REDUCE EL CASO A UN "ACTO POLÍTICO"
La Audiencia de Zaragoza archiva el caso Ghali para Laya: "Se trataría de un acto político"
"No existen indicios que soporten la conclusión de que conocía la existencia de un interés judicial sobre aquella persona", advierte el tribunal sobre la exministra de Asuntos Exteriores
Por Pablo Gabilondo
26/05/2022 - 21:48 Actualizado: 26/05/2022 - 23:05
La Audiencia Provincial de Zaragoza ha levantado la imputación a la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya en el marco de la investigación sobre la entrada a España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. Según argumenta en un auto al que ha tenido acceso El Confidencial, se trata de "un acto político o de gobierno", por lo que carece de "trascendencia en sede penal" y descarta los indicios que el juez instructor, Rafael Lasala, atribuía a la exministra.
"Este tribunal no puede compartir el criterio del instructor y si bien es innegable que la Sra. González Laya era conocedora de la intención de que el Sr. Ghali fuera tratado en España y tomó parte activa en los preparativos que condujeron a ello, sin embargo, no existen indicios que soporten la conclusión de que conocía la existencia de un interés judicial sobre aquella persona", advierte. "Por ello, procederá revocar la resolución impugnada en este concreto aspecto y declarar haber lugar al sobreseimiento de las actuaciones respecto de la Sra. González Laya (...) sin perjuicio de su reapertura para el caso de que resultasen nuevos indicios contra dicha persona".
Foto: El líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. (EFE)
El juez del caso Ghali mantiene imputada a Laya pese a archivar a su ex número dos
Pablo Gabilondo
El tribunal atiende así los recursos de la Fiscalía y la Abogacía del Estado contra el auto que el juez Lasala dictó el 10 de marzo, cuando acordó levantar la imputación al exdirector del Gabinete de González Laya, Camilo Villarino, y, sin embargo, mantuvo como investigada a la exministra. El magistrado apunta a los posibles delitos de falsificación de pasaporte, prevaricación y encubrimiento, pero tras la decisión de la Audiencia Provincial de Zaragoza, ya no queda ni un solo investigado en la causa.
Falsedad, encubrimiento y prevaricación
A lo largo de 14 páginas, la Audiencia Provincial va descartando uno por uno los delitos que mantenían a González Laya imputada, para lo que se apoya en el auto del propio juez instructor: "Sobre la falsedad documental, dice que, hasta el momento, no se había conseguido indicio alguno de que participaran en la falsificación de un documento de identificación personal o en la presentación en el mismo en el Hospital de San Pedro, de Logroño", advierte el tribunal, refiriéndose así a cómo el líder del Frente Polisario utilizó una identidad falsa tras llegar a España el 18 de abril. "Esto (...) lleva a rechazar la eventual existencia de un delito de falsedad en lo relativo al uso del pasaporte". En cuanto a los presuntos delitos de encubrimiento y prevaricación, los mismos se basan en la sospecha de que el Gobierno pudo facilitar la entrada ilegal de Ghali en España al no obligarle a pasar un control de aduana tras aterrizar en la base aérea de Zaragoza. Según las acusaciones populares, las autoridades eran "conocedoras de que existía una orden de localización del Sr. Ghali librada por un Juzgado Central de Instrucción [de la Audiencia Nacional]", por lo que su forma de actuar tenía "la finalidad de evitar que se supiera la entrada en España de dicho señor" y, de esta manera, conseguir que "no quedara constancia de quién era, en realidad, la persona que accedía".
Frente a esta tesis, la Audiencia Provincial de Zaragoza reconoce que "a nivel indiciario parece indudable que el Sr. Ghali accedió a territorio español sin someterse a los controles fronterizos a que debería y esto fue una decisión expresa de personas relacionadas con el poder ejecutivo", pero insiste en que "dicha decisión se trataría de un acto político o de gobierno al que no podría darse trascendencia en sede penal". En cuanto a la orden de localización, también destaca que en ella "no se acordaba ningún tipo de medida cautelar como la prisión provisional u otra ni se acordaba su busca y captura, sino que se limitaba a la averiguación de domicilio". Aclarado ese punto, el auto se centra entonces en si González Laya conocía "el interés judicial sobre el paradero del Sr. Ghali" y, tras repasar las fechas claves del caso, considera que no existen indicios al respecto: "Aunque se compartiera con el instructor que dado que se trataba de una operación que afectaba a varios ministerios y era necesaria la adecuada coordinación entre ellos, y que de conformidad con el artículo 2 de la Ley 50/1997 del Gobierno, sería al presidente del Gobierno a quien correspondería la coordinación (...), esto no apuntaría más que a la posibilidad de que fuera el presidente del Gobierno quien ordenara que se adoptaran las medidas".
Consecuentemente, no cabe decir "que las personas que aparecen como investigadas en esta instrucción conocieran que la Audiencia Nacional tenía interesada su localización", y menos sin "indicio alguno" contra González Laya. "Permitir la entrada del Sr. Ghali de forma sigilosa para no afectar nuestra relación con otros países forma parte de las relaciones exteriores de nuestro reino", argumentan los magistrados. "Lo acertado o no de dicha decisión y las consecuencias de ella derivadas podrá ser objeto de crítica, y lo fue, pero como mantiene el instructor, es un acto político que excede del ámbito de la prevaricación".
La Abogacía ve "impertinente" la imputación de Laya y pide el archivo del caso Ghali
El Gobierno acusa al juez de impulsar una investigación prospectiva e insiste en que no era necesario que el líder del Frente Polisario pasara por el "tan cuestionado" control de pasaporte porque tiene DNI español
Gema Huesca
Publicado 27/09/2021 20:34Actualizado 27/09/2021 20:54
La Abogacía General del Estado ha salido en defensa de Arancha González Laya. Después de anunciar que le representará tras su imputación en la causa abierta por la entrada de Brahim Ghali en España, los servicios jurídicos del Gobierno han dado un paso más y han tildado de "impertinente" esta citación. Además, arremeten contra el magistrado al frente de esta investigación, Rafael Lasala, al que acusan de impulsar una investigación "prospectiva" tratando de "encontrar algo" para incriminar a la antigua ministra de Asuntos Exteriores.
Así se desprende de un escrito remitido a la causa y recogido por Vozpópuli en el que solicitan de nuevo el archivo del procedimiento al considerar que no hay indicios reales contra los imputados. La Abogacía -que ya asumió la defensa de Camilo Villarino- defiende que el líder del Frente Polisario entrara en España sin pasar por "el tan cuestionado" control de pasaporte ya que ostenta la nacionalidad española y es titular de un DNI en vigor.
El Gobierno reacciona de esta forma a la imputación de la exjefa de la diplomacia española, después de que su exmano derecha, Camilo Villarino, explicara en su declaración en sede judicial que acató órdenes de la exministra. Según expuso, las indicaciones que dio acerca de la llegada de Ghali a España el 18 de abril provenían de González Laya. Villarino aseguró que le dijo que tenía que llevar a cabo la gestión con discreción porque había terceros países que desconocían de su llegada a España (en referencia a Marruecos).
Su versión, unido a los whatsapps incorporados a la causa, propiciaron la imputación de la exministra así como la citación en calidad de testigos de la exjefa de gabinete de Carmen Calvo, Isabel Valldecabres, y su homóloga en el departamento de Interior, Susana Crisostomo. El magistrado al frente del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza (que ya ha adelantado que en función de lo que declare Valldecabres decidirá si citar como testigo a la exvicepresidenta del Gobierno), trata de indagar si se cometieron los delitos de prevaricación y falsedad documental con motivo de la entrada del líder saharaui y su salida, que se produjo ya el 2 de junio.
"Diligencias inútiles"
Al respecto la Abogacía vela armas de cara a la próxima cita judicial de González Laya calificando su citación de “impertinente”. En concreto, la Abogada del Estado María del Mar González Bella, asegura que la declaración de la exministra “no va a aportar mayor aclaración sobre los hechos investigados” y apunta que si la decisión de permitir la entrada de Ghali en España por razones humanitarias sin control de pasaporte “es conforme a Derecho”, sería “indiferente” quienes tomaron la decisión de que aterrizase en la Base Aérea Militar de Zaragoza.
Mientras las acusaciones sostienen que se trató de una entrada furtiva y al margen de la ley puesto que el avión de Brahim Ghali no pasó por los controles de aduana y pasaporte, la Abogacía se sitúa en la tesis contraria. De hecho, arremete contra el juez por tratar de buscar indicios de delito ante la ausencia de datos que incriminen al Gobierno y califica de “innecesarias e inútiles” las diligencias acordadas en el marco de esta causa penal. Entre ellas incluye la relativa a la dirigida a la oficina Sirene de España.
El objetivo de esta medida, adelantada Vozpópuli, es esclarecer si había "descripciones a efectos de detención o localización" del líder del Frente Polisario en cualquier de los 26 estados que forman parte del Espacio Schengen. "Hay algún indicio de que en Sirene conste alguna medida acordada por las autoridades de otros Estados o simplemente ante la inexistencia de de medidas acordadas por los Juzgados Centrales de Instrucción se está buscando algún pretexto para mantener abierta una investigación por delito de encubrimiento que ha quedado plenamente desvirtuado?", se preguntan los Servicios Jurídicos del Gobierno.
