Autor Tema: Estos políticos...  (Leído 1083947 veces)

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« Respuesta #16020 en: 30 de Octubre de 2021, 18:36:04 pm »
Si no fuera porque está condenado por agredir a un policía, él era activista antes que político y el activista término con la carrera política del político.

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Re: Estos políticos...
« Respuesta #16021 en: 30 de Octubre de 2021, 19:26:37 pm »
Si no fuera porque está condenado por agredir a un policía, él era activista antes que político y el activista término con la carrera política del político.

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Su delito.no es ser activista o politico...es ser de Podemos.

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« Respuesta #16022 en: 30 de Octubre de 2021, 20:05:13 pm »
No me creo nada. . . Isa Serra también pasaba por allí y los jueces prevarican . . . verdad? . . . sobre todo los del TS. . . seamos serios, están condenados por sus actos, ni por su ideología ni por su adscripción a un partido político u otro. . . ese victimismo no cuela. . .

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Re: Estos políticos...
« Respuesta #16023 en: 30 de Octubre de 2021, 21:04:45 pm »
No me creo nada. . . Isa Serra también pasaba por allí y los jueces prevarican . . . verdad? . . . sobre todo los del TS. . . seamos serios, están condenados por sus actos, ni por su ideología ni por su adscripción a un partido político u otro. . . ese victimismo no cuela. . .

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He de disentir y más con.la sentencia de Rodríguez.. una lesión de 1 día de asistencia, co un refiere dolor y sin que nadie la ratifique más allá del supuesto lesionado quien además no detiene al agresor en el momento sino qie le hace un atestado ad hoc porque le conoce de otras ocasiones ...y para ponerle el broche una sala cuestionada y una sentencia que no cita explícitamente la inhabilitacion.pero se la aplican...en definitiva, es de Podemos...por que con esas "pruebas" tan débiles se han producido cientos de absoluciones porque la palabra del.policia no ha sido suficiente...pero cientos.

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Re: Estos políticos...
« Respuesta #16024 en: 31 de Octubre de 2021, 09:42:26 am »
Y si antes menciono lo de la testifical policial...





El caso de Alberto Rodríguez revela el plus de credibilidad que se da a los policías aunque el Supremo diga lo contrario


El alto tribunal ha determinado en numerosas sentencias que no se debe sobreestimar el testimonio de un agente cuando éste es afectado directo de los hechos

Sin embargo, a la hora de la verdad la teoría jurisprudencial no se cumple y los jueces siguen dando más veracidad a los agentes de manera "prácticamente automática", según abogados penalistas
 
Ana Morenoanamorenov@gmail.com @anamorenv
Publicada el 31/10/2021 a las 06:00

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Re: Estos políticos...
« Respuesta #16025 en: 31 de Octubre de 2021, 10:53:27 am »

El Supremo ha archivado ya 29 querellas contra líderes de Podemos


La condena a Rodríguez y la retirada de su escaño, la excusa para retomar la campaña de acoso a la Justicia
El CGPJ se ve obligado a reaccionar por tercera vez con este Gobierno, ahora ante una acusación de prevaricación
Nati Villanueva
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Madrid
Actualizado:
31/10/2021 02:55h

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Escuela judicial: ni conservadores, ni ricos, ni franquistas, ni hijos de jueces
Difama que algo queda. Esto es lo que deben pensar los dirigentes y ministros de Podemos que de forma recurrente atacan al Poder Judicial cuando no están de acuerdo con lo que los tribunales dictaminan. Sucedió tras la condena a la dirigente morada en Madrid Isa Serra y, aún con más virulencia, con la del ex número tres de esta formación y ya exdiputado del Congreso Alberto Rodríguez. Ni en un caso ni en otro las voraces críticas de dirigentes de Unidas Podemos y de quienes representan al partido en el Gobierno de la Nación han sido aplacadas ni desmentidas con suficiente contundencia por parte del PSOE ni de sus representantes en el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Pero tampoco por la Fiscalía, pese a que algunas de esas declaraciones rozan delitos contra las instituciones del Estado.


¿Hay realmente una cruzada del Alto Tribunal contra Unidas Podemos? Los datos hablan por sí solos. Desde el nacimiento del partido en 2014 hasta hoy el Tribunal Supremo ha archivado 29 querellas contra dirigentes de la formación morada, dos de ellas esta misma semana. Blanqueo de capitales, delitos electorales, malversación, injurias, falsedad, desobediencia... El rosario de imputaciones es muy variado, como también lo son los querellantes: desde Manos Limpias hasta Vox, pasando por asociaciones y colectivos variopintos e incluso personajes como el polémico Emilio Rodríguez Menéndez o el propio comisario Villarejo.

De esas querellas, 23 iban dirigidas contra Pablo Iglesias, muchas por la gestión del Covid, pero también contra Irene Montero, Ione Belarra o Pablo Echenique.

Pese a que las cifras desmienten la persecución del Supremo a Podemos, sus dirigentes, y la sombra alargada de los que, como Iglesias, ya no están en el partido, pretenden laminar la credibilidad del Poder Judicial, resorte contra los excesos de la clase política, de la misma forma que lo viene haciendo Bildu en el Congreso cuando, por boca de su portavoz, Jon Irratu, alude desde la tribuna a las «togas franquistas».


Y es que desde los tiempos del ministro Mariano Fernández Bermejo se viene percibiendo, además, cierta obsesión en la izquierda con vincular la carrera judicial a un conservadurismo reaccionario, cuando se afirma que sólo los «ricos» y los hijos de jueces pueden acceder a ella. Las estadísticas no apuntan en esa dirección: tres de cada cuatro alumnos de la escuela judicial no solo no tienen un progenitor togado, sino que ni siquiera tiene relación con el mundo judicial ni jurídico; y uno de cada tres futuros jueces proviene de familias en las que ni el padre ni la madre tienen estudios superiores, según se desprende del análisis de las 23 últimas promociones de jueces del que ya se hizo eco ABC.

Esta vez la izquierda ha encontrado la excusa perfecta para volver a atacar al Supremo en la condena de Alberto Rodríguez y la ejecución de una inhabilitación que se ha traducido en la pérdida de su escaño. La decisión ha protagonizado uno de los mayores ataques al Alto Tribunal desde que gobierna Pedro Sánchez. Y, además, desde el seno del propio Ejecutivo. «El Supremo presiona a la Presidencia (a Meritxell Batet) para retirárselo (el escaño) aunque ambos saben que no es lo que dice la sentencia. Prevaricación», tuiteó la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra.


La reacción del Consejo General del Poder Judicial no se hizo esperar, y en un comunicado tan duro como atípico en democracia, el órgano de gobierno de los jueces mostró «un absoluto y rotundo rechazo» a las palabras de Belarra, una condena «si cabe con mayor intensidad y rotundidad que en otras ocasiones, especialmente porque más allá de generar una sospecha inaceptable respecto del proceder del más alto tribunal de la Nación llegan a atribuir la comisión de un delito a sus magistrados, afirmación que excede absolutamente los límites del derecho a la libertad de expresión, máxime cuando quien realiza esas manifestaciones es un miembro del Poder Ejecutivo, lo que sitúa las relaciones entre dos poderes del Estado en un plano completamente indeseable», sostiene el acuerdo de la Comisión Permanente.

Llueve sobre mojado
Tras reafirmar que la actuación del Poder Judicial «persigue en todo momento el cumplimiento de la Ley y la defensa de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos españoles», el Consejo hacía un llamamiento, «especialmente a quienes ostentan cargos de responsabilidad del máximo nivel», a que «no menoscaben la imagen de quienes día a día velan por los derechos y garantías de que gozan todos los españoles en su condición de ciudadanos de un Estado de Derecho, recordándoles que la primera obligación de un responsable público es no contribuir al desprestigio de las instituciones democráticas y, dentro de ellas, el Poder Judicial».


No es la primera vez que el órgano de gobierno de los jueces se ve obligado a intervenir en los últimos casi dos años de Gobierno de Sánchez. Lo hizo en enero de 2020, cuando nada más estrenarse en el cargo Pablo Iglesias, afirmó que la Justicia española había resultado humillada en los tribunales europeos por su actuación en el 'procés'. Entonces en un comunicado pidió «moderación, prudencia y mesura», y recordó que los jueces persiguen el cumplimiento de la ley. «Desde el más absoluto respeto al derecho de libertad de expresión, la Comisión Permanente considera imprescindible reafirmar que la actuación del Poder Judicial, institución esencial en toda sociedad democrática, persigue en todo momento el cumplimiento de la ley y la defensa de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos españoles, fundamento de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho».

Apenas tres meses después el CGPJ volvía a mover ficha, esta vez con motivo de la condena de Isa Serra por atentado a la autoridad. «En España mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso», apuntó Iglesias en Twitter. Los vocales le reprocharon entonces su tono «ciertamente inapropiado» y le recordaron su obligación de no contribuir «al desprestigio de las instituciones». De nuevo nadie en el Gobierno condenaba las palabras del entonces vicepresidente. Lejos de ello, sirvieron de aliento para que el portavoz de UP en el Congreso, Pablo Echenique, acusara al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, de tener vínculos con el Partido Popular. «Ocho años alto cargo en gobiernos de Aznar. Habitual de bien pagados cursos en FAES. Casi 17 meses en funciones nombrando decenas de jueces afines al PP Casado, bloquea la renovación del CGPJ. Lecciones de pulcritud democrática, las justas».


Ya fuera del partido, la semana pasada Iglesias aprovechaba la condena a Rodríguez para sumarse al ataque al Supremo desde el micrófono de una emisora de radio y en presencia de la exvicepresidenta Calvo. «Lo que ha hecho el Supremo no tiene nombre (...) Nadie se cree que esa patada se produjo (...) Es una infamia absoluta, es un castigo político. Que el TS se dedique a perseguir a diputados porque son de izquierdas pone en riesgo la separación de poderes y la democracia en España».

Radiografía de las querellas
Dirigentes aforados

En los últimos siete años han sido muchas asociaciones, colectivos, partidos y particulares los que han acudido al Tribunal Supremo para denunciar actuaciones presuntamente delictivas de miembros de Podemos cuyo enjuiciamiento correspondería al Alto Tribunal por ser aforados.

29 escritos inadmitidos o desestimados

El TS ha inadmitido o desestimado 29 querellas contra dirigentes de la formación morada al no apreciar delito en los hechos denunciados, basados, en muchos casos en «meros recortes de prensa». Según los datos recopilados por ABC, de ellas, 23 tenían como querellado a Pablo Iglesias, solo o en compañía de otros miembros del Gobierno, sobre todo en denuncias relativas a la gestión de la pandemia. Irene Montero comparte con él cuatro denuncias, y dos van dirigidas a ella en exclusiva. Otras dos tenían como querellado a Pablo Echenique (una se archivó esta misma semana), otra a Ione Belarra. Por su parte, Íñigo Errejón comparte tres con Iglesias en los primeros años del partido, entre 2014 y 2017.

Decenas de delitos

Hasta 22 delitos se desglosan en la treintena de querellas presentadas contra los dirigentes morados. Delitos contra la Hacienda Pública, prevaricación, blanqueo, falsedad documental, injurias, calumnias, delitos de odio o contra los derechos de los trabajadores son algunos ejemplos.


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« Respuesta #16026 en: 01 de Noviembre de 2021, 10:20:06 am »
Quien espere derogación total que se siente porque quizás se canse...

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« Respuesta #16027 en: 02 de Noviembre de 2021, 14:05:57 pm »
Mal día para Vox...


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« Respuesta #16028 en: 02 de Noviembre de 2021, 14:10:48 pm »
Yo creo que a VOX la reforma laboral se la pela. . . están más por el pin parental y la lucha contra el aborto y la memoria histórica. . . que por una reforma laboral que les pilla lejos. . .

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« Respuesta #16030 en: 04 de Noviembre de 2021, 07:55:19 am »
Obvio...



Podemos asume que habrá cesiones en la reforma laboral tras pasar por el diálogo social


El entorno de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, reconoce que la propuesta final de reforma laboral será diferente tras la negociación con los sindicatos y la patronal

Podemos asume que habrá cesiones en la reforma laboral tras pasar por el diálogo socialEl presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Pool Moncloa
JORGE SÁINZPUBLICADO 04/11/2021 04:45
"Esto no es cómo empieza, sino cómo termina". Así resume a Vozpópuli el entorno de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la negociación abierta para la reforma laboral. La parte morada del Gobierno asume que la propuesta inicial de "derogación" plasmada en su acuerdo con el PSOE no será probablemente la que salga del diálogo social con sindicatos y la patronal de empresarios.

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La CEOE es muy reticente a borrar de un plumazo la normativa aprobada por el PP en el 2012. Y el acuerdo entre todas las partes es parte del compromiso que Pedro Sánchez asumió con Bruselas en el Plan de Recuperación para recibir los fondos europeos.


El diálogo social ya trabaja en una nueva normativa tras el pacto interno que selló el Gobierno de coalición esta semana. La reunión de este miércoles ha sido técnica, a nivel de directores generales y con la presencia de todos los Ministerios implicados en la búsqueda del acuerdo: desde la cartera de Díaz, hasta la vicepresidencia económica de Nadia Calviño y el ministro de Inclusión Social, José Luis Escrivá.

Podemos y las cesiones
Fuentes próximas a Díaz aseguran que no se levantarán de la mesa hasta que se alcance un acuerdo. Y que su objetivo es que se consiga a lo largo de noviembre. Para ello, reconocen estas fuentes, todas las partes tendrán que hacer cesiones. También Podemos, que parte de una propuesta de "derogación" de la normativa del PP. "La propuesta final que salga de la mesa de diálogo social será diferente a la inicial, aunque en el marco del acuerdo de coalición", señalan.


Así lo ha reconocido Díaz en una entrevista en el programa El objetivo de La Sexta. La vicepresidenta ha reconocido que la derogación es "técnicamente inviable". "Una cosa es el fetiche político y otra lo que vamos a hacer, que es cambiar el marco de relaciones laborales el PP que ha sido profundamente lesivo", ha asegurado.

El PSOE, por su parte, se muestra confiado en que habrá acuerdo y una nueva legislación antes de la Navidad. El objetivo es salvaguardar el pacto con la patronal para evitar problemas con Europa. Este diario ha informado de que Sánchez se comprometió por escrito ante Bruselas a aprobar una reforma laboral que no ponga "obstáculos desproporcionados para las empresas". La promesa figura en uno de los documentos que el Ejecutivo remitió a la Comisión Europea con el Plan de Recuperación, pero que no ha sido difundido en España.


Pero los cambios en el mercado laboral para intentar reducir la precariedad y las elevadas tasas de paro juvenil no son es el único compromiso pendiente del Gobierno. Las pensiones son la otra gran reforma prometida a Bruselas para la llegada de los 140.000 millones de los fondos europeos. Hubo un primer acuerdo con el respaldo de patronal y sindicatos pero quedan otros.

El futuro de las pensiones
En ese sentido, Escrivá ha planteado subir las cotizaciones para pagar la jubilación de la llamada generación del baby boom. Se trata de una subida de la cotización que pagan empresa y trabajador a la Seguridad Social de 0,5 puntos entre 2023 y 2032 con el fin, según el Ministerio, de tener un colchón para sufragar las pensiones de esta generación, con una aportación al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, ahora reducido a 2.000 millones.


La propuesta de Escrivá ha sorprendido a su socio de coalición, que de cualquier manera no la ve con malos ojos. En principio, dicen, deberá debatirse con sindicatos y patronal en el seno del diálogo social. El primer planteamiento que hizo Escrivá en este sentido fue rechazado por Podemos y descartado finalmente por el Gobierno. El titular de Inclusión Social propuso cargar el esfuerzo en los baby boomers, la generación que nació entre 1957 y hasta 1977, cerca de 7,7 millones de trabajadores, que empezará a jubilarse a partir de 2023.

La sostenibilidad de las pensiones es uno de los principales debates que afronta España en los próximos años. Cuatro de cada 10 euros de los Presupuestos Generales del Estado para 2022 se destinan a sufragar esta partida. El Gobierno ha presupuestado 171.165 millones de euros de gasto en pensiones para el próximo año. La subida es de casi el 80% con respecto al 2008.

Para la Comisión Europea lo fundamental que haya una garantía de sostenibilidad del sistema. Este Mecanismo de Equidad Intergeneracional que sustituye al Factor de Sostenibilidad que implantó el PP es la parte más importante de la primera fase de la reforma que queda por definir, pero también faltan por cerrar las pensiones de viudedad y las parejas de hecho y las cotizaciones reales de los autónomos, a falta segundo del bloque.


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« Respuesta #16031 en: 04 de Noviembre de 2021, 08:13:06 am »


Un diputado de Vox grita "gilipollas" a María Jesús Montero durante el debate de Presupuestos


La ministra de Hacienda se encontraba en ese momento replicando el discurso que acababa de pronunciar Espinosa de los Monteros

El Gobierno aprueba los presupuestos de 2022 y dispara el gasto público a nivel récordMaría Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública. EFE
EUROPA PRESSPUBLICADO 03/11/2021 20:19ACTUALIZADO 03/11/2021 20:19
Un diputado de Vox ha llamado "gilipollas" a gritos desde su escaño a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, mientras ella replicaba al discurso que acababa de pronunciar el portavoz de esta formación, Iván Espinosa de los Monteros, en el marco del debate de totalidad de los Presupuestos para 2022.

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Montero, tras escuchar el insulto, ha pedido a Espinosa de los Monteros que "amonestara" a su compañero, pero no ha reproducido el exabrupto ni ha identificado a su autor. Diputados presentes en el Salón de Plenos ha confirmado a Europa Press que la palabra que se ha escuchado desde la bancada de Vox ha sido "gilipollas".


Cuando Montero ha terminado su intervención, la vicepresidenta segunda del Congreso, la 'popular' Ana Pastor, que en ese momento presidía la sesión, ha pedido la retirada del insulto, pero ha preferido no verbalizarlo "por respeto a la Cámara". Como nadie a contestado a su petición, ha optado por ordenar ella misma su retirada del Diario de Sesiones.

"Eso no lo dices a la cara"
Minutos después, durante la intervención del diputado de Compromís, Joan Baldoví, otro diputado de Vox se ha dirigido a gritos al orador desde su escaño.


En esta ocasión ha sido el portavoz de Sanidad, Juan Luis Steegmann, quien le ha espetado "eso no se lo dices a la cara" cuando el diputado valenciano ha mentado al líder del partido, Santiago Abascal, y al vicepresidente cuarto del Congreso, Ignacio Gil Lázaro.

"Cuando quieras y donde quieras", le ha respondido Baldoví, quien acababa de felicitar a Montero por "desenmascarar" con su discurso a estos dos diputados de Vox, unos "chaqueteros", según el parlamentario valenciano, que desertaron del PP cuando se acabaron la ubres que les amamantaban".



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« Respuesta #16032 en: 04 de Noviembre de 2021, 09:07:13 am »
El insulto, el único argumento de Vox.

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« Respuesta #16033 en: 04 de Noviembre de 2021, 10:56:54 am »
El insulto, el único argumento de Vox.

El insulto, la provocación..Vox no tiene programa y al igual que Ayuso tiene que provocar titulares.

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« Respuesta #16035 en: 05 de Noviembre de 2021, 09:03:42 am »

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« Respuesta #16036 en: 05 de Noviembre de 2021, 16:13:34 pm »
Y lo.dice El Mundo...



A Alberto Rodríguez no se le debió privar de su acta de diputado


ANTONIO CUERDA RIEZU
Actualizado Jueves, 4 noviembre 2021 - 02:55
Nada se dice en la norma penal sobre la circunstancia de que el ya electo deba quedar privado definitivamente de su cargo

 
ALBERTO DI LOLLI


Con carácter de derecho fundamental, en Derecho Penal rige la garantía jurisdiccional, lo que significa que solo los jueces y tribunales pueden determinar lo que es o no delito y la pena que corresponde imponer en caso de que lo sea (STC 2/2003, de 1


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« Respuesta #16037 en: 05 de Noviembre de 2021, 16:17:25 pm »
Tendrá que resolver el juzgado. . . no hay más. . .

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« Respuesta #16038 en: 05 de Noviembre de 2021, 17:37:53 pm »

La Fiscalía del Supremo se opone a suspender la condena de Alberto Rodríguez y le recuerda que debe estar 45 días inhabilitado


De momento, su escaño no ha sido cubierto ya que tanto la número dos como la número tres de la lista de Podemos Canarias han rechazado ocuparlo

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ÁNGELA MARTIALAY | MADRID
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La Fiscalía del Tribunal Supremo se opone a que se suspenda la ejecución de la sentencia condenatoria del ex diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, apartado del escaño tras haber sido condenado en firme por agredir a un policía en 2014.

En un informe remitido a la Sala de lo Penal, al que ha tenido acceso EL MUNDO, el Ministerio Público defiende que Rodríguez no puede presentarse a cargo público durante 45 días, "ni más ni menos". La Fiscalía argumenta que "no es el momento procesal oportuno" para paralizar la ejecución del fallo que ha obligado a su inhabilitación para ejercer cargo público puesto que su defensa todavía no ha presentado un recurso de nulidad contra la citada resolución.

Junto a la suspensión de la ejecución del fallo condenatorio, Rodríguez sostuvo ante la Sala que preside Manuel Marchena que la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, "modificó" la condena cuando le retiró el escaño el pasado mes de octubre. Por este motivo, pidió al Supremo que le advirtiera de que tenía que "ejecutar la pena en los mismos términos en que viene establecida en la sentencia".


Esta pretensión es rechazada de plano por la fiscal del Supremo Isabel Rodríguez. "Las consecuencias que una condena penal puedan tener en otros ámbitos regidos por normativas de carácter administrativo exceden del régimen competencia de los tribunales penales. (...) Por ello entendemos que no procede en ningún caso instar o advertir a la presidenta del Congreso de los Diputados sobre cuestión alguna, desde la instancia penal en la que nos encontramos".

El Alto Tribunal condenó a Rodríguez como autor de un delito de atentado a agentes de la autoridad a un mes y medio de prisión por haber pateado a un policía durante una manifestación contra la denominada Ley Wert en La Laguna (Tenerife) en 2014.

"NI MÁS NI MENOS"

El Supremo en su sentencia sustituyó la pena de prisión por una multa de 540 euros, que ya ha sido abonada por el ex parlamentario. Asimismo, la condena comprendía la pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y, en consecuencia, la pérdida del escaño por causa de inelegibilidad sobrevenida.

Sobre la ejecución de la sentencia, la Fiscalía explica que la ejecución de la misma "significa única y exclusivamente que durante el tiempo de un mes y quince días que se fije en tal liquidación, Rodríguez no podrá presentarse a cargos públicos. Ni más, ni menos". De momento, el escaño de Rodríguez no ha sido cubierto ya que tanto la número dos como la número tres de la lista de Podemos Canarias -Fátima González y Patricia Mesa- han rechazado ocupar el mismo.

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La Fiscalía del Supremo se opone a suspender la condena de Alberto Rodríguez y le recuerda que debe estar 45 días inhabilitado
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La Fiscalía del Tribunal Supremo se opone a que se suspenda la ejecución de la sentencia condenatoria del ex diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, apartado del escaño tras haber sido condenado en firme por agredir a un policía en 2014.

En un informe remitido a la Sala de lo Penal, al que ha tenido acceso EL MUNDO, el Ministerio Público defiende que Rodríguez no puede presentarse a cargo público durante 45 días, "ni más ni menos". La Fiscalía argumenta que "no es el momento procesal oportuno" para paralizar la ejecución del fallo que ha obligado a su inhabilitación para ejercer cargo público puesto que su defensa todavía no ha presentado un recurso de nulidad contra la citada resolución.

Junto a la suspensión de la ejecución del fallo condenatorio, Rodríguez sostuvo ante la Sala que preside Manuel Marchena que la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, "modificó" la condena cuando le retiró el escaño el pasado mes de octubre. Por este motivo, pidió al Supremo que le advirtiera de que tenía que "ejecutar la pena en los mismos términos en que viene establecida en la sentencia".


Esta pretensión es rechazada de plano por la fiscal del Supremo Isabel Rodríguez. "Las consecuencias que una condena penal puedan tener en otros ámbitos regidos por normativas de carácter administrativo exceden del régimen competencia de los tribunales penales. (...) Por ello entendemos que no procede en ningún caso instar o advertir a la presidenta del Congreso de los Diputados sobre cuestión alguna, desde la instancia penal en la que nos encontramos".

El Alto Tribunal condenó a Rodríguez como autor de un delito de atentado a agentes de la autoridad a un mes y medio de prisión por haber pateado a un policía durante una manifestación contra la denominada Ley Wert en La Laguna (Tenerife) en 2014.

"NI MÁS NI MENOS"

El Supremo en su sentencia sustituyó la pena de prisión por una multa de 540 euros, que ya ha sido abonada por el ex parlamentario. Asimismo, la condena comprendía la pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y, en consecuencia, la pérdida del escaño por causa de inelegibilidad sobrevenida.

Sobre la ejecución de la sentencia, la Fiscalía explica que la ejecución de la misma "significa única y exclusivamente que durante el tiempo de un mes y quince días que se fije en tal liquidación, Rodríguez no podrá presentarse a cargos públicos. Ni más, ni menos". De momento, el escaño de Rodríguez no ha sido cubierto ya que tanto la número dos como la número tres de la lista de Podemos Canarias -Fátima González y Patricia Mesa- han rechazado ocupar el mismo.


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« Respuesta #16039 en: 06 de Noviembre de 2021, 08:19:41 am »


El juez deniega rebajar la fianza de 52.267 euros al hombre que protestó frente a la casa de Iglesias y Montero


La defensa había pedido la anulación o reducción del importe, pero el magistrado dice que la caución no es "descabellada"

EUROPA PRESSPUBLICADO 05/11/2021 20:16ACTUALIZADO 05/11/2021 20:16
El titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Collado Villalba ha rechazado rebajar la fianza de 52.267 euros impuesta a Miguel Ángel Frontera, el hombre acusado de protestar frente a la casa del exlíder de Podemos y exvicepresidente segundo Pablo Iglesias y de la ministra de Igualdad Irene Montero.

En una providencia de 1 de octubre, a la que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado Javier Carreño ha explicado que la fianza "ha sido calculada teniendo en cuenta, en gran medida, la reclamación de una indemnización por daño moral de los perjudicados".


Así, el juez ha desestimado la petición de la defensa de Frontera, que alegó que se trataba de una caución "absolutamente desproporcionada". Según consta en la providencia del juez, Iglesias y Montero exigen el pago de 10.000 euros a cada uno, cifra que el magistrado no considera "descabellada", por lo que ha concluido que debe "mantenerse la fianza de 52.267 euros".

"Debemos partir de la base de que existe seria dificultad en la determinación de lo que se entiende por daño moral, dificultad que se proyecta, lógicamente, en el terreno de su valoración, y, tal valoración, conforme a reiterada doctrina jurisprudencial no se haya sujeta a previsión normativa alguna sino que ha de efectuarla el órgano judicial discrecionalmente", ha precisado el titular del Juzgado.


La defensa alegó que la suma era "indudablemente excesiva y desproporcionada". Aseguró que el acusado "nunca habría obtenido un beneficio económico de tal importe por realizar las manifestaciones que se le atribuyen y que se califican de calumniosas" e insistió en que "la gravedad de la lesión producida (...) no justificaría tampoco tan importante responsabilidad civil".

La defensa pidió la absolución

Fuentes jurídicas han informado a Europa Press que, en el marco del procedimiento, el equipo jurídico de Frontera ha presentado un escrito de defensa en el que ha pedido la absolución del acusado al considerar que los delitos imputados no tuvieron lugar, tal y como ha adelantado La Razón.


La Fiscalía pide tres años de cárcel para él por dos delitos continuados de injurias graves con publicidad a la autoridad, un delito de acoso y un delito de revelación de secretos. Adicionalmente, el fiscal propone la prohibición de aproximarse a ambos en una distancia inferior a 500 metros y la prohibición de comunicarse con ellos por cualquier medio.

Por su parte, Iglesias y Montero solicitan un año y seis meses de prisión por un delito de coacciones continuadas, un delito de injurias graves contra las instituciones del Estado y un delito de descubrimiento y revelación de secretos.


Frontera se querelló contra Iglesias por denuncia falsa
El propio Frontera decidió mover ficha el pasado mes de abril al querellarse contra Iglesias aduciendo que no incurrió en delito alguno, por lo que habría sido objeto de una denuncia falsa.

El hombre defendió que el propio Iglesias habría reconocido en su declaración del pasado 28 de diciembre en los juzgados de instrucción de Collado Villalba que "solamente se había subido a una roca que existe en el campo, fuera de la propiedad del querellado, no invadiendo por tanto en ningún momento su propiedad", según recogía su querella


Su defensa argumentó que el visionado del vídeo grabado con su teléfono móvil sobre el momento en cuestión permitió "comprobar que no se encarama a la valla, ni invade la propiedad del querellado en ningún momento, sino que se graba desde una roca sita en un lugar público". Por todo ello, considera acreditado que la querella dirigida en su contra "es totalmente infundada" y que Iglesias la interpuso "con pleno conocimiento de su falsedad".