Autor Tema: De los mandos policiales  (Leído 229207 veces)

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Re:De los mandos policiales
« Respuesta #1980 en: 09 de Junio de 2019, 07:43:42 am »

Caso Villarejo
Se levanta el secreto más oscuro: así reparte Interior los fondos reservados

El Ministerio desclasifica la norma que regula los pagos a sus unidades investigadoras para colaborar en la investigación sobre las actividades del excomisario Villarejo


El exministro Fernández Díaz y el exdirector adjunto de la Policía Eugenio Pino

Alejandro Requeijo
Tono Calleja

Uno de los secretos mejor guardados de la seguridad española, al descubierto. La investigación del caso Villarejo en la Audiencia Nacional ha permitido conocer la orden que regula el gasto de los fondos reservados del Ministerio del Interior, fuente de conflictos y escándalos de corrupción a lo largo de la democracia. Se trata de un norma establecida en 1995 por el Gobierno de Felipe González que, otra vez, se encuentra bajo sospecha por el uso que se le dio durante el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Para conocer esta normativa ha sido necesario que el juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Villarejo, Manuel García Castellón, solicitase en marzo al Gobierno de Pedro Sánchez que la desclasificase. El Ejecutivo socialista accedió a ello en su reunión del Consejo de Ministros del pasado 10 de mayo. Diez días después, ya estaba encima de la mesa del juez. Los fondos reservados se incluyen en los Presupuestos Generales del Estado, pero tienen su propio sistema de control.

Vozpópuli ha tenido acceso a esta orden con casi un cuarto de siglo de vigencia. Establece que “cada centro gestor de fondos reservados abrirá una caja específica y exclusiva para el manejo de dichos recursos, que será gestionada por un responsable designado al efecto, que en el caso de los servicios centrales lo será por el ministro a propuesta del titular respectivo”.

En el periodo investigado, el ministro era Jorge Fernández Díaz y los servicios centrales son, por ejemplo, la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional que en esa época dirigió con mano firme Eugenio Pino. De él dependía, entre otros, el comisario José Manuel Villarejo, quien durante muchos años colaboró mano a mano con su compañero Enrique García Castaño, responsable de una unidad especialmente sensible dentro de la Comisaría General de Información.

En el marco de la pieza separada Kitchen, la Audiencia Nacional investiga si estos y otros policías a las órdenes de Pino trazaron una estrategia para robar documentación al extesorero del PP, Luis Bárcenas, sin el conocimiento del juez que investigaba la caja B del partido. En esos trabajos compraron presuntamente al chófer de Bárcenas con el pago de 2.000 euros mensuales procedentes de los fondos reservados, según la investigación. El propio García Castaño declaró ante el juez que aquello fue un encargo de Pino.
o
Así se autorizan los fondos reservados

El dinero se ingresa en la cuenta corriente que tiene abierta el Ministerio en el Banco de España. “Mensualmente o en función de la situación de las diferentes cajas, el titular del Gabinete del Ministerio o el responsable de la Secretaría de Estado harán una propuesta de disposición de fondo de dicha cuenta corriente al Ministro, el cual dará la orden de pago oportuna, pudiendo delegar en la Secretaría de Estado de Interior”. El secretario de Estado de Seguridad en el periodo investigado era Francisco Martínez. Recientemente el comisario Enrique García Castaño le señaló como el destinatario de documentación personal robada a Bárcenas. Martínez niega tal extremo. 

En base a la orden de pago, “se expedirá un cheque contra la cuenta corriente en el Banco de España, el cual irá firmado necesariamente por dos de las tres personas que tienen reconocida su firma en dicha cuenta”. Fuentes conocedoras del uso de los fondos aseguran a este periódico que esas tres personas son el jefe de gabinete político del ministro, el director del Gabinete de Coordinación y Estudios y el secretario de Estado de Seguridad.

La retirada del dinero se hace en metálico que “se ingresará en la caja del ministro o en la caja de la secretaría de Estado”. Por la recepción del dinero, en cada una de las cajas, los responsables firmarán un recibí y de este ingreso se hará una anotación en el registro de los fondos reservados.

El dinero se reparte después en función de las solicitudes de la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Plan Nacional sobre Drogas. “A la solicitud que efectúe cada centro habrá de acompañar la justificación de la aplicación dada a los fondos recibidos en la anterior entrega (anexo 3). La salida del dinero de la caja del ministro o secretario de Estado debe quedar reflejada en un registro y el ingreso en las nuevas cajas, también.
Justificación

No obstante, para poder hacer efectiva la distribución de los fondos reservados “se exigirá la justificación de la aplicación dada a los fondos recibidos en la anterior entrega” (anexo 3). La contabilidad debe quedar reflejada desde un punto de vista “orgánico, funcional y por operaciones sobre los empleos dados a los fondos reservados”. La norma estipula que la contabilidad estará radicada en el Gabinete de la Secretaría de Estado.

Las fuentes policiales consultadas al respecto admiten que la información que se suele incluir a la hora de detallar el uso de estos pagos rara vez entra al detalle. Por lo general se suelen recoger aspectos más bien genéricos. Todos estos criterios se establecieron en 1995 porque hasta ese momento los fondos reservados “no requerían justificación documental” y se consideró “necesario diseñar un sistema de control interno específico”.

Uso secreto

Son muchas las veces que los responsables políticos han apelado al secreto que por ley ampara al uso del dinero público con fines de seguridad para evitar dar explicaciones. Pero el Tribunal Supremo zanjó en 2004 que el exsecretario de Estado Rafael Vera (1986-1994) y varios responsables de Interior de la época se quedaron con 645 millones de pesetas (3,8 millones de euros). En 2007 los tribunales también condenaron a Vera en el ‘caso Maletines’ por destinar otros 206 millones de pesetas para gratificar a los expolicías Michel Domínguez y José Amedo tras ser procesados por el terrorismo de Estado de los GAL.

El pasado febrero este periódico informó en exclusiva de que los investigadores de Asuntos Internos y la Fiscalía Anticorrupción habían encontrado más de medio millón de euros en las cuentas del comisario Enrique García Castaño. Los investigadores sospechan que es dinero fruto de años de colaboración en la actividades privadas de Villarejo pero su entorno lo niega y dice que procede del cobro durante años de los fondos reservados.


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Re:De los mandos policiales
« Respuesta #1981 en: 14 de Junio de 2019, 18:54:40 pm »
La Policía Local de Los Alcázares se rebela contra su jefe: "Ha abandonado a la plantilla"


Los agentes señalan la falta de recursos materiales y humanos "para reforzar los servicios" y la inexistente coordinación con el Oficial

La Policía Local de Los Alcázares se rebela contra su jefe: "Ha abandonado a la plantilla"
13.06.2019 | 19:07 | alberto s. de la peña | Municipios
Sin medios humanos ni materiales y con una "pésima gestión que realiza el jefe de la Policía Local de Los Alcázares". Los agentes del cuerpo policial del municipio del Mar Menor han levantado la voz y han comenzado a denunciar las deficientes condiciones en las que trabajan, así como la "falta de coordinación de los servicios policiales y la ausencia de comunicación" entre el Oficial y la plantilla, según denuncian desde la Policía a este periódico.


"Hay un total abandono de la plantilla por parte del Jefe". Estos agentes señalan que a la falta de efectivos "ya crónica" en el municipio se le añade que el jefe de la Policía Local "se niega a reforzar los servicios", colocando una única patrulla para todo el municipios en la mayoría de turnos. Este problema se enlaza con la falta de agentes patrullando durante las épocas estivales, donde la población de Los Alcázares puede llegar hasta los 100.000 habitantes, donde también se existe una patrulla en la mayoría de turnos. Los agentes señalan que esto se debe "a la negativa de la Jefatura a implantar refuerzos con más agentes".

Los policías destacan también que entre las deficiencias de los servicios se encuentra la erradicación de los controles policiales en el municipio. Este conflicto nace, según la plantilla, hace ya varios meses cuando el Oficial ordenó una importante cantidad de controles "sin finalidad, directrices ni planificación". Por ello el cuerpo pidió aumentar el número de agentes en estos dipositivos hasta llegar a las dos patrullas con cuatro efectivos. "Tras varios escritos solicitando información sobre estos controles y si contaban con la autorización del Concejal de Seguridad, el Jefe de la Policía Local ha optado por erradicarlos por completo de la actividad policial", subrayan.

Todas las incidencias que se producen en el municipio, como robos u ocupaciones ilegales de viviendas, no derivan en un volcado de información sobre estas en las patrullas policiales, según denuncian, así como la existencia de una falta de protocolos de actuación. "No se informa de las novedades legislativas y no se implantan modelos estandarizados", destacan.

Se incorporarán más agentes a la plantilla
El concejal en funciones de Protección Civil e Interior, Nicolás Ruiz, reconoce que hay un problema entre la plantilla de la Policía y la forma de gestionar esta que tiene el Oficial. Ese "déficit" en la plantilla al que aluden los agentes se ha "solucionado" con un proceso de contratación puesto en marcha desde hace unos meses "por el que se incorporarán dos agentes en prácticas y también está contemplado en los Presupuestos de este año la incorporación de cinco agentes más". Hasta ahora, señala el concejal, no había un sistema de organización de la Policía Local y para solucionar el problema de los servicios mínimos, el grupo municipal del Partido Popular llevó a Pleno una propuesta que fijaba que durante el año todos los turnos tuvieran dos patrullas mínimo recorriendo las calles de Los Alcázares y tres en los periodos estivales y fines de semana. Esta iniciativa está pendiente de aprobarse en la Junta de Gobierno.

Lo que impide ordenar a la Jefatura de la Policía el aumento de las patrullas es "la Ley de Coordinación de Policías Locales"; que determina según Ruiz que el Gobierno municipal no puede obligar al Oficial que se aumente las patrullas policiales en cada turno, pero sí pueden "solicitar más presencia policial por unos motivos concretos

"Lo que hace el Oficial es emplear una patrulla, pero no aumenta el servicio de vigilancia. Por lo que hemos tenido que paliarlo a través de nombramiento de servicios mínimos que se regulen a través del calendario laboral y sistema de nombramiento".

El Oficial-Jefe responden que "siempre tienen mi puerta abierta
Por su parte, el Oficial-Jefe de la Policía Local de Los Alcázares, Anastasio Zamora, se defiende argumentando que su plantilla tiene "siempre mi puerta abierta" para debatir cualquier cuestión con la que no estén conformes. Zamora destaca que respecto a los servicios mínimos que no se pueden cumplir ahora mismo debido a que "no hay gente para tener dos patrullas". Señala que en la actualidad, "por ejemplo, hay ocho policías de baja, otros se van de vacaciones, así que no hay ni dos personas para tener dos patrullas por servicio".

Para Zamora no exite falta de coordinación ni de protocolos: "Se les paga porque tienen unos conocimientos y deben ponerlos en práctica. Cuando ellos consideren que estoy haciendo algo mal, ahí tienen el Ayuntamiento para quejarse y que se solucione".

Respecto a los dispositivos el Oficial destaca que llevan un mes y medios sin realizar controles de alcoholemia y de velocidad porque "exigen en la plantilla tener a ocho policías, y hasta doce, por control, y solo somos 15 personas de servicio".