Autor Tema: Los expedientes disciplinarios. Formas y "formas"  (Leído 285476 veces)

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Re:Los expedientes disciplinarios. Formas y "formas"
« Respuesta #1961 en: 23 de Mayo de 2019, 13:57:09 pm »
Fecha, contenido.y sobretodo....quienes.

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Re:Los expedientes disciplinarios. Formas y "formas"
« Respuesta #1962 en: 24 de Mayo de 2019, 08:24:24 am »
Barbero expedienta al policía que llevó al banquillo a Rommy Arce

Carlos Bahón criticó que el director de la Policía Municipal «se metió en un despacho en Jefatura para estudiar mientras se enfrentaba al proceso de ascenso a comisario»


Carlos Hidalgo
@carloshidalgo_
MADRIDActualizado:
23/05/2019 10:21h

Informar a la prensa. Ese es el motivo de Barbero para abrirle un expediente al policía municipal que llevó al banquillo a Rommy Arce por los mensajes tras la muerte de un mantero en Lavapiés. Carlos Bahón, portavoz de la Asociación de Policía Municipal (APMU) –y denunciante de la conducta de la edil díscola de Carmena– ha recibido una notificación disciplinaria por informar a un medio de comunicación que el Director General de la Policía Municipal «se metió en un despacho en Jefatura para estudiar mientras se enfrentaba al proceso de ascenso a comisiario». Se refiere al caso de Andrés Serrano, que regresó a su puesto directivo tras suspender dichas pruebas de ascenso.

Serrano estuvo cinco meses apartado de la dirección de la Policía Municipal, tras verse obligado a dimitir mientras preparaba las pruebas. Serrano alegó que tomó la decisión de dejar su cargo «para no comprometer la ética pública ni la actuación de la transparencia municipal en lo que a selección de recursos se refiere», ya que su participación en el proceso requería de su «máxima atención» y sus obligaciones como director de la Policía Municipal no le permitirían disponer del tiempo necesario. Lo cierto es que la dimisión llegó tras las críticas que realizaron los agentes en su contra, que lo acusaron de querer ser «juez y parte».

Según la versión de los policías, a Serrano le habrían librado de responsabilidades para poder dedicarse a preparar las prubeas. Bahón, por denunciarlo en un medio, ha sido expedientado. De considerarse este expediente, Bahón habría cometido una falta grave, cuya sanción oscilaría entre los cinco días y tres meses de suspensión de empleo y sueldo. Su caso ya está siendo investigado por un subinspector a fin de resolver si «tal conducta pudiera ser constitutiva de alguna falta», recoge la notificación de resolución de expediente.

Serrano, finalmente, no superó las pruebas de ascenso. Suspendió el test psicológico y volvió a su cargo como director de la Policía Municipal.



« Última modificación: 24 de Mayo de 2019, 08:39:27 am por 47ronin »

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Re:Los expedientes disciplinarios. Formas y "formas"
« Respuesta #1963 en: 24 de Mayo de 2019, 09:08:06 am »
Yo que he conocido a miembros de la escala técnica de pasado militar como Lobo, Martinez Aguilar u otros que sin proceder del ejercito eran de corte "estricto"...si a cualquier funcionario se le hubiese ocurrido minimamente la idea de decir que alguno de ellos se metieron en un despacho a estudiar la oposición, ya no en prensa sino en un simple comentario de taquilla, estoy plemanente convencido que el reglamento, que es mucho más duro que el que se nos aplica hoy, hubiese culminado con una sanción de la que te rascas un buen rato.

Con el paso de tiempo las normas cambian y además se hacen más livianas, lo cual resulta curioso ya que mientras la policía exige para con los delincuentes un endurecimiento de los códigos penales o para con los ciudadanos en materia administrativa un aumento de las sanciones, los reglamentos suavizan sanciones para con los funcionarios de policía, y lo que ayer podían ser hasta años de suspensión hoy son hasta tres meses, y que nunca, o raramente, se aplicará en sus grados máximos.


Decir que un Intendente se metió en un despacho a estudiar una oposición es faltar al honor de una persona, y hay que estar muy seguro de lo que se dice y aportar las pruebas de que esa conducta se produjo para que el Juez que vea del expediente estime que la manifestación entra dentro del ejercicio de la libertad de expresión...por lo demás, lo que siempre he manteniudo "lo que diga el juez":

La prudencia es una virtud...y más en un funcionario público.


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Re:Los expedientes disciplinarios. Formas y "formas"
« Respuesta #1964 en: 24 de Mayo de 2019, 10:21:59 am »
Yo que he conocido a miembros de la escala técnica de pasado militar como Lobo, Martinez Aguilar u otros que sin proceder del ejercito eran de corte "estricto"...si a cualquier funcionario se le hubiese ocurrido minimamente la idea de decir que alguno de ellos se metieron en un despacho a estudiar la oposición, ya no en prensa sino en un simple comentario de taquilla, estoy plemanente convencido que el reglamento, que es mucho más duro que el que se nos aplica hoy, hubiese culminado con una sanción de la que te rascas un buen rato.

Con el paso de tiempo las normas cambian y además se hacen más livianas, lo cual resulta curioso ya que mientras la policía exige para con los delincuentes un endurecimiento de los códigos penales o para con los ciudadanos en materia administrativa un aumento de las sanciones, los reglamentos suavizan sanciones para con los funcionarios de policía, y lo que ayer podían ser hasta años de suspensión hoy son hasta tres meses, y que nunca, o raramente, se aplicará en sus grados máximos.


Decir que un Intendente se metió en un despacho a estudiar una oposición es faltar al honor de una persona, y hay que estar muy seguro de lo que se dice y aportar las pruebas de que esa conducta se produjo para que el Juez que vea del expediente estime que la manifestación entra dentro del ejercicio de la libertad de expresión...por lo demás, lo que siempre he manteniudo "lo que diga el juez":

La prudencia es una virtud...y más en un funcionario público.

Haber si me entero,este tema hay que investigarlo ,es una falta al honor y es muy grave,pero la muerte de unas jóvenes  en el Madrid Arena y con falsedad documental de por medio.....no se mueve ni un dedo por parte de asuntos internos,sino que además se permite opositar.
Muy claro todo,ten padrino o serreta dorada y aclarado.

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Re:Los expedientes disciplinarios. Formas y "formas"
« Respuesta #1965 en: 24 de Mayo de 2019, 14:16:35 pm »
Si no me equivoco el juez ya falló que no hubo responsabilidad alguna de los mandos de PM en ese luctuoso suceso.


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Re:Los expedientes disciplinarios. Formas y "formas"
« Respuesta #1966 en: 24 de Mayo de 2019, 14:22:41 pm »
Si no me equivoco el juez ya falló que no hubo responsabilidad alguna de los mandos de PM en ese luctuoso suceso.

Ya ya....

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Re:Los expedientes disciplinarios. Formas y "formas"
« Respuesta #1967 en: 24 de Mayo de 2019, 14:26:44 pm »
Si no me equivoco el juez ya falló que no hubo responsabilidad alguna de los mandos de PM en ese luctuoso suceso.

A otros(policías rasos)los zumban sin empezar el juicio,culpables hasta que se demuestre lo contrario,cautelar lo llaman creo.

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Re:Los expedientes disciplinarios. Formas y "formas"
« Respuesta #1968 en: 24 de Mayo de 2019, 16:51:08 pm »
Suspensión provisional de funciones = tirar la llave al rio = condenarte antes de tiempo = sufrir un daño irreparable = dejar de creer en este gran circo.

La vida me ha golpeado fuerte. Podría haberme hecho vulnerable y acabar pegándome un tiro o podría mirar al cielo y crecer. Prefiero la segunda opción.

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Re:Los expedientes disciplinarios. Formas y "formas"
« Respuesta #1969 en: 25 de Mayo de 2019, 08:02:23 am »

El taller de Reus que no repara coches de Guardia Civil ni Policía: un mosso, sancionado por denunciar

Denunció al taller por un delito de incitación al odio, el caso fue archivado y los Mossos han decidido sancionarle por manchar la imagen del cuerpo.
24 mayo, 2019 13:40


Juanma González

Un taller de Reus (Tarragona) no repara coches ni de la Guardia Civil ni de la Policía Nacional. Este hecho quedó constatado tras la denuncia que interpuso un agente de los Mossos d'Esquadra, quien llevó al taller mecánico el coche de su mujer, Policía Nacional, y fue rechazado por el propietario del negocio. Según declaró en el juicio, Jordi Perelló, el responsable del taller, le dijo que no trabajaba con ambos cuerpos de seguridad debido a que eran "opresores y responsables de lo que estaba pasando", en relación a la agitación que se vivió en Cataluña a raíz del 1 de octubre. La denuncia no solo quedó archivada, sino que ahora se ha vuelto en su contra.

El cuerpo de Mossos d'Esquadra ha sido suspendido de empleo y sueldo durante un mes a este agente, quien consideró oportuno denunciarle por un delito de incitación al odio, debido a que "atentó contra la imagen del cuerpo y contra el prestigio y la consideración de la Generalitat". Esta suspensión responde a la queja formal que presentó el dueño del taller una vez conocida su absolución.

Según la interlocutora que acabó archivando el caso, el agente de los Mossos declaró que dueño del taller se negó a atenderles, ya que desde el pasado 1 de octubre (de 2017) no trabajaba ni con Policía Nacional ni con Guardia Civil, porque consideraba que eran "unos opresores y los responsables de lo que estaba pasando". Estos hechos tuvieron lugar el pasado 31 de enero de 2018.

El caso fue archivado por el magistrado del Juzgado de Instrucción número 3 de Reus, considerando que podría entenderse como un delito de injurias o amenazas, pero que en ningún caso tiene elementos propios de un delito de odio como la incitación.

Absuelto, el mecánico redactó y envió un escrito de acusación a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de los Mossos d'Esquadra quejándose de un comportamiento irregular fuera de servicio del agente que le denunció. A raíz de esta queja, el sindicato abrió un expediente sancionador y ahora le ha impuesto una suspensión de empleo y sueldo durante un mes, al considerar que el agente "atentó contra la imagen del cuerpo y contra el prestigio y la consideración de la Generalitat". La División de Asuntos Internos de los Mossos acabó citando al agente para dar explicaciones y elevó la tipificación de la sanción a la de atentado contra la imagen del cuerpo.

Según cuenta este medio, el agente suspenso trató de recurrir hasta en tres ocasiones esta sanción sin éxito. También ha acusado al mecánico de filtrar la denuncia a los medios, realizar entrevistas y organizar concentraciones a las puertas del juzgado con el objetivo de perjudicarle. Actualmente, el agente se encuentra suspendido cumpliendo su sanción.




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Re:Los expedientes disciplinarios. Formas y "formas"
« Respuesta #1970 en: 25 de Mayo de 2019, 08:06:09 am »
Hay un dato que la noticia en ese medio no recoge, no sé si interesadamente o por desconocimiento...




El agente le habría amenazado por teléfono y en persona


https://www.lavanguardia.com/local/tarragona/20190523/462424751012/expedientan-mosso-denuncio-mecanico-nego-atender-policia-nacional-1-o.html



El propio mecánico relató que poco después de rechazar a la agente llamó por teléfono al taller la pareja de ella, que es Mosso d'Esquadra, y aseguró que le dijo "eres un mierdas, te partiré la cara". Poco después, acudió en persona y le recriminó de "racista" y de "fomentar el odio".


https://www.elmundo.es/cataluna/2019/05/23/5ce6e60dfdddffb0b88b45cf.html

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Re:Los expedientes disciplinarios. Formas y "formas"
« Respuesta #1971 en: 27 de Mayo de 2019, 12:28:19 pm »
"Asuntos Internos rebaja a una amonestación verbal la sanción al agente de "la república no existe"

El antidisturbios debe responder ahora si acepta el reproche por su encontronazo con un agente rural durante las protestas de diciembre durante el Consejo de Ministros en Barcelona.

Un Mosso a un agente rural: "¡La República no existe, idiota!"

Interior intenta cerrar, con el menor ruido posible, la polémica con el agente de los Mossos d'Esquadra que espetó a un manifestante "la República no existe, idiota". Seis meses después de que sus palabras se convirtieran en virales gracias a un vídeo, y tras haberle abierto un expediente, la División de Asuntos Internos (DAI) del cuerpo ha propuesto ahora al 'mosso' 18849 limitar su castigo a una "amonestación verbal", sin consecuencias disciplinarias, como han confirmado a este diario dos fuentes conocedoras del trámite. El Departamento de Interior no realiza comentarios sobre procesos disciplinarios internos.

La sanción -"un toque de atención por escrito", según lo definen las fuentes- ha sido ya trasladada al agente y a su abogado, José María Fuster Fabra, quienes todavía deben decidir si la aceptan. Hasta el momento, el policía se ha negado a aceptar cualquier tipo de sanción, ni tan siquiera simbólica, al considerar que no actuó de manera irregular. En uno de sus últimos alegatos, su abogado sostuvo que su apreciación sobre la inexistencia de "la República" no podía considerarse una ofensa, sino "un dato objetivo" y acusó a la DAI de actuar de manera "arbitraria". El expediente se abrió al considerar que pudo cometer una infracción del reglamento de régimen disciplinario por proferir varios insultos a un manifestante.

El encontronazo que le hizo saltar a la fama -su frase y su silueta se imprimieron en camisetas y pegatinas- se produjo el 21 de diciembre de 2018, durante las protestas por la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona. El policía, miembro de la Brigada Móvil (Brimo), formaba parte de un cordón frente al edificio de Correos, junto a la Via Laietana, donde se produjeron varios incidentes violentos, con lanzamiento de objetos contra los agentes. En las imágenes se aprecia cómo dialoga con un manifestante, vestido con casco y uniforme oficial de los Agentes Rurales de la Generalitat, que le echa en cara que actúe contra algunos de los que protestan.

- Estamos construyendo la república.

- Pues defiéndeme a mí y no a estos hijos de p***.

- Yo defiendo la república.

- Qué república ni qué ******** ¡La república no existe, idiota!

Después de que las imágenes se hicieran virales, el Departamento de Interior cedió ante las presiones independentistas y abrió un expediente interno para decidir si debía ser sancionado. Desde entonces, el proceso ha ido avanzando lentamente y ha atravesado varias fases. En abril, la DAI abogaba por abrirle un expediente sancionador. Dos meses después, no obstante, han optado por rebajarlo a un mero reproche. Nada se sabe de un eventual expediente al agente rural que, contraviniendo las normas para los funcionarios de la Generalitat, se manifestó con el uniforme oficial."


El antidisturbios debe responder ahora si acepta el reproche por su encontronazo con un agente rural durante las protestas de diciembre durante el Consejo de Ministros en Barcelona.
« Última modificación: 27 de Mayo de 2019, 15:51:31 pm por 47ronin »

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Re:Los expedientes disciplinarios. Formas y "formas"
« Respuesta #1972 en: 27 de Mayo de 2019, 15:50:18 pm »
Pues me alegro, de verdad, me alegro de que haya sido así.

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Re:Los expedientes disciplinarios. Formas y "formas"
« Respuesta #1973 en: 29 de Mayo de 2019, 08:33:38 am »
La mossa que ha ganado a "la Genestapo"

    JAVIER NEGRE
    Madrid

Actualizado Martes, 28 mayo 2019 - 15:45

https://www.youtube.com/watch?v=4S6ALtXRpFM


Por ser constitucionalista, a Inma Alcolea le abrieron dos expedientes disciplinarios, uno de ellos por llamar "Genestapo" a la Generalitat. Hasta ahora no ha perdido ninguno. También la persiguieron por decir 'Viva España' o porque su madre llamó capullo a Puigdemont."Quiero sacar a mi familia de Cataluña", dice.

Miércoles de la pasada semana. En una concurrida cafetería de la localidad de Hospitalet de Llobregat aparece una mujer rubia de 50 años con el rostro compungido. Inma Alcolea carga una carpeta repleta de documentación judicial y recortes de periódico que acreditan tanto el calvario que ha sufrido estos años como su victoria contra aquellos mandos de los mossos que la «persiguieron por ser constitucionalista y hablar en castellano en Gerona», cuna del ex president Puigdemont. Una victoria en los tribunales contra los expedientes de castigo impuestos por la División de Asuntos Internos de la Policía autonómica«dirigida por un político del PdCat» y controlada por «la Genestapo», como ella se refiere a la Generalitat.

Estos triunfos en los tribunales no han conseguido aliviarle su dolor por haber sido víctima de una cacería. «De un calvario procedimental», apunta la agente. Es tal su malestar que rechaza para Crónica posar con cualquier atuendo atribuible a un cuerpo del que se avergüenza, insiste ella. «Estoy de baja por depresión y no deseo volver al cuerpo», cuenta la barcelonesa.

El camino de espinas de Inma Alcolea, cabo de los Mossos d'Escuadra, comenzó hace dos años y medio. Licenciada en Derecho, llevaba hasta entonces «21 años con total normalidad» en un cuerpo al que había llegado porque se le atragantó el examen oral de las oposiciones al cuerpo jurídico militar. Se adaptó bien al trabajo de una Policía autonómica donde entonces ningún mosso era perseguido por su ideología y los mandos no estaban al servicio del procés.

Alcolea llevaba una vida tranquila en Gerona hasta que una mañana de enero de 2017 vio cómo su hijo menor de edad aparecía sin pixelar en un artículo de prensa «donde se aseguraba que se buscaba a una mossa que había insultado a Puigdemont en su Facebook». Empezaba la cacería.
Retirada de arma

El 13 de enero le suspenden cautelarmente de empleo y sueldo y se le prohíbe pisar una comisaría. Le retiran la placa y el arma dos meses. Según ella, su madre había escrito en su Facebook la siguiente retahíla de improperios contra el ex president Puigdemont: «Eres un hombre sin oficio ni beneficio. Te puedes morir de hambre. Capullo».

La mosso presentó pruebas que, según ella, acreditaban que ese comentario fue escrito por su progenitora que incluso hizo una declaración jurada ante notario reconociendo su autoría. No fueron tomadas en cuenta. «Posteriormente gracias a un nefasto abogado del sindicato SAP me trasladan desde marzo hasta septiembre de 2017 a 140 kilómetros de distancia de mi domicilio. El 21 de junio se me informa que tengo una propuesta de sanción de siete meses sin empleo ni sueldo», indica.

La mujer se quedó «destrozada» porque la sanción suponía 15.000 euros menos de sueldo. Una cantidad considerable para cualquier economía modesta como la suya. Invadida por la tristeza, se fue en moto a su casa y se topó con una patrulla de mossos. Tenía tanta rabia contra ese cuerpo con mandos politizados que les dijo a tumba abierta «Viva España». Uno de los agentes bajó la ventanilla y respondió: «¿Qué dice señora?». Y Alcolea repitió: «Digo que viva España». Los agentes la identificaron y aquella frase, salida del alma, le costaría «carísima».

El 5 de septiembre le informan desde Asuntos Internos que el plazo para investigar su expediente [por faltar al respeto a Puigdemont] había caducado y que lo reabrían de nuevo aplicándole una tercera medida cautelar: su traslado coactivo a la cárcel de Figueras, a 120 kilómetros de su domicilio, para que «no tuviese contacto con la población civil». El cuerpo de letrados de la Generalitat dictaminó que Alcolea había roto una de las normas del cuerpo: la neutralidad política. Una norma que, a su juicio, sólo aplican a los mossos constitucionalistas y no a los independentistas como Albert Donaire, partidarios de la vía unilateral y de romper la legalidad vigente y que forman parte de la ANC. Mossos que insultan al juez Llarena en las redes sociales o a líderes como Inés Arrimadas. O que, como Donaire, desvelaron los datos personales de Alcolea en las redes poniéndola en la diana separatista. Un hecho por el que Alcolea se ha querellado contra el mosso separatista.

«Hay agravios comparativos. Los mossos independentistas tienen barra libre y gozan de protección para dar sus ideas políticas, no se les abren expedientes, y a los constitucionalistas se nos persigue. En el 1-O en una comisaría de Gerona hubo un inspector que gritó Visca Cataluña. No se le sancionó por falta de neutralidad. Parece ser que decir viva España sí implica falta de neutralidad política cuando yo estaba fuera de servicio y de vacaciones y este señor estaba uniformado», señala la agente.
Expedientes ilegales

En febrero de 2018, Alcolea en una reunión de Sociedad Civil Catalana en Gerona explica al entonces delegado del Gobierno,Enric Millo, las ilegalidades que está cometiendo Asuntos Internos. «Los expedientes que me estaban aplicando eran desproporcionados, arbitrarios e ilegales por la falta de motivación, de temporalidad y de excepcionalidad de las medidas cautelares aplicadas y la imposibilidad de acudir a la vía judicial tras 14 meses metida en un expediente sin que ellos lo resolvieran. Acabé diciendo que en la Generalidad había un golpe de Estado desde dentro de las instituciones catalanas y que se había convertido en una Genestapo porque «era un gobierno violento, castigador, ilegal. Mis jefes en ese momento están procesados y yo digo que son golpistas».

Tampoco esos comentarios le saldrán gratis. «Me sancionan con cinco meses de suspensión de empleo y sueldo cuando a los mossos independentistas no les dicen nada si llaman a los guardias civiles criminales, a Llarena fascista y a Rajoy hijo de puta. Contra mí o contra el mosso Octavi que dijo "La República no existe" sí que actúan», dice.

Tres meses después, Alcolea recibía un nuevo varapalo. El expediente que le abrieron por el insulto a Puigdemont quedó resuelto: siete meses de suspensión de empleo y sueldo y pérdida de plaza fija en Gerona. Para Alcolea fue un mazazo, pero decidió recurrir ante la Justicia los dos expedientes disciplinarios abiertos contra ella. Consigue ganar su batalla en los tribunales que declaran ilegales los 16 meses que le tuvieron inmersa en tres tipos de medidas cautelares. En el caso de la sanción impuesta por llamar a la Generalitat «Genestapo» la jueza delJuzgado Contencioso número siete de Barcelona decidió suspender cautelarmente la ejecución de la sanción a la espera del juicio. «Hasta la fecha, lo he ganado todo», dice la mosso.

-¿Con estas victorias judiciales tiene pensado volver a los mossos?

-No es mi deseo, no me identifico con ese cuerpo, pero si tengo que volver a los mozos para alimentar a mis hijos, lo haré. Quiero irme de Cataluña y sacar a mi familia de aquí.Sólo deseo que desarrollen la Ley de pasarela y nos permitan a los mossos constitucionalistas irnos a la Policía Nacional.

Ahora Asuntos Internos ha decidido expedientar a su pareja «por el hecho de seguir atacándome», manifiesta Alcolea. «Se han basado en una declaración falsa de su superior al que le hemos presentado una querella por falsedad documental», explica la mosso, que seguirá su incansable lucha contra la «Genestapo». «No me voy a rendir».


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Re:Los expedientes disciplinarios. Formas y "formas"
« Respuesta #1974 en: 04 de Junio de 2019, 08:22:28 am »

Anulada la sanción a un guardia civil que se negó a dejar de patrullar para hacer de repartidor

El Tribunal Militar Central estima el recurso de un agente de Cantabria castigado por una falta grave de insubordinación

04/06/19access_time 1:02

La justicia militar ha enmendado la plana al director general de la Guardia Civil y al teniente general jefe del Mando de Operaciones Territoriales que impusieron y ratificaron una sanción a un agente por una falta grave de “falta de subordinación”. La sanción consistió en la pérdida de ocho días de haberes con suspensión de funciones.


El agente recurrió, y en una sentencia reciente el Tribunal Militar Central ha dado la razón al agente, según destacan a Confidencial Digital desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). El Tribunal Militar Central ha anulado la sanción impuesta al guardia civil.

Repartir invitaciones en alerta antiterrorista

Los hechos se remontan a principios de octubre de 2015 y sucedieron en un puesto de la Guardia Civil en Cantabria. Un cabo primero, que ejercía el mando del puesto ante las vacaciones del sargento, ordenó a un guardia civil “que recogiera de la imprenta las invitaciones para la festividad de la Virgen del Pilar, Patrona de la Guardia Civil, así como que dispusiera la confección de los sobres y, posteriormente, el reparto de aquellas entre sus destinatarios”, según consta en la sentencia.

Este guardia avisó por radio a la patrulla en la que se encontraba el guardia civil luego sancionado. Le requirió para que acudiera al puesto, y una vez allí le trasladó el encargo del cabo primero: debía repartir las invitaciones para la fiesta del 12 de octubre. El agente sancionado contestó que él y su compañero de patrulla “las entregarían cuando tuvieran un rato puesto que todavía las quedaban por realizar dos puntos de verificación ordenados en la papeleta de servicio”.

Por esas fechas se había activado en la Zona de la Guardia Civil en Cantabria -como en el resto de España- un Plan de Prevención y Protección Antiterrorista. En virtud de dicho plan, el día de autos el guardia civil sancionado y un compañero recibieron el encargo de prestar un servicio de seguridad ciudadana entre las 06:00 y las 14:00, que suponía vigilancia de núcleos de población, vigilancia de lugares contemplados en el plan antiterrorista, y protección de vehículos y personas en otros puntos de su zona.

El caso es que, pese a la indicación de ese otro guardia que transmitió la orden del cabo primero, el guardia civil sancionado consideró que la realización de los puntos de verificación ordenados en la papeleta de servicio de ese día era un cometido prioritario. Él y su compañero continuaron con su patrulla, efectuaron uno de los dos cometidos y luego recibieron una llamada de centralita para entregar una documentación extraviada.

Al acabar su servicio, a las 14:00, el guardia civil sancionado dejó las invitaciones para el Día de la Virgen del Pilar sobre la mesa del puesto que ocupaba el otro agente que le había comunicado el encargo y su “prioridad”. Este segundo le preguntó al primero cuántas invitaciones había repartido, y el agente en cuestión respondió que ninguna, ya que había recibido un aviso del COS y no les había dado tiempo a ir a entregar las invitaciones.
Varapalo a la Dirección General

Tras una denuncia interna, el teniente general jefe del Mando de Operaciones inició un expediente disciplinario que caducó, y un segundo expediente que finalmente acabó en esa sanción de pérdida de ocho días de haberes con suspensión de funciones. El agente recurrió por vía interna, pero el director general de la Guardia Civil confirmó la sanción.

De ahí que el sancionado decidiera presentar un recurso contencioso disciplinario militar ante el Tribunal Militar Central, alegando que se había vulnerado el principio de legalidad en su vertiente de tipicidad, ya que consideraba que los hechos no podían encajar en la falta de subordinación que contempla el Régimen Disciplinario de la Guardia Civil.

En la sentencia, el Tribunal Militar Central propina un duro varapalo a la Guardia Civil. “Este tribunal no puede compartir en lo más mínimo la manera de ver las cosas de la Administración demandada, mostrándonos, por el contrario, mucho más de acuerdo con el planteamiento del demandante, cuando razona por qué consideró que el cumplimiento de los cometidos ordenados a la patrulla en la papeleta de servicio debía primar frente a esa tarea de reparto que les encomendó el guardia” que actuaba por orden del cabo primero.

Los jueces llegan a reprochar a la Dirección General de la Guardia Civil que realizara (“lo que es más preocupante”) “una ordenación de prioridades notoriamente desenfocada si se tiene en cuenta que la segunda de las reglas esenciales que definen el comportamiento del guardia civil […] es la de que ‘pondrá todo su empeño en preservar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos’, […] siendo dentro de ese preciso ámbito donde se enmarcaba el servicio que la patrulla de la que formaba parte el guardia tenía ordenado prestar”.

Es más, la sentencia señala que el agente tenía ese día, en virtud de esa papeleta de servicio, “unas limitadas facultades que en ningún caso le autorizaban a dejar sin efecto, siquiera parcialmente, una previa orden encomendando la prestación de un servicio nada menos que de seguridad ciudadana, en un momento en que se encontraba activado el nivel 4 de alerta antiterrorista”.
Repartir invitaciones no es prioritario

El Tribunal Militar Central admite que el mando del puesto podía encomendar al guardia civil el cometido de reparto de invitaciones, pero “sólo podría hacerse en la medida en que tal labor no interfiriera en el desempeño de los cometidos propios del servicio de seguridad ciudadana que el guardia tenía encomendando”.

Insiste en que no se puede apreciar que tenga encaje que el reparto de las invitaciones fuera prioritario con respecto a las patrullas y servicios de vigilancia ordenados previamente al agente. “Difícilmente puede sostenerse que el reparto de invitaciones, dejando de prestarse los cometidos propios de un servicio de seguridad ciudadana, respondiera a esos criterios de oportunidad, proporcionalidad y excepcionalidad, como tampoco cabe pensar que en el puesto no se dispusiera de otros medios alternativos para hacer llegar las invitaciones a sus destinatarios”.

Y va más allá, al dejar sentado que el guardia civil hizo lo correcto al decir que repartiría las invitaciones cuando tuviera un rato, y también fue correcta su decisión de hacer caso omiso a la indicación del otro guardia de dejar el servicio de patrulla y dar prioridad a la entrega de las invitaciones: “Nada cabe reprochar al guardia por no haber procedido a dicho reparto”.

Por eso concluye que la sanción impuesta por el Mando de Operaciones Territoriales a este guardia civil adolece de un vicio de nulidad de pleno derecho, al no haberse producido esa “falta de subordinación”. Así que el Tribunal Militar Central estima el recurso del agente sancionado, anula la sanción, y ordena a la Dirección General de la Guardia Civil pagarle con intereses esos ocho días de haberes que le quitó, y eliminar de la hoja de servicios toda la mención a estos hechos.

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Re:Los expedientes disciplinarios. Formas y "formas"
« Respuesta #1975 en: 07 de Junio de 2019, 07:22:44 am »

SIETE AÑOS DESPUÉS
La otra 'guerra' de uniformes: los policías de Emperador pierden contra Asuntos Internos

La Audiencia de Madrid desestima el recurso para reabrir la causa contra los investigadores de los funcionarios que estuvieron cinco años imputados antes de ser absueltos

Roberto R. Ballesteros
RRBallesteros

07/06/2019 05:00

Por debajo de la investigación del caso Emperador, que rastreó a una supuesta mafia china en torno al empresario afincado en Fuenlabrada Gao Ping, ha habido también una 'guerra' entre dos bandos policiales que aún persiste. El propio comisario hoy encarcelado José Villarejo situó —durante su declaración en el caso Nicolay— en la instrucción de Emperador el inicio de su enemistad con el que fuera jefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas y con la Fiscalía Anticorrupción, responsable de que el primero lleve ya casi dos años en prisión preventiva en el marco de la operación Tándem. Villarejo dijo que él recriminó a Martín Blas que investigara a varios policías inocentes y que desde ese momento la relación entre ambos se torció.

Hoy, esos policías son inocentes porque así lo ha dicho la Justicia. Están resarcidos por el Tribunal Supremo, que les absolvió tras pasar cinco años bajo la lupa de la duda que les colocaron Anticorrupción y Asuntos Internos de la Policía Nacional. Tras el cierre de este doloroso —para ellos— capítulo judicial, alguno decidió iniciar una particular 'batalla' por su cuenta. Con base en los errores que el propio juez Fernando Andreu, instructor inicial de la causa, destacó en un auto publicado en agosto de 2015, en el que el magistrado abroncaba a los agentes de Asuntos Internos por haber incurrido en una retahíla de errores durante la investigación contra los —por aquel entonces— nueve policías que estaban imputados, el inspector F. S. F. —hoy ya fuera del cuerpo— interpuso un recurso para tratar de reabrir la causa contra los responsables de las diligencias policiales.

La iniciativa, sin embargo, ha caído en saco roto. La Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado el mencionado recurso del inspector F. S. F. contra el auto del Juzgado 6 de Fuenlabrada, que había rechazado también un escrito previo del mismo funcionario, que acusaba a los agentes de Asuntos Internos de falsificar documentos para encausarlo en el marco del caso Emperador. "La absolución de F. S. F. lo fue por falta de acreditación de los hechos, no por la falsedad de los oficios", argumentó el juzgado de instrucción y ratifica ahora la Audiencia, que también confirma otra de las conclusiones de Fuenlabrada. "Los hechos denunciados en su día están prescritos", zanja el tribunal.

"Tuvieron lugar en mayo de 2011", recuerda. "La sentencia de la Audiencia Nacional es del 16 de diciembre de 2016", añade. Y la reapertura de las diligencias la solicitó el recurrente en julio de 2018, argumenta. Por otro lado, continúa la Audiencia Provincial, el alto tribunal que dictó sentencia en 2016 absolvió a los funcionarios y mencionó el citado auto de agosto de 2015 en el que el juez Andreu descalificó la labor de los agentes de Asuntos Internos y acordó el archivo de la causa (luego reactivada). En ese auto, prosigue la última resolución, destacó asimismo que el procedimiento judicial no podía afectar a la reputación de los policías acusados. Para la Audiencia Provincial, ahora, aquel auto resulta "firme respecto al hoy recurrente", que no necesitaría, por lo tanto, que sean condenados los investigadores para resarcir su imagen.

No opina igual, sin embargo, el propio F. S. F. "Cuando comenzó la investigación, yo ya no estaba en el cuerpo y tenía un futuro prometedor en la empresa privada, donde ejercía como director de seguridad; cuando estalló todo, fui fulminantemente despedido por estar implicado en el caso Emperador y ahora no soy capaz de encontrar trabajo porque no logro quitarme de encima el estigma de policía corrupto", asegura a El Confidencial el que fuera inspector de la Policía Nacional.

Por otra parte, el tribunal madrileño rechaza el recurso no solo porque considere que los hechos estén prescritos sino también porque entiende que el recurso de F. S. F. "no justificó suficientemente la perpetración de delito alguno" y no fue puesto presumiblemente ante el órgano adecuado. "Es evidente que los hechos que se denuncian no tuvieron lugar en Fuenlabrada", justifica la Audiencia Provincial. "Ni los informes emitidos ni los testimonios durante la instrucción en la Audiencia Nacional, donde declararon los agentes de Asuntos Internos ahora denunciados y se recibieron los informes tachados de delictivos por el hoy recurrente", arguye la sala, que no tiene reparo en que F. S. F. denuncie los hechos que considere delictivos "ante el órgano competente", que claramente no es el juzgado de Fuenlabrada.


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Re:Los expedientes disciplinarios. Formas y "formas"
« Respuesta #1976 en: 12 de Junio de 2019, 14:52:19 pm »

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE

Expulsado de la Policía Local de Cádiz por quedarse con el dinero de las multas


 El agente ya había sido condenado en diciembre por la Audiencia Provincial a dos años de prisión

El agente, de espaldas, el día de la conformidad en la Audiencia Provincial.

El agente, de espaldas, el día de la conformidad en la Audiencia Provincial. /
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MELCHOR MATEO
12 Jun 2019 06:00
El agente de la Policía Local de Cádiz que fue condenado por la Audiencia Provincial en diciembre del año pasado por quedarse con el dinero de las multas que ponía a ciudadanos, casi todos ellos extranjeros, ha sido expulsado del Cuerpo tras el expediente que se le había abierto en el Ayuntamiento de Cádiz a raíz de la sentencia.


F.J.R.M. fue condenado a dos años de prisión por malversación de caudales públicos y por infidelidad en la custodia de documentos, así como a una inhabilitación para ejercer el cargo o cualquier empleo público de seis años. En total se apropió de 8.330 euros.

El expediente se le abre porque desde el Ayuntamiento se considera que los hechos son constitutivos de “una falta disciplinaria muy grave”. Ese grado conlleva sanciones que van desde la separación del servicio, es decir, la expulsión definitiva, a otros grados menores que iban desde una suspensión que puede ir desde los tres meses y un día hasta los seis años. En última instancia podría darse el caso de que si el instructor lo considerara oportuno, se diera un traslado forzoso.

El afectado hizo precisamente unas alegaciones en las que pidió que se igualara la inhabilitación del cargo durante seis años para evitar la expulsión definitiva.

Para la graduación de la sanción a imponer, se establecen una serie de criterios que el instructor del expediente tenía que considerar a la hora de dictar una resolución. Estos son la intencionalidad, reincidencias, historia profesional, la incidencia sobre la seguridad ciudadana, la perturbación en el normal funcionamiento de la Administración o de los servicios que le estén encomendados.

En el expediente se deja claro que los hechos cometidos por el agente afectan “a la imagen y la confianza de los ciudadanos en las funciones de la Policía Local y de sus miembros”. Además califica de “gravísima” la afectación que ha tenido este asunto en la seguridad ciudadana y al funcionamiento de los servicios prestados “dado que los hechos objeto de condena han afectado a más de un centenar de ciudadanos”.

A todo ello, le une la existencia de intencionalidad ya que, según lo que aparece en el decreto de resolución del expediente, “se predica tanto del plan de actuación tejido, que se centró sobre supuestos en los que era más difícil la revelación de su conducta, como en la reiteración de los hechos delictivos, que se extienden desde el año 2014 hasta marzo de 2017”.

Por todo ello, se cierra el expediente imponiéndole como sanción la separación del servicio y se deja sin efecto la provisional impuesta por la Audiencia Provincial de inhabilitación de seis años.

Cabe recordar que el autor de los hechos llegó a una conformidad para no tener que entrar en el juicio. El asunto se descubrió cuando uno de los extranjeros que habían sido multados puso un pliego de descargo y se vio que la multa no había sido tramitada. De hecho, el agente cobraba in situ la sanción sin que entregara el recibí. Cuando fue descubierto, en su taquilla tenía incluso boletines de las denuncias que había impuesto.


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Re:Los expedientes disciplinarios. Formas y "formas"
« Respuesta #1977 en: 14 de Junio de 2019, 18:50:35 pm »


Rapapolvo de la Justicia al consejero Buch por la sanción a una mossa constitucionalista



El TSJC reprocha al departamento de Interior que no argumente suficientemente la petición de suspensión de la medida cautelar, que “puede perjudicar a la agente”

MARÍA JESÚS CAÑIZARES
   
13.06.2019 17:39 h.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) reprocha a la Consejería de Interior que insista en rechazar la suspensión cautelar de una sanción impuesta a una cabo de los Mossos d’Esquadra sin argumentos suficientes. En una sentencia, a la que ha tenido acceso Crónica Global, los jueces avisan de que la sanción puede perjudicar a la agente y afea al departamento que defienda su posición con hechos posteriores a los analizados que no fueron objeto de expediente.


La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJC acepta el recurso presentado por la cabo Inmaculada Alcolea contra la resolución del Juzgado Contencioso número 15 y acepta la suspensión cautelar de la sanción impuesta por la Consejería de Interior. Alcolea, quien ha tildado a la cúpula de los Mossos de Genestapo y ha denunciado en repetidas ocasiones la politización existente en el cuerpo, tiene tres expedientes abiertos. Uno de ellos, al que va referido la sentencia, se refiere a una sanción de siete meses de suspensión de funciones, empleo y sueldo.

"Puede afectar a la vida personal y profesional de la cabo"
La Sala avala la suspensión de la medida cautelar, a la espera de sentencia “puesto que ante un tema que puede afectar tanto a la vida personal y profesional de la cabo, la administración no aporta ningún argumento que haga pensar que el hecho de que la cabo de los Mossos no sea suspendida pueda originar graves consecuencias para la sociedad”.


Insiste el tribunal que la Consejería de Interior “para decidir la aplicación inmediata de una sanción (no firme) que puede perjudicar a una persona perteneciente a un cuerpo que desarrolla una función de alto grado de interés público, debe motivar de forma mucho más potente el porqué de dicha suspensión inmediata. No olvidemos que además podrían ser adoptadas medidas de carácter más garantista con la cabo y más acordes la suspensión de la policía afectada con la seguridad pública de la ciudadanía. y no limitarse a aplicar medidas, no de carácter protector, sino directamente punitivo cuando está pendiente el procedimiento judicial que debe de decidir en relación a la adecuación a derecho o no de las sanciones”.


El tribunal “no aprecia riesgo de destrucción de pruebas, fuga del investigado o reiteración de la infracción”.

Alegó la Generalitat que era necesario modular la adopción de la medida cautelar de suspensión de la sanción porque, con posterioridad a los hechos, la mossa firmó dos resoluciones con la frase "Viva España”, algo que, según el TSJC, no debe tenerse en cuenta pues la afectada ya estaba en situación de incapacidad transitoria y no fueron objeto de expediente alguno.

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Re:Los expedientes disciplinarios. Formas y "formas"
« Respuesta #1978 en: 18 de Junio de 2019, 10:09:38 am »


Asuntos Internos investiga a dos 'mossos' por desalojar a diputadas de la CUP


Maria Sirvent y Natàlia Sánchez exigieron explicaciones tras ser apartadas de una protesta en Barcelona contra el autobús de la organización ultracatólica HazteOír.



18/06/2019 02:05
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El Departament d'Interior sigue mirando con lupa cualquier actuación de los Mossos d'Esquadra que pueda generar malestar en el independentismo. Sucedió cuando el president, Quim Torra, cuestionó al cuerpo tras las cargas policiales contra CDR en Girona. Se repitió con el agente antidisturbios que en diciembre pasado dijo a un manifestante «la República no existe, idiota» y para quien estudiaron sanciones. Ahora la División de Asuntos Internos (DAI) ha citado a otros dos agentes de la Brigada Móvil (Brimo) para que den explicaciones por desalojar a dos diputadas de la CUP en una protesta en Barcelona, el pasado marzo.


Según han confirmado fuentes policiales, los dos agentes fueron citados por la DAI hace semanas y se les ha abierto una investigación interna -conocida técnicamente como Investigación Reservada (IR)-, tras la que se les aplicará alguna sanción disciplinaria, si se considera que actuaron de manera irregular. Consultados por este diario, los Mossos eludieron hacer comentarios o confirmar la existencia del proceso contra los agentes al tratarse de un asunto interno.

La actuación policial por la que fueron citados los agentes se produjo el 4 de marzo. El colectivo de la izquierda independentista Arran organizó esa mañana un boicot contra el autobús con el que la organización ultracatólica HazteOír pretendía circular por Barcelona para difundir propaganda antifeminista. Una veintena de activistas lograron su objetivo y frenaron el vehículo en la Diagonal, lanzaron bolas de pintura contra las lunas y arrancaron parte de los carteles, incluido el retrato de Adolf Hitler impreso junto al término «feminazis». Varios manifestantes se sentaron también frente al vehículo y cortaron el tráfico para evitar que avanzara. Entre ellos estaban las diputadas de la CUP Natàlia Sánchez y Maria Sirvent.

Como el resto de activistas, ambas fueron apartadas de la calzada por agentes antidisturbios. Las levantaron a la fuerza del suelo y evitaron que volvieran a interrumpir el tráfico. Como quedó recogido por los medios de comunicación, la situación se resolvió con algún forcejeo entre los agentes y las diputadas, las cuales ofrecieron resistencia pacífica hasta que el autobús dio la vuelta y salió de la ciudad por la misma Diagonal.


Las dos diputadas protestaron poco después por lo que consideraron un «trato violento» por parte de los agentes y el presidente del Parlament, Roger Torrent, exigió al conseller Miquel Buch que investigara la actuación. En su primera reacción, Buch salió en defensa de los Mossos. Tres meses después, no obstante, los dos policías han sido citados ante la DAI.

La apertura de otra investigación interna eleva la presión sobre los Mossos y, sobre todo, la Brimo, cuestionada en reiteradas ocasiones por el propio Torra, quien llegó a pedir destituciones en la cadena de mando tras las cargas contra los CDR. Según denuncia el portavoz del sindicato Fepol, Toni Castejón, «es una vergüenza que por una actuación impoluta intervenga la DAI, cuando si alguien actuó mal fueron las diputadas» y lamenta que se eleve «la campaña de acoso» sobre la Brimo,

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Re:Los expedientes disciplinarios. Formas y "formas"
« Respuesta #1979 en: 24 de Junio de 2019, 10:19:10 am »
Antiguo comisario del Cuerpo Nacional de Policía

El director de Seguridad del BdE dimite tras ser suspendido de empleo y sueldo


Rafael Gassó fue sancionado de manera cautelar hace poco más de un mes  como consecuencia de un expediente interno de carácter clasificado.

JOSÉ ANTONIO NAVAS
Lunes, 24 Junio 2019, 04:30

Aunque solo sea por aquello de que al perro flaco todo son pulgas, lo cierto es que las tensiones en el seno del Banco de España no terminan de despejarse. El conflicto soterrado durante años con los inspectores se convirtió en una espada de Damocles para la credibilidad del supervisor con motivo de la crisis financiera y, sobre todo, a raíz del escándalo de Bankia, que todavía se está sustanciando en los tribunales de justicia. Ahora, y como otro de esos grandes asuntos clasificados sobre los que nadie quiere pronunciarse, este diario ha confirmado que el director del Servicio de Seguridad, Rafael Gassó Peralta, acaba de abandonar su cargo después de que la entidad le abriera un expediente sancionador que se saldó con una suspensión cautelar de empleo y sueldo.


​Fuentes del propio Banco de España han reconocido que el hasta ahora guardián de la caja fuerte de todos los españoles formalizó hace unos días su dimisión ante la Dirección General de Servicios que dirige Alejando Álvarez, de la que depende el área de Seguridad. El organismo regulador no ha querido adentrarse en más detalles invocando el carácter clasificado del procedimiento. No obstante, este periódico ha constatado que la renuncia se ha producido tras una investigación interna llevada a cabo por la unidad de compliance del Banco de España y que el hasta ahora jefe de Seguridad llevaba un tiempo apartado de sus funciones.

Elena Sánchez, actual responsable de seguridad del Santander
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Los motivos que dieron lugar al expediente sancionador no han sido esclarecidos y la dimisión del propio directivo afectado ha contribuido a correr un tupido velo sobre el desarrollo de unos acontecimientos que están dando lugar a todo tipo de conjeturas. En todo caso, las investigaciones se han desarrollado dentro del más estricto carácter interno por lo que se supone que estaban relacionadas con supuestas faltas o irregularidades contrarias al reglamento de conducta del propio Banco de España, sin que exista ninguna trascendencia judicial en un procedimiento que, dentro de la entidad que dirige Pablo Hérnandez de Cos, se considera totalmente cerrado.

La sanción cautelar que derivó en la suspensión inicial de empleo y sueldo de Rafael Gassó sí ha tenido, por el contrario, su lógica repercusión en medios policiales, dada la vinculación directa del Servicio de Seguridad del Banco de España con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tanto con la Guardia Civil como con el Cuerpo Nacional de Policía donde el  propio afectado llevó a cabo la mayor parte de su dilatada carrera profesional. No en vano, se trata de un departamento que mantiene múltiples relaciones funcionales con distintos organismos de la Administración del Estado, actuando también de enlace permanente con la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior.

El inexpugnable Caserón de Cibeles

Rafael Gassó se incorporó al organismo supervisor a mediados de 2014 después de más de treinta años como funcionario de policía ejerciendo su labor en distintas comisarías de Madrid y Barcelona. Finalmente, y tras cinco años de agregado en la Embajada de España en Holanda fue designado comisario jefe de Maspalomas en enero de 2013. Desde su incorporación al Banco de España la institución ha ido adaptando niveles cada vez más sofisticados de seguridad mediante la implantación de recursos técnicos y humanos que, a día de hoy, han hecho del viejo Caserón de Cibeles uno de los edificios más inexpugnables de toda España.

Durante los cinco años que ha permanecido al frente del Servicio de Seguridad del Banco de España, Gassó puso en marcha el Sistema de Protección de Infraestructuras Críticas (PIC) en España. La normativa PIC establece la colaboración estrecha entre los operadores del mercado y el sector público así como la implementación de detallados análisis de riesgo y planes de acción. El dimisionario director del Banco de España señaló en su momento que la puesta en marcha de estos protocolos y normativas fue relativamente sencilla gracias al alto grado de madurez del sector financiero en materia de seguridad.   


Los máximos responsables del organismo regulador han aceptado inmediatamente la renuncia del comisario y a partir de ahora analizarán la solución más conveniente para el departamento. En principio, la crisis provocada por la dimisión de Gassó no ha generado mayores contratiempos, entre otras razones por la propia suspensión de funciones en las que estaba incurso el ya ex jefe de Seguridad. El Banco de España prefiere enfriar el asunto antes de nombrar un primer ejecutivo al frente de un área funcional que tiene un carácter transversal pero que no forma parte del primer nivel de dirección dentro del organigrama operativo de la institución.