Anticorrupción pide imputar al policía de confianza de Cospedal por el espionaje a Bárcenas de la brigada políticaAndrés Gómez Gordo había dejado el servicio activo para trabajar con la presidenta castellano-manchega cuando contactó con el chófer del extesorero
El inspector jefe se incorporó a la brigada política en su regreso a la Policía y a los seis meses Fernández Díaz le condecoró con una medalla pensionada
Cobró del frustrado proyecto de la Ciudad de la Justicia y conoció al chófer que hizo de topo en casa de los Bárcenas durante su etapa como asesor de Granados
Pedro Águeda
09/12/2018 - 21:50h
El inspector Andrés Gómez Gordo junto a María Dolores de Cospedal en su etapa en Castilla-La Mancha EFE
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la imputación de un quinto mando policial en la pieza secreta del caso Villarejo que investiga el espionaje del Ministerio del Interior a Luis Bárcenas a través del chófer de la familia. Según han informado a eldiario.es fuentes jurídicas, se trata del inspector jefe Andrés Gómez Gordo, quien ha dejado dos veces el Cuerpo de forma temporal: la primera para trabajar en el fracasado proyecto de la Ciudad de la Justicia de Esperanza Aguirre, que ahora investiga la Audiencia Nacional; y la segunda, para convertirse en la sombra de María Dolores de Cospedal cuando ésta era presidenta de Castilla-La Mancha.
Gómez Gordo era director de Análisis y Documentación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha cuando la brigada política de la Policía captó en 2013 a Sergio Ríos Esgueva. El inspector jefe habría sido el responsable de contactar con el chófer, con el que había coincidido durante el periodo que ejerció de asesor de Francisco Granados, a continuación de su puesto al frente de la seguridad de la Ciudad de la Justicia. Ríos era el chófer del entonces consejero de Justicia.
El chófer de la familia Bárcenas cobró 2.000 euros mensuales -una cantidad desmesurada para un confidente- durante dos años. A cambio, entregó documentación y reveló información de los movimientos de Rosalía Iglesias mientras Bárcenas estaba en la cárcel. Los policías bautizaron esas maniobras como Operación Kitchen.
La solicitud de imputación de Gómez Gordo se produce en el marco de la pieza separada 7 del caso Villarejo, que investiga el espionaje al extesorero del PP a partir de unas grabaciones incautadas al comisario encarcelado. Otro juez de la Audiencia Nacional, el que instruye el caso de la caja B, ha solicitado toda la información de esa Operación Kitchen al Ministerio del Interior. El Consejo de Ministras acordó el pasado viernes levantar el secreto que pesa sobre el operativo policial sufragado con fondos reservados.
Con la Operación Kitchen, el Ministerio del Interior que dirigía Jorge Fernández Díaz buscaba documentos que pudiera guardar el extesorero sobre la financiación irregular del Partido Popular y la implicación en la misma de sus dirigentes. Cuando acabó su misión, Interior facilitó la entrada de Ríos en la Policía, con 42 años. Una vez dentro, la Dirección del Cuerpo utilizó un mecanismo excepcional para asignarle el destino que quería, Madrid, donde todavía residen su exmujer y su hijo.
A pesar del rimbombante nombre de su cargo en Castilla-La Mancha, Andrés Gómez Gordo se dedicaba a ser la sombra de Cospedal. Era el hombre que, vestido de traje, organizaba la escolta de la presidenta en actos públicos. Fuentes policiales aseguran que el vínculo de Gómez Gordo con Ignacio López del Hierro, marido de la exnúmero dos del PP, se remonta a años atrás, al igual que ocurre entre el empresario y el comisario Villarejo. La relación del principal investigado en la Operación Tándem con el matrimonio formado por Cospedal y López del Hierro y los encargos que éstos le realizaron para obstaculizar la investigación del caso Gürtel ha quedado acreditada en otras grabaciones del comisario, publicadas por moncloa.com.
La Operación Kitchen se desarrolló en pleno enfrentamiento de Bárcenas con el que había sido su partido durante décadas. El tesorero había tirado de la manta en junio, tras ser enviado a prisión provisional por el juez Pablo Ruz. Su peor enemigo en Génova ya era entonces la secretaria general, María Dolores de Cospedal, la misma que tenía a su servicio al inspector jefe Gómez Gordo en su cargo público, el de presidenta de Castilla-La Mancha.
En una etapa anteriro, el inspector jefe había trabajado en la empresa mixta de seguridad de la Ciudad de la Justicia con un sueldo mensual de 6.000 euros. La oposición madrileña calcula que el faraónico proyecto del PP en Madrid supuso un agujero a las arcas públicas de hasta 100 millones de euros. Gómez Gordó cobró una indemnización de 100.000 euros por ser despedido de un proyecto que no llegó a arrancar. Y no volvió a la Policía. Comenzó a trabajar como asesor de Francisco Granados en la Consejería de Justicia e Interior. Fue allí donde tuvo más trato con Sergio Ríos, por entonces chófer de Granados.
Según El Español, Interior encargó a Andrés Gómez Gordo que le captara para ser el topo en casa de los Bárcenas. Gómez Gordo dijo al citado diario que fue contactado para esa misión pero que se negó a llevarla a cabo. Entre los papeles robados por Sergio Ríos a la familia Bárcenas aparece un documento que hace referencia al contacto del chófer con un alto cargo de la Junta de Castilla-La Mancha. En uno de los documentos manuscritos de Rosalía Iglesias, se puede leer: “Sergio ha creado a través jefe presidencia Cospedal disco duro. Muertos de miedo”. Estos papeles están ya en poder del juez de la caja B, José de la Mata, que se los reclamó a El Mundo cuando los publicó.
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Los papeles de Rosalía
El inspector jefe volvió a Madrid semanas antes de la secretaria general del PP perdiera el Gobierno autonómico. Su destino inmediato fue el de jefe de Sección Operativa, concretamente de vigilancias de la UDEF, un puesto que le daba acceso a la información sobre todas las operaciones contra la corrupción de la Policía. Sin embargo, el entonces inspector jefe compaginó durante meses su puesto en la UDEF con la Dirección Adjunta Operativa (DAO), la estructura que albergó la policía política entre 2012 y 2016. Según él mismo ha reconocido, fue el director operativo, Eugenio Pino, quien le ordenó que tuviera un pie en cada destino. A los seis meses de regresar a la Policía, Gómez Gordo fue recompensado por una medalla roja al mérito policial, que lleva aparejado un incremento vitalicio del 10% mensual.
Pino ocupó el cargo más alto de entre los mandos para los que Anticorrupción ha solicitado la imputación por su participación en la Operación Kitchen, sufragada con fondos reservados. Completan la lista los comisarios José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño, ambos ya investigados por la organización criminal dirigida presuntamente por el primero de ellos, y Sergio Ríos, al que el juez ya ha citado para que declare el próximo miércoles.
La anómala situación de Gómez Gordo a su regreso a la Policía salió a relucir en su declaración como testigo ante el Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid, en el caso de presunto acoso de Javier López Madrid a la doctora Pinto. Gómez Gordo había firmado el informe por el que la Policía de Pino defenestraba al comisario de Chamartín, Jaime Barrado, que se había atrevido a investigar a Villarejo como posible autor de la agresión con arma blanca a la mujer.
Durante esa declaración (ver vídeo al final del párrafo), Gómez Gordo reconoce que fue Pino quien le llamó a la DAO y que, a pesar de estar destinado en la UDEF, pasaba “unas horas” al día en la Dirección Adjunta Operativa, sin concretar a qué se dedicaba. Esas afirmaciones se producen a preguntas de la abogada de Elisa Pinto. La defensa de la doctora ha denunciado un montaje policial para salvar al comisario Villarejo. Esa misma acusación, un montaje de Interior y la cúpula policial para proteger a Villarejo, fue la conclusión a la que también llegó la comisión judicial del caso del Pequeño Nicolás.
Gómez Gordo era habitual de una oficina considerada en el Cuerpo como el centro físico de la brigada política, donde tuvieron su mesa los jefes de gabinete de Pino, tanto José Ángel Fuentes Gago, como después Bonifacio Díaz. Este último va camino de sentarse en el banquillo, junto a Pino, por intentar introducir información robada en el caso de los Pujol. En otro hecho absolutamente inusual, esa oficina se hizo cargo de la denuncia de dos abogados de las empresas de Villarejo contra el comisario que impulsó el caso de la doctora Pinto. El director de la Policía, Ignacio Cosidó, suspendió de sus funciones al comisario Barrado, después de haberle desterrado a Carabanchel, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid frenó esa persecución a Barrado anulando la decisión administrativa y devolviéndolo al servicio activo.
Estos días, Gómez Gordo completa el curso de ascenso a comisario, después de que aprobara la oposición durante los últimos días del anterior equipo de Interior, el del Partido Popular y Juan Ignacio Zoido como ministro. Gómez Gordo no había logrado ascender a comisario en la anterior convocatoria, a pesar de que había comentado en círculos policiales que iba a ocupar un puesto más alto del que sigue ocupando en la UDEF una vez le llegara el ascenso.
