Autor Tema: El acoso en los cuerpos policiales  (Leído 116845 veces)

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Re:El acoso en los cuerpos policiales
« Respuesta #800 en: 21 de Marzo de 2019, 07:51:28 am »

Mujeres policías y militares denuncian desprotección frente al acoso
EFEMadrid19 mar. 2019

La secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo (3d), posa junto a (de izda. a dcha.) Alicia Sánchez, secretaria de la Mujer de la AUGC; Carmen López, secretaria de las Mujeres de FSC-CCOO; Manuela Oliva Alarcón, responsable de Seguridad Pública de FSC-CCOO; Soledad Murillo; Marisa Estévez Vázquez, secretaria de organización de la Federación de Igualdad del Sindicato Unificado de Policía (SUP); y María Teresa Franco Martínez, secretaria de la Mujer de la AUME, durante la presentación de la Plataforma de Mujeres Policías y Militares para impulsar su visibilidad, este martes en Madrid. EFE


Ante casos de acoso sexual y laboral, en la Guardia Civil existe un protocolo para investigar esas situaciones que afectan a mujeres y que concluyen con el 77 % de los casos archivados, mientras que en la Policía no hay y en el Ejército, la víctima no puede participar en el expediente, solo como testigo.

La Plataforma de Mujeres Policías y Militares -que integran CCOO, Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME)- han denunciado la desprotección que sufren frente al acoso sexual, laboral y la violencia de género, así como la falta de derechos, como a manifestarse como cualquier otro trabajador.

   

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Re:El acoso en los cuerpos policiales
« Respuesta #801 en: 06 de Mayo de 2019, 09:19:38 am »


Piden hasta 44 años de cárcel a tres mandos de los mossos por acoso a varios agentes


Los cuatro policías, adscritos al área de recursos operativos (ARRO) de la región policial del Camp de Tarragona, piden también una indemnización de 30.000 euros cada uno

FERNANDO ASUNCIÓN

PUBLICADO5.5.2019 - 12:04
Cuatro agentes de los Mossos d'Esquadra piden hasta 44 años de cárcel para un inspector y 20 años para dos sargentos, a los que acusan de atentar contra su integridad moral por una campaña de acoso laboral, hostigamiento y trato degradante y vejatorio a raíz de discrepancias sobre permisos y servicios.

En su escrito de calificación provisional, los cuatro agentes, adscritos al área de recursos operativos (ARRO) de la región policial del Camp de Tarragona, piden también una indemnización de 30.000 euros cada uno por los daños morales sufridos, ya que, según denuncian, incluso tuvieron que estar de baja por ansiedad y depresión.

Un juez de Tarragona dejó el caso a puertas de ir a juicio en 2018, en una resolución que fue recurrida por los servicios jurídicos de la Generalitat y que finalmente ha sido avalada por la Audiencia de Tarragona, que concluyó que existen "indicios suficientes" de que supuestamente existió una situación de acoso en un clima de conflictividad laboral.

Trastornos psíquicos
El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Tarragona, que investigó el caso, acordó llevarlo a juicio tras determinar que los trastornos psíquicos que sufrieron los cuatro agentes, representados por los letrados Javier Aranda y Javier Peiró, de los servicios jurídicos del Sindicato de Policías de Cataluña (SPC), fueron "compatibles con una reacción psíquica a la conflictividad laboral vivida".

En su escrito de acusación, los cuatro agentes sostienen que, tras un desencuentro en 2008 sobre el reparto de horas extraordinarias, los permisos y la asignación de servicios, los dos sargentos al frente de su unidad iniciaron una campaña de "continuo hostigamiento, dispensándoles un trato denigrante y vejatorio, llegando incluso a humillarlos en presencia del resto de sus compañeros", que se prolongó al menos hasta 2013.

Obligarles a pedir el traslado
Como ejemplo, detallan que uno de los sargentos ordenó a los cabos responsables de sus equipos que les sometieran "a un seguimiento pormenorizado" para que la presión bajo la que realizaran su labor fuera tan "asfixiante" que optaran por pedir el traslado.

También apuntan que los sargentos obligaban a uno de ellos, que tiene problemas en una rodilla, a hacer carrera continua cada día durante media hora, al igual que sus compañeros, o que les prohibían ponerse un forro polar para abrigarse del frío.

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Re:El acoso en los cuerpos policiales
« Respuesta #802 en: 09 de Mayo de 2019, 08:10:51 am »
El TC corrige a la Audiencia y falla que dejar a un funcionario sin tarea es acoso laboral

El Constitucional da un vuelco y acaba con la tradición de dejar a altos funcionarios en los pasillos. Un alto funcionario gana su lucha después de seis años de pleitos pidiendo una ocupación

Autor
Rafael Méndez
Contacta al autor
mendezrafael

09/05/2019 05:00

Mantener a un funcionario sin trabajo atenta contra su integridad moral, un derecho fundamental recogido en la Constitución. Después de seis años de pleitos, el Tribunal Constitucional ha dado la razón a Jaime Nicolás Muñiz, un alto funcionario que pasó los últimos años de su carrera en un pasillo, represaliado, sin que el Ministerio del Interior le diera apenas ocupación. En un fallo que supone una novedad, considera que no hace falta que la Administración caiga en el hostigamiento para que sea considerado acoso laboral. El alto tribunal establece que es suficiente dejar a un funcionario en el pasillo para que se vean vulnerados sus derechos fundamentales. "Recurrí hasta el final por mi honor pero, sobre todo, en defensa de la función pública, porque aprecio la carrera a la que he dedicado más de 40 años", explica Nicolás Muñiz, hoy jubilado.

https://www.ecestaticos.com/file/0c5b231d59c43deaf187082c40c8d219/1557341207-atc-1.pdf
Pinche para leer la sentencia.

Jaime Nicolás entró como técnico de la Administración civil del Estado, uno de los cuerpos de alto funcionario, en 1972. En 45 años en la Administración, ocupó todo tipo de cargos. Con gobiernos de distinto signo fue letrado del Constitucional, director del Centro de Estudios Constitucionales, director del Instituto de RTVE, jefe de gabinete de Francisco Rubio Llorente en el Consejo de Estado y asesor de la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil.

En 2012, tras la llegada del PP al poder, pasó dos meses en su casa esperando destino hasta que fue asignado a la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (Giese), de Interior, el organismo que se encarga de vender solares y cuarteles. En la práctica, estuvo sin trabajo durante año y medio. Después de pedir tarea de forma reiterada, consiguió alguna ocupación, pero no mucha. El departamento que entonces dirigía Jorge Fernández Díaz lo tenía en una lista negra.

"Quizá trabajo una hora cada 15 días, no llega a uno hora cada día. Pongamos una hora cada semana. Voy todos los días, cumplo mi horario, voy por las tardes con regularidad. ¿Qué hago dentro? No me toco las narices: leo, estudio sobre la Revolución rusa, la Revolución francesa y la Guerra Civil, y he traducido un libro del alemán, pero no hago crucigramas. Estoy infrautilizadísimo y es indignante. Me da vergüenza decir las horas que trabajo y que me ocupo de Habermas y Robespierre. Me da vergüenza aunque no es culpa mía", explicó a este diario en 2017, cuando estaba a punto de jubilarse.

Entonces relataba su desazón: "Cada mañana, cuando voy al despacho, entro desde los ascensores y paso el arco de seguridad. Camino por el pasillo y me ven el agente de seguridad, la secretaria del director, un funcionario, otro, aquí hay un gran despacho con varios funcionarios que también me ven. Giro, vuelvo a girar, vuelvo a girar hasta que llego a mi despacho en el culo del edificio. Al principio, acojonaba e indignaba. En todos los despachos me veían y pensaban: '¿Y este tío? ¿Viene aquí a tocarse las pelotas? ¡Será sinvergüenza! ¡Será fresco! ¿O será realmente un desecho de tienta? ¿Estará para el arrastre, para el pudridero?".

Lector voraz, Nicolás aprovechó el tiempo para estudiar. Pero a la vez empezó a reclamar trabajo. Recurrió internamente en la Administración apelando al "protocolo de actuación frente al acoso laboral en la Administración General del Estado". Se trata de un texto aprobado en 2011 que cita como primera causa de acoso "dejar al trabajador de forma continuada sin ocupación efectiva, o incomunicado, sin causa alguna que lo justifique".

Jaime Nicolás: "Lo hice por mi honor pero, sobre todo, en defensa de la función pública, porque aprecio la carrera a la que he dedicado 40 años"

Pero primero el Ministerio de Interior y después la Audiencia Nacional, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el Supremo consideraron que no tenía razón. El expediente ministerial fue archivado de plano. La instructora fue Isabel Borrell, que acaba de ser ascendida a directora del Instituto Nacional de Administración Pública, y consideró que si bien era cierto que Nicolás no tenía trabajo, "pudo al menos dar su opinión en una cafetería cercana durante los descansos".

La Audiencia falló en 2014 que, aunque era un despilfarro dejar sin trabajo a un funcionario, no había acoso. Señaló que la jurisprudencia califica como 'mobbing' "toda conducta abusiva o de violencia psicológica" y que en este caso no se había acreditado "que su situación laboral sea consecuencia de una persecución de hostigamiento sistemática y planificada, e injustificada". El Supremo ni admitió sus recursos.

Nicolás recurrió entonces al Constitucional alegando que se había vulnerado se derecho constitucional a "la integridad moral". El alto tribunal solo admite un 1% de los recursos de amparo que recibe, pero este sí lo aceptó alegando que tiene "especial trascendencia constitucional porque brinda al tribunal la oportunidad de perfilar la doctrina constitucional relativa a los derechos fundamentales sustantivos invocados en asuntos de marginación laboral de empleados públicos".

La Fiscalía, que en todos los procedimientos anteriores se había opuesto a las pretensiones de Nicolás, una vez en el Constitucional cambió radicalmente de postura y decidió apoyar el recurso. Solo la Abogacía del Estado se opuso, pero lo hizo "sin esgrimir una mínima justificación racional para esa situación", según relata el Constitucional de forma crítica.

El caso reviste "trascendencia constitucional para perfilar la doctrina relativa a la marginación laboral de empleados públicos"

El tribunal detalla en una sentencia del pasado 6 de mayo a la que ha tenido acceso este diario que está acreditado que Interior creó un puesto de vocal para Nicolás "sin definición de un ámbito de atribuciones para adjudicarlo al actual demandante de amparo, la Administración le mantuvo durante largo tiempo (año y medio, aproximadamente) completamente desocupado, sin información sobre sus funciones, sin asignarle tareas y sin convocarle a reunión de trabajo alguna".

"La inactividad laboral prolongada a la que fue sometido el trabajador demandante de amparo involucra inequívocamente a la integridad moral y a la prohibición de tratos degradantes", un derecho en el que no cabe "exención o ponderación posible". La sentencia señala que no es el trabajo del Constitucional "elaborar un concepto de acoso laboral" sino interpretar los de integridad moral y trato degradante en la Administración. Aclara que el acoso a los funcionarios no busca que se marchen del empleo sin indemnización, como ocurre en la empresa privada, sino represaliarlos por motivos personales o ideológicos.

Interior, "deliberadamente, sin una finalidad y objetivo legítimo, marginó laboralmente al recurrente durante un periodo largo de tiempo"

En este caso, "la inactividad profesional del demandante no ha sido accidental. [...] La Administración creó un puesto de trabajo sin contenido para el demandante y, pese a las quejas de este, no intentó, siquiera mínimamente, poner remedio a la situación de inactividad laboral". El tribunal critica que el propio ministerio archivara la queja interna pese a que era el trámite adecuado para solucionar el problema y lo claro que es el protocolo antiacoso aprobado en época de Jordi Sevilla.

La conclusión es que la Administración, "deliberadamente, sin una finalidad y objetivo legítimo, con abuso de poder o arbitrariedad, marginó laboralmente al recurrente durante un periodo largo de tiempo", lo que supone "un claro menosprecio y ofensa a la dignidad del trabajador" contrario a su derecho fundamental a la integridad moral, y anula las sentencias y la resolución del ministerio.

Nicolás se jubiló en 2017, al cumplir 70 años, y la lucha que empezó en 2013 ya no le reportará ningún beneficio. Pero el miércoles estaba exultante con el resultado en el que había vencido, contra todo pronóstico. "Lo hice por mi honor y, sobre todo, en defensa de la función pública. Yo aprecio la carrera de funcionario, a la que he dedicado 40 años. Esto abre una puerta a muchos funcionarios que están apartados en los pasillos y será muy importante para ellos".

Cuando cambia el color del Gobierno, es un clásico que altos funcionarios que han ocupado cargos de confianza se vean arrumbados en los pasillos, a menudo durante meses en sus casas sin destino. En la Administración es un clásico el telegrama con el que cesó de embajador en 2012 Juan Pablo de Laiglesia, hoy secretario de Estado para América Latina. "Con fecha de hoy ceso en mi cargo de Embajador Representante Permanente de España ante Naciones Unidas para incorporarme a mi nuevo destino en el pasillo, aunque, como V. E. sabe, hubiera preferido ventanilla". El Constitucional acaba de obligar a que todos los funcionarios estén en la ventanilla.





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Re:El acoso en los cuerpos policiales
« Respuesta #803 en: 25 de Mayo de 2019, 09:07:16 am »
El Ayuntamiento debe pagar 60.000 euros a un policía por acoso laboral

El agente fue el que denunció la desaparición de multas y lleva tres años siendo objeto de persecución u hostigamiento, además de sufrir la apertura de varios expedientes disciplinarios

víctor martín | santa cruz de la palma 23.05.2019 | 06:05


El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 ha condenado al Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma al pago de una indemnización de 60.000 euros a un policía local por los daños sufridas después de padecer acoso laboral durante al menos tres años, según se afirma en la sentencia a la que ha tenido acceso esta redacción.


El agente fue el responsable de denunciar la desaparición de multas de tráfico, además del uso de vales de combustible para vehículos municipales destinados a uso particular o la discriminación en el funcionamiento interno de la Policía Local.
Sus actuaciones tuvieron consecuencias y en marzo de 2016 presentó un escrito dirigido a la Alcaldía solicitando amparo y protección ante el acoso laboral que estaba sufriendo, pidiendo apenas un mes después que se activara el protocolo contra este tipo de acciones.

El policía pidió al alcalde y ahora senador, Sergio Matos, los días 16, 21 y 26 de octubre y 18 de noviembre de 2016 que adoptara medidas para poder prestar servicio en condiciones de normalidad. Sin embargo, el 16 de febrero de 2017 se acuerda por decreto de la Alcaldía, y tras los escritos presentados por el jefe del cuerpo en ese momento, la incoación de un expediente disciplinario contra el denunciante.

La Sala sentencia que "se aprecia la existencia de una conducta de persecución u hostigamiento por parte del jefe de la Policía Local frente al recurrente, que se mantiene en el tiempo con la aquiescencia del ayuntamiento. Ayuntamiento que, aun siendo conocedor de todos y cada uno de los hechos (...), mantiene una clara situación de pasividad e inactividad". Se concluye que se intentó "menoscabar la integridad moral del demandante". Esta situación "resulta ser continuada en el tiempo prolongándose durante al menos tres años y que está encaminada a perturbar el equilibrio psicológico del recurrente".

En la resolución judicial se insiste en que los hechos declarados probados y que afectan a la actuación llevada a cabo, concretamente por el ya exjefe de la Policía Local, "resultan idóneos para producir la lesión del derecho al honor y a la propia imagen que se alega". No es que se haya reflejado solo en los diferentes informes psicológicos realizados, ni que el propio afectado lo haya declarado, sino que "incluso existen testigos que afirman que el propio jefe de la Policía Local ha dicho" que este policía "perderá el uniforme e, incluso, ha intentado que sus propios compañeros no tuvieran relación con él por ser "una mala influencia".

El acoso laboral se prolonga hasta que el agente decide abandonar el cuerpo en Santa Cruz de La Palma y empieza a prestar servicios en el Ayuntamiento de Arona en febrero de 2019.

Además de la indemnización, en el fallo se condena al ayuntamiento demandado a cesar en la situación de acoso laboral dirigida frente al demandante y se declara que la corporación capitalina "ha conculcado el derecho a la dignidad consagrado en el artículo 18 de la Constitución española y el derecho a la integridad moral contemplado en el artículo 15 de la Constitución española afectan al recurrente".

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Re:El acoso en los cuerpos policiales
« Respuesta #804 en: 30 de Junio de 2019, 06:38:40 am »

La Guardia Civil creará la figura del “asesor confidencial” contra el acoso sexual
El Plan de Igualdad del cuerpo contempla designar una persona especializada en cada comandancia para recibir las denuncias. También prevé extender internamente el uso del lenguaje inclusivo

30/06/19access_time 1:05


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Re:El acoso en los cuerpos policiales
« Respuesta #805 en: 05 de Julio de 2019, 06:13:14 am »
El Constitucional considera acoso laboral que un funcionario no tenga nada que hacer

Creen que es degradante que un empleado público no tenga funciones asignadas y culpan a la Administración por no identificar esa situación como acoso

Alejandra Olcese

Publicado 05.07.2019 - 05:15


El Tribunal Constitucional ha fallado que mantener a un funcionario de forma prolongada en situación de inactividad en su puesto de trabajo se considera acoso laboral por parte de la Administración, ya que supone "vulnerar su derecho fundamental a la integridad moral".

En su sentencia 56/2019, del pasado 6 de mayo, http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25922  la Sala Primera del Tribunal Constitucional resuelve el recurso de amparo frente al supuesto acoso laboral que había sufrido un funcionario de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de la Seguridad del Estado (adscrita a la Secretaría de Estado de Seguridad, del Ministerio de Interior) y que no le había sido reconocido ni por el subsecretario de Interior, ni por el Tribunal Superior de Justica de Madrid, ni por el Tribunal Supremo.

La denuncia se produjo porque el funcionario dejó de ser director del gabinete del presidente del Consejo de Estado el 24 de marzo de 2012 y solicitó su reincoporación a la Secretaría de Estado de Seguridad, donde tenía derecho a una reserva de un puesto de trabajo.

El Ministerio de Interior decidió crear un puesto para él como "vocal asesor" en la Gerencia sin definir sus funciones. Desde marzo de 2012 (en que se incorporó a ese puesto) hasta julio de 2013 (en que denunció), no recibió ninguna "información sobre las atribuciones del puesto ni encargos de tarea alguna", más allá que hacer alguna llamada. Fue el único funcionario de esa unidad al que no le convocaron a ninguna reunión, señala la sentencia.
Supone menosprecio y desprestigio

Esa inactividad no fue accidental, en opinión del Constitucional, sino que deriva de la decisión de la Administración de crear y mantener un puesto de trabajo sin contenido efectivo, lo que supuso "un agravio comparativo y un claro menosprecio y ofensa a la dignidad del trabajador demandante de amparo", lo que sirvió para "desprestigiarle ante los demás, provocarle sensación de inferioridad, baja autoestima, frustración e impotencia y, en definitiva, perturbar el libre desarrollo de su personalidad".

Este Tribunal va aún más allá y cree que la Administración agravó esta lesión por no aplicar el protocolo de acoso, que califica como tal el hecho de que un trabajador esté sin hacer nada de forma prolongada.

"De acuerdo con el protocolo de acaso, para declarar el acoso y poner en marcha medidas destinadas a corregirlo, basta la existencia de una situación objetiva de inactividad laboral prolongada y que la administración sea incapaz de demostrar que obedece a una causa legítima, tal como señala el fiscal. Dicho de otro modo: el comportamiento enjuiciado, que, (...) es una lesión de la 'integridad moral' y, más precisamente, un 'trato degradante' en el trabajo, constituía, en términos del protocolo un 'acoso laboral' que debió dar lugar a la aplicación de 'medidas correctoras'", lamentan.
Por qué no se ha reconocido hasta ahora

Las instancias de menor rango que el Tribunal Constitucional no han considerado que el caso pudiera ser considerado acoso laboral por distintos motivos.

Dentro del Ministerio, la denuncia fue archivada con el argumento de que el demandante había podido manifestar su opinión "durante el descanso funcionarial en una cafetería fuera de la Gerencia", algo que el denunciante consideró "objetivamente humillante".

Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimó el recurso (contencioso-administrativo) porque consideró que para que haya acoso laboral deben darse "conductas extremas", y el Tribunal Superior tampoco admitió el siguiente recurso (de casación) por "falta de fundamentación suficiente de la concurrencia de alguno de los supuestos de interés casacional objetivo".


 


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Re:El acoso en los cuerpos policiales
« Respuesta #806 en: 02 de Agosto de 2019, 07:18:35 am »

El Supremo ordena reabrir un caso contra cinco suboficiales por acoso a una sargento del Ejército de Tierra

Actúa tras el recurso de Fiscalía contra el archivo de la causa y ordena investigar también al capitán que ignoró las denuncias de la víctima

Durante años, los suboficiales se mofaron de la sargento, incluso ante la tropa, con calificativos como "jodida enana", "gandula" o "chihuahua"

Europa Press
02/08/2019 - 00:42h

La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha ordenado reabrir una causa contra cuatro sargentos del Ejército de Tierra por el acoso a una compañera que fue archivada por el Tribunal Militar Territorial Quinto en mayo de 2018. Durante años, los suboficiales se mofaron de ella incluso delante de la tropa con los calificativos de "jodida enana", "gandula", "lesbiana", "por ahí viene el chihuahua" e incluso utilizaron su imagen junto a un "minion" como perfil de un grupo de Whatsapp destinado a realizar mofas.

El alto tribunal actúa a instancias de la Fiscalía y ordena también la deducción de testimonio de un capital que desoyó las denuncias de la sargento cuando ésta le relató el calvario que estaba sufriendo, alegando que no quería problemas en el cuartel, situado en Tenerife.
La cuestionaban ante la tropa

La sentencia dada a conocer este martes individualiza las conductas de acoso atribuidas a cada uno de los sargentos. En una de las ocasiones, el suboficial cuestionó en público una orden concreta que su compañera había dado a una soldado para recoger diverso material de limpieza utilizando expresiones como "tú estás loca" mientras giraba su dedo índice de la mano derecha en su sien. En otra ocasión, se dirigió a ella delante de otros suboficiales con los apelativos "lesbiana" y "gandula", además de "tetuda" y "cara de porcelana".

Otro de los sargentos fue el que colgó en el grupo de mensajería móvil la fotografía de la víctima de acoso junto a un dibujo de un personaje animado, un "minion", al ser un calificativo con el que en ocasiones se referían a la ella. Entre los acosadores también se encuentra una mujer, sargento como la víctima, que según la resolución del Supremo se dirigió a su compañera llamándola como" hombre frustrado en cuerpo de mujer" y "comechichi".

La Sala disiente del criterio del tribunal militar, según el cual los hechos carecen por completo de cualquier tipicidad penal que determine la exclusión de responsabilidad.

Considera que el tribunal de instancia realizó una valoración de la credibilidad de los testigos "sustrayendo a las acusaciones el derecho a proponer y practicar la verdadera prueba en el juicio oral bajo los principios de inmediación, oralidad y contradicción", vulnerando así el derecho a la tutela judicial efectiva y por ello ordena la devolución de las actuaciones para que sean instruidas por un tribunal diferente al que archivó.