La noticia debería decir claramente "los habitantes de Canet pagarán..."
Canet pagará 323.000 euros por un caso de 'mobbing' en la Policía Local
El ayuntamiento decide abonar la indemnización que una sentencia fija para el ex funcionario que acusó a dos jefes de acoso y hostigamiento
Canet de Mar.- El Ayuntamiento de Canet de Mar ha decidido no recurrir la sentencia que obliga a indemnizar con 323.088 euros a un ex funcionario de la Policía Local que denunció al consistorio por continuado hostigamiento laboral por parte de dos superiores, que le ha ocasionado una incapacidad laboral permanente. El consistorio ha anunciado la apertura de un expediente informativo para esclarecer los hechos.
La comisión especial de la Policía Local de Canet, en la reunión celebrada el jueves 31 de octubre, en la que estuvieron representadas las formaciones políticas CiU, Unión Municipal, Esquerra Republicana de Catalunya, Partit dels Socialistes y Partido Popular, ha acordado por mayoría no presentar recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a la sentencia por reclamación administrativa que condena al consistorio a pagar 323.088,58 euros más los intereses legales con efectos retroactivos desde el 2010.
En un comunicado, el ayuntamiento detalla que ha solicitado asesoramiento legal a dos juristas, la secretaria municipal y un abogado externo y finalmente se ha decidido, por mayoría,
no presentar el recurso ya que la sentencia es "muy clara y no existen argumentos sólidos que garanticen la viabilidad de un recurso de apelación".Tal como avanzó La Vanguardia el 20 de octubre,
la comisión ha acordado abrir un expediente informativo, con un instructor externo, para aclarar todos los hechos producidos desde el inicio del conflicto laboral (2003) y dilucidar las responsabilidades correspondientes. y
la prescripción?En el mismo comunicado, la comisión informa que la intención de las formaciones políticas de la corporación municipal es solucionar el problema y no aplazarlo más, como de hecho ha sucedido con el anterior ejecutivo formado por PSC, ERC y UM. Un aplazamiento que, según la misma fuente, supone "dejar para gobiernos posteriores un arrastre que puede alargar aún más el conflicto e incrementar la cantidad económica a pagar".