La fiscal rebaja a tres meses su petición de cárcel para el diputado de Podemos Alberto Rodríguez
21/09/202113:35h.
Vídeo de la protesta de enero de 2014 exhibido en la salaNIUSDIARIO
Pedía seis meses y ahora lo deja en tres meses y diez días, por dilaciones indebidas
La fiscal no duda de su culpabilidad y rechaza el valor probatorio de los vídeos exhibidos
Rodríguez denuncia un "montaje policial" para criminalizar la protesta en la calle
Han sido siete años de procedimiento. Desde el 25 de enero de 2014, cuando presuntamente el diputado de Podemos Alberto Rodríguez propinó una patada a un policía durante una manifestación, hasta este 21 de septiembre, en que se ha celebrado el juicio. Por eso, la Fiscal Isabel Rodríguez ha reducido su petición de seis meses de cárcel a tres meses y diez días, aplicando el atenuante de dilaciones indebidas.
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Pero eso sí, para la fiscal no hay duda de que el diputado de Podemos participó en la algarada y de que propinó esa patada que causó una lesión en la rodilla al agente. Todo, durante una manifestación contra la LOMCE durante una visita del exministro de Educación José Ignacio Wert a las islas.
"¿Qué puede hacer a un policía venir al Supremo a señalar al diputado Alberto Rodríguez, que por entonces no era diputado", se ha preguntado la fiscal que rechaza cualquier valor probatorio de los vídeos presentados por la defensa. En ellos, Alberto Rodríguez aparece sólo un momento y no lo hace en actitud agresiva.
La tesis de la fiscal se apoya en el hecho de que a pesar de que los agentes presentaron siete partes de lesiones, en ninguna de las imágenes se muestran policías heridos, sino que se centran en otro tipo de imágenes.
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Incluso en el caso de ser condenado, está descartado que Rodríguez entre a prisión porque está muy lejos de los dos años que marcan la frontera entre las condenas que se ejecutan y las que no. Tampoco le afectaría una pena de inhabilitación para el sufragio pasivo, porque eso sólo le impediría presentarse a unas elecciones que en ningún caso están previstas.
Montaje policial
La defensa del diputado y ex secretario de Organización de Unidas Podemos se ha centrado en negar su participación en los altercados y en acusar a la policía de hacer un montaje policial para"criminalizar" a personas del activismo social.
"Lamentablemente es algo frecuente", ha señalado el diputado durante su declaración en un juicio presidido por el magistrado Manuel Marchena y en el que ha contado con la letrada Marta Flor Núñez como abogada defensora.
La letrada ha insistido en el hecho de que ese día se produjeron detenciones, y sin embargo su cliente no fu arrestado ni identificado, sino que tras ser señalado por el agente agredido, días después, fue citado en un juzgado.
Rodríguez está acusado de un delito de atentado a agentes de la autoridad y lesiones leves. Los tres meses y diez días que la fiscal pide ahora para él, son la misma pena que se impuso al resto de procesados por los altercados de la protesta contra la LOMCE en La Laguna.
Declaraciones policiales
Antes que Alberto Rodríguez han declarado dos agentes de policía. Uno, el jefe del dispositivo, que ha asegurado que no vio al diputado durante toda aquella mañana y que fueron luego los agentes los que le relataron la agresión y que identificaron a Rodríguez porque "ya lo conocían" de otras muchas manifestaciones a las que solía acudir.
El otro agente que ha prestado declaración ha sido el que presuntamente recibió la patada del diputado de Unidas Podemos. Ha mantenido la acusación y ha señalado que no lo detuvo ni identificó porque en ese momento no consideró que fuera lo más procedente y además, como ya lo conocía, tampoco le pareció necesario.
Para la defensa, el juez instructor que sentó a Rodríguez en el banquillo cree que las declaraciones policiales han tenido demasiado peso y que en realidad no hay nada demostrado.
Dispuesto a llegar a Estrasburgo
En su turno de última palabra, Alberto Rodríguez ha indicado su intención de llegar hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, "si fuese necesario".
El diputado insiste en la "falsedad del testimonio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y en el "montaje policial".
El diputado señala que una condena perjudicaría la imagen de España fuera de nuestras fronteras y que se está poniendo "en tela de juicio el derecho de reunión y de manifestación en el Estado Español".
"Si basta con una simple declaración policial, carente de prueba objetiva alguna para acusar a una persona y someterla a un calvario judicial y mediático durante años, el derecho a reunión y manifestación se encuentra claramente cercenado", señalan esas fuentes, que concluyen que hay un objetivo "claro y meridiano" e criminalizar la protesta social e intentar evitar así cualquier tipo de disidencia política.
