Condena a España por violar la libertad de Otegi en el caso de las injurias al Rey
Arnaldo Otegi durante un juicio en la Audiencia Nacional.
El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha dictado sentencia contra España por haber violado la libertad de expresión de Arnaldo Otegi al condenarlo por llamar al Rey "jefe de los torturadores".
La condena dictada por el Tribunal Supremo y confirmada por el Tribunal Constitucional de un año de cárcel contra Otegi por sus declaraciones contra Rey Juan Carlos en un acto público en 2003, cuando era portavoz de Batasuna, contradice la Carta de Derechos Fundamentales, según la corte, porque las palabras del condenado "no son un atentando personal gratuito contra la persona del Rey, ni cuestionan su vida privada o su honor personal".
"Las expresiones empleadas por Otegi se refieren únicamente a la responsabilidad institucional del Rey en cuanto jefe y símbolo del aparato del Estado y de las fuerzas que, según él, habían torturado a los responsables del periódico Egunkaria", señala la sentencia.
El 26 de febrero de 2003 Otegi dijo que el rey "es el jefe supremo del Ejército español, es decir, el responsable de los torturadores y quien protege la tortura e impone su régimen monárquico a nuestro pueblo gracias a la tortura y a la violencia".
La declaración la hizo en una rueda de prensa, en su condición de portavoz del grupo Sozialista Aberzaleak en el Parlamento Vasco, el mismo día que el rey Juan Carlos inauguró una central eléctrica en Vizcaya, junto al entonces lehendakari, Juan José Ibarretxe.
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sentenció que Otegi no era culpable porque "la crítica de una institución constitucional está amparada por el derecho a la libertad de expresión", aunque las manifestaciones eran "claramente ofensivas, impropias, injustas y ajenas a la realidad". El Ministerio Fiscal recurrió y el Tribunal Supremo condenó a Otegi.
Según el Tribunal Constitucional, que rechazó el recurso de amparo presentado por la defensa de Otegi tras la sentencia del Supremo, las afirmaciones del líder de la organización ilegalizada superaban de manera "patente" por su notorio "carácter infame" el nivel de lo lícito. Estrasburgo entiende sin embargo que se ha vulnerado el derecho de Otegi a expresarse libremente.
Condena 'severa' y 'desproporcionada'
El Tribunal se queja, además, de la "severidad" de la sanción -un año de cárcel y la suspensión del derecho a presentarse como candidato- y considera que "una infracción cometida en el discurso político no es compatible con la libertad de expresión sólo en los casos extremos de un discurso de odio o incitación a la violencia". La condena española, según el Tribunal, es "desproporcionada" y el caso no justifica "la injerencia de las autoridades nacionales".
Para la sala Tercera del Tribunal de Estrasburgo, "en el contexto de un debate sobre una cuestión con un interés público legítimo, nada puede justificar la imposición de tal pena de prisión".
La sentencia de Estrasburgo afirma además que "el hecho de que el Rey no sea responsable penalmente, según la Constitución, no impide por sí mismo un debate libre sobre sus posibles responsabilidades institucionales, e incluso simbólicas, a la cabeza del Estado".
La condena contra España está suscrita por un panel de jueces presidido por Josep Casadevall, de Andorra, e integrado por un rumano, un armenio, un eslovaco, un georgiano, un moldavo y el español Luis López Guerra. El Gobierno tendrá que indemnizar a Otegi con 20.000 euros por "daños morales" y pagar otros 3.000 por el coste del juicio.
Reacciones políticas
La portavoz de los 'populares' en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha sido una de las primeras en comentar la condena. "No nos queda más remedio que aceptarla", ha dicho en una rueda de prensa. "No comparto ese fallo y analizaremos sus fundamentos", anunció.
