Los expedientes disciplinarios. Formas y "formas"

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Sancionan a un sargento de la Guardia Civil que orinó en la cuneta después de multar a un hombre por hacer lo mismo



EFE NOTICIA 20.07.2021 - 14:17h
Es "una falta de respeto hacia el ciudadano", ha dicho el Tribunal Supremo
Imagen de archivo de la Guardia Civil Imagen de archivo de la Guardia CivilEuropa Press

El Tribunal Supremo considera correcta la sanción impuesta a un sargento de la Guardia Civil que multó a un conductor que orinaba en una cuneta y que después hizo lo mismo: "No puede estimarse más que como una desconsideración al ciudadano".

La Sala de lo Militar del alto tribunal ha resuelto esta peculiar situación en la que se vieron envueltos una pareja de guardias de tráfico y un conductor en una carretera de Extremadura en septiembre del año pasado. Todo comenzó cuando los dos guardias civiles vieron un coche aparcado en el arcén del carril de incorporación a la autovía y observaron a una persona miccionando cerca el vehículo.

Cuando se acercaron, el conductor les dijo que había parado un par de minutos para orinar y la pareja le comunicó que le iban a denunciar: había creado una situación de peligro al dejar el coche en el arcén sin ningún tipo de señalización y "sin causa suficiente que justificase la emergencia, máxime, cuando doscientos metros más atrás había un área de servicio en la que podía haber parado".

El guardia civil cometió la misma infracción que el conductor
Tras cobrar la multa y emitir un justificante, el sargento le dijo al compañero que se iba a ausentar, bajó por la cuneta y "alejado unos metros del lugar de los hechos tras de unos matorrales, se puso a orinar". El conductor sancionado seguía ahí y se quejó. Con razón, según el Supremo.

El sargento fue castigado con la pérdida de dos días de haberes con suspensión de funciones como autor de una falta leve prevista en el Régimen Disciplinario de la Guardia Civil, que sanciona "la desobediencia o incorrección con los superiores, compañeros, subordinados o ciudadanos en el ejercicio de las funciones".

El sargento ha llegado hasta el supremo
El guardia, disconforme, ha llegado hasta el Supremo, pero este tribunal ha confirmado la sanción que se le impuso: "no hay duda que sancionar al conductor por un hecho, ir a miccionar, que el mismo realiza a su presencia, bajando por la cuneta y alejándose unos metros, no puede estimarse más que como una desconsideración hacia el ciudadano".

"Desde luego, no es considerado denunciarle por un hecho y recriminarle por no haber ido a la cercana área de servicio, y luego realizar él el mismo hecho", insisten los magistrados, convencidos de que se trata de "una falta de respeto hacia el ciudadano, sin perjuicio de su calificación de leve"

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Paiporta toma medidas tras la polémica actuación de la Policía Local con víctimas de violencia de género

    La alcaldesa asegura que el consistorio está en contacto con las denunciantes y se remite a los expedientes de información reservada inseridos a los agentes
    — "Cuando el policía me acompañó a casa, intentó besarme": guerra en la Policía Local de Paiporta por actuaciones deplorables en violencia de género

Lucas Marco
21 de julio de 2021 00:03h

@lucas_marco

Las deplorables actuaciones de ciertos agentes de la Policía Local de Paiporta con víctimas de violencia de género ha obligado al consistorio a condenar los hechos y a tomar medidas. Una jornada sobre violencia de género afloró ciertos comportamientos que podrían constituir incluso presuntos delitos por parte de varios agentes que cuestionaron las denuncias de las víctimas e incluso que habrían intentado besar a una mujer que había denunciado a su agresor al acompañarla a casa, tal como ha informado elDiario.es.

Además, la agente que se encarga de los casos de violencia de género en el cuerpo de policía municipal ha sufrido comentarios machistas por parte de un oficial, al que se le ha abierto un expediente informativo. Precisamente es la misma uniformada que, durante las jornadas sobre violencia de género, confirmó en voz alta que las denuncias de las víctimas sobre la mala praxis de algunos agentes con las víctimas de la violencia machista eran ciertas (manifestó que "el jefe es conocedor desde hace tiempo de todo esto").

La primera edil de Paiporta, la socialista Maribel Albalat, ha asegurado en declaraciones a este diario que el ayuntamiento no va a "tolerar actitudes machistas". "Se han iniciado los procedimientos administrativos correspondientes y hay varios expedientes de información reservada en marcha. El ayuntamiento y este equipo de Gobierno desde que tuvo conocimiento inició los cauces para resolver este tema y en ello estamos", añade la alcaldesa. "Prefiero no informar porque en los expedientes hay información sensible y confío en lo que resuelva el instructor de cada caso", señala Albalat.

La alcaldesa asegura que el consistorio ha atendido a las víctimas de violencia de género que denunciaron las indecorosas actuaciones de los agentes. "Se contactó con ellas, algunas están en grupos que también iniciamos en esta legislatura de apoyo a mujeres víctimas de violencia machista o de acosos sexual. "Me consta que tanto la psicóloga municipal como la policía han estado en contacto con ellas y, a partir de ahí, han iniciado los procedimientos que han considerado convenientes y se les ha dado asesoramiento", explica Albalat.

La primera edil socialista destaca que desde 2015, cuando Compromís y el PSPV-PSOE arrebataron la alcaldía al PP, el consistorio ha "implantado una política con perspectiva de género e igualdad". El primer plan interno "con medidas de corrección para garantizar igualdad de derechos y oportunidades" se inició en 2016 e incluye formación en igualdad y, específicamente, en materia de violencia de género para toda la plantilla municipal, "incluida la Policía Local", apostilla Albalat, quien destaca que fue precisamente en unas jornadas organizadas por el consistorio en las que "empezaron a aflorar circunstancias del pasado". "Esto aflora cuando empezamos a trabajar estos temas y cuando se hacen evidentes se inician los procedimientos adecuados", agrega.

La alcaldesa, recién aterrizada en el puesto tras la etapa de Isabel Martín, de Compromís, incide en que ha dado prioridad al polémico asunto, que ha corrido como la pólvora en grupos de WhatsApp de vecinos y agentes de la Policía Local. "Quiero estudiar bien este tema, es mi intención resolverlo y a ello me voy a dedicar", afirma Albalat.

Esther Coronado, concejal de Igualdad, declara que "lo que ha trascendido pone en evidencia que el curso de violencia de género dirigido a la Policía Local y organizado desde el área de Igualdad del ayuntamiento era muy necesario". "Hace poco hemos revisado los protocolos de coordinación entre la Policía Local y los servicios sociales para la atención de las víctimas de violencia de género pero también hay que continuar incidiendo en la formación y la sensibilización", explica Coronado, de Compromís.

La regidora ha tildado los comentarios hacia la responsable de violencia de género de la Policía Local de "machismo". "Juzgar la indumentaria de una compañera, cosificarla y hacer alusiones sexuales a su cuerpo, y además en un ámbito mayoritariamente masculinizado, es inaceptable", afirma Coronado, quien especifica que el comentario del oficial  J. M. P. G. —"No se puede estar por la central policial con mallitas marcando el culito, aquí está lleno de hombres"— lo hace un superior a la única mujer del cuerpo municipal que había en esos momentos.

"La agente afectada cuenta con todo el apoyo de la Concejalía de Igualdad ante una situación de acoso que atenta contra su integridad como persona y su dignidad como mujer", destaca la edil de Compromís, quien ha elogiado el "trabajo exquisito" de la uniformada atendiendo a víctimas de violencia machista. Coronado también ha anunciado que en breve se aprobará un protocolo contra el acoso sexual en el ámbito laboral.
Los sindicatos guardan silencio

Los sindicatos UGT y CCOO, consultados por este diario, han preferido guardar silencio. UGT se ha remitido al escrito conjunto, firmado también por CSIF y el SPPLB, en el que atacaban tanto a la funcionaria que había recogido los testimonios de las víctimas de violencia de género como a la agente de policía que los refrendó a viva voz durante las jornadas.

Un portavoz del sindicato CCOO del País Valenciano reconoce que se trata de una "tema bastante delicado" y declina hacer declaraciones a la espera de de que se diriman las responsabilidades de los agentes durante la instrucción de los expedientes disciplinarios. "Somos contrarios a cualquier tipo de expresión machista y lo rechazamos", agrega.

En la Policía Local de Paiporta hay una auténtica guerra contra el actual intendente por los expedientes informativos abiertos a algunos uniformados. En ese contexto, varios agentes jubilados se manifestaron pidiendo la cabeza del intendente ("vete a tu pueblo", rezaba una pancarta). La oposición se ha metido de lleno en esta batalla.

El portavoz del PP, Vicent Ibor, lamentó en un pleno que en las jornadas sobre violencia de género "se dijo alguna cosa que es muy grave", en alusión a las actuaciones de ciertos agentes. Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Francisco Estellés, pidió aclaraciones "sobre las acusaciones vertidas hacia nuestra policía local por parte de la monitora en un curso sobre violencia de género". "Desde nuestro grupo apoyamos el trabajo de nuestra policía local y defendemos su honorabilidad y compromiso con la ciudadanía", aseguró en
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Sin libertad de expresión

Multado un guardia civil por decir a un superior que era el peor director en años


El mando le respondió que le daba igual lo que su asociación opinara de él y al día siguiente le abrió un parte disciplinario

EFE

31 de julio del 2021. 10:20

"Consideramos que es usted el peor director del sector de los últimos años". Esta frase, pronunciada por un guardia civil en una reunión con un superior, no está amparada por la libertad de expresión, según el Tribunal Supremo, que ha confirmado la sanción que se impuso al agente por una falta leve.


En una sentencia dictada este mes de julio, la Sala de lo Militar del alto tribunal ratifica la sanción de pérdida de tres días de haberes con suspensión de funciones por infringir el Régimen Disciplinario de la Guardia Civil, que recoge como falta leve "la desconsideración o incorrección con los superiores en el ejercicio de las funciones, con ocasión de ellas o vistiendo uniforme".

La reunión, que tuvo lugar en 2018, era el encuentro semestral del jefe del sector con las diversas asociaciones profesionales del instituto armado.

Acudieron nueve representantes y, en nombre de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), lo hizo en guardia ahora sancionado, quien en su turno de palabra dijo, "en un tono de voz normal", según se recoge en la sentencia: "Consideramos que es usted el peor director del Sector de los últimos años".


La respuesta
El mando le respondió que le daba igual lo que su asociación opinara de él y al día siguiente le abrió un parte disciplinario.

En su recurso ante el Supremo, el guardia defendió que su frase debía considerarse amparada en su derecho a la libertad de expresión, máxime cuando participaba en la reunión representando a su asociación.

Pero el alto tribunal ratifica que se trata de una falta leve y, de hecho, señala que ha sido "benévolamente" sancionado.


Palabras "ofensivas y humillantes"

"La acción del recurrente constituye una palmaria desconsideración y falta de respeto a cualquier compañero, y de modo aún mas relevante, a un superior jerárquico", apuntan los magistrados.

La ley orgánica que regula los derechos y deberes de la Guardia Civil, recuerda el Tribunal, reconoce el derecho a la libertad de expresión de los agentes, pero precisa que "en asuntos de servicio o relacionados con la Institución" ese derecho está sujeto a los límites que marca la disciplina y al deber de neutralidad política y sindical y de reserva.


Las normas que rigen el cuerpo, se explica en la sentencia, buscan impedir conductas que dañen la disciplina, la cohesión y el compañerismo.

En opinión el Supremo, las palabras del sancionado "resultan claramente ofensivas y humillantes al poner en entredicho la capacidad profesional" de un superior y, desde el punto de vista subjetivo, buscaban "menoscabar la consideración, buen nombre y prestigio" del mismo

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El TS baja la sanción a una guardia civil que se enfrentó a sus mandos por proteger a una maltratada


La Sala de lo Militar reprocha a la agente que acudiera a la prensa para denunciarlo, pero ve excesiva la suspensión de dos meses que se le impuso.
16 agosto, 2021 01:15


 CHIPIONA EXPEDIENTE SANCIONADOR GUARDIA CIVIL MALOS TRATOS TRIBUNAL SUPREMO VIOLENCIA DE GÉNERO
 
 
María Peral  @Maria_peral
La Sala de lo Militar del Supremo ha dado la razón en parte a la guardia civil Luisa María Flores, a la que el general jefe de la 4ª Zona de Andalucía sancionó con dos meses de suspensión de empleo y sueldo por haber acudido a los medios de comunicación a denunciar un enfrentamiento con sus mandos por la situación de una víctima de violencia de género. El alto tribunal ha estimado parcialmente el recurso de la agente y ha rebajado la sanción a la mitad.

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La sentencia del Supremo no es benévola con Flores, a la que reprocha su falta de "prudencia y mesura" en sus declaraciones a la prensa. Pero también considera que, "a la vista de las circunstancias" que concurrieron, fue castigada de forma excesiva.


Flores fue objeto de un expediente disciplinario después de que, sin autorización ni conocimiento de sus jefes, se dirigiera a varios medios de comunicación, entre ellos EL ESPAÑOL, denunciando que "era objeto de acoso laboral por parte de sus superiores y compañeros a raíz de haberse negado a reducir la vigilancia a una víctima de violencia de género".

La guardia civil se quejó de que sus superiores no le proporcionaran a ella misma protección frente a amenazas recibidas del entorno de la expareja de la víctima. También denunció que estaban tratando de achacarle problemas psicológicos o psiquiátricos para retirarle el arma reglamentaria y provocar su baja para el servicio.


Según ella, todo empezó cuando una joven acudió a denunciar amenazas de muerte de su expareja, que ya tenía una orden de alejamiento. Flores valoró como extremo el riesgo para la mujer y pidió una patrulla de vigilancia para protegerla, pero sus mandos -sostuvo- le pidieron que bajara el nivel de riesgo "porque ese día no había patrullas". Ella se negó y le dijo a su superior que, si quería una evaluación inferior del riesgo, la hiciera él. 


Unos días después, según Flores, el comandante del puesto le dijo que si no cogía la baja voluntaria tendrían que dársela ellos. Se activó el protocolo de conductas anómalas, se le pidió que entregara el arma y fue sometida a exámenes médicos y psicológicos.

Paralelamente se investigó lo que ella denunció en la prensa. La sentencia del Tribunal Militar Central (TMC), que confirmó la suspensión de la guardia civil durante dos meses, afirma escuetamente que "las averiguaciones practicadas no han detectado las actuaciones irregulares expresadas por la guardia Flores".

Libertad de expresión
En el recurso contra la sentencia del TMC, la defensa de la agente sostuvo que había sido indebidamente expedientada porque el tipo disciplinario consiste en "hacer reclamaciones o peticiones con publicidad o a través de los medios de comunicación social" y ella no había hecho ninguna petición.

Alegó, además, que la protege su derecho a la libertad de expresión. A su juicio, si bien es cierto que el ejercicio de este derecho fundamental "debe modularse a los miembros del cuerpo de la Guardia Civil, no puede hacerse una interpretación del mismo que lo deje sin contenido".

El Tribunal Supremo, sin embargo, comparte las apreciaciones del Tribunal Militar Central, que señaló que "no es el contenido de las reclamaciones [que denotan sus manifestaciones a la prensa] sino la forma en que se realizaron, a través de los medios de comunicación, lo que excede del legítimo ejercicio del derecho a la libertad de expresión y le está prohibido al guardia civil. Las reclamaciones y peticiones del guardia civil son perfectamente legítimas siempre que se formulen en términos acordes con la disciplina -que por otra parte no excluye la firmeza en su planteamiento-, individualmente y por los cauces reglados".

La Sala de lo Militar indica que "en ningún caso" las declaraciones de Flores a la prensa estaban amparadas por la libertad de expresión porque algunas de ellas fueron "irrespetuosas o descalificativas, constituyendo una crítica desmesurada a las actuaciones de sus mandos, llegando incluso a hacer imputaciones, de una forma gratuita sin base ni fundamento alguno, que pudieran estar incursas en infracciones disciplinarias militares graves o, incluso, ilícitos penales: 'el fin último es echarla de la Guardia Civil','se falsifican informes, se cambian diagnósticos', 'en mis diez años de ejercicio profesional me he llevado bien con compañeros honrados, pero me da vergüenza ver a borrachos, a porreros, a cocainómanos o narcotraficantes vistiendo el uniforme'".

Falta de proporcionalidad
No obstante, la Sala de lo Militar, en una sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Ricardo Cuesta, acoge la alegación de la defensa sobre la falta de proporcionalidad de la sanción impuesta a la guardia civil.

Explica, a este respecto, que "esta Sala, a la vista de las circunstancias que rodearon lo manifestado por la recurrente a los medios de comunicación y que la condujeron a denunciar la situación por la que estaba pasando (no sólo la falta de mayor protección a una víctima de violencia de género sino que ella misma era objeto de acoso por parte del entorno de la persona que tenía encargo de proteger, considerar que debía dársele más protección a la víctima, que se había activado para la recurrente el protocolo sobre conductas anómalas por su actuación, lo que conllevó el que causase baja para el servicio con las consecuencias que ello acarreaba, así como [sus manifestaciones de] que amaba a la Guardia Civil, siendo un honor vestir su uniforme) considera que son circunstancias que también deben ser tenidas en cuenta".

Por ello, ve "más ajustada" la sanción de un mes de suspensión de empleo, "considerando en todo caso que no sólo ha sido inapropiado acudir a los medios de comunicación, al existir otras vías para en su caso obtener satisfacción a un situación que se consideraba injusta, sino que también lo llevó a cabo de una forma desmesurada".

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Calp expedienta a dos policías locales por informar de una fiesta privada ilegal con "personas muy conocidas


El área municipal de Recursos Humanos cree que ambos agentes pudieron incurrir en "violación de secreto profesional" tras las publicaciones en prensa·sobre una celebración en un antiguo pub que se saldó con 19 sancionados durante un fin de semana de abril
La fiesta se prolongó durante diez horas, violó el toque de queda y otras medidas anticovid y los agentes tuvieron que esperar en el exterior hasta que pudieron entrar por otro acceso a la discoteca

Prácticamente desde que comenzó la pandemia, ayuntamientos de la Marina Alta de todos los colores políticos han ido informando a los medios de comunicación de las distintas actuaciones que realizaban sus policías locales para hacer cumplir las restricciones frente al coronavirus. El de Dénia ofrece cada día el parte policial de la jornada anterior; y, aunque de forma más intermitente, también difunden las actuaciones de sus agentes los consistorios de Xàbia, Teulada Moraira, o Benissa.

Eso se ha hecho por dos motivos: sobre todo al principio de la epidemia, para ejemplificar qué comportamientos estaban prohibidos por las distintas normativas; y ya durante este verano, para plasmar la fenomenal carga de trabajo a la que han tenido que hacer frente las diversas plantillas sobre todo en los núcleos turísticos, con una ocupación muy elevada.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Calp, gestionado por PP y Ciudadanos, parece haber optado por una línea bien diferente. Su departamento de Recursos Humanos ha notificado un decreto en el que abre expediente de información reservada –de carácter disciplinario- a dos de sus agentes locales “por la posible violación de secreto profesional, ante las publicaciones en prensa de una serie de hechos relativos a una intervención policial del 18 de abril de 2021”.

Es decir, que los dos policías han sido expedientados por, presuntamente, haber enviado información a los medios de comunicación sobre una operación para sancionar comportamientos que violaban las restricciones de la normativa anticovid; en concreto, y según ha podido saber este diario, sobre una que en su día ya provocó honda conmoción: una fiesta privada ilegal que se estaba llevando a cabo en las instalaciones de una discoteca en aquel momento cerrada al público y que fue desmantelada por la Policía Local y también la Guardia Civil. Los agentes propusieron sanciones para 19 personas por incumplir distintas medidas contra el virus, entre las que se encontraba la violación del toque de queda que entonces, como ahora, se encontraba vigente en el municipio.

Apagar la música, aguardar en silencio

La operación tuvo casi tintes berlangianos: la Policía Local recibió en la noche del sábado 17 de abril la llamada de numerosos vecinos de la calle Joan Garay -paralela a la avenida Gabriel Miró- que alertaban del ruido que se estaba produciendo en el interior del antiguo pub coincidiendo con la celebración de final de la Copa del Rey de fútbol. Los residentes también oyeron cómo la verja se abría en diversas ocasiones para dejar entrar a numerosas personas. Al percatarse de que habían llegado los agentes, los participantes de la fiesta  apagaron la música, guardaron silencio y  se negaron a abrir las puertas del establecimiento... durante diez horas.

Eso obligó a la Policía Local y a la Guardia Civil a habilitar un operativo de espera, desde las 22 horas del sábado (que entonces era cuando arrancaba el toque de queda) hasta las 8 horas de la madrugada del domingo ya 18 de abril, momento en el que agentes pudieron entrar en la vieja discoteca por un pasillo interior del edificio desde una cafetería ubicada en Gabriel Miró. Entre los 19 jóvenes había una menor y testigos presenciales informaron de que algunos de ellos pertenecían a familias muy relevantes de la población, de distintos ámbitos sociales e incluso políticos.

Pero ahora el ayuntamiento calpino cree que al menos dos de esos agentes podrían haber obrado de forma incorrecta por, presuntamente, dar detalles de la celebración en la que había "personas muy conocidas", según aseguraron aquellos testigos.

Los 9.000 datos privados que no tuvieron sanción
Los expedientes se han abierto pese a que en tantas otras poblaciones esas informaciones no sólo son normales sino que se han impulsado desde las distintas concejalías de Seguridad Ciudadana. En parte, como ya se ha dicho, para plasmar la gran carga de trabajo que sufren los agentes, algo que en Calp tampoco es ninguna excepción: se trata también de una plantilla infradotada que ha de afrontar muchos servicios en plena temporada turística.

En otras ocasiones, el Ayuntamiento de Calp no se ha tomado tan en serio la protección de información reservada. Baste recordar que en septiembre de 2018 un error en la web municipal provocó la publicación de datos privados de 9.000 vecinas y vecinos sin que en esa ocasión el consistorio abriera ningún expediente sancionador a los responsables políticos o técnicos de aquella fuga de información.

[Heracles_Pontor]

Y quienes eran esas personas tan conocidas?

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Un juez rebaja a 10 días la sanción para el policía local de Rivas que denunció la mala gestión de la pandemia

El Ayuntamiento avanza la intención de recurrir la sentencia y destaca que el fallo reconoce que el oficial cometió una falta “grave”


Clara Angela Brascia
Madrid - 22 sept 2021 - 07:45 CEST

El juez del juzgado del Contenciosos Administrativo número 7 de Madrid ha rebajado a 10 días la suspensión de empleo y sueldo para el oficial de Policía Local Arturo Ojer, que en marzo de 2020 envió por error un correo a toda la plantilla de la policía local y a los trabajadores municipales en el que denunciaba la mala gestión de la pandemia en Rivas-Vaciamadrid. El jefe de policía del Ayuntamiento había propuesto para él una sanción de tres años y cuatro meses de suspensión de empleo y sueldo. Finalmente, la sanción es tremendamente menor. Así lo recoge la sentencia y lo ha anunciado en un comunicado el sindicato de la Policía Municipal de Rivas, que además pide la dimisión inmediata del jefe de la Policía Municipal o que el Ayuntamiento lo destituya. El Gobierno local avanza la intención de recurrir la sentencia y destaca que el fallo reconoce que el oficial cometió una falta “grave”.

Dos días antes de decretarse el estado de alarma en marzo de 2020, los policías locales de Rivas tenían la orden de no utilizar las mascarillas en servicio, según escribió Ojer en el mail que llegó a más de 700 trabajadores del Ayuntamiento. En el mismo correo, denunciaba que el gabinete de crisis de la Policía Local no tomase en serio la solicitud por parte de los policías de equipos de protección individual y las precarias condiciones de los hospitales de la ciudad, al borde del colapso. “Seguramente es un escrito que pueda llevar alguna medida disciplinaria, pero sinceramente, la vida de los policías, funcionarios municipales y vecinos está por encima de siglas, políticos, y cargos y cargas municipales”, terminaba Ojer.

Como consecuencia de este correo, el concejal delegado de Organización y Función Pública del Ayuntamiento de Rivas abrió un expediente disciplinario contra el oficial, en el que pedía para Ojer la suspensión de empleo y sueldo. La resolución del alcalde del Ayuntamiento de Rivas se hizo efectiva en noviembre de 2020. Un mes después, Ojer empezó a cumplir la medida de suspensión, hasta reincorporarse el 8 de febrero de 2021 — tras haber cumplido 55 días de sanción — cuando la medida fue interrumpida cautelarmente tras el recurso presentado por el oficial. Sergio Cano, portavoz del sindicato de policía, afirma que Ojer “siente persecuciones hacia él” por parte de su jefe, y que está valorando con su abogado la posibilidad de solicitar daños y prejuicios al Ayuntamiento.

Según el Ayuntamiento, el reglamento de Policía Local de Rivas, que se rige por el de la nacional, establece que Ojer cometió una falta grave de insubordinación; una segunda falta grave por desconsideración a sus superiores y subordinados; otra por utilizar sin autorización los recursos inherentes a la función policial (el correo electrónico) y una cuarta por emitir informes sobre asuntos que, aunque verdaderos, con términos ambiguos y confusos causan un perjuicio en los ciudadanos o la administración. Por último, una quinta falta, por no formular las críticas por el cauce reglamentario.

El sindicato califica la sanción de “absoluto despropósito”, y considera el trato hacia Ojer “un atropello y una persecución” que ha ensuciado “su imagen y con ella, la de todo el cuerpo de policía de Rivas Vaciamadrid”. “En el correo se pudo poner alguna palabra fuera del lugar, el propio Arturo lo sabe”, reconoce el portavoz del sindicato, “pero esto ha sido el aviso que a cualquiera que meta la pata o levante la voz, se la va a dar así de fuerte”. El Ayuntamiento destaca que, antes de llEgar a juicio, se intentó llegar a una mediación, que fue rechazada. El sindicato de policía de Rivas confirma que dicho intento se hizo, aunque el mismo día del juicio y antes de entrar en aula.



   

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"¿Qué hacéis aquí, picoletos?": un tribunal militar rebaja la sanción a un guardia civil ebrio que amenazó a un sanitario

    El jefe de la Compañía de Almansa manifestó que el agente, destinado en Jávea, había protagonizado hechos similares y que "su conducta ha afectado a la imagen de la Guardia Civil frente a los ciudadanos


Lucas Marco
21 de septiembre de 2021 23:01h


@lucas_marco

"¿Qué hacéis aquí, picoletos?". Así recibió un agente del Instituto Armado, en plena borrachera, a dos compañeros en la plaza de Santiago Bernabéu de Almansa. La patrulla acudió al lugar el 1 de septiembre del 2019, a las cuatro de la madrugada, para prestar apoyo a los servicios sanitarios que atendían al guardia civil, destinado en el puesto principal de Jávea y perteneciente a la Comandancia de Alicante. El hombre, de baja, "había protagonizado incidentes anteriores", según los hechos probados de la sentencia de la sección primera del Tribunal Militar Central que impone la pérdida de cinco días de haberes con suspensión de funciones al agente.

El uniformado "desprendía un fuerte olor a alcohol y tenía dificultad para mantener el equilibrio". Los sanitarios convencieron al intoxicado para ser trasladado en ambulancia a un hospital al presentar dolor torácico. El guardia civil se mostró "muy nervioso" ante la presencia de sus compañeros y les espetó: "¿Qué hacéis aquí, picoletos?", mostrando su placa y tarjeta de identificación.

Una vez la situación estuvo controlada, los agentes recibieron un segundo aviso. La ambulancia había sufrido un problema mecánico y el agente de baja se puso nervioso. "Contrariado por la espera y con una actitud de gran nerviosismo y hostilidad", el agente le dijo a uno de los sanitarios "que le conocía, que sabía dónde vivía, que cuando le devolvieran la placa y la pistola se iba a enterar". La patrulla tuvo que acompañar a la ambulancia al centro hospitalario sin que se registraran nuevos incidentes.

El técnico sanitario denunció al guardia por un presunto delito leve de amenazas pero el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Almansa archivó las actuaciones al haber renunciado el denunciante a cualquier acción civil o penal.

Los agentes declararon que el agente mantenía una "actitud hostil". El jefe de la Compañía de Almansa, por su parte, manifestó que el agente ebrio había protagonizado hechos similares y que "su conducta ha afectado a la imagen de la Guardia Civil frente a los ciudadanos". La evaluación realizada por el gabinete de psicología de la Comandancia de Alicante indica que el uniformado sufre una "severa dependencia del alcohol junto a los rasgos anómalos de personalidad".
Proceso de desintoxicación

Unos días después del incidente, el agente ingresó voluntariamente en un sanatorio de Murcia, en el que estuvo ingresado nueve días, para someterse a un proceso de desintoxicación. Un informe psiquiátrico concluyó que el agente padecía "depresión, trastorno adaptativo con sintomatología mixta en resolución y trastorno por abuso de alcohol".

Un año después fue diagnosticado por la Junta Médico Pericial con un "trastorno ansioso depresivo con antecedentes de abuso de alcohol con repercusión conductual incompatible con el régimen de jerarquía y disciplina de la Guardia Civil".

La defensa del guardia, que se acogió a su derecho a no declarar, recurrió la sanción de suspensión de funciones de diez días como autor de una falta grave en la "observancia de conductas gravemente contrarias a la dignidad de la Guardia Civil". Debido a la naturaleza militar del Instituto Armado, abunda la sentencia, sus miembros deben mostrar un comportamiento intachable en todo momento, no solo en acto de servicio, también en relación con terceros.

La sección primera del Tribunal Militar Central ha estimado parcialmente el recurso del agente porque la instrucción debió haber tenido en cuenta las circunstancias atenuantes dada la situación psicológica derivada de la adicción al alcohol del agente. Así, la sentencia obliga a reintegrar al agente el importe de las retribuciones que le fueron restadas.

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Suspenden un mes de empleo a un guardia civil por faltar a un superior al pedirle que atara al perro



El sargento respondió "descomedido y beligerante" al coronel jefe cuando iba de paisano hacia los contenedores del acuartelamiento

ALERTA El Diario de Cantabria
ALERTA
19:19 19/10/21   
Un sargento de la Guardia Civil ha sido sancionado con un mes de suspensión de empleo por falta de subordinación al entonces coronel jefe de Cantabria, al que respondió de forma "beligerante" cuando le pidió que atara a su perro, que llevaba suelto por el acuartelamiento de Campogiro, en Santander.

La condena, de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, desestima el recurso del agente implicado y ratifica una resolución previa, dictada hace casi un año por el Tribunal Militar Central.

Según la sentencia del Supremo, consultada por Europa Press, los hechos ocurrieron cuando el entonces coronel jefe de la Guardia Civil de Cantabria, Luis del Castillo, se dirigía con indumentaria informal a la zona de contenedores de basura y se encontró con el sargento, con destino en el destacamento de seguridad del Puerto.

El agente estaba conversando con otro guardia, acompañados ambos por sus perros y también vestidos de paisano, el primero de servicio y el segundo de baja médica.

De acuerdo con la resolución judicial, el suboficial llevaba su pastor alemán suelto y sin medidas de contención, por lo que el coronel le dijo que hiciera el favor de atarlo, medida contemplada por otra parte en el Libro de Normas de Régimen Interior del cuartel.

El sargento sujetó a su perro al tiempo que dirigió "una mirada con mueca sonriente, en actitud sardónica", al coronel, que le indicó: "No me sonría", a lo que el implicado le replicó: "Usted no me puede prohibir que sonría". Seguidamente, reconvino a su superior por llamarle la atención ante otro guardia civil.

Entonces, el coronel pidió al otro agente que se marchara y cuando se alejó y se quedaron a solas, requirió que adoptara una actitud "más respetuosa" al sargento, que "con un tono de voz alto y en modo retador respondió: tendré con usted el mismo respeto que ha tenido conmigo".

Y añadió: "Habrase visto, llamarme la atención por tener el perro suelto". El coronel le reiteró que "guardase las formas" y su subordinado, "crecientemente agitado", respondió: "Usted a mí no tiene que decirme nada".

Ante el cariz que tomaban los hechos, Del Castillo decidió dar por terminada la conversación e informó al suboficial de que adoptaría las correspondientes medidas disciplinarias y siguió su camino.

Pero el sargento le siguió "a una distancia de entre uno y dos metros diciéndole: Yo también voy a dar cuenta de usted. Usted me ha faltado el respeto. ¿Quién se cree que es? Llamarme la atención mientras va a tirar la basura ¡Menudo ejemplo de mando que es usted!. ¡Vaya oficial que está hecho!".

Y aunque el coronel le indicó que el asunto había finalizado ese día y ya tendría "continuación en otro momento", el sargento repuso "en tono descomedido y beligerante: Ya tendrá noticias mías. Esto no va a quedar así. ¿Quién se ha creído que es? Se va a enterar".

Para poner "punto y final" a la "persistente" actitud del sargento, el coronel optó por "darle la espalda" y el oficial se fue.

DISCIPLINA, JERARQUÍA Y RESPETO

La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo "no alberga dudas sobre" la certeza de los hechos sino que tiene "firme convicción" de los mismos por la versión "coherente y razonable" del coronel. Además, no aprecia "animadversión" u otra razón para actuar de forma "torticera". Mientras, el expedientado prefirió no prestar declaración ante el juez instructor.

La sentencia alude a la "disciplina, jerarquía y respeto que igualmente rigen entre superior y subordinado en el perímetro de un acuartelamiento, aun cuando se esté paseando al perro, se vista de paisano o se esté tirando la basura".

Finalmente, en cuanto a la sanción de suspensión de un mes de empleo por la "falta grave" de alta de subordinación -prevista en la ley de régimen disciplinario de la Guardia Civil- considera que es "proporcionada", toda vez que supone el límite mínimo contemplado en la normativa para este tipo de hechos, que abarca hasta los tres meses.


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[Heracles_Pontor]

Éstas cosas pasan . . . cuando vives con el Jefe. . . ventajas e inconvenientes de vivir en una casa cuartel. . .

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[47ronin]

En Murcia "salen" ...y en Madrid quieren que "entren", como antaño y cuya trayectoria provocó su salida.



Jefatura de Policía Local de Murcia no instruirá más expedientes disciplinarios


Pedro Navarro
PEDRO NAVARRO
Martes, 26 octubre 2021, 08:44
El Gobierno municipal ha decidido apartar a la Jefatura de la Policía Local de la instrucción de los expedientes disciplinarios abiertos a los miembros de dicho Cuerpo. Fuentes municipales apuntan que esta decisión, de la que se informó a los sindicatos en la Mesa de Negociación, «supone una vuelta al sistema anterior a la modificación» llevada a cabo por el Partido Popular, de manera que será el Servicio de Recursos Humanos el encargado nuevamente de gestionar dichos expedientes. «No habíamos detectado ninguna distorsión en su tramitación, pero así reordenamos competencias». Desde el Sindicato de Empleados Públicos SIME celebran esta decisión, «ya que se estaba instruyendo de forma desproporcionada y hay sentencias que lo avalan».

[47ronin]

Los Mossos descartan por ahora suspender al agente que se inventó una agresión de un manifestante


La dirección general de la policía catalana abre una información reservada al mosso sin adoptar ninguna medida cautelar

[47ronin]

Asuntos Internos investiga a un inspector de Policía de Zaragoza por sustraer supuestamente 20€ a un detenido


Los hechos ocurrieron hace un mes en la comisaría del Actur y el funcionario se incorporó de nuevo este jueves a su trabajo.

NOTICIAACTUALIZADO: 05.11.2021 - 05:00H
MARTA GARÚ 
La Inspección Central de Detenidos está en la comisaría del Actur, en la imagen. HA

Un inspector de la Policía Nacional está siendo investigando por la Unidad de Régimen Disciplinario de Madrid por quedarse presuntamente con los 20 euros que llevaba encima un detenido. El funcionario ha permanecido durante un mes de baja, y este jueves se incorporó de nuevo a su puesto en la Brigada de Seguridad Ciudadana de Zaragoza.


Según pudo saber HERALDO, el hecho que se está investigando se produjo hace poco más de un mes en la Inspección Central de Detenidos de la comisaría del Actur. Al arrestado, como es habitual en todas las detenciones, se le pidió que depositara todos los objetos personales que llevaba encima y entre ellos había un billete de 20 euros que vieron varios funcionarios. Pero, cuando se los tenían que devolver faltaba el dinero, que el preso reclamó.


En ese momento se hicieron unas primeras averiguaciones y, al no haber testigos directos del presunto hurto, se decidió recurrir a las cámaras de seguridad de la comisaría. Sin embargo, entre que se miraban las imágenes y no el billete apareció de repente arrugado y tirado en un pasillo de la comisaría. Y, antes de que se llegara a comprobar las grabaciones, el inspector, al parecer, reconoció que había sido él, según explicaron a este diario fuentes policiales. El dinero fue devuelto a su legítimo propietario, que no presentó ninguna denuncia puesto que lo recuperó.

Del hecho se dio cuenta a la Jefatura Superior de Policía en Aragón, que este jueves  confirmó lo ocurrido y explicó que en cuanto tuvieron conocimiento del incidente se informó a la Unidad de Régimen Disciplinario de Madrid. "Se dio cuenta por dos motivos. En primer lugar, para esclarecer lo sucedido y, en segundo, para depurar responsabilidades si las hubiera", explicó una portavoz policial de la Jefatura.

Añadió que está abierto un expediente disciplinario y que es un incidente que en estos momentos se está indagando, razón por la que no pueden decir nada más, salvo que si hay alguna responsabilidad, "la Jefatura será la primera en actuar". La portavoz matizó, no obstante, que se está investigando un "extravío" y no una "sustracción". Confirmó, igualmente, que el funcionario se ha incorporado de nuevo a su puesto tras un permiso.

Según ha podido saber este diario, el inspector ha estado un mes de baja médica. La vuelta a su lugar de trabajo habitual ha motivado malestar entre alguno de sus compañeros ya que, como suele ser habitual en el Cuerpo Nacional de Policía cuando se está siendo investigado disciplinariamente por una presunta infracción en el trabajo se traslada al funcionario a otro destino o se le encomienda un cometido distinto o, en la mayoría de los casos, se le suspende de empleo y sueldo. Además, tampoco entienden que por un "extravío" se abra un expediente disciplinario..

Expediente informativo por la fuga en la comisaría del Actur

Por otra parte, la Jefatura Superior de Policía de Aragón está investigando la actuación de los agentes que estaban a cargo de los calabozos de la Inspección Central de Detenidos de la comisaría del Actur el pasado 17 de octubre. Ese día tres delincuentes que habían sido detenidos por atracar varios salones de juego en la capital aragonesa se escaparon de sus celdas tras montar un altercado. No obstante, apenas estuvieron unos minutos en la calle puesto que fueron detenidos instantes después. A raíz de estos hechos se ha abierto un expediente interno para determinar cómo ocurrieron los hechos y la responsabilidad de los funcionarios al cargo de los calabozos.

[47ronin]

Suspendidos de empleo y sueldo seis guardias civiles detenidos por corrupción


Los detenidos está investigados como presuntos autores de los delitos de cohecho, falsedad documental y revelación de secretos
Suspendidos de empleo y sueldo seis guardias civiles detenidos por corrupción

J. M. L.
Jueves, 18 noviembre 2021, 13:48
La Dirección General de la Guardia Civil ha suspendido de empleo y sueldo a seis agentes de este cuerpo detenidos en una operación desarrollada por el propio instituto armado en las localidades ciudadrealeñas de Almadén y Puertollano. A los seis agentes -uno de ellos ha ingresado en prisión comunicada y sin fianza por orden judicial- se les atribuyen los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental, omisión del deber de perseguir delitos y descubrimiento y revelación de secretos.


La operación, en la que han sido detenidas un total de 17 personas, está relacionada con la caza y con prácticas ilegales en la actividad cinegética. La subdelegada del Gobierno en Ciudad Real, Ángeles Herreros, confirmó este jueves la suspensión de empleo y sueldo para los agentes detenidos «por hechos de corrupción que se les imputan». «Esto demuestra que los mecanismos de control funcionan y que la propia Guardia Civil está interesada en esclarecer y sacar a la luz cualquier actividad corrupta. De hecho, la investigación partió de la Guardia Civil y ahora la Justicia sabrá determinar qué cargos deben imputárseles», añadió la subdelegada del Gobierno.


El caso está en manos del Juzgado de Instrucción de Almadén que, además de ordenar el ingreso en prisión para uno de los agentes tras tomarle declaración, ha decretado libertad provisional para los otros cinco con medidas cautelares como la obligación de comparecer en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes o la retirada de sus pasaportes.

[47ronin]

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[47ronin]

Dos años sanción al guardia civil del chivatazo a Granados que hizo peligrar la operación Púnica


El Tribunal Supremo confirma dos años de suspensión de empleo para José Luis Caro Vinagre, guardia civil en excedencia condenado por conseguir información de la operación Púnica y dársela a Francisco Granados antes de las detenciones. Antes ya fue juzgado y absuelto en el caso del espionaje político de la Comunidad de Madrid
Archivo — El Supremo confirma los dos años de cárcel para Granados por el chivatazo de la Púnica






Francisco Granados (izquierda), José Rodríguez Talamino (centro) y José Luis Caro Vinagre (derecha) en el juicio de Púnica
Francisco Granados (izquierda), José Rodríguez Talamino (centro) y José Luis Caro Vinagre (derecha) en el juicio de Púnica Alberto Pozas
Alberto Pozas

14 de diciembre de 2021 22:16h
2

@albert_poux
José Luis Caro Vinagre (Bilbao, 1970) lleva a la Guardia Civil "bordada en el corazón". Así lo dijo Francisco Granados, el cabecilla de las 'ranas' de Esperanza Aguirre, desde el banquillo de la Audiencia Nacional en 2017. Para entonces, este antiguo asesor de la Comunidad de Madrid formaba parte del fallido 'caso espías' y ese día era juzgado por participar en el chivatazo que casi da al traste con la operación Púnica contra la corrupción política. Su último encontronazo con los tribunales se ha traducido en una sanción firme de dos años por participar en el soplo que casi consigue que Francisco Granados y sus socios esquivaran a la Justicia. Una actuación que, según el instituto armado, causa "sonrojo y bochorno".


El agente de la UCO que dio a Granados el chivatazo de Púnica detectó a sus compañeros trabajando en Valdemoro

SABER MÁS
La relación de Caro Vinagre con Francisco Granados arranca en 2007, cuando coge una excedencia en la Guardia Civil y es nombrado asesor técnico de seguridad en la Comunidad de Madrid a las órdenes del entonces consejero de la todopoderosa presidenta Esperanza Aguirre. Los dos, según la Justicia, estaban "estrechamente unidos". Por aquel entonces la trama Púnica ya estaba en funcionamiento y David Marjaliza, supuestamente, colaboraba con Granados escondiendo sus ganancias en Suiza.

Los tres volvieron a cruzar sus caminos en septiembre de 2014. Un guardia civil, José Manuel Rodríguez Talamino, se acercó a Francisco Granados en plenas fiestas de Valdemoro y le dijo que él mismo había puesto cámaras y micrófonos en la puerta del despacho de su socio Marjaliza. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil les pisaba los talones y Granados, asustado, quiso saber más. Fue Caro Vinagre, amigo de Granados, quien consiguió más información de Talamino y se la trasladó directamente a su antiguo jefe en la Comunidad de Madrid.


El resultado es conocido y ha sido sentenciado en firme. Granados y Marjaliza aprovecharon el chivatazo para intentar borrar pruebas, el empresario quemó un carrito de la compra lleno de documentación comprometida un día de niebla y los investigadores tuvieron que ponerse manos a la obra para evitar que meses de pesquisas se fueran a la basura. Los acusados empezaron a hablar en clave por teléfono, la Guardia Civil tuvo que quitar los dispositivos de grabación fingiendo que necesitaban ir a Alicante a perseguir a un narco que no existía y, al final, se plantearon incluso adelantar las detenciones para evitar males mayores.


El soplo se tradujo en una condena firme de dos años de cárcel para Granados y para su informante Talamino, y otra de año y medio de prisión para José Luis Caro Vinagre, pena confirmada en 2019 por el Tribunal Supremo. Poco después era la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, quien firmaba una sanción de dos años de suspensión de empleo que acaba de ratificar la sala de lo militar del Tribunal Supremo después de pasar por el Tribunal Militar Central y la propia ministra de Defensa, Margarita Robles.

Los magistrados de la sala de lo militar del Supremo, según ha podido comprobar elDiario.es, acaban de rechazar el último recurso presentado por Caro Vinagre y han declarado firme la sanción, dejando caer que incluso podría haber sido suspendido durante más tiempo. El Supremo confirma que, con su participación en el chivatazo, causó "un grave daño" a la Guardia Civil, incurrió en "un desdoro incompatible con su condición de miembro de la Guardia Civil" y, añade que "se ha generado una más que relevante afección a la Benemérita".

Fuentes de la Guardia Civil explican a elDiario.es que ninguno de los dos agentes condenados en esta sentencia siguen ejerciendo dentro del cuerpo. Talamino, explican estas fuentes, perdió su condición de guardia civil después de ser condenado a dos años de cárcel y cuatro más de inhabilitación para ejercer un empleo o cargo público. Caro Vinagre también está actualmente fuera de servicio.


"Suscita sonrojo y bochorno"
El expediente del caso revela los términos en los que la Guardia Civil impuso la sanción a este agente en excedencia. La resolución que intentó combatir sin éxito en los tribunales le acusaba, según dice el texto, de desarrollar "una actividad criminal que suscita sonrojo y bochorno, así como evidente escándalo ante la sociedad". La corrupción, dice la resolución que le sanciona, es un asunto con una "especial sensibilidad social existente hacia este tipo de conductas delictivas relacionadas con asuntos relacionados con la corrupción".

El Tribunal Militar Central desarrolló estas críticas, recordando en su sentencia ahora confirmada: "Es exigible a los miembros de la Guardia Civil, en atención a la delicada misión que les está encomendada y a la cuota de poder coactivo del Estado que les incumbe, un "plus" de moralidad y una ejemplaridad en su actuación social". Además, de Caro Vinagre recuerdan: "Durante su situación de excedencia, y reiteramos sin haber sido dado de baja en el Cuerpo, ejercía de asesor técnico de seguridad para una administración pública, contratado por la Comunidad de Madrid, esto es, realizaba funciones para la administración autonómica, con lo que su conducta resulta en mayor medida reprochable".

Púnica, espías y Manuel Moix
El chivatazo no sentó nada bien ni en la Guardia Civil ni en la Fiscalía Anticorrupción. Durante el juicio, el antiguo jefe del agente Talamino no hizo esfuerzos por ocultar la decepción que sentía por la actuación del condenado. Ante el tribunal, lamentó: "Era uno de los míos, era una mancha muy difícil de borrar, nos ha costado mucho". Una decepción equiparable a la que expresó una de las fiscales del caso durante el interrogatorio a Talamino en fase de instrucción.


La representante del Ministerio Público fue clara durante la comparecencia del agente. Se dirigió directamente al acusado: "¿Es consciente de lo que puede suponer pasar una información, y la decepción para la gente que lleva tantas horas trabajando?". Talamino bajó la voz y se limitó a reconocer que se trata de "un golpe muy bajo". Ese día Caro Vinagre desveló cómo fue su conversación con Granados al día siguiente del primer capítulo del chivatazo: "Me llama el señor Granados, y en la puerta de mi casa me comenta que 'Tala' le ha contado que han puesto unas cámaras y unas medidas de seguridad".

En ese momento, Caro Vinagre tenía dos frentes abiertos con la Justicia. Además de la causa del chivatazo, el guardia civil en excedencia estaba pendiente de juicio por el conocido como 'caso espías' y la acusación de usar medios públicos de la Comunidad de Madrid para espiar a rivales políticos de Esperanza Aguirre: el vicepresidente Alfredo Prada y el vicealcalde Manuel Cobo.


Francisco Granados, el agente Talamino y Caro Vinagre durante el primer juicio del 'caso Púnica' Agencias
El caso fue archivado y reabierto varias veces con José Luis Caro Vinagre acusado de formar parte de un comando de espías al servicio de la Comunidad de Madrid para vigilar a altos cargos y quedó exonerado de cualquier responsabilidad penal en 2019, mientras era condenado por el soplo de la Púnica. Un jurado popular estableció que no había ni una prueba fiable de que hubiera existido este grupo de asesores de seguridad dedicados al espionaje y fue entonces cuando José Luis Caro Vinagre pasó a la ataque.


Primero, tal y como explicó la agencia Europa Press, exigió a la Audiencia Provincial de Madrid que tanto la Comunidad como el PSOE, acusaciones en el caso, fueran condenadas a pagar las costas del proceso después de ser absueltos. Después cargó contra Manuel Moix, en ese momento fiscal jefe de Madrid y posteriormente fiscal jefe Anticorrupción. Se querelló contra él acusándole de falsear datos del caso para favorecer los intereses políticos del PP, pero el Supremo rechazó la denuncia. La acción judicial fallida, incluso, acusaba a Moix de pertenecer a una organización criminal.

[47ronin]

Sancionado un guardia civil por facilitar que un agresor machista volviera a pegar a su mujer

    El Supremo confirma una sanción de un mes para un sargento de la Guardia Civil que, en vez de detener a un acusado de violencia machista, lo llevó en coche a su casa y facilitó así que después regresara para agredir otra vez a su pareja, declarada en "riesgo extremo" por sus compañeros del instituto armado

Alberto Pozas
25 de diciembre de 2021 21:31h

@albert_poux

El Tribunal Supremo ha confirmado una sanción de un mes de suspensión de empleo para un sargento de la Guardia Civil que ayudó a un acusado de violencia machista en lugar de detenerlo. La mujer había denunciado a su pareja y fue declarada en "riesgo extremo", pero el sargento, en lugar de detener a su agresor, lo llevó en un vehículo con distintivo a su casa y lo acompañó hasta una estación de autobuses. La actuación de este guardia civil facilitó que, unas horas más tarde, el hombre denunciado volviera a su casa y agrediera de nuevo a su pareja.

Todo, según las sentencias a las que ha tenido acceso elDiario.es, ocurrió en junio de 2018 en la localidad madrileña de Galapagar. El sancionado, sargento de la Guardia Civil, era jefe del área de Prevención de la Delincuencia en el puesto. Una mujer acudió a denunciar a su pareja y aseguró que, entre otras cosas, había sido amenazada con un cuchillo de cocina después de más de un mes de insultos y malos tratos porque ella quería romper la relación. Los investigadores no tuvieron dudas y establecieron que la mujer se encontraba en situación de "riesgo extremo": pusieron a varios agentes a vigilar la casa hasta que apareciera el marido.

El acusado apareció al día siguiente. Llamó por teléfono al cuartel y dijo que colaboraría, pero especificó que sólo quería tratar con el sargento. Fue entonces cuando el citado mando decidió no detenerlo pero sí ayudarle, según dijo él mismo, "por humanidad": lo llevó en su coche de la Guardia Civil hasta su casa, le dijo a los agentes que custodiaban el domicilio que se fueran y después lo trasladó a la estación de autobuses. El hombre acusado de amenazar a su mujer a punta de cuchillo incluso especificó que quería irse "a Madrid".

Para entonces el juzgado de Collado Villalba ya había ordenado también la detención, pero la Guardia Civil no supo nada más de él hasta varias horas después, cuando la víctima volvió a llamar. El maltratador había regresado a su casa y había vuelto a agredir a su mujer en presencia de su hijo. Esa vez, a las cuatro de la mañana, la Guardia Civil sí lo detuvo y lo puso a disposición judicial en un juzgado del noroeste de la Comunidad de Madrid.

El trámite disciplinario contra el agente se frenó a la espera de que concluyera la vía penal, como está estipulado. Un juzgado de Collado Villalba decidió en septiembre de 2018 que este sargento no había cometido un ilícito de omisión del deber de perseguir delitos, pero dejó la puerta abierta a que pudiera ser sancionado por la propia Guardia Civil. Fue entonces cuando se retomó el expediente disciplinario, que derivó en una sanción impuesta por el General Jefe de la 1ª Zona, confirmada por la directora general y el Tribunal Militar Central y que acaba de ser refrendada por la sala quinta del Tribunal Supremo: un mes de suspensión por una falta grave de negligencia grave en el cumplimiento de las obligaciones profesionales.

Las dos sentencias del caso no reflejan el motivo que llevó a este sargento a ayudar a este hombre denunciado por una mujer calificada en "riesgo extremo" por sus propios compañeros. Ante el instructor decidió no declarar, pero en el atestado alegó que no existía una orden judicial de detención sino una de protección para la víctima, además de afirmar que lo hizo "por humanidad al tener [el agresor] una discapacidad". Buena parte de sus compañeros dijo lo contrario durante el proceso: la mujer había sido declarada en riesgo extremo después de ser amenazada con un cuchillo de cocina y el hombre tenía que ser detenido.
Una "negligencia temeraria"

Tanto el Tribunal Militar Central como ahora el Tribunal Supremo no dudan de que este sargento incurrió en una falta grave y rechazan su principal motivo de recurso: que en ese momento los agentes no habían recibido una orden de detención por parte del juzgado de Collado Villalba que se había hecho cargo del asunto. El Tribunal Militar, por ejemplo, lo acusó de actuar "facilitando con ello una nueva agresión a la víctima", dijo en su sentencia, aludiendo a un "negligente cumplimiento de sus obligaciones profesionales" como sargento de la Guardia Civil.

El Tribunal Supremo, con el magistrado Fernando Pignatelli como ponente, también es contundente. Los magistrados explican en su sentencia que el sargento incumplió varias de sus obligaciones como guardia civil al asistir al acusado y no a la víctima, hablando en su sentencia de un "cumplimiento negligente o imprudente de sus obligaciones profesionales". Su comportamiento, dice el Tribunal Supremo, "comprometió la eficacia del servicio que la Guardia Civil presta a la sociedad, demostrando una notoria falta de responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones profesionales que sobre él pesaban".

Para el Supremo, este sargento mostró "un nulo celo y diligencia profesional, omitiendo el recurrente elementales deberes de cuidado y diligencia, exigibles como tales a cualquier miembro del Cuerpo de la Guardia Civil en el desempeño de sus funciones". Su actuación es definida, incluso, como "temeraria" en la sentencia de la sala de lo militar del alto tribunal a la hora de justificar la confirmación de su sanción de un mes de suspensión de empleo. Fuentes del caso explican a este periódico que la resolución del Supremo es firme y que la defensa del sargento sancionado ha decidido no llevar su caso a otras instancias como el Tribunal Constitucional.
La falta de empatía del informe

Otro de los argumentos esgrimidos por el sargento en sus recursos es que el agente que tomó declaración por primera vez a la mujer denunciante en Galapagar reflejó por escrito que estaba "exaltada" y que a veces su discurso no era coherente. El Tribunal Supremo descarta que esto influya en su actuación posterior, transportando a su marido y facilitando la segunda agresión, pero también tiene palabras para el autor de ese informe que posteriormente derivó en la declaración de la víctima en "riesgo extremo". Ese estado de excitación en una víctima que denuncia ese tipo de agresiones, dice el Supremo, es "una lógica manifestación del estado de shock" que manifiestan habitualmente estas mujeres.

Para el Supremo, reflejar que estaba "exaltada" como hizo el instructor del expediente denota "una notoria frialdad y ausencia de la mínima comprensión y empatía que debe mostrarse, más aún por un miembro de un Cuerpo de Seguridad del Estado, hacia un ser humano" que acaba de sufrir este tipo de violencia. El informe aseguraba que la víctima, decía, "frivolizaba en ocasiones" y el Supremo contesta que eso es tan sólo una opinión del agente reflejada "con cierta ligereza y frivolidad en los calificativos que utiliza, pues descontextualiza completamente la actuación de la víctima".

Las dos sentencias del caso no reflejan si el hombre al que este sargento llevó en coche terminó siendo condenado por las agresiones denunciadas por la mujer. En su comparecencia ante la Guardia Civil en el puesto de Galapagar, no sólo aseguró haber sido amenazada con un cuchillo de cocina ese día. También recordó que era la segunda vez en que le denunciaba después de haberlo hecho ese mes de mayo por episodios de violencia, gritos y por ejercer control sobre ella a través del teléfono, las redes sociales o sus relaciones personales y laborales.


     

[47ronin]

Un policía local negacionista de Alicante amenaza con dar "dos hostias" a Ximo Puig


El agente, suspendido de empleo y sueldo por negarse llevar la mascarilla en su puesto de trabajo, anima a los ciudadanos a denunciar a los locales donde se les pida el pasaporte covid
G.C.
Alicante | 27·12·21 | 13:59


Una imagen del vídeo en el que el policía local de Alicante amenaza a Ximo Puig.

El policía local de Alicante negacionista que fue suspendido un año y siete meses y medio de empleo y sueldo por negarse a ponerse la mascarilla ha publicado ahora un vídeo en las redes sociales donde amenaza con dar "dos hostias" al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig.

El agente insta en el citado vídeo a los ciudadanos a rechazar mostrar el pasaporte covid en los establecimientos donde es requerido y presentar una denuncia. Además, pide que se le facilite la dirección del jefe del Consell para ir él en persona a darle "dos hostias".


Thank you for watching


A continuación, la transcripción del vídeo:

"Cuando vayáis a un local y os pidan la tarjetita de marras o el pasaporte, denuncia al canto. Cuando le lleguen tres o cuatro denuncias y no lo pueda pagar, el dueño del local tendrá dos opciones: o cerrar o quitarlo. Aparte de que lo van a quitar, ya lo he dicho, cada uno a su velocidad, pero lo van a quitar, que os quede claro. Y los que vayan a ir y no quieran pasar por el mal trago de denunciar, pues que no vayan. Si dejan de ir las personas normales, digamos, porque ya hay que hablar de normalidad y de subnormalidad, por debajo de la normalidad, pues tendrán que cerrar porque no tendrán clientela, ¿queda claro? Por tanto, lo que tengamos que hacer lo tenemos que hacer ya, nosotros, no esperar que venga alguien a hacerlo. Y si mi misión es plantarme en casa de Ximo Puig y darle dos hostias, pues iré, si me decís donde vive, y le daré dos hostias a la mínima que tenga. Y ya pueden haber policías delante, que como mucho voy a estar dos noches en el calabozo. Y se va a llevar dos hostias. Y cuando lo vea llorar, este tío va a pensar 'hostia, a ver si va a venir otro y me va a dar dos hostias más. Porque esta gente hay que ir así. Esa impunidad que tienen hay que quitársela, hay que quitársela a hostias, a ver si lo entendéis. Tienen el poder gobernativo o legislativo, o el poder del sistema, pero el poder espiritual, el poder álmico lo tenemos nosotros y hay que ejercerlo. ¿Están dando hostias? Pues aquí también hay que dar hostias. Pero hostias como panes y cuando le das dos hostias a un tío y se pone a llorar, ese tío su córtex relaciona y piensa: 'uf, igual viene otro y me da dos hostias más y esto duele'. Porque no se las han dado, ¿eh?. Son chupópteros de la vida que no han hecho nada en su puta vida, que no se han jugado la vida nunca, que nunca han peleado por nada... Son putos políticos de mierda. Juanma Moreno, Ximo Puig, el Urkullu y su puta madre. A ver si os queda claro ya de una puñetera vez. Vale".

[Heracles_Pontor]

El poder álmico! ! ! . . . madre mía como están las cabezas! ! ! . . .

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