comisario J.F. (intendente en el momento de los hechos) persiguió a su subordinado a través de sucesivas denuncias en un corto periodo de tiempo frente al Régimen Interno de la Policía Municipal, por una suerte de celos profesionales para que le pusieran amonestaciones hasta que finalmente el agente se terminó acogiendo a una baja médica. Según las fuentes consultadas en el consistorio la denuncia se está tramitando de forma interna y todavía no se ha resuelto.

La organización de la seguridad de los partidos del Rayo Vallecano o de los mercadillos de los lunes y los jueves se entremezcla con continúas disputas por los turnos con el jefe de la tarde, el denunciante del acoso laboral. Según la documentación a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, uno de los hechos más graves que se relatan consiste en una presunta dejación de funciones del comisario que no dio trámite a una investigación iniciada en Madrid para perseguir a unos traficantes de drogas. Ni él, ni ningún miembro de la Policía de Madrid ha querido dar su versión de lo sucedido tras los intentos de contactar de este periódico.

El documento solicita al Régimen Interno -el equivalente a Asuntos Internos en la Policía Nacional- que cite a declarar a 17 agentes más que son testigos de las supuestas malas prácticas de este jefe con el subordinado. «¿Pero tú quién te crees que eres chaval? Aquí el único que cobra dedicación absoluta soy yo», responde un día cuando este último se ofrece a pasar más tiempo en comisaría.

«No sólo no recibo el más mínimo reconocimiento por la labor sino que en muchos casos soy abroncado, por aspectos con las que ni siquiera tengo nada que ver. Este tipo de reprimendas habitualmente son efectuadas de forma que nadie pueda ser testigo», dice la denuncia. Toda esta situación motiva un «alto grado de estrés que empieza a producirme molestias intestinales, dolores de cabeza, mareos e incluso dolores musculares».

En una ocasión, por ejemplo, detienen a un grupo criminal organizado que se dedica a entrar en los domicilios de personas mayores haciéndose pasar por operarios de teleasistencia. Los agentes necesitan la ayuda del subinspector que está librando y cuando sus compañeros lo llaman él pide permiso a su superior. «Telefoneo al sr. intendente para comunicarle lo ocurrido y ponerme en servicio, hecho que autoriza siendo su principal preocupación que no me apunte horas a cobrar en lugar de interesarse por el desarrollo de la intervención».

Problema de drogas
Una de las claves del relato llega por un problema de tráfico de drogas. El 12 de agosto de 2022 dos agentes de la unidad entablan contacto con una mujer maltratada que les habla de los vínculos que tiene su marido con el narcotráfico. Los policías se ganan su confianza a lo largo de los días y la mujer termina revelando datos muy concretos sobre una entrega. Ante la posibilidad de que se trate de un grupo criminal organizado que introduce droga en Madrid, los policías comunican al jefe la necesidad de hacer caso a las indicaciones y éste "no se muestra en absoluto interesado en la información insistiéndome en que no podemos hacer investigaciones, llegando a decime que para él es más importante denunciar 'la caca de un perro' que 'pillar un kilo de coca' puesto que eso es lo que piden las asociaciones de vecinos y es lo que a él le importa", siempre según la denuncia.

El subinspector llama al Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas (EDOA) de la Guardia Civil de Toledo, que es a quien tocaría investigar en el caso, para saber si están interesados en el asunto. La respuesta del Instituto Armado es afirmativa, pero nunca reciben la información por los cauces oficiales. "Buenas tardes jefe. Me dicen de Guardia Civil de Toledo que no les ha llegado la información que le dimos al SAI hace casi un mes sobre un tema importante de drogas. Además de vergonzoso es hasta casi delictivo. Por favor a ver si puedes hacer gestiones para saber qué pasa con eso porque corremos el riesgo de que la información se pierda o deje de ser válida", le insistió el subinspector a través de Whatsapp. "Si vienes el lunes hablamos" escribió el comisario. Lo que ocurrió fue que lo metió en un cajón. Las fuentes judiciales consultadas remarcan que esto podría tratarse de una omisión del deber de perseguir delitos y una responsabilidad administrativa por falta de colaboración con otras fuerzas y cuerpos de seguridad.

Una actuación que contradice la Instrucción 01/2010 de la Policía Municipal consultada por esta redacción que habla de la "gestión del conocimiento" y señala que debe haber colaboraciones con tras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que una información con relevancia policial es aquella "que precisa de ser analizada y valorada para determinar el procedimiento policial a seguir", como era el caso

Convertido en un agente de oficina
El 31 de octubre del pasado año el comisario emite una nota interna que en la práctica retira al policía víctima del servicio activo, relegándolo únicamente a labores de oficina. Esta nota, a la que ha tenido acceso este periódico, señala que "debido a la importancia que requiere el servicio de las oficinas en las unidades" lo mejor es que allí estén los policías con "labores de experiencia burocrática". La orden indica que el "componente de mayo categoría y/o antigüedad ostentará la condición de jefe del turno" compatibilizándolo con "la supervisión y control de todos los cometidos encomendados al personal de oficina". Esto, traducido, supone que el denunciante no pueda salir a la calle. "En la práctica me retira del servicio activo", dice el escrito. Su deseo no es que la oficina funcione mejor, señala, sino que responde "a un claro y evidente deseo de castigarme a mí".

Las denuncias en Asuntos Internos
El comisario da cuenta al menos en cuatro ocasiones al Régimen Internos quejándose sobre su subordinado. Una supuesta "investigación no autorizada" o un informe firmado son motivos por los que el denunciado pone quejas sin ni siquiera transmitírselas al policía.

La persecución provoca que el subinspector esté continuamente alerta y con miedo a fallar, relata el denunciante. "El día 8 de noviembre por hechos ocurridos el día 5 de noviembre y que ya han sido relatados el Sr Intendente (actualmente comisario) informa nuevamente sobre mi persona a Régimen Disciplinario alegando esta vez, negligencia o retraso en el cumplimiento de las órdenes, debido a que al servicio de la Orden de Servicio que se debía cumplimentar se llegó 15 minutos tarde de la hora señalada". "Por este motivo se me propone una falta leve. En este caso tampoco se me comunicó que se iba a informar a Régimen Disciplinario".

Él interpone un recurso de alzada en la Dirección General de la policía por esta nota que lo dejaba en la práctica castigado en la oficina. Este hecho supone la incoación de un nuevo expediente disciplinario por haberse saltado el conducto reglamentario. "Esto me supone sentirme muy humillado máxime si se tiene en cuenta mi dilatada carrera profesional, mi inequívoco compromiso con el servicio y mi intachable trayectoria".

Finalmente, el médico le da una baja. El 28 de diciembre escribe a su comisario: "Pongo en su conocimiento que hoy he sufrido una crisis de ansiedad. Me ha tenido que asistir el psicólogo del SAMUR. Acabo de salir de Asepoyo y me derivan a mi médico de familia. Iré Mañana. También pongo en su conocimiento que he hecho entrega voluntaria del arma, cargadores, munición y guía así como de la llave de mi armero. Por orden del jefe de guardia me voy para casa". Desde ese momento, según la denuncia, el comisario no contestó ni se volvió a dirigir a él. La policía se presentó en su casa para retirarle el arma.


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Re: El acoso en los cuerpos policiales
« Respuesta #896 en: 31 de Marzo de 2023, 08:23:32 am »

Él interpone un recurso de alzada en la Dirección General de la policía por esta nota que lo dejaba en la práctica castigado en la oficina. Este hecho supone la incoación de un nuevo expediente disciplinario por haberse saltado el conducto reglamentario. "Esto me supone sentirme muy humillado máxime si se tiene en cuenta mi dilatada carrera profesional, mi inequívoco compromiso con el servicio y mi intachable trayectoria".


Entiendo esa frase perfectamente....pero donde falla es en la persistencia ya que ha encontrado un muro que no va a derribar asi, ese muro necesita de una planificación y de un tratamiento especial que requiere paciencia, que no ha tenido y que le ha conducido a algo peor que los expedientes y las labores administrativas, la nevera, de la que dificilmente saldrá en lo que le queda de vida profesional.

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Re: El acoso en los cuerpos policiales
« Respuesta #897 en: 31 de Marzo de 2023, 08:27:02 am »
La policía se presentó en su casa para retirarle el arma.

Respecto a esta parte, se entiende que la particular, procedimiento habitual máxime cuando él mismo ha depositado la reglamentaria al aducir una crisis de ansiedad.

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Re: El acoso en los cuerpos policiales
« Respuesta #898 en: 31 de Marzo de 2023, 08:34:26 am »
De todas formas este caso no viene más que a representar las realidades de los cuerpos policiales, donde los conceptos "hermano, brother, linea azul, nadie lucha solo, y demás gilipolleces espartanas quedan en evidencia, y que la realidad es que cada uno va a su bola y se aplica el "maricón el último" cuando vienen mal dadas, eso si, por detrás y sin dar la cara, no vaya a ser que a mi también me metan en la misma nevera, los "lamezonaspudendas" y los de "carentesdeliquidosanguíneo" no cesarán en dar animos al "criogenizado"....lo vimos hace veintiún años con el caso del creador de este página, cuando le metieron cinco expedientes disciplinarios por faltas graves y muy graves, fue destituido de su servicio y trasladado a la otra punta de la ciudad y al querer recopilar testigos se encontró con muchos "erescojonudo" pero en realidad fue esto lo que obtuvo, con firma y cara ;;)

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Re: El acoso en los cuerpos policiales
« Respuesta #899 en: 04 de Abril de 2023, 07:52:55 am »
Uno de los mossos acosado por sus mandos, obligado a dejar el Cuerpo por las secuelas psicológicas

La Generalitat paga el abogado a los presuntos acosadores y les libra de la fianza hasta el juicio que tendrá lugar en junio
ÁNGEL MOYA
03/04/2023 06:49 ACTUALIZADO: 03/04/2023 09:32

Tres meses antes del juicio que sentará en el banquillo a varios de sus mandos, uno de los cinco mossos víctimas de acoso laboral en la Unidad ARRO de Tarragona se ha visto obligado a entregar su arma y su placa debido a las secuelas psicológicas derivadas de su situación. Entre tanto, sus presuntos acosadores han visto cómo el Cuerpo de Mossos d’Esquadra archivaba todos los expedientes en su contra y siguen en sus puestos de trabajo.

El Gobierno de la Generalitat paga los abogados de los acusados y les libra de depositar cualquier fianza hasta que se celebre la vista oral. Las víctimas han aguantado como pueden, cambiando de destino o con bajas psicológicas temporales, humillados y acosados presuntamente por sus mandos y abandonados por el Cuerpo y la Generalitat.

Carlos, hasta ahora, es el peor parado de esos cinco mossos que han sufrido el acoso. Desde hace unos días ya no es policía, es un civil. Ha sido incapacitado de forma permanente y absoluta por los problemas psicológicos que acarrea debido al acoso permanente sufrido.

Esta semana, Carlos recibió una llamada oculta en su teléfono. Él ya lo esperaba, pero confiesa que fue un momento muy duro. Le citaron el jueves a las 11 en la comisaría de Salou para entregar su arma, su placa y su carnet profesional. Colgó y le dijo a su mujer: «Ya soy civil». Carlos teme que ahora ella, mosso d’esquadra también, sufra represalias.

Carlos no fue solo a su cita, 10 compañeros le arroparon durante el camino hasta la puerta de la comisaría y dos de ellos le acompañaron hasta el despacho. A las 11:00 horas entregó su pistola, los cargadores, su placa y su carnet profesional.

El trámite duró 30 minutos. Un instante para liquidar 25 años de trabajo al servicio de los ciudadanos en los que recibió felicitaciones oficiales y condecoraciones por salvar vidas o por su actuación en los atentados que sacudieron Cataluña en agosto de 2017. Luego, Carlos se despidió de sus compañeros y se fue a casa buscando refugio: «Siento que me han arrancado una parte de mi vida, de mi identidad. Yo me hice policía, no funcionario, pero en este Cuerpo, para evitar expedientes, tienes que ser funcionario y mirar para otro lado». Han sido años de sufrimiento debido al acoso, lo dicen los informes, pero Carlos asegura que va a seguir luchando para volver a ser policía.

El mosso recuerda el origen de la situación que vive ahora, fue tras los graves incidentes ante la sede de la Consejería de Agricultura en Reus el 24 de octubre de 2009. La manifestación del sindicato Unió de Pagesos desembocó en graves altercados y todos los mossos de los ARRO acabaron lesionados, algunos de gravedad. Carlos y otros heridos se quejaron por conducto oficial de la planificación del operativo por parte del sargento responsable. Aunque en una reunión con el intendente máximo de los Mossos en Tarragona, los mandos admitieron los «errores manifiestos de planificación», no hubo repercusiones para el sargento pero sí para los denunciantes.

Carlos recuerda cómo a partir de este momento, los sargentos dejaron de asignarles horas extraordinarias reduciendo su sueldo mensual. Recuerda que les prohibieron usar prendas de abrigo cuando tenían servicio a la intemperie. Todavía le duelen las humillaciones que sufrieron ante el resto de compañeros y cuenta cómo les denegaron todos los permisos de asuntos propios. Carlos recuerda que fueron años terribles: «Llovían expedientes por cualquier motivo, ya fuera la ausencia de cualquier trámite o papeleo o por no hacer ejercicio físico al máximo nivel aunque estábamos lesionados por nuestro trabajo en la calle».

Los mandos decidieron reunir a las cinco víctimas en el mismo grupo de trabajo, en el mismo furgón policial, para dirigir todas las críticas y reproches hacia su grupo. Cuando los acosados acudían a las reuniones de la unidad se encontraban con que alguien les había caricaturizado de forma insultante en la pizarra de la sala. Si se trataba de felicitar a la unidad por su trabajo de la semana, previamente los mandos expulsaban a los acosados de la reunión. «No vamos a parar hasta que os vayáis de aquí», asegura Carlos que les dijeron.

Carlos recuerda que el acoso seguía fuera del ámbito laboral. Los acosados recibían insultos en los chats de los policías. Alguno escribió que las víctimas «hacían horas extras para comprar bragas a sus mujeres». Les acusaban de simpatizar con el Partido Popular, y también les recriminaban hablar en castellano.

No recibieron ayuda de sus mandos, ni del Cuerpo, Carlos lo explica así: «sentíamos una impotencia tremenda y un aislamiento absoluto. Si no llegamos a estar unidas las víctimas, alguno se habría pegado un tiro». Lo que no consiguieron los delincuentes ni los terroristas terroristas, lo lograron sus mandos. El acoso constante hizo mella y la voluntad de los cinco mossos empezó a quebrarse.

En 2010 empezaron a recibir tratamiento psicológico. Sufrían ansiedad y depresiones, fue la primera vez que cogían bajas por salud mental. Carlos recuerda cómo el forense imparcial del juzgado de instrucción Tarragona y su asistente especialista en psiquiatría dictaminaron que «las secuelas concordaban con una situación de hostigamiento laboral prologada en el tiempo».

Carlos admite que todo esto le repercute en su vida personal. Le hace sentir mal padre y mal marido. Ahora, Carlos está ingresado en un hospital de día: «gracias a mi familia, amigos y a los médicos de salud mental, hoy por hoy, estoy vivo».

El juicio contra los tres mandos tendrá lugar dentro de tres meses. Carlos espera que se haga Justicia y se reconozcan los hechos por los que la juez de instrucción ha procesado y llevado al banquillo a dos sargentos y un inspector de los mossos. También tiene dudas: «Lo han intentado archivar tres veces, los acusados han presentado algún testigo muy dudoso que debía favores a estos mandos y ahora se los devuelve acusándonos en falso a las víctimas, incluso ha declarado que cuando estábamos en la Unidad se sentía intimidado por nuestra mirada». Más de una treintena de mossos se han presentado para declarar a favor de las víctimas, la juez ha establecido que con una veintena ya es suficiente.