Autor Tema: La ley de extranjería y su aplicación  (Leído 133063 veces)

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Re:La ley de extranjería y su aplicación
« Respuesta #1500 en: 04 de Junio de 2019, 09:21:53 am »
El juez que vigilaba el CIE cuando murió Samba Martine: "El sistema del centro propició su fallecimiento"

El magistrado jubilado Ramiro García de Dios estaba encargado del control del CIE cuando Samba Martine murió sin haber recibido el tratamiento requerido para el VIH
"Como jurista, me ha llamado la atención el papel del juez, que ha llevado el juicio de una forma antigarantista y la pasividad del Ministerio Fiscal", ha afirmado
Así fue la primera vista del juicio de Samba Martine: "Creía que tenía gripe"
Gabriela Sánchez
03/06/2019 - 21:16h


Ramiro García de Dios, juez de control del CIE de Madrid. | Foto: Ana Muñiz de la Oliva.

Ramiro García de Dios se revolvía dentro de sí mismo mientras asistía como público a la primera vista del caso de la muerte de Samba Martine. Refunfuñaba, murmullaba, hacía matizaciones a quien veía a su lado. El día de la muerte de la mujer congoleña enferma de VIH en el CIE de Aluche, él era el juez encargado de la vigilancia del centro, sobre el que ya había llamado la atención de la deficiente asistencia sanitaria. Sentado en los bancos de la sala, reaccionaba con cierta rabia reprimida ante la forma de proceder del magistrado titular del caso.

A su salida, ha soltado aquello que le carcomía: "Mi opinión es que el sistema del CIE es una estructura que ha propiciado el fallecimiento de Samba Martine", ha zanjado el exmagistrado a las puertas del Juzgado de lo Penal número 21 de Madrid, que este lunes ha celebrado la primera vista del juicio por la muerte de la mujer congoleña.

"Yo estaba en funciones como juez de control el día de su muerte y he venido para honrar y recordar su memoria", ha afirmado este lunes, visiblemente emocionado, a las puertas del juzgado de lo Penal número 21 de Madrid. Desde los bancos de la sala, el magistrado de instrucción jubilado respondía entre murmullos a algunos de los planteamientos esbozados por el juez titular del juzgado, quien tachó de "impertinentes" más de una docena de preguntas lanzadas desde la acusación, la defensa y la Fiscalía a los testigos y al único acusado que será juzgado (los otros dos se encuentran prófugos de la justicia).
Criticas a la falta de garantías en el juicio

"Como jurista, me ha llamado la atención el papel del juez, que ha llevado el juicio de una forma antigarantista, con una nulidad absoluta", ha cuestionado García de Dios. El magistrado titular del caso no vio pertinente, por ejemplo, cuestionar al médico acusado acerca de si recordaba el momento en el que supo el país de origen de su paciente, como indicativo de que la mujer podría tener más probabilidades de padecer ciertas enfermedades debido a la mayor prevalencia de, por ejemplo, el VIH en función de su país de procedencia. "Trato a todos igual...", empezó a responder el acusado. "Es impertinente", interrumpió el juez.

El abogado de la acusación particular, Víctor Díaz, trató de defender en vano por qué consideraba importante conocer si el médico que trató a la mujer congoleña conocía el lugar del que había iniciado su ruta migratoria meses antes, como establecen los protocolos. "¿Qué pasa? ¿por ser de Congo tiene más posibilidades de tener VIH"?, respondió el magistrado. "Es impertinente", zanjó seguidamente. Y, mientras, García de Dios volvía a retorcerse en su asiento: "¡Claro que es importante!", susurraba.

El médico juzgado por la muerte de una migrante en CIE: Creía que tenía gripe

Varias personas protagonizan una concentración a las puertas del Juzgado de lo Penal número 21 de Madrid donde este lunes se juzga a un médico del servicio sanitario privado que le atendió EFE

Expertos en medicina tropical aseguran a eldiario.es que hay ciertos países en los que la prevalencia de ciertas patologías infecciosas es alta, por lo que el origen es un motivo de pregunta. A ello se suman los riesgos añadidos que sufren las mujeres migrantes en la ruta hacia España, donde suelen estar expuestas a agresiones sexuales.

En estos casos, es recomendable, apuntan, cuestionar sobre si tienen VIH y realizar un análisis de sangre. El doctor acusado admitió que no lo había hecho, ni tampoco el médico responsable de la primera consulta, que dejó "en blanco" una parte importante del cuestionario de los antecedentes médicos de Samba Martine.

Desde la acusación popular, la ONG Ferrocarril Clandestino ha cuestionado la posición del Ministerio Fiscal a lo largo de un proceso de instrucción alargado durante más de siete años. "En este tiempo no ha solicitado una sola diligencia de investigación", ha denunciado la organización. "No puede tener una postura pasiva en un caso tan grave que como afecta a una ciudadana inmigrante, congoleña e irregular...", ha insistido el exjuez de control del CIE. A su forma de ver, el procedimiento del caso de Samba Martine evidencia la "deshumanización de todo el sistema judicial".
Los fallos de la asistencia sanitaria en el CIE

Ramiro García de Dios conoce de primera mano los fallos que escondía la asistencia sanitaria prestada desde el interior del CIE de Madrid. "No me extraña que las condiciones estructurales en las que estuvo Samba hayan conducido a su muerte", ha señalado el ex magistrado. "En el juicio han dicho que Samba estaba tirada en el suelo encima de una manta. Yo lo he visto cantidad de veces porque no había enfermería. Personas con 41 grados de fiebre teniendo que estar en el patio acurrucados, sobre una manta. Mujeres tiradas por el suelo. Esto lo he visto yo con mis propios ojos, pero lo único que decían desde dirección es que el centro estaba a su máximo de capacidad".

Tras la muerte de Samba Martine se produjeron determinados cambios en la asistencia sanitaria ofrecida en el interior del CIE de Aluche. García de Dios, como responsable de empujar alguno de esos avances, destaca uno de ellos. "Establecimos sistemas para que quedara muy clara cuál era la asistencia efectiva que se había prestado a las personas internadas", ha descrito el ex magistrado.

Anteriormente, ha apuntado , no había ninguna garantía de control pues no se le entregaba a las personas examinadas ningún documento médico de asistencia. Por lo cual, "un médico podía decir lo que le diera la gana a posteriori. Imagínen lo que eso significa", ha concluido Ramiro García de Dios, poco después de escuchar la versión de uno de los doctores que recibió a Samba Martine en la consulta del CIE. El mismo que ha reconocido no haber preguntado a la paciente congoleña si tenía VIH ni haber ordenado ninguna prueba hospitalaria. Porque Samba, ha testificado F. H. V. , "solo tenía síntomas gripales". El único que ha declarado ante la justicia, mientras sus otros dos compañeros acusados, ex empleados de la empresa médica subcontratada por el Gobierno (SERMEDES), han huido.


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Re:La ley de extranjería y su aplicación
« Respuesta #1501 en: 09 de Junio de 2019, 08:29:27 am »


La historia clínica número 3016: las diez veces que Samba Martine no fue diagnosticada en el CIE de Madrid


Samba Martine, enferma de VIH, fue diez veces al médico del centro. Solo fue llevada al hospital una vez, el día de su muerte, para "descartar una patología psiquiátrica"
El caso ha quedado visto para sentencia este viernes: repasamos su estancia en el CIE y sus intentos de ser tratada correctamente
El servicio médico del centro dependiente de Interior no realizó ninguna prueba diagnóstica: los peritos dicen que podría haber sobrevivido con un test de VIH
Gabriela Sánchez
08/06/2019 - 20:58h


El letrado de la migrante fallecida en el CIE de Aluche: "Sus síntomas se banalizaron"

El tío de Samba Martine, después de que el caso quede visto para sentencia: "Esperamos que los culpables sean sancionados"

El primer informe médico de Samba Martine registrado en el CIE de Madrid consta de dos folios con apenas información. Todo parece normal. No hay detalles ni observaciones. La mayoría de los campos para completar están vacíos. Era una paciente sana o alguien parecía tener prisa.

El reconocimiento médico inicial solo nos habla de una parte de Samba. Su número de interna, su nombre, el día en el que empezó su encierro por no tener papeles: 12 de noviembre de 2011. Presenta un poco de fiebre. Tensión arterial normal, no tenía alergias ni adicciones. No habla de sus antecedentes familiares ni personales, de su situación psicológica. No menciona su país de origen, ni da respuestas sobre su ruta migratoria.

Todo era normal, todo estaba "bien" en Samba.

Pero ese mismo día la mujer congoleña necesita una nueva consulta sanitaria. Samba no parece estar tan bien. El mismo doctor, Jaime Evaristo O. R., redacta un nuevo informe médico tras escuchar sus dolencias: síntomas gripales y picor en la zona perianal. Eso es lo que el personal sanitario entendió porque no consta la intervención de un traductor.

La interna se va de la enfermería con Frenadol y una pomada para la candidiasis, infección provocada por un tipo de hongo cuya aparición puede señalar la posibilidad de estar ante un paciente con alteraciones del sistema inmunitario, como el VIH, según expertos en enfermedades infecciosas.
Parte médico inicial de Samba Martine.

Parte médico inicial de Samba Martine.

Más de siete años más tarde, en un juzgado de Madrid, varios peritos analizan dos aspectos que "deberían" haber alertado al personal de SERMEDES, la empresa subcontratada por el Gobierno para prestar asistencia sanitaria en el CIE de Aluche. De las indicaciones descritas en los protocolos médicos para solicitar un test de VIH, en esta primera consulta Samba ya "cumplía una seguro" y otra, la posible candidiasis, "se deduce de su sintomatología", explica ante el juez Santiago Moreno Guillén, jefe del servicio de enfermedades infecciosas del Hospital Ramón y Cajal. La primera se refiere al lugar de origen de la paciente, República Democrática del Congo, un país con alta incidencia del virus.

Tres días después, las dolencias de Samba no remiten. "Dolor de cabeza, síntomas gripales, tos, dolor torácico, roncos y sibilancias", recoge un nuevo reconocimiento médico. Era 15 de noviembre de 2011 y el doctor Fernando H. V.  atiende a la mujer congoleña por primera vez. No habla francés y no hay constancia de que la interna estuviese acompañada de un intérprete. Le receta antiinflamatorios, paracetamol, un mucolítico y un antihistamínico. No ve la necesidad de solicitar prueba alguna.
"Creía que era una gripe"

El doctor Hernández explica en sede judicial pasados siete años que, al encontrarse un reconocimiento médico inicial prácticamente vacío, no observa la pertinencia de buscar las respuestas que su compañero no incluyó. "Me fié de él. Di por entendido que le habría preguntado y habría plasmado lo que considerase relevante". Ante las preguntas del abogado de la familia de su paciente, añade: "Creía que tenía una gripe". Tampoco se interesó por su país de origen como indicativo de la existencia de determinadas patologías más presentes en zonas concretas. Fernando H. V. está sentado en el banquillo de los juzgados por el caso de Samba Martine. Es el único, aunque no debería serlo. Otros dos sanitarios acusados, entre ellos el facultativo que atendió a la interna por primera vez, han huido.

Los días del internamiento de Samba transcurren a un ritmo lento. Es 30 de noviembre y la interna logra subir de nuevo a la consulta médica para reclamar al doctor que la medicación no le hace efecto. Que han pasado 15 días pero persiste el dolor de cabeza, la tos, el dolor en el pecho y ahora le ha empezado a doler el oído. Fernando  H. V. vuelve a recetar medicamentos contra los efectos de la gripe: antiinflamatorio, mucolítico, y un antibiótico para tratar la posible otitis. No ve necesaria la derivación al hospital para realizar una prueba que permita descartar posibles afecciones en el pulmón.

En el transcurso del juicio por posible homicidio imprudente del médico acusado, el jefe de enfermedades infecciosas del Hospital Ramón y Cajal resalta la obligación que, a su juicio, conllevaba la continuación de las dolencias de Samba. "Si una persona tiene síntomas que persistan dos semanas, estamos obligados a descartar que no hay nada más. Lo enseñan en la facultad", zanja el doctor Moreno.

"Si le duele la cabeza, no tiene fiebre, tiene tensión normal, roncus y es invierno, le mando antihistamínicos. Si no se le quita en 48 horas, recomiendo acudir a su médico de cabecera o a urgencias", coincide Carmen Baladía, médico forense encargada de la autopsia del cuerpo sin vida de Samba Martine.

Ese mismo 30 de noviembre, Fernando  H. V. también confirma que el picor en la zona perianal ha remitido. El Clotrimazol, un tratamiento para la candidiasis, parece haber tenido efecto. Este hecho ha sido otro de los destacados a lo largo del juicio por la muerte de Martine. Para los peritos, la mejoría del plurito perianal tras la medicación podría confirmar que la paciente había sufrido estado afectada por hongos de género Cándida, lo que aumentaba las razones para solicitar un test de VIH. "Debería haberlo pedido. No había excusas para no hacerlo", zanja el doctor Moreno ante el juez.  "Ante cualquier persona que tiene candidiasis hay que pensar en la posibilidad de que tenga VIH, más aún si es en la zona perianal", apunta Concha Colomo, doctora especialista en enfermedades de transmisión sexual.

Para entonces, durante la semana de ese 30 de noviembre, el mal estado de salud era "notorio", según la declaración judicial de Laura Díaz Nieto, empleada de Cruz Roja Española que trabajaba entonces en el CIE de Madrid, quien afirmó que tres semanas antes de la muerte de la interna era evidente que se encontraba enferma. "Se quejaba de que su estado no mejoraba aunque fuese al médico", sostienen desde la única organización subcontratada por el Gobierno para prestar asistencia social en el centro de internamiento.
El letrado de la migrante fallecida en el CIE de Aluche: "Sus síntomas se banalizaron"

Protesta frente a los juzgados de lo Penal de Madrid por la muerte de Samba Martine EFE

En otras siete ocasiones visitó la consulta médica Samba Martine. El 4 de diciembre,  tras 18 días refirió tener estreñimiento y dolor de oído. Ramiro M., cuya imputación fue retirada durante el proceso de instrucción, solo atendió a la congoleña una vez. Tampoco solicitó ninguna prueba. También le recetó medicamentos para calmar los síntomas.

Desde el día 10 de diciembre hasta el 14 (el único día en el que los informes médicos especifican la presencia de una traductor), la interna, madre de una niña de nueve años, visita la consulta médica cada día. A partir del día 12, sus dolores se disparan. Martine refiere ante los médicos y las enfermeras que la asisten "dolor de cabeza, dolor en el cuello, dificultad para dormir, molestias en la garganta" y un retraso en la menstruación. Le realizan un test de embarazo que resulta negativo y una analítica de orina. De nuevo, vuelve de la enfermería con el mismo medicamento de los últimos días: paracetamol. También con Myolastán, un relajante muscular.
Los últimos días de Samba

Samba cada vez está peor. Su historia clínica lo evidencia, el resto de internas alertaban de su estado con preocupación, los trabajadores de Cruz Roja observan que está visiblemente enferma. El día 17 diciembre, dos días antes de su muerte un empleado de la ONG procedente de República Democrática del Congo, como ella, se  cruza con ella en la escalera. Se dirige al servicio médico porque, como de costumbre, no se encuentra bien, le comenta la interna en lingala, su lengua materna. No había dormido en toda la noche, tenía fuerte dolor en la cabeza, la nuca, y dificultad para mover cuello y brazos, recoge le organización en un informe presentado ante el juez.

"Se quejaba de que el personal médico no le entendía bien (Se comunicaba en francés) y que únicamente le proporcionaban paracetamol, lo que no calmaba sus dolores", detalla el documento de Cruz Roja. El mediador de la ONG, que tenía que atender al resto de internas, escribió todas las dolencias que refería en un papel para que "se lo entregara al personal sanitario y comprendieran mejor la situación". No hay registro alguno de que Samba pudiese hablar aquel día con un doctor. No aparece en su historia clínica.

En esos últimos días, "no hacía más que llorar, gemir, quejarse", según el testimonio de las internas recogido por el juzgado de control del CIE. Sus compañeras la veían "seriamente enferma". El 18 de diciembre, Samba subía otra vez las escaleras que conducían al servicio médico. Esta vez lo hacía ayudada por otras internas, describe Cruz Roja. Samba no podía tenerse en pie.

Eran las 9:30 horas de la mañana y el médico aún no había llegado a la consulta. La atendió una enfermera, Yordanka G. C., otra de las acusadas del caso. Otra de las dos personas que deberían estar sentadas en el banquillo, pero no están. La sanitaria observa "crisis de ansiedad" en Samba, quien también refiere "mucho dolor de cabeza". Una mediadora de Cruz Roja ayuda en la traducción de las quejas de la congoleña. La enfermera inyecta nolotil en vena y le dan un Orfidal, un ansiolítico, para que Samba se relaje.

La mujer congoleña desciende las escaleras apoyada en sus compañeras, pero tampoco nadie considera la necesidad de trasladarla a un hospital. Samba regresa al salón, donde con el paso del día, su estado empeora. La mujer pasa esa tarde tumbada en el suelo, tapada con mantas, en una sala cargada por el humo del resto de internas, que fuman en el interior del CIE. En un ambiente "irrespirable y nocivo", describe Cruz Roja.

Tan mal veían a Samba, que la mediadora de la ONG sube a la consulta médica para alertar de su estado de salud. Yordanka G. C., prófuga de la justicia, responde que "no puede hacer nada más", describe. Desde Cruz Roja insisten una vez más a la enfermera "sin éxito". La mujer congoleña continua todo el día en la sala de estar, tumbada en el suelo. Ningún médico, ni la dirección del centro, permitió a la enferma descansar en su cuarto.

19 de diciembre de 2011. A las 9:30 horas, la mujer congoleña ya está en la camilla de la consulta del CIE. "Cefalea e hiperventilación", recoge el informe médico. Más tarde, el personal médico indica a Cruz Roja que la mujer "está nerviosa, con comprotamientos similares a un ataque de ansiedad. Horas antes de morir, los sanitarios recomiendan a la interna que "realice ejercicios de respiración". Ella obedece, pero su estado empeora. La enfermera le inyecta Diazepam, un medicamento ansiolítico y sedante.

Samba se duerme, pero continúa hiperventilando. Es entonces cuando el servicio médico, tras 35 días de internamiento, ordena su traslado al hospital. Llaman a un coche patrulla. La mujer enferma está descalza, por lo que Cruz Roja solicita unas zapatillas. Una vez calzada, la policía se niega a ayudar a la interna a descender las escaleras. No es "su función", responde.

Dos compañeras internas y la trabajadora social de Cruz Rojan sostienen a Martine, que a punto estar de caer en varias ocasiones. Un policía del CIE acude a ayudarlas a coger a Samba y a introducirla en el vehículo policial. Los agentes encargados del traslado protestan ante la enfermera: ¿Cómo es posible que no haya llamado a una ambulancia en el caso de una persona que está "tan débil"? La sanitaria responde que no hay problema, que puede ir en el coche patrulla.

La mujer es trasladad por fin a un hospital. El último documento médico de Samba Martine, el mismo que será entregado al personal del hospital, indica que la interna "presenta un cuadro de ansiedad e hiperventilación". La única vez que la mujer, tras días de quejas y llantos, es enviada a un centro hospitalario es para "descartar patología neurológica y/o psiquiátrica", detalla el informe. Horas después de su ingreso, Samba Martine muere en el Hospital Doce de Octubre.

La autopsia resuelve como causa del fallecimiento "criptococosis", una enfermedad generada por un hongo que afecta de forma destacada a portadores de VIH. El estudio del cuerpo sin vida de Samba revela que la mujer estaba afectada por el virus.

Tiempo después, la acusación popular del caso descubre que el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Melilla (CETI), donde pasó una temporada antes de ser derivada al centro de detención de Madrid, sí había sido diagnosticada. El Ministerio de Empleo, del que depende el CETI, no se coordinó con el de Interior (CIE) para transmitir esta información. Tampoco hay evidencias de que nadie de esa institución comunicase a Samba los resultados de su análisis de sangre.

Ningún médico del CIE vio necesaria la realización de la prueba de VIH, un test que los peritos han considerado crucial para diagnosticar la criptocosis que acabó finalmente con su vida.

No todo estaba "bien", no todo estaba normal en Samba. No era una gripe ni un ataque de ansiedad, como describía su propia historia clínica consulta tras consulta. La misma que no aporta muchos datos sobre ella, sobre sus antecedentes médicos, sobre su país de origen, sobre su historia, sobre la hija de nueve años que la esperaba en Francia.

Pero en ese papel, en su esquina derecha, sí aparece un dato destacado sobre el resto: 3016, el número que escondió su nombre durante su internamiento.
Tumba de Samba Martine, en el Cementerio Sur de Madrid

Tumba de Samba Martine, en el Cementerio Sur de Madrid Olmo Calvo
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Re:La ley de extranjería y su aplicación
« Respuesta #1502 en: 11 de Junio de 2019, 07:58:03 am »

El Supremo tacha el reglamento de la Ley de Extranjería de "norma oscura"
La Sala III del tribunal ha dictado una sentencia en la que fija como criterio que las autorizaciones de residencia temporal en España por razones excepcionales pueden prorrogarse por más de un año
Da la razón al padre extranjero de un niño español al que se le denegó la prórroga de la autorización de residencia por razones excepcionales de arraigo familiar
El Supremo considera que el Reglamento de la Ley de Extranjería, que regula estos permisos, "es un claro ejemplo de una norma oscura que dificulta una respuesta segura a la hora de su aplicación"
Desalambre
10/06/2019 - 17:01h

La Sala III del Tribunal Supremo ha dictado este lunes una sentencia que fija como criterio que las autorizaciones de residencia temporal en España por razones excepcionales recogidas en el Reglamento de la Ley de extranjería pueden prorrogarse por más de un año. Esta prórroga puede darse, informa la oficina de prensa del tribunal, con independencia de que "el titular de esas autorizaciones pueda solicitar la autorización de residencia, o de residencia y trabajo".

El Supremo da la razón así al padre extranjero de un niño de nacionalidad española al que se le denegó la prórroga de la autorización de residencia por razones excepcionales de arraigo familiar. La Subdelegación del Gobierno en Alicante le denegó la prolongación al entender que en el Reglamento de la Ley de Extranjería, que regula este asunto, no cabe esta prórroga. Un Juzgado de lo contencioso administrativo de Alicante y el Tribunal Superior de Justicia de Valencia consideraron correcta esta decisión y rechazaron el recurso del solicitante.

Sin embargo, el Supremo admite en su sentencia que el artículo 130 del Reglamento de la Ley de Extranjería "es un claro ejemplo de una norma oscura que dificulta una respuesta segura a la hora de su aplicación", lo que, según afirma el tribunal, ha provocado "una disparidad de criterios" en los distintos órganos. El fallo concluye que la decisión de no permitir la prórroga y el rechazo de los recursos "supone, aunque indirectamente, una palmaria infracción de la protección jurídica que al menor dispensa nuestro ordenamiento jurídico".

El Supremo sostiene que, dado que la norma contempla que "en virtud de su carácter excepcional, las autorizaciones concedidas con base en los artículos precedentes, así como sus prórrogas, tendrán una vigencia de un año, sin perjuicio de lo establecido en este artículo y de la normativa sobre protección internacional" se pueden plantear dudas sobre "si la vigencia de un año constituye el plazo máximo de las autorizaciones y sus prórrogas", o "si ese plazo anual de vigencia rige individualmente para la autorización inicial y, en su caso, para las prórrogas consecutivas que puedan concederse".

El tribunal subraya que, si la finalidad de estas autorizaciones responder a las situaciones de excepcionalidad --arraigo familiar, protección internacional, razones comunitarias, colaboración con las autoridades, seguridad nacional o interés público-- "su plazo de vigencia no puede ser otro que aquel en el que perdura la situación de excepcionalidad".

Además, el TS entiende que para el caso concreto estudiado, la autorización de residencia temporal por razón de arraigo familiar para el padre d e un menor de nacionalidad española "carece de todo sentido que trascurrido el plazo del año de la autorización, permaneciendo inalterable la situación contemplada al tiempo de la autorización, pueda ser denegada la prórroga".

Los magistrados consideran, además que tal solución "contradice la página web del Ministerio del Interior y vulnera de forma indirecta la protección jurídica que al menor dispensa nuestro derecho interno y derecho de la Unión". La sentencia recuerda que el portal web de Interior "prevé expresamente la prórroga de la situación de residencia temporal por circunstancias excepcionales al informar que 'los titulares de una autorización concedida por el titular de la Secretaría de Estado de Seguridad, o autoridad en quien delegue, podrán prorrogar la autorización siempre que se aprecie por las autoridades competentes que persisten las razones que motivaron su concesión".

El Supremo reconoce el derecho del padre del menor a que se le resuelva la solicitud de prórroga y se la conceda, "en caso de persistir, a la fecha en que se formuló la solicitud, las circunstancias concurrentes al tiempo de la autorización de residencia temporal por razón de arraigo familiar".


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Re:La ley de extranjería y su aplicación
« Respuesta #1503 en: 14 de Junio de 2019, 11:33:53 am »

La Justicia absuelve al único acusado por la muerte de Samba Martine y apunta a la responsabilidad de la Administración

Fronteras
El juzgado ha absuelto al único acusado de la muerte de la mujer congoleña enferma de VIH: un doctor del CIE que la atendió dos veces pero no pidió ninguna prueba
"Está claro que la actividad del acusado fue uno de los factores que provocó el deceso pero ni fue el único ni mucho menos, y tampoco el más relevante"

El juez destaca como otra de las causas la descoordinación entre el CIE de Madrid y el CETI de Melilla, donde sí le habían hecho un test de VIH
Gabriela Sánchez
14/06/2019 - 07:00h


Dos peritos ratifican ante el juez que la muerte de Samba Martine en el CIE se podría haber evitado con pruebas médicas

El Juzgado de lo Penal número 21 de Madrid ha concluido que la asistencia médica  proporcionada por el único acusado de la muerte de Samba Martine en el CIE de Aluche "fue uno de los factores que provocó" su muerte, pero "no fue el único" ni "el más relevante", por lo que ha dictaminado su absolución. El magistrado ha destacado que los fallos detectados en la atención ofrecida por otros sanitarios del centro -entre ellos dos acusados prófugos- y las "deficiencias burocráticas" ligadas a su internamiento tuvieron "un peso importante" en su fallecimiento.

La sentencia, emitida el 11 de junio, concluye la absolución de Fernando H. V, el único juzgado de los tres acusados, por un posible delito de homicidio imprudente. El doctor atendió en dos ocasiones a Samba Martine, una mujer congoleña con VIH que falleció por criptococosis, enfermedad generada por un hongo que afecta de forma destacada a personas inmunodeficientes. La interna acudió a la consulta del Centro de Internamiento de Madrid hasta ocho veces más, pero ninguno de los sanitarios vio necesaria su derivación al hospital.

"Está claro que la actividad del acusado fue uno de los factores que provocó el deceso de la Sra. Martine pero ni fue el único y exclusivo ni mucho menos, y tampoco el más relevante", ha argumentado el juez David Mamán Benchimol. "Sería injusto, en definitiva, cargar al acusado en exclusiva el fallecimiento de la Sra. Martine y tanto las omisiones de otras personas como las deficiencias burocráticas tuvieron un peso muy relevante en que la interna no recibiera el tratamiento debido".

El doctor juzgado asistió a Samba Martine el 15 y el 30 de noviembre durante su encierro en el CIE de Madrid y no solicitó ninguna prueba diagnóstica a pesar de sus síntomas gripales persistentes. "No se tiene duda de que el acusado infringió la lex artis pues la existencia" de tos, dolor de cabeza, sibilancias y roncus durante 15 días "en un paciente que no mejora a un primer tratamiento merecía la realización de una radiografía, por lo menos, para descartar una afección de origen pulmonar", ha señalado Mamán Benchimol, haciendo suyos los argumentos esgrimidos por los peritos. 

"El hecho además de que ella estuviera ingresada en un CIE, donde las condiciones de salud de los internos suelen ser generalmente deficientes, acrecentaba esta exigencia, tanto para prevenir que el contacto con otros internos agravase su situación, como por la posibilidad de que ella padeciese una enfermedad infecciosa que pudiera afectar al resto", ha desarrollado.

Sin embargo, el auto establece que la falta de solicitud de pruebas diagnósticas por arte del acusado ante los síntomas gripales persistentes de Martine se trataría de una "infracción leve" de la práctica médica habitual, que no debe conllevar condena según el criterio del magistrado.

Para que el juez considerase "grave" la asistencia médica del acusado, deberían haber existido "motivos suficientes y claros" que empujasen al doctor H. V. a pensar que Samba Martine tenía VIH. En ese caso, el envío de la interna al hospital habría sido "inmediata para efectuar, no solo radiografías, sino muchas pruebas más", debido a las complicaciones generalizadas que conlleva la infección por este virus, lo que podría haber derivado en el diagnóstico de criptococosis, la enfermedad que acabó con su vida.

La sentencia descarta que Martine, cuando fue atendida por el doctor acusado, tuviera "signos evidentes" que hubieran obligado a H. V. a sospechar que fuese portadora de VIH. "Siendo esto así, la omisión del acusado no puede ser considerada grave", ha enfatizado el juez. Durante el juicio oral, la acusación destacó como posible síntoma indicador de la inmunodeficiencia de la paciente uno de los medicamentos recetados por otro de los doctores del CIE, el Clotrimazol, empleado en el tratamiento de la candidiasis, una enfermedad ligada a la inmunodeficiencia.

No obstante, el juez descarta la existencia de indicios suficientes para alcanzar dicha conclusión: "Este juzgador no puede dar probado, en definitiva, que la Sra. Martine hubiese tenido una candidiasis y no había motivos tampoco para pensar que el médico acusado tuviera conciencia de ello de manera indefectible". Por esta razón, Mamán Benchimol rechaza que la omisión de la petición del test de VIH del acusado pueda "ser considerada grave" porque ninguno de los síntomas de Martine eran "de por sí demostrativos de que tenía una enfermedad de tanta importancia como la que padecía".
La responsabilidad de la descoordinación institucional

Aunque la responsabilidad de la Administración en la muerte de Samba no era el objeto de esta sentencia, la Justicia apunta como otra de los factores destacables la descoordinación existente en la falta del envío del historial médico de Samba Martine desde el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla y el CIE de Madrid, donde fue encerrada por no tener papeles.

En la ciudad autónoma, Martine había sido sometida a un test de VIH que resultó positivo, pero esos análisis nunca llegaron al centro de internamiento. Aparecieron un año después. "Es evidente en este sentido que, de manera previa, si se hubiese recibido el informe del CETI de Melilla donde se hacía constar que ella era portadora de VIH, hubiera estado clara la importancia de la enfermedad y la necesidad de ingreso inmediato", indica el auto.

"No es entendible tampoco que no hubiese una coordinación de datos entre los distintos centros de internamiento de tal manera que el Centro de Madrid no sabía los datos de la Sra. Martine en el Centro de Melilla y ello imposibilitó que se hubiera podido suplir la inactividad de este último para reclamar los resultados de los análisis efectuados a la misma pues ello también hubiera facilitado previsiblemente el ingreso hospitalario", incide el magistrado.

Para explicar los distintos factores que, a su juicio, influyeron en la muerte de Samba Martine, el juzgado también ha recordado que la mujer congoleña acudió en varias ocasiones al centro médico y fue atendida "hasta siete veces más" por "distintos médicos y enfermeras que podían ver las visitas precedentes en el historial médico y ninguno de ellos acordó ni el traslado al hospital ni la práctica tampoco de análisis alguno".

Además, el magistrado reconoce verse empujado a hacer constar "lo penoso y lamentable que resulta" el hecho de que Samba Martine, horas antes de morir, fuese transportada del CIE de Madrid al hospital en un coche patrulla en vez de en una ambulancia, "a la vista del estado tan grave de la interna". Los agentes de Policía encargados del traslado relataron ante el juez su rechazo a la decisión de llevar a la interna en el vehículo policial, pero una de las enfermeras (también prófuga) insistió en que la interna no necesitaba una ambulancia.
Acusación: "Dice que fue negligente pero no la castiga"

Las acusaciones popular y particular están estudiando la posibilidad de interponer un recurso contra la sentencia, pues considera es una "cuestión técnica" la que evita una condena contra el único acusado. "El magistrado no tiene duda de que su conducta fue negligente, pues debió haber prescrito una radiografía ante la persistencia de síntomas que no remitían" pero "considera que se trata de una infracción leve de la lex artis, y no la castiga", han lamentado a través de un comunicado una decena de organizaciones, entre ellas Coordinadora de Barrios, la Plataforma CIEs NO o Pueblos Unidos.

A pesar de la falta de condena, las organizaciones que han apoyado a la acusación popular y particular han considerado que la sentencia "contiene importantes pronunciamientos" pues "certifica la confluencia de negligencias individuales y de un "pésimo funcionamiento de la Administración".
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Re:La ley de extranjería y su aplicación
« Respuesta #1504 en: 22 de Junio de 2019, 17:20:22 pm »


Denuncian indicios de un nuevo caso de torturas en el CIE de Aluche


Un interno del centro de internamiento para extranjeros de Aluche ha denunciado que la noche del 27 de abril, mientras dormía, un policía le golpeó en la cara “con un objeto”.

CIE de Aluche Madrid -por AMP
Fachada del Centro de Internamiento para Extranjeros de Aluche, en Madrid. ÁLVARO MINGUITO
PABLO 'PAMPA' SAINZ

PUBLICADO
2019-06-19 10:12:00
La titular del Juzgado de lo penal nº 19 que cumple funciones de control del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, Inmaculada Iglesias Sánchez, ha ordenado investigar “por posible delito de torturas” el caso de una persona interna de origen marroquí que habría sido agredida por un policía del Centro mediante el uso de un objeto contundente.

“En el centro de internamiento de Madrid se ha incumplido el deber legar de velar por el respeto a la integridad física y salud de las personas internas, sin que puedan en ningún caso ser sometidas a tratos degradantes, al existir indicios de que el interno fue agredido con un objeto contundente por un agente de la policía, no identificado, en la noche del 27 de abril, cuando se encontraba en su dormitorio”, afirma la jueza, y certifica que en el informe del servicio médico “se refleja que en la exploración física el interno presentaba herida producida por objeto contundente en región hemifrontal izquierda”.


Este nuevo auto, de fecha 10 de junio, viene a secundar otro dictado por la misma jueza hace apenas dos semanas, cuando ya por otros hechos ordenaba investigar algunas prácticas policiales que podían constituir “un delito de tortura”.

En este caso, el auto judicial deriva de acumular seis expedientes judiciales abiertos a partir de denuncias de las diferentes organizaciones sociales que realizan visitas a las personas encerradas en el CIE de Aluche, entre otras Karibú-Amigos del Pueblo africano, el Observatorio de Derechos Humanos Samba Martine, Pueblos Unidos-Servicio Jesuita a inmigrantes, etc. También de dos visitas realizadas por la jueza, el 30 de abril y el 6 de mayo.


LAS POSIBLES TORTURAS
En las quejas presentadas por las organizaciones se denuncian tratos vejatorios en los cacheos, realizados con malas formas y siempre a la intemperie, en el paso al comedor, en la premura con la que se ven obligadas a comer, y en el “carácter intimidatorio” de las prácticas empleadas para trasladar a las internas a los medios de transporte en los que van a ser deportadas.

Sin embargo, fue en la visita del 30 de abril, cuando Iglesias Sánchez tomó conocimiento de la posible agresión a uno de los internos por parte de un policía no identificado. Una trabajadora de la Cruz Roja —única ONG contratada por el Estado para llevar tareas de seguridad social dentro del CIE— informó a la jueza que uno de los internos le había manifestado que había sufrido una agresión policial teniendo que solicitar asistencia médica.

Además, la jueza ha constatado en el visionado de cámaras que en algunos casos apenas disponían de 12 minutos para comer y bajo una estricta y “desproporcionada” presencia policial

Los hechos se habrían producido en la noche del 27 de abril, cuando según manifestó el interno, mientras dormía un policía haciendo el recuento le golpeó en la cara “con un objeto”. Según la magistrada, en el parte médico, “que no había sido remitido en su momento a este juzgado en funciones de control” —cuestiona—, se refleja una “contusión frontal simple”, e indica que, en la exploración física, “el interno presentaba herida producida por objeto contundente en la región hemifrontal izquierda”.

“De nuevo se ha podido constatar que en el CIE de Madrid no se cumple el deber legal de protección de los internos. Por un lado, existen indicios de que un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado que están legalmente obligados a velar por la vida e integridad de las personas que se encuentren bajo su custodia, abusando de su cargo, ha sometido a un interno a sufrimiento físico, causándole incluso lesiones, conducta tipificada en el artículo 174 del código penal como delito de tortura”, concluye la jueza.


Asimismo, cuestiona que no teniendo todas las partes implicadas conocimiento de lo sucedido, tanto la ONG Cruz Roja como el servicio médico del centro, el CIE “haya omitido comunicar los hechos” y que tampoco se remitiera “el informe de lesionado”.

También critica que no pudiera tomar testimonio al interno denunciante “dado que ese mismo día a primera hora de la mañana había sido expulsado, dificultándose así la investigación de los hechos ante la inexistencia de cámaras del CCTV en el lugar en que presuntamente fue agredido, en el dormitorio”.

OTRAS MEDIDAS ORDENADAS POR LA JUEZA
Para dar respuesta a las denuncias presentadas por el tejido asociativo respecto a diferentes aspectos que hacen a la vulneración de derechos dentro del CIE de Aluche, la jueza ha ordenado al director, Antonio Montes Rodríguez, que se adopten “las medidas necesarias para garantizar” derechos hasta ahora vulnerados.
“El derecho a los internos a comunicarse en el horario establecido por el centro con sus familiares y allegados” y por consiguiente que las visitas sean informadas “de forma clara sobre los enseres y objetos que les pueden entregar”, manda.

Además, la jueza ha constatado en el visionado de cámaras que en algunos casos apenas disponían de 12 minutos para comer y bajo una estricta y “desproporcionada” presencia policial, por cuanto solicita al director del centro “el cumplimiento del horario de comedor con el fin de que puedan comer sin premura alguna”.

También ordena algo en lo que hace más de cinco años habían incidido los juzgados de vigilancia: “que todos los agentes de policía que presten servicios en el CIE lleven la placa reglamentaria con el número de identificación, adoptándose para ello todas las medidas oportunas incluidas las disciplinarias”.

De igual manera, Iglesias Sánchez recuerda que debe respetarse “el derecho de las personas internas a ser informadas sobre la ejecución de su deportación” y a “acceder a los impresos de solicitud de protección internacional”.

Por último, atendiendo a las recurrentes denuncias de personas internadas que sufren problemas psicológicos, lesiones o enfermedades, que se ponga en conocimiento de los juzgados de control “sin demora” del internamiento “de personas que sufran alguna dolencia física o psíquica, que necesiten tratamiento médico o estén sujetas a revisiones médicas periódicas, así como los internamientos que concurran circunstancias que puedan indicar que se trata de personas vulnerables”.

Las nuevas medidas, en general, han sido recogidas con anterioridad por otros jueces de control, una figura creada especialmente para vigilar el funcionamiento de los CIE que ha sido vital para intentar garantizar derechos básicos dentro de estos centros de encierro de personas migrantes en situación irregular.

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Re:La ley de extranjería y su aplicación
« Respuesta #1505 en: 02 de Julio de 2019, 07:13:57 am »
La justicia avala por primera vez la expulsión de un enfermo mental por motivos de seguridad nacional

Interior, que admite que sufre «delirios» y «esquizofrenia», le acusa de vínculos con el Daesh pero nunca ha sido condenado

MELCHOR SÁIZ-PARDO Madrid
Lunes, 1 julio 2019, 08:20

¿Es posible castigar penalmente a un enfermo mental? ¿Aunque nunca haya sido condenado? ¿Y si esa persona supone una supuesta amenaza para la seguridad nacional? El Ministerio del Interior y ahora la Audiencia Nacional se han visto forzados a responder a esas preguntas tan peliagudas. Y la respuesta ha sido sí. Interior, con el visto bueno del tribunal de la calle Génova, ha expulsado a su país a un marroquí, al que acusaba de tener vínculos con el Daesh y de estar en un avanzado estado de radicalización. Pero al mismo tiempo este individuo –y así lo reconoce la policía en sus informes y los jueces en su fallo- en realidad sufre «delirios», «desórdenes de personalidad» y «esquizofrenia» entre otras muchas patologías, que ponen en duda hasta qué punto es un verdadero yihadista.

La controvertida sentencia de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, a la que ha tenido acceso este periódico, confirma la decisión de la Secretaría de Estado de Seguridad de expulsar al marroquí en septiembre del pasado año y de prohibirle el regreso a España –en aplicación de la ley de la ley de extranjería- durante una década por «participar en actividades contrarias a la seguridad nacional».

«Avanzado estado de radicalización»

El tribunal no atiende al hecho de que el marroquí tiene permiso de residencia legal, vive en España desde 2000, tiene cotizados ocho años y empleo fijo y su mujer e hijos viven en Lérida igualmente de forma legal.

En esencia, la justicia da por buenas todas las acusaciones contra el sospechoso realizadas por la Comisaría General de Información de la Policía Nacional que en sus informes apuntaba que el magrebí se encontraba en un «avanzado estado de radicalización», que se había manifestado «partidario de los planteamientos del Estado Islámico», que tenía «intención de viajar a Siria» y que uno de sus cuñados era un destacado dirigente del Daesh.

Acto seguido, estos mismos informes admiten que el marroquí «sufre desórdenes psicóticos con síntomas de esquizofrenia, manifestando actualmente desórdenes de personalidad, acompañados con delirios y personalidad antisocial».

Es más, que el extranjero con «sus comportamientos antisociales» ya ha provocado numerosos altercados en Lérida, con amenazas «reiteradas» de «cometer un atentado». El marroquí incluso fue detenido en un centro comercial de la ciudad el 17 de julio de 2017 tras gritar: «Alá Akbar. Voy a poner una bomba y luego huiré a pie. Soy un terrorista».

«Información confidencial»

La Audiencia Nacional afirma que las sospechas apuntadas por los servicios antiterroristas, que incluso llegaron a encartarle en una investigación en la Audiencia Nacional por la que nunca fue juzgado, son suficientes para decretar su expulsión aunque no haya denuncia y a pesar de los evidentes desórdenes mentales del magrebí. Recuerda la sala que ni siquiera es suficiente que la Policía revele al extranjero toda la información que tiene contra él para reclamar su destierro fuera de España.

Los jueces sostienen que el Tribunal Europeo de Derecho Humanos ya ha avalado que «el uso de información de carácter confidencial puede ser inevitable cuando se halla en juego la seguridad nacional». «La jurisprudencia es constante en sostener que no se exige que se proporcionen detalles exhaustivos, sino de ofrecer un mínimo de datos sobre las razones determinantes», zanja el tribunal.

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Re:La ley de extranjería y su aplicación
« Respuesta #1506 en: 10 de Julio de 2019, 15:50:39 pm »
Piden el cese del director del CIE de Aluche para evitar “la grave situación de vulneración de derechos”



Más de 150 organizaciones sociales  —entre ellas muchas que trabajan en la visita, acompañamiento y defensa de derechos de las personas encerradas en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE)— exigen al Ministerio de Interior, el “inmediato cese” del director del CIE de Aluche, en Madrid, Antonio Montes Rodríguez.

CIE Aluche 2
Agentes de la Policía Nacional en las inmediaciones del CIE de Aluche. BÁRBARA BOYERO
PABLO 'PAMPA' SAINZ

PUBLICADO
2019-07-09 10:51:00
Los últimos autos dictados por la titular del Juzgado de Instrucción nº 19 de Madrid en funciones de control del CIE, Inmaculada Iglesias Sánchez, solicitando se abrieran investigaciones contra policías que trabajan en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, en Madrid, por “posible caso de torturas” parecen ser el detonante que faltaba para que más de un centenar y medio de asociaciones de todo el Estado español pidieran este martes al ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska el “cese inmediato” del director del Centro, Antonio Montes Rodríguez.
“Es necesario prevenir nuevos hechos como los denunciados en el último mes”, exigen las organizaciones, quienes acusan de que es “bajo la responsabilidad del actual director” que se constata “un uso desmedido e innecesario de medidas de seguridad, un clima intimidatorio y un trato inadecuado, e incluso degradante, hacia las personas internas”.

Montes Rodríguez ocupa la Dirección del CIE de Aluche, en Madrid, desde los primeros meses de 2017, pero la preocupación por la forma de ejercer el mando es previa a su nombramiento en el cargo. Con anterioridad se desempeñó como jefe de Seguridad del propio Centro. De “carácter fuerte y malas maneras” —según lo definen quienes han tratado con él—, supo granjearse entre las personas internas e incluso en los pasillos judiciales el mote de “el sádico”, tal como alguna vez revelara el entonces responsable de Juzgado de Instrucción nº 6, también en función de control del CIE, Ramiro García de Dios Ferreiro.
Montes Rodríguez ocupa la Dirección del CIE de Aluche desde principios de 2017, pero la preocupación por la forma de ejercer el mando comienza antes, cuando era el jefe de Seguridad

“Con este director directamente no hay diálogo”, afirman las fuentes consultadas entre las organizaciones que realizan visitas a las personas encerradas en el CIE de Aluche y que prefieren mantenerse en el anonimato. “Con el anterior una podía hablar y si no había respuesta a peticiones que siempre tenían que ver con derechos vulnerados a algún interno, íbamos a los Juzgados. Ahora, y desde hace bastante tiempo, la única posibilidad es hacer la denuncia en los juzgados de vigilancia”, comentan.
“La grave situación de vulneración de derechos de las personas internadas en el CIE de Madrid bajo la dirección actual, no es una apreciación subjetiva de las entidades peticionarias. Es una realidad que queda reflejada en numerosas resoluciones judiciales dictadas por diferentes juzgados que tienen encomendado legalmente el control de la estancia de los extranjeros en este CIE”, denuncian las 158 organizaciones firmantes en el escrito de petición entregado al Ministerio de Interior.

El dossier entregado se acompaña de 12 documentos de autos judiciales, fichas de visitas del defensor del Pueblo al CIE, providencias judiciales e incluso una denuncia presentada el pasado 20 de junio por algunas organizaciones ante la Dirección General de la Policía Nacional “instando la apertura de procedimiento disciplinario” contra el mencionado funcionario policial.
En ésta última, organizaciones del prestigio de Pueblos Unidos, Karibu o el Observatorio de Derechos Humanos Samba Martine, acusan a Montes Rodríguez de “incumplimientos reiterados de resoluciones judiciales y facilitación de expulsión sin garantías que ponen de manifiesto abuso de poder y trato inhumano y degradante a los internos”.

 CIEs Samba
Nuevas denuncias por vulneración de Derechos en el CIE de Aluche
Pablo 'Pampa' Sainz
 1

La denuncia enfatiza “el carácter reincidente del incumplimiento de las directrices de los Juzgados de Control” y pone especial énfasis en que las actuaciones de Antonio Montes Rodríguez no se tratarían de una extralimitación en sus funciones sino de “un abuso de poder desmedido que muestra un desprecio absoluto por el Estado de Derecho y por la vida de las personas afectadas”.
En la sumatoria de los documentos presentados se advierte no solo una vulneración constante de derechos inalienables a las internas e internos del CIE de Aluche, sino sobre todo una conducta reiterativa en desobedecer las diferentes advertencias y pronunciamientos de los Juzgados de Vigilancia.
A lo autos por posibles “casos de tortura” antes señalados, se suman otros de singular importancia, como el de apercibimiento al director por parte del entonces juez García de Dios Ferreiro, con fecha 8 de enero de 2018, para que “requiera a todos los funcionarios de policía que intervengan y presten servicios en el Centro de Internamiento para que vayan identificados en forma visible portando la placa identificativa”, y que apenas cinco días más tarde, el 13 de enero, dicta un nuevo auto volviendo a exigir la identificación obligatoria al constatar que los policías seguían sin utilizarla.
A lo autos por posibles “casos de tortura” se suman apercibimientos al director para que los funcionarios de policía que trabajan en el CIE “vayan identificados en forma visible portando la placa identificativa
Una irregularidad continuada que no parece preocupar al director del CIE, atendiendo a que, en su último auto de fecha 10 de junio, la jueza Inmaculada Iglesias Sánchez, vuelve a hacer hincapié sobre este punto. “Se acuerda requerir al director del CIE a fin de que se adopten las medidas necesarias para garantizar que todos los agentes de policía que presten servicios en el CIE llevan la placa reglamentaria con su número de identificación adoptándose para ello todas las medidas oportunas incluidas las disciplinarias”, ordenó.
La falta de identificación no es un hecho menor para el conjunto de las organizaciones, ya que gran parte de las denuncias que se presentan por vulneración de derechos se archivan por la imposibilidad de poder identificar a los funcionarios que han incurrido en el delito denunciado.
“Cuando el Estado priva de libertad a una persona, se convierte en garante de su vida, su salud, su integridad y sus otros derechos. Que sea la policía encargada de custodiar quien lesiona esos derechos u obstaculiza su ejercicio merece un reproche especialmente intenso, como especial debe ser el interés de los responsables políticos que tienen encomendada la superior dirección de cada departamento ministerial para que este tipo de conductas no se repitan”, concluye la petición de cese de Antonio Montes Rodríguez.

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Re:La ley de extranjería y su aplicación
« Respuesta #1507 en: 17 de Julio de 2019, 00:31:39 am »
Cuando les toca cerca, lo progres se olvidan muy rápido de “ningún ser humano es ilegal”, hipócritas.

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Vecinos de Manresa quieren a la Policía Nacional contra 'las manadas'

Cisma en el gobierno independentista de ERC y Junts per Manresa por la crisis social que ha dado pie a la cadena de violaciones grupales en la ciudad
     
16.07.2019 00:00 h.
7 min

De hacer escraches a la Guardia Civil a pedir a la Policía Nacional. Los vecinos de Manresa (Barcelona) piden la intervención del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) contra las manadas. La última denuncia de violación grupal a una menor de 17 años en un edificio okupado del municipio ha colmado la paciencia de los residentes con el gobierno independentista de JxCat y ERC. Exigen que actúe el CNP por tener competencias en extranjería, "en coordinación con los Mossos d'Esquadra y la Policía Municipal".

Así lo verbalizó en conversación con este medio Maria Carme Carrió, presidenta de la asociación de vecinos les Escodines. "Llevamos un año y medio denunciando al ayuntamiento la okupación ilegal de viviendas --como en el que se produjo la presunta agresión sexual-- en el barrio. No se ha actuado como se debía, por lo que es el turno de las fuerzas policiales en coordinación, incluyendo a la Policía Nacional", explicó. ¿Se lo han pedido en persona al CNP? "Sí. Nos reunimos con ellos. Nos dijeron que harían lo que pudieran, porque las competencias en seguridad están perfectamente acotadas. Lo que queremos, precisamente, es que actúen las tres policías. También el CNP, ya que su mano en extranjería es necesaria en este caso", agregó.

"Esto es un polvorín"

Según Carrió, el barrio de les Escodines y su quincena de viviendas okupadas "es un polvorín". En su opinión, se ha llegado a un punto en el que "se pueden volver a producir violaciones en grupo no solo aquí, sino en cualquier punto de la ciudad". Ello es atribuible a un colectivo de personas que ha venido a residir a Manresa. "No queremos estigmatizar a nadie. Pero esta gente son gamberros. Fíjese que hay otras viviendas tomadas en las que viven familias migrantes y no hay ningún problema. Los que violan son una minoría criminal", denunció.

Ante ello urge, además de la triple actuación policial, una intervención social de calado. "Hablamos de que los servicios sociales actúen, y lo hagan de una vez por todas. Saben qué casas son las que están tomadas y qué problemas de convivencia hay con estas viviendas. Y ojo, no se trata de un problema de pobreza porque, de nuevo, hay domicilios con familias en situación de vulnerabilidad que no atacan a nadie, que no son manadas y no violan. Se trata de gamberros, de delincuencia que hay que atajar", avisa la líder vecinal.

Crisis en el gobierno 'indepe'

Fuentes de la oposición municipal han ahondado más en la vertiente política de la segunda agresión de una manada en Manresa perpetrada esta vez, presuntamente, por cuatro jóvenes --ya detenidos-- que ayer se negaron a declarar. "Ha coincidido la agresión sexual con el juicio por la anterior, que se produjo en una fábrica abandonada en la Zona Universitaria. No tiene nada que ver. Pero este último ataque ha abierto herida en el gobierno municipal", alertaron. ¿Cómo? "Por tres motivos. Uno, porque Marc Aloy (ERC), que ahora da la cara por el ejecutivo local, llevó la cartera de Urbanismo en el mandato anterior. ¿Qué hizo por la degradación de Escodines? Nada. Ni rehabilitaciones, no reformas ni nada. Dejó okupar a gusto", denuncian.

Desde el discreto anonimato, las mismas voces recuerdan que el republicano Aloy "será alcalde en un año", en junio de 2020, en virtud de un pacto con Junts per Manresa (JxM), a quien los primeros ganaron por 10 votos en las elecciones municipales del 26 de mayo. "JxM son la Convergencia de toda la vida, los botiguers. Tienen una perspectiva más dura contra el fenómeno okupa, lo que los separa de sus socios de gobierno (ERC)", han indicado. A ello se le une el descontrol en los empadronamientos en la ciudad. "La llamada acogida la lleva desde hace años Jamaa Mbarki el Bachir. En las últimas elecciones se convirtió en concejal de Vivienda y Nueva Ciudadanía y Cooperación. Tras el caos en los empadronamientos, con amaños a los que vivían en casas okupas, lo hacen concejal. Ello ha levantado llagas en el seno del bipartito", han alertado.

Piden Policía Nacional... en un feudo 'indepe'

Este cóctel de mala gobernanza ha generado una paradoja: los vecinos de uno de los feudos independentistas en Cataluña piden ahora que la Policía Nacional acuda al rescate contra las violaciones de las manadas. En los comicios locales del 26M, los tres partidos independentistas (ERC, JxM y Fem Manresa-CUP) cosecharon el 66% de los votos, 22 puntos más que la media autonómica (44,45%). En las europeas, JxCat y ERC arañaron también el 66% de las papeletas, un 17% más que en toda la autonomía catalana.

Cabe recordar que algunos de los escraches a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado más virulentos que se produjeron en 2017 y 2018, durante el ciclo más duro del procés en Cataluña, tuvieron lugar en Manresa. Ocurrió, por ejemplo, el 20 de septiembre de 2017; el 28 de septiembre del mismo año; el 2 y 3 de octubre y se repitió el 1 de octubre de 2018, primer aniversario del referéndum ilegal de independencia.

https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/manresa-violacion-manada_261579_102.html

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Re:La ley de extranjería y su aplicación
« Respuesta #1508 en: 09 de Agosto de 2019, 13:39:02 pm »



El Defensor del Pueblo investiga la muerte violenta del joven marroquí en el CIE de Zapadores (Valencia)



CIEs NO presentó una queja para exigir el esclarecimiento de las circunstancias que rodearon el suceso y que se determinen las responsabilidades por la muerte de una persona que estaba "bajo tutela del Estado"


Un acto de protesta a las puertas del CIE de Zapadores ASOCIACIÓN DE VECINOS PATERNA CENTRO
Por eldiariocv
09 ago 2019 10:25

El Defensor del Pueblo ha abierto una investigación sobre la muerte de Marouane Abouobaida en el CIE de Zapadores de València el pasado 15 de julio tras la queja presentada por CIEs NO para exigir el esclarecimiento de todas circunstancias que rodean el suceso, así como que se "determinen responsabilidades por el fallecimiento de forma violenta de una persona que estaba bajo tutela del Estado".


La versión oficial indica que este joven marroquí de 23 años se suicidó en la celda de aislamiento donde fue recluido después de una pelea con otros internos y que "no se pudo hacer nada para evitar que se quitara la vida".


Sin embargo, CIEs No ha señalado que el propio Marouane dictó a un compañero un escrito dirigido al director del centro de internamiento de extranjeros de Valencia, una hora antes de su muerte, en el que explicaba algunas de las consecuencias de la agresión, como que no veía por el ojo izquierdo y la cabeza le dolía "mucho", y aportaba un informe hospitalario de urgencias.


Este escrito fue entregado a la Policía, pero "no consta que provocara ninguna reacción por parte de la dirección del CIE". Además, una tía de Marouane lo visitó en Zapadores una semana antes de su muerte porque ya había alertado a su familia de que lo estaba pasando "muy mal y no iba a poder aguantar mucho más", aseguró la tía a la campaña por el cierre de los CIE. Además, durante la visita, le pidió que hablara con un abogado y que hiciera "todo lo posible por sacarlo del CIE", según relatan desde esta entidad.

Queja ante el Defensor del Pueblo
Por estos hechos y por la necesidad de que se aclaren todas las circunstancias que concurrieron, días después de su muerte se presentó una queja ante el Defensor del Pueblo. CIEs NO aportó los comunicados que ha difundido sobre este caso y las noticias publicadas, donde constan "las exigencias de que se lleve a cabo una investigación exhaustiva que incluya los testimonios de los internos que fueron testigos de los hechos".

Tras estudiar la documentación, el defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, comunicó el 7 de agosto que se admitía a trámite la queja y se iniciaban las actuaciones ante los organismos administrativos competentes.


La asociación celebra la decisión adoptada por el Defensor del Pueblo y reitera su exigencia de que se clausuren todos los CIE porque "mientras permanezca alguno abierto seguirán muriendo personas encerradas cuyo único delito ha sido tratar de encontrar unas condiciones dignas de vida", han señalado.

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Re:La ley de extranjería y su aplicación
« Respuesta #1509 en: 29 de Agosto de 2019, 11:47:57 am »


Un juez deja en libertad a 47 de los 50 ilegales multireincidentes detenidos por la Policía Nacional en Barcelona



Se les había detenido en aplicación de la ley de extranjería y el juez ni los expulsa ni los manda a la cárcel
Marcos López

28.08.2019 11:31h

   
La Policía Nacional actuó ayer en Barcelona para intentar poner fin a la crisis de seguridad creada por Ada Colau y sus amigos separatistas. En un operativo conjunto con los Mossos de Esquadra se detuvo a 50 inmigrantes ilegales que se dedican a robar en el metro de Barcelona.

El inspector Pedro Santos explica que el objetivo es claro, "son multireincidentes, pediremos a la autoridad judicial que se les interne en un CIE y luego sean expulsados". Una iniciativa que podría suponer un alivio para los ciudadanos honrados de Barcelona.

9 de los 10 delincuentes que lideran el ránking de detenciones en Barcelona son extranjeros

Pero la Colau, contraria a los CIE y a la expulsión de ilegales, puede respirar tranquila. El juez ya ha soltado a 47 de esos 50 detenidos y no tienen ninguna intención de expulsarlos de España. En el momento en que usted lea esto ya estarán otra vez en el metro intentando robar a turistas y a ciudadanos de Barcelona que se dirigen a trabajar o a cualquier otra tarea.

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Re:La ley de extranjería y su aplicación
« Respuesta #1510 en: 10 de Septiembre de 2019, 14:15:48 pm »


Detenidos tres de los diez internos fugados del CIE de Aluche



MDO | Martes 10 de septiembre de 2019
Nuevo intento de fuga en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) del barrio de Aluche. Casi un año después del último suceso similar, diez internos de nacionalidad argelina se han fugado en las primeras horas de la mañana de este martes.

Los hechos han sucedido a las 9:30 de la mañana. Diez internos han descolgado varias sábanas atadas por las ventanas de diferentes habitaciones del centro, gracias a las cuales han podido escapar del edificio. Asimismo, las sábanas se encontraban atadas a una botella, que pretendía ejercer la función de contrapeso. Una vez en el patio, han saltado la valla perimetral para llegar al a calle y han huido a la carrera.

Por el momento, fuentes de la Policía Nacional han confirmado que tres de los internos fugados ya han sido localizados y los siete restantes permanecen en paradero desconocido y están siendo buscados en estos momentos.

En el último intento de fuga, acontecido a las 21:30 del viernes 19 de octubre de 2018, se produjeron numerosos incidentes que dejaron heridos a once agentes de la Policía Nacional. Además, uno de los internos sufrió lesiones leves a raíz de los acontecimientos.

No es la primera vez que suceden altercados e intentos de fuga en el centro. En apenas cinco años, los internos ya han protagonizado más de una decena de huelgas de hambre, tres protestas colectivas, diversos intentos de suicidio y más de diez intentos de fuga. No obstante, fue en 2016 cuando se vivieron momentos de mayor tensión, cuando 39 inmigrantes se amotinaron durante más de diez horas en la azotea.