La UCO no encuentra ingresos sospechosos en las cuentas de Begoña Gómez
La Guardia Civil concluye que la “información bancaria” de la esposa de Sánchez “concuerda” con sus “actividades profesionales”, pero siembra dudas sobre el desarrollo del ‘software’ en la cátedra que codirigía en la Complutense
La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en una imagen de archivo.
Claudio Álvarez
J. J. GálvezPierre Lomba
Madrid - 25 may 2026 - 09:32
Actualizado: 25 may 2026 - 14:15CEST
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no ha encontrado “movimientos” sospechosos en la cuentas de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Así consta en un nuevo informe enviado al juez Juan Carlos Peinado, que requirió a los agentes que analizaran diferente documentación recabada en la causa que mantiene abierta contra la mujer del líder socialista. “En síntesis, la información bancaria concuerda con el desarrollo de las actividades profesionales que Begoña Gómez ha venido desarrollando, en tanto en cuanto, las entidades a las que se ha vinculado profesionalmente se corresponden con los principales pagadores que se identifican”, concluye el documento, al que tuvo acceso EL PAÍS.
Los agentes, que han enviado al magistrado un amplio análisis de 317 páginas (incluido anexos), apostillan que también analizaron “determinados ingresos en una de las cuentas vinculadas a Transforma TSC” —una sociedad que, según las acusaciones, se creó para explotar un software desarrollado por la cátedra extraordinaria universitaria que codirigía Gómez—. Pero en ellas “no se identifican” movimientos destacables “que pudieran guardar relación con los hechos” bajo investigación. Solo han localizado, según explican, un ingreso “derivado de facturación” de 6.687 euros a la compañía Innovación Hexagonal, cuyo administrador es “identificado entre los usuarios de la plataforma”, al igual que “otras dos personas vinculadas a una firma asociada a esta mercantil” —en esta línea, se ahonda en que, en base a esos movimientos de dinero, la sociedad Transforma TSC “llegó a mantener una actividad comercial”—.
Aunque el documento policial agrega: “Si bien, con la información disponible en este momento procesal, no resulta posible determinar el objeto de esta facturación, ni tampoco la posible vinculación que esta pudiera tener con la actividad que se podría haber desarrollado a través o como consecuencia de su registro en la plataforma”. El administrador de Innovación Hexagonal, Raúl Olivan, niega a este periódico que se hubiese producido pago alguno por el uso de la plataforma: “Los pagos publicados entre nuestra sociedad y Transforma TSC corresponden a un ciclo de cinco talleres sobre sostenibilidad y los ODS [Objetivos de Desarrollo Sostenible], celebrados en Zaragoza, Valencia, Cáceres, Granada y Cantabria, en sendas sedes de la Cámara de comercio, institución que difundió la actividad entre sus asociados”.
“Las transferencias iban destinadas al pago de honorarios de la profesional Sandra A., encargada de organizar y dinamizar los talleres, y los gastos de desplazamiento y comida correspondientes”, reitera Olivan, que recuerda que los talleres fueron “abiertos y gratuitos”: “El papel de Transforma TSC era organizar y dinamizar esos encuentros, para lo que se contrató a la mencionada profesional”. En su escrito de defensa, Gómez indicó que ésta sociedad “no tuvo ningún tipo de actividad, ni depositó cuentas anuales, ni registró dominios, derechos o bienes de ningún tipo”. Fuentes de la Guardia Civil detallan que este es el último informe que la UCO tiene previsto hacer.
El oficio del instituto armado llega después de que el responsable del juzgado de instrucción 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, acordara el pasado abril enviar a juicio con jurado popular a Begoña Gómez, junto a Cristina Álvarez, su asesora en La Moncloa, y al empresario Juan Carlos Barrabés, por la presunta comisión de hasta cuatro delitos. El juez dio este paso después de dos años impulsando una polémica causa, que inició en 2024 a raíz de una denuncia presentada por Manos Limpias. Las acusaciones populares lideradas por Hazte Oír reclaman 24 años de cárcel para la esposa de Pedro Sánchez. La Fiscalía ha pedido el archivo del proceso.
Peinado empezó investigando la actividad profesional de Gómez con empresarios y su relación laboral con la Universidad Complutense de Madrid (UCM), así como el desarrollo de un software para dicho centro de estudios a través de una cátedra extraordinaria. En estos hechos, el instructor centra los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. Luego, sin embargo, el juez amplió la causa para intentar determinar si se llegó a producir un desvío de dinero público al contratar a Álvarez como asesora de la pareja de Sánchez para que esta terminara colaborando con su actividad privada, en lugar de con su labor institucional. En esta tesis apoya una presunta malversación.
En el informe aportado a Peinado, la UCO destaca que la cátedra codirigida por Gómez se “nutrió de diferentes colaboradores con un grado y carácter de participación diferente” —destacando, por un lado, los que aportan fondos económicos (“única fuente de ingresos”); y, por otro, los que “participan en el desarrollo” de la herramienta Transforma TSC—. “Todo ello, acorde con lo dispuesto por la UCM en lo relativo a cátedras extraordinarias y a la normativa común”, incide la Guardia Civil. Los agentes remachan que los acuerdos firmados sobre el software, de carácter gratuito y cuya apropiación indebida se atribuye a la esposa de Sánchez, especifican que la plataforma desarrollada en el “marco de la cátedra” siempre sería “propiedad” de la Universidad Complutense.
Aun así, los agentes siembran dudas sobre el desarrollo del software y manifiestan que Gómez registró el dominio web para albergar la herramienta, así como la “marca Transformación Social Competitiva” (“la inscripción de dicha marca supone un coste de 206,57 euros”, que paga desde una cuenta que comparte con su marido). Además, el análisis policial aprecia que, debido al “carácter de Administración pública de la UCM”, se pudo incurrir en irregularidades al contratar a Making Science Group y a Deloitte para el desarrollo de la plataforma. En el caso de la primera compañía, la UCO señala que se la fichó “sin ni tan siquiera haber tramitado un expediente administrativo al efecto, pese a corresponderle por razón de su importe (20.000 euros sin IVA)”: “Sin embargo, dado que la unidad interventora competente detectó esta disfunción una vez prestado el servicio, el pago fue liberado en aras de evitar un enriquecimiento injusto de la UCM”, matiza el informe.
Sobre Deloitte, la Guardia Civil apunta que desempeñó trabajos en base “a un contrato menor y una posterior contratación mediante procedimiento abierto simplificado”. Pero, en este punto, la UCO añade: “[Se] tramitaron dos expedientes que se habrían elaborado como un mero marco administrativo conformado a los únicos efectos de dotar de apariencia de legalidad a la contratación de estos servicios, la cual se habría llevado a cabo nuevamente al margen del procedimiento establecido en la normativa”. “Se producen discordancias entre el desempeño real de los servicios y los contratos formalizados. En ese sentido, no se identifican elementos de los que se desprenda que durante el plazo formal de ejecución del segundo de los expedientes, Deloitte desarrollase alguna de las funciones para las que fue contratado”, prosigue el informe.
“La legalidad de la cátedra”
La defensa de Begoña Gómez se ha desmarcado de todas las acusaciones y ha pedido que, en caso de que la juzgue un jurado popular, “se proceda al dictado de sentencia absolutoria”. También ha reclamado a la Audiencia Provincial de Madrid que frene la decisión de Peinado de enviarla a juicio y ha insistido al propio instructor que paralice la causa hasta que el órgano superior se pronuncie sobre los recursos pendientes de resolver.
Fuentes del entorno de Gómez apuntan que el nuevo informe de la UCO evidencia que “la legalidad de la cátedra no queda cuestionada”, y que no se han hallado irregularidades en su creación o funcionamiento. Además, resaltan que el software era gratuito y no generó ingresos. De hecho, según estas fuentes, no han localizado pagos sospechosos: “Los ingresos atribuidos a Begoña Gómez en dos años ascienden a 17.037,75 euros, una cifra objetivamente incompatible con un relato de enriquecimiento económico personal”, añaden como ejemplo.
La defensa de Gómez ha rechazado también de forma reiterada la malversación y ha negado que Cristina Álvarez se dedicase de forma constante a ayudarla con sus trabajos privados, más allá de algún apoyo puntual (que desvinculó de su cargo de asesora). A este respecto, la UCO menciona que a la colaboradora, a la que “se considera integrada en el equipo de trabajo de la cátedra”, se la “convocó y/participó” en reuniones para el desarrollo de la plataforma Transforma TSC.
Para este último informe, la UCO ha estudiado múltiples cuentas bancarias, incluidas aquellas donde consta Gómez como “titular” junto a Sánchez; y otras donde aparece como “autorizada” y sus hijas como “titulares”. De hecho, al hacer su análisis, los agentes incluyen que la esposa del presidente recibió 196.353,29 euros desde la Fundación Instituto de Empresa entre 2019 y 2022, entidad para la que trabajó y que la Audiencia Provincial de Madrid excluyó expresamente de las pesquisas.
