La Junta estudia cobrar la consulta de Atención Primaria entre 65 y 150 euros
Los andaluces pagarían entre 65 y 150 euros por acudir a consultas de Atención Primaria, según una Orden que prepara el Gobierno de Juanma Moreno que ha sido destapada por Inmaculada Nieto, portavoz de Por Andalucía.
REDACCIÓN
13/02/23 - 12:21
Lleva tiempo rondando lo del copago sanitario en Andalucía. Pero ahora se destapa la hoja de ruta del Gobierno de Juanma Moreno. O por lo menos así lo denuncian desde Por Andalucía.
Su portavoz, Inmaculada Nieto, ha desvelado que la Consejería de Salud y Consumo está elaborando una Orden que, de aprobarse en los términos previstos, permitirá por primera vez en la historia concertar con clínicas privadas la atención primaria, estableciendo los precios que pagará el Servicio Andaluz de Salud por estos servicios.
Y es que, según aparece en su anexo de tarifas, el gobierno de Moreno Bonilla pretende pagar la primera consulta médica de atención primaria a 150 euros, y las sucesivas a 90 euros. La franja de copago se calcula entre los 65 y 150 euros, según el caso de aplicarse.
Tarifas en estudio
Estos precios serían aplicables en el caso de llevarse a cabo en las instalaciones de las clínicas privadas, pero la Orden también fija la cuantía para las que se realicen en la propia red sanitaria pública.
Y es que, en un movimiento inédito, las empresas privadas podrán utilizar los hospitales y centros de salud públicos para desarrollar los actos clínicos que previamente el SAS les haya derivado.
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Así se establece en el texto de la Orden, que habilita a la Junta para fijar las tarifas que abonará a las empresas privadas por realizar procedimientos quirúrgicos y diagnósticos en instalaciones propias de la Administración, o lo que es lo mismo, pondrá a disposición de las empresas las instalaciones sanitarias públicas para que cumplan con los encargos del propio Servicio Andaluz de Salud.
La portavoz del Grupo Parlamentario de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha calificado de “completo escándalo” las intenciones del gobierno de Moreno: “Aprobar esta norma supondría un golpe durísimo al Servicio Andaluz de Salud y sus profesionales y a toda la ciudadanía. Moreno está engañando al personal sanitario, especialmente al de Atención Primaria. Mientras les prometía mejoras para evitar huelgas y movilizaciones, estaba preparando la entrada de empresas privadas a hacer su trabajo. Queda en evidencia la verdadera hoja de ruta del PP andaluz, que sigue los pasos de desmantelamiento de la sanidad pública ya andados por este partido en otras comunidades autónomas y especialmente en Madrid”.
El proyecto de Orden, por el que se actualiza y desarrolla el sistema de presupuestación y tarifación de convenios y conciertos que suscriba el Servicio Andaluz de Salud para la prestación de asistencia sanitaria en centros sanitarios, comenzó la última fase de su tramitación el 8 de julio de 2022, apenas dos semanas después de las elecciones autonómicas en las que el PP obtuvo la mayoría absoluta.
Nieto también vincula la aprobación de la referida Orden al futuro de los nuevos hospitales y centros sanitarios andaluces: “El PP ha corrido mucho invirtiendo fondos europeos en mejorar o construir nuevos hospitales, pero no ha puesto sobre la mesa la imprescindible plantilla sanitaria que necesitan para atender a pacientes. Ahora queda clara la estrategia, que no es otra que convertirlos en una especie de edificios de coworking en los que, tras invertir dinero público en remodelarlos y equiparlos, trabajarán por encargo las empresas privadas beneficiadas por los conciertos”
La coalición de izquierdas advierte que en esa situación podrían quedar hospitales como el que está en construcción en la localidad almeriense de Roquetas, el HARE de Lepe en Huelva, o el propio antiguo Hospital Militar de Sevilla, el Vigil de Quiñones. Sobre este último la Junta anuncia su apertura completa para el próximo mes, pero el personal que trabaja en el mismo pertenece al hospital Virgen del Rocío y no hay previsión de personal propio para el mismo. “Millones de euros de dinero público puestos al servicio de empresas privadas para que hagan negocio con la salud. Se sentarían las bases con las que implantar en Andalucía modelos pasados como el valenciano de Zaplana y Camps o el actual madrileño de Ayuso, que tanto daño está haciendo a la atención sanitaria de las personas usuarias y a los y las profesionales”.
