Autor Tema: Los expedientes disciplinarios. Formas y "formas"  (Leído 285391 veces)

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Re:Los expedientes disciplinarios. Formas y "formas"
« Respuesta #1881 en: 13 de Agosto de 2018, 16:10:51 pm »

Empresarios pagarán el sueldo y la defensa a un mosso constitucionalista expedientado por sus mandos

 
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Ángel Moya13/08/2018 02:25
El grupo de empresarios que lidera el español residente en Suiza José Manuel Opazo se ha ofrecido a costear la nómina de un mosso constitucionalista suspendido de empleo y sueldo durante meses. También se harán cargo de la defensa jurídica que necesite el suboficial de mossos a lo largo del proceso, ya que estos empresarios consideran que los mossos que intentan cumplir la ley están siendo perseguidos por sus mandos por razones políticas.


El sargento entregó la placa y la pistola y ha tenido que abandonar Cataluña para recuperarse anímicamente de lo que la ‘Junta de policías autonómicos por la pasarela’ llama claramente “acoso a los mossos constitucionalistas”.


El expediente se remonta a la actuación del mosso durante la semana de los atentados de Barcelona el pasado año. Entonces el sargento empleó un vehículo del cuerpo para dar seguridad a una sinagoga mientras uno de los terroristas seguía huído y lo hizo siguiendo órdenes de superiores, algo que no tuvo repercusión alguna hasta el referéndum del 1-O. Fue entonces cuando el mosso mostró su rechazo a la actuación de sus superiores durante la jornada del referéndum ilegal y las siguientes de octubre. Se quejó de que los mandos le cambiaran de destino ese día impidiendo que pudiera desempeñar su trabajo en la calle apoyando a Policía y Guardia Civil. Tiempo después el mosso fue objeto del expediente por el que le sancionan sin empleo y sueldo, pero por el uso irregular de un vehículo del cuerpo en la sinagoga durante los atentados de agosto. El sargento niega cualquier actuación irregular mientras se ocupaba de la seguridad de la sinagoga y denuncia que el expediente es una venganza por sus quejas durante las jornadas de tensión de octubre.

El grupo de empresarios cree que el mosso expedientado es un ejemplo de coraje cívico y no descarta seguir adelante con otras iniciativas parecidas ante el desamparo que creen que sufren los mossos constitucionalistas en Cataluña.

Se trata del mismo grupo de empresarios que, como adelantó OKDIARIO, se hará cargo de la defensa de los ciudadanos denunciados por quitar lazos amarillos de los espacios públicos de las ciudades catalanas. José Manuel Opazo también es el principal promotor y convocante de la marcha del próximo 9 de septiembre en Barcelona bajo el lema “Ni separatistas ni secesionistas en las instituciones”. La iniciativa ya cuenta con la adhesión de varias asociaciones y la ayuda de dos centenares de voluntarios.

José Manuel Opazo es la persona a la que en 2008 el ahora presidente catalán Quim Torrá llamó “bestia con forma humana” en un polémico artículo de opinión. Torra le dedicó esos insultos al empresario porque Opazo protestó ante una compañía aérea Suiza que se dirigía al pasaje sólo en catalán y no en castellano.  La compañía terminó por sustituir el catalán por el castellano en sus vuelos a pesar de la petición de Opazo de que mantuvieran ambos idiomas.

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Re:Los expedientes disciplinarios. Formas y "formas"
« Respuesta #1882 en: 17 de Agosto de 2018, 08:40:23 am »


Sancionada una sargento de la Guardia Civil que obligaba a sus hombres a dejar el servicio para buscarle los perros


Los subordinados se sentían "atemorizados" por la suboficial, que ha perdido su destino de comandante de puesto y no podrá pedir otra plaza en esa provincia durante dos años.
17 agosto, 2018 02:48
 GUARDIA CIVIL  ACOSO  MINISTERIO DE DEFENSA TRIBUNAL SUPREMO
María Peral  @Maria_peral
Una sargento de la Guardia Civil ha perdido su destino como responsable del puesto de la Benemérita en una localidad andaluza y no podrá solicitar otra plaza en esa provincia durante dos años, de acuerdo con la sanción que le ha impuesto el Ministerio de Defensa y que acaba de confirmar el Tribunal Supremo.

La Sala de lo Militar ha rechazado el recurso de la suboficial, que fue denunciada por uno de sus subordinados y sancionada por una falta grave consistente en realizar "actos de acoso laboral a algunos miembros del puesto, especialmente a un cabo", "insultos, faltas de respeto y golpes en el mobiliario en presencia de varios guardias" e impartir "órdenes relativas a asuntos particulares".

Los hechos acreditados en el expediente disciplinario fueron que la sargento trataba con "grave desconsideración" a sus subordinados, especialmente a raíz de una información reservada que los mandos abrieron tras la denuncia del cabo del puesto.

La sargento "atemorizaba e intimidaba" a sus hombres. "De forma habitual" y cuando algo "no era de su agrado (...) pegaba voces, insultaba y golpeaba el mobiliario". Cuatro guardias declararon en ese sentido. A otro de ellos "le faltaba al respeto y lo ninguneaba", extremo confirmado por varios compañeros.

Les ponía impedimentos a la hora de solicitar permisos de asuntos propios, "para los que establecía requisitos y solicitaba explicaciones que la norma no establece, aun cuando finalmente fueran concedidos" y les trataba con "falta de equidad" en la asignación de servicios.

Incluso "en varias ocasiones" les ordenaba ir a buscar a sus perros cuando se escapaban del acuartelamiento y aunque los guardias se encontraran desempeñando un servicio.


"No vales para nada"

En relación al cabo del puesto, la sargento le "desacreditaba" delante de los guardias, le apartaba de las actuaciones del puesto y le ponía los días de descanso coincidiendo con los que ella también libraba "con la intención de que el cabo no hiciera las sustituciones en el mando como le correspondía, recayendo esas funciones en otro guardia civil de la unidad". El examen de los cuadrantes ratificó esa irregularidad.

Cuando la sargento se fue de vacaciones de verano le dejo el teléfono oficial a uno de los guardias y no al cabo. También cambió la clave de acceso al correo oficial sin informarle "para que no accediera al mismo ni conociera nada de la unidad".

La comandante del puesto vigilaba y fiscalizaba el trabajo del cabo incluso cuando ella estaba de libranza. Durante varios meses "le amenazó con dar parte a sus superiores o con denunciarlo por acoso sexual", le insultaba y le conminaba a pedir otro destino porque "no lo quería en la unidad, no valía para nada y no tenía que estar en la Guardia Civil". En una ocasión, le hizo lavar el coche oficial cuando estaba lloviendo, mientras un guardia de rango inferior se quedaba dentro de las dependencias.

Estando el cabo desempeñando cometidos en el equipo Roca (una unidad dedicada a luchar contra los robos en el ámbito rural), la sargento prohibió a todos los integrantes del puesto hablar con él, "manifestando incluso que iba a nombrar los servicios de una forma determinada para evitar éxitos en los servicios de dicho equipo". Este hecho fue relatado por todos los componentes del puesto.

El director general de la Guardia Civil le impuso siete días de suspensión de empleo y sueldo y la pérdida del destino, sin poder volver a solicitar otro en esa Comandancia durante dos años. Pero la ministra de Defensa estimó parcialmente el recurso de la sargento y revocó la suspensión, manteniendo las otras dos sanciones.

El Supremo ha confirmado la decisión del Ministerio en una sentencia en la que rechaza que la resolución sancionadora adolezca de falta de motivación. "La prueba de cargo existe y es abundante", afirma la Sala de lo Militar, que destaca la "perturbación en el normal funcionamiento de los servicios" causada por el comportamiento de la suboficial.

      

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Re:Los expedientes disciplinarios. Formas y "formas"
« Respuesta #1883 en: 28 de Agosto de 2018, 08:41:49 am »
La Guardia Civil abre una investigación al agente que firmó el manifiesto antifranquista

El Instituto Armado inicia una información reservada para determinar si este guardia civil en activo vulneró la neutralidad política

El agente ha ratificado el manifiesto contra el dictador surgido en respuesta a la declaración franquista apoyada por cientos de oficiales

Su código disciplinario tipifica como falta grave realizar manifestaciones con voluntad política y muy grave realizarlas en acto de servicio
Laura Galaup / Carlos del Castillo
27/08/2018 - 20:12h

La Guardia Civil ha decidido investigar el apoyo del agente que se adhirió al  manifiesto antifranquista elaborado como respuesta a la Declaración de respeto y desagravio al general Francisco Franco Bahamonde, en la que varios centenares de oficiales ensalzaron al dictador.

Fuentes oficiales del Instituto Armado confirman que han abierto una "información reservada" para analizar "la posible responsabilidad disciplinaria" en la que habría podido incurrir el "guardia civil en activo" – así se presentó en el escrito– Maximino Bardio. Van a analizar si podría haber cometido una falta grave o muy grave por vulnerar la neutralidad política.

Con este anuncio la Guardia Civil procede de la misma manera que el Ministerio de Defensa tras la adhesión del cabo Marco Antonio Santos, al que también abrieron una investigación alegando que "un militar en activo no puede hacer ninguna declaración política".

Santos fue el primer profesional vinculado actualmente a las Fuerzas Armadas que suscribió el escrito, más tarde se sumó Bardio y dos militares más: un subteniente y otro cabo. Esta semana se acaba de  unir un cabo primero de la Armada que también asegura que se encuentra "en situación de activo". Por ahora, el departamento de Margarita Robles no ha emprendido acciones contra estas últimas adhesiones. "Defensa no tiene conocimiento de que se hayan producido nuevas firmas", responden desde el Ministerio.

Los rubricantes destacaron en este documento su "rechazo total" al comunicado en el que centenares de oficiales ensalzaron al dictador y plantearon que los militares no tienen "derecho a presionar como colectivo al Estado". "No somos portadores de una moral superior, ni sostenemos ninguna sagrada herencia histórica. Nos debemos simplemente a la soberanía nacional que reside en el pueblo español", aseguraban. Entre la veintena de apoyos que se recibieron en el primer momento destacaron el del exJEMAD, diputado de Podemos y general de Aire Julio Rodríguez, así como capitanes y cabos retirados.
Podría ser multado o expulsado

A pesar de que  el código disciplinario de la Guardia Civil es más garantista que el de las Fuerzas Armadas, también prohíbe que los agentes abandonen la neutralidad política. Realizar manifestaciones con voluntad política o partidista está tipificado como falta grave, mientras que hacerlo en acto de servicio está considerado muy grave. El castigo para los guardias no incluye en ningún caso el arresto, como sí recoge el régimen disciplinario militar, pero por contra contempla sanciones económicas más graves, la pérdida de puestos en el escalafón y la expulsión.

Una vez que el Instituto Armado ha abierto la información reservada, un instructor y un secretario tendrán que determinar si la firma del agente vulnera su régimen disciplinario. Si fuese así, "se iniciaría el procedimiento sancionador", explican fuentes oficiales. Una vez que se abriese esta segunda etapa del procedimiento, el agente tendría derecho a declarar en la investigación. eldiario.es ha intentado ponerse en contacto con Bardio en reiteradas ocasiones, sin que haya sido posible por el momento.
Franco,  "traidor y criminal"

El guardia civil acompañó su nombre con una pequeña contribución al texto, en ella aseguraba que "es preocupante" que los oficiales que ratificaron el manifiesto franquista estén blanqueando a "un traidor y criminal". El cabo investigado por Defensa también realizó una aportación en la que afirmaba que "los que apoyan el escrito a favor del dictador genocida son los que han hecho de las Fuerzas Armadas su jardín particular desde el 36".  En una entrevista con esta redacción este militar aseguró el franquismo "está bastante generalizado, sobre todo entre los altos cargos".

Los promotores del manifiesto antifranquista han habilitado una página web para recabar más apoyos. Ya cuentan con una treintena, la mayoría son oficiales retirados. Por su parte, entre los profesionales en activo, además del de Bardio y los tres militares que figuraban la semana pasada, se acaba de adherir un cabo primero de la Armada que asegura que se encuentra "en situación de activo".

Arturo Maira Rodríguez,  capitán de navío de la Armada también retirado e impulsor del comunicado, lamenta que Defensa y la Guardia Civil hayan abierto un expediente a estos dos firmantes. "Han mostrado su asentimiento a una manifestación que pide que el franquismo esté fuera de las Fuerzas Armadas y que los militares no pueden imponer líneas rojas al Gobierno [en alusión a la declaración ensalzando a Franco]. No es un manifiesto partidista, no creo que incumpla la ley", apunta Maira.

Defensa también está investigando a los cinco militares en la reserva que firmaron el manifiesto que exalta a Franco. Según informó la semana pasada el Ministerio, tendrán que declarar ante el instructor de la información reservada "para ver si se ratifican o no en el contenido del escrito, tras lo cual se elevará a la ministra" la propuesta de resolución oportuna.

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Re:Los expedientes disciplinarios. Formas y "formas"
« Respuesta #1884 en: 02 de Septiembre de 2018, 18:00:19 pm »

Suspendidos dos guardias civiles que en plena alerta yihadista miraban el móvil en vez de controlar equipajes


Una cámara grabó la entrada de decenas de bultos y pasajeros sin que los agentes, que se entretenían a hurtadillas con sus teléfonos, prestaran atención a los monitores de rayos X.
2 septiembre, 2018 02:31

María Peral  @Maria_peral

Dos guardias civiles destinados en el aeropuerto de Vizcaya han sido sancionados con suspensión de empleo y sueldo durante dos meses y un mes, respectivamente, por una falta muy grave consistente en "desatender el servicio cuando por su naturaleza y circunstancias sea de especial relevancia". Los agentes habían sido informados de la existencia de un nivel alto de amenaza de terrorismo yihadista, pese a lo cual dejaron pasar, sin control alguno, numerosos equipajes de mano mientras prestaban atención a sus teléfonos móviles, que tenían semiocultos en el monitor de rayos X.

La sanción acaba de ser ratificada por la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo en una sentencia que censura el grave incumplimiento de los guardias civiles, especialmente a la vista de una "amenaza terrorista siempre latente y más en el ámbito de infraestructuras críticas" como los aeropuertos.

La conducta de los agentes se descubrió accidentalmente al examinar la grabación de una cámara de vigilancia en el marco de unas diligencias abiertas por la denuncia de una pasajera, que se había quejado de la sustracción de una determinada cantidad de dinero de su equipaje de mano.

Al visionarse la grabación apareció el guardia civil A., que tenía asignado el servicio de "filtros de embarque" en horario de 6:00 a 14:00 horas, situado frente al monitor del equipo de rayos X utilizado para inspeccionar los equipajes de mano y evitar la entrada de objetos prohibidos a la zona crítica de seguridad del aeropuerto.

Sobre las 12:30 de la mañana y durante más de 12 minutos, el guardia civil se dedicó a manipular y dirigir su atención a su teléfono móvil que semiocultaba con la carcasa del monitor del equipo de rayos x, "sin prestar ninguna atención a los monitores". Durante ese tiempo pasaron al menos cinco pasajeros y 15 bultos entre maletas, bolsos, mochilas y bandejas con objetos personales que no fueron chequeados.

Pasado ese tiempo A. pidió al guardia civil B. su relevo para acudir al baño. Durante los 45 minutos siguientes, B. se dedicó a conversar con diferentes personas que se acercaban a su puesto "pasando pasajeros y equipajes sin ningún control", según los hechos acreditados en el expediente disciplinario.

También se dedicó a manipular su teléfono móvil y en algunos momentos, a presencia de los pasajeros, se recostó sobre la silla con los brazos cruzados detrás de la nuca "sin prestar ninguna atención a los monitores". En esas circunstancias pasaron "bastantes más de 23 pasajeros y por el equipo de rayos X más de 55 bultos sin que se les efectuase ningún control" para impedir el acceso de objetos prohibidos o peligrosos a la zona crítica de seguridad del aeropuerto o a los aviones.

Tras el regreso de A., ambos guardias civiles se pusieron a hablar detrás del monitor mientras seguían pasando bultos por la cinta y pasajeros por el arco detector de metales, al que nadie prestaba atención.

Alerta terrorista

La papeleta de servicio entregada ese día a los guardias civiles indicaba un nivel de amenaza terrorista alto. La orden de servicio aplicable establecía el deber de "incrementar ostensiblemente todas las actividades" de detección y vigilancia. Interior había justificado la alerta por la "amenaza directa del terrorismo yihadista contra intereses occidentales que tiene implicaciones en nuestra seguridad nacional".

Aunque el director general de la Guardia Civil impuso al agente B. seis meses de suspensión y cuatro meses a A., la ministra de Defensa rebajó la sanción a dos y un mes de suspensión, respectivamente.

La Sala de lo Militar del Supremo ha desestimado el recurso interpuesto por B., en el que el agente alegaba la nulidad de las imágenes utilizadas como prueba clave en el expediente disciplinario porque se les había grabado sin su consentimiento.

El tribunal contesta que la captación de los guardias civiles por las cámaras de seguridad instaladas en un aeropuerto "en modo alguno compromete el derecho a la intimidad de los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado porque su función consiste, precisamente, en garantizar la seguridad . Y por ello va ínsito en su trabajo, cuando sea necesario, el realizarlo en lugares vídeo vigilados, sin el requisito de consentimiento del interesado".

La Sala le reprocha que desempeñara su función de vigilancia "con absoluta carencia de profesionalidad y dedicación, pendiente y más bien preocupado de su teléfono y de circunstancias periféricas que sucedían, abstrayéndose de la situación fiscalizadora que le competía".

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Re:Los expedientes disciplinarios. Formas y "formas"
« Respuesta #1885 en: 15 de Septiembre de 2018, 08:02:45 am »

El Supremo anula la sanción de tres meses sin sueldo a un guardia civil pillado con 817 kilos de hachís porque estaba en excendencia


El cabo del Instituto Armado en Castellón fue condenado a un año de cárcel y una multa de 280.414 euros por la justicia civil pero no entró en prisión

El agente pidió su reingreso en el cuerpo en 2014 y sus superiores pidieron sancionarlo con solo una suspensión de tres meses sin empleo
Sergi Pitarch
14/09/2018 - 21:30h

La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha anulado la sanción disciplinaria de suspensión de tres meses de empleo y sueldo impuesta a un cabo de la Guardia Civil al que pillaron con 817 kilos de hachís por estar en excedencia. El Alto Tribunal revoca así la decisión de los superiores del mando y del Tribunal Central Militar que habían decidido imponer esta mínima sanción al pedir éste su reingreso en el Instituto Armado.

El cabo de la Guardia Civil de Castelló fue condenado en 2008 por la justicia civil a un año de cárcel y una multa de 280.414 euros conmutable por seis meses de privación de libertad. El hombre -cuyo nombre se se sustituye en la sentencia por el pseudónimo "Evelio"- no llegó a entrar en prisión al no cumplir los mínimos supuestos al tratarse de un año y medio de cárcel y no tener antecedentes penales.

La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha asumido las tesis del cabo de la Guardia Civil para anular su sanción disciplinaria en la sentencia 2762/2018 firmada el pasado 12 de julio. Los magistrados entienden que el agente ahora en activo no sabía que incumplía el régimen disciplinario del Instituto Armado cuando fue pillado con casi una tonelada de hachís porque estaba en excedencia. "Al cometer el delito contra la salud pública cuando se hallaba ya desvinculado del Cuerpo, no cabe sostener, de acuerdo con la lógica, que el recurrente tuviera conciencia de que lesionaba valores esenciales de un Cuerpo del que se encontraba excedente".

Llama la atención esta decisión porque el acceso a la Guardia Civil en caso de tener antecedentes penales hubiera sido imposible. En cambio, el Instituto Armado le permite el reingreso tras una excedencia y con el rango de cabo con una mínima sanción que, además, ha sido anulada por el Tribunal Supremo.

El Guardia Civil "Evelio" -según sentencia firme- fue sorprendido el 9 de agosto de 2002 aparcando una furgoneta en Burriana (Castellón) con 528 kilos de hachís para su venta valorados en 732.611,15 euros. Un día después, otra persona fue detenida con el coche del cabo primero con otros 289 kilos de la misma sustancia que tenían un valor de 389.048 euros. Por estos hechos, el agente fue condenado por un tribunal civil a un año de prisión y al pago de una multa el 1 de julio de 2008 con la conformidad del Fiscal y las partes.

El 14 de mayo de 2014 el cabo solicitó su reingreso en el Cuerpo tras su excedencia. Fue en ese momento cuando sus mandos decidieron abrir el expediente disciplinario. Tras años de investigación interna, la Guardia Civil acordó sancionarlo con la suspensión de tres meses de empleo.

El agente se opuso a esta sanción y presentó un contencioso-disciplinario militar contra esta resolución alegando que "se encontraba en excedencia cuando la condena fue firme", "la infracción había prescrito" y "la sanción era improcedente al haber cancelado los antecedentes penales".

El Tribunal Militar Central ratificó la sanción disciplinaria impuesta por el Teniente General Jefe del Mando de Operaciones. Finalmente, el Tribunal Supremo ha anulado la sanción disciplinaria.

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Re:Los expedientes disciplinarios. Formas y "formas"
« Respuesta #1886 en: 26 de Septiembre de 2018, 09:25:04 am »
Levantan la suspensión a los agentes de la Macarena
 La Policía reincorpora a los seis funcionarios que llevaban 32 meses suspendidos de empleo y sueldo tras un registro en una tienda

POR FERNANDO PÉREZ ÁVILA
24 Apr 2018  09:42

La Dirección General de la Policía ha levantado las suspensiones de empleo y sueldo que pesaban sobre seis agentes del distrito Macarena desde hace casi tres años. Los policías están ya reincorporados y sólo se encuentran a la espera de que se les comunique el nuevo destino en el que trabajarán, ya que no regresarán a la comisaría del distrito Macarena y serán enviados casi con toda seguridad a otras demarcaciones. Mientras tanto, la investigación judicial del caso permanece completamente estancada y sigue sin visualizarse de manera íntegra el vídeo que constituye la principal prueba de cargo contra ellos. Se trata de una grabación de las cámaras de videovigilancia del local que registraron, Alimentación Dani Digi, ubicado en la Ronda de Pío XII, donde se vendía tabaco de contrabando.

El registro de esta tienda se produjo el 19 de mayo de 2015. La pareja que regenta el local, de nacionalidad rumana, denunció a los seis agentes de la Policía Nacional que registraron el inmueble y los acusó de apropiarse de 17.000 euros y tabaco, algo que los policías han negado desde el principio. La intervención policial fue recogida por las cámaras de seguridad del local, pero la grabación fue extraída por un informático amigo de la pareja y aportada a la denuncia, que los dueños de la tienda presentaron en la Unidad de Coordinación Operativa Territorial (UCOT, que en Sevilla ejerce las funciones de Asuntos Internos) en compañía de un inspector de la Brigada de Extranjería al que conocían de años atrás. Las defensas de los policías alegan que se ha roto así la cadena de custodia de la prueba, ya que la grabación aportada al juzgado no está completa y debería haber sido la propia UCOT quien se encargara de obtener el archivo original de su soporte. Los policías han pedido que se extraiga el vídeo original, pero tras casi tres años de investigación y numerosos intentos por parte de los informáticos de la Policía y de la Guardia Civil, esto ha resultado imposible.

El vídeo aportado por el matrimonio no puede acreditar que los policías intervengan el dinero porque sólo aparecen contándolo. En varias ocasiones, los agentes les devuelven los billetes a la pareja, primero en una caja de color amarillo y luego en una bolsa. Los funcionarios cuentan el dinero que hay en el negocio para comprobar si la cantidad excede del límite a partir del cual podría imputársele un delito de contrabando. Como no llegaba a superarlo, lo que hicieron fue intervenir las cajetillas que había y levantar un acta por una infracción administrativa. La acusación ha incidido en que uno de los agentes se lleva dinero al bolsillo y que otro mueve la cámara de seguridad que graba la escena. El abogado de los dueños del local incidió recientemente en que el vídeo no ha sido manipulado, aunque sí admitió que está incompleto. En uno de sus escritos al juzgado, asegura que para ver el vídeo "sería tan fácil como insertar el disco duro en la videograbadora".

Tras la denuncia de la pareja rumana se abrió una investigación por parte del juzgado de Instrucción número 1 de Sevilla, que mantiene a los policías investigados por tres delitos: cohecho, hurto y falsedad documental. En agosto de 2015, la Dirección General de la Policía decidió suspender de empleo y sueldo a los seis funcionarios. Esta situación se ha prolongado hasta ayer mismo, cuando por fin los policías firmaron sus reincorporaciones tras 32 meses sin poder trabajar.

Todavía no tienen sus destinos asignados. La Jefatura no quiere enviarlos de nuevo al distrito Macarena, pese a que el turno 3, del que formaban parte, era uno de los más activos en la lucha contra la delincuencia. Incluso algunos vecinos del Polígono Norte, una de las zonas más deprimidas del distrito, han expresado a este periódico que la suspensión de empleo y sueldo de estos policías, así como la baja de otro que sufrió un accidente al caerse de un tejado, se ha notado especialmente en la lucha contra el tráfico de drogas y la delincuencia en la zona. Sin embargo, los seis agentes optaron recientemente por denunciar a su jefe por falso testimonio, con lo cual no es lo más recomendable que coincidan con éste en la comisaría.

Los agentes presentaron una querella contra este inspector jefe al entender que mintió en su declaración como testigo, que prestó el 14 de enero de 2016. En esta comparecencia, el inspector jefe aseguró que los policías registraron la tienda de la Ronda de Pío XII por iniciativa propia. Los agentes investigados, sin embargo, aportan en su denuncia un correo electrónico reenviado por la unidad de Participación Ciudadana de la Jefatura Superior. En este correo se detallaban una serie de locales del distrito Macarena en los que supuestamente se estaba vendiendo tabaco de contrabando. La unidad de Participación Ciudadana había recibido una serie de quejas de los estanqueros, que alertan frecuentemente a la Policía de los lugares en los que ellos tienen conocimiento de que exista venta clandestina de cigarrillos y paquetes de tabaco. La tienda de la Ronda de Pío XII era el primero de los locales indicados en aquel correo electrónico. "En dicho documento, que venía de la Jefatura Superior, se acredita que fue él quien dio las órdenes", dicen los denunciantes en su querella.

Tampoco resultaría muy operativo enviarlos al distrito Macarena porque los seis agentes tienen vigente una orden de alejamiento de la pareja denunciante. Esta circunstancia ha sido esgrimida reiteradamente por la Dirección General para no levantar la suspensión de empleo y sueldo a los agentes cada vez que lo habían solicitado. Sin embargo, la orden de alejamiento sigue en vigor pese a que ninguno de ellos la ha quebrantado en casi tres años. Para poder trabajar y no vulnerar esta medida cautelar, los policías tendrían que hacerlo en los despachos o en puestos fijos de la comisaría y no patrullando por las calles del distrito.


Un informe policial desmonta el vídeo que incriminó a seis agentes


    La grabación de los denunciantes fue seleccionada y manipulada dos días después del registro

    Los investigadores constatan también la existencia de dos videograbadores

Secuencia de imágenes en la que una mujer no identificada se guarda fajos de billetes. / M.G.

Fernando Pérez Ávila
23 Septiembre, 2018 - 06:01h

Un informe de la Policía Científica desmonta la principal prueba de cargo que incriminó a seis policías nacionales de la comisaría del distrito Macarena, que llegaron a estar casi tres años suspendidos de empleo y sueldo y permanecen todavía investigados por varios delitos. Los seis agentes fueron denunciados por una pareja de nacionalidad rumana que regenta el negocio, en el que se vendía tabaco de contrabando, y acusados de apropiarse del tabaco y de 17.000 euros. El vídeo original ha tardado más de tres años en extraerse y el videograbador ha pasado por varias unidades de la Policía y la Guardia Civil.

Finalmente, el juzgado de Instrucción 1 de Sevilla encargó a la comisaría general de la Policía Científica que extrayera la grabación original del registro. El avance del informe de este departamento ya propició un vuelco en el caso, pues se obtuvieron unas imágenes que no habían aparecido hasta entonces y que mostraban a una mujer no identificada guardándose, entre risas, fajos de billetes en el pecho. Ahora, el juzgado cuenta ya con el informe de la Policía Científica, que explica que ha tenido acceso a grabaciones que "podrían tener importancia en las investigaciones".

La primera de ellas está fechada entre las 0:00 y las 0:37 del 21 de mayo, dos días después del registro de la tienda. "En estas imágenes se observa cómo una persona accede a la parte privada de la tienda y regresa al cabo de unos segundos portando lo que parece ser un videograbador distinto al que está siendo objeto de análisis". El informe precisa que es un videograbador negro y de tamaño medio, "claramente diferente" al Mini de color blanco que está inspeccionando la Policía Científica. Este otro videograbador "es entregado por la persona que lo porta a una segunda persona que también aparece en las imágenes", añade el informe, que aporta varias imágenes extraídas.

La segunda de las grabaciones está fechada entre las 3:11 y las 3:59 del 22 de mayo, tres días después del registro. "Muestra lo que parece ser la obtención de una copia de seguridad de las imágenes del registro llevado a cabo el día 19 y que está siendo objeto de investigación". La Policía Científica considera "relevante" estas imágenes, "en primer lugar por lo inusual de la hora elegida para realizar la copia de seguridad", y en segundo por el "exhaustivo análisis de las imágenes que hacen las dos personas presentes durante el proceso de obtención de la copia".

El informe añade que este es habitualmente un proceso automático, que contrasta con el "estudio minucioso de las imágenes que hacen las personas presentes en esos momentos delante del monitor donde se está visualizando la grabación, y que sugiere que se quiere realizar una selección cuidadosa de las imágenes antes de su volcado". Es decir, la Policía Científica corrobora que el vídeo fue editado y manipulado antes de que los dueños de la tienda se lo entregaran a un amigo suyo inspector de la Brigada de Extranjería, que fue quien llevó el caso a la Unidad de Coordinación Operativa Territorial (UCOT), que en Sevilla ejerce la función de Asuntos Internos.

Por otra parte, la fiscal del caso ha solicitado de nuevo a la denunciante, la rumana I. T., que facilite, "bajo apercibimiento de desobediencia", la identidad de la mujer que aparece guardándose el dinero en los fotogramas extraídos por la Policía Científica. Además, deniega la petición de testigo protegido presentada por esta mujer, “máxime cuando se desconoce incluso su identidad y cuál pueda ser el contenido de su declaración”.

Uno de los seis policías que permanecen imputados está estudiando la posibilidad de presentar una querella por acoso contra otro agente con el que comparte grupo, que es el marido de una policía que manipuló el acta de incautación del tabaco. Por este hecho, a los seis agentes les mantienen la imputación por falsedad documental. Uno de ellos ya ha denunciado a esta policía. La pareja de ésta habría proferido varios insultos contra este agente que denunció a su mujer.

Mientras tanto, los agentes imputados han vuelto a trabajar tras casi tres años suspendidos de empleo y sueldo, y lamentan el daño que se les ha hecho. Fuentes de su entorno creen que lo ocurrido ha sido una represalia porque en sus investigaciones tocaron una red de prostitución o trata de blancas en las que hay policías implicados. La mayoría de los agentes imputados formaban parte del Grupo 3, uno de los más activos en la comisaría del distrito Macarena. Los policías lamentan que Asuntos Internos no vieran el "montaje" de los denunciantes, que ahora ha salido a la luz, y les diera más credibilidad que a agentes con un amplio historial de detenciones y felicitaciones públicas.

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Re:Los expedientes disciplinarios. Formas y "formas"
« Respuesta #1887 en: 10 de Octubre de 2018, 14:13:53 pm »
Qué no tiemble el pulso....

Sánchez dice estar "avergonzado" por la invitación a Billy el Niño a un acto policial y promete una sanción ejemplar


El Presidente ha asegurado que la invitación al torturador "nunca se tuvo que producir"
Desde Podemos instan a Sánchez a que le retire las condecoraciones, medallas y privilegios a González Pacheco
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Publicada el 10/10/2018 a las 09:47Actualizada el 10/10/2018 a las 11:26FacebookTwitterEnvíalo a un amigoImprimirComentarios
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso. EUROPA PRESS
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este miércoles que todo su Ejecutivo se siente "avergonzado" por la presencia del policía jubilado Antonio González Pacheco, conocido como Billy el Niño por sus torturas durante el franquismo, en un acto oficial de la Policía, y ha afirmado que van a intentar que el responsable de invitarle, el comisario de distrito madrileño de Ciudad Lineal, José Manuel Mariscal, reciba una sanción "lo más ejemplar posible".


Así lo ha asegurado durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, al ser preguntado por este asunto por el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. Eso sí, el presidente ha recordado que el comisario ocupa un puesto al que llegó por concurso profesional. "Ese episodio nunca se tuvo que producir. Lo que hace es ofender a la memoria histórica, la memoria democrática de tantos hombres y mujeres que han luchado por la democracia en nuestro país, y desafortunadamente hace un flaco favor al cuerpo de la Policía Nacional, que lo que hace es garantizar las libertades", ha manifestado Sánchez.


A su vez, Iglesias ha reclamado al presidente, además de trabajar para que el comisario Mariscal tenga esa "sanción ejemplar", que "acelere" los tramites para retirar de una vez las condecoraciones, medallas y privilegios a González Pacheco. "Le puedo garantizar que el Ministerio del Interior está trabajando de manera intensa para poder realizar esos cambios de la manera más pronta posible y con la máxima seguridad jurídica", ha respondido el jefe del Ejecutivo.

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Re:Los expedientes disciplinarios. Formas y "formas"
« Respuesta #1888 en: 10 de Octubre de 2018, 14:52:54 pm »
Ya te digo yo por donde se va a pasar el comisario la sanción ejemplar, porque guste o no guste Billy el niño goza de todos sus derechos civiles, incluida su condición de comisario jubilado, por lo tanto que me expliquen la razón por la que un comisario en activo no puede invitar a un comisario jubilado al vino español el día del Patrón, si quiere ser tan ejemplar el Gobierno que empiece por retirar las condecoraciones pensionadas, a ver si puede hacerlo.

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Re:Los expedientes disciplinarios. Formas y "formas"
« Respuesta #1889 en: 01 de Noviembre de 2018, 08:15:09 am »

 
PUENTE GENIL / Por una discusión con el agente suspendido Daniel Tejero

El Consistorio abre expediente al exjefe de la Policía Local

Lorenzo Humánez podría ser sancionado con tres meses de empleo y sueldo
 

Pablo Mansilla

30/10/2018

El Ayuntamiento de Puente Genil ha decidido iniciar la apertura de un expediente disciplinario al exjefe de la Policía Local, Lorenzo Humánez, tras los hechos ocurridos hace unos días en los que estuvo involucrado en una fuertediscusión en plena calle con Daniel Tejero, el agente del cuerpo suspendido de empleo y sueldo que, además, grabó con un dispositivo móvil los acontecimientos, los cuales han sido vistos por muchos vecinos del municipio a través de las redes sociales.

Se trata de una determinación que ha sido adoptada por parte de la junta de gobierno local después de un informe elaborado por el actual jefe de la Policía Local, Jesús Miguel García, y por la secretaría general del Ayuntamiento, en el que se detecta una falta grave de incumplimiento de los deberes propios que le son inherentes al cargo de policía y que podría acarrear una sanción de tres meses de suspensión de empleo y sueldo.

Tanto un instructor como la secretaria del expediente son los que ahora iniciarán los trámites propios, contando con que el expedientado tendrá la posibilidad de defenderse de acuerdo al régimen disciplinario que, en este caso, es específico de la Policía Local. En cualquier caso, se trata de una noticia que, debido a la notoriedad social que ha tenido, la institución municipal ha querido trasladarla para conocimiento público por medio del alcalde, Esteban Morales, quien también ha indicado que los portavoces de los diferentes grupos políticos recibieron la información antes del inicio del expediente disciplinario.

Lorenzo Humánez continuará desarrollando sus funciones laborales hasta que la instrucción realice una diligencia de cargo en la que determinará, según explicó ayer Morales, los hechos que constituyen una infracción y qué pena es la que debe ir aparejada con las faltas que hayan sido cometidas. El alcalde ha avanzando que «iremos dando noticias cuando tengamos alguna cuestión que sea de interés»


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Re:Los expedientes disciplinarios. Formas y "formas"
« Respuesta #1890 en: 19 de Noviembre de 2018, 07:15:07 am »

Catarata de expedientes a una guardia civil tras denunciar su situación laboral en los medios

Desde el entorno de la agente gaditana Luisa María Flores denuncian un "acoso y derribo" por parte de la Guardia Civil contra ella desde que se negó a bajar el nivel de riesgo a una mujer que había denunciado ser maltratada. Desde la GC responden a Vozpópuli que no valorarán públicamente el asunto

Joaquín Hernández

19.11.2018 - 05:15

Todo empezó cuando la gaditana Luisa María Flores consideró inapropiado bajar la protección a una mujer que acababa de denunciar un caso de violencia de género. La agente de la Benemérita del Cuartel de Chipiona consideraba que el nivel de riesgo de la denunciante era "extremo", por lo que le correspondía una patrulla que la protegiera 24 horas. El capitán de la compañía, denunció Flores, le pidió a través del alférez de su puesto que rebajara el riesgo porque no tenía patrullas, y la agente no consideró que correspondiera. Fue el primer estallido, allá por diciembre de 2016, de una historia que se ha visto intensificada en los últimos meses, con un aluvión de expedientes después de que Flores manifestara su situación en distintos medios de comunicación.


Dicha situación comenzó a gestarse la semana de aquel primer incidente. Poco después, el coche de Flores sufrió pintadas, de las que su entorno ha mostrado fotos. Ella pidió que se activara un protocolo para la protección de los agentes de la autoridad cuando son amenazados por terceros por su condición laboral, pero recibió una protección esporádica "un mes después de que comenzara a recibir esas amenazas".

Desde su entorno afirman que se trató de una protección insuficiente y a destiempo a la vez que cuentan cómo Luisa tuvo que poner cámaras de seguridad en su casa ante el riesgo de que los agresores, que aparentemente rondaban la casa con navajas, le quemaran el coche.

Al poco tiempo, en febrero, la unidad médica de la Comandancia de Cádiz le dieron de baja por estrés laboral y contra su voluntad. Al mes, le dieron otro parte de baja por un trastorno de la personalidad mixto, sin que el psicólogo viera a la propia Luisa, denunció la agente. Desde el entorno de Luisa aportan un informe pericial pagado por ella y realizado por la psiquiatra J.C. y la psicóloga N.B. en septiembre de 2017 en el que se establece que Flores "no presenta patología psiquiátrica evidente, ni grave ni moderada" y "dado su rendimiento previo en la Guardia Civil, no parece presentar una personalidad ni una patología que le impidan rendir en su trabajo de servicio y apoyo a la ciudadanía".
Manifestación en los medios

Mientras tanto, Flores sigue apartada de su trabajo. En mayo, se manifestó sobre su caso en distintos medios de comunicación, como Diario 16 o El Español. Posteriormente, Flores ha recibido varios expedientes, dos de ellos vinculados precisamente a su aparición en los medios.

En junio, recibió una expediente de falta grave por "hacer reclamaciones o peticiones con publicidad o a través de los medios de comunicación social", y de la falta leve de "el descuido en el aseo personal o el incumplimiento de las normas o instrucciones de uniformidad, así como ostentar sobre el uniforme cualquier insignia, condecoración o distintivo sin estar autorizado". Según constata un informe de la propia Guardia Civil, Flores, a través de diversos medios de comunicación social y en prensa digital como Diario 16, El Español, el programa de Ana Rosa Quintana y La Voz del Sur, y en diversas fechas del mes de mayo de 2018, "denuncia ser víctima de acoso laboral".

"La citada Guardia Civil" aparece "a través de medios de prensa digital denunciando que está siendo objeto de acoso laboral, sin haber solicitado autorización previa para ser entrevistada por dichos medios", remarca el informe, que apunta que "queda demostrado que con el contenido de los mencionados artículos de prensa, reclama sobre las actuaciones que sobre su persona se han realizado al activar el protocolo sobre conductas anómalas detectadas en el personal del Cuerpo así como el supuesto acoso laboral que manifiesta estar sufriendo y por el que, siguiendo el protocolo establecido al efecto, se instruyó en su día una información reservada concluyendo que no existía dicha situación de acoso".

"En el artículo publicado el día 6/05/2018 en el periódico El Español aparece la GC en 2 fotografías vistiendo uniforme de servicio bicolor, encontrándose en aquella fecha de baja médica para el servicio y sin que conste que hubiera solicitado autorización para el uso del uniforme en dicha situación administrativa de acuerdo con la normativa en vigor", añade el expediente de la Guardia Civil.
Otros expedientes

El día 9 de julio le fue notificada a la agente una sanción de tres meses y un día de suspensión de empleo por "la negativa injustificada a someterse a reconocimiento médico legítimamente ordenado por la autoridad competente, a fin de constatar la capacidad psicofísica para prestar servicio" el día 13 de septiembre de 2017.

Desde el entorno de Flores alegan que con ese expediente "impiden" a la agente cuidar de su madre. Así, muestran un escrito en el que la agente esgrime que no se presentó a la cita médica porque ella, hija única, tenía que cuidar de su madre (80 años), enferma de alzheimer y con discapacidad, que en esa jornada tenía un estado de salud de "gravedad extrema que exigía actuaciones médicas urgentes por cuanto si no se adoptaban soluciones inmediatas podría desembocar en una pérdida total de la movilidad del miembro inferior o su amputación e incluso estando en grave peligro su vida, dada la infección concurrente", y no se trataba de una "mera dificultad deambulatoria".

La Guardia Civil, como se recoge en un informe del ministerio de Defensa desestimatorio de un recurso de alzada interpuesto por Flores, entiende que la situación de la madre no era de "gravedad extrema" y se apoya en la frase final del informe del médico B. que atendió a la madre de Luisa ese día"plan: actitud expectante para valorar situación definitiva". Esgrimen, asimismo, que su cita era de tarde en Sevilla, mientras que la de Flores era de mañana en Cádiz. Añaden que al cabo del 19 de octubre, la madre había mejorado lo suficiente para acompañar a su hija a un concierto.

Fuentes cercanas a Luisa aportan en contrapartida un informe pericial en el que se recoge que su madre ese 13 de septiembre tenía cita dado que "la persistencia de dolor intenso e impotencia funcional de la rodilla derecha(precisaba ayuda para las actividades básicas de la vida diaria), la reumatóloga G. la remite con carácter urgente" a un traumatólogo especializado en rodilla por una "gonartrosis muy evolucionada derecha". "Es decir, en los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 2017, la paciente había sufrido una evidente agravación, con necesidad de ayuda de tercera persona para las actividades básicas de la vida diaria. La agravación notoria continuó en los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2018, precisando la ayuda de otra persona (su hija, único familiar) para las actividades básicas de la vida diaria", concluye un informe médico firmado por J.M.B.R., sobre las circunstancias que han rodeado a Flores el último año.
La Guardia Civil no valorará públicamente el asunto

Precisamente en junio de 2018 se le abrió expediente por la "negativa injustificada" a someterse a otras dos pruebas médicas los días 11 de mayo y 8 de junio de este año. Corre por esto ahora el riesgo de otra sanción por seis meses de empleo y pérdida del destino donde se encuentra con su madre.

Flores esgrime en sendos escritos que aportan fuentes cercanas que no pudo asistir a esas citas debido a que la Guardia Civil, según ella, no le brindó los medios necesarios para trasladarse y mantener el cuidado de su madre.

Vinculado a esto, la GC le abrió otro expediente por "reclamación, petición o manifestación basada en aseveraciones falsas" después de que Flores elevara un escrito al Director General de la GC porque entendía que desde la unidad médica de su comandancia se le imposibilitó la petición de los medios adecuados para el cuidado de su madre en la ausencia.

La semana pasada Luisa María Flores se ratificaba en las denuncias que ha interpuesto contra varias de las personas involucradas en estos asuntos en sede judicial. La propia Guardia Civil ha respondido a este medio que no hará valoraciones públicas sobre este tema.
Respaldo de la AUGC

"La mayoría de los expedientes son desde que ella denunció su situación en los medios. Los expedientes que lleva son muy fuertes, ¿tan mala puede ser ella para la Guardia Civil? Hablan de una negativa injustificada a asistir a la cita médica, ¿hasta qué punto? Tiene una madre con un 99% de minusvalía y gran dependencia reconocida así como movilidad reducida", dice Alicia Sánchez, secretaria nacional de igualdad de la mayoritaria Asociación Unificada de los Guardias Civiles (AUGC).

Sánchez recuerda que las "sanciones disciplinarias tienen la finalidad de corregir comportamientos que son perjudiciales para el funcionamiento de la institución o los ciudadanos", pero "no entendemos la forma en que se están aplicando a Luisa".

Desde finales de julio y a raíz de la estabilización de su madre, dicen desde su entorno, Flores ha estado "dispuesta" a acudir al reconocimiento médico sin haber sido citada a fecha de hoy.

"Va a acabar siendo expulsada sin necesidad, es un acoso y derribo. Me siento tan impotente, todo es excesivo", dice Sánchez. "El Director General tiene conocimiento de estos hechos porque desde la AUGC se le envió una carta, ella además pidió una audiencia y no le han dicho nada. Yo tengo la opinión de que en lugar de corregir la forma de actuar de la compañera quieren acabar con ella".

   



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Re:Los expedientes disciplinarios. Formas y "formas"
« Respuesta #1891 en: 25 de Noviembre de 2018, 08:56:09 am »
El TSJEx obliga a readmitir al policía local de Calamonte expulsado por atracar un banco

Considera que el Ayuntamiento de dicha localidad inició el expediente disciplinario fuera de tiempo
Celestino J. Vinagre
CELESTINO J. VINAGRE
Viernes, 23 noviembre 2018, 08:00



Debe ser reincorporado a la plantilla de la Policía Local de Calamonte. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) corrige la sentencia del juzgado de lo Contencioso de Mérida que avalaba el despido disciplinario realizado en 2017 por el Consistorio calamonteño para expulsar del cuerpo a Juan Francisco G. G., condenado por atracar un banco. El fallo del TSJEx da la razón al recurso planteado por el agente al considerar que el Ayuntamiento planteó el expediente fuera de plazo y, por tanto, el procedimiento de expulsión está caducado.

Juan Francisco y el Ayuntamiento de Calamonte mantienen un pulso judicial porque el primero quiere volver a ser policía y el Gobierno local que encabeza Eugenio Álvarez (PSOE) busca apartarlo del servicio por su condena firme como atracador de la sucursal de La Caixa en esta localidad próxima a Mérida.

La Administración calamonteña ha tramitado tres expedientes disciplinarios para cesarlo como funcionario. Los tres han acabado revocados por la justicia aunque el último, en primera instancia (juzgado Contencioso) fue favorable al Ayuntamiento. Ahora el TSJEx ha vuelto a decir que no se puede echar al policía local porque el proceso administrativo que se debería haber desarrollado para eso ha prescrito.

El agente está investigado ahora por hacerse pasar por policía y mantener sexo gratis en pisos de alterne

El policía municipal fue condenado en diciembre de 2012 a cuatro años y medio de prisión por el atraco. La sentencia fue confirmada el 23 de mayo de 2013 por la Audiencia Provincial. Y fue a la cárcel.

Procedimiento caducado

La condena a un policía por un delito como el de atraco conlleva su cese como agente pero la Administración competente debe abrir un expediente y resolverlo a tiempo para que así sea. El plazo es de tres años. Esto es, debía haberse resuelto por el Ayuntamiento como muy tarde en 2016. Pero lo hizo el 6 de noviembre del pasado 2017.

El 7 de mayo de 2012, cuatro días después de su detención por el atraco, el Consistorio abrió el primer expediente sancionador. Lo paralizó el mismo día que lo abrió en espera de sentencia. Gobernaba Salvador Álvarez, del PP. Una vez que fue firme el fallo, a partir de mayo de 2013, Álvarez tenía seis meses para resolver el expediente. Se cerró en 2015, con Eugenio Álvarez ya como primer edil.

El nuevo alcalde dictó el 3 de noviembre de ese 2015 una resolución declarando la pérdida de la condición de funcionario del municipal. Este recurrió y ganó porque el Consistorio decidió fuera de plazo, dijo el TSJEx en 2016. Procedimiento administrativo caducado, recalcó.

En junio de 2016 se inició otro proceso disciplinario. En octubre el Ayuntamiento decidió la separación del servicio. El TSJEx resolvió el recurso del policía en septiembre de 2017. Le dio la razón por haber prescrito «el derecho de la Administración para perseguir la infracción».

Álvarez volvió a abrir un tercer expediente. El agente recurrió pero la sentencia del Contencioso de Mérida de mayo decía que el plazo que tenía el Ayuntamiento para apartar del servicio al agente no se había pasado. Si bien la condena por atraco es firme desde el 23 de mayo de 2013, el plazo de tres años para abrir un expediente para apartarlo del servicio no acabó en 2016, concluía.

El 30 de mayo de 2016 se dictó otro auto que aclaraba aspectos de la sentencia de 2012. Y agrega que ese auto aclaratorio de 2016 es el que marca el plazo de tres años máximo para poder abrir un expediente disciplinario. Como el Ayuntamiento ha resuelto antes de 2019, validaba que le apartara del servicio.

El TSJEx ha vuelto a su argumento ya conocido de que sí ha prescrito el procedimiento para expulsar a Juan Francisco G.G. por la condena por el atraco. Recuerda que el auto aclaratorio «no tiene entidad suficiente para considerarse una resolución que abra nuevamente el cómputo de los plazos para recurrir contra los hechos ni los modifica». Por tanto el plazo para iniciar un expediente por parte del Consistorio sigue contando a partir de 2013, no desde 2016. Y ya está prescrito.

El TSJEx dice en su sentencia que el Ayuntamiento «no actuó en este caso con la suficiente diligencia debido a que no se personó en el proceso penal que afectaba claramente a sus intereses» y porque desde que inició el procedimiento administrativo contra el policía y lo suspendió (desde 2012), «no vuelve a solicitar información a los juzgados hasta febrero de 2015».

El tribunal, por tanto, obliga a la readmisión del municipal pero rechaza que el Ayuntamiento le tenga que pagar 6.300 euros que solicitaba el agente como retribuciones dejadas de percibir. Eso sí, dice que debe pagarle el dinero que no cobró durante el tiempo de tramitación y resolución del último expediente.

El fallo del TSJEx puede ser recurrido por el Consistorio de Calamonte ante el Supremo pero solo si se fundamenta en «infracción de normas de derecho estatal o de la UE que sea relevante y determinante del fallo impugnado». Esta es una opción muy complicada indican fuentes jurídicas a HOY y el Consistorio ha desestimado ir al Supremo.

Se da la circunstancia de que en la actualidad Juan Francisco está investigado por una denuncia que se conoció la pasada primavera. Sostiene la Policía Nacional que se ha hecho pasar por policía nacional en varios pisos de alterne para mantener sexo gratis. La causa sigue abierta.


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Re:Los expedientes disciplinarios. Formas y "formas"
« Respuesta #1892 en: 13 de Diciembre de 2018, 08:17:02 am »

La Policía abre expediente al chófer de Bárcenas tras comparecer como imputado en la Audiencia Nacional

Sergio Ríos, chófer de la familia del extesorero del PP antes de ingresar en la Policía,  se ha acogido a su derecho a no declarar

El expediente quedará paralizado hasta que haya sentencia firme o se archive la causa contra el policía, que seguirá trabajando en su destino actual

La recompensa del topo de la brigada política en casa de los Bárcenas: pago de Interior y una vida privilegiada como policía
Pedro Águeda
12/12/2018 - 16:53h

La Dirección General de la Policía ha abierto un expediente disciplinario a Sergio Ríos Esgueva, el topo que la brigada política en la época del PP infiltró en el domicilio de los Bárcenas para robar documentos y facilitar información sobre los movimientos de la familia, han informado a eldiario.es fuentes policiales.

Ríos Esgueva ingresó en la Policía al finalizar la misión, como parte del pago por haber actuado como topo de la citada brigada política. Durante dos años cobró 2.000 euros mensuales, una cantidad desmesurada para un confidente. Ríos Esgueva ingresó en la Policía con 42 años y juró en mayo de 2017, rodeado de veiteañeros. Fue destinado al Pirineo ilerdense, pero pronto fue reclamado en Madrid, su lugar habitual de residencia, por el sistema excepcional de la comisión de servicios, que nunca se aplica a un policía raso.

El régimen disciplinario de la Policía recoge que los expedientes se abren y quedan paralizados cuando el agente está inmerso en una investigación penal. El expediente disciplinario, cuya apertura ha adelantado vozpopuli.com, se vuelve a activar cuando hay sentencia firme. Por tanto, Ríos Esgueva seguirá destinado en la Brigada Móvil de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana.

Ríos Esgueva ha comparecido como imputado esta mañana ante el juez del caso Villarejo, Diego de Egea, y se ha acogido a su derecho a no declarar. Ríos ha salido de la Audiencia Nacional con la misma condición de investigado, momento elegido por la Dirección de la Policía para formalizar el expediente.


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Re:Los expedientes disciplinarios. Formas y "formas"
« Respuesta #1893 en: 18 de Diciembre de 2018, 17:34:04 pm »
SU FAMILIA HA DIFUNDIDO FOTOS DE LA AGRESIÓN

Expedientan a varios policías en Melilla por la brutal paliza a un musulmán de 17 años


RUBÉN RODRÍGUEZ
BORJA RODRIGO

18/12/2018 09:41 - Actualizado: 18/12/2018 16:52

Un hombre ha presentado una denuncia contra un grupo de policías fuera de servicio que presuntamente agredieron salvajemente a su sobrino en la noche del domingo y a los que se les ha abierto expediente disciplinario. Al parecer, pasó toda la tarde junto a su familiar y a otros tres amigos, paseando y pescando en el Puerto Noray, en Melilla. Cuando el reloj marcaba algo más de las 00:00 horas, decidieron irse hacia su casa, momento en el que tuvo lugar el suceso.


Según ha podido saber El Confidencial, todo sucedió cuando el menor agredido preguntó a un viandante qué hora era, puesto que llegaban tarde a su casa. Se trataba de un policía fuera de servicio quien, según confirman fuentes cercanas al joven, se le dirigió espetándole "puto mena de mierda" (los mena es como se conoce a los niños no tutelados que viven en Melilla tras huir de Marruecos en busca de llegar a la Península). Ahí comenzó el altercado. Según fuentes cercanas a la familia, el menor es musulmán pero tiene nacionalidad española, como toda su familia.

Tal y como denuncia la familia del menor agredido, ese policía abofeteó al menor sin mediar palabra. Otro de los jóvenes que les acompañaba se lo recriminó, y también fue golpeado, momento en el que comenzó la trifulca. El tío del niño, encargado de interponer la denuncia, aseguró que al llegar a la zona, pudo ver como "le estaban pegando entre varias personas". Calcula que "unos cuatro" le tenían inmovilizado, mientras que "dos o tres" le golpeaban constantemente.

La agresión duró "unos 10 minutos" y, según se puede ver en el vídeo.
https://www.google.com/amp/s/www.elconfidencial.com/amp/espana/2018-12-18/agresion-policias-paisano-menor-melilla_1713538/ , fue reducido por un amplio dispositivo. Según la denuncia, fue el propio tío el que avisó en la Jefatura de Policía de lo que estaba pasando. Hasta la zona se personó una ambulancia, pero los familiares del menor criticaron en El Confidencial que solo se encargara de desplazar al Hospital Comarcal a los policías. El joven, después de recibir la agresión, llegó hasta allí esposado dentro del furgón policial.
La madre del joven, que se encontraba en el centro hospitalario porque su otro hijo se encuentra allí ingresado, relató a El Confidencial el estado en el que lo encontró allí: "Tenía muchos golpes en la nariz y en la boca, y recibió varios mordiscos en la oreja y en el brazo", asegura. Confirma que las heridas de la cara son importantes y que a día de hoy, tres días después de suceder, continúa sin tener movilidad en su mandíbula ni poder hablar por culpa de las heridas propinadas.




La familia del menor asegura que el joven no tenía ningún tipo de antecedente policial y que nunca había tenido un problema en Melilla. De igual manera, mientras que en la denuncia se asegura que los agresores se identificaron como miembros de paisano de la Policía, que estaban "fuera se servicio, tomando una copa", la propia madre confirma a este diario que los reconoció en el hospital, sabiendo que pese a vestir de calle se trataban de agentes del cuerpo.

Según 'Onda Cero Melilla', los policías también han presentado una denuncia, en la que aseguran que fueron atacados por varios individuos cuando salían de cenar de un establecimiento del Puerto Deportivo. Aseguran que en el exterior, les rodearon y les atacaron con botellas y que a uno de los cinco le dieron con una rota. Además,. los agentes aportaron a la denuncia un parte de lesiones con contusiones de diversa consideración, cortes, luxaciones e incluso alguna fractura.

Por su parte, Coalición por Melilla pidió, en palabras de Mustafa Aberchán, que se "depuren responsabilidades" después de lo sucedido: "No podemos entender que un niño sea merecedor de tal grado de agresiones", señala. "Es más propia de otros tiempos", indicó. El Confidencial se puso en contacto con la Policía Nacional, que no quiso hacer declaraciones al respecto, aunque quien sí lo hizo fue la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh a través de un comunicado.


Expediente disciplinario para los agentes

En dicho escrito, la Delegación de Gobierno confirma que se ha procedido a abrir expediente disciplinario a los agentes del Cuerpo Nacional de Policía implicados en la detención del joven. "El objetivo es esclarecer los hechos y delimitar las responsabilidades después de que se haya conocido un vídeo en el que se ve a un joven esposado siendo agredido, presuntamente, por un policía", asegura el escrito.

Ante la alarma social que se ha generado, la Delegada del Gobierno ha hecho una llamada a la calma y ha pedido que no se lleven a cabo juicios paralelos y se deje actuar a la Justicia así como a los propios cauces internos que van a investigar lo ocurrido. "Se ha abierto una investigación y se va a llegar al fondo del asunto", ha dejado claro Moh, al tiempo que ha pedido que no se use este caso para generalizar ni atacar al Cuerpo Nacional de Policía.

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Re:Los expedientes disciplinarios. Formas y "formas"
« Respuesta #1894 en: 19 de Diciembre de 2018, 00:51:35 am »
La otra versión y las imágenes que no ponen los medios.







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Re:Los expedientes disciplinarios. Formas y "formas"
« Respuesta #1895 en: 19 de Diciembre de 2018, 11:03:49 am »
La otra versión y las imágenes que no ponen los medios.






Cuidado con la ropa que vestimos, puede ser un indicador

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Re:Los expedientes disciplinarios. Formas y "formas"
« Respuesta #1896 en: 19 de Diciembre de 2018, 11:23:39 am »
La otra versión y las imágenes que no ponen los medios.






Cuidado con la ropa que vestimos, puede ser un indicador

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Rizando el rizo.....pues cuidado con la ropa de Disney, llevan animalitos y dependiendo puede ser sexista,cuanta sensibilidad

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Re:Los expedientes disciplinarios. Formas y "formas"
« Respuesta #1897 en: 19 de Diciembre de 2018, 11:31:19 am »
La mayor gilipollez, que la ropa de una marca precisamente no barata, sea un indicador.

Este curro cada dia es más absurdo.
La vida me ha golpeado fuerte. Podría haberme hecho vulnerable y acabar pegándome un tiro o podría mirar al cielo y crecer. Prefiero la segunda opción.

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Re:Los expedientes disciplinarios. Formas y "formas"
« Respuesta #1898 en: 19 de Diciembre de 2018, 12:38:47 pm »
Esa ropa de marcha la lleva mucha gente ahora. Esta de moda. Ropa para la nieve sobre todo.

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Re:Los expedientes disciplinarios. Formas y "formas"
« Respuesta #1899 en: 19 de Diciembre de 2018, 12:44:50 pm »
La otra versión y las imágenes que no ponen los medios.






Cuidado con la ropa que vestimos, puede ser un indicador

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Rizando el rizo.....pues cuidado con la ropa de Disney, llevan animalitos y dependiendo puede ser sexista,cuanta sensibilidad

Ya,pero es curioso o llamativo que un policía involucrado en un suceso con tintes "..." vista ropa con el emblema HH...por la ropa les conocereis?

Los grupos especializados en este tipo de simbología saben que determinadas personas se identifican por sus ropajes como pertenecientes a.....quizás no se dió cuenta, quizás no sabía, quizás intenta disimular el logo completo en la foto para que no se aprecie pero..ahí está...HH.. Helly Hansen.






Policía Nacional. Escala Ejecutiva (Inspector). Temario Vol. IV.

https://books.google.es/books?isbn=8468186147
Varios autores - 2017
Y finalmente, podríamos identificar al Líder Sectario con las características que a ... masa y mayor será el grado de dependencia psicológica y peligrosidad del grupo. ... La forma de vestir, su cabello, su forma de hablar y de caminar, los ... Pero en realidad son violentos y no soportan que se les lleve la contraria en nada.

https://books.google.es/books?id=ogVEDwAAQBAJ&pg=PA233&lpg=PA233&dq=grupo+policia+identificar+grupos+violentos+por+su+forma+de+vestir&source=bl&ots=BEl0ZXS7dU&sig=LanLGRzd8D5mDgAKpylRE_Qn6lg&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjs2Lfi6qvfAhWLTRUIHbfACTAQ6AEwCHoECAAQAQ#v=onepage&q=grupo%20policia%20identificar%20grupos%20violentos%20por%20su%20forma%20de%20vestir&f=false
« Última modificación: 19 de Diciembre de 2018, 12:57:14 pm por 47ronin »