El Gobierno trabaja en cómo retocar la ley del sólo sí es sí tras más de 270 rebajas de condenas a agresores
"Hemos constatado algunos efectos indeseados y conocemos y compartimos la preocupación social ante este tema", admiten en La Moncloa.
Ángela Rodríguez, secretaria de Estado de Igualdad, y la ministra Iren
Ángela Rodríguez, secretaria de Estado de Igualdad, y la ministra Irene Montero, durante un acto. JAVIER BARBANCHO
RAÚL PIÑA | MADRID
28/01/2023 13:59
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El pasado 7 de octubre entró en vigor la Ley de garantía integral de libertad sexual, más conocida como la ley del sólo sí es sí. Una de las normas emblema del Gobierno y especialmente de Igualdad, que, sin embargo, ha provocado la rebaja de penas a más de 200 agresores sexuales, ha generado "alarma social" como reconoce el propio Ejecutivo, y una presión hacia Unidas Podemos e Irene Montero, desde el PSOE y las formaciones de izquierda para retocarla y tratar de frenar la erosión que está produciendo al Gobierno. Finalmente, La Moncloa ha impuesto tocar la norma e Igualdad se ve obligada a negociar el qué y el cómo tras meses rechazando tocar una coma.
El goteo permanente y constante de rebajas de penas a agresores sexuales es una gota malaya en la imagen del Gobierno. Las últimas encuestas publicadas, que han coincidido con la cascada de rebajas y la polémicas también por la rebaja de la malversación de diciembre y enero, presentan un retroceso importante del PSOE. Y Pedro Sánchez ha dicho basta. En La Moncloa admiten que es un problema que les hace daño y que afecta al Ejecutivo. Líderes territoriales socialistas, ministras del PSOE, líderes de otras formaciones de izquierdas... la presión hacia Unidas Podemos e Irene Montero ha ido creciendo a medida que se conocían más casos de rebajas.
Se ha ido construyendo un consenso y una posición común exigiendo que el Ejecutivo hiciera algo. Que moviera ficha, algo que, según ha adelantado La Vanguardia, se hará. En el seno del PSOE es un asunto que ha causado gran precaución, molestando la inacción y el hecho de que se dejara a Unidas Podemos imponer su posición, por el coste que pudiera tener en las próximas elecciones municipales y autonómicas. Y ahora Sánchez ha decidido que se intervenga para que amaine la tormenta. "La Ley se ha explicado mal desde el primer momento", admiten fuentes socialistas.
"Hemos constatado algunos efectos indeseados y conocemos y compartimos la preocupación social ante este tema", admiten desde La Moncloa, que explican que se está está "haciendo un trabajo muy serio y riguroso, desde que se conocieron las primeras resoluciones judiciales, para garantizar que no vuelva a suceder, resolviendo a futuro los problemas detectados".
En el sector socialista había malestar con la posición de Unidas Podemos y se urgía a acometer cambios o mejoras para tratar de corregir el rumbo, trasladar el mensaje de que no permanecían impasibles ante la "alarma social". Fuentes de Podemos han trasladado este sábado que el Gobierno no ha parado de buscar fórmulas para que la ley se aplique de forma correcta, "compartiendo la preocupación social por las decisiones de aquellos jueces que están decidiendo rebajar penas. Seguimos trabajando en ello", han señalado.
Fuentes gubernamentales confirman este sábado a EL MUNDO que efectivamente la perspectiva es acometer mejoras o un reforzamiento, pero que aún no está decidido ni pactado el qué ni el cómo.
No obstante, en los morados hay cierto malestar por la presión de los socialistas y con la filtración: "A día de hoy no hay acuerdo sobre una solución válida. El PSOE tiene presiones para volver al modelo anterior y que el consentimiento deje de ser el centro del código penal", objetan. Fuentes moradas culpan a los socialistas de no aguantar la presión e, incluso, saltarse pasos. Y es que en esos trabajos y contactos discretos que se estaban manteniendo se había establecido que una vez dictaminados los cambios, la gestión y anuncio corresponderían a Irene Montero.
Asimismo, provocaba malestar la cerrazón de Igualdad a no abrirse a una modificación. La preocupación obligó a un primer movimiento de La Moncloa, del sector socialista, creando un grupo de trabajo entre Justicia e Igualdad para abordar posibles "cambios técnicos" en la Ley, que, sin embargo, no tuvo los avances deseados. Y es que tras la asunción y aceptación de que la ley se va a cambiar para evitar el desgaste, en lo que trabajará ahora el Ejecutivo es en cómo hacerlo, porque como admiten desde el Gobierno "el derecho transitorio ya se a consolidado", de manera que está asentada la posibilidad de que los reos se beneficien de las penas más leves que se han impuesto.
UNA DECISIÓN POLÍTICA
"Ahora mismo estamos analizando cuál es la respuesta que están dando los tribunales porque el derecho transitorio ya se ha consolidado. En lo que estamos trabajando es en desarrollar las medidas que prevé la ley, la mayor protección de las víctimas que es lo que esta ley siempre ha pretendido", expresó hace sólo unos días Pilar Llop, ministra de Igualdad. "Ahora estamos analizando cuál es la respuesta que están dando los tribunales porque el derecho transitorio ya está consolidado y no podría haber una norma posterior que pudiera modificar esa situación de transitoriedad".
En La Moncloa defienden que la ley del sólo sí es sí es "una buena ley, una conquista del movimiento feminista, nacida para proteger más a las víctimas y tipificar como delito actitudes machistas que antes no eran consideradas de esa forma", pero también que hay que "abordar con responsabilidad esta situación requiere detenimiento, porque es compleja desde el punto de vista técnico".
La decisión de trabajar en cambios en la norma obedece, por lo tanto, a una decisión política, con carga política, más que jurídica, toda vez que los condenados podrán seguir beneficiándose de posibles rebajas de penas. Ése es el trasfondo: político, por las consecuencias que tiene hacer cambios: la asunción de un error, tratar de evitar el desgaste, la posición en la que queda cada parte, cómo se venden los posibles cambios, la situación de la ministra Irene Montero...
El propio Pedro Sánchez, en una conversación informal con los periodistas el pasado 6 de diciembre, se abrió a hacer algún retoque técnico, ante el goteo de rebajas y el impacto negativa que esta circunstancia tiene para el Gobierno. Sin embargo, la cerrazón de Igualdad y la aceptación de no llevar el pulso a una situación insostenible obligó al sector socialista del Ejecutivo a virar su discurso en las últimas semanas, a cerrar filas con la normativa, y a trasladar un mensaje público de que la ley no se iba a tocar, que había que explicarla y que, en todo caso, se esperaba a que el Tribunal Supremo sentara jurisprudencia. Una posición que provocaba incomodidad y enfado en el seno del PSOE, ante lo que se entendía un excesiva concesión y autonomía a Irene Montero.
"La ley del sólo sí es sí es sólida. Lógicamente compartimos la preocupación que tiene la sociedad española por esas decisiones judiciales con rebajas de penas, que no se corresponden con la voluntad y el espíritu del legislador. Estamos ocupadas en hacer todo lo que está en nuestra mano y es necesario para garantizar una correcta aplicación de la ley", defendió este mismo viernes la ministra Irene Montero, tras la reunión del comité de crisis para tratar los últimos asesinatos machistas.
En La Moncloa, pese a que el cambio en la norma sería una desautorización a la posición mantenida hasta ahora por Igualdad, buscan evitar trasladar la imagen de choque, enfrentamiento. Sostienen que los dos partidos del gobierno de coalición, "con plena sintonía, somos conscientes de esta situación y queremos contribuir juntos a resolverla trabajando de la mano de la ministra de Igualdad en todo momento".
