ENVÍA UNA EXPOSICIÓN RAZONADA
El juez del caso Dina pide al Supremo que investigue a Pablo Iglesias por tres delitos
En mayo, el magistrado comenzó a investigar si, tras recuperar la tarjeta del móvil de Bousselham, el vicepresidente manejó datos de su exasesora y destruyó la micro-SD antes de devolvérsela
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BEATRIZ PARERATWITTERCONTACT
PABLO GABILONDOTWITTERCONTACT
07/10/2020 12:22 ACTUALIZADO: 07/10/2020 12:48
La personación de Pablo Iglesias en el caso Villarejo se ha vuelto en su contra. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha enviado una exposición razonada de 66 páginas al Tribunal Supremo en la que pide que se investigue al vicepresidente segundo por su papel en la conocida como pieza Dina, que pone el foco en el robo de un móvil a la exasesora de Podemos Dina Bousselham y en cómo su contenido acabó en manos del comisario José Manuel Villarejo. Ante las contradicciones en las que ha incurrido Iglesias a lo largo de la instrucción, en la que está personado como perjudicado, el magistrado pide ahora al alto tribunal que le investigue por tres delitos: daños informáticos, descubrimiento de secretos y denuncia falsa o simulación de delito.
En su exposición razonada, el magistrado también pide que se investigue a la propia Bousselham, a su marido Ricardo Sá Ferreira, al abogado de Podemos Raúl Carballedo, a la abogada Marta Flor Núñez y a la vicepresidenta tercera del Congreso y miembro de la formación, Gloria Elizo. En cuanto a los dos primeros, que supuestamente sufrieron el robo del móvil en el Ikea de Alcorcón en noviembre de 2015, el magistrado pide que se les investigue por falso testimonio, pues sospecha que el vicepresidente y el partido que lidera han usado de forma fraudulenta este proceso para intentar sacar algún tipo de ventaja electoral.
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A comienzos de 2019, las pesquisas se centraban en Villarejo y en cómo diversos medios de comunicación habían publicado parte del contenido del móvil de Bousselham, pero el pasado mayo, el juez dio un giro de 180 grados: retiró la condición de perjudicado al líder de Podemos y comenzó a investigar si, tras recuperar la tarjeta del móvil en enero de 2016, había manejado datos personales de su exasesora y había destruido la micro-SD antes de devolvérsela. Como adelantó El Confidencial, García-Castellón se preparó entonces para remitir el procedimiento al Supremo por la posible comisión de dos delitos por parte de Iglesias: revelación de secretos y daños informáticos, listado al que finalmente se ha sumado también el de denuncia falsa.
La decisión llega después del varapalo que el juez recibió el pasado septiembre, cuando la Sala de lo Pena acordó readmitir a Iglesias como perjudicado en la pieza Dina. Los magistrados se apoyaban para ello en que la publicación en prensa de información que procedía del dispositivo le causó un "quebranto", por lo que a García-Castellón no le quedó más remedio que aceptar de nuevo la personación del vicepresidente segundo. Pese a ello, la Sala de lo Penal abría al mismo tiempo la puerta a que "tales hipótesis alternativas" fueran "investigadas en otro procedimiento distinto por el órgano judicial que ostente la competencia para ello", es decir, en el Tribunal Supremo: como aforado, solo el alto tribunal puede imputar a Iglesias si antes tramita el correspondiente suplicatorio en el Congreso.
Los indicios contra Iglesias
Los indicios que acorralan a Iglesias se plasman en un auto que García Castellón emitió el pasado junio, cuando se negó a aceptar su vuelta a la pieza como perjudicado. Su decisión se apoyaba en tres argumentos: "Pablo Iglesias Turrión tuvo en su poder la tarjeta de Dina Bousselham antes de que se crearan los archivos hallados en poder de José Manuel Villarejo Pérez". "Pablo Iglesias Turrión ocultó a Dina Bousselham la posesión de la tarjeta de memoria". "Pablo Iglesias Turrión devolvió dañada a Dina Bousselham su tarjeta de memoria". A la vista de este razonamiento, considera que el líder de Podemos no puede presentarse como víctima cuando todavía no ha quedado claro el porqué de este comportamiento, cuestión que ahora deja en manos del Tribunal Supremo.
En cuanto al primero de los puntos, el magistrado destacaba cómo el propio Iglesias reconoció que Antonio Asensio, el presidente del Grupo Zeta, editora de 'Interviú', "le devolvió la tarjeta procedente del teléfono de Dina Bousselham en un lector que le permitió observar su contenido en el mismo lugar [en enero de 2016]". Teniendo en cuenta este dato, todo apunta a que el líder de Podemos tuvo acceso a la información del móvil robado antes que el propio Villarejo, pues las carpetas que se hallaron en el domicilio del comisario "fueron creadas el 14 de abril de 2016 y el 11 de julio de 2016".
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En lo que se refiere al segundo punto, García-Castellón se muestra tajante: "Llama la atención comprobar que el Sr. Iglesias mantuvo la tarjeta en su poder, sin poner, como mínimo, este hecho en conocimiento de la titular de la tarjeta, pese a ser consciente de todo lo anterior, y observar el contenido de la tarjeta, teniendo en cuenta el carácter particularmente degradante y vejatorio que el hecho tenía para Dina Busselham, su compañera de partido, en la medida que la tarjeta almacenaba fotografías, documentos y otros archivos de su esfera más íntima que habían acabado en manos de un medio de comunicación".
A la espera de que avance la investigación, el uso que pudo hacer Iglesias de la tarjeta en ese tiempo es uno de los pilares sobre los que se apoya su posible imputación por un delito de revelación de secretos. El magistrado reconoce que todavía no ha quedado claro en qué momento le entregó la tarjeta a Bousselham, pero apunta a que "existen razones fundadas para entender que no debió ser antes de 2017". García-Castellón apoya esta sospecha en que, tras la publicación de los pantallazos de conversaciones privadas en prensa, la exasesora de Podemos denunció el caso ante la justicia en el verano de 2016, pero en sus escritos no decía que hubiese recuperado la tarjeta en cuestión. "Si no lo dijo fue porque no tenía la tarjeta en su poder", considera el magistrado.
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El otro delito que planea sobre el vicepresidente, el de daños informáticos, parte del tercer argumento que García-Castellón recoge en el auto: el líder de Podemos supuestamente entregó a Bousselham la tarjeta parcialmente quemada. Llegados a ese punto, el magistrado sostiene que en enero de 2016, Iglesias pudo comprobar al contenido de la tarjeta después de que Asensio se la entregara, pero desde ese momento hasta que se la dio a Bousselham, esta fue destruida. A la hora de analizar los motivos por los que pudo producirse esta situación, García-Castellón recuerda que Iglesias comprobó que en la tarjeta aparecían las conversaciones privadas que acabaron publicándose en prensa, tras lo que insinúa que este hecho pudo molestar al líder de Podemos.
"El Sr. Iglesias afirmaba además que cuando verificó el contenido de la tarjeta, comprobó que las imágenes se habían capturado desde el teléfono de Dina. Esto mismo lo corrobora la propia Dina Bousselham, quien afirmaba en su declaración del 18 de mayo de este año que Pablo Iglesias sabía lo que había dentro de la tarjeta, porque él mismo se lo dijo", explica el magistrado. "Es probable que este último apunte pueda ser la clave para entender no solo por qué Pablo Iglesias Turrión no devolvió la tarjeta a la Sra. Bousselham, sino lo más relevante: el estado en que se la devolvió".