Autor Tema: Estos políticos...  (Leído 1047282 veces)

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Re: Estos políticos...
« Respuesta #17300 en: 02 de Marzo de 2023, 06:27:29 am »
La mujer de Pedro Sánchez denuncia a Pilar Baselga por difundir el bulo de que es transexual y vincularla al narcotráfico

Begoña Gómez considera que las palabras de Baselga en un canal ultra de televisión refiriéndose a ella como “Begoño” o acusándola de estar involucrada en un caso de narcotráfico constituyen un delito de injurias y calumnias

Iñigo Aduriz
28 de febrero de 2023 19:08h
Actualizado el 01/03/2023 08:30h

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado una querella contra la difusora de bulos Pilar Baselga, que en noviembre aprovechó su intervención en un programa de Distrito TV para lanzar la falsedad de que la mujer del jefe del Ejecutivo es transexual y que formaba parte de una red de narcotráfico. En su denuncia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, Gómez considera que esas afirmaciones “pueden ser claramente calificadas como delitos de injurias y calumnias”. La mujer de Sánchez, que no tiene ningún cargo público y que trabaja en la Universidad Complutense, también se querella contra Eurico Campano, el director y presentador del programa en el que se difundieron esos bulos.

Tal y como recuerda el texto remitido por la mujer de Sánchez a los juzgados de primera instancia de Madrid, el pasado 22 de noviembre Pilar Baselga realizó las siguientes afirmaciones en el programa 'Los Intocables' de la televisión ultraderechista Distrito TV: “Nuestra querida primera dama, bueno segunda dama porque la primera es la reina, me atrevo a decir que hay sospechas de que en un inicio fuera 'Begoño'. Esta esposa del presidente o esposo viene de una familia de tradición de saunas gays, esto hay que decirlo”.

El presentador del programa, Eurico Campano, le espetó a Baselga que “eso”, la supuesta transexualidad de Gómez, ya había sido publicado, a lo que la difusora de bulos respondió: “Eso está publicado. También está publicado, no logro recordar en qué medios más alternativos, evidentemente, que eh…lo primero que…nada más llegar a la Moncloa Pedro Sánchez, 'Begoño' fue inmediatamente nombrado Director de un Máster de la Complutense. Después empezó a trabajar para un instituto de empresa con un programa con África, y resulta que ahí le tendieron una trampa, o vaya uno a saber, y la han involucrado en una cuestión de narcotráfico en Marruecos (...) Y, por lo visto, los servicios secretos marroquíes tienen las pruebas de que Begoña Gómez está involucrada, estaría, estaría involucrada en temas de narcotráfico en Marruecos”.

En su querella, Gómez considera que, con sus declaraciones en el citado programa, Baselga dijo que la mujer de Sánchez “nació hombre y que posteriormente cambió de sexo al de mujer, como algo que se ha ocultado a la opinión pública”. Además, apunta el texto, la difusora de bulos “le atribuye la comisión de delitos de narcotráfico internacional, que a mayor abundamiento en sus falsedades atentan contra su reputación profesional, al señalar que fue despedida por este motivo y tuvo que devolver unas cantidades abonadas, lo que es igualmente falso”.

La denuncia también considera que el presentador Eurico Campano ratificó las declaraciones de Baselga e indicó que todo lo que contó no era nuevo “y que ya se sabe porque él lo ha contado en otras ocasiones, dando una aparente veracidad y reafirmando lo manifestado” por la difusora de bulos. “Para terminar su intervención”, añade la querella, Baselga, “dándole apariencia de total veracidad”, manifestó que todo lo que dijo era “algo de común conocimiento en la sociedad española, con la intención de dar más credibilidad a sus imputaciones”.

El “carácter peyorativo” de la transexualidad
Con todo, la defensa de Gómez entiende que los hechos citados “pueden ser calificados como calumnias e injurias graves, realizadas con publicidad y sin que en ningún caso pueda alegarse la exceptio verititatis ante la absoluta falsedad evidente y palmaria de las manifestaciones”. “Atribuir a cualquier persona hechos falsos sobre su intimidad es de por sí injurioso y lesiona esta por ello, pero además en este caso se trata con ello de perjudicar a Doña María Begoña Gómez a nivel individual y como esposa del Presidente del Gobierno y Secretario General del Partido Socialista Obrero Español, indicando que nació hombre y que se cambió de sexo con el claro ánimo de ofender a su honor”.

Para la esposa de Sánchez, las afirmaciones de Baselga son especialmente graves porque “un cambio de sexo falso que es utilizado con un carácter peyorativo y de mofa” y porque “en ese tono de mofa, de forma absolutamente alegre y sin verificación alguna de la información, más allá de la mera referencia a terceros, como si de información veraz se tratara” se le atribuyó a Gómez “la implicación en delitos de narcotráfico internacional”. Esa manifestación se realizó, según los abogados de la mujer del jefe del Ejecutivo, “con conocimiento de su falsedad o al menos con absoluto desprecio hacia la verdad, para atacarla a ella, a esposo y su entorno ideológico”. “Con esta misma motivación y a sabiendas de que es igualmente falso, los requeridos afirman igualmente que Doña María Begoña Gómez Fernández ha sido despedida de su trabajo por estos falsos hechos y obligada a devolver retribuciones por sus servicios, lo que, además, daña su reputación profesional”, zanja la querella.

Como primer paso del proceso judicial, la defensa de Gómez solicita un acto de conciliación con Baselga y Campano a quienes les pide que “se avengan a reconocer de forma clara y contundente la espuria intencionalidad de las manifestaciones vertidas en sus mensajes, y la falsedad de estos dirigida únicamente a perjudicar” a la esposa de Sánchez y al propio presidente del Gobierno. Los abogados exigen, además, que los dos difusores de bulos se disculpen “pública y notoriamente por ello en el mismo medio y utilizando los mismos medios en que se vertieron las manifestaciones o en caso de no existir otro de entidad semejante”. También solicitan para Gómez una indemnización de 100.000 euros.

Tras la polémica que generaron las afirmaciones de Baselga que, días después, el propio Campano –además de presentador, director del programa– calificó de “absolutamente lamentables”, la cadena ultra, pidió a la difusora de bulos que remitiera un video para matizar sus palabras. Ella optó, en cambio, por lanzar un mensaje ambiguo: “Ha sido un error por mi parte interpretar las informaciones que se están difundiendo por diversas redes sociales de medios españoles”.

Difusora del bulo del Bar España
Según dijo, sus palabras fueron “malinterpretadas”. “Nunca ha estado en mi intención ofender a nadie puesto que la transexualidad ha estado presente en mi círculo familiar desde hace casi 20 años”, afirmó.

En su peculiar trayectoria, Baselga acumula distintas falsedades y teorías de la conspiración como las del Bar España –los infundios contra cargos públicos por una supuesta trama de pederastia vinculada con el 'caso Alcàsser', el Expediente Royuela, el presunto fraude electoral en España, la “agenda jazara satanista”, la magia negra, el arte moderno e incluso la pandemia de la COVID-19.

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« Respuesta #17301 en: 02 de Marzo de 2023, 07:07:21 am »
El Mediador incluye en sus andanzas al líder canario del PP, próximo candidato a la presidencia regional

Historia de Canarias Ahora • Ayer a las 15:51

El Mediador que da nombre a la presunta trama de extorsiones a empresarios, Antonio Navarro Tacoronte, ha incluido este miércoles en sus andanzas al presidente del PP en las Islas y candidato a presidir Canarias, Manuel Domínguez. El empresario lo amenaza con "sacar a pasear al Ayuntamiento de Los Realejos", del que Domínguez fue alcalde, y las gestiones que asegura haber hecho para ese Consistorio.


"Si me pone una querella, vamos a sacar a pasear al Ayuntamiento de Los Realejos. Si me pone una querella, me tengo que defender", sostiene el Mediador una entrevista radiofónica en Xanadú Radio Tenerife resumida por la agencia Efe. Tacoronte responde así después de que el PP anunciara que se personará como acusación particular en dicho caso para “limpiar” la imagen de Canarias y que este “asunto deje de ser noticia nacional”.

Domínguez ha hecho declaraciones a los medios este miércoles a la salida del Parlamento de Canarias, donde ha admitido que se reunió con un periodista local de Tenerife y con una persona, que ha resultado ser el Mediador, de quien asegura que no recordaba su nombre. "Lo único que temo es que sea verdad lo que contó en cuanto a que había que reventar el Ayuntamiento de Los Realejos y destruir a Domínguez", ha señalado, y ha añadido que Tacoronte le dijo: "Cuidado, porque hay un señor del Cabildo de Tenerife que va a reventar Los Realejos".

El líder del PP asegura que en aquel momento le dio la credibilidad "que hay que darle a una conversación de un café", pero que cuando lo escucha decir que hay que "reventar el Ayuntamiento de Los Realejos y destruir a Domínguez" asegura que decidió dar un "paso al frente" para "esclarecer todo este asunto". "Yo no he querido focalizarlo en mi persona, porque parece que me voy a convertir en una víctima, pero ese no es mi objetivo. Mi objetivo es que se aclare todo; si alguien quería reventar Los Realejos, que me lo explique; si alguien quería aprovechar su posición desde un Cabildo, que me lo diga; y si alguien cree que soy una amenaza política, que me lo advierta y me lo diga personalmente", añadió.

"No tengo nada que esconder y no me preocupa ningún asunto que haya habido con el Ayuntamiento de Los Realejos. Yo invito a quien quiera a que haga todo el análisis pertinente porque allí sí que han funcionado los controles. Ahora bien, que este señor diga cosas tan nimias como que no se podía cambiar el césped del campo de fútbol de Los Realejos o que nos habían quitado la BlueTrail de Los Realejos y que no se quería invertir ni un solo euros en deportes, a mí me ha preocupado porque esos datos no tiene que tenerlos un señor de la calle, los debería de tener un director insular", dijo.

Domínguez descarta querellarse contra él ya que el hecho de que haya dicho que se ha visto con él no es algo contra Domínguez. "Lo que yo sí quiero saber es quién ha intentado destruirme", pero "lo que no puedo destruir es al mensajero. Al que hay que ir es a quien ordenó al mensajero hacer determinadas cosas, si es que es así". Además, insistió en que "solo" se ha producido una reunión.

Tacoronte, sin embargo, dijo que se ha "visto en varias ocasiones por fuera del Parlamento" con el ahora presidente del PP de Canarias para intentar explicarle cómo empezó todo este asunto "por culpa" de Ángel Pérez, el exdirector de Deportes del Cabildo de Tenerife. En el sumario del caso Mediador se recoge que esta causa se destapa tras la detención de Navarro Tacoronte, cuando el exdirector de Deportes del Cabildo de Tenerife denuncia una serie de cargos hechos en una tarjeta de crédito que resultan ser de titularidad del empresario.

El Mediador se defendió ante la jueza aportando como prueba un teléfono móvil con todos los mensajes, grabaciones y fotografías que terminaron con abrir una causa por la que hay 12 investigados, entre ellos el exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes y el exgeneral de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas.

Navarro Tacoronte también utilizó a Celedonio Castro Marrero, exconcejal de Coalición Canaria en Candelaria (Tenerife), como taxista y como custodio de sus comisiones. En el sumario aparece esta persona que este miércoles es entrevistada en el periódico El Confidencial, donde reconoce un ingreso de 3.250 euros de una de las empresas implicadas que luego le dio al mediador.

“Tenía mi cuenta porque yo iba a trabajar con ellos en lo de las placas solares”, dice en este artículo, donde se refleja que remarcó que después de darle ese dinero al Mediador, hace mucho que no lo ha vuelto a ver. Celedonio Castro afirma que el negocio de las placas no salió “porque el cliente desapareció” y que dejó la política antes de la pandemia porque no le gustaba.

El diputado José Miguel Barragán (CC) ha señalado tras el debate parlamentario que Celedonio Castro ya no pertenece a CC y que una vez que dejan los partidos no hacen seguimiento de esas personas, que tendrán que dar cuentas en la Justicia.

En la entrevista en Xanadú Radio Tenerife recogida por Efe, Navarro Tacoronte también se refiere a otro de los cargos públicos que han anunciado que se van a querellar contra él por vincularle a sus manejos, el alcalde de Arona (Tenerife), José Julián Mena (PSOE). De él, dice el intermediario que le consiguió medio millón de euros para financiar su campaña electoral en agradecimiento a un "negocio inmobiliario" que salió bien en su municipio.

Nira Fierro (PSOE) también hizo declaraciones a la salida del Parlamento sobre el caso Mediador. "Apostamos por la limpieza democrática, por que se clarifique todo, pero salvaguardemos la buena política y no hagamos para otro lo que no queremos que hagan para nosotros mismos", dijo en referencia a Manuel Domínguez. "Nosotros no vamos a juzgar a nadie como han hecho otros. Partimos de la inocencia, pero que se explique, que es lo mismo que nos ha pedido a nosotros", apuntó.


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« Respuesta #17302 en: 02 de Marzo de 2023, 07:37:03 am »

La historia no contada del mítico club Sombras: de la guardia civil prostituta a 'Tito Berni' y sus socios




El prostíbulo estuvo más de 30 años en El Viso, uno de los barrios más ricos de España. Actualmente está en la avenida del General Perón.
2 marzo, 2023 02:47
Jaime Susanna  @jaimesusanna

"Yo llevo pagándole putas a Juan Bernardo cada vez que viene a Madrid, todos los días. Mil euros, mil euros, mil euros…". El Mediador tenía muy claro que ganarse el favor de un político no salía barato. Por eso abría bien la cartera para que Juan Bernardo Fuentes Curbelo, Tito Berni, estuviera contento. Prostitutas, comilonas, cocaína, fiestas desmadradas… Lo que hiciese falta para conjurar la trama delictiva que ha explotado en las últimas semanas, salpicando a su paso a un diputado del PSOE, a un antiguo mando de la Guardia Civil y a un buen puñado de empresarios. Uno de los puntos donde se fraguó este escándalo es el club Sombras.

Este burdel de lujo se ubicó durante décadas en la calle Nervión, en El Viso, una de las zonas de mayor poder adquisitivo en España. Hace cinco años, trasladó unos metros su sede a la calle General Perón, en el distrito de Tetuán.

El Viso es un sitio donde parece que el tiempo pasa más lento. Mientras Madrid cambia a pasos agigantados, nada turba la calma de este lujoso rincón residencial. Así pues, el prostíbulo estuvo más de 30 años en este enclave, pasando desapercibido, en la sombra -valga la redundancia- y reservado para unos pocos bolsillos capaces de pagar los servicios de sus escorts.

"Al principio era discreto", asegura una vecina que lleva 19 años viviendo enfrente del antiguo Sombras, en El Viso. "Luego se desmadró la cosa. Varias veces vino la policía porque pegaban a las chicas". El anterior portero era "muy educado", pero poco a poco la convivencia se fue haciendo más desagradable, hasta que el Sombras decidió cambiar de casa.

Hace cinco años el chalé cambió de manos y se instaló allí una familia con niños pequeños. El salto fue notable. "Tuvieron que poner un cartel en la puerta porque seguía viniendo gente con ganas de fulaneo", afirma otro vecino.

Pero el "fulaneo" se había ido con la música a otra parte. Por si acaso, durante un tiempo, "había un hombre por las noches en un coche en la puerta, para avisar a los clientes y llevárselos al otro sitio". Ese otro sitio es la avenida del General Perón 10, en los bajos de Azca.

Mucho antes de este traslado, y de que Tito Berni llegara a diputado, el club Sombras estuvo en el punto de mira de la Guardia Civil por un caso verdaderamente peculiar: el de la agente M.G. Todo comenzó en el verano de 1997 cuando Asuntos Internos descubrió la actividad paralela que esta guardia civil estaba desarrollando en el Sombras, ubicado entonces en El Viso.

Varios agentes la vieron salir y entrar del chalé, curiosamente, justo enfrente del palacete de Tessa de Baviera, prima del rey Juan Carlos I. En el marco de la investigación, otro agente se infiltró en el club y pidió ver a las chicas. Escogió a una tal Claudia, morena de ojos claros.

El agente contrató sus servicios por 20.000 pesetas y subió a la habitación con ella. Cuando se quitó el sujetador, confirmó sus sospechas: una compañera suya estaba ejerciendo la prostitución. El agente, según el testimonio que dio entonces, no remató la faena. El año siguiente se cerró el expediente gubernativo iniciado contra la agente, decretando su expulsión del cuerpo.

La Sala Quinta de lo Militar del Tribunal Supremo terminó de confirmar que M.G. "se dedicaba públicamente a ello". "Fue expulsada por ser incompatible el ejercicio de una actividad profesional con la otra", recuerda un alto mando de la Benemérita en conversación con este periódico. "Fue un cachondeo generalizado, hubo mucho chismorreo. La portada de Interviú fue muy sonada".

Reportaje de 'Interviú' sobre el caso de la agente M.G. Hemeroteca Biblioteca Nacional

Dos años después de su expulsión, en el 2000, M.G. dio su versión de los hechos posando con poca ropa para la revista Interviú. "Es mentira. Yo no me he dedicado a la prostitución. Además, no tenían pruebas de ningún tipo. Ni cintas magnetofónicas, ni vídeos. Nada. Solo testimonios de los guardias. Es cierto que conocía el local y a las chicas, pero solo porque compraban mis artículos", aseguró a la revista. "Yo no era esa chica", es decir, Claudia.

M.G. fue la primera mujer guardia civil dedicada a proteger sedes de altas instituciones del Estado. Cuando posó para Interviú tenía 29 años, estaba casada y era madre de un bebé. Por eso en ninguna foto de la sesión se le vio la cara y nunca trascendió su nombre completo. "María algo", cree recordar el citado alto mando de la Benemérita, pero ha pasado mucho tiempo.

El 'diputero'

Dos décadas después del caso de M.G., el entonces diputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, acudió al Sombras. Fue el 23 de septiembre de 2020, el mismo día que el Congreso de los Diputados emitió un comunicado para conmemorar el Día Internacional de la Lucha contra la Explotación Sexual.

Para entonces, el club ya había cambiado de ubicación y el chalé de El Viso llegó a una familia a través de una inmobiliaria. Para hacer honor a esos más de 30 años que estuvo en El Viso, en las tarjetas del club actual se puede leer "Corporación Nervión 15". Esto deja claro la vinculación entre el chalé y la ubicación actual, por si hay algún cliente despistado.

La trama delictiva había empezado a rodar a espaldas de la sociedad. Por la mañana, un diputado más; por la noche, un político dejándose corromper. El caso Mediador está en proceso de instrucción actualmente en el Juzgado Número 4 de Santa Cruz de Tenerife.

Antonio Navarro Tacoronte, el Mediador, fue la figura que desencadenó todo. Según el sumario el caso -que no para de crecer- este hombre puso en contacto a empresarios con políticos para conseguir contratos públicos y recoger importantes mordidas en el proceso. Hasta siete empresarios tanto de las islas Canarias como de la península están investigados por pagos de mordidas y regalos a cambio de este tráfico de influencias.

Para ocultar su rastro, El Mediador, llegó a comprar los móviles de la mayoría de prostitutas que ponían al servicio de diputados y empresarios. En esos teléfonos había imágenes, grabaciones y vídeos de las fiestas.

En total, el caso mediador tiene 12 investigados por delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias, y falsedad documental por hechos que se remontan a 2020 y 2021. Entre los imputados hay también un general retirado de la Guardia Civil, Francisco Espinosa Navas, que ya se encuentra en prisión provisional.

Mientras pasa el tiempo, el sumario de esta compleja trama delictiva sigue creciendo. El mismo año que el chalé de El Viso cambió de manos, Interviú se dejó de publicar. La profesión más antigua del mundo, en cambio, sigue igual que siempre.

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« Respuesta #17303 en: 02 de Marzo de 2023, 13:31:24 pm »
. . . y que el ser humano. . . es extraordinario . . .

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« Respuesta #17304 en: 02 de Marzo de 2023, 18:14:32 pm »

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« Respuesta #17305 en: 02 de Marzo de 2023, 18:42:39 pm »
Pues así, a bote pronto, después de ver la declaración, me surgen dos cuestiones, una, la pena y la tristeza que da ver a todo un General de División de la Guardia Civil engrilletado y declarando delante de la Jueza y dos, si todo lo que tienen contra él es el pago de unos vuelos en avión y las comidas a las que le invitaban. . . floja acusación, de hecho está como muy firme y seguro declarando, para nada se le ve hundido. . . así que ya veremos en qué termina todo ésto más allá del churumbel y las putas, que a lo mejor está feo, pero no es delito. . .

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« Respuesta #17306 en: 03 de Marzo de 2023, 08:00:46 am »
La Justicia rastrea en 6 países de África bienes ocultos del general de la red del 'tito Berni'


La Guardia Civil sospecha que el alto mando del Instituto Armado desvió parte del dinero ilícito obtenido en la trama por su pasado como director del proyecto GAR-SI Sahel y por negocios en Cabo Verde



GEMA HUESCA

GONZALO ARALUCE
 

BORJA MÉNDEZ

PUBLICADO 03/03/2023 04:45
ACTUALIZADO 03/03/2023 07:25

La causa de corrupción del 'tito Berni' pone el foco en África. La juez de Tenerife que investiga la conocida como red Mediador ha dado orden de rastrear el patrimonio de uno de los cabecillas de la trama en seis países del continente africano. Los investigadores quieren esclarecer si el general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas desvió parte de las presuntas mordidas que cobró con la red a la zona occidental de África, zona que conoce bien por su pasado como director del proyecto europeo GAR-SI Sahel.


La red del 'tito Berni' recurrió a un dirigente del PSOE imputado por el macrofraude de las mascarillas
El movimiento del jugado se produjo a petición de la Guardia Civil después de meses de pesquisas secretas sobre los protagonistas de esta causa de corrupción. Los agentes, tras identificar negocios del general en Cabo Verde, así como viajes suyos a esta zona de África, activaron la investigación en aras de esclarecer si extrajo de España dinero "ilícito" proveniente de empresarios que pagaron comisiones a cambio de hacerse con adjudicaciones y subvenciones regionales y estatales.

Por ese motivo la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Tenerife ha recurrido a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) para que localice cualquier bien que podría estar a su nombre o al de su mujer e hijos. Se da la circunstancia de que el general -que es el único de la trama que está en prisión provisional por estos hechos- también es objeto de investigación en Bélgica por su alusión en las conversaciones interceptadas de una cuenta que podría haber abierto en este país para canalizar las mordidas de los empresarios.

Amaños en Cabo Verde

Así pues, el foco se pone ahora en Mauritania, Níger, Malí, Senegal, Marruecos y Cabo Verde, por ser países muy vinculados a este general del caso Mediador. La juez recuerda que el alto mando fue director del proyecto GAR-SI Sahel desde 2017 hasta su pase a retiro. Se trata de una iniciativa de cooperación europea que lidera la Guardia Civil para contribuir a la seguridad de la población en los países del Sahel. El proyecto en cuestión lo gestiona la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP).

Se da la circunstancia de que la investigación ha aflorado el presunto amaño de un contrato de la FIIAPP del que se habría beneficiado el dueño de una empresa de drones implicado en esta causa de corrupción. Los agentes sospechan que Espinosa Navas, en su papel de intermediario para que los empresarios se beneficiaran de adjudicaciones a cambio de mordidas, habría tenido un papel protagonista en esta adjudicación.

Además, obra en el sumario -al que ha tenido acceso Vozpópuli- una conversación del 12 de enero de 2021 en la que el cerebro de la trama, Antonio Navarro Tacoronte, el mediador revela que las operaciones que realiza en África y con el GAR-SI Sahel son a través de este general de la Guardia Civil. En concreto desveló que usaban sus empresas para conseguir la adjudicación y se le pagaba un 70%. Cuando el contrato terminaba se abonaba el resto.

"Eres el rey, con 4 negras que te la chupen"
La Guardia Civil detectó que la firma Asesoramiento y Servicio de Drones (una de las implicadas en la causa del tito Berni) consiguió tres contratos entre 2020 y 2021 de suministro de equipamiento para el proyecto GAR-SI Sahel y en Níger. Además, detectaron una serie de viajes que el general (a quien se referían como El Viejo realizó a estos países en 2018, cuando ya no ejercía como director del proyecto. Llama la atención que, pese a residir ya en Madrid, las vueltas de estos vuelos las efectuaba a Canarias, epicentro de esta trama de corrupción.

Además, las fechas de estos viajes coinciden en tiempo con el pago de algunas mordidas. Por ejemplo, destaca el que hizo a Marruecos el 22 de enero de 2021, fecha en la que constan pagos a hoteles en los que se hospedaba Espinosa Navas que corrieron a cargo del dueño de la empresa de drones beneficiada con las adjudicaciones.

Imagen del exdiputado del PSOE (tito Berni) con el mediador Navarro Tacoronte
Los audios de la trama también desvelan irregularidades en países como Cabo Verde. El general llegó a decir que consiguió entrar en este país africano tras más de dos décadas en el Instituto Armado y que "con cuatro putas tarjetas" se puede vivir aunque se tiene que acostumbrar para no ser un corrupto. "Viviendo allí eres el rey, el capitán general, un marajá, con cuatro negras que te la chupen tres veces al día", afirmó.

De hecho, la trama desarticulada por la Guardia Civil habría planeado conseguir un millonario contrato de construcción de placas solares en Cabo Verde. "Me ha dicho que hay dos cosas, una en Cabo Verde y otra en...", relata el empresario investigado Bautista Prado al mediador. Y éste le responde: "Ajam. ¿Cuánto dinero?", a lo que Prado contesta: "Cabo Verde no me ha dicho, el otro sí me ha dicho que bastantes millones, quieren hacer unas plantas de 35 kilos". De esta cuantía, el general se quedaría con una comisión del 10%, según detalla el sumario.

Un Excel de la caja B
Las sospechas de los agentes se confirmaron tras el registro de su domicilio en Madrid. La Policía Judicial se incautó de más de 60.000 euros que el general tenía escondidos en una caja de zapatos y requisó además una libreta donde iría anotando toda la contabilidad opaca de la trama. "Resulta significativo el hallazgo de los 61.100 euros, no solo por la cantidad en sí. 30.250 se encontraban en un estuche en el interior de una caja de zapatos y se estructuraban en fajos de 5.000", dice la juez, la cual recuerda que el resto estaba escondido en sobres y en cajones del armario envueltos en rollos de ropa.

El procedimiento está aún en estado embrionario, pero de los 14 meses que las pesquisas se han seguido en secreto la juez apunta ya a la existencia de una "estructura criminal" acusada de los delitos de tráfico de influencias, blanqueo y fraude, entre otros, y que ha generado un perjuicio para la sociedad "incalculable".

En la cúspide de la trama se sitúan, además del general y el mediador, otras dos figuras clave: el exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo (tito Berni) y su sobrino y exdirector general de Ganadería de Canarias, Taishet Fuentes. El sumario ha desvelado, además, que los imputados desviaron dinero de la trama para viajes de lujo, consumo de drogas y servicio de prostitutas.


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Re: Estos políticos...
« Respuesta #17307 en: 03 de Marzo de 2023, 09:21:54 am »



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« Respuesta #17308 en: 03 de Marzo de 2023, 11:26:33 am »
Hay que ser mu tonto, mu tonto para posar...

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« Respuesta #17309 en: 03 de Marzo de 2023, 14:07:55 pm »
Lo cesará Feijoo?


El Supremo procesa por prevaricación y malversación al diputado del PP Alberto Casero


Por Cristian Caraballo
3 de marzo de 2023, 13:51
.
El diputado del PP, Alberto Casero, cuando acudió a declarar. Carlos Luján / Europa Press
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Los delitos están relacionados con los cinco contratos que firmó cuando era alcalde de Trujillo (Cáceres) en 2017 y 2018 sin sujetarse a los procedimientos administrativos legalmente establecidos.

En marzo de 2022 el Supremo decidió abrir la causa después de que el juzgado de Trujillo se inhibiera a su favor.

EUROPA PRESS / MADRID El magistrado instructor del Tribunal Supremo, Andrés Palomo, ha acordado procesar al diputado del PP Alberto Casero por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en relación a cinco contratos que firmó cuando era alcalde de Trujillo (Cáceres) en 2017 y 2018 sin sujetarse a los procedimientos administrativos legalmente establecidos.

En su auto de pase a procedimiento abreviado, el magistrado da diez días a la Fiscalía para que solicite la apertura de juicio oral formulando su escrito de acusación.

Fue en marzo de 2022 cuando el Supremo decidió abrir causa contra Casero después de que el juzgado de Trujillo se inhibiera a su favor. Entonces, en ocho folios, el tribunal repasaba la exposición razonada del juzgado de Trujillo, que abrió diligencias previas en virtud de una denuncia de la Fiscalía relativa a determinados contratos, acuerdos o convenios concertados en 2017 y 2018 por Casero, cuando era alcalde de la localidad, con terceros.


Según la prueba documental y testifical aportada por el juzgado, existen indicios sólidos de que los citados actos de contratación se realizaron por Casero sin sujetarse al procedimiento administrativo previsto para ello, por lo que a su juicio se comprometió al pago de diversas cantidades sin comunicarlo al Ayuntamiento y sin los informes necesarios.

El juzgado señaló, a su vez, que en marzo de 2017 contrató a un psicólogo ocultándolo al Ayuntamiento, sin aportar el contrato, sin expediente de contratación, sin informe sobre la necesidad del servicio y sin aprobación del gasto.


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« Respuesta #17310 en: 03 de Marzo de 2023, 20:32:06 pm »
Un tonto menos...

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« Respuesta #17311 en: 04 de Marzo de 2023, 07:26:58 am »
Las "alegres compañías" del general Navas, cabecilla del 'caso Mediador' investigado por el CNI: "Trampas", travestis y mucho alcohol

Fuentes cercanas a su entorno señalan que la trama es sólo la "punta del iceberg" de una prolija actividad irregular. Espinosa Navas llevaba una vida de excesos en Canarias, donde sentó las bases de negocios que llegan a África.

El general Francisco Espinosa Navas conoció al 'Mediador' por pura casualidad. Fue una noche en Valencia. El mando de la Guardia Civil había viajado hasta esa ciudad con unos amigos. Salieron a cenar, la noche avanzó y, en un momento dado, decidió salir a fumarse un puro en la puerta de la marisquería.

Nada más prender el tabaco, un hombre de constitución voluminosa le habló desde una de las mesas de la terraza.

—Qué bien huele.

—Es canario, le respondió—

—Yo también soy canario. ¿Me puede dar uno?

Y ahí comenzó la conversación. Marco Antonio Navarro Tacoronte se pasó a la mesa en la que comían el general y sus amigos, se cayeron bien y entablaron amistad, segú el relato de este a la jueza. Semanas después de aquella primera reunión le enviaría una caja de puros al guardia civil por medio de uno de sus colegas empresarios.

Fue la primera vez. En aquella cena, Espinosa Navas no estaba solo. Junto a él se sentaba José Suárez Estévez, el 'Drones', uno de los empresarios que después formarían parte de la trama por la que todos ellos han sido detenidos.



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« Respuesta #17312 en: 04 de Marzo de 2023, 07:35:15 am »
Ramificaciones del caso Mediador en Castilla y León: cuarteles de la Guardia Civil pintados por empresas de Canarias


Asuntos Internos del Instituto Armado alertó de la contratación de dos empresas con sede en Lanzarote para realizar obras que se pagaron y no se realizaron

Laura Cornejo
3 de marzo de 2023 20:44h
Actualizado el 03/03/2023 21:17h

Al menos una parte del caso Mediador arrancó en Ávila. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Ávila abrió diligencias previas en 2019 por un delito de malversación a raíz de un atestado de Servicios Internos de la Guardia Civil en el que se denunciaba una posible actuación ilícita en una serie de contratos para obras en acuartelamientos. El juez instructor tomó declaración como investigados al entonces jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila, a un empresario y a un colaborador de este último, según informan fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.   

Tras estudiar el asunto, el Juzgado de Ávila entendió que no era competente ya que el mayor cargo supuestamente implicado y al que señalaban las declaraciones efectuadas, un teniente general de la Guardia Civil, tenía la sede oficial en la Dirección General de Madrid. Por lo tanto, dictó un auto en el que acordó la inhibición a favor del Juzgado Decano de Madrid para el conocimiento de todas las actuaciones.

Uno de los investigados recurrió dicho auto primero ante el Juzgado y posteriormente ante la Audiencia Provincial de Ávila solicitando el archivo de la causa. El Juzgado rechazó sus pretensiones y el tribunal provincial también desestimó esta apelación al entender que aún quedaban muchas diligencias por practicar y porque, en definitiva, la competencia para dictar la resolución definitiva correspondería a un órgano judicial de Madrid.  Finalmente, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 confirmó la inhibición para la continuación de la investigación en Madrid, en concreto, por parte del Juzgado de Instrucción 3 de la capital.

Lo que se denunció en 2019 fue una posible actuación ilícita del entonces teniente coronel y jefe de la Guardia Civil de Ávila y de un empresario administrador único de las empresas Angrasurcor SL y Solocorcho SL, Á.R.T.L, así como de una tercera persona. Según los Servicios Internos de la Guardia Civil, entre el segundo semestre de 2016 y principios de 2017 esas empresas “habrían conseguido la adjudicación de contratos para la realización de trabajos de pintura y de impermeabilización de edificios de numerosos acuartelamientos de la provincia de Ávila, pese a que lo habitual era que ese tipo de obras venían siendo realzadas por empresas locales”. Angrasurcor está domiciliada en Lanzarote, en en Canarias, epicentro de la trama.

Obras en cuarteles de la Guardia Civil que se pagaron pero que no se realizaron

Los trabajos facturados se habrían abonado en su totalidad, con una asignación presupuestaria que “se habría descentralizado desde la Subdirección General de Apoyo de la Guardia Civil”, pese a que, tal y como se pone de manifiesto por el informe de Servicios Internos, como del informe pericial realizado a petición del Juzgado de Instrucción, los trabajos en muchos de los acuartelamientos no se habrían realizado en su totalidad, y en otras ni siquiera se habrían iniciado, pago autorizado por el Teniente Coronel , tras certificar que los trabajos estaban perfectamente realizados.

En la declaración que hizo el Teniente Coronel en calidad de investigado, aseguró que la contratación de las empresas canarias fue una decisión del Teniente General que entonces estaba al frente de la Subdirección de Apoyo de la Guardia Civil, con sede en Madrid. Así, tras esta declaración, Asuntos Internos inició una nueva vía de investigación que reveló que 13 comandancias de la Guardia Civil (Murcia, Albacete, Algeciras, Alicante, Ávila, Badajoz, Castellón, Huelva, Jaén, A Coruña, Santa Cruz de Tenerife, Toledo y Valladolid), esas mismas empresas de Canarias realizaron trabajos de pintura e impermeabilización en fechas próximas a las anteriormente indicadas, incrementando enormemente la facturación e ingresos de dichas empresas.

El 2 de noviembre de 2021 se dictó auto por el Juzgado de Instrucción no 3 de Madrid en el que se aceptaba la inhibición al estimar que son los juzgados de instrucción de Madrid los competentes.

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« Respuesta #17313 en: 04 de Marzo de 2023, 12:36:19 pm »
DERIVADAS DEL 'CASO MEDIADOR'

La Guardia Civil llevó a los tribunales a su teniente general Jarava acusándolo de cinco delitos


Juan José Fernández
Tono Calleja Flórez
Cristina Gallardo
Madrid 04 de marzo del 2023 a las 10:12. Actualizada a las 10:35

Cohecho, tráfico de influencias, prevaricación administrativa, falsedad documental y malversación. Con acusaciones sobre esos cinco supuestos delitos concluyó la unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil la fase inicial de una investigación de algo menos de un año sobre uno de quienes habían sido máximos jefes del instituto armado, y que aún está abierta.


El teniente general Pedro Vázquez Jarava había estado siendo investigado porque había adquirido credibilidad un aviso confidencial proveniente de la Comandancia de Ávila sobre extrañas obras menores en su sede, informan fuentes policiales, y que al principio no le apuntaba a él.

La pesquisa de Asuntos Internos incluye un rastreo documental (presupuestos y facturas) de obras realizadas en edificios oficiales, pero también el entorno patrimonial de Jarava, que ha examinado bajo la presunción de que esas obras le hubieran deparado ganancias irregulares. Ese examen ha sido doble, por la aparición posterior de nuevos indicios tras una primera revisión.


En esas pesquisas aparece una sola vez -según las referidas fuentes-, el general de la Guardia Civil Francisco Espinosa, entonces jefe de la Comandancia de Las Palmas y hoy en prisión preventiva por el caso Mediador. Espinosa, según constató la investigación de Asuntos Internos, presentó a Jarava a un amigo canario dueño de una empresa de albañilería, Ángel Ramón Tejera de León, con el que Jarava también terminó trabando amistad.


Un alto cargo de la Guardia Civil declaró que el teniente general Vázquez Jarava le obligó a contratar con una empresa del 'caso Mediador'
DERIVADAS DEL 'CASO MEDIADOR'
Un alto cargo de la Guardia Civil declaró que el teniente general Vázquez Jarava le obligó a contratar con una empresa del 'caso Mediador'
A la investigación de Asuntos Internos de la Guardia Civil no le constan más intermediaciones del general Espinosa: Jarava y Tejera de León siguieron su relación por su cuenta. Han sido en vano los intentos de Prensa Ibérica de obtener de Jarava su versión.

Sobre las contratas de Tejera de León con la Guardia Civil para reformas y averías, y sobre la sospecha del instituto armado desembocando en el juzgado de Instrucción 2 de Ávila con abultados sobreprecios en los trabajos, han informado en exclusiva los diarios de Prensa Ibérica LA PROVINCIA y EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. Tejera de León tiene conexiones con la trama del caso Mediador a través del general Espinosa, que lo citó a un encuentro con cabecillas de la red, según adelantó el diario canario.

La pesquisa policial sobre Jarava no solo ha seguido pequeños presupuestos presuntamente inflados, también obras que se firmaron como hechas y -al menos cinco- se habrían pasado al pago sin que se llegaran a realizar. Para la confirmación de ese extremo, base de la acusación de falsedad documental, los investigadores han pedido al juzgado diversos peritajes.

EXTRAÑO INTERÉS
Jarava se había ido al retiro dejando detrás un runrún interno sobre supuestas arbitrariedades en chapuzas y arreglos de las casas-cuarteles, pero no hubo cese por expediente disciplinario; aún no habían llegado a él los agentes sobre los que tuvo mando como jefe de Personal. Cuando, el 17 de enero de 2018, el entonces ministro Ignacio Zoido firma el cese de quien había sido jefe del Mando de Apoyo e Innovación de la Guardia Civil, pasó Jarava al retiro por edad y no por irregularidades que conociera la cúpula de Interior, confirman fuentes de la Guardia Civil.


Asuntos Internos se centró primero en los mandos de la comandancia de Ávila, y entre ellos Carlos Alonso, que como teniente coronel fue jefe de la Comandancia de Ávila después del cese en Madrid de Jarava, y que está investigado por su supuesta relación con estos hechos. "Aquí las órdenes se cumplen, pero las ilegales no", apunta una de las fuentes consultadas en la Guardia Civil.

Jorge Fernández Díaz, en aquel momento ministro del Interior, impone la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil al teniente general Pedro Vázquez Jarava, en mayo de 2014.
DERIVADAS DEL 'CASO MEDIADOR'
Un juzgado imputa al teniente general de la Guardia Civil Vázquez Jarava por las reformas sospechosas en cuarteles
A raíz de esas primeras pesquisas, lo que contaba el confidente de la Comandancia de Ávila cobraba importancia: pequeñas obras sobre las que mostraba un extraño interés e incluso formulaba órdenes nada menos que un teniente general. Aquello levantó sospechas porque va en contra de dos costumbres de gestión de la Guardia Civil, cuerpo muy jerárquico pero "con el gasto descentralizado entre las comandancias para arreglos de albañilería, cristalería, fontanería, electricidad o pintura que por su volumen no precisen licitación", explican fuentes cercanas a la investigación. La otra costumbre es conceder estas pequeñas contratas a empresarios y autónomos locales, y no los de fuera del territorio de cada comandancia.

El resultado de las averiguaciones llenó con cinco delitos un escrito de denuncia elevado al juzgado de instrucción 2 de Ávila, que incoa diligencias penales el 20 de febrero de 2019.



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« Respuesta #17314 en: 04 de Marzo de 2023, 12:43:46 pm »
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Un juzgado imputa al teniente general de la Guardia Civil Vázquez Jarava por las reformas sospechosas en cuarteles


Una jueza investiga a dos mandos de la Guardia Civil y a dos empresarios, uno de ellos Tejera de León, alias 'Mon', vinculado a la trama 'caso Mediador'


Cristina Gallardo
Tono Calleja Flórez
Alberto Muñoz
Madrid 04 de marzo del 2023 a las 06:50. Actualizada a las 10:53
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Una jueza de Madrid investiga, desde finales 2021, a dos altos mandos de la Guardia Civil y a dos empresarios por supuestas irregularidades en la contratación de obras para más de una decena de cuarteles del instituto armado en toda España. Uno de los imputados es el teniente general Pedro Vázquez Jarava, actualmente en la reserva y que en el momento de los hechos investigados se encontraba al frente de la Subdirección General de Apoyo de la Guardia Civil, uno de los puestos de mayor rango del cuerpo.


Se da la circunstancia de que dos de las empresas presuntamente implicadas en dichas obras pertenecen a Ángel Ramón Tejera de León, alias 'Mon', vinculado al caso Mediador. Se investiga si habrían conseguido unas adjudicaciones presuntamente irregulares para las obras de reacondicionamiento de las comandancias, además de inflar las facturas de estos trabajos, entre otras cosas.

Las pesquisas proceden de unas diligencias penales iniciadas en 2019 por el Juzgado de Instrucción número 2 de Ávila, cuyo contenido fue remitido posteriormente a Madrid, según fuentes de la investigación consultadas por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. La judicialización de este caso proviene de una investigación del departamento de Asuntos Internos de la Guardia Civil, que destapó los contratos que obtuvieron las empresas Angrasurcor S.L y Solocorcho S.L., cuyo administrador único es Tejera de León, esto es, 'Mon'.


Un alto cargo de la Guardia Civil declaró que el teniente general Vázquez Jarava le obligó a contratar con una empresa del 'caso Mediador'
DERIVADAS DEL 'CASO MEDIADOR'
Un alto cargo de la Guardia Civil declaró que el teniente general Vázquez Jarava le obligó a contratar con una empresa del 'caso Mediador'
DECLARARON COMO INVESTIGADOS
Por el momento se ha tomado declaración como acusados en este procedimiento tanto al empresario Tejera de León como a un segundo empresario, S.G.E, que estaría vinculado con los mismos contratos. La identidad de esta persona corresponde con el responsable de una empresa de albañilería alicantina.


También han sido interrogados por la juez madrileña el mencionado Vázquez Jarava y un comandante, igualmente en calidad de investigados. Los delitos que derivarán de esta investigación judicial no han sido aún determinados, si bien las mismas fuentes señalan que como mínimo se trataría de falsedad documental. Un tercer mando de la Guardia Civil, con cargo de teniente coronel, ha pasado también por el juzgado para declarar como testigo, según fuentes de la investigación.

Las pesquisas han logrado concluir por el momento que el responsable de las empresas canarias habría alcanzado un acuerdo para contratar la impermeabilidad y pintura en un total de trece comandancias de la Guardia Civil en distintos lugares de la península y Canarias. Las partidas destinadas a estas obras no son muy altas, pero se investiga si se incrementó irregularmente la facturación de las mismas, así como las razones por las que se optó precisamente por adjudicarlas a las empresas canarias.


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Pedro Vázquez Jarava, teniente general de la Guardia Civil retirado, mandó diversas áreas de logística del instituto armado hasta enero de 2018.
DERIVADAS DEL 'CASO MEDIADOR'
La Guardia Civil llevó a los tribunales a su teniente general Jarava acusándolo de cinco delitos
En todo caso, la investigación se encuentra a la espera, para poder seguir avanzando, de un peritaje ordenado por la juez en todos los cuarteles, para comprobar si las obras se corresponden con las facturas emitidas. Dicho peritaje debe ser ordenado por el Ministerio del Interior, y en algunos casos por Patrimonio Nacional, para que una persona recorra todos los cuarteles y haga las comprobaciones correspondientes, según las mismas fuentes.

La investigación de Asuntos Internos se inició por la "posible actuación ilícita del entonces jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Ávila", y a partir de ese hilo, Asuntos Internos descubrió que trece comandancias repartidas por toda España habrían contratado con las dos citadas empresas, radicadas en Canarias, "trabajos de pintura e impermeabilización en fechas próximas a finales de 2016 y principios de 2017, "pese a que lo habitual era que ese tipo de obras venían siendo realizadas por empresas locales".


El sobrino de 'Tito Berni' aseguró a la juez que fue "utilizado" por el 'mediador'
CASO MEDIADOR
El sobrino de 'Tito Berni' aseguró a la juez que fue "utilizado" por el 'mediador'
Los cuarteles de los que habla ese informe están en Murcia, Albacete, Algeciras, Alicante, Ávila, Badajoz, Castellón, Huelva, Jaén, La Coruña, Santa Cruz de Tenerife, Toledo y Valladolid. Las obras habrían permitido a las dos empresas citadas "incrementar enormemente la facturación e ingresos", de acuerdo a la investigación de Asuntos Internos.

El teniente coronel que por aquel entonces era el Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Ávila aseguró durante la investigación interna de la Benemérita que la contratación de las empresas de Ramón Tejera de León "vino determinada" por Vázquez Jarava. Dado que el asunto parecía exceder a lo ocurrido en la Comandancia inicialmente investigada en Castilla y León, el juzgado abulense se inhibió de este asunto en favor de un juzgado de Madrid, que aceptó el caso y lo investiga desde entonces.

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Por lo que respecta a 'Mon', el empresario aparece varias veces mencionado en el sumario de la trama presuntamente corrupta investigada en Canarias, y se le presume una relación de amistad con el general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa, único investigado en prisión provisional hasta el momento por la trama de extorsión.

Se le cita, expresamente, por un encuentro al que acuden los imputados Marco Antonio Navarro Tacoronte, el mediador que da nombre a la trama; el ex director general de Ganadería del Gobierno de Canarias, Taishet Fuentes (sobrino del exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes), el general Espinosa y el empresario Antonio Bautista Prado.

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Un portavoz de la Guardia Civil ha asegurado a preguntas de esta redacción que la investigación fue llevada a cabo por Asuntos Internos. Se abrieron diligencias en el juzgado competente que siguen su curso judicial. "Desde la Guardia Civil se mantiene tolerancia cero con las conductas anómalas, como prueban esta investigación, la detención del general jubilado Espinosa o cualquier otro caso interno del que se haya tenido conocimiento", completa de forma literal el instituto armado.

EL PERIÓDICO DE ESPAÑA ha tratado sin éxito de ponerse en contacto con el teniente general Vázquez Jarava y con el empresario canario para conocer su versión de los hechos.

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DERIVADAS DEL 'CASO MEDIADOR'

Un juzgado imputa al teniente general de la Guardia Civil Vázquez Jarava por las reformas sospechosas en cuarteles
Una jueza investiga a dos mandos de la Guardia Civil y a dos empresarios, uno de ellos Tejera de León, alias 'Mon', vinculado a la trama 'caso Mediador'

Jorge Fernández Díaz, en aquel momento ministro del Interior, impone la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil al teniente general Pedro Vázquez Jarava, en mayo de 2014.
Jorge Fernández Díaz, en aquel momento ministro del Interior, impone la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil al teniente general Pedro Vázquez Jarava, en mayo de 2014. /
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Madrid 04 de marzo del 2023 a las 06:50. Actualizada a las 10:53
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Una jueza de Madrid investiga, desde finales 2021, a dos altos mandos de la Guardia Civil y a dos empresarios por supuestas irregularidades en la contratación de obras para más de una decena de cuarteles del instituto armado en toda España. Uno de los imputados es el teniente general Pedro Vázquez Jarava, actualmente en la reserva y que en el momento de los hechos investigados se encontraba al frente de la Subdirección General de Apoyo de la Guardia Civil, uno de los puestos de mayor rango del cuerpo.


Se da la circunstancia de que dos de las empresas presuntamente implicadas en dichas obras pertenecen a Ángel Ramón Tejera de León, alias 'Mon', vinculado al caso Mediador. Se investiga si habrían conseguido unas adjudicaciones presuntamente irregulares para las obras de reacondicionamiento de las comandancias, además de inflar las facturas de estos trabajos, entre otras cosas.

Las pesquisas proceden de unas diligencias penales iniciadas en 2019 por el Juzgado de Instrucción número 2 de Ávila, cuyo contenido fue remitido posteriormente a Madrid, según fuentes de la investigación consultadas por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. La judicialización de este caso proviene de una investigación del departamento de Asuntos Internos de la Guardia Civil, que destapó los contratos que obtuvieron las empresas Angrasurcor S.L y Solocorcho S.L., cuyo administrador único es Tejera de León, esto es, 'Mon'.


Un alto cargo de la Guardia Civil declaró que el teniente general Vázquez Jarava le obligó a contratar con una empresa del 'caso Mediador'
DERIVADAS DEL 'CASO MEDIADOR'
Un alto cargo de la Guardia Civil declaró que el teniente general Vázquez Jarava le obligó a contratar con una empresa del 'caso Mediador'
DECLARARON COMO INVESTIGADOS
Por el momento se ha tomado declaración como acusados en este procedimiento tanto al empresario Tejera de León como a un segundo empresario, S.G.E, que estaría vinculado con los mismos contratos. La identidad de esta persona corresponde con el responsable de una empresa de albañilería alicantina.


También han sido interrogados por la juez madrileña el mencionado Vázquez Jarava y un comandante, igualmente en calidad de investigados. Los delitos que derivarán de esta investigación judicial no han sido aún determinados, si bien las mismas fuentes señalan que como mínimo se trataría de falsedad documental. Un tercer mando de la Guardia Civil, con cargo de teniente coronel, ha pasado también por el juzgado para declarar como testigo, según fuentes de la investigación.

Las pesquisas han logrado concluir por el momento que el responsable de las empresas canarias habría alcanzado un acuerdo para contratar la impermeabilidad y pintura en un total de trece comandancias de la Guardia Civil en distintos lugares de la península y Canarias. Las partidas destinadas a estas obras no son muy altas, pero se investiga si se incrementó irregularmente la facturación de las mismas, así como las razones por las que se optó precisamente por adjudicarlas a las empresas canarias.


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Pedro Vázquez Jarava, teniente general de la Guardia Civil retirado, mandó diversas áreas de logística del instituto armado hasta enero de 2018.
DERIVADAS DEL 'CASO MEDIADOR'
La Guardia Civil llevó a los tribunales a su teniente general Jarava acusándolo de cinco delitos
En todo caso, la investigación se encuentra a la espera, para poder seguir avanzando, de un peritaje ordenado por la juez en todos los cuarteles, para comprobar si las obras se corresponden con las facturas emitidas. Dicho peritaje debe ser ordenado por el Ministerio del Interior, y en algunos casos por Patrimonio Nacional, para que una persona recorra todos los cuarteles y haga las comprobaciones correspondientes, según las mismas fuentes.

La investigación de Asuntos Internos se inició por la "posible actuación ilícita del entonces jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Ávila", y a partir de ese hilo, Asuntos Internos descubrió que trece comandancias repartidas por toda España habrían contratado con las dos citadas empresas, radicadas en Canarias, "trabajos de pintura e impermeabilización en fechas próximas a finales de 2016 y principios de 2017, "pese a que lo habitual era que ese tipo de obras venían siendo realizadas por empresas locales".


El sobrino de 'Tito Berni' aseguró a la juez que fue "utilizado" por el 'mediador'
CASO MEDIADOR
El sobrino de 'Tito Berni' aseguró a la juez que fue "utilizado" por el 'mediador'
Los cuarteles de los que habla ese informe están en Murcia, Albacete, Algeciras, Alicante, Ávila, Badajoz, Castellón, Huelva, Jaén, La Coruña, Santa Cruz de Tenerife, Toledo y Valladolid. Las obras habrían permitido a las dos empresas citadas "incrementar enormemente la facturación e ingresos", de acuerdo a la investigación de Asuntos Internos.

El teniente coronel que por aquel entonces era el Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Ávila aseguró durante la investigación interna de la Benemérita que la contratación de las empresas de Ramón Tejera de León "vino determinada" por Vázquez Jarava. Dado que el asunto parecía exceder a lo ocurrido en la Comandancia inicialmente investigada en Castilla y León, el juzgado abulense se inhibió de este asunto en favor de un juzgado de Madrid, que aceptó el caso y lo investiga desde entonces.

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Por lo que respecta a 'Mon', el empresario aparece varias veces mencionado en el sumario de la trama presuntamente corrupta investigada en Canarias, y se le presume una relación de amistad con el general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa, único investigado en prisión provisional hasta el momento por la trama de extorsión.

Se le cita, expresamente, por un encuentro al que acuden los imputados Marco Antonio Navarro Tacoronte, el mediador que da nombre a la trama; el ex director general de Ganadería del Gobierno de Canarias, Taishet Fuentes (sobrino del exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes),
Un portavoz de la Guardia Civil ha asegurado a preguntas de esta redacción que la investigación fue llevada a cabo por Asuntos Internos. Se abrieron diligencias en el juzgado competente que siguen su curso judicial. "Desde la Guardia Civil se mantiene tolerancia cero con las conductas anómalas, como prueban esta investigación, la detención del general jubilado Espinosa o cualquier otro caso interno del que se haya tenido conocimiento", completa de forma literal el instituto armado.

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« Respuesta #17315 en: 04 de Marzo de 2023, 19:52:26 pm »
La reforma de la sede de UPM también fue muy turbia, 120.000€que volaron sospechosamente

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Re: Estos políticos...
« Respuesta #17316 en: 04 de Marzo de 2023, 20:46:56 pm »
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'Mon', un empresario del 'caso Mediador' que llevó a la Guardia Civil a investigar al teniente general Vázquez Jarava


Tejera de León, alías 'Mon', no está imputado en Canarias pero sí en Madrid por adjudicación sospechosa de obras en cuarteles de España
Vázquez Jarava fue señalado por un mando inferior como el supuesto responsable de decidir que se otorgaran reformas a firmas de 'Mon'
Reuniones y comidas en Valencia, Madrid, Tenerife, Fuerteventura y Gran Canaria en el ’caso Mediador’.
Reuniones y comidas en Valencia, Madrid, Tenerife, Fuerteventura y Gran Canaria en el ’caso Mediador’.

Cristina Gallardo
Roberto Bécares
Tono Calleja Flórez
Madrid 04 de marzo del 2023 a las 20:14. Actualizada a l

Ángel Ramón Tejera de León, un empresario del sector de la construcción de Lanzarote, que aparece mencionado en el sumario del caso Mediador, resultó beneficiado con la adjudicación de una veintena de obras de la Guardia Civil desde 2016, según los investigadores del caso. Según ha sabido en exclusiva EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, algunas de estas adjudicaciones han derivado en una investigación penal paralela que se mantiene abierta en un Juzgado de Instrucción de Madrid por, al menos, un presunto delito de falsedad documental que se le atribuye inicialmente junto a otro industrial y dos altos cargos de la Guardia Civil, siendo uno de ellos el teniente general Pedro Vázquez Jaraba.


El nombre de Tejera de León aparece mencionado hasta cinco veces en el sumario del 'caso Mediador' y siempre vinculado a un mismo encuentro celebrado el 4 de noviembre de 2020 en el hotel Escuela de Tenerife. Allí, el constructor coincidió con otros personajes imputados en la causa canaria de presunta corrupción como Marco Antonio Navarro Tacoronte, el intermediario que da nombre al caso; el ex director general de Ganadería del Gobierno de Canarias, Taishet Fuentes; el general de la Guardia Civil Francisco Javier Espinosa -único de los investigados que se encuentra en prisión preventiva por el momento- y el empresario Antonio Bautista Prado.

ALARDEÓ DE AMISTAD CON ZAPATERO
Durante la reunión, según desvela el sumario del 'caso Mediador', Tejera alardeó de que posee 17 viviendas en la costa de Lanzarote y de que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero se interesó por adquirir la casa más grande. Añadió que actualmente las tenía todas alquiladas "excepto la que es utilizada por él", según consta en el informe de la Dirección Adjunta Operativa del Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil.


El expresidente terminó comprando una finca en la isla, en la zona de Famara, en 2018, para destinarla a segunda vivienda. En su perfil personal de Facebook, Tejera, alias ´Mon´, también presumió de su relación con Zapatero. En un post, se jactaba también de coincidir con el expresidente en verano de 2012 en Panamá.


Tejera no está siendo investigado formalmente en este proceso que dirige desde Tenerife la jueza María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres, pero sí ha declarado como investigado en la causa que se sigue desde finales de 2021 por el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, como ha investigado este diario, por las presuntas irregularidades en las obras adjudicadas en 13 comandancias de la Guardia Civil repartidas por todo el territorio nacional.

El también implicado en estas diligencias Vázquez Jarava, actualmente teniente general en la reserva, ocupaba en el momento de los hechos que se están analizando uno de los puestos de mayor rango del instituto armado al frente de la Subdirección General de Apoyo de la Guardia Civil.


EL ORIGEN DE LA INVESTIGACIÓN EN MADRID
Las pesquisas proceden de otro procedimiento iniciado en 2019 por el Juzgado de Instrucción número 2 de Ávila, y tienen su origen en una investigación del departamento de Asuntos Internos de la Benemérita, que destapó los contratos que obtuvieron las empresas Angrasurcor S.L y Solocorcho S.L., cuyo administrador único es Ramón Tejera.

Por el momento, se ha tomado declaración como acusados en este procedimiento tanto a Tejera de León como a un segundo empresario, S.G.E., que estaría vinculado con los mismos contratos. También han sido interrogados por la jueza madrileña, Vázquez Jarava y un comandante, igualmente en calidad de investigados por presunta falsedad documental.

Las pesquisas han logrado concluir por el momento que el responsable de las empresas canarias habría alcanzado un acuerdo para contratar obras de impermeabilidad y pintura en un total de trece comandancias de la Guardia Civil. Las partidas destinadas a estas obras no son muy altas, pero se investiga si se incrementó irregularmente la facturación de las mismas, así como las razones por las que se optó precisamente por adjudicarlas a las empresas canarias.

El teniente coronel que por aquel entonces era el Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Ávila aseguró durante la investigación interna de la Benemérita que la contratación de las empresas de Ramón Tejera de León "vino determinada" por Vázquez Jarava. Dado que el asunto parecía exceder a lo ocurrido en la Comandancia inicialmente investigada en Castilla y León, el juzgado abulense se inhibió de este asunto en favor de un juzgado de Madrid, que aceptó el caso y lo investiga desde entonces.

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Re: Estos políticos...
« Respuesta #17317 en: 05 de Marzo de 2023, 07:59:59 am »
'Tito Berni': una denuncia por 2.500 euros destapó el escándalo que sacude el Congreso


Cuando los agentes de la comisaría de Santa Cruz de Tenerife registraron la denuncia, difícilmente podrían sospechar que ese sería el punto de partida de uno de los principales escándalos desvelados

GONZALO ARALUCE
GEMA HUESCA
BORJA MÉNDEZ

PUBLICADO 05/03/2023 04:45
ACTUALIZADO 05/03/2023 04:50

Los agentes de la comisaría de Policía Nacional de Santa Cruz de Tenerife que registraron una denuncia por un supuesto fraude por valor de 2.575 euros difícilmente podrían imaginar que ese era el punto de partida para levantar uno de los mayores escándalos de los últimos tiempos, que sacude los cimientos del Congreso de los Diputados. Aquella estafa fue el hilo del que se desprende una densa investigación de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, que conduce a algunas de las figuras que más titulares han acaparado en las últimas semanas: el mediador, tito Berni o un general del Instituto Armado, entre otros. Los investigadores sospechan que esto no es más que la "punta del iceberg"... y el caso ya sacude la estabilidad del Gobierno canario y arrastra la sombra de la sospecha por los pasillos de las Cortes.

Enero de 2022. Un individuo se presenta en la Policía Nacional de Santa Cruz de Tenerife. Se trata de un rostro reconocible debido a su cargo público: Ángel Luis Pérez Peña, director de Deportes del Cabildo Insular de Tenerife. Dice que en fechas recientes ha sufrido varios cargos fraudulentos en su cuenta bancaria que ascienden a 2.575 euros y presenta una denuncia por los hechos.

Según detalla la Fiscalía en el escrito incorporado al sumario de la causa, se abrió una investigación a partir de la denuncia presentada por el director de Deportes del Cabildo Insular de Tenerife. Tras las pertinentes comprobaciones se comprobó que el origen de esos cargos conducía a otro individuo, de nombre Marco Antonio Navarro Tacoronte; a la postre, el mediador de la trama y citado como investigado por la juez.

En su declaración en sede judicial, Navarro Tacoronte esgrimió que Pérez Peña era perfectamente conocedor de los pagos y que los consentía, al formar parte de una práctica habitual en la que el propio Tacoronte intervenía como representante de determinadas autoridades o altos cargos "a cambio de la entrega de dádivas, regalos o pagos". Todo ello, a cargo de empresarios que buscaban beneficios públicos o tratos de favor por parte de la Administración.

El volcado del teléfono
Navarro Tacoronte afirmó que tenía pruebas para demostrarlo. Y, "debidamente asistido por su letrado" -siempre siguiendo el escrito de la Fiscalía-, se prestó a volcar el contenido de su teléfono móvil ante el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Brigada Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

Los investigadores no sólo pudieron comprobar la veracidad del relato de Navarro Tacoronte, sino que descubrieron la existencia de una trama formada por autoridades, altos cargos públicos y otras personas intermediarias de aquellas que ofrecían a distintos empresarios la posibilidad de obtener privilegios en el ámbito de la contratación pública" y "otros beneficios derivados del sector público".

Sus pesquisas, unidas a los escritos de la Fiscalía, conforman un sumario de más de 2.200 páginas, que según los agentes no son más que la "punta del iceberg"
A partir de esas pesquisas, los agentes desglosaron la trama en dos grupos diferenciados. Por un lado, los representantes públicos, con el diputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo -apodado tito Berni- en la "cúspide" y con una participación destacada del general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas -Papá o El Viejo-. Por otro, los empresarios que supuestamente habrían accedido al pago de mordidas para acceder a esos beneficios. Y, en medio, Marco Antonio Navarro Tacoronte, el mediador, cuya figura da nombre al caso.

La Policía Nacional y Guardia Civil abrieron las correspondientes investigaciones para determinar cómo se gestó la trama y las posibles ramificaciones. Sus pesquisas, unidas a los escritos de la Fiscalía, conforman un sumario de más de 2.200 páginas, que según los agentes no son más que la "punta del iceberg" y que, por el momento, se extienden más allá de nuestras fronteras, incluidos varios países de África en los que se rastrea posible patrimonio del general de la Guardia Civil.

Las supuestas mordidas se sustanciaban mediante ingresos financieros a la Asociación Deportiva Vega de Tetir, que presidía tito Berni. Y las gestiones se articulaban en torno a visitas al Congreso de los Diputados o a la Dirección General de la Guardia Civil -los representantes públicos proyectaban una "apariencia de poder" ante los empresarios-, así como en fiestas nocturnas en Madrid, entre las que había prostitutas, drogas o viagra, entre otros.

Organigrama policial con los implicados en el caso Mediador
Las implicaciones políticas
Un escándalo que sacude el Congreso de los Diputados, toda vez que el PSOE se ha visto obligado a dar explicaciones sobre la actuación de Fuentes Curbelo y la oposición ha registrado una batería de iniciativas que acorralan al Ejecutivo. El caso también salpica al Gobierno canario, ya que el mediador manifestó sus vínculos con el presidente del ejecutivo regional, el socialista Ángel Víctor Torres, así como con el líder del Partido Popular canario (PP), Manuel Domínguez.

La situación procesal de los investigados ha sido un punto de fricción entre la Fiscalía Anticorrupción y la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres. El único detenido que permanece en prisión provisional es el general de la Guardia Civil. El Ministerio Público no reclamó esta medida para el tito Berni y la magistrada no pudo decretar su ingreso en la cárcel.

"En el presente caso, si bien existen motivos bastantes para estimar responsable criminalmente de los delitos que se les imputan, al no haberse solicitado la prisión provisional procede decretar su libertad con la sola obligación apud acta de comparecer ante este juzgado", expuso la juez en un duro auto con mensajes directos hacia la Fiscalía. Una decisión controvertida de Anticorrupción que no ha sido la única en este proceso abierto.

Registro en el Congreso
La Policía Nacional solicitó a la jueza tener luz verde para registrar el despacho en el Congreso de los Diputados del tito Berni. La Unidad de Delitos Tecnológicos quiere acceder "sin restricciones y de manera exclusiva" a cuanto material atesore el exparlamentario. La Fiscalía Anticorrupción expresó sus reticencias.

Con todas estas polémicas de fondo, las diligencias del caso siguen dando pasos hacia el total esclarecimiento de los hechos. En las próximas semanas, la jueza tiene pensado citar en sede judicial a "testigos claves", como avanzó en el auto en el que dictó el ingreso en prisión de general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas. Pedirá que empresarios, ganaderos y funcionarios públicos pasen por su despacho para tomarles declaración al igual que los miembros de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), a la que ya ha enviado un requerimiento.

La magistrada también ha propuesto el clonado y el estudio de múltiples dispositivos y demás efectos intervenidos en los registros practicados a Francisco Espinosa. Lorenzo-Cáceres advierte que algunas de las pruebas pueden verse afectadas o destruidas "ante el potencial de las relaciones personales" de este general. Por todo ello, este agente retirado es el único que permanece en prisión. Otros miembros importantes de la organización, según los investigadores, como el tito Berni, su sobrino o Tacoronte, se encuentran en la calle.


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Re: Estos políticos...
« Respuesta #17318 en: 05 de Marzo de 2023, 08:19:31 am »

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« Respuesta #17319 en: 06 de Marzo de 2023, 08:14:49 am »
Robos con palanca y tarjetas de crédito falsas: el historial delictivo del 'Mediador' Navarro Tacoronte


El Tribunal Supremo confirmó en 2008 una condena de siete años y medio de prisión para Marco Antonio Navarro Tacoronte por robar en dos fábricas y una gasolinera además de usar tarjetas de crédito falsificadas, sentencia que intentó evitar alegando que era confidente de la Policía Nacional



La investigación del 'caso Mediador' debe su existencia y su nombre a un Marco Antonio Navarro Tacoronte. Tanto a su papel dentro de la trama, como enlace entre políticos y empresarios, como, sobre todo, por los más de 120 gigas de fotos, vídeos y audios que aportó de sus teléfonos y que constituyen la columna vertebral del sumario de la causa que ha motivado la dimisión del diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, y su sobrino Taishet Fuentes, ambos detenidos y acusados de graves delitos de corrupción. Según ha podido saber elDiario.es, el “Mediador” Navarro cuenta con un largo historial delictivo que acumula condenas de prisión por cinco sentencias distintas. La más grave le impuso siete años y medio de cárcel por robar en varias industrias y gasolineras además de por usar tarjetas bancarias falsas. Ya entonces, en esa causa, Navarro Tacoronte intentó sin éxito librarse del banquillo alegando que era confidente de la Policía Nacional.

Octubre de 2003. Polígono industrial del Matorral, en la localidad canaria de Puerto del Rosario, en Fuerteventura. Marco Antonio Navarro Tacoronte, que entonces tiene 28 años, usa una palanca para forzar la puerta de entrada de la nave industrial de Panrico y, accediendo a través de las oficinas, se lleva 3.000 euros de uno de los cajones del escritorio. Unos días después se hace con las llaves y los códigos de la caja fuerte y la alarma de una gasolinera de la misma localidad y roba 39.000 euros más.

A mediados de noviembre de ese mismo año, mientras Navarro distrae a un empleado, uno de sus compinches entra en las oficinas de Matutano en el polígono de la Hundura y roba 1.900 euros además del bolso de una empleada a la que ha engrilletado. Unos meses antes también fue investigado por un robo en otro polígono de Puerto del Rosario, pero no se pudo probar que sustrajera 6.241 euros de la caja fuerte de las oficinas de Bimbo. Tampoco que actuara en connivencia con un inspector de Policía Nacional juzgado y absuelto varias veces en casos de montajes policiales.

Estos tres robos se tradujeron en la condena más grave para el que dos décadas después se convertiría en la cara visible del 'caso Mediador': siete años y medio de cárcel por robo con fuerza, robo con intimidación y falsedad en documento mercantil en concurso con otro de estafa. Este último delito viene porque, además, la Justicia constató que usó 17 tarjetas de crédito ilegalmente duplicadas para obtener 18.140 euros de forma irregular.

La Audiencia de Las Palmas le condenó en 2007 y, un año después, la sala de lo penal del Tribunal Supremo confirmaba su condena. El recurso de Navarro Tacoronte fracasó tras poner un argumento principal encima de la mesa de los jueces: que hizo todo por miedo a un inspector de Policía Nacional, de quien era “confidente y ejecutor de sus decisiones”, dijo.

El Supremo no compró su última estrategia de defensa. “No puede sostenerse que actuó a causa de amenazas de muerte del citado inspector, ni que todas sus actividades delictivas se debieron a la orden y compulsión de aquél”, dijeron los jueces.

La alegación que hizo el entonces abogado de Navarro Tacoronte lleva a la parte policial del caso: varios agentes fueron juzgados y condenados en primera instancia, con un inspector acusado de actuar en connivencia con un Mediador que empezaba a escribir su largo historial delictivo. Finalmente fueron absueltos y la supuesta trama policial que rodeaba a Navarro Tacoronte quedó sin probar. La mujer que había sido condenada junto con él por la falsificación de las tarjetas de crédito fue, además, indultada en 2011.

Robos, estafas y conducir sin carnet
Este caso no es la única condena que refleja el historial penal de Marco Antonio Navarro Tacoronte. También fue condenado en otra causa por falsificación de documentos públicos, en otra más por estafa, en una por abandono de familia y en otra más por conducir sin carnet. Pero esta causa cuyo contenido revela elDiario.es sobre los robos y las tarjeta falsificadas tuvo una ramificación policial. Junto con el 'Mediador' se sentaron en el banquillo hasta un inspector y tres agentes de Policía.

Uno de ellos era entonces jefe del grupo de Policía Nacional de Puerto del Rosario y se le acusó no solo de estar compinchado con Navarro Tacoronte en algunos de sus robos y estafas, sino de haber falsificado atestados y pruebas en la detención de varios acusados de robo. Les atribuyeron la posesión de varios pasamontañas, navajas, cuchillos y guantes que en realidad habían sido encontrados en otro registro.

La Audiencia de Las Palmas absolvió a los policías y condenó al inspector a cuatro años de cárcel por falsedad en documento oficial. La sentencia le absolvió del resto de cargos y, por tanto, de haber estado compinchado con Navarro Tacoronte: “No se ha acreditado que los acusados se concertaran en el propósito de beneficiarse ilícitamente de lo ajeno, planeando y ejecutando sustracciones en establecimientos.”

A pesar de esta absolución, el 'Mediador' intentó hacer valer esta supuesta relación no probada con el mando policial para buscar su propio perdón judicial. Y el caso no terminó allí. La documentación que ha podido examinar este periódico revela que en 2008 el Supremo, además de declarar firme la condena de Navarro Tacoronte, ordenó repetir el proceso contra este policía por un error judicial: fue condenado por un delito, el de falsedad documental, por el que ni siquiera había estado imputado. También porque su auto de procesamiento no incluía los hechos de los que se le acusaba.

El Supremo dedicó duras críticas tanto al juez que firmó el auto como al tribunal que avaló este procedimiento para condenarle. “La indefensión, pues, fue absoluta, y también la postura de los jueces, no velando por la pureza del procedimiento, y con el cumplimiento de las disposiciones legales”. Tres años más tarde el asunto volvía a ser juzgado en la Audiencia de Las Palmas y el mando policial era absuelto, en una sentencia que firmó Salvador Alba, juez corrupto hoy encarcelado por conspirar contra Victoria Rosell. El tribunal dejó claro que creía que todos los policías implicados habían mentido y expresando su “pesar” les denunció por falso testimonio, absolviendo al que había sido acusado de colaborar con Navarro Tacoronte en los robos.

Acusaciones de montaje policial
Dos de estos policías absueltos volvieron al banquillo en 2018, esa vez acusados de endosar un paquete de cocaína a unos detenidos en Puerto del Rosario, y por segunda vez fueron absueltos. Los hechos por los que estaban acusados ocurrieron en enero de 2004, fechas en las que también fueron acusados de falsificar otro atestado y de colaborar con 'el Mediador' en sus robos. En un primer momento ese caso había terminado en condena con la firma de Salvador Alba pero el Supremo anuló la resolución y ordenó repetir el juicio.

Casi una década después de entrar a palanca en varias oficinas de Puerto del Rosario y robar miles de euros, Marco Antonio Navarro Tacoronte vuelve a estar bajo la lupa de la Justicia, esta vez casi por iniciativa propia en el centro de una trama de supuesta corrupción que se ha cobrado la carrera de dos cargos socialistas, el diputado al que todo el país llama ya el Tito Berny, que incluye fotos del político con supuestas prostitutas y compañeros de juergas consumiendo cocaína. Cómo llegó este delincuente común, habitual de las comisarías, a relacionarse con un diputado del Congreso es lo que ahora está investigando un juzgado canario. De entrada, fue este mediador el que entregó a la Policía sus dos teléfonos móviles con más de 100.000 fotos, audios y vídeos que había grabado a lo largo de los años de sus reuniones con políticos y empresarios, en Madrid y en Canarias. Lo hizo al verse acusado de estafar al entonces director de deportes del Cabildo de Tenerife a través, precisamente, de su tarjeta de crédito haciendo compras no autorizadas.

Esa causa se archivó pero dio pie a la apertura del hoy conocido como 'caso Mediador' con un ya exdiputado del PSOE, Juan Bernardo Fuentes acusado de cobrar 15.000 euros a cambio de que otros miembros de la trama favorecieran a empresarios en sus negocios en Canarias.