Autor Tema: Los expedientes disciplinarios. Formas y "formas"  (Leído 273405 veces)

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Re:Los expedientes disciplinarios. Formas y "formas"
« Respuesta #2000 en: 03 de Septiembre de 2019, 07:19:20 am »

Tres meses sin sueldo al guardia civil que grabó el traslado de los presos separatistas

Sus compañeros de la AUGC le han pagado el salario durante este tiempo, unos 1.800 euros al mes. Grabó un vídeo que se hizo viral cuando formaba parte de la comitiva del traslado de los presos

David Fernández
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@dfernandez1975

03/09/2019 05:00

La Guardia Civil decidió finalmente sancionar el pasado mes de mayo con tres meses de empleo y sueldo al guardia civil que puso música y grabó un vídeo cuando formaba parte de la comitiva de seguridad que trasladó a los presos independentistas el pasado 1 de febrero desde cárceles catalanas a Madrid antes del inicio del juicio del 'procés' en la Audiencia Nacional. El vídeo se hizo viral y motivó las quejas ante el Ministerio del Interior de ERC, por lo que la Benemérita abrió una información reservada para esclarecer lo sucedido. La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), que llevó la defensa del agente, le he pagado el salario estos tres meses que ha estado sancionado.

El agente formaba parte de los GRS (los antidisturbios de la Guardia Civil) que participaron en el dispositivo de traslado de Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Quim Forn, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Las imágenes están grabadas dentro de un furgón de los GRS nada más salir de la cárcel de Lledoners con dirección Madrid. El vídeo muestra a un agente grabando a los independentistas que protestaban por el traslado mientras se escucha de fondo una canción del músico punk Josetxu Piperrak titulada 'O.V.N.I.' ('Objeto Verde Nada Inteligente').

En el vídeo, de hecho, se escucha el estribillo de la canción: "Son picoletos, cuidado por la noche si ves un reflejo azul. Son picoletos, se entienden entre ellos con acento andaluz. Son picoletos, pueden quitarte todo hasta las ganas de vivir. Son picoletos, tienen dificultades pa’ leer y pa’ escribir". La sanción se hizo efectiva el 8 de mayo, y ya ha concluido, por lo que el agente ha vuelto a su unidad. Fuentes de AUGC señalan que la Dirección General de la Guardia Civil les dijo que se trataba de "una sanción política" y que solo conllevaría la suspensión de empleo, no de sueldo.

Pero al final la sanción también conllevó la retirada del salario, unos 1.800 euros mensuales. La AUGC le ha pagado esta cantidad durante estos tres meses. El agente ha recurrido la sanción en vía judicial. En sus alegatos de defensa, el guardia civil señaló que hizo el vídeo por "propia seguridad" y que con él no se pretendía "difamar o menospreciar a nadie". También señaló que las risas que se oían dentro del furgón no eran para mofarse de los manifestantes, sino por la letra de la canción, de la que había tenido conocimiento el mismo día del traslado y la habían puesto en el furgón para escuchar su "llamativo" texto.


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Re:Los expedientes disciplinarios. Formas y "formas"
« Respuesta #2001 en: 08 de Septiembre de 2019, 08:14:22 am »

ENTREVISTA
“Con los expedientes te acorralan de forma profesional, social, psicológica y económica y los mandos no te quieren escuchar”


Gloria Moreno, sargento del Seprona de Lanzarote
Fotos: Manolo de la Hoz.
Saúl García 0 COMENTARIOS 06/09/2019 - 07:22

Gloria Moreno González entró en la Guardia Civil en 2006. Antes había trabajado en vigilancia forestal y en ganadería y sanidad vegetal en la Junta de Castilla y León. Su primer destino fue Menorca y después Segovia, su ciudad natal, cuando entró en el Seprona, la especialidad a la que quería pertenecer. Estuvo destinada en Burriana (Castellón) desde 2011 pero ascendió a sargento en 2014 y eso conllevó el cambio de destino: Lanzarote. Acabó con la histórica caza furtiva de pardelas en el islote de Alegranza, dentro de un Parque Natural, y en lugar de una condecoración, la Guardia Civil le ha abierto en los últimos dos años seis expedientes disciplinarios y le ha reabierto dos más. Hasta ahora ninguno ha finalizado en su contra de manera firme.

En agosto, el Cabildo instó al Ministerio del Interior a que investigue la apertura de esos expedientes. Su caso también llegó al Parlamento de Canarias y al Congreso de los Diputados y recogió 140.000 firmas de apoyo en change.org. En enero de 2018 se creó la Plataforma Justicia para la sargento Gloria Moreno, integrada por 14 colectivos. Se ha querellado contra el coronel y el general que la sancionaron y la querella, por prevaricación, se ha admitido a trámite. Es la primera entrevista que concede en Canarias.

-¿Cuál es la situación actual de todos los expedientes que se le han abierto?

-Desde agosto de 2017 se me abren seis, que se acaban convirtiendo en ocho, y dos causas penales. El Tribunal Militar anuló la sanción del primero porque se violaron el principio de legalidad y el derecho a la presunción de inocencia. El segundo fue promovido por el capitán Germán García y fui sancionada por el coronel Arranz, pero lo gané en recurso de alzada por no considerarse los hechos constitutivos de falta disciplinaria. El tercero, promovido por el mismo coronel, ya es grave. Se abre por un informe del capitán García, sorprendentemente, estando claro que los autores de la no instrucción de cuatro delitos de maltrato animal eran tres guardias del destacamento. En su informe apuntó a mi responsabilidad al contestar a las denunciantes que sus denuncias no constaban en la Unidad. El expediente acaba para mí sin declaración de responsabilidad ni sanción. He presentado una querella por la omisión del deber de perseguir delitos contra estos tres guardias, sin perjuicio de la responsabilidad que puede tener toda la cadena de mando que tuvo conocimiento de ello y no les investigó. Entre ellos se encuentra el guardia que pide seis años de cárcel para mí. El cuarto expediente lo abre el coronel Arranz, por pedir algunas copias de las declaraciones de los testigos de mis expedientes, que no me facilitaron o directamente me denegaron en el momento en el que se produjeron. El recurso de alzada, que ratifica esta sanción, lo firma el actual director general de la Guardia Civil, don Félix Azón, el mismo que tiene que resolver los dos expedientes que se están instruyendo contra mí en la actualidad. El Tribunal Militar dictó sentencia contra la resolución del director general de la Guardia Civil, por falta de tipicidad, es decir que me sancionaron por algo que no es nada. El quinto, por la queja del veterinario del Ayuntamiento de Arrecife, lo promueve el coronel Arranz. Se instruye hasta el final pero el director general no firma la sanción y caduca, pero lo vuelven a reabrir sin que haya nuevos hechos. Y queda otro, por acoso, derivado de las bajas psicológicas de los guardias civiles relacionados con los expedientes anteriores. Los que los promueven y sancionan son, en la mayoría de los casos, los mismos mandos: el capitán Germán García y el coronel Arranz. Uno propone o informa y otro sanciona.

-¿Le preocupa el juicio penal que se celebrará en octubre? Le piden cuatro años de cárcel por un presunto delito de falsedad en documento oficial por denunciar ante sus superiores un posible chivatazo de un agente a los cazadores de pardelas.

-Por respeto al tribunal prefiero no comentar los hechos hasta que pase el juicio, pero confío en la justicia y creo que se dictará una sentencia justa. Estoy tranquila porque no he cometido ningún delito, sino todo lo contrario. Cumplí con mi obligación de informar de manera objetiva de un posible delito, sin desvirtuar nada de lo que me comunicaron, con independencia de que quien lo hiciera se retractara posteriormente, posiblemente ante las amenazas de uno de los condenados por el caso de las pardelas. La otra causa penal que se me abrió fue por la denuncia de Javier López Vicente, el veterinario de la perrera de Arrecife. Me acusó de haber filtrado un informe que presentó en el Seprona, teniendo constancia de que quien remitió su informe al Ayuntamiento de Arrecife no fui yo, sino uno de los guardias del destacamento, el mismo que me pide cárcel, pero la causa quedó archivada. Durante la instrucción demostré que los hechos no los había cometido yo, sino el otro guardia, y contra él no me consta que el veterinario haya dirigido ninguna acción penal. Esa denuncia se produjo de forma simultánea a que el veterinario remitiera la queja al coronel Arranz, en plena investigación sobre la perrera. El capitán Germán García, con la autorización del coronel, me apartó de la investigación sin haberla concluido.

-¿Cómo o cuándo comenzó todo?

-Yo tenía una buena relación con el capitán Germán García, cordial, de colaboración... y se trunca al día siguiente de imputar a los 19 de las pardelas, el día después de la intervención en Alegranza. A partir de ahí comienza una hostilidad que no remonta.

    “En el caso de las pardelas, fueron propuestos para felicitación los guardias del servicio marítimo que me acompañaban. Yo dirigía el operativo. A ellos su jefe les quiso proponer para una felicitación y el mío, a mí, no”

-¿Por qué? ¿Por el hecho en sí, por la identidad de los denunciados, por desobedecer órdenes?

-No lo sé. No hubo desobediencia. Él tenía conocimiento, como declaré en el juicio de las pardelas, de que el operativo se iba a llevar a cabo un día, pero por circunstancias se hizo otro distinto.

-¿Había habido otros problemas previos con el capitán?

-Ningún desencuentro. La relación era buena.

-¿Y con su destacamento del Seprona en Lanzarote?

-Yo venía de una patrulla del Seprona con la ilusión de trabajar en una isla Reserva de la Biosfera y me encuentro con algunos derechos adquiridos incompatibles con lo que está ordenado. En la misma oficina que todos compartíamos estaban las taquillas de los guardias y el cabo y se cambiaban de ropa delante de mí. Tenía que salir de la oficina para no verles. Les dije que eso no podía ser, que por lógica había que cambiar la ubicación de las taquillas, por higiene, por decoro y por sentido común, no debían cambiarse de ropa en la misma oficina donde se recibe a los ciudadanos y ciudadanas, disponiendo de otro lugar más adecuado en el mismo acuartelamiento. Cuando, al ponerlo en conocimiento de los jefes, las taquillas fueron reubicadas fuera de la oficina, eso generó un incomprensible contratiempo para ellos.

-¿Agravó la situación su forma de trabajar o de dar órdenes? Sus compañeros después fueron sancionados por no tramitar algunas denuncias...

-Eso había ocurrido cuando yo no era jefa. En mi presencia se instruyó todo, quisieran o no.

-Pero el hecho de imponer otra forma de trabajar o exigir mayor dedicación...

-Eso se está tramitando en un expediente por acoso y prefiero no comentarlo.

-¿Comunicó esa situación a sus superiores?

-La intento comunicar a mis superiores pidiendo audiencia por escrito, primero al coronel, antes de que se me abran los expedientes, y después al general de Canarias y al director general de la Guardia Civil y se me deniega la audiencia. Me dejan totalmente desamparada con el argumento de que estoy incursa en expedientes disciplinarios. Estaba pidiendo ayuda por una situación de hostilidad inaudita y ni siquiera me quieren oír. Me dejan sola.

-¿Con qué apoyos internos ha contado?

-Sobre todo con el de compañeros que han pasado por lo mismo, algunos que no puedo nombrar, que me han apoyado emocional, personal, jurídica y económicamente, en especial, Fernando García, responsable del servicio jurídico de IGC. Sin ellos no hubiera salido de esta persecución sin cuartel. Y a nivel particular, la mayoría de los guardias que conozco e incluso algunos que no conozco. Un día, en el Juzgado se me acercó un guardia al que no conocía y me dijo: “Mi sargento, nos han prohibido hablar con usted pero que sepa que tiene el apoyo de todo nuestro destacamento”.

    “Es un desgaste que te lleva al límite. Si careces de los apoyos necesarios te lleva irremediablemente al suicidio”

-Donde sí ha tenido apoyo es fuera de la Guardia Civil.

-Todos los posibles: colectivos ecologistas, asociaciones de vecinos, animalistas, de defensa del patrimonio histórico, veterinarios, policías locales y ciudadanos... Jamás me imaginé eso. Era impensable y sigo sobrecogida por el apoyo masivo de la ciudadanía, y las instituciones. Mi agradecimiento es infinito.

-¿Cree que el hecho de ser mujer es determinante en esta situación o es una característica sin importancia?

-He tenido que soportar situaciones de machismo insoportables, que no podía poner en conocimiento de los mandos porque había un claro vínculo entre los guardias y los mandos, que me iba a hacer hundirme en las arenas movedizas y tuve que soportarlo. Algunas están denunciadas. En su día hablaré de ellas.

-A pesar de los avances en la Guardia Civil, ¿queda mucho camino por recorrer en igualdad?

-Por lo que yo he vivido, sí. Aunque institucionalmente se dedican muchos recursos a programas de igualdad, queda mucho camino por recorrer hasta que se interiorice la igualdad en todas las personas que componemos esta Institución, porque la Guardia Civil no puede tolerar conductas discriminatorias propias del pasado.

-¿Cómo ha afectado toda esta situación a los servicios que presta el Seprona en la Isla?

-La carencia es pública y notoria desde 2016, que salió en los medios. En circunstancias normales ya hay carencias. Hay cinco efectivos para una isla con 150.000 habitantes, tres millones de turistas al año, 247 kilómetros de costa, 42 por ciento del suelo protegido, La Graciosa, los islotes, puertos deportivos, polígonos industriales, setenta hoteles y todas las competencias medioambientales, de maltrato animal y de patrimonio histórico. Para todo esto, cinco efectivos es insuficiente.

-¿Puede haber delitos medioambientales graves que no se estén persiguiendo?

-Pues no lo sé, pero con los efectivos que hay, aunque quieran no pueden estar en dos sitios a la vez.

-Se conoció por el caso Unión, en 2009, que el excapitán Sandoval, Jefe de la compañía de Costa Teguise de la Guardia Civil pedía a Dimas Martín (expresidente del Cabildo actualmente en prisión) que le adjudicara obras a una empresa de un amigo. En el mismo sumario se puede escuchar cómo intenta saber qué agente del Seprona le había denunciado porque tenía amistad con uno de ellos. La UCO, que llevó a cabo la investigación, ha llegado a manifestar que no colaboraron con los agentes locales para extremar las precauciones y evitar filtraciones porque en Lanzarote se conoce todo el mundo. ¿Ha sentido recelos en alguna investigación sobre personas a las que ha investigado?

-Bueno, aparte de la inexplicable orden de apartarme de la investigación de la perrera de Arrecife... secundo textualmente la afirmación de la UCO.

-Ha tenido algún caso de éxito, tanto en maltrato animal como contra la caza furtiva...

-Se consiguió la primera condena de maltrato animal en Lanzarote, la primera condena de abandono animal en Canarias y las dos primeras personas que entraron en la cárcel por maltrato animal en el Archipiélago, además de acabar con la caza furtiva de pardelas en Alegranza, o eso espero.

-¿Recibió alguna felicitación?

-No. Ni felicitada ni condecorada. Es el jefe quien lo propone, y en mi caso, el capitán Germán García nunca me propuso para ello. La Guardia Civil, sin embargo, sí da importancia a estos casos e incluso menos relevantes... En el caso de las pardelas fueron propuestos para felicitación los guardias del servicio marítimo que me acompañaban. Yo dirigía el operativo. A ellos su jefe les quiso proponer para una felicitación y el mío, a mí, no.

    “He tenido que soportar situaciones de machismo insoportables, que no podía poner en conocimiento de los mandos porque había un claro vínculo entre ellos”

-¿Es cierto que en una ocasión se encontró con que habían cambiado la cerradura de su oficina?

-Fue durante el expediente número cinco, que me abrió el coronel tras la queja del veterinario de la perrera de Arrecife, que se sabía investigado por mí. Resulta que simultáneamente a que se me comunicara la apertura del expediente, se me aplica una medida cautelar de tres meses de cese en funciones “para mantener la disciplina”. Esto ocurre en plena investigación al veterinario de la perrera de Arrecife. En ese periodo me realizaron el pliego de cargos. El veterinario me había acusado falsamente, entre otras cosas, de no haber denunciado las obras de la perrera. Por supuesto, sí las había denunciado, y así lo quise alegar, aportando las denuncias como prueba, pero no pude hacerlo al estar cesada en funciones y no tener acceso al archivo de las denuncias. Solicité a la instructora del expediente que librara oficio al Seprona pidiendo tales denuncias, pero me denegó la prueba. El caso es que, una vez pasado el plazo de alegaciones y acabada la medida cautelar, regresé a mi oficina, pero al ir a abrir la puerta, habían cambiado la cerradura. Alguien se había asegurado por todos los medios posibles de que no pudiera aportar las pruebas para defenderme de las acusaciones falsas del veterinario Javier López Vicente. El expediente siguió su curso y la misma instructora que me denegó esa prueba, propuso para mí la pérdida de la especialidad del Seprona durante dos años y, consecuentemente, la pérdida del destino como jefa del Seprona de Lanzarote. Lo más decepcionante es que el Consejo Superior de la Guardia Civil respaldó esa propuesta de sanción, basándose en el informe jurídico de ella, y lo más inquietante es que es esta misma persona quien está instruyendo uno de los dos expedientes que aún se mantienen vivos contra mí.

-Siempre se repiten los mismos nombres en sus expedientes, pero ¿todo termina en Canarias?

-En su mayoría, sí. Además del acoso con los instrumentos disciplinarios, usando este régimen para acabar conmigo, paralelamente se hizo un acoso económico. Las sanciones suponían menos días de sueldo. En diciembre de 2018 me enfrentaba a una sanción a punto de llegar que eran seis meses sin sueldo, y tenía que abonar 14.000 euros de fianza por responsabilidad civil del juicio que se hará en octubre. Te acorralan de forma profesional, social, psicológica y económica y los mandos no te quieren escuchar, con lo cual te dejan sola. Se trata de aislamiento, acoso disciplinario y económico. Es muy difícil salir de ahí sin ayuda como la que yo he tenido la suerte de tener. Te tiran a un pozo, te quitan la escalera y te empiezan a echar agua. Han distorsionado los procedimientos con el fin de manipular a las autoridades que tenían que sancionar. Han intentado minarme la autoestima y provocar confusión y sensación de inseguridad. Son maniobras de hostigamiento perverso y reiterado, propias de mentes que no deberían ostentar el poder que les otorga su cargo en la Guardia Civil. Se creen impunes y por eso vulneran sin contemplaciones los derechos constitucionales como se hacía en la dictadura franquista. Esto es inaceptable en un Estado de Derecho.

-¿Conoce otros casos parecidos en la Guardia Civil?

-Con tantos expedientes y causas penales en tan breve plazo como a mí, no.

-En los últimos años en Canarias han trascendido casos de corrupción en la Guardia Civil, incluso con condenas. ¿Es un número normal o las islas están por encima de la media?

-Contando las condenas de Botavara por narcotráfico en Fuerteventura y el aeropuerto de Gran Canaria por sobornos, cohecho… probablemente estemos a la altura de Algeciras.

-Ha presentado una querella contra el coronel y el general y se la han admitido a trámite...

-Así es. Voy a exigir la responsabilidad penal a cada persona que, a mi juicio, la haya tenido, tanto en los expedientes como en las causas penales. A todas. En este caso se me abrió un expediente por realizar una pregunta en una reunión que se demostró que yo no había hecho. El director del Centro Isla de La Graciosa, Aurelio Centellas, envió al coronel Arranz un documento que contenía afirmaciones que no se correspondían con la realidad respecto a una pregunta realizada por mí en el Consejo Insular de Caza, y éste, basándose en ese informe con contenido falso me sancionó a pesar de que aporté la grabación oficial de la reunión donde se comprobaba que de lo que me acusaba el funcionario de Parques Nacionales era falso, pero no lo tuvo en cuenta. El general Sánchez Medina ratificó esa sanción pero el Tribunal Militar la anuló al haberse violado el principio de legalidad en la instrucción del expediente. A mi juicio, tanto el coronel Arranz como el general dictaron una sanción a sabiendas de su injusticia, motivo por el cual presentamos una querella contra ellos, por prevaricación, que ha sido admitida. En julio también presentamos otra querella por abuso de poder en el Tribunal Militar contra el coronel Arranz, el capitán Germán y un guardia.

-No es muy común que admitan a trámite una querella contra dos altos mandos de la Guardia Civil.

-Pero no va a ser la última vez porque no se puede consentir. Si no has cometido ninguna sanción, se tienen que exigir responsabilidades. Estamos hablando del jefe de la Guardia Civil en la provincia de Las Palmas y en toda Canarias. Es inadmisible. La Guardia Civil debe garantizar los derechos constitucionales y la legalidad, no violarlos y promover la persecución de los delitos, cosa que estoy haciendo al querellarme contra ellos.

-El coronel Arranz está en la reserva, pero el capitán sigue siendo su capitán.

-Sigo estando a sus órdenes. Estar bajo el mando de una persona que ha sido un autor necesario en esta ráfaga de expedientes disciplinarios es muy peligroso. Él inició dos expedientes con dos informes suyos en los que afirmaba hechos que ya ha quedado demostrado que no fueron realidad.

-¿Desde el punto de vista personal qué ha supuesto todo esto?

-Una locura.

-¿Un desgaste personal?

-Es un desgaste que te lleva al límite. Si careces de los apoyos necesarios, que por suerte no ha sido mi caso, te lleva irremediablemente al suicidio. En la Guardia Civil se suicida un agente cada 26 días, casi duplica la media nacional. La presión bajo la que algunos trabajamos bajo los mandos es insoportable. Y en Canarias el índice de suicidios de agentes de la Guardia Civil en los últimos años supera la media nacional. En Fuerteventura se suicidó hace unos meses un sargento de Policía Judicial, según sus familiares, tras la apertura de un expediente.

-Con esta situación, ¿tiene fuerzas, ganas o vocación para seguir trabajando?

-Igual o más. Quiero volver a trabajar más y mejor, con más fuerza porque es mi vocación, por justicia, por dignidad y por la responsabilidad de no defraudar a todas las personas que creyeron en mí siempre y me han sostenido en esta locura.

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Re:Los expedientes disciplinarios. Formas y "formas"
« Respuesta #2002 en: 12 de Septiembre de 2019, 10:19:57 am »
Una actuación no acaba en Comisaría


Policías que acuden a juicio sin revisar el atestado policial en su día instruido por ellos, por lo que en el momento de declarar simplemente no se acordaban de nada. Eso sí, ratificándose del mismo.
.
Dice la sentencia que lo que se sanciona es la conducta relacionada directamente con sus obligaciones profesionales, (...) así en concreto, La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, establece que entre los principios de actuación está la obligación de colaborar con la administración de justicia, que auxiliará en los términos establecidos en la Ley (art.5.1.e) y la obligación de llevar a cabo sus funciones con total dedicación (art.5.4),
.
También se indica que el incumplimiento por ambos policias de lo anteriormente mencionado implica una falta de celo en su labor profesional, más si cabe, porque tuvieron tiempo más que suficiente para, una vez conocida la citación de la fecha del juicio, acceder a través del sistema o programa informático correspondiente al atestado que en su día elaboraron y acudir a la vista totalmente instruidos de lo sucedido meses antes
.
Sentencia: ECLI:ES:TS:2018:104
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/01b2e9357b238a3d/20180129


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Re:Los expedientes disciplinarios. Formas y "formas"
« Respuesta #2003 en: 12 de Septiembre de 2019, 11:28:52 am »
Una actuación no acaba en Comisaría


Policías que acuden a juicio sin revisar el atestado policial en su día instruido por ellos, por lo que en el momento de declarar simplemente no se acordaban de nada. Eso sí, ratificándose del mismo.
.
Dice la sentencia que lo que se sanciona es la conducta relacionada directamente con sus obligaciones profesionales, (...) así en concreto, La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, establece que entre los principios de actuación está la obligación de colaborar con la administración de justicia, que auxiliará en los términos establecidos en la Ley (art.5.1.e) y la obligación de llevar a cabo sus funciones con total dedicación (art.5.4),
.
También se indica que el incumplimiento por ambos policias de lo anteriormente mencionado implica una falta de celo en su labor profesional, más si cabe, porque tuvieron tiempo más que suficiente para, una vez conocida la citación de la fecha del juicio, acceder a través del sistema o programa informático correspondiente al atestado que en su día elaboraron y acudir a la vista totalmente instruidos de lo sucedido meses antes
.
Sentencia: ECLI:ES:TS:2018:104
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/01b2e9357b238a3d/20180129

Y vas a plomo y no te dan la comparecencia por orden de iluminatis

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Re:Los expedientes disciplinarios. Formas y "formas"
« Respuesta #2004 en: 12 de Septiembre de 2019, 11:41:08 am »
Una actuación no acaba en Comisaría


Policías que acuden a juicio sin revisar el atestado policial en su día instruido por ellos, por lo que en el momento de declarar simplemente no se acordaban de nada. Eso sí, ratificándose del mismo.
.
Dice la sentencia que lo que se sanciona es la conducta relacionada directamente con sus obligaciones profesionales, (...) así en concreto, La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, establece que entre los principios de actuación está la obligación de colaborar con la administración de justicia, que auxiliará en los términos establecidos en la Ley (art.5.1.e) y la obligación de llevar a cabo sus funciones con total dedicación (art.5.4),
.
También se indica que el incumplimiento por ambos policias de lo anteriormente mencionado implica una falta de celo en su labor profesional, más si cabe, porque tuvieron tiempo más que suficiente para, una vez conocida la citación de la fecha del juicio, acceder a través del sistema o programa informático correspondiente al atestado que en su día elaboraron y acudir a la vista totalmente instruidos de lo sucedido meses antes
.
Sentencia: ECLI:ES:TS:2018:104
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/01b2e9357b238a3d/20180129

Y vas a plomo y no te dan la comparecencia por orden de iluminatis

Una de las variadas guerras con las comisarías fue precisamente la copia de la comparecencia aduciendo leyes inexistentes, y se ganó y hoy te la dan sin problemas.

No podemos permitir que desde dentro se niegue copia, asi que recomiendo escrito, pero con un argumento de peso...TODO DENUNCIANTE, Y NOSOTROS LO SOMOS, TIENE DERECHO A UNA COPIA LITERAL DE SU DECLARACION.

Si no se quiere entregar copia de la comparecencia el funcionario deberá extender una copia literal de lo manifestado.

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Re:Los expedientes disciplinarios. Formas y "formas"
« Respuesta #2006 en: 12 de Septiembre de 2019, 18:17:28 pm »


Corrupción en la Policía Foral: expedientan a dos agentes tras recibir presiones de un alcalde del PSN



NAVARRA.COM
12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (15:48 H.)
 
El cargo socialista se puso en contacto con el jefe de la comisaría de Tudela para cuestionar la actuación de dos policías con un grupo de cazadores.

El jefe de la comisaría de la Policía Foral de Tudela, Miguel Ángel Escudero, aprovechó las atribuciones de su puesto para remitir una información a la Brigada de Régimen Interno desautorizando a dos de sus agentes después de haber recibido presiones del en ese momento alcalde de Murchante, Tomás Aguado (PSN).

Los hechos se remontan al pasado 4 de abril. Por la mañana, la oficina del 112 recibió una llamada de una mujer que alertaba de que unos hombres se encontraban disparando hacia una zona de caminos junto a la vía verde del Tarazonica, y que tenía miedo de pasar por esa zona, por lo que requería una presencia policial.

El 112 trasladó el aviso al Centro de Mando y Coordinación de la Policía Foral, que movilizó a una patrulla formada por dos agentes adscritos a la comisaría de Tudela. Estos hablaron directamente por teléfono con la mujer, que volvió a indicar la presencia de los hombres disparando armas de fuego, lo que le provocaba temor a caminar por la zona.
Los dos policías se trasladaron al lugar, que apenas distaba un kilómetro de la comisaría, y al llegar escucharon varias detonaciones y disparos. Uno de los agentes se bajó del vehículo oficial y se dirigió hacia el grupo de individuos gritándoles que arrojaran sus armas al suelo. Al no saber a lo que se enfrentaba, el policía llevaba desenfundada su arma corta en posición plegada hacia el suelo.

Los hombres, cuatro cazadores que portaban escopetas, hicieron caso omiso a los mandatos del policía y se mostraron con una actitud desobediente y esquiva, no parando de manipular sus armas. Además, se adentraron en una zona de olivares para tratar de que la Policía Foral les perdiera la pista.

No obstante, los dos agentes consiguieron encontrarlos y se hicieron con el control de la situación. Como las explicaciones vertidas por los cazadores no eran muy convincentes, los policías decidieron requisarles las escopetas e informarles de que se les iba a proponer para diversas sanciones administrativas, ya que los acusaron de haber hecho un uso negligente de las armas de fuego. Asimismo, uno de ellos estaba usando una escopeta de la que no era titular, sin aportar el correspondiente documento de cesión; el que se la había cedido tampoco contaba con la documentación necesaria; y otro de ellos había dejado un arma a la vista dentro de un vehículo estacionado a varios cientos de metros del lugar.

CONTACTOS EN MURCHANTE

Dentro de ese grupo de cazadores se encontraba un responsable del coto de caza de Murchante y otro de un coto próximo a Navarra. Una vez que los policías se marcharon, los hombres se pusieron en contacto con el alcalde de Murchante, que en ese momento era Tomás Aguado (sustituido por Luis Sancho, también del PSN, tras las elecciones locales de mayo). Este, tras conocer la versión que le dieron los cazadores (distinta a la expuesta por los agentes), llamó por teléfono al comisario de Tudela, Miguel Ángel Escudero, para protestar por la actuación de la patrulla.

Estos hechos ocurrieron con bastante celeridad, puesto que cuando los agentes regresaron a la comisaría tras la intervención, el comisario les pidió explicaciones sobre lo sucedido, puesto que ya había recibido la llamada del regidor municipal de la localidad ribera.

A partir de ese momento, las actuaciones internas dentro de la Policía Foral comenzaron a variar el cauce normal que deberían haber registrado. Por un lado, las denuncias a los cazadores emprendieron un camino distinto al reglamentario. Según la normativa que rige las actuaciones del cuerpo policial autonómico (y que es de obligado cumplimiento), en el caso de que se produzca una infracción en el reglamento de armas, esta debe ser remitida a la Delegación del Gobierno, el órgano competente y encargado de tramitarla. De hecho, las armas requisadas sí que fueron entregadas a la Guardia Civil.

Sin embargo, la Unidad de Gestión del cuerpo policial autonómico envió las denuncias al departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra, que no es competente en este ámbito. Más adelante, la Brigada de Régimen Interno redactó y envió al citado departamento un informe explicando que, según su criterio, los agentes habían actuado incorrectamente, por lo que lo ponían en su conocimiento para que actuaran en consecuencia.

Dicho y hecho. El departamento de Medio Ambiente, sin competencias en el reglamento de armas y ante la aclaración de que los agentes habían tramitado mal las denuncias (cuando era la Unidad de Gestión la que las había enviado), archivó ocho denuncias, pese a que se habían formulado diez. Dos se extraviaron y no se sabe dónde están.

ABUSO DE ATRIBUCIONES

Por otro lado, a los dos agentes se les incoó un expediente administrativo a través de una resolución del director general del departamento de Interior del Ejecutivo foral, en ese momento Agustín Gastaminza. Se los acusa de haber actuado con abuso de sus atribuciones en perjuicio de la ciudadanía, una infracción grave cuyas sanciones pueden ser el traslado forzoso a otro puesto de trabajo, la suspensión de empleo y sueldo entre 5 y 30 días, o la suspensión de funciones durante un tiempo máximo de tres meses.

Según fuentes conocedoras del caso, el origen de la situación fue la llamada telefónica del alcalde de Murchante al comisario de Tudela, una llamada que viene reflejada en varios correos internos de la Policía Foral y hasta en la propia resolución del director general de Interior, a la que ha tenido acceso NAVARRA.COM.

En esa llamada, el alcalde del PSN cuestionó la actuación policial efectuada con los cazadores, remarcando que habían abusado de su autoridad. Acto seguido, el comisario inquirió a los dos agentes que cómo se les había ocurrido actuar de esa manera, desenfundando un arma. A raíz también de esa llamada, se dio inicio en junio a una información reservada dentro del cuerpo, que conllevó en julio la incoación de un expediente, por el que se les imputa a los dos policías una infracción grave al régimen disciplinario, acusados de haberse extralimitado en el ejercicio de sus funciones con perjuicio de terceros.

La misma llamada motivó también que las denuncias no registraran su recorrido obligatorio y acabaran en el departamento de Medio Ambiente, al igual que originó la redacción de un informe interno desautorizando la actuación de los dos agentes, que el pasado viernes recibieron la notificación del expediente y que ahora se encuentran a la espera de declarar como investigados y recibir la sanción correspondiente.

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Re:Los expedientes disciplinarios. Formas y "formas"
« Respuesta #2008 en: 19 de Septiembre de 2019, 23:59:33 pm »

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Re:Los expedientes disciplinarios. Formas y "formas"
« Respuesta #2009 en: 20 de Septiembre de 2019, 07:01:39 am »
¿Y el juez que ha dicho sobre ese caso, señor Barbero?

https://twitter.com/javierbarberog/status/1174391044059930624?s=19



Barbero sabe perfectamente lo que dijo el Juez, como de igual forma sabe que la actuación administrativa es posible a pesar del archivo judicial, y sin prevaricar.

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Re:Los expedientes disciplinarios. Formas y "formas"
« Respuesta #2010 en: 20 de Septiembre de 2019, 13:52:00 pm »
¿Y el juez que ha dicho sobre ese caso, señor Barbero?

https://twitter.com/javierbarberog/status/1174391044059930624?s=19



Barbero sabe perfectamente lo que dijo el Juez, como de igual forma sabe que la actuación administrativa es posible a pesar del archivo judicial, y sin prevaricar.

Claro que sabe lo que dice el juez, pero a él no le recrimina nada.....


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Re:Los expedientes disciplinarios. Formas y "formas"
« Respuesta #2011 en: 26 de Septiembre de 2019, 06:59:34 am »

El expediente surrealista a un guardia civil que discutió con un árbitro y luego le multó

Un agente de A Coruña, delegado de un club de fútbol, fue denunciado por un colegiado tras discutir tras un partido. La Benemérita expedientó al guardia, que finalmente quedó exonerado


Foto: A la derecha, en un círculo, el agente como delegado del equipo.


Autor
EC

26/09/2019 05:00

"Lo que pasa en el campo se queda en el campo. Cuando acaba el partido, me olvido". Así lo asegura Carlos A.P., guardia civil con 20 años de experiencia en el destacamento de tráfico de A Coruña y en su tiempo libre delegado de un equipo de fútbol, el Club Sporting Coruñés SD. El problema para Carlos es que un árbitro de su categoría no piensa igual y se quejó ante sus superiores después de que ambos discutieran durante un partido. La dirección de la Guardia Civil ordenó abrirle un expediente disciplinario el pasado mes de mayo por falta grave "de la observancia de conductas gravemente contrarias a la dignidad de la guardia civil". No solo por la bronca durante el encuentro. Casualmente, el agente multó días después al árbitro por una infracción de tráfico.

La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), mayoritaria en la Benemérita, señala que "nos encontramos ante un intento por parte del Cuerpo de militarizar la vida de los guardias civiles durante las 24 horas, privándoles de su condición de ciudadanos de pleno derecho durante su tiempo libre". Y eso que el resultado del expediente al final ha resultado positivo para los intereses del agente. El instructor falló en agosto que "los acontecimientos no se consideran constitutivos de infracción disciplinaria alguna". A pesar de ello, Carlos y la AUGC quieren hacer público su caso y recordar que el defensor del pueblo ha dejado claro que los agentes del Instituto Armado no ostentan su condición de militar las 24 horas del día, "como si de un sacerdocio se tratase".


Esta rocambolesca historia comienza el 4 de noviembre de 2018, durante un partido de la categoría cadetes entre el Sporting Coruñés y el Orillamar SD. "Perdimos 5-0, aunque los dos equipos ya estábamos clasificados para la siguiente fase", explica el agente, que hacía las funciones de delegado del Sporting. El encontronazo entre colegiado y delegado (el guardia) se produjo en el descanso, cuando este último le recriminó que no solo había llegado tarde al partido sino que comenzaba la segunda parte también con retraso. El árbitro asegura que las acusaciones eran falsas y amonestó al delegado con una tarjeta amarilla.

El colegiado, de 22 años, se quejó a sus superiores, el Comité Técnico de Árbitros de A Coruña, y este organismo elevó una queja a los Servicios de Información de la Guardia Civil, que pusieron los hechos en conocimiento del Destacamento de Tráfico, que finalmente decidió abrir un expediente contra Carlos. Según la denuncia del árbitro, el delegado le increpó después del partido, "gritándome a escasos centímetros de la cara", asegurando que el responsable de las instalaciones se interpuso entre ambos, "convencido de que el delegado iba a agredirme". Según el colegiado, el delegado le espetó "te vas a enterar". La Guardia Civil tomó declaración a ese persona que se interpuso, que simplemente declaró "que no escuchó insultos ni gritos". Solo "una conversación subida de tono, lo normal en un campo de fútbol".

Lo cierto es que esa discusión motivó que el delegado fuera sancionado con cuatro partidos de suspensión. Carlos también tuvo que declarar en el expediente abierto contra él. Señaló que no había amenazado al árbitro. "Fue todo lo contrario. Me amenazó él a mí. Me dijo que me iba a caer una buena". Una semana después del partido y del encontronazo entre ambos, el joven árbitro fue multado a las 13:46 del 11 de noviembre por "conducir de modo negligente". No había puesto los intermitentes y una patrulla de la DGT le paró. En el vehículo policial estaba Carlos, aunque la sanción la puso su compañero. El árbitro relató que le habían multado en "circunstancias peculiares", ya que había un agente que tenía la cara oculta con una "bufanda". El árbitro asegura que ese guardia oculto era el delegado del Sporting Coruñés y que le habían sancionado "por venganza".

El expediente contra el agente señala "que el propio denunciado aceptó la infracción como supuestamente cometida y por ello procedió a su pago [200 euros]". En conversación con El Confidencial, el agente señala que la multa fue "pura casualidad. No sabía que el coche lo conducía el árbitro con el que había discutido una semana antes. La infracción la vio mi compañero, que fue quien puso la sanción". La Guardia Civil, no obstante, señala que tres días antes, el 8 de noviembre, un agente del destacamento consultó en la base de datos policial SIGO y buscó el nombre del árbitro. Y que ese mismo día Carlos estaba de patrulla y recibió tres llamadas a su móvil desde el destacamento, aunque el instructor las califica como "circunstancia del servicio". Finalmente, el instructor del expediente determinó que los hechos investigados "no eran constitutivos de infracción disciplinaria".




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Re:Los expedientes disciplinarios. Formas y "formas"
« Respuesta #2013 en: 27 de Septiembre de 2019, 10:42:27 am »
Cómo era eso de que lo.que se haga en la vida personal escapa a las disposiciones reglamentarias?



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Re:Los expedientes disciplinarios. Formas y "formas"
« Respuesta #2014 en: 01 de Octubre de 2019, 07:32:00 am »

Condena a una guardia civil que menospreció a la Ertzaintza estando borracha

La cabo se saltó un semáforo en Irún con el coche y dio positivo en el control de alcoholemia. Se encaró con los policías autonómicos y les llamó “aficionados” y “sinvergüenzas”

Fecha
01/10/19access_time 1:02

“Se identificó de palabra ante los agentes de la Ertzaintza como Cabo de la Guardia Civil y se dirigió a ellos con palabras de menosprecio hacia dicho Cuerpo de Policía y de descalificación hacia los propios agentes, diciéndoles que la única Policía que existe es la Guardia Civil y la Policía Nacional, que ellos eran unos aficionados y que vaya compañeros que eran, que le hacían la prueba de la alcoholemia”.


Esos son parte de los hechos probados de una sentencia del Tribunal Militar Central que recientemente la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha confirmado, al desestimar el recurso de casación de una cabo de la Guardia Civil condenada a tres meses de suspensión de empleo por una falta grave de “observancia de conductas gravemente contrarias a la dignidad” del Instituto Armado.

Triplicaba la tasa máxima de alcohol

Los hechos sucedieron en Irún (Guipúzcoa, en la frontera con Francia) en la madrugada del 3 de febrero de 2017, en torno a las 2:00. Una pareja de agentes de la Ertzaintza vio caminando cerca de la discoteca “Saroya” a una mujer que presentaba síntomas de embriaguez y desorientación. Le preguntaron si necesitaba algo, y la mujer les dijo que estaba buscando un bar.

Los ertzainas le respondieron que los bares ya estaban cerrados, y que dado su estado no debería coger el coche.

Poco después, esos mismos agentes dieron el alto, precisamente, a esa misma mujer al volante de un coche. La habían visto realizando un giro prohibido y saltándose un semáforo en rojo, por lo que siguieron al vehículo, le dieron el alto y le practicaron la prueba de detección de alcohol en aire espirado.

El resultado fue positivo: 0,71 miligramos de alcohol por litro de aire a las 2:10 (casi el triple), y 0,60 miligramos a las 2:37. El límite máximo de alcohol en España es de 0,25 miligramos por litro de aire aspirado. Por encima de 0,60 miligramos por litro en aire se considera ya un delito penado con prisión de tres a seis meses, multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad; así como la supresión del derecho a conducir de uno a cuatro años.

Por todo ello, los ertzainas procedieron a formular denuncias por presuntas infracciones de la legislación sobre seguridad vial.
“La única Policía es la Guardia Civil”

La cuestión es que ya antes de hacerle la prueba de alcoholemia, la conductora (y antes viandante) “se identificó de palabra ante los agentes de la Ertzaintza como cabo de la Guardia Civil”. Pero no sólo hizo eso.

A continuación, según la sentencia ahora confirmada por el Supremo, la cabo (que estaba destinada en el Centro de Cooperación Policial de Irún-Hendaya) se dirigió a los ertzainas “con palabras de menosprecio” hacia la Ertzaintza, como se ha indicado antes; también proclamó ante los policías autonómicos vascos que “la única Policía que existe es la Guardia Civil y la Policía Nacional”, y que ellos “eran unos aficionados y que vaya compañeros que eran, que le hacían la prueba de la alcoholemia”.

La tensión subió cuando los ertzainas llamaron a la Guardia Civil y pidieron que acudiera algún miembro de la unidad destinada en Irún para identificar a la cabo que se presentaba como integrante del cuerpo.

Se presentó una cabo primero, también destinada en el Centro de Cooperación Policial de Irún-Hendaya. Y al llegar, la cabo que se encontraba bajo los efectos del alcohol volvió a insultar a los ertzainas; les llamó “sinvergüenzas” por haber hecho desplazarse hasta allí a la cabo primero.

El prestigio del cuerpo

Uno de los motivos de casación que alegó la cabo sancionada y condenada por el Tribunal Militar Central es la vulneración del principio de legalidad, establecido en el artículo 25 de la Constitución, en el sentido de que los hechos sucedieron cuando estaba fuera de servicio y no como agente de la Guardia Civil.

A la cabo la condenaron por “la observancia de conductas gravemente contrarias a la dignidad de la Guardia Civil”. Los jueces de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo remarcan en su sentencia que “para que la imagen de la Guardia Civil pueda quedar perjudicada y el tipo disciplinario que contemplamos se colme, resulta necesario que los comportamientos integrantes de la conducta reprochada se proyecten ad extra, es decir, trasciendan a personas ajenas al Instituto de la Guardia Civil, las cuales han de conocer tanto los hechos o el hecho como la condición de miembro del Cuerpo del actor”.

En este sentido, el Supremo remarca que los guardias civiles, de acuerdo con la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del régimen disciplinario de la Guardia Civil, “deben mostrar un comportamiento intachable en todo momento, no solo en acto de servicio, también en relación con terceros, siendo reprochables cuantas acciones que, por su trascendencia, afecten al haz de valores y virtudes que caracterizan a la Benemérita”.

Por ello, “el militar [por tanto, el guardia civil] deberá actuar con arreglo, entre otros, a los principios de integridad, ejemplaridad, austeridad y honradez, estando obligado a velar por el prestigio de la institución y por el suyo propio en cuanto miembro de ella, normas que se cohonestan”.

A criterio de la Sala, igual que el Tribunal Militar Central, la cabo comprometió el prestigio del cuerpo al mostrar “una conducta como la que justifica la sanción, con claro desdoro para el Cuerpo al que pertenece, según se desprende de las expresiones ofensivas que dirigió a dos miembros de otro cuerpo policial y a la Cabo 1º de la Guardia Civil” que acudió a identificarla.

Y termina remarcando que la sanción de tres meses de suspensión de empleo fue proporcional “dada la relevante afectación a la imagen de la institución que supone la actitud mostrada por una cabo que se identifica como tal”.



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Re:Los expedientes disciplinarios. Formas y "formas"
« Respuesta #2015 en: 05 de Octubre de 2019, 13:54:13 pm »


Un alumno de la Ertzaintza que apoya a los agresores de Alsasua cazado disparando un arma desde un balcón



PELAYO BARRO05/10/2019 06:45

Un alumno de la academia de la Ertzaintza ha sido sancionado por disparar una pistola neumática en Vitoria. El joven, muy vinculado con el entorno ‘proetarra’, ha participado en diversos homenajes a los agresores de Alsasua, e incluso portaba el lema ‘Todos los Policías son bastardos’.

El joven cadete de la Academia de la Ertzaintza en Arkaute ha sido sancionado después de que la policía le identificase como una de las tres personas que disparó contra una farola desde un domicilio de Vitoria.


Lo que más ha sorprendido internamente en la Ertzaintza es el perfil del joven aspirante al cuerpo policial vasco. Está fuertemente vinculado con movimientos de corte ‘proetarra’ y ha participado en varios homenajes a los radicales detenidos en Alsasua por agredir a agentes de la Guardia Civil. Incluso ofreció un concierto de rock con su grupo para exigir la liberación de ‘los 8 de Alsasua’, en el que el lema era «Stop montajes policiales’.


ertzaintza
El alumno de la Ertzaintza durante un concierto por los ‘8 de Alsasua’.

Otro detalle que no ha pasado desapercibido sobre el ‘tirador’ sancionado es su indumentaria. Concretamente una fotografía en la que el joven aspirante a policía posa con una sudadera en la que pueden leerse las siglas A.C.A.B, las iniciales de la expresión anglosajona ‘All Cops Are Bastards’: «Todos los policías son bastardos».

Los hechos por los que ha sido sancionado este aspirante a ertzaina tuvieron lugar el pasado domingo por la noche. El teléfono de Emergencias recibió un aviso por parte de un vecino del barrio de Zaramaga (Vitoria). Alguien estaba disparando desde una ventana y el objetivo de su puntería era una farola.


Una unidad de intervención rápida de la Ertzaintza se desplazó hasta el lugar a toda velocidad alertados por la posibilidad de que se tratase de un arma de fuego. Al llegar, localizaron a los autores de los disparos, les incautaron el arma neumática (con botellas de gas comprimido que disparan balines). La sorpresa llegó cuando identificaron a los tres jóvenes que habían estado disparando: los tres son aspirantes a agentes de la Ertzaintza y se encuentran en este momento en su periodo de instrucción en la academia de Arkaute.

Según fuentes del cuerpo policial, la sanción podría incluso suponer su expulsión de la Ertzaintza.

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Re:Los expedientes disciplinarios. Formas y "formas"
« Respuesta #2016 en: 06 de Octubre de 2019, 13:53:03 pm »


Sanción ‘ejemplarizante’ de Torra a un mosso por una entrevista a OKDIARIO: 8 meses sin sueldo


El presidente de los Mossos constitucionalistas: «No es exagerado hablar de posibles muertos el día 21»

Torra expedienta al presidente de los Mossos constitucionalistas por una entrevista con OKDIARIO

P. Barro y R.Tejero06/10/2019 06:48

Un ‘aviso a navegantes’ en toda regla. Así entienden en los Mossos d’Esquadra el castigo que se le ha impuesto a Ángel Gómez, el agente que pone cara a la plataforma ‘Unión de Mossos por la Constitución’. Ocho meses sin empleo y sueldo por una entrevista a OKDIARIO. Consideran que la elección del momento, en vísperas de la sentencia del 1-O, no es casual: “El que se mueva, palo”.

Ángel Gómez, agente de los Mossos d’Esquadra y presidente de la asociación Unión de Mossos por la Constitución, recibió la noticia este viernes: la expediente que le abrió la División de Asuntos Internos (DAI) ha finalizado con una sanción de pérdida de empleo y sueldo de ocho meses. Además, pierde su destino, por lo que cuando se reincorpore podría ser enviado a un nuevo puesto mucho más alejado de su casa. Un castigo que entre mossos se considera “excesivo”.


Además, explican fuentes internas de los Mossos, consideran que la elección del momento en el que se le comunica la sanción “no es casual”. Le llega a pocos días de conocerse la sentencia del 1-O, por lo que entienden que se trata de un “aviso a navegantes”, una advertencia a todo aquel que esté pensando en manfiestar su lealtad al orden constitucional en los próximos días.

La División de Asuntos Internos (DAI) de los Mossos D’Esquadra abrió el pasado mes de mayo un expediente a Ángel Gómez por sus declaraciones en una entrevista concedida a OKDIARIO. Lo hizo de uniforme y asegurando que la tensión que se estaba gestando en la calle de cara al Consejo de Ministros que se iba a celebrar en Barcelona el pasado diciembre era tal que incluso no era «exagerado hablar de muertos».


El departamento de los Mossos resolvió que «de los hechos mencionados anteriormente se desprende la necesidad de incoar el expediente disciplinario obligatorio para sancionar las presuntas faltas que se pueden derivar”.



La “Stasi” de Torra


Son muchas las voces internas en los Mossos que vienen denunciando que la División de Asuntos Internos (DAI) se ha convertido en los últimos años en una ‘policía política’ a la caza de disidentes que no sigan la línea independentista marcada por el gobierno de Quim Torra. Una situación que, según sospechan, irá a más próximamente tras la llegada de un nuevo director muy próximo a Puigdemont y a la ‘línea dura’ del secesionismo.

Según aseguran algunos de estos agentes, esta división causa terror entre cualquiera que esté dispuesto a manifestarse leal al orden constitucional, ya que opera “como una auténtica Stasi” al servicio de Torra, en referencia a la temible policía política de la Alemania Oriental.


“No es comprensible que ya haya varios compañeros sancionados por expresar y defender la legalidad y el orden constitucional establecido, mientras otros agentes como Albert Donaire (erigido ‘portavoz’ de los Mossos independentistas) insulta públicamente y día tras día a España, a su gobierno, al Rey o a otros compañeros y a él nunca le pasa nada” se quejan amargamente. “Aquí -dicen- el que se mueva que no sea de su cuerda, palo”.

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Re:Los expedientes disciplinarios. Formas y "formas"
« Respuesta #2017 en: 13 de Octubre de 2019, 07:35:41 am »




Por qué un mosso es malo si dice "Puigdemont, capullo" y buenísimo si grita "Rajoy, hijo de puta”
Sanciones de empleo y sueldo por decir "Viva España" o por acudir a una entrevista uniformados, los agentes se quejan del doble rasero
13 octubre, 2019 03:20

David López Frías @lopezfrias

Que un agente de Mossos d’Esquadra sea entrevistado por un periódico de Madrid con el uniforme reglamentario puesto le supone una suspensión de empleo y sueldo de ocho meses, además de la pérdida del destino. Decir ‘Viva España’ siendo un agente de Mossos fuera de servicio (y de vacaciones) conlleva un expediente disciplinario. Si un mosso protesta porque un mecánico no ha querido atender a su esposa por ser ella Policía Nacional, también acarrea sanción. Pero llamar hijo de puta a Rajoy o insultar por sistema a los políticos no independentistas o a los jueces del procés, sale gratis. Es la diferencia entre ser un agente afín a la ideología separatista o mantenerse fiel a la constitución española.

Que el Procés ha dividido a familias, grupos de amigos y hasta relaciones sentimentales, no es un secreto para nadie que haya vivido en Cataluña en los últimos años. Lo que era más inesperado y resulta más inquietante es que esa fractura haya llegado también al cuerpo que tiene que proteger la seguridad de todos los catalanes. Pero así es y de qué manera. La guerra civil en el seno de los Mossos d’Esquadra se recrudece por momentos. Independentistas y constitucionalistas han tomado posiciones, se significan en redes e intercambian mensajes beligerantes, insultos y hasta denuncias.

Luchan bajo el mismo uniforme, pero las directrices en cada bando son distintas. Unos claman por respetar la Constitución y las decisiones judiciales. Otros llaman abiertamente a la desobediencia. La situación se ha enquistado de tal modo que ya hay incertidumbre dentro del propio cuerpo acerca de qué va a suceder el lunes, cuando se conozca la sentencia del Supremo del juicio contra los políticos separatistas encarcelados. A las puertas de veredicto, la tensión va in crescendo.

Pero, tal y como denuncian los mossos constitucionalistas, existe un doble rasero a la hora de evaluar las acciones y manifestaciones públicas de uno y otro bando por parte de la dirección policial. El cuerpo está en manos de políticos y mandos independentistas, lo que conlleva una serie de consecuencias nefastas para los agentes constitucionalistas. Un acoso selectivo que ha llevado a algunos agentes a optar por la famosa pasarela; esto es, marcharse de Cataluña e ingresar en otro cuerpo de seguridad del estado. Pero los que se quedan, sufren las represalias de sus mandos hasta el punto que hay agentes de baja por ansiedad. Otros esperan sus sanciones, viendo cómo a sus compañeros independentistas se las pasan todas.
La reina Letizia se viste de bailarina 'cursi' con un diseño de Varela recargado de mariposas
Isabel BouzaLos Reyes y sus hijas han presidido el desfile militar por la Fiesta Nacional y el estilismo escogido por la esposa de Felipe VI ha llamado mucho la atención de los presentes.

Dos bandos para una guerra civil. Por un lado, Unión de Mossos por la Constitución. Una agrupación de agentes de la policía autonómica catalana que se pronuncian abiertamente en contra de las directrices separatistas del actual presidente de la Generalitat Quim Torra. En la esquina contraria, varias plataformas de policías independentistas: Mossos per la República, Guilleries o Mossos per la Democràcia. Todos ellos, parapetados y pertrechados por sus superiores. Campan a sus anchas por redes a sabiendas de que sus publicaciones no van a tener ninguna consecuencia negativa.
Ángel y el uniforme

Cada bando tiene a su buque insignia. Por el lado de los constitucionalistas hay dos nombres que encabezan esta lucha: Inma Alcolea y Ángel Gómez. Este último es agente de L’Hospitalet de Llobregat y fundador de la asociación Unión de Mossos por la Constitución. Es la cara más visible de este movimiento. Habitual en tertulias y periódicos, fue precisamente una entrevista a OK Diario la que le condenó: Ángel hizo la entrevista con el uniforme puesto y la DAI (División de Asuntos Internos) le ha ‘premiado’ con 8 meses de suspensión de empleo y sueldo, además de la pérdida de destino.

“Todavía no se lo he dicho a mi mujer”; confiesa Ángel, que ha llevado su caso a los tribunales “y mi dinero me está costando, entre costas y abogados. Eso sin contar la suspensión en sí, que son muchos meses de sueldo y se va a ejecutar en breve”. Una suspensión que va a llegar antes de que prosperes (si lo hacen) los recursos interpuestos, avanza este antiguo agente de la Guardia Civil.

“Este acoso empezó a partir de los hechos del 1 de octubre. A mí ya me conocen y me dieron vacaciones esos días, para tenerme lejos. Pero al volver me encontré con muchos compañeros que se quejaban de las órdenes recibidas aquellos días por sus superiores. Les dieron la consigna de no actuar, de no retirar urnas. Algún compañero que quitó alguna acabó destinado en calabozos, para que no molestase. Tampoco les enviaron refuerzos cuando los necesitaron. Me llegaron esas quejas y presenté una denuncia”. A partir de ahí, lo han puesto en el punto de mira.
Ángel Gómez

Ángel Gómez

Ahora tiene pendientes dos sanciones de empleo y sueldo, cada una de 4 meses. Una por la mencionada entrevista vestido de Mosso d’Esquadra. Otra por una tertulia de Intereconomía en la que participó y donde advirtió que la violencia estaba siendo instigada desde las altas esferas de la Generalitat, con el propio presidente Quim Torra azuzando a los CDR. La dirección de Mossos concluyó que el contenido de sus declaraciones era constitutiva de una falta que conllevaba otra sanción de 4 meses.

“Yo fui delegado sindical y teóricamente estoy protegido de este tipo de sanciones durante un año después de haber concluido mi labor sindical, pero se han pasado esta norma por el forro”, lamenta Ángel, que protesta porque otros agentes independentistas incurren en faltas “mucho más graves que hacer una entrevista de uniforme o expresar mi opinión en una tertulia. Pero contra ellos nunca hay nada. Yo recibo insultos y escarnios público a diarios. Por parte de internautas, medios de comunicación separatistas y otros compañeros que me insultan públicamente. Pero contra ellos nunca toman medidas. Concluyeron que es un sano ejercicio de libertad de expresión”.

A pesar de ello, pide a los mossos constitucionalistas “que no tengan miedo. Yo estoy en esta situación porque he dado la cara y han ido a partírmela. Pero también puedo entender que haya gente que tenga miedo, porque las consecuencias no son agradables; todos tenemos familia y todos queremos que nos permitan seguir trabajando. Yo entiendo que esto es duro. Pero nos tenemos que mantener fuertes. A mí me han aconsejado compañeros que me pille una baja por depresión o que me vaya de aquí. Pero no lo voy a hacer. Soy de L’Hospitalet, no tengo porque irme a ninguna parte y no tengo por qué fingir que estoy malo. Lo que ocurre es que me están acosando, que es otra cosa diferente, concluye. Ahora ha iniciado una campaña de crowfunding para poder sufragar los gastos que le está suponiendo todo este proceso.
Inma y el "Viva España"

Otro de los nombres que ilustra la falta de neutralidad de la dirección de Mossos d’Esquadra es la cabo Inma Alcolea, tal vez la persona que ha denunciado su situación de acoso en más ocasiones. También la víctima de la que tal vez sea la sanción más absurda impuesta nunca a un mosso d’esquadra. No por las consecuencias, que siempre son graves, sino por el motivo: Inma fue expedientada por haber dicho “Viva España” en presencia de una patrulla de Mossos d’Esquadra. Ella ni siquiera estaba trabajando; se encontraba de vacaciones. Tampoco llevaba el uniforme puesto.

Esto le supuso el exilio laboral, ya que fue enviada a trabajar a la prisión de Figueres. "Los letrados de la Generalitat que trataron el expediente consideraron que no cumplo con la neutralidad política de la que debe hacer un mosso d’esquadra", explica a EL ESPAÑOL, por lo que la confinaron a trabajar en la cárcel, "para que no tuviera contacto con el resto de la población”, señala.

EL “Viva España” fue una forma de hartazgo que expresó delante de una patrulla de Mossos. Y es que Inma arrastraba el problema desde antes. En total han sido tres los expedientes que le han sido impuestos por cuestiones ideológicas. En 2017 ya fue sancionada por haber manifestado una serie de opiniones en internet contrarias al separatismo imperante dentro del cuerpo de Mossos. Fue expedientada y sancionada porque en una de sus redes sociales apareció la publicación ‘Puigdemont capullo’. “Tengo más que demostrado que fue mi madre, que estaba pasando unos días en mi casa, la que publicó eso. Pero les dio igual”. Ese expediente, con suspensión de empleo y sueldo y traslado a 140 kilometros de su casa, se prolongó desde enero hasta septiembre.
Inma Alcolea

Inma Alcolea

Ese verano sucedió lo de ‘Viva España’, le caducaron el primer expediente y le iniciaron uno nuevo, donde le volvieron a aplicar medidas cautelares. Es decir, más suspensión de empleo y sueldo y nuevo traslado a más distancia de su casa. Exilio endurecido. El tercer expediente por no plegarse al independentismo fue por quejarse de su situación ante el exdelegado de Gobierno Enric Millo. “Le expuse que se estaban saltando la ley, que un expediente no puede prolongarse más de 6 meses y yo ya llevaba 14 (que al final fueron 16) con ese castigo por anticipado que ellos aplican selectivamente y llaman medidas cautelares. En mi intervención dije que la Generalitat actuaba como la ‘Genestapo’ y que al frente estaban unos golpistas”. Eso le acarreó su cuarto expediente disciplinario.
La denuncia del taller

“Me da vergüenza pertenecer a este cuerpo”, confiesa, explicando por qué no le apetece publicar una foto suya vestida con el uniforme. Inma está hastiada porque, aunque ha conseguido que la justicia tumbe esas medidas cautelares que le aplicaron durante un total de 16 meses, “la ‘Genestapo’ lo recurre todo, porque le sale gratis, mientras a mí me cuesta 20.000 euros”. Sigue esperando un juicio, así que su calvario judicial no ha concluido aquí. Un acoso que se ha extendido incluso a su familia. Su marido, que es sargento de Mossos, también está teniendo problemas por su ideología. Los datos de sus hijos fueron publicados en redes sin su consentimiento. Y así, una lista interminable de agravios.

Los protagonistas de estos dos casos paradigmáticos citan también un tercero: el de un compañero del cuerpo que está casado con una agente de Policía Nacional. La mujer fue a llevar su coche al taller después del 1 de octubre y el mecánico se negó a atenderle porque ella pertenecía a la policía española. El agente puso una queja y acabó siendo expedientado.
Doble rasero

Mientras tanto, ¿qué medidas se adoptan con los mossos que deberían mostrar neutralidad pero que se significan de forma radical con la inependencia y que caen en descalificaciones e insultos? Es aquí donde los agentes constitucionalistas se quejan del doble rasero. Para ellos hay barra libre. Porque son varios los perfiles que se identifican como Mossos d’Esquadra y han subido pulicaciones sancionables. Es el caso del más mediatico de los mossos independentistas, Albert Donaire, que constantemente incurre en provocaciones e insultos contra compañeros, políticos o medios (especialmente agresivo es contra el periódico CRÓNICA GLOBAL), pero que de momento ha salido indemne de todas las denuncias que le han interpuesto, muchas de ellas la propia Inma Alcolea.
Albert Donaire

Albert Donaire

Donaire es un policía que pidió abrir la cárceles para liberar a los políticos presos. Que se fotografía con un apócrifo pasaporte catalán, que interviene en performance contra la policía y la Guardia Civil, a los que califica de nazis, motivo por el que se le abrió una investigación por presunto delito de odio en Olot. Misteriosamente, la denuncia fue archivada y Donaire no ha sido sancionado.

Donaire es la cara más reconocible de este bando de mossos indepes aglutinado en tres asociaciones. Pero no es la única. Son muchos los agentes que han incurrido en actuaciones que de buen seguro hubieran sido sancionadas si las hubiera cometido un agente constitucionalista. Para muestra un botón: el mosso gallego José Luis Blanco (que ahora se hace llamar Josep Lluis y cuyo nick en redes es Pep White) subió una publicación a sus redes sociales llamando hijo de puta a Marano Rajoy. También pidió que metiesen en la cárcel al juez Llarena.
José Luis Blanco

José Luis Blanco

¿Cuál fue la reacción desde la Generalitat? No solamente no fue sancionado. Parece que además fue ‘premiado’ por su actitud radical. Sólo así se explica que, después de ese incidente, fuese el agente escogido para protagonizar un vídeo explicativo que editaron Mossos para exponer el funcionamiento de las pistolas taser. El concepto de neutralidad se le exige solamente a unos.
Apreteu

Si comparamos la exagerada sanción a Inma Alcolea porque en sus redes escribieron ‘Puigdemont capullo’ y el tratamiento dispensado a José Luis Blanco por haber llamado hijo de puta al entonces presidente del gobierno, podemos hacernos una composición de cuál es la situación de acoso e intimidación que están viviendo los agentes de la policía autonómica que no se plegan a la doctrina independentistas. Y casos como esos, hay infinidad. Son muchos los agentes indepes que publican insultos y son denunciados. Cuando Asuntos Internos se pone con el tema, se toman su tiempo, los interesados borran las publicaciones… y aquí no ha pasado nada.

¿Y ahora qué? La sentencia del Supremo sobre los políticos encarcelados está al caer. Muchos separatistas en Cataluña llaman a la rebelión, a la desobediencia, a bloquear el país. En ese plan, los Mossos d’Esquadra jugarán un papel fundamental. Algunos se mantendrán fieles a la constituciópn y a la legalidad vigente. Otros obedecerán las consignas de Torra. Que aún están por conocerse, igual que la sentencia. Pero visto su ya tristemente célebre mensaje a los CDR: “Apreteu” (“Apretad”), todo indica que él también propone desobediencia. Tiene a su bando bien vertebrado en los Mossos d’Esquadra. Un cuerpo que está bajo mínimos en cuestión de efectivo y que tiene que lidiar a diario con problemas del día a día, como el desproporcionado repunte delictivo en Barcelona. Lo que menos necesitaba la seguridad en Cataluña era una guerra civil entre Mossos d’Esquadra. Son pocos, y el Procés ha hecho que también, ahora, divididos.



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Re:Los expedientes disciplinarios. Formas y "formas"
« Respuesta #2018 en: 24 de Octubre de 2019, 06:30:37 am »

Absuelta la mossa expedientada por la Generalitat: "Han ido a por mí y por mi familia"

La justicia da la razón a esta agente de los Mossos d'Esquadra, expedientada por la Generalitat


Álvaro Medina

Publicado 23.10.2019 - 15:48
Actualizado23.10.2019 - 18:03

Inma Alcolea es una de las agentes de los Mossos d'Esquadra sin pelos en la lengua y ha ganado su pulso judicial contra la Generalitat. Ha sido absuelta por un juzgado de lo contencioso-administrativo de la falta administrativa que origino su sanción y ahora estudia  solicitar una indemnización y no descarta abrir la vía penal por diversos delitos, como el de acoso.

"Han ido a por mí y por mi familia", ha asegurado en declaraciones a ELLiberal.cat. "He vivido una persecución y acoso, y también mi pareja", ha denunciado. Ahora tienen un "enemigo delante y no me van a callar", ha dicho.

El calvario de esta agente del Cuerpo autonómico se inició por un insulto contra Carles Puigdemont, un escrito que ella no realizó, sino su madre, pero sirvió de excusa a la Generalitat para suspenderla del servicio como medida cautelar. Para su absolución  ha sido crucial el tipo de letra utilizado en el insulto, escrito en mayúsculas, como casi todas las publicaciones antisecesionistas de la madre de esta mando del cuerpo policial.

Así lo señala el Juzgado, dando por buena la versión de esta 'caporal'.  El Juzgado no observa "intencionalidad" de desprestigiar el cuerpo de los Mossos d'Esquadra, "máxime en el contexto en que se enmarca la conversación privada de referencia, siendo verosímil" el testimonio de la recurrente. Tampoco "es atribuible responsabilidad administrativa alguna a la recurrente por la falta disciplinaria que nos ocupa, a título de omisión, en el sentido de no modificar o borrar los comentarios inapropiados efectuados por su madre en modo público". 

La decisión judicial llega 33 meses después de ser expedientada, un castigo por el que fué sancionada inicialmente de forma cautelar con una suspensión de empleo y sueldo y, posteriormente, fue destinada a 140 km de su vivienda, según ha asegurado Alcolea, defendida por los despachos Javier Aranda (administrativo) y Albácar Clusa (contencioso), a ElLiberal.cat.

El 5 de septiembre de 2017, el actual procesado por rebelión y mando de los Mossos Pere Soler la traslado, tras abrirle otro expediente, a prestar sus servicios a la prisión de Figueras por carecer de "neutralidad política".

"No existe suficiente prueba incriminatoria contra la agente en relación al ilícito o infracción administrativa que se le imputa", afirma el Jugado 15 de lo Contencioso Administrativo de Barcelona, que entiende "que, habiendo actuado indebidamente la Administración demandada al sancionar a la aquí recurrente con insuficiente prueba de cargo, se ha vulnerado el principio de presunción de inocencia y de responsabilidad".

El juzgado no entra a valorar los  procedimientos penales posibles contra la Generalitat, por supuestos delitos de acoso, odio y discriminación.

 

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Re:Los expedientes disciplinarios. Formas y "formas"
« Respuesta #2019 en: 01 de Noviembre de 2019, 07:08:54 am »

Anulada la sanción a un guardia civil que se negó a asistir a una reunión con el coronel jefe

El Tribunal Militar Central estima el recurso del agente al considerar que no incumplió ninguna orden relativa al servicio. Se trataba de un encuentro sindical

01/11/19access_time 1:04

“La no asistencia a una reunión no puede considerarse incumplir una orden”: así lo argumentó la defensa letrada de un guardia civil que fue sancionado como autor de una “falta de subordinación” por ausentarse de una reunión del coronel jefe de su comandancia con los representantes de las asociaciones profesionales.

Confidencial Digital ha tenido acceso a una sentencia (que se puede consultar íntegra aquí) con la que el Tribunal Militar Central revoca sendas resoluciones del director general de la Guardia Civil y del teniente general jefe de la 6º Zona (Valencia), que impusieron al agente antes mencionado una sanción de cinco días de pérdida de haberes con suspensión de funciones.
Comandancia provincial de Castellón

Los hechos ocurrieron en 2017 en la Comandancia de Castellón. El coronel jefe de la misma convocó a los representantes de las asociaciones profesionales a una reunión. Les remitió un correo con la fecha y la hora y con la indicación de ellos le mandaran propuestas y sugerencias a tratar en el encuentro.

La víspera de la reunión, el coronel avisó de nuevo que la reunión de debería adelantar, y que duraría una hora por motivos de agenda. Ante esa limitación del tiempo, el representante de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) solicitó posponer la reunión a otra fecha, ya que a su juicio el poco tiempo disponible no permitiría tratar adecuadamente todos los temas propuestos.

El coronel no respondió, y el delegado de AUGC, es decir el guardia civil sancionado, comunicó por correo que su asociación había considerado conveniente no asistir a la reunión por los motivos expuestos.

La reunión se celebró con el coronel jefe y todos los representantes de asociaciones profesionales de la Guardia Civil menos el de AUGC.
Pérdida de cinco días de haberes

La ausencia de este guardia civil tuvo consecuencias. Se inició contra él un expediente disciplinario que acabó en una sanción como autor de una falta grave, consistente en la falta de subordinación, según los artículos 8, apartado 5, y 11.2 de la Ley Orgánica del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil.

La sanción la impuso el teniente general jefe de la 6ª Zona de la Guardia Civil, en Valencia, y consistió en la pérdida de cinco días de haberes con suspensión de funciones.

El guardia civil sancionado presentó un recurso de alzada, pero el director general del cuerpo lo desestimó y confirmó la sanción, poniendo fin a la vía administrativa. De ahí que el afectado recurriera ya a la vía judicial: presentó un recurso contencioso-disciplinario militar ante el Tribunal Militar Central, que le ha dado la razón, según destacan desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles a ECD.
¿Era o no una orden?

La Abogacía del Estado, en su escrito ante el Tribunal Militar Central, defendió que la sanción se ajustaba a la legalidad porque el guardia civil había cometido un acto contra la disciplina, ya que “el coronel que le convocó a la reunión dio una orden, no un ruego ni un simple recado, de modo que la asistencia a la reunión era inexcusable”.

Sin embargo, no lo ven así los tres jueces de la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central, que han estimado el recurso del agente y han revocado las resoluciones sancionadoras “por haberse vulnerado el principio de legalidad, al no resultar los hechos por los que resultó sancionado el recurrente constitutivos de dicha infracción disciplinaria por ausencia de tipicidad”.

Los jueces militares analizan en su sentencia, con bastante detalle, qué es y qué no es una orden en el ámbito de la Guardia Civil. La definen como “un mandato concreto, directo y personal, legítimo, emitido en forma adecuada por el superior en el ejercicio de sus funciones y relativo al servicio que corresponda al destinatario”.

Esa es la clave de la cuestión: “Orden es todo mandato relativo al servicio que un militar da”, según el Código Penal, la Ley de Régimen de Personal de la Guardia Civil y la jurisprudencia.

Los jueces señalan que la disciplina militar “no admite que el cumplimiento de una orden legítima, debidamente transmitida por el mando, dependa de si el subordinado que la recibe está o no de acuerdo con ella”.

Pero la cuestión, en este caso, es considerar si “la convocatoria a la reunión de las asociaciones profesionales consistía en una orden relativa al servicio”, y si por tanto el guardia civil sancionado tenía la obligación legal de acudir a la reunión.
Amparado por el derecho a asociación

La conclusión de los jueces del Tribunal Militar Central es que la convocatoria del coronel jefe de Castellón no era una orden relativa al servicio.

La propia redacción de la Orden General 10/2015, que regula la participación de las asociaciones profesionales, indica que “por parte de la asociación representativa podrá asistir el representante”, y que “podrán asistir quienes tengan la condición de vocal titular...”.

En base a la utilización del verbo poder, y no deber, la sentencia considera que “para el representante asociativo no existe una obligación imperativa de acudir” a una reunión convocada por un mando, sino que se deja a su criterio, o al de la asociación profesional a la que represente, la decisión de acudir o no.

Por todo ello, concluye que cuando el delegado de AUGC en Castellón se ausentó de la reunión con el coronel jefe de la comandancia “lo que hizo no fue sino una manifestación del ejercicio de su derecho de asociación, que puede hacerse concurriendo a la reunión y manifestando su queja por el escaso tiempo disponible para el desarrollo de los temas a tratar, o bien, como lo hizo a requerimiento de la propia AUGC a la que representa, y por dicho motivo, manifestar con antelación y motivadamente que no acudiría a la misma, sin que dicha inasistencia pueda ser calificada como desobediente a orden alguna referida al servicio”.

Así que consideran los jueces que el teniente general de Zona de Valencia y el director general de la Guardia Civil “no acertaron al calificar la conducta del recurrente como desobediente, pues es claro que no existía ni una orden relativa al servicio, ni el deber de acatar la misma, al quedar amparada su conducta por el ejercicio de su derecho de asociación”.

La Guardia Civil tiene que compensar al agente por las retribuciones dejadas de percibir (cinco días de haberes), con intereses desde el día de la materialización de la sanción hasta la fecha del efectivo reintegro.