Hacer política a base de querellas que van siendo archivadas una a una.
Archivada la querella de Vox contra el 'número 2' de Interior y la directora de la Guardia Civil por Pérez de los Cobos El titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid ya acordó la semana pasada inadmitir el escrito que aseguraba que Fernando Simón era el responsable de al menos 27.000 muertes
Desde Vox ya han anunciado que van a recurrir el archivo de la causa ante la Audiencia ProvincialinfoLibre
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Publicada el 03/06/2020 a las 21:11 Actualizada el 03/06/2020 a las 21:33
El juez de instrucción número 11 de Madrid ha archivado la querella presentada por Vox contra el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, por las llamadas que realizaron al coronel jefe de la Comandancia de Madrid cesado de su cargo, Diego Pérez de los Cobos, según han confirmado a Europa Press fuentes de los querellantes.
Tras esta decisión del mismo juez de Madrid que inadmitió una de las querellas por el presunto delito de homicidio imprudente contra el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAE), Fernando Simón, desde Vox ya han anunciado que van a recurrir el archivo de la causa ante la Audiencia Provincial. "Con pleno respeto a la resolución judicial, nos vemos en la Audiencia Provincial. Nadie dijo que fuera a ser sencillo. Ninguna lucha que vale la pena lo es. ¿Nos vale la pena? Nos vale todo", ha subrayado la diputada de Vox, Macarena Olona, en un mensaje en su cuenta de Twitter recogido por Europa Press.
El Juzgado decide archivar también la querella de @vox_es. Con pleno respeto a la resolución judicial, nos vemos en la Audiencia Provincial. Nadie dijo que fuera a ser sencillo. Ninguna lucha que vale la pena lo es. ¿Nos vale la pena? Nos vale todo.
https://t.co/3beCQ3wH2j — Macarena Olona (@Macarena_Olona) June 3, 2020
Vox presentó esta querella contra el número 2 de Interior y la directora de la Guardia Civil por los presuntos delitos de obstrucción a la justicia, represalias y prevaricación, recogidos en los artículos 464 y 404 del Código Penal. En su escrito, alegaba, la "relación entre la destitución del coronel de la Guardia Civil y la emisión del informe" solicitado por la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, que investiga la actuación del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por autorizar la manifestación del 8-M.
El titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid, Javier Pérez Pérez, ya acordó la semana pasada inadmitir, sin solicitar siquiera un informe previo a la Fiscalía, el escrito presentado por los familiares de una mujer que falleció por coronavirus que aseguraba que Fernando Simón era el responsable de al menos 27.000 muertes por covid-19 en España por haber "comunicando públicamente una serie de directrices erróneas y contradictorias".
En el escrito presentado el pasado 27 de mayo, la formación liderada por Santiago Abascal "no da credibilidad a las declaraciones del ministro del Interior", quien atribuyó el cese del coronel Pérez de los Cobos a una "pérdida de confianza" y por ello incluye en la querella algunas publicaciones de medios de comunicación que apuntan a que el contenido del informe que elaboró la Guardia Civil en calidad de policía judicial por encargo de la magistrada fue "el detonante de la destitución".
Así, afirma en su escrito que el informe refleja que "los datos que manejaba el director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, y por ende el ministro Salvador Illa, de los que el delegado del Gobierno en Madrid tuvo conocimiento, le pusieron en aviso sobre la gravedad de la crisis, al menos, días antes de las manifestaciones en Madrid". "Datos que fueron ocultados en relación con las convocatorias previstas para el día 8 de marzo", resume.
De igual modo, explica que "la relación entre el cese del coronel Pérez de los Cobos y las publicaciones que indican que éste se habría negado a dar información sobre la misión otorgada por la juez, al ser telefoneado por un alto cargo de Interior para solicitarle información sobre las diligencias que estaba realizando, supone una grave infracción de normas de actuación de la Guardia Civil en sus funciones como policía judicial".
Vox expone que el cese del coronel "también coincide con la polémica suscitada en los últimos días por el dispositivo de seguridad organizado para proteger la vivienda del vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias y la ministra de Igualdad, Irene Montero, en Galapagar (Madrid)".
