La falta de "narcotests" impide a las policías locales aplicar el nuevo Código Penal en materia de tráfico
Pese a que la norma entró en vigor en diciembre, Vigo es la única ciudad de la provincia que tiene el dispositivo para detectar a conductores drogados a través de una muestra de saliva
El fiscal jefe de Pontevedra, Juan Aladro –de pie– con Carlos Gil a su lado y miembros de las policías locales y de la Guardia Civil. // R. Vázquez
CARLOS GARCÍA- PONTEVEDRA La última reforma del Código Penal, que entró en vigor el pasado 23 de diciembre, introduce importantes novedades en materia de seguridad vial. Sin duda, las dos más llamativas son la posibilidad de que se decrete el comiso del vehículo a aquellas personas que cometan delitos graves en materia de tráfico o la obligatoriedad de realizar pruebas de saliva para detectar la presencia de conductores que se pongan al volante bajo la influencia de sustancias estupefacientes.
El fiscal especializado en seguridad vial de Galicia, Carlos Gil, mantuvo ayer una reunión de trabajo en la sede de la Fiscalía de Pontevedra con policías locales de toda la provincia. El objetivo era "unificar criterios" a la hora de aplicar la nueva reforma administrativa, unos cambios legales que, pese a estar ya en vigor, pillan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sin el material que precisan para poder hacer cumplir la ley.
Así lo explicaba el propio Carlos Gil, quien señalaba que uno de los objetivos del encuentro era, precisamente, informar a las policías locales y a la Guardia Civil de Tráfico sobre estos controles de saliva "que causan muchos problemas, principalmente porque tengo entendido que hay muchas policías que no tienen el instrumental necesario para realizar este tipo de pruebas".
Gil reconoció que, pese a que la reforma está en vigor desde diciembre, el grado de cumplimiento de la ley no es efectivo de tal forma que, en principio, tan sólo Vigo cuenta con el aparato para realizar los "narcotests" y que su policía local "está ya actuando". En la segunda ciudad de la provincia, Pontevedra, fuentes de la Policía Local confirmaron ayer que adquirirán en breve el dispositivo y que estaban precisamente esperando a esta reunión antes de dar el paso definitivo por tratarse de una inversión importante.
Lo cierto es que, fuera de las dos grandes ciudades, el resto de municipios que cuentan con policías local y competencias en materia de tráfico deberán adquirir estos aparatos para hacer cumplir la normativa. El consejo de la Fiscalía es que lo hagan cuanto antes: "La ley dice que se realice el test de saliva, al igual que hay que tener un etilómetro para realizar las alcoholemias".
Confirmar en el laboratorio
Gil recordó que, con respecto al consumo de drogas al volante, "la legislación no preveía nada, únicamente que si la policía detectaba a un conductor con síntomas de haber consumido drogas, debía llevarlo al médico para hacer unos análisis". "La tecnología nos ha permitido que haya narcotests en el mercado que en el preciso momento nos puede decir si el conductor, con una pequeña muestra de saliva, ha consumido o no", añadió. Este primer positivo tendrá que ser confirmado posteriormente en el laboratorio.
Además, otro de los problemas que entraña la nueva prueba es que tanto la conducción alcohólica como la que se efectúa bajo la influencia de las drogas exige que tenga una seria influencia sobre la conducción para que esté castigado como delito. En el caso del alcohol, la ley fija el límite de 0,60 mg/l en aire expirado como infracción penal. Su aparición en el etilómetro conlleva una condena segura por un delito contra la seguridad vial. En el caso de las drogas "habrá que demostrar esa influencia", por lo que además del resultado del "narcotest" serán fundamentales los síntomas que aprecien los agentes de las policías locales y de la Guardia Civil en el propio conductor.
Coste económico
Si en Vigo ya se dispone de este dispositivo –que coloquialmente se empieza a conocer como "narcolímetro"–, y en Pontevedra están a punto de hacerse con uno, las dudas surgían ayer entre la capacidad que tendrá el resto de concellos de la provincia para hacerse con este tipo de aparatos. Y es que más allá del coste puntual que supone la adquisición del mismo, miembros de las policías locales ayer reunidas en la sede de la Fiscalía destacaban ayer el importante coste económico que supone cada una de estas pruebas. Y es que después de que el conductor dé el primer positivo a pie de carretera es necesario confirmar el resultado a través de una análisis toxicológico en un laboratorio y se precisa garantizar la cadena de custodia de dicha prueba. Unos pasos que generan dudas sobre el coste económico que tendrán. De ahí, que, frente al gasto de unos céntimos que supone cada boquilla del alcoholímetro se pueda pasar a unas cuantías por conductor que parecen difíciles de soportar para los ayuntamientos de menor tamaño. Por eso aparecen dudas sobre cómo se van a tomar los ayuntamientos este incremento de los gastos, sobre todo teniendo en cuenta los tiempos que corren.