Se investiga un intento de intrusión en la Comandancia de Cádiz por un guardia civil de la unidad de élite
Trató de acceder con una furgoneta con las matrículas cambiadas. Fue detenido meses después y se le ha suspendido de sus funciones en el Grupo de Acción Rápida (GAR)
Aurelio Ruiz Enebral chevron_right 03/11/22 access_time 1:04
[“La Guardia Civil investiga a un hombre que intentó acceder a la Comandancia con una identidad falsa”. Diario de Cádiz informó de este incidente en agosto de 2021.
El protagonista, el hombre investigado, es un agente de la Guardia Civil: al menos así lo investiga un juzgado.
Este diario local reveló que de madrugada se había presentado en el acceso principal de la Comandancia de la Guardia Civil en Cádiz una furgoneta blanca, cuyo conductor se había identificado como guardia civil. Dijo que tenía que entregar unos documentos en el Centro Operativo de Servicio (COS).
Cuando el personal de guardia consultó, ese centro no esperaba a nadie ni documentación alguna. El conductor comenzó a excusarse y se marchó con la furgoneta. Se comprobó que las placas de matrícula no correspondían a ese vehículo, sino a un Land Rover matriculado en Valencia.
En el asiento del copiloto se había visto una mochila. Por las cámaras de la DGT se comprobó que el vehículo cogió la carretera A-66 en Sevilla sentido Mérida (Badajoz).
El episodio provocó una alerta interna en la Guardia Civil, según contó en ese momento Diario de Cádiz.
ECD ha consultado una sentencia del Tribunal Militar Central que desvela algunos datos sobre este misterioso incidente.
Uno de los datos añade aún más confusión a este suceso. Se ha identificado al conductor de la furgoneta como un guardia civil del Grupo de Acción Rápida (GAR), la unidad con base en Logroño que se curtió en la lucha contra ETA y que continúa interviniendo en operaciones antiterrorista y otras misiones “que entrañen gran riesgo y requieran una respuesta rápida”, como detenciones de narcotraficantes y grupos de delincuencia organizada.
Cese en sus funciones por tres meses
Los hechos han trascendido porque a este guardia civil le abrieron un expediente disciplinario, y como medida cautelar, le impusieron el cese en sus funciones por tres meses. El agente presentó un recurso contencioso-disciplinario militar ante el Tribunal Militar Central, para anular tanto la medida cautelar de suspensión como la apertura del expediente.
En la sentencia, consultada por Confidencial Digital, la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central desestimó el recurso del guardia civil. Entendió que el acuerdo de incoación del procedimiento sancionador constituye un acto de trámite no recurrible separadamente.
Además, consideró ajustada a derecho la adopción de la medida cautelar de cese por tres meses del guardia civil en sus funciones, al no apreciar infracción alguna de derechos fundamentales.
El GAR, en Cádiz
Los oficiales que tomaron parte en la incoación del expediente fueron el general jefe de las Unidades Especiales y de Reserva de la Guardia Civil, el comandante jefe accidental del Grupo de Acción Rápida y el teniente coronel jefe de dicho grupo.
El guardia civil investigado formaba parte del GAR, y hay que tener en cuenta que el incidente sucedió en Cádiz: en esta provincia actúan con frecuencia los agentes del GAR, en operaciones contra las redes del narcotráfico que actúan con violencia para escapar del cerco de las Fuerzas de Seguridad.
Detenido en enero en León
La sentencia recoge el relato de hechos que reflejó el teniente coronel jefe del GAR en un parte disciplinario emitido en enero de este año.
El 20 de enero de 2022, el Grupo de Acción Rápida recibió novedad de que uno de sus agentes había sido detenido en Valencia de Don Juan (provincia de León).
Se le acusaba de un supuesto delito de falsedad documental, “en el marco de un intento de acceso a un acuartelamiento del cuerpo, concretamente a la Comandancia de Cádiz, el pasado 8 de agosto de 2021, utilizando un vehículo que portaba placas de matrícula que pertenecían a otro turismo”.
Alarma interna y social
Subrayó el jefe del GAR que “esta tentativa de intrusión generó alarma social, ad intra, en el seno del Cuerpo de la Guardia Civil, que rápidamente difundió, de manera masiva, mediante novedad SIGO, para alertar a todos los acuartelamientos sobre lo acontecido”.
No hay que olvidar que España se mantiene en nivel 4 (sobre un máximo de 5) de alerta antiterrorista, y una furgoneta con un conductor que dice ser guardia civil pero sobre el que se extienden sospechas, con una mochila a su lado, provoca alarma.
Diligencias en un juzgado de Cádiz
En el parte disciplinario se subrayó que, además de alarma social dentro de la Guardia Civil, este incidente “generó, ad extra, intranquilidad ciudadana, fruto de la difusión de lo ocurrido en medios de comunicación social”.
Como se ha indicado, el guardia civil, identificado como el conductor de la furgoneta, llegó a ser detenido meses después del suceso. Al parecer, fue arrestado en el marco de una investigación judicial.
La sentencia revela que en el Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz se siguen unas diligencias de investigación, que se mantienen bajo secreto de sumario “para garantizar la seguridad de la instrucción y habida cuenta de la trascendente condición de guardia civil”.
Cuando fue detenido, el guardia civil del GAR prestó declaración el 21 de enero en el Juzgado de Instrucción de Guardia en León, en calidad de investigado. Tras declarar fue puesto en libertad, aunque con el mandato expreso de personarse ante el citado juzgado de Cádiz instruye el caso.
La UCE-3 de la Jefatura de Información
La investigación sobre este incidente en la entrada del recinto de la Comandancia de Cádiz la llevan el Grupo de Información de Comandancia (GIC) de Cádiz y la Jefatura de Información, concretamente la UCE-3.
La Jefatura de Información de la Guardia Civil tiene como misión específica “organizar, dirigir y gestionar la obtención, recepción, tratamiento, análisis y difusión de la información de interés para el orden y la seguridad pública en el ámbito de las funciones propias de la Guardia Civil, y la utilización operativa de la información, especialmente en materia antiterrorista, en el ámbito nacional e internacional”.
El Servicio de Información cuenta con unidades periféricas por toda España, con Secciones de Información de Zona en cada comunidad autónoma y con Grupos de Información de Comandancia en cada comandancia.
Además, tiene tres unidades centrales y un Grupo de Apoyo Operativo. Las Unidades Centrales Especiales (UCE) se reparten las principales amenazas objeto de la Jefatura de Información: terrorismo yihadista, grupos extremistas autóctonos (independentismo radical y violento, extrema derecha, anarquistas)...
Esta investigación estaría en manos de la UCE-3. Según páginas especializadas en servicios de inteligencia e información, la Unidad Central Especial número 3 se dedica, entre otras cuestiones, a “contrainteligencia y seguridad del cuerpo”.
El intento de intrusión a un acuartelamiento, y más con un agente del cuerpo como sospechoso, puede caer en ese ámbito de “contrainteligencia y seguridad del cuerpo”.
Contra la dignidad del cuerpo
El guardia civil fue arrestado en enero de este año, y declaró ante un juez de León que lo dejó en libertad.
El mismo 21 de enero, el comandante jefe accidental del GAR emitió un parte disciplinario. El teniente coronel jefe emitió otro el día 24.
A la vista del informe del asesor jurídico, el general jefe de las Unidades Especiales y de Reserva ordenó el 27 de enero la incoación de un expediente disciplinario contra este agente.
Consideró que podría haber cometido una falta grave consistente en “la observancia de conductas gravemente contrarias a la dignidad de la Guardia Civil”, prevista en el apartado 1del artículo 8 de la Ley orgánica 12/2007, de 22 de octubre, de régimen disciplinario de la Guardia Civil.
En la propia orden de incoación de dicho expediente disciplinario se acordó, a propuesta del autor del parte disciplinario, la medida cautelar de cese del interesado en sus funciones por el tiempo de tres meses, conforme al artículo 54.1 del régimen disciplinario.
Destinado en Cádiz
Al recurrir al Tribunal Militar Central, el guardia civil suspendido, expedientado e investigado judicialmente alegó que se había vulnerado su derecho a la presunción de inocencia por haber sido suspendido de funciones por tres meses, sin que se hubieran probado las acusaciones contra él.
Los jueces militares consideraron que “la gravedad objetiva de los hechos que, de forma inicial y presunta, se imputaban al ahora recurrente queda de relieve, sin necesidad de complejos razonamientos”.
Citan otra parte del parte disciplinario que emitió el teniente coronel jefe del GAR, en el que fundamentó la propuesta de cese de sus funciones por tres meses:
-- “El guardia civil está destinado en el Grupo de Acción Rápida (GAR) desde el 07 de marzo de 2018. Este efectivo, desde su incorporación a la reseñada unidad, ha participado recurrentemente en múltiples servicios y operaciones desarrolladas en el marco del Plan Carteia, cuyo objetivo es la lucha contra las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de droga”.
-- “Los hechos descritos han tenido lugar en la provincia de Cádiz, especialmente afectada por el citado plan y por consiguiente zona de acción de la unidad, conocida por el investigado con motivo de sus numerosos despliegues”.
-- “Llama poderosamente la atención, en su calidad de guardia civil, y por lo tanto garante de la persecución de los delitos, el hecho de emplear un procedimiento operativo, modus operandi, propio de las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico o delincuencia organizada. De todo ello se deriva la no conveniencia de que el investigado siga prestando, de manera provisional, servicio en la unidad”.
Es decir, que el investigado por supuestamente haber intentado entrar con una furgoneta (con las matrículas cambiadas) en la Comandancia de la Guardia Civil en Cádiz es guardia civil, y estaba por entonces destinado precisamente en esa misma zona, con misiones de detención de narcotraficantes e incautación de droga, armas y vehículos de las organizaciones criminales que operan en la punta sur de la España peninsular.
Los jueces del Tribunal Militar Central rechazaron todos los argumentos del guardia civil, y avalaron tanto el inicio del expediente disciplinario, como la medida cautelar de cesarle por tres meses en sus funciones.
