Autor Tema: !Cómo están los Cuerpos!  (Leído 288390 veces)

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« Respuesta #2940 en: 23 de Marzo de 2019, 13:33:54 pm »
La verdad es que nada de lo que ha hecho es normal, ni los simpas en el restaurante y en la gasolinera, ni el ir de uniforme reglamentario por la vida intentando pagar con una tarjeta oficial, así que algo debe de tener o una adicción o un chispazo en la cabeza, o de todo un poco.

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"No hay hechos, sino interpretaciones" Nietzsche

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« Respuesta #2941 en: 26 de Marzo de 2019, 07:48:51 am »

Luciano M. V. es uno de los cuatro guardias civiles del cuartel de Isla Mayor (Sevilla) que estos días están siendo juzgados en la Audiencia Nacional. EE

Luciano y medio cuartel de la Guardia Civil cerraban tratos con narcos del Guadalquivir
Cuatro de los ocho agentes del acuartelamiento de Isla Mayor, incrustado en las marismas del río, se sientan en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional por 'venderse' a una banda de traficantes de hachís.
26 marzo, 2019 03:42


Andros Lozano @AndrosLozano

La mayoría de los vecinos de Isla Mayor (Sevilla) no se sorprendieron cuando, en febrero de 2017, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvieron a Luciano M. V. por cobrar 35.000 euros manchados por la droga. Los isleños sabían que ese agente del cuartel del pueblo, natural de Zamora pero casado con una oriunda de la localidad y con una hija, estaba conchabado con los traficantes de droga locales que introducían hachís remontando con sus lanchas el Guadalquivir para esconderlo después en naves situadas junto a los canales de las marismas del río.

Lo que pocos sabían entonces en Isla Mayor era que de los ochos agentes destinados allí, Luciano había convencido a la mitad de ellos, incluido al sargento, para que colaborasen con los narcos.

Él y su compañero Juan Rafael M. R. eran los encargados de realizar el 'casting' entre quienes querían dar el salto al otro lado de la ley. En una de las conversaciones telefónicas que se le registraron, uno de los agentes que se detuvo les sugiere la posibilidad de “entregar el curriculum si salen vacantes por ahí”.

Ahora, dos años después de que Asuntos Internos limpiara el cuartel, los cuatro guardias civiles corruptos se sientan en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional.

El juicio arrancó la semana pasada y continúa durante la actual. Se les acusa de dar protección durante los traslados de mercancía, informar a los traficantes de operativos de grupos especiales y situar su vehículo oficial en lugares estratégicos para evitar que otros grupo del cuerpo o de otros investigaran en la zona. Tres de los agentes imputados admitieron los hechos en la primera jornada del proceso. Sólo el sargento negó su implicación.

Salida de Isla Mayor al polígono Industrial Príncipe de Gales.

Salida de Isla Mayor al polígono Industrial Príncipe de Gales. Fernando Ruso

Escenario de película

Isla Mayor es una lugar histórico de entrada de hachís por su ubicación geográfica, próxima a la desembocadura del ‘gran’ río andaluz en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). Hay algo opresivo en el aire cuando se pisa la fina lengua de tierra rodeada de marismas que es Isla Mayor.

Todo a la vista es agua más allá de la franja seca sobre la que se asienta este pequeño pueblo sevillano de 6.000 habitantes. Se trata de un lugar lleno de caños y canales atravesados por laberínticos caminos de tierra como los que dibujó Alberto Rodríguez en su película La Isla Mínima.

En este lugar aislado y casi olvidado pese a encontrarse a sólo 47 kilómetros de distancia de Sevilla, durante décadas las organizaciones que trafican con hachís han operado con cierta impunidad en la zona por su rápida salida al Atlántico y su proximidad a Marruecos.

Y para ello no dudaban en corromper con dádivas a los agentes del orden. De esa forma, Isla Mayor era un pueblo de día y otro de noche. La oscuridad amparaba un negocio que llegó a manchar hasta las entrañas del cuartel, donde el silencio era absoluto.

El agente Luciano era el veterano del grupo. La investigación señaló que él, que llevaba más de dos décadas residiendo en Isla Mayor, poco a poco persuadió a los tres compañeros para colaborar con una banda local dedicada al transporte de hachís. Luciano, que conocía a todo el pueblo, era el enlace con los narcos que cada noche colaban sus lanchas cargadas de droga y por la mañana se los encontraba tomando café en los bares.

Precisamente, a Luciano M. V. se le detuvo en Zamora, donde se encontraba cuando se precipita el operativo en el que se arrestó a sus tres compañeros y a 18 miembros de una organización de traficantes a la que se le incautó 1.600 kilos de hachís.

La Fiscalía sostiene que dicha organización no sólo se dedicaba a traer hachís, sino que arrenbada sus embarcaciones a otras bandas. Su especialidad era realizar trabajos de “reparación, preparación, mantenimiento y modificaciones” de 'gomas' para otros traficantes de estupefacientes.

Altas peticiones de cárcel

La Fiscalía pide 13 años de cárcel por tráfico de drogas y otros seis años por blanqueo de capitales para el sargento jefe del puesto, Francisco Javier C.B., y para Luciano M.V. Les imputa dos delitos de simulación de delito y revelación de secretos.

El Ministerio Fiscal solicita para los otros dos agentes, Claudio G.G. y Juan Rafael M.R., ocho años de cárcel por tráfico de drogas. Las peticiones de prisión para los 18 presuntos traficantes oscilan entre los 8 y los 13 años.

El juicio se retoma este jueves, cuando testificarán ante el juez los agentes de Asuntos Internos que realizaron la investigación. Según el escrito de acusación del fiscal, Francisco Javier C.B. obtuvo unos ingresos no justificados de 22.040 euros y Luciano M.V. de 35.100 euros.

Según la investigación, cuando los narcotraficantes detectaban un coche sospechoso, los agentes corruptos realizaban gestiones para conocer quién era el titular. Luciano M.V., amante del ciclismo, llegó a enviar a sus superiores un informe a finales de 2016 en el que detallaba los trabajos de dos bandas rivales de la que él cobraba, pero no decía nada de quienes le pagaban a él y a sus tres compañeros que pueden acabar fuera del cuerpo y con los pies en prisión.





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« Respuesta #2942 en: 29 de Marzo de 2019, 07:29:40 am »

OPERACIÓN CARIOCA
La juez del mayor caso sobre prostitución imputa a un guardia civil más de 70 delitos

La instructora propone a la Xunta personarse como acusación y avisa al Estado de que es responsable subsidiario de la actuación del agente que demandaba sexo a cambio de papeles

Silvia R. Pontevedra
Lugo 26 MAR 2019 - 18:51 CET   

La testigo protegida DPA 123 B llegó a España, desde Brasil, en situación irregular el 19 de octubre de 2006 y el 29 de noviembre conoció su primera redada. Pero aquella no era una auténtica inspección y de ella no quedó constancia policial alguna. El cabo primero de la Guardia Civil Armando Lorenzo Torre, miembro del Equipo de Personas y Emume (mujeres y menores) de Lugo, se presentó presuntamente en el Club Sirena proclamando que era "jefe de extranjería" y ordenó a un compañero fotografiar a las mujeres de una en una. Ellas iban pasando a la cocina para ser retratadas y dar sus datos personales. Y cuando le tocó el turno a DPA 123 B, Lorenzo le preguntó: "¿Qué hace una chica tan guapa ejerciendo la prostitución?". Ella respondió que lo hacía "por necesidad". Y el cabo mandó a su compañero que le tomara fotos de cuerpo entero. Después, le pidió a la mujer su número de móvil. Y ahí empezó todo.

Lo siguiente fueron las reiteradas llamadas a la chica y la visita al domicilio de esta, el 18 de diciembre, por parte de Armando Lorenzo. Según un par de testigos él sacó su pistola; la posó sobre una mesa. Le dijo "vengo de deportar a 20 o 30 compatriotas tuyas", "tus días en España como legal se están terminando, dame el pasaporte que yo te arreglo para tres meses más". A continuación, aunque ella se negaba, cuenta que la obligó a practicarle una felación y luego la penetró "sin preservativo". Todo esto se relata en la Operación Carioca, la mayor investigación contra las mafias de proxenetismo que ha tenido lugar en España (310 tomos, 377 testigos) y que hunde sus raíces precisamente en la denuncia de esta joven. Después de una década de instrucción, la juez hace repaso de las actividades del agente (uno de los principales entre los 89 imputados que llegó a sumar la causa desguazada en 50 piezas) y propone en un auto de más de 200 folios el procesamiento del cabo por más de 70 delitos.

La magistrada Pilar de Lara ordena, además, notificar a otras 23 mujeres que tienen derecho a ayudas para personarse en calidad de víctimas de violencia de género. Ofrece a la Xunta de Galicia ejercer la acusación popular y toma una medida nunca aplicada hasta ahora: avisar al abogado del Estado de que la Dirección General de la Guardia Civil es responsable subsidiaria de los presuntos delitos cometidos por este agente y también por su jefe, el brigada Julio Baquero, al que atribuye omisión y cohecho. La juez se basa en que sus actividades eran "ampliamente conocidas por sus superiores jerárquicos".

El auto de transformación de las actuaciones en proceso sumario dispone el inminente procesamiento de estos dos agentes y de tres proxenetas, entre ellos José Manuel García Adán, dueño de los clubes Queen's y Colina, situado en el epicentro de la trama Carioca. Después el caso pasará a manos de la Audiencia Provincial de Lugo, que debe ratificar la conclusión y ordenar la apertura de juicio oral. La detención de Armando Lorenzo, que entró en prisión y luego quedó en libertad provisional con la prohibición de residir en Galicia, convulsionó a la sociedad lucense.

Una veintena larga de delitos que le atribuía la juez han prescrito o se sobreseen por falta de pruebas, pero entre los que todavía siguen en pie están la supuesta agresión sexual con intimidación y amenaza a la testigo protegida, y 21 delitos de cohecho en relación a otras mujeres a las que presuntamente requería favores sexuales a cambio de regularizarlas para no ser deportadas. De Lara también lo considera autor de delitos de extorsión y de cohecho con respecto a los dueños de los burdeles, por brindarles trato de favor si recibía a cambio beneficios económicos. Le atribuye igualmente revelación de secretos, tráfico de influencias o falsedad documental en la elaboración, por ejemplo, de denuncias falsas contra propietarios de prostíbulos que supuestamente se negaban a pagarle. Por último, la juez tiene en cuenta una docena de supuestos delitos continuados de omisión del deber de perseguir delitos y varios cargos vinculados al "favorecimiento de la prostitución".

Según la titular del juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, el guardia civil no solo hacía funciones de "taxista" en el coche oficial del cuerpo al transportar a mujeres hasta el Queen's para evitar posibles controles y deportaciones. También se encargaba de derivar a este y al otro burdel que regentaba el proxeneta García Adán a muchas trabajadoras de los clubes en los que había redadas, en vez de llevarlas a "una casa de acogida o una ONG", reprocha la instructora.

"La actividad presuntamente delictiva del cabo Armando Lorenzo se remonta a su anterior destino en la Unidad Orgánica de Policía Judicial adscrita a la Audiencia Provincial de Lugo, en el que se habría granjeado la confianza y amistad de algún magistrado", apunta la juez. En el otro mundo que frecuentaba el agente, había mujeres que "rozaban la indigencia", señala. "La inmensa mayoría eran extranjeras", jóvenes, "vulnerables", "se encontraban en España en situación irregular, necesitaban enviar dinero a sus hijos, padres, hermanos y uno de sus principales temores eran las redadas, en las que podrían ser detenidas y expulsadas del país".

En los clubes trabajan mujeres que "han sufrido violaciones o malos tratos, o simplemente han tratado de escapar de la pobreza de sus países y labrarse un futuro mejor", recuerda. En consecuencia, defiende De Lara, Lorenzo "abusaba de su superioridad", pedía favores sexuales para él, para amigos e incluso para los "socios de su hijo", a veces en fiestas en pisos y otras veces en los clubes. Y se valía, supuestamente, de su estrecha relación con responsables de Extranjería de la Policía Nacional para amañar las órdenes de expulsión y los permisos.

El sumario recoge seguimientos, pinchazos telefónicos y SMS que revelan su supuesta debilidad por mujeres legalmente vulnerables. Mensajes en los que combina las referencias físicas con sus presuntas gestiones burocráticas. "Quiero q sepas q cuando te vi por primera vez quedé prendado d ti. Tus ojos desprendían brillo como si fuera la luna q reflejara en ellos. Al estar contigo tu cuerpo y piel suave desprendía un aroma q lo llevo en mis manos. Me tienes q dar el nombre completo. En la nota q me diste no entiendo".

La testigo protegida relató que desde el momento en el que se negó a mantener más contactos con el guardia civil "comenzó a sufrir una situación de acoso por parte de la policía nacional", hasta que en septiembre de 2008 fue identificada en su domicilio y se le incoó un expediente de expulsión, que se llevó a efecto en marzo de 2009. Armando Lorenzo, asegura la juez, ejercía su influencia, especialmente, en una docena de clubes de la provincia y llegó a cobrar dinero de unos siete. En algunos casos, apunta De Lara, parecía uno más, "como si estuviera en nómina". Y así, durante años, "construyó una creencia generalizada de que él tenía capacidad para arreglar todo tipo de papeles y documentación relativa a la situación administrativa de extranjeros en España".
"Antes de acostarme con usted me meto en cemento"

Una mujer venezolana que trabajaba como encargada de un prostíbulo declaró en el juzgado que se sintió "humillada por el abuso de poder": "¿Cómo es posible que a los que tienes que pedir auxilio sean los que abusan de ti? Es como si vas a tu madre a pedir ayuda y te mete una puñalada”; “no se puede hundir más a los que ya estamos hundidos". Según esta supuesta víctima del cabo primero, el hombre reclamó sus servicios sexuales y ella se negó. "Tú no quieres colaborar, no te quieres portar bien... pues se te va a acabar el negocito", la amenazó él presuntamente. "Máteme, pero antes de acostarme con usted me meto en cemento", asegura ella que le respondió en una ocasión. "Armando cumplió finalmente sus amenazas", concluye la juez, "porque ella sufrió una redada de la Inspección de Trabajo, que impuso al local una multa elevada, tras lo cual siguieron las redadas y su detención".

Los clubes que no accedían a las demandas de Armando Lorenzo sufrían "persecución", "extorsión" y "amenazas", asegura De Lara. Según la juez, el cabo utilizó a algunas mujeres, en ocasiones bajo "presiones insoportables", para que testificasen hechos falsos contra propietarios de burdeles y así "eliminar a la competencia en una guerra entre clubes". Otra testigo venezolana declaró que un día el agente la llevó al cuartel, le dijo que si no cooperaba con una denuncia (falsa) la expulsaría. Y que si lo hacía le daría los papeles, la haría testigo protegida, cobraría una pensión de 300 euros al mes y recibiría ayuda para conseguir un piso.
















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« Respuesta #2943 en: 03 de Abril de 2019, 07:03:20 am »
Detenidos dos policías que habrían filtrado a los medios datos sobre el caso Cursach
Los agentes arrestados, que han quedado ya en libertad provisional, deberán responder en su momento por un presunto delito de revelación de secretos

Josep María Aguiló
Palma de MallorcaActualizado:
02/04/2019 21:47h

La Policía Judicial ha detenido este martes por la mañana a dos antiguos agentes del hoy extinto Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional de Palma, por un presunto delito de revelación de secretos. Al parecer, ambos podrían haber filtrado a diversos medios una parte del sumario del denominado caso Cursach. A primera hora de la tarde, los dos policías han quedado ya en libertad con cargos.

Cabe recordar que en el caso Cursach se investiga, esencialmente, la existencia de una supuesta trama de corrupción policial, política y empresarial, cuyo presunto impulsor sería el magnate mallorquín Tolo Cursach, quien durante décadas fue el principal empresario del sector del ocio nocturno de Baleares. El actual instructor del proceso, el juez Miquel Florit, abrió el pasado año una pieza separada para indagar acerca de las filtraciones periodísticas habidas desde hace tiempo en el marco de esta macrocausa. Por orden del juez, agentes de Asuntos Internos iniciaron una investigación para intentar averiguar quiénes habrían estado detrás de dichas posibles filtraciones. Las primeras sospechas recayeron sobre el antiguo Grupo de Blanqueo de la Policía, cuyos miembros llevaron el peso de la investigación del caso Cursach durante años. En ese contexto, la citada unidad estuvo siempre en contacto permanente con el primer instructor de la causa, el juez Manuel Penalva, y con el fiscal Miguel Ángel Subirán.

Los dos agentes arrestados inicialmente este martes son una inspectora y un subinspector de la Policía Nacional, que habían sido detenidos en Madrid y en Palma, respectivamente. Ambas detenciones se sumaban a las que ya hubo el pasado mes de diciembre de otros dos antiguos miembros del Grupo de Blanqueo, el exjefe de dicha unidad y un agente, igualmente por un presunto delito de revelación de secretos. Tras acogerse estos dos últimos efectivos a su derecho a no declarar, quedaron en libertad con cargos, a la espera de comparecer en un futuro ante el juez. De este modo, los cuatro policías citados se encuentran ahora mismo en situación de libertad provisional.

En el marco de la misma pieza separada del caso Cursach abierta por presunta revelación de secretos, el juez Florit había ordenado también en diciembre la incautación de material y documentos al periodista de «Diario de Mallorca» José Francisco Mestre y a la redactora de Europa Press en Palma Blanca Pou, que han sido dos de los profesionales que han venido informando de manera regular sobre el caso Cursach. Con posterioridad, el pasado mes de enero, Mestre y Pou recuperaron todo el material que les había requisado la Policía Nacional por orden del magistrado, incluidos sus respectivos teléfonos móviles. La devolución de ambos teléfonos a dichos periodistas había sido decretada poco antes por el propio juez Florit, quien además certificó que los móviles no fueron finalmente abiertos y que sus contenidos tampoco fueron examinados.

En cualquier caso, ya en diciembre «Diario de Mallorca» y Europa Press habían presentado una querella conjunta contra Florit, como presunto autor de los delitos de prevaricación judicial, contra la inviolabilidad del domicilio y contra el secreto profesional de los periodistas. Dicha querella fue admitida a trámite poco después por el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB). Con posterioridad, los mismos demandantes solicitaron que la querella fuera ampliada contra el fiscal Anticorrupción Juan Carrau, ya que, según «Diario de Mallorca» y Europa Press, Carrau habría avalado la incautación de los móviles requisados por el juez Florit. La ampliación de la querella contra el fiscal ha sido denegada esta misma semana por el TSJIB, por lo que la investigación ya en marcha se centrará finalmente sólo en el juez.

El caso Cursach cuenta hoy con diversas piezas separadas, además de la ya mencionada por presunta revelación de secretos. Por lo que respecta a la pieza principal, que será dilucidada en los próximos meses, en ella la Fiscalía Anticorrupción pide ocho años y medio de prisión para Cursach por los presuntos delitos de integración en grupo criminal, cohecho, coacciones y prevaricación. El Ministerio Público quiere que en el marco de dicha pieza principal se sienten también en el banquillo otras 23 personas, entre ellas empleados de Cursach, funcionarios y una quincena de policías locales de Palma. Este será el segundo juicio al que se enfrente el magnate mallorquín. Cabe recordar que en junio del pasado año Cursach fue condenado a ocho meses de cárcel por un delito de tenencia ilícita de armas. En la actualidad, se encuentra en situación de libertad provisional, tras haber abonado la fianza de un millón de euros exigida por la Audiencia Provincial de Palma.

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« Respuesta #2944 en: 15 de Abril de 2019, 07:16:34 am »

Isla Mayor, donde guardias civiles corruptos trabajaban más para los 'narcos' que para el cuerpo
Javier, comandante del puesto, y Luciano, Claudio y Juan Rafael, tres subordinados, han sido condenados por sus vínculos con la banda de 'El Negro'.
15 abril, 2019 02:27

Gonzalo Araluce Carmen Lucas-Torres

La droga carcomió las estructuras de la Guardia Civil en Isla Mayor. La mitad de los miembros del cuerpo destinados en este pequeño municipio sevillano fueron detenidos por sus estrechos vínculos con los narcotraficantes. Favorecían su actividad y les blindaban frente a cualquier intervención policial. A cambio, los agentes obtenían grandes sumas de dinero. Pero sus incursiones en el mundo de la droga, además de llevarles a los tribunales, les costó profundas desavenencias entre ellos: unos desconfiaban de otros, creyendo que les dejaban de lado para llevarse un mayor reparto de los sobornos.

El grupo de agentes condenado a penas de prisión por la Audiencia Nacional estaba compuesto por cuatro miembros: Javier, el sargento, y Luciano, Claudio y Juan Rafael, sus subordinados. Componían la mitad de la dotación del Instituto Armado desplegado en este cuartel, clave en la lucha contra el narcotráfico. Isla Mayor apenas alcanza los 6.000 habitantes; en las inmediaciones, no obstante, circunda el río Guadalquivir, empleado por los narcos para introducir droga desde Marruecos.

Francisco Rodríguez Cordero, más conocido como El Negro, conoce cada rincón del río. Tantas veces lo ha recorrido a bordo de embarcaciones semirrígidas transportando sus fardos. Él era el líder de la organización criminal que contaba con hasta una docena de miembros. Contaba con una infraestructura fuertemente desarrollada; barcas, naves industriales donde ocultar sus fardos, vehículos... y dinero. Mucho dinero.

Ése fue el punto en el que se apoyó para corromper a los agentes. Pero fue sutil. No fue él en persona a tratar con los guardias civiles; aprovechó la confianza que tenía con uno de los vecinos del sargento para hacerle llegar su propuesta: 6.000 euros como pago inicial y otros 20.000 por cada alijo que lograse introducir a través del río Guadalquivir.

Aquel fue el punto de partida de una estrecha relación que, según los investigadores, condujo a las disputas internas entre los propios agentes.
Arranca la colaboración

Javier, sargento, aceptó la propuesta. El 7 y el 10 de abril de 2016 se vio a hurtadillas con El Negro en un polígono industrial, siempre de noche, y acordaron las cifras del soborno.

Javier aceptó y arrastró consigo -siempre siguiendo la sentencia de la Audiencia Nacional- a sus tres subordinados; Luciano, Claudio y Juan Rafael. Desde ese momento, actuaban al servicio de los narcotraficantes. Les cedieron las llaves de una finca protegida por la que encontrarían una mayor facilidad para llegar a hurtadillas al Guadalquivir, les avisaban cada vez que una patrulla del cuerpo se desplegaba por su área de influencia e incluso les ofrecían información sobre vehículos que despertaban las sospechas de los criminales.

Los hechos sucedieron con rapidez. Durante ese verano, los criminales dieron varios golpes, trasladando sus fardos por el río. En ocasiones, la Guardia Civil de Sevilla detectaba sus movimientos y frustraba sus planes. Pero las relaciones entre los narcos y los guardias civiles corruptos de Isla Mayor no hicieron más que estrecharse.

En diciembre de 2016, los agentes Claudio y Juan Rafael detectaron un coche sin asientos que empleaban los narcos en sus transportes y no lo notificaron a sus superiores. Ese mismo mes Luciano omitió el nombre de sus amigos criminales en un informe remitido a la comandancia de Sevilla. En noviembre, Luciano había acompañado a otro traficante a denunciar la desaparición de una escopeta, ayudándole a maquillar los hechos para que no sospechasen de su actividad delictiva. Todos esos movimientos figuran en los informes de la Audiencia Nacional.
Surgen las grietas

Pero los guardias civiles corruptos no tenían una confianza ciega entre sí. Javier, sargento, pronto sospechó que Luciano quería ocupar su puesto privilegiado como interlocutor con los narcotraficantes. Las tensiones internas del grupo no tardaron en aflorar. Así lo recoge la sentencia judicial: "A partir del verano de 2016, es el guardia civil Luciano M.V. el que se ocupa de mantener los contactos con Rodríguez Cordero [El Negro], desplazando al propio sargento, que comienza a sospechar que le ocultan información sobre los alijos, para evitar tener que pagarle su comisión".

Pero hay más. De acuerdo a las conversaciones intervenidas por los investigadores, "el sargento tiene miedo de que El Negro, Rodríguez Cordero, le trate de engañar": "El engaño no puede ser otro que el pasar alijos sin entregarle su comisión". O en otros términos, sospechaba que el acuerdo con los narcotraficantes se recondujera hacia terrenos que él no pudiera controlar.
Explota la operación

Es enero de 2017. Los investigadores han reunido suficientes pruebas contra los guardias civiles y explotan la operación. Detienen a Javier, el sargento. También a sus subordinados, a los que implican en la trama: Luciano, Claudio y Juan Rafael. Estalla el escándalo en Isla Mayor; los arrestados constituyen la mitad del personal del Instituto Armado destinado en este enclave sevillano.

¿Qué pruebas existen contra los agentes? Algunos de ellos hicieron ingresos en metálico en sus propias cuentas bancarias o en las de sus esposas; también hicieron pagos en efectivo para comprar vehículos. Pero el informe más contundente llega de la mano de las grabaciones. En una de ellas, por ejemplo, se puede escuchar al sargento y a Luciano, en el interior de un vehículo particular, hablando de cómo se iban a repartir el dinero procedente de la droga.

Javier, sargento, defendió ante los tribunales que interpretaba el papel de infiltrado para intentar dar un golpe mayor a la banda de El Negro. Y que esas conversaciones formaban parte de su cometido. La Audiencia Nacional no le cree. Su versión se contradice con la de los otros tres agentes procesados, que admiten sus vínculos con los narcotraficantes. Las grietas de confianza entre los antiguos compañeros de cuartel se trasladan hasta el banquillo de los acusados.

Todos ellos fueron condenados a penas de prisión, que van desde los cuatro hasta los 14 años. Una sentencia que es recurrible a instancias superiores. Fuentes del Instituto Armado consultadas por EL ESPAÑOL indican que la trama de corrupción se da por desarticulada con este golpe. Con esta renovación en el cuartel, aspiran a que Isla Mayor vuelva a convertirse en un fortín en la lucha contra el narcotráfico.




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« Respuesta #2945 en: 21 de Abril de 2019, 15:15:39 pm »

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« Respuesta #2946 en: 21 de Abril de 2019, 15:17:21 pm »

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« Respuesta #2947 en: 21 de Abril de 2019, 15:17:39 pm »
Que buen rollito....

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« Respuesta #2949 en: 26 de Abril de 2019, 08:13:05 am »

Santiago Detenido el policía local de Santiago investigado por cobrar mordidas a cambio de licencias

Trabajaba desde hacía 25 años en Urbanismo y se sospecha que pedía dinero a cambio de informes positivos


Un policía sale del Concello de Santiago con material requisado XOAN A. SOLER
Xurxo Melchor
Santiago 25/04/2019 18:36 h

En junio del 2018, el Concello de Santiago abrió una investigación contra un policía local de Santiago adscrito al área de Disciplina Urbanística sospechoso de cobrar presuntamente mordidas a cambio de hacer informes favorables para obtener licencias, legalizar obras o no abrir expedientes sancionadores. El caso, que fue declarado secreto a la espera de informes y mientras se recababan pruebas, ha culminado diez meses después con la detención del agente, F. P. B., que fue arrestado a primera hora de la mañana del jueves en su domicilio por la Policía Nacional, que también efectuó un registro del domicilio.

Una vez terminadas las diligencias en la vivienda del policía compostelano, fue trasladado a la sede del Concello de Santiago, donde también se registró la oficina del área de Urbanismo en la que F. P. B. llevaba 25 años trabajando. En estas dependencias, los investigadores han recogido los expedientes urbanísticos en los que participó el sospechoso para buscar aquellos en los que puedan existir irregularidades.

El juez de instrucción de Santiago, Andrés Lago Louro, es el que dirige la instrucción del caso. El magistrado tiene previsto tomarle declaración este viernes como investigado por los delitos de cohecho, falsedad documental y contra la ordenación del territorio y urbanismo. Tras los registros, fue trasladado a la comisaría de la Policía Nacional de Santiago, donde quedó en los calabozos a la espera de pasar a disposición judicial.

Grabación comprometedora

El caso saltó cuando un vecino de Santiago envió al Concello una grabación de voz en la que el agente ahora detenido presuntamente le pedía unos mil euros a cambio de redactar un informe favorable de la obra de un muro que no se ajustaba a la legalidad. El dictamen de los policías adscritos a Urbanismo no es determinante, pero sí muy importante porque en ellos se basan los técnicos para conceder o denegar permisos.

Cuando la comprometedora grabación llegó a manos de funcionarios municipales, dieron parte de inmediato al alcalde, Martiño Noriega (Compostela Aberta), que ordenó abrir una investigación interna que apuntó la existencia de indicios de que el policía local podría haber pedido dinero en nombre de técnicos de Urbanismo que eran completamente ajenos al asunto y que a los particulares les explicaba que las mordidas solicitadas eran para ellos.

Con esos datos en la mano, el regidor compostelano optó por llevar al juzgado el caso, por lo que en agosto del año pasado se presentó una denuncia en la Fiscalía que es de la que derivan las pesquisas que han concluido con la detención del presunto policía corrupto.

Retirada del arma

La consecuencia inmediata de la detención del policía local investigado por el cobro de mordidas ha sido que se le ha retirado su arma reglamentaria. Además, desde el Concello ya han movido ficha para abrir un expediente disciplinario que podría acarrearle la suspensión de empleo y sueldo. Una sanción que quedaría supeditada y a expensas del recorrido judicial que tome el caso.
 

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« Respuesta #2950 en: 07 de Mayo de 2019, 11:54:56 am »

Indicios de una mafia en la Policía Local que persigue a activistas, colectivos sociales y políticos de izquierdas


Ganemos pide la destitución del jefe de los municipales en Salamanca

Por María José Pintor Sánchez-Ocaña -  07/05/2019 0
   


José Manuel Fernández, policía local de Salamanca.

Las actividades paralelas que desarrolla con claro abuso de poder del jefe de la Policía Local de Salamanca, al que acusan de haber llegado a crear una mafia paralela dentro del cuerpo, ha llevado al grupo de Ganemos a pedir su destitución en el Ayuntamiento. De hecho, desde hace años se conoce que José Manuel Fernández ha creado el Grupo SIETE para perseguir activistas, colectivos sociales y políticos de izquierdas.

Así, tal y como ya denunció diario16.com, José Manuel Fernández, fue nombrado Jefe de la Policía por el sistema de libre designación, en enero de 2012, al tratarse de un cargo de confianza del ex-Alcalde Alfonso Fernández Mañueco y hoy candidato a presidir la Junta de Castilla y León, desoyendo los informes internos existentes que desde 2003 ya le atribuían actitudes autoritarias y trato discriminatorio hacia sus compañeros/as.

Desde entonces, su gestión se ha visto continuamente salpicada de polémicas, quejas e incluso amplias protestas, llegando a concitar el acuerdo de todos los sindicatos policiales para protestar contra su gestión, ante la continua degradación del cuerpo y el servicio público, según se desprende del informe municipal de Ganemos.

El último escándalo tuvo lugar el 6 de febrero del presente año, cuando todos los grupos municipales, incluido el propio concejal responsable del área, tuvieron conocimiento del presunto robo en dependencias de la oficina de objetos perdidos de la Policía Local, acaecida hacía casi un mes. En este tiempo, y siempre supuestamente, ni siquiera el gobierno municipal, con su concejal de Policía a la cabeza, D. Emilio Arroita, habían tenido conocimiento de estos hechos de suma gravedad.

En peligro la investigación
Una ocultación atribuible de forma directa al Jefe de la Policía, quien podría haber puesto en peligro la investigación del caso y que, desde luego, no cuenta con los mejores antecedentes en cuanto a transparencia y buena gestión se refiere, pues hay que recordar que de forma directa se le pueden atribuir varias condenas judiciales por vulneración de derechos fundamentales de concejales de la oposición, al denegar información y documentación en el marco de la comisión especial de investigación sobre el grupo SIETE de la Policía Local, abierta por la oposición en septiembre de 2015, según Ganemos.

Un grupo policial, el Grupo SIETE que puso en marcha el jefe de la Policía Local, ha operado durante años en la ciudad bajo las órdenes directas del Jefe de Policía, utilizando de forma ilícita el servicio de escoltas, al que se le habrían ampliado sus funciones para realizar las tareas más diversas, tales como la seguridad personal del alcalde y la corporación, pero también la vigilancia y seguimiento de activistas, colectivos sociales y políticos de izquierdas.

El Grupo SIETE también ha vigilado de cerca a aficionados deportivos, grafiteros e incluso hasta kioskeros, funcionando con total opacidad y descoordinación, además de realizar de forma paralela controles a bares nocturnos, con grave ineficacia, descontrol, descoordinación y opacidad, cometiendo numerosas ilegalidades y vulneración de derechos.

Presunto fraude             
Y es que los escándalos entorno a José Manuel Fernández han sido constantes en estos años. Desde la perpetración de un presunto fraude al seguro de la policía tras un accidente con su moto particular, hasta denuncias por acoso sexual y laboral por parte de una subordinada, pasando por la presunta apropiación temporal de objetos singulares para su uso personal.

También está bajo sospechosa su gestión de las contrataciones públicas del área de policía, en relación a la señalización viaria, chalecos policiales, videocámaras, etc. o la pésima gestión del personal y sus polémicas decisiones, tachadas de autoritarias, arbitrarias e incluso en algunos casos ilegales, como han denunciado en numerosas ocasiones los sindicatos policiales, quienes se han manifestado en varias ocasiones contra su gestión, destaca Ganemos en el informe.

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« Respuesta #2951 en: 25 de Mayo de 2019, 07:53:27 am »


Serafín, guardia civil en Barbastro.

El guardia civil Serafín, detenido por abusar de niños a los que daba clases particulares en Barbastro

"No nos lo creemos", reconocen los vecinos, que lo conocían como el profesor de extraescolares y el entrenador de baloncesto.
24 mayo, 2019 20:58


David Palomo Enrique Recio

“¿Serafín? ¿Detenido? ¿En serio?”. En Barbastro, no dan crédito. Su vecino, el Guardia Civil, arrestado y enviado a la prisión de Zuera (Zaragoza) como presunto autor de delitos de abusos sexuales a varios menores de edad. “No nos lo esperábamos. Por aquí, por el bar, venía bastante. Era un tipo querido, al que se le conocía mucho”, comenta a EL ESPAÑOL uno de los camareros, que pide guardar el anonimato. No creen lo que han leído, en gran medida, en el periódico. En la localidad, era una persona activa, que se relacionaba con mucha gente, que se dedicaba en cuerpo y alma a su trabajo, pero que también daba clases extraescolares de inglés en dos colegios y era entrenador del Unión Basket.

Los vecinos se han enterado de su arresto este viernes. Sin embargo, Serafín fue detenido por miembros del mismo cuerpo de la Guardia Civil el pasado lunes. Este jueves, pasó a disposición judicial para declarar y, posteriormente, el juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº2 de Barbastro lo envió a prisión provisional, comunicada y sin fianza. De momento, eso sí, sólo están personados el Ministerio Fiscal y el letrado de la defensa. No hay acusación particular ni de los colegios donde impartía clases ni del equipo de baloncesto.

“Dicen que podrían haberle puesto cámaras para pillarlo”, comentan, entre rumores, en el pueblo. Allí, lo conocía todo el mundo. Había nacido en Barbastro y, aunque estaba destinado como Guardia Civil en Monzón (a escasos 17 kilómetros de distancia de su residencia), la vida que llevaba le hacía estar en contacto con mucha gente. Este curso, entre sus múltiples actividades, daba clases extraescolares de lunes a viernes en dos colegios de la localidad, el Pedro I y el Alto Aragón. Pero también estaba ‘metido’ en diferentes actividades deportivas.

Serafín, además de esas clases extraescolares, era entrenador del Unión Basket y hacía mucho deporte. Acudía a las carreras populares, se mantenía en forma y estaba disponible, siempre que se lo pedían, para participar o ayudar en cualquier actividad que se hiciera en Barbastro. Por eso, en la localidad, siguen en shock después de enterarse de la noticia, que empezó a hacerse ‘viral’ desde principios de la semana, cuando en los dos colegios avisaron a los padres de que se suspendían las clases de inglés programadas.

Ahora, tendrá que a hacer frente a las consecuencias sociales de su presunto abuso sexual (“pase lo que pase, la fama ya no se la quita nadie”, lamentan en la localidad) y a la judicial. El Código Penal establece en su artículo 183 que podría ser condenado hasta a seis años de prisión por ser responsable de actos de carácter sexual a menores de 16 años. Eso, si no lo ha hecho con intimidación o violencia. En ese caso, la pena no sería menor a cinco o 10 años de cárcel.

La Guardia Civil pide su suspensión

Carlos Crespo, máximo responsable de la Guardia Civil en Aragón, ha pedido ya el cese de funciones de Serafín, cabo destinado en Monzón en intervención de armas, y va a solicitar también su suspensión, algo que tiene que acordar el propio Ministerio de Interior. También ha especificado que el detenido podrá elegir entre un módulo destinado a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o a la prisión militar de Alcalá de Henares.

Serafín pasa así a engrosar, a la espera de que se demuestre su culpabilidad o su inocencia, la lista de personas que han cometido presuntamente abusos sexuales a menores de 16 años. Desde 2017, en total, en la provincia de Huesca, se han abierto ocho diligencias por este delito. Además de otra denuncia por una agresión sexual, un caso de corrupción de menores y otro de utilización de jóvenes de 18 años con fines pornográficos.

Es, además, el segundo caso que se produce en los últimos meses en Barbastro, donde un Guardia Civil detuvo a un hombre en septiembre por abusar de un joven de 17 años en el pabellón de ferial. El arrestado se encuentra en libertad con cargos, pero no puede acercarse a la víctima.




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« Respuesta #2952 en: 29 de Mayo de 2019, 17:29:43 pm »

La obsesión del guardia civil por su subalterna
Un cabo acusó falsamente de consumo de drogas al marido de una agente para romper su matrimonio


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MIGUEL GONZÁLEZ
Madrid 29 MAY 2019 - 08:48   CEST

En 2012, el cabo primero se dirigió a la guardia civil, destinada en una casa cuartel de Castilla-La Mancha, y le pidió que saliese al aparcamiento, donde le entregó un sobre cerrado rogándole que no lo leyera hasta que estuviese sola. Lo que contenía el sobre era “una carta declarando sentimientos personales hacia ella”. Así comienza el auto del juzgado togado militar territorial número 12 que ordena incoar sumario contra el cabo, como presunto responsable de un delito de abuso de autoridad.

La declaración de amor de un superior no es, lógicamente, lo que ha motivado la intervención judicial, sino todo lo que vino después. “Cuando volvió a coincidir con el denunciado, le aclaró que no era posible la relación pretendida [...] y le dejó claro que era feliz en su matrimonio y no deseaba ningún otro tipo de relación” con él, más allá de la profesional, según la denuncia.

Hasta 2017, la relación con esta mando, en los estrechos muros de un acuartelamiento, fue correcta; aunque, “cada cierto tiempo, aprovechando que no hubiese nadie, le recordaba sus sentimientos e insistía en que no podía quitársela de la cabeza”.

Por esas fechas, el cabo empezó a publicar en Whatsapp mensajes sobre sus sentimientos, primero en tercera persona y luego dirigidos a ella, quien le insistió en “que no es posible lo que pretende, que tiene que olvidarse de ella y buscar en otro lado”.

Ante la ausencia de un compañero, la guardia tuvo que hacer un servicio como auxiliar del cabo y, estando en el coche oficial, él se pasó todo el tiempo “diciéndole lo que la quería y que era la mujer de su vida”, frases que acompañaba de comentarios negativos hacia su marido. “Si supieras quién es, no estarías con él”, le insinuó. Al pedirle explicaciones, contestó: “Tranquila, que te lo voy a demostrar”.


En 2018, el cabo le contó que había parado a su esposo en un control de alcoholemia y drogas. “Ha dado positivo, pero no le he hecho boletín de denuncia porque sabía que al final lo ibas a pagar tú”, le aseguró. En diciembre pasado, le preguntó si su marido le había contado algo. Ante la negativa de ella, él le replicó: “No va a ser sincero ni te va a decir nunca nada”.

En enero pasado, la guardia se encontró un día con que no podía abrir su taquilla y tuvo que recurrir al cabo, encargado de material del acuartelamiento. Tras cambiar el bombín, él le dio las dos únicas llaves de la cerradura. O eso creyó ella entonces.

El 25 de febrero, a la vista de que el cabo insistía en las insinuaciones sobre su marido, la guardia le emplazó a contarle lo que supiera. “Le he hecho un seguimiento y le está comprando droga a un camello. Además, la coloca en tu coche”, le aseguró. Ante la incredulidad de ella, el superior le dijo que se lo había contado el camello a cambio de pagarle la información: “Tu marido le ha comentado al camello: '¿Dónde va a estar la droga mejor escondida que en el coche de mi mujer que es picoleta?” Para disipar su sospecha de que el propio cabo hubiera puesto la droga en su coche, éste le juró que se había enterado por el servicio de información. “A ver si después de esto no vas a dejar a tu marido”, remachó.

La agente acudió a su coche acompañada por un compañero. Bajo la tapa que da acceso a la rueda de repuesto halló una bolsa con papel de liar y una pequeña cantidad de picadura aparentemente de tabaco. “No te acerques a mí, no te dirijas a mí, sé que has puesto esas cosas en mi coche, has accedido a mis cosas personales en mi taquilla y al interior de mi vehículo. Pide ayuda psicológica, la necesitas. A mí déjame tranquila”, escribió al cabo.

De momento, es ella quien ha tenido que pedir apoyo sicológico para superar un trastorno ansioso depresivo provocado por el acoso sexual de su superior, según ha denunciado su letrada, Silvia Roble

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« Respuesta #2953 en: 08 de Junio de 2019, 06:59:37 am »

Insultos machistas en la Policía: llaman "puta" y dibujan un pene sobre una agente

La campaña electoral en el Cuerpo arranca con ataques vejatorios a la líder sindical del SUP, que pide investigar varios ataques en diversas comisarías

Pintadas vejatorias en la comisaría de Aranjuez (Madrid)
Alejandro Requeijo

Publicado 08.06.2019 - 05:15

La Policía Nacional se encuentra en plena campaña electoral para elegir a sus representantes sindicales. La carrera a estos comicios ha comenzado con incidentes y ataques en varias comisarías. Al menos en la localidad madrileña de Aranjuez ha consistido en graves insultos machistas. La cartelería del Sindicato Unificado de la Policía (SUP) apareció con la palabra “puta” y el dibujo de un pene orientado hacia la foto de la líder de este colectivo, Mónica Gracia.

Según informan fuentes policiales, el SUP, sindicato mayoritario en la Policía, ya ha denunciado los hechos ante el Inspector Jefe de la Comisaría Local de Aranjuez. Este ataque ocurrió entre el lunes y el martes de esta semana en el tablón de anuncios reservados a los sindicatos en el centro policial.

Mónica Gracia es la secretaria general del SUP y concurre como candidata al Consejo por la escala de Subinspección en las elecciones del próximo 19 de junio. El Consejo de la Policía es el órgano de interlocución que tienen los policías con la Dirección del Cuerpo y el Ministerio del Interior a través de sus sindicatos. Es el foro en el que se negoció, por ejemplo, la subida generalizada de sueldos para la Policía y la Guardia Civil.

"Jamás había sucedido"

Desde el SUP denuncian que estas pintadas pueden ser constitutivas de un delito de injurias con publicidad y piden que se investigue para dar con el autor. Advierten de que se reservan el derecho a emprender acciones legales. En cualquier caso, lamentan que no es el único lugar en el que han sufrido ataques de este tipo. “Estos hechos no son normales, hemos tenidos muchas campañas y esto jamás había sucedido”, dicen a Vozpópuli fuentes de este sindicato.

Según las mismas fuentes consultadas, en la Comisaría del distrito madrileño de Salamanca también han aparecido pintadas en sus carteles electorales. En este caso varios de los candidatos han aparecido con cuernos y rabo de demonio. En la Comisaría de Benalmádena (Málaga) directamente arrancaron los carteles del tablón habilitado para la propaganda electoral. Lo mismo ocurrió en Barcelona. En la Comisaría de Manacor (Mallorca) apareció otra pintada en uno de sus carteles con la inscripción “sois basura”.   

Los comicios del próximo día 19 serán el termómetro para calibrar el peso de JUPOL, la marca sindical surgida de la plataforma Jusapol, que concurre por primera vez a las urnas. Este es un movimiento que nació enfrentado a los sindicatos tradicionales y que ganó presencia en el ámbito policial gracias a manifestaciones multitudinarias. Especialmente simbólica fue la que reunió a decenas de miles de personas en Madrid un mes después del 1-O en Cataluña.

Pese a su rechazo a las plataformas tradicionales y a que aseguraban que no se constituirían como sindicato, finalmente concurren a estos comicios con opciones de sacar representación, especialmente en la Escala Básica, según las estimaciones que hacen en la Policía.

 

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« Respuesta #2954 en: 08 de Junio de 2019, 11:36:10 am »
Elevar la anécdota a categoría no es periodismo, es seguidismo, es pretender crear opinión a favor o en contra de unos u otros, pretender rascar de donde no hay, porque una pintada en un cartel no puede ser noticia, y en este caso, paradójicamente, lo es, quizás la noticia es que esto sea noticia.

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"No hay hechos, sino interpretaciones" Nietzsche

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« Respuesta #2955 en: 12 de Junio de 2019, 14:56:30 pm »


El estibador al que querían en la cárcel


La juez archiva una causa contra un trabajador del puerto de Barcelona al que le colocaron un kilo de cocaína en el coche

REBECA CARRANCO

Barcelona 12 JUN 2019 - 00:08   CEST
No es mía, me la han colocado. La frase debe ser una de las más repetidas en las comisarías de la policía cuando pillan a alguien con droga. Pero en este caso no era una excusa. El Juzgado de Instrucción 31 de Barcelona ha archivado la causa contra un estibador del puerto de Barcelona, C. L., a quien encontraron cerca de un kilo de cocaína, seis piezas de hachís y una pistola semiautomática cargada en su coche.


La juez afirma que no hay “ningún indicio” de que C. L. estuviese “implicado en actividades de tráfico” de drogas. Y apunta a que dos acusados, Joaquín B. y Juan Antonio R., se la colocaron “intencionadamente” a modo de represalia por la “enemistad que se había ganado” por haber denunciado “una trama de entrada y salida de droga” del puerto, según consta en el auto de archivo provisional. Para lograrlo, los investigados contaron presuntamente con la ayuda de dos mossos d’esquadra, Xavier G. y Francesc d’A., acusados de facilitar datos personales y “la información sobre cómo proceder” para que C. L. acabase entre rejas.


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La pesadilla de C. L. empezó hace tres años. Eran las nueve de la noche del 15 de junio de 2016. C. L. salía de nadar del gimnasio David Lloyd, en la zona alta de Barcelona. Al subirse a su Golf e intentar arrancar fue detenido por una patrulla de Mossos que ya lo esperaba. Una fuente anónima, identificada como Alberto, había llamado a comisaría para dar el chivatazo de que había droga dentro de ese coche.

Tras su detención, los agentes registraron la casa de C. L., pero no encontraron ni una báscula, ni droga, ni nada que indicase que se dedicaba a traficar. El estibador insistió a los agentes en que todo obedecía a una vendetta de otro portuario, David C., con quien tenía un largo historial de agravios: denuncias cruzadas, una pelea en la Ciudad de la Justicia y una declaración de C. L. ante un juez acusando a David C. de liderar una red de tráfico de drogas en el puerto de Barcelona.

Otros elementos inquietantes ayudaban a la versión exculpatoria de C. L. ¿Quién dejaría un coche cargado de droga más de una hora en el aparcamiento de un gimnasio? ¿Quién avisó a los Mossos desde un número oculto? ¿Por qué la llamada llegó a la comisaría de Sant Martí, en la otra punta de Barcelona, si el vehículo estaba en el distrito de Les Corts?


La policía catalana acabó dando credibilidad a la versión de C. L. e inició una “profusa investigación", en palabras de la juez, de más de un año para aclarar lo sucedido. Rastrearon el número oculto desde el que se hizo la llamada a la comisaría dando el chivatazo del kilo de coca, hasta llegar a dos nombres: Joaquín B., un hombre vinculado a la empresa Desokupa, y a su sobrino, Juan Antonio R. Los Mossos consideran que ellos siguieron a C. L., abrieron su coche y le colocaron la droga. Además, dos testigos protegidos ratificaron esa tesis. Uno se echó atrás luego ante la juez, y el otro aseguró que David C., que es amigo de Joaquín B, fue quien lo ordenó.

Los dos mossos implicados, destinados en Sant Martí, desempeñaron un papel clave, según la juez. Conocidos de los detenidos y de personas del mundo de la estiba (uno de ellos es agente de la policía portuaria en excedencia), consultaron tres meses antes de todo lo ocurrido en el sistema policial a David C., a C. L. y el vehículo de este. Y lo hicieron con la contraseña de su jefe para “no dejar huella”. El cabo Xavier G., es quien recibió la llamada anónima y detuvo a C. L. en el aparcamiento del gimnasio. Para desenmascararlos, el departamento de Asuntos Internos de los Mossos colocó micrófonos en su despacho y en sus coches.

“Los perdono y que vayan con Dios”, asegura C. L., a la espera del archivo definitivo, sobre sus tres años de calvario. El proceso sigue abierto para el resto de los acusados. La investigación apuntala quien le colocó la droga a C. L., pero no hay nadie imputado por haber ordenado hacerlo. David C. negó ante los Mossos ser el responsable.

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« Respuesta #2956 en: 24 de Junio de 2019, 10:11:53 am »
LA POLICIA LOCAL DE PALMA MONTÓ UNA UNIDAD PARA DIRIGIR A LAS PROSTITUTAS DE PLAYA Y ARENAL   


EXCLUSIVA | LAS CLOACAS DE BALEARES


La Policía Local de Palma montó una unidad para dirigir a las prostitutas de Playa y Arenal

   

La mafia policial mallorquina destapada con el caso Cursach puso en marcha un servicio de espionaje llamado SIAP que se dedicó a controlar el negocio de la trata y prostitución en la Playa de Palma y S'Arenal, elaborando una base de datos de las prostitutas y los sicarios rumanos que les hacían de proxenetas, con el fin de disponer de la información necesaria para los fines de la organización criminal que se enriquecía con los puticlubs, la explotación de mujeres inmigrantes y el narcotráfico.

   
POLÍTICA 23.06.2019 23:00 CARLOS ENRIQUE BAYO
Era una policía secreta muy modesta: sólo siete integrantes. Pero su labor de espionaje está en el centro de la mayor trama de corrupción política y policial que haya padecido Baleares, al servicio de las redes de trata de mujeres con fines de explotación sexual y de la mafia del "rey de la noche" de Palma, que extorsionaba y destruía a sus rivales empresariales con una banda criminal uniformada y armada.

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Se denominó SIAP (Servicio de Información y Análisis Policial) y fue creada en el seno de la Policía Local de Palma a principios de 2012, bajo el gobierno local del PP que entonces dirigía José María Rodríguez. Tal como constataron los investigadores del caso Cursach, la creación de dicha unidad no respondía a otro interés más que el de disponer, de forma subrepticia, de un servicio de espionaje controlado por responsables policiales y políticos, que constituía un verdadero "comando informativo" y a cuyos componentes elegían por libre designación. Así obtenían "información sensible, sin control alguno, que posteriormente se podría utilizar a su conveniencia", según el informe de la UDEF sobre el análisis de toda la documentación examinada a lo largo de la dilatada instrucción policial.

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Público ha recopilado numerosísimos testimonios, documentos y otras pruebas materiales que demuestran que ese SIAP –integrado por siete personas dóciles a la cúpula de esa trama mafiosa y dirigido por el comisario Rafael Estarellas– no sólo se dedicó a espiar a políticos siguiendo instrucciones del entonces presidente del PP, sino que participó activamente en la trata de mujeres inmigrantes con fines de explotación sexual. Al fin y al cabo, la cúpula del Partido Popular celebraba reuniones con barra libre de sexo y drogas en los puticlubs donde mandos de la Policía Local de Palma había establecido sus verdaderas dependencias oficiales.

Los miembros de esa "policía local secreta" tenían la única virtud de ser de la plena de confianza de Estarellas, ya que carecían por completo de conocimientos jurídicos o técnicos, "más allá de los recibidos a través de formación que ellos mismos se impartían" –escribieron los investigadores de la trama–, en cursos financiados por el erario público y coordinados por un hombre que ni siquiera había cursado el bachillerato: Jaime Garau Calero.

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Jaime Garau Calero, con sólo el graduado escolar, no sólo coordinaba los cursos de formación sino que escogía al profesorado

Con sólo el graduado escolar, Garau era el encargado incluso de escoger al profesorado de esos cursos, en los que se dilapidaron decenas de miles de euros como cortina de humo para tapar que los designados a dedo para esa unidad de inteligencia carecían de toda cualificación. También era el coordinador del sector de Administración Local del sindicato CSIF Illes Balears, y se dedicó a alistar en las listas sindicales a policías locales que fueron después imputados en la trama mafiosa de Cursach, tal como expone el macro-informe de 725 páginas del Grupo de Blanqueo de Capitales y Delitos Monetarios, al que ha tenido acceso este diario:

 Las amenazas y sobornos del capo mallorquín Cursach pusieron a periodistas a su servicio
 Las amenazas y sobornos del capo mallorquín Cursach pusieron a periodistas a su servicio
Fragmento del macro-informe de la Policía Judicial sobre las actividades de los policías escogidos por Garau para integrar las listas sindicales del CSIF.
Fragmento del macro-informe de la Policía Judicial sobre las actividades de los policías escogidos por Garau para integrar las listas sindicales del CSIF.

Otros de los policías de esta lista electoral fueron detenidos e imputados por disfrutar de sexo gratis en locales de alterne, exigir dinero a empresarios o robar droga, para consumirla, a los que la vendían

"En la lista de nombres que el sindicato CSIF presentó en las elecciones sindicales de 2014, cuando la investigación judicial sobre la trama policial ya estaba en marcha, la mayoría de ellos figuran como imputados. Además de Jaime G. [Garau], que encabezaba la lista, se presentaron Carlos V. O Antonio G. El primero fue detenido por el caso de los Ángeles del Infierno y su compañero en la lista sindical fue condenado por la agresión a un detenido en el cuartel de Sant Ferran. Este último policía renunció a su plaza en Palma y fue contratado como agente por el Ayuntamiento de Pollença, un auténtico escándalo político en el municipio. Otros de los policías que se sumaron a esta lista electoral fueron detenidos, y continúan imputados por disfrutar de sexo gratis en locales de alterne, exigir dinero a empresarios o robar droga, para posteriormente consumirla, a los camellos que la vendían. Al policía que encabezaba está lista, Jaime Garau, también se le está investigando por un presunto trato de favor en el Ayuntamiento de Palma, ya que se le aceptó la baja médica que presentó un mes después de su ingreso en prisión y por tanto fuera de plazo, cuando a un compañero se la habían rechazado a pesar de que la había presentado solo tres días después de su imputación. Los investigadores van a solicitar los presupuestos de estos cursos, el dinero que se ha recibido, los nombres de cada profesor y la materia que se impartía, así como los certificados de celebración y asistencia de cada alumno".

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Con semejante currículum, Garau fue designado a un cargo de responsabilidad en el servicio de inteligencia SIAP –con un elevadísimo complemento económico de su salario pese a no saber ni informática básica– donde sus propios compañeros se sorprendieron de no verle en todo un año más que en una decena de ocasiones sentado en su mesa Al mismo tiempo cobraba miles de euros en supuestas horas extra, como se puede ver en los diversos testimonios judiciales a los que ha tenido acceso Público:

 La mafia de Cursach impulsa una campaña de prensa para invalidar la instrucción del caso
Un xenófobo sin estudios espiando a los inmigrantes
Fragmento de la declaración judicial de Francisca García Castro sobre las actividades de Garau en el SIAP.

"Preguntado que hacia J. Garau en el SIAP y manifiesta que desconoce exactamente lo que hacía porque la declarante se preocupaba por lo que ella hacia. Que lo que controlaba él eran trabajos compartidos y era el control de ciudadanos de etnia rumana presuntos descuideros en la zona de la Playa de Palma especialmente, eso es lo que sabe lo qué hacia el Sr. Garau".

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Hecho que resulta aún más llamativo porque, en su testimonio ante el juez, Estarellas –el jefe del SIAP y por tanto el superior jerárquico que le había encomendado esa tarea de controlar inmigrantes– afirma que Garau es "una persona xenófoba", tal como ha podido comprobar este diario:

 El principal diario balear irá al banquillo por la campaña contra testigos del caso Cursach
No va a trabajar, cobra 9.000€ en horas extras y da miedo
Fragmento de la declaración judicial de Rafael Estarellas sobre el carácter xenófobo de Jaime Garau.

"Preguntado qué apoyo tiene Jaime Garau Calero, a que se dedica porque se le tiene tanto miedo si en principio no tiene ningunas facultades de dirección sancionadoras, etc., que es una persona xenófoba, manifiesta que efectivamente sabe que sus pensamientos son de una persona xenófoba, que tiene contactos políticos, que hace horas extraordinarias".

 Los abogados de la mafia de Cursach irán a juicio por amenazar a los testigos protegidos
"Es posible que un agente haciendo horas extraordinarias llega a cobrar 9.000 euros, manifiesta que sí, si cobrase atrasos de todo un año, ya que pagan tarde. Que la hora extra se págaba a 50 euros festivos y en un día laboral a 30 euros".

Es decir, en esa policía secreta se coloca a un personaje racista, sin preparación ninguna, al que todos temen por sus contactos políticos –en aquel momento, el dirigente del PP Álvaro Gijón es teniente de alcalde al cargo de Seguridad Ciudadana–, que cobra cantidades astronómicas en horas extra sin control ninguno y que se dedica a fichar a presuntos delincuentes de origen rumano. ¿Por qué? La respuesta es evidente, si se estudian estas dos siguientes declaraciones ante el juez, una de ellas de él mismo:

Una base de datos de todas las prostitutas de El Arenal
Fragmento de la declaración de Jaime Garau ante el juez en la que reconoce que elaboró una base de datos de las prostitutas de la Playa de Palma.

Una de las funciones que realizó GARAU el tiempo que estuvo:
"Que recuerda haber hecho una base de datos de todas las prostitutas que había en el arenal".
"Preguntado en que cometido está el trabajo del SIAP que acaba de decir y manifiesta que era porque habían sido denunciadas por el GAP".

El GAP era el Grupo de Actuación Preventiva, otra unidad creada junto al SIAP por el gobierno municipal del PP y que acabó convirtiéndose en el brazo ejecutor de todas esas actividades mafiosas, como ha podido confirmar Público de numerosos testimonios, documentos y otras pruebas materiales. Y el nexo que vincula a las prostitutas con los "descuideros" rumanos está en esta otra declaración judicial:

Fragmento de la declaración judicial de Francisco Ruiz Casado sobre una actuación del GAP en el prostíbulo Table Dance.

"Que una noche iban uniformados de servicio el GAP 2, fueron al Table Dance
a recoger fotocopias de la documentación de todas las que trabajaban allí porque
decía que se lo había encargado el Comisario Estarellas. Montesinos dijo al declarante "vamos a Table Dance a recoger las copias de la filiación de las prostitutas del Table Dance", que me lo ha pedido Rafa Estarellas. Se trataba de documentación de filiación de las prostitutas, NIES [Número de Identificación de Extranjeros], era documentación de unas 25 personas. No le dijo para qué querían esa documentación. Al llegar allí le dieron los documentos el que estaba en la puerta, no sabe cómo se llama esa persona. Que con esa documentación no sabe si hizo alguna diligencia formal, no se hizo constar por escrito. Que los servicios que se realizan se documentan, este servicio de recoger esas no se documentó, no sabe porqué. Se le pregunta para qué se recogían esos documentos y contesta que querían hacer una base de datos de los carteristas rumanos, se lo encargaron Daniel [Montesinos] y Carlos [Vallecillo] a Santi Adrover."

Prostitutas que eran "novias de rumanos carteristas"
"Que esa noche había unas 12 mujeres trabajando de prostitutas"... "Que nos verificaron la correspondencia documentos de identidad-mujeres que estaban en el lugar" ... "Que no era habitual que fuesen a clubes de alterne. Que algunas mujeres 3 o 4 que trabajaban en el Table Dance eran novias de rumanos carteristas".

Vaya, ahora resulta que los chulos de las prostitutas inmigrantes, víctimas de la trata, son sus "novios". En este caso, se refieren al American Table Dance, propiedad de los hermanos Pascual Bibiloni, uno de los cuales (Miguel) fue detenido en febrero de 2015 en el marco de las investigaciones sobre la trama de corrupción de la Policía Local de Palma.

En cualquier caso, las tareas de información, identificación y control de toda una red de prostitución desborda notoriamente las atribuciones y competencias de una Policía Local, razón por la que lógicamente no se hacían constar por escrito ni se documentaban tales actuaciones.

Uno de los policías se encargaba de arreglar los papeles de las prostitutas rumanas a través de su propia correduría de seguros

Pero, además, el motivo por el que Montesinos requería toda la documentación de las inmigrantes prostituidas era que él mismo se encargaba de arreglarles los papeles e incluso contratarles seguros –por los que luego les cobraba cada mes– a través de la correduría de seguros que heredó de su padre. Un negocio con el que incurría en incompatibilidad con sus funciones de agente policial, tal como reconoció el propio Estarellas en un momento de su declaración, excusándose así: "Politicamente se minimizó la importancia de la incompatibilidad y el declarante es un soldado e hizo lo que le dijeron". Implicaba así directamente en toda esa maniobra a la dirección del PP.

En definitiva, el inspector que redacta el informe del análisis policial resume bien claramente la situación:

Fragmento de las conclusiones del Grupo de Blanqueo sobre el SIAP y su relación con la prostitución en Palma.
Fragmento de las conclusiones del Grupo de Blanqueo sobre el SIAP y su relación con la prostitución en Palma.

"En definitiva, la estancia de Jaime GARAU en el SIAP no conduce a otro razonamiento que el de ser el autor de las investigaciones del hijo de Marga GAYA, como afirma en su declaración; de todo lo relacionado con la prostitución y los rumanos, con la finalidad de disponer de la información necesaria la "organización criminal", para cometer sus fines, todo ello con el consentimiento del máximo responsable Rafael ESTARELLAS".

"Un testigo protegido así lo confirma, declarando que, en lo alto de la cúspide, está RODRIGUEZ, y que éste se encargaba junto a otros de crear un sistema que permitiera disponer de cuanta Información fuese necesaria".

Un sistema en el que participaban más policías locales del GAP, que fueron investigados por acciones violentas relacionadas con el control de la red de trata de mujeres, como el caso –narrado por las propias víctimas– en que arrojaron a una prostituta dentro de un contenedor de basura, por el que fue imputado el agente Carlos Vallecillo, quien tenía vínculos con los Ángeles del Infierno. Al final acabó también imputado el propietario de prostíbulos Miguel Pascual Bibiloni.

Y es que algunos de los agentes, como Rafael Puigros, admitieron en sus declaraciones judiciales que cuando terminaban su jornada laboral como policías pasaban a trabajar como vigilantes de los burdeles. En resumen, una Policía Local al servicio de las redes de prostitución.

Espionaje contra otros políticos con policías y detectives
La mención a Marga Gayá, cargo de confianza del alcalde cuyo hijo es espiado y grabado para utilizar ese material como posible instrumento de chantaje político, tiene relación con la última frase de ese fragmento reproducido aquí:

"Un testigo protegido de la causa vinculado al Partido Popular acusa a José María Rodríguez de recibir prebendas además de organizar un espionaje contra otros políticos y policías con agentes de la Policía Local y detectives privados".

Ese escándalo de espionaje político interno –muy similar al que sacudió a la cúpula del PP en la Comunidad de Madrid– deberemos explicarlo en detalle en otro momento, pero para terminar este capítulo es de rigor citar al testigo protegido número 29 –ex encargado de la primera planta de la mega-discoteca Tito's–, quien ha tenido que refugiarse en el extranjero tras sufrir gravísimas agresiones cometidas por sicarios rumanos de la mafia de Cursach, y con el que Público ha hablado de los motivos por los que sigue dispuesto a testificar en el juicio a pesar del riesgo que corre:

Testigo protegido: "Yo esto lo hago por las chicas, rumanas que tenían obligadas a prostituirse, les quitaban el pasaporte y durante 5 años vi cómo llegaban a trabajar llorando con la cara amoratada... Lo hago por ellas"

"En la planta segunda de Tito’s lo único que había eran putas de Globo Rojo [un conocido burdel en el que los policías disfrutaban de sexo gratis], y en mi planta los super-mega VIP eran los ángeles del infierno y las chicas de Globo Rojo. Algunas se prostituían porque ellas querían, pero a la gran mayoría las tenían obligadas. Cuando yo trabajaba allí, en 2004 y 2005, Rumanía y todos estos países todavía no eran de la Unión Europea y tenían que estar en España con pasaporte. Y les quitaban el pasaporte y no les dejaban volver. Esto, lo he contado todo y declarado en el juzgado".

"Yo esto no lo hago por dinero. Lo hago porque durante cinco años vi cómo extorsionaban a las chicas, les quitaban el pasaporte; las vi llorando, porque les pegaban… venían con la cara amoratada a trabajar, las prostitutas. Yo esto lo hago por ellas".

"A muchas de ellas las acompañé yo a la Policía y como en aquella época estaba Antonio Suárez [inspector jefe de la UDYCO en Mallorca, que se acaba de jubilar con honores], le entraba por un oído y le salía por otro. Y no les hacían ni puto caso".

Esto último es todavía más grave que todo lo anterior. Pero tendremos que explicarlo en otro artículo.