Los escándalos salpican a eurodiputados españoles, con Hermann Tertsch (Vox) a la cabeza
Historia de Sergio Sangiao / Emilia G. Morales / Nacho Calle / José Bautista / Follow The Money •
Hermann Tertsch ha sido declarado culpable dos veces por vulneración del derecho al honor. Las dos, por acusaciones contra familiares del ex vicepresidente Pablo Iglesias. El eurodiputado de Vox es el único miembro español del Parlamento Europeo que ha sido condenado por los tribunales, pero hay más que han tenido conductas indebidas o escándalos en su historial.
Esta es una de las conclusiones que se desprenden de 'MEP Misconduct Investigation', una investigación transnacional en la que participan Público y otros 23 medios de comunicación de 22 Estados de la Unión Europea (UE). La investigación revela que 163 eurodiputados tienen condenas o escándalos en su historial: el 23,15% de los 704 actuales. 11 de ellos, españoles.
Entre las familias políticas los europarlamentarios de la extrema derecha son los que se sitúan en cabeza. Concentran más episodios de conducta indebida que el resto. Además, protagonizan gran parte de los escándalos más graves y España no es la excepción.
En 2018 la Justicia condenó a Hermann Tertsch, europarlamentario de Vox, por vulnerar el derecho al honor de Manuel Iglesias, abuelo del ex vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias. Tertsch se había referido a él en un artículo en ABC en 2016 como "miliciano criminal" y le imputó haber participado en el fusilamiento de dos personas. El eurodiputado recurrió la sentencia, pero el Supremo la confirmó.
Quien llevó el caso a la Justicia fue el padre de Pablo Iglesias, Javier Iglesias. No es la única vez que ha sucedido. En 2018 Tertsch tuiteó relacionando a Javier Iglesias con el asesinato de un policía en 1973. De nuevo, Iglesias padre demandó y Tertsch fue condenado por intromisión en el derecho al honor. De hecho, Javier Iglesias ni siquiera podría haber participado de ese asesinato, ya que por aquel entonces se encontraba preso. La dictadura franquista le llevó a la cárcel por reparto de propaganda ilegal.
Tertsch ha sido condenado en dos ocasiones. Pero no es el único eurodiputado patrio que ha protagonizado conductas indebidas. En total son 11 de los 59 representantes españoles en la UE: un 18,64%. Representan prácticamente uno de cada cinco. Aunque la tasa es un poco más baja que la del conjunto de europarlamentarios.
El representante de Vox —uno de los cuatro que tiene el partido de Santiago Abascal en Bruselas— es el único europarlamentario español que acumula tres casos de escándalos en la base de datos elaborada por 'MEP Misconduct Investigation', la investigación capitaneada por 'Follow the Money'. Los casos son las dos condenas mencionadas y un escándalo relacionado con Telemadrid.
Tertsch demandó en 2009 al actor y presentador El Gran Wyoming y a El Intermedio por unos cortes en clave de humor que se emitieron en el programa sobre el político de Vox. En ellos, a modo de gag, aparecían diferentes momentos de Tertsch en los que decía distintas palabras con las que se construía una frase que no había pronunciado realmente, un tipo de montaje habitual en el programa televisivo. Tertsch perdió la demanda, pero las costas no las puso de su bolsillo sino que, según reveló el propio Wyoming en su programa, las pagó Telemadrid, la televisión pública madrileña que se paga con el dinero de todos los ciudadanos de la Comunidad.
Más allá del eurodiputado de Vox, hay otros casos de españoles en 'MEP Misconduct Investigation'. Incluso relacionados con acoso laboral. Es lo que sucedió con la socialista Mónica Silvana González y con José Ramón Bauzá, eurodiputado de Ciudadanos.
González fue denunciada por tres de sus asistentes parlamentarios ante el comité consultivo del Parlamento Europeo que se encarga de las denuncias de acoso relacionadas con los eurodiputados. El comité tomó su decisión en enero del año pasado: sancionarla por acoso psicológico e imponerle la suspensión de la participación en las actividades del Parlamento y la pérdida del derecho a las dietas durante 30 días.
Tras la sanción, González renunció a la militancia del PSOE y por ende dejó de formar parte de la delegación socialista española en Bruselas. De hecho, el PSOE se ha remitido a esa decisión de la eurodiputada al ser preguntado por Público sobre este caso. La delegación no ha querido aclarar si se le llegó a pedir que renunciara o si la decisión la tomó la propia González. La eurodiputada, eso sí, sigue en su escaño y sigue formando parte del grupo socialista europeo en la Cámara.
El otro caso de acoso es el de José Ramón Bauzá, expresidente balear por el PP y ahora eurodiputado por Ciudadanos, que ha sido denunciado ante el mismo comité por uno de los empleados de su oficina, según reveló El Confidencial. El comité ha encontrado indicios de un posible acoso y está acabando de investigarlo para que, después, la presidenta del Parlamento, Roberta Metsola, pueda tomar una decisión sobre el caso, como ha hecho ya con el de González.
Este es el procedimiento habitual de este comité. Bauzá y González no son casos aislados en Europa. 'MEP Misconduct Investigation' ha recopilado 46 escándalos relacionados con acoso laboral o sexual que involucran a 37 eurodiputados de 19 países.
Otra situación que ha afectado a varios eurodiputados es el problema con la tributación de sus ingresos como parlamentarios. Los eurodiputados pagan una parte de sus impuestos directamente a la UE. Cobran 10.075,18 euros brutos cada mes y el Parlamento Europeo les retiene mensualmente el 22% a cada uno de ellos antes de pagarles.
Tras ese primer impuesto —que la UE destina a, entre otros asuntos, su propio presupuesto o los seguros a los que tienen derecho los parlamentarios— los países pueden decidir si volver a gravarles o no. En Bélgica, por ejemplo, no se les cobra ningún otro impuesto. En otros países, como Alemania o España, sí.
La Agencia Tributaria ha explicado a Público que en España a los eurodiputados se les aplica una deducción por doble imposición internacional. Cuando hacen su declaración de la renta indican sus ingresos pero también los impuestos que han pagado a la UE; y estos últimos se les deducen. De esta forma, aunque en España se les aplicarían los impuestos que les corresponden por sus ingresos —igual que a cualquier otro ciudadano—, con esa deducción solo aportan realmente la diferencia entre lo que ya tributan en la UE (el 22%) y lo que les correspondería según su declaración.
Esta forma de actuar tiene su origen en el verano de 2009, cuando el Parlamento Europeo unificó el sistema salarial de los parlamentarios para que los eurodiputados de todos los países cobraran por igual. Pero se permitió esa posibilidad de que posteriormente los Estados pudieran imponer una tributación extra. Tras ese cambio, a partir de 2010, fue cuando algunos eurodiputados españoles empezaron a tener problemas al no pagar a la Agencia Tributaria todos los impuestos que deberían.
Entre ellos estaban tres eurodiputados del PP que a día de hoy siguen en el cargo. Son Pablo Arias, José María García-Margallo y Gabriel Mato. Tuvieron que regular su situación ante Hacienda tras ser requeridos por la Agencia Tributaria —esto le ocurrió a más europarlamentarios pero ya no mantienen el escaño y, por tanto, no han sido incluidos en 'MEP Misconduct Investigation'—.
Margallo consideró que con la nueva normativa era suficiente con pagar el impuesto a la Unión Europea, según publicó en su momento El Confidencial. Hacienda le advirtió y tuvo que pagar la diferencia que no había abonado. Recurrió a los tribunales, pero perdió.
Los casos de Arias y Mato son algo distintos. Se remontan al mismo momento, pero ellos no omitieron la doble imposición, sino que se acogieron a una exención que recoge la ley del IRPF. Esta establece que los españoles con trabajos en el extranjero estarán exentos de tributar por sus ingresos derivados de los mismos hasta los primeros 60.100 euros. Estos dos eurodiputados, por tanto, pagaron el impuesto a la UE y también tributaron ante España, pero solo por la parte de su sueldo como eurodiputados que excedía esos 60.100 euros. Así lo reconocen los propios europarlamentarios en conversación con Público.
Hacienda no interpretó la situación igual que ellos, ya que no se considera que la relación de los eurodiputados con el Parlamento sea laboral y, por tanto, no pueden acogerse a esa exención. A pesar de ello, Arias asegura que Hacienda ni siquiera le sancionó. "Simplemente me pidieron la diferencia de esos años con los intereses como es habitual. Yo había preguntado en 2010 por el criterio para tributar con la entrada de la nueva normativa y Hacienda no me contestó hasta 2015, después de pedirme que pagara la diferencia de los ejercicios de 2010 a 2014", explica.
Arias y Mato abonaron la diferencia que les exigía Hacienda, pero recurrieron a los tribunales. También perdieron. El criterio hoy ya es sumamente claro: los eurodiputados tienen que pagar el impuesto a la UE y luego tributar en España sin poder acogerse a esa exención.
De hecho, así lo ha fijado el Supremo, cuando algunos, como el propio Mato, lo elevaron hasta esa instancia. "Si lo hubiéramos llevado a Europa creo que hubiera ganado, pero ya lo dejé pasar", asegura el eurodiputado.
En el caso de Mato, antes de llegar al Supremo, el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Canarias falló que el eurodiputado había actuado con la "diligencia necesaria" al interpretar que podía acogerse a esa exención, pero que realmente no podía hacerlo. Por ello, al no observar mala fe al obrar, concluye que no ha incurrido "en responsabilidad por las infracciones cometidas" y no le sanciona.
Helen Darbishire, directora ejecutiva de la organización Access Info Europe, explica a Público que "se podría haber solucionado antes si se publicara todo, incluidas las copias de las declaraciones de la renta de los parlamentarios". "La falta de transparencia y que cada país tenga una normativa distinta no es una situación nada ideal para controlar a las personas que nos representan", detalla la experta en transparencia y rendición de cuentas.
Público ha intentado conocer cuántos eurodiputados españoles han tenido problemas por este asunto con Hacienda a lo largo de los años. Para ello este medio realizó una solicitud de información, al amparo de la ley de transparencia, ante la Agencia Tributaria. Pero esta se ha negado a aclarar siquiera el número de eurodiputados afectados —no ya sus nombres—, alegando la protección de los datos tributarios de los mismos. Probablemente haya casos que no han salido a la luz porque, a diferencia de Arias, García-Margallo y Mato, no recurrieron a los tribunales.
Otros eurodiputados con escándalos en su historial son Javier Nart, que fue elegido en la lista de Ciudadanos pero ya no milita en el partido y abandonó su delegación, y Pilar del Castillo, del Partido Popular.
Del Castillo habría recibido supuestamente dos pagos en 2004 por un total de 9.000 euros provenientes de la caja B del PP. Así figuraba en los papeles de Bárcenas, según reveló El País. Los sobresueldos en negro procederían de la contabilidad en B regada con donaciones que recibía el partido. Del Castillo, que fue ministra de Educación del Gobierno de Aznar, se vio envuelta en el escándalo, pero negó haber recibido esos pagos.
La polémica de Javier Nart también está relacionada con un pago. El político presentó un documento en 2010 ante el juez del caso Palau porque había recibido en una cuenta en Suiza una transferencia desde una cuenta de Fèlix Millet, que estaba siendo investigado por corrupción precisamente en ese caso. El documento de Nart venía a asegurar que la transferencia se debía a un error porque él y Millet compartían banco y gestor económico de sus cuentas en Suiza.
Nart aseguró haber heredado de su padre esa cuenta en Suiza cuando este murió en 1997. Pero, según contó El Periódico, no la regularizó hasta 2010, cuando la cuenta fue investigada por haber recibido ese pago de Fèlix Millet, que acabaría condenado por el caso Palau. Nart justificó la cuenta suiza alegando que su padre la había necesitado por las amenazas y el chantaje económico que habría recibido de la banda terrorista ETA en los años noventa.
Los últimos tres nombres que completan la lista de los eurodiputados españoles con escándalos y que forman parte de la lista de 'MEP Misconduct Investigation' son Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Toni Comín. Los europarlamentarios de Junts formaban parte del Gobierno de la Generalitat que organizó el referéndum del 1 de octubre. Mientras otros líderes del procès como Oriol Junqueras fueron condenados por delitos de sedición y malversación, ellos no han llegado a ser juzgados al haberse marchado de España.
Quien sí les ha juzgado a pesar de no estar en el país —aunque Ponsatí ya ha regresado— es el Tribunal de Cuentas. Este tribunal administrativo juzgó el pasado noviembre a un total de 35 altos cargos y funcionarios de aquel Gobierno catalán. La Fiscalía exige a los acusados que devuelvan 3,4 millones de euros por la responsabilidad contable en la organización del referéndum con dinero público.
Si la amnistía se llega a aprobar antes de que el Tribunal de Cuentas dicte sentencia, el caso podría anularse sin que se emita ningún veredicto. Por tanto, igual que con la causa ante la Justicia, la situación de Puigdemont, Ponsatí y Comín depende, al menos de primeras, de la ratificación parlamentaria de la ley de amnistía. Por ahora Junts ha dicho "no" a su aprobación; exige la eliminación de cualquier referencia al terrorismo y el PSOE no quiere ceder.
