Autor Tema: Estos políticos...  (Leído 920625 veces)

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« Respuesta #17320 en: 05 de Marzo de 2023, 08:19:31 am »

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« Respuesta #17321 en: 06 de Marzo de 2023, 08:14:49 am »
Robos con palanca y tarjetas de crédito falsas: el historial delictivo del 'Mediador' Navarro Tacoronte


El Tribunal Supremo confirmó en 2008 una condena de siete años y medio de prisión para Marco Antonio Navarro Tacoronte por robar en dos fábricas y una gasolinera además de usar tarjetas de crédito falsificadas, sentencia que intentó evitar alegando que era confidente de la Policía Nacional



La investigación del 'caso Mediador' debe su existencia y su nombre a un Marco Antonio Navarro Tacoronte. Tanto a su papel dentro de la trama, como enlace entre políticos y empresarios, como, sobre todo, por los más de 120 gigas de fotos, vídeos y audios que aportó de sus teléfonos y que constituyen la columna vertebral del sumario de la causa que ha motivado la dimisión del diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, y su sobrino Taishet Fuentes, ambos detenidos y acusados de graves delitos de corrupción. Según ha podido saber elDiario.es, el “Mediador” Navarro cuenta con un largo historial delictivo que acumula condenas de prisión por cinco sentencias distintas. La más grave le impuso siete años y medio de cárcel por robar en varias industrias y gasolineras además de por usar tarjetas bancarias falsas. Ya entonces, en esa causa, Navarro Tacoronte intentó sin éxito librarse del banquillo alegando que era confidente de la Policía Nacional.

Octubre de 2003. Polígono industrial del Matorral, en la localidad canaria de Puerto del Rosario, en Fuerteventura. Marco Antonio Navarro Tacoronte, que entonces tiene 28 años, usa una palanca para forzar la puerta de entrada de la nave industrial de Panrico y, accediendo a través de las oficinas, se lleva 3.000 euros de uno de los cajones del escritorio. Unos días después se hace con las llaves y los códigos de la caja fuerte y la alarma de una gasolinera de la misma localidad y roba 39.000 euros más.

A mediados de noviembre de ese mismo año, mientras Navarro distrae a un empleado, uno de sus compinches entra en las oficinas de Matutano en el polígono de la Hundura y roba 1.900 euros además del bolso de una empleada a la que ha engrilletado. Unos meses antes también fue investigado por un robo en otro polígono de Puerto del Rosario, pero no se pudo probar que sustrajera 6.241 euros de la caja fuerte de las oficinas de Bimbo. Tampoco que actuara en connivencia con un inspector de Policía Nacional juzgado y absuelto varias veces en casos de montajes policiales.

Estos tres robos se tradujeron en la condena más grave para el que dos décadas después se convertiría en la cara visible del 'caso Mediador': siete años y medio de cárcel por robo con fuerza, robo con intimidación y falsedad en documento mercantil en concurso con otro de estafa. Este último delito viene porque, además, la Justicia constató que usó 17 tarjetas de crédito ilegalmente duplicadas para obtener 18.140 euros de forma irregular.

La Audiencia de Las Palmas le condenó en 2007 y, un año después, la sala de lo penal del Tribunal Supremo confirmaba su condena. El recurso de Navarro Tacoronte fracasó tras poner un argumento principal encima de la mesa de los jueces: que hizo todo por miedo a un inspector de Policía Nacional, de quien era “confidente y ejecutor de sus decisiones”, dijo.

El Supremo no compró su última estrategia de defensa. “No puede sostenerse que actuó a causa de amenazas de muerte del citado inspector, ni que todas sus actividades delictivas se debieron a la orden y compulsión de aquél”, dijeron los jueces.

La alegación que hizo el entonces abogado de Navarro Tacoronte lleva a la parte policial del caso: varios agentes fueron juzgados y condenados en primera instancia, con un inspector acusado de actuar en connivencia con un Mediador que empezaba a escribir su largo historial delictivo. Finalmente fueron absueltos y la supuesta trama policial que rodeaba a Navarro Tacoronte quedó sin probar. La mujer que había sido condenada junto con él por la falsificación de las tarjetas de crédito fue, además, indultada en 2011.

Robos, estafas y conducir sin carnet
Este caso no es la única condena que refleja el historial penal de Marco Antonio Navarro Tacoronte. También fue condenado en otra causa por falsificación de documentos públicos, en otra más por estafa, en una por abandono de familia y en otra más por conducir sin carnet. Pero esta causa cuyo contenido revela elDiario.es sobre los robos y las tarjeta falsificadas tuvo una ramificación policial. Junto con el 'Mediador' se sentaron en el banquillo hasta un inspector y tres agentes de Policía.

Uno de ellos era entonces jefe del grupo de Policía Nacional de Puerto del Rosario y se le acusó no solo de estar compinchado con Navarro Tacoronte en algunos de sus robos y estafas, sino de haber falsificado atestados y pruebas en la detención de varios acusados de robo. Les atribuyeron la posesión de varios pasamontañas, navajas, cuchillos y guantes que en realidad habían sido encontrados en otro registro.

La Audiencia de Las Palmas absolvió a los policías y condenó al inspector a cuatro años de cárcel por falsedad en documento oficial. La sentencia le absolvió del resto de cargos y, por tanto, de haber estado compinchado con Navarro Tacoronte: “No se ha acreditado que los acusados se concertaran en el propósito de beneficiarse ilícitamente de lo ajeno, planeando y ejecutando sustracciones en establecimientos.”

A pesar de esta absolución, el 'Mediador' intentó hacer valer esta supuesta relación no probada con el mando policial para buscar su propio perdón judicial. Y el caso no terminó allí. La documentación que ha podido examinar este periódico revela que en 2008 el Supremo, además de declarar firme la condena de Navarro Tacoronte, ordenó repetir el proceso contra este policía por un error judicial: fue condenado por un delito, el de falsedad documental, por el que ni siquiera había estado imputado. También porque su auto de procesamiento no incluía los hechos de los que se le acusaba.

El Supremo dedicó duras críticas tanto al juez que firmó el auto como al tribunal que avaló este procedimiento para condenarle. “La indefensión, pues, fue absoluta, y también la postura de los jueces, no velando por la pureza del procedimiento, y con el cumplimiento de las disposiciones legales”. Tres años más tarde el asunto volvía a ser juzgado en la Audiencia de Las Palmas y el mando policial era absuelto, en una sentencia que firmó Salvador Alba, juez corrupto hoy encarcelado por conspirar contra Victoria Rosell. El tribunal dejó claro que creía que todos los policías implicados habían mentido y expresando su “pesar” les denunció por falso testimonio, absolviendo al que había sido acusado de colaborar con Navarro Tacoronte en los robos.

Acusaciones de montaje policial
Dos de estos policías absueltos volvieron al banquillo en 2018, esa vez acusados de endosar un paquete de cocaína a unos detenidos en Puerto del Rosario, y por segunda vez fueron absueltos. Los hechos por los que estaban acusados ocurrieron en enero de 2004, fechas en las que también fueron acusados de falsificar otro atestado y de colaborar con 'el Mediador' en sus robos. En un primer momento ese caso había terminado en condena con la firma de Salvador Alba pero el Supremo anuló la resolución y ordenó repetir el juicio.

Casi una década después de entrar a palanca en varias oficinas de Puerto del Rosario y robar miles de euros, Marco Antonio Navarro Tacoronte vuelve a estar bajo la lupa de la Justicia, esta vez casi por iniciativa propia en el centro de una trama de supuesta corrupción que se ha cobrado la carrera de dos cargos socialistas, el diputado al que todo el país llama ya el Tito Berny, que incluye fotos del político con supuestas prostitutas y compañeros de juergas consumiendo cocaína. Cómo llegó este delincuente común, habitual de las comisarías, a relacionarse con un diputado del Congreso es lo que ahora está investigando un juzgado canario. De entrada, fue este mediador el que entregó a la Policía sus dos teléfonos móviles con más de 100.000 fotos, audios y vídeos que había grabado a lo largo de los años de sus reuniones con políticos y empresarios, en Madrid y en Canarias. Lo hizo al verse acusado de estafar al entonces director de deportes del Cabildo de Tenerife a través, precisamente, de su tarjeta de crédito haciendo compras no autorizadas.

Esa causa se archivó pero dio pie a la apertura del hoy conocido como 'caso Mediador' con un ya exdiputado del PSOE, Juan Bernardo Fuentes acusado de cobrar 15.000 euros a cambio de que otros miembros de la trama favorecieran a empresarios en sus negocios en Canarias.

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« Respuesta #17322 en: 06 de Marzo de 2023, 11:44:23 am »

Condenado el expresidente de Murcia (PP) a tres años de cárcel por prevaricación

Por Alberto Órfão
6 de marzo de 2023, 11:33
-
El expresidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, en una reunión con el exministro Íñigo de la Serna. Marta Fernández / Europa Press
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La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado a Pedro Antonio Sánchez como autor de dos delitos de prevaricación por el caso del auditorio de Puerto Lumbreras.

Además de la condena de tres años de cárcel, Sánchez no podrá acceder a un cargo público durante 17 años y 3 meses.

EUROPA PRESS/MURCIA La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado al ex presidente del Gobierno murciano Pedro Antonio Sánchez a tres años de prisión, una multa de 3.600 euros y 17 años y 3 meses de inhabilitación especial para cargo o empleo público como autor de dos delitos de prevaricación (el primero de ellos continuado en concurso con uno de falsedad), en relación con el proyecto del auditorio de Puerto Lumbreras cuando era alcalde de la localidad.

Igualmente, ha condenado como cooperadores necesarios de los delitos de prevaricación a la que fuera secretaria accidental del ayuntamiento, y un arquitecto, a la pena de inhabilitación especial para cargo o empleo público durante 15 años y 6 meses, la primera, y 16 años y 6 meses, el segundo, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU) en un comunicado.

Respecto al primer hecho delictivo, el tribunal considera probado que Sánchez, cuando era alcalde, sabedor de la existencia de subvenciones a corporaciones locales para el desarrollo de determinadas edificaciones culturales, encargó al arquitecto acusado, "verbalmente y sin previo expediente alguno de contratación" un proyecto para solicitar tal ayuda. Y, posteriormente, conseguida la ayuda, convocar el concurso de proyectos, "totalmente condicionado a que el ganador fuera el arquitecto".


Y, en relación con el segundo delito de prevaricación, la Sala constata que una vez concedida la subvención, cuando el arquitecto detecta "que existía inviabilidad técnica y económica en la ejecución del proyecto" lo comunica al alcalde y juntos, con la funcionaria municipal, "convinieron la confección de un proyecto modificado que permitiera justificar ante la Comunidad Autónoma la inversión de la subvención e impedir el reintegro, aunque ello supusiera dejar la obra inacabada".

Los magistrados, según recoge el fundamento jurídico segundo, consideran que "la prueba documental, testifical y pericial es contundente en la acreditación de la tesis de las acusaciones".


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« Respuesta #17323 en: 07 de Marzo de 2023, 06:37:09 am »

Rosario Velasco, la única edil de Abascal en Albacete, abandonará Vox por sufrir “ensañamiento deplorable de gente que se hace llamar de bien”


Ha asegurado haber recibido “amenazas, coacciones y un ensañamiento deplorable rastrero de gente de su partido que se hace llamar ‘gente de bien’ y gente que pretende entrar en política”.

Fuente: La Cerca/Europa Press - Lunes, 06 de marzo de 2023

Velasco: “Cuando termine el mandato abandonaré este partido. Partido al que no reconozco, partido que no es el partido del año 2019, partido en el que no existe ningún tipo de democracia y partido en el que he perdido la ilusión”

Velasco, que ha dado una rueda de prensa para informar que, como portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Albacete, ha devuelto 7.075,47 euros de la subvención que ha recibido del Consistorio del ejercicio 2022, ha asegurado que ya “no reconoce” a su partido y que “ha perdido la ilusión” en él.

“Antes de terminar este mandato convocaré a todos los medios y de una manera detallada y pormenorizada les explicaré los momentos buenos, los regulares y el sufrimiento que he soportado durante todos estos años. Sufrimiento que ningún ser humano merece, sufrimiento que nadie que está defendiendo desde un primer momento los ideales y valores de un partido merece recibir”, ha asegurado Velasco, que ha dicho ver con “enorme pena y tristeza cómo se desmorona un proyecto en el que tantos confiamos”.

Tras aseverar que no dimitió de forma voluntaria como “presidente” del partido en la provincia en el año 2019 y que ya explicará “quién o quiénes exigieron” su dimisión y “para qué”, se ha preguntado “por qué la parte orgánica de este partido en la provincia sigue en pie de guerra”, al tiempo que ha mostrado “tristeza” y su “más absoluta decepción ante la inacción de los responsables nacionales del partido ante los continuos desmanes y la poca seriedad de quienes dirigen el partido a nivel provincial”. “Quédense con estas frases”:

“Es una sola concejal y su trabajo no le interesa a nadie”

“Es una hija de puta, me la he cargado como presidente y me la voy a cargar como concejal”

“Vas a recibir un correo, vas a tener que tomar una decisión y tu vida va a cambiar”

“Mereces un castigo”

“¿Quién es el máximo responsable de este desaguisado en la provincia? Llevamos seis gestoras en menos de cuatro años, lo que indica que evidentemente algo no va bien y se traduce en continuas bajas, desilusión y desconfianza por parte de nuestros votantes y afiliados”.

Velasco, que ha dicho que más adelante dará a conocer las respuestas a todas estas cuestiones que ha lanzado este lunes, ha denunciado que “el ensañamiento que ha sufrido y que se ha permitido es lo más bajuno, lo más deplorable y lo más rastrero de gente que se hace llamar ‘gente de bien” y gente que pretende entrar en política”.

“Gente así no la quiero cerca. Espero y deseo no recibir ningún tipo de coacción ni amenaza, ni una más”, ha concluido la edil de Vox en el Consistorio albaceteño, que ha añadido que con la devolución de los 7.075,47 euros correspondientes al 2022, ha devuelto un total de 31.587,06 euros en lo que va de legislatura, “lo que supone más de un 80% de lo recibido”.

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Re: Estos políticos...
« Respuesta #17324 en: 07 de Marzo de 2023, 06:40:16 am »
Macarena Olona
@Macarena_Olona
“Es una hija de puta, me la he cargado como presidente y me la voy a cargar como concejal”.

Todo mi apoyo,
@Velherro
. Ahora empezará el señalamiento público y la campaña de desprestigio. Tu trabajo, tu palabra y tus pruebas son irrefutables. Palante. De frente y por derecho.

https://twitter.com/Macarena_Olona/status/1632712723573227521

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« Respuesta #17325 en: 07 de Marzo de 2023, 08:00:58 am »
La señora Delegada debe ser cesada de inmediato si se confirma ese aviso.

https://twitter.com/Doct_Tricornio/status/1632833558636109826

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Re: Estos políticos...
« Respuesta #17326 en: 07 de Marzo de 2023, 14:05:50 pm »
La señora Delegada debe ser cesada de inmediato si se confirma ese aviso.

https://twitter.com/Doct_Tricornio/status/1632833558636109826

E imputada por revelación de secretos

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Re: Estos políticos...
« Respuesta #17327 en: 07 de Marzo de 2023, 16:21:43 pm »

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La Guardia Civil investiga las cuentas de su Comandancia en Tenerife tras el escándalo del 'tito Berni


La Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil ha intervenido este martes la tesorería de la Comandancia de Tenerife en busca de documentación del caso 'Mediador'

La Guardia Civil investiga las cuentas de su Comandancia en Tenerife tras el escándalo del 'tito Berni' Un agente de la Guardia Civil.
BORJA MÉNDEZ
PUBLICADO 07/03/2023 14:12
ACTUALIZADO 07/03/2023 14:37
La Guardia Civil investiga las cuentas de su Comandancia en Tenerife tras el escándalo del tito Berni, después de que se le adjudicaran varias obras a un empresario que figura en el sumario del caso Mediador. Un interventor ha sido enviado desde Madrid para controlar las cuentas antes las sospechas de irregularidades por la contrataciones de obras y equipamientos, según han informado a Vozpópuli fuentes del Instituto Armado.

Las mismas fuentes apuntan que la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil está solicitando información a todas las unidades del Cuerpo, tal como ha publicado en redes sociales la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). Asuntos Internos tiene abiertas diferentes investigaciones con un denominador común: los presuntos amaños en la adjudicación de obras en acuartelamientos y de compra de material. Por el momento hay dos juzgados, uno en Madrid y otro en Valencia, que investigan estos hechos.


Esta investigación tiene lugar poco después de que haya estallado el caso Mediador, que implica al exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo y a un general de la Guardia Civil, Francisco Javier Espinosa Navas, así como a una serie de empresarios que supuestamente abonaban mordidas a los primeros para acceder a favores o fondos públicos.


Uno de los nombres que recoge el sumario del caso Mediador, al que ha tenido acceso Vozpópuli, es el del empresario Ángel Ramón Tejera de León, conocido con el sobrenombre de Mon, que no figura como investigado en la causa. Las empresas de Tejera de León han sido adjudicatarias de varias licitaciones públicas para la reforma o la ejecución de obras en numerosos cuarteles de la Guardia Civil, que la Justicia ahora investiga.



Adjudicaciones en Tenerife
Este diario ha localizado al menos una decena de adjudicaciones de diferentes comandancias de la Guardia Civil a una de las empresas de Tejera de León, con contratos que se firmaron entre 2016 y 2020. En el caso de la Comandancia de Tenerife, se le encomendaron varios encargos a esta sociedad para reformar las dependencias del Instituto Armado de Guía de Isora, Valverde de El Hierro, Tijarafe y Santa Cruz de la Palma, cada uno de ellos por un valor cercano a los 39.000 euros (sin impuestos).

Esta misma empresa, además, ha realizado otros trabajos para la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras -dos de ellas en el acuartelamiento de Tarifa, con sendos contratos ejecutados en la misma fecha para el "bloque 3" y el "bloque 4", y otra en el de San Roque-. También en el cuartel de Dolores (Alicante).


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Re: Estos políticos...
« Respuesta #17328 en: 07 de Marzo de 2023, 17:32:41 pm »

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« Respuesta #17330 en: 08 de Marzo de 2023, 02:01:25 am »
Sostenella y no enmendalla. . .

Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk


"No hay hechos, sino interpretaciones" Nietzsche

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Re: Estos políticos...
« Respuesta #17331 en: 08 de Marzo de 2023, 07:17:31 am »
Pero WhatsApp es privado, no?

El sobrino del 'tito Berni' borró los chats con los implicados en la trama


Taishet Fuentes, el exdirector general de Ganadería del Gobierno canario, borró parte del contenido de los mensajes de WhatsApp que intercambió con los otros miembros de la trama



El sobrino del 'tito Berni' borró los chats con los implicados en la trama El sobrino del tito Berni borró parte de las conversaciones con los implicados en la trama Gabriel G. Kovac

GONZALO ARALUCE
GEMA HUESCA
BORJA MÉNDEZ

PUBLICADO 08/03/2023 04:45
ACTUALIZADO 08/03/2023 04:50
La Policía Nacional detectó que Taishet Fuentes, exdirector general de Ganadería del Gobierno canario, borró parte de la información de su teléfono móvil, en concreto las conversaciones con los otros miembros de la trama que presuntamente lideraba su tío, el exdiputado socialista Juan Curbelo, alias el 'tito Berni'. Así consta en el sumario del cas Mediadoro, al que ha tenido acceso Vozpópuli, cuando los investigadores tuvieron acceso al terminal del sobrino del congresista.

Los agentes del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional realizaron diligencias de previsualización del teléfono móvil de Taishet Fuentes, que fue incautado en el momento de la detención. La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife autorizó en un auto el análisis superficial y preliminar del Samsung modelo Galaxy A 32, terminal que era propiedad del sobrino del 'tito Berni'.

En un primer reconocimiento, los investigadores comprobaron la existencia de chats de WhatsApp que evidencian la vinculación del exconsejero canario con distintos miembros de la trama como su tío Juan Bernardo Fuentes o el mediador Marcos Antonio Navarro Tacoronte. También mantenía contacto con empresarios como Antonio Bautista, Alberto Montesdeoca, María Inmaculada Roca Enrich, José Santiago Suárez Esteve, Marta Isabel Suárez Cuevas y con Miguel Ángel Robayna. Todos ellos investigados por el denominado caso 'Mediador'.

Los agentes apreciaron que parte del contenido de estas conversaciones fue borrado y advierten de que, con "un ulterior volcado forense", se podría "rescatar cierto contenido borrado y [ejecutar] un análisis con mayor profundidad". Taishet mantuvo reuniones con algunos de estos empresarios en la sede de la Dirección General de Ganadería en Las Palmas. Después de uno de estos encuentros, el 16 de enero de 2021, los investigadores constataron que el sobrino del 'tito Berni' recibió 500 euros de una de estas empresas en su cuenta corriente, siempre de acuerdo a las pesquisas recogidas en el sumario.

Amenaza de un empresario
Un día antes de recibir este dinero, el empresario le preguntó por esta transacción económica a lo que el exconsejero respondió: "Coméntale a Antonio (Tacoronte) que, que no, que miré ahora el recado que me diste y no, no había llegado. Ya llegará mañana, pasado o el lunes". Este 'negocio' no volvió a salir a la palestra hasta los días 27 y 28 de abril cuando el empresario amenazó al mediador con interponer una demanda por los pagos de 44.000 euros que ha efectuado.

Este hombre, Suárez Esteve, acudió al sobrino del 'tito Berni' para quejarse de la situación. Taishet le calmó manifestándole que ya tiene "partida para su negocio". "Tenía ganas de llamarlo a ver cómo coño lo hacemos, si tienen ya la empresa fiscalizada aquí... Y ver el tema de... del suministro, lo que íbamos a hacer que ya tengo ya la partida", señaló el por entonces consejero de Ganadería de Canarias en una conversación telefónica el 29 de abril de 2021 con el empresario.

Anotaciones en un documento oficial
Los agentes también intervinieron en la casa de Taishet Fuentes un documento de la Dirección de Ganadería de Canarias, firmado electrónicamente por él mismo, el 3 de diciembre de 2021, con una serie de anotaciones manuscritas en color rojo: "Julián Pérez Alonso de Santa Barba-Sanción" y "Hotel Victoria 4. Lunes 13 DIC 15:30 16 DIC 17 DIC". Precisamente en este hotel de Madrid se celebraban fiestas con prostitutas, pagadas por la rama empresarial y que contaban con los políticos.

El exconsejero canario tenía dos ordenadores portátiles y un dispositivo móvil en el salón de su casa. Todo ello fue reclamado y trasladado a dependencias policiales desde su domicilio en Fuerteventura. También se incautaron los investigadores de dos libretas, la agenda, el cuaderno y el documento en el domicilio del sobrino del 'tito Berni'. El material informático recogido por los agentes será analizado en profundidad en fechas posteriores, tal como avanza la Policía Nacional en su informe. Los agentes realizaran un análisis forenses ulterior donde podrán ver el contenido de las conversaciones borradas por el titular del teléfono móvil.

En la actualidad Thaiset permanece en libertad. El único investigado que se encuentra en prisión provisional es el general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas. La titular del juzgado de instrucción número 4 está a la espera de recibir las pertenencias del exdiputado del PSOE en el Congreso de los Diputados. Un requerimiento que fue aceptado por la presidenta de la cámara baja, Meritxell Batet.


La juez María de los Ángeles Zabala Sanz considera que el exdiputado socialista Fuentes Curbelo era el "líder de la rama política de la organización criminal". Además, la magistrada adelanta que la Comisaría de Policía del Congreso le ha informado que en el antiguo despacho del 'tito Berni' hay "diversa documentación y efectos personales", entre ellos un "ordenador de sobremesa", que será requisado para las diligencias.

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« Respuesta #17332 en: 08 de Marzo de 2023, 12:13:45 pm »

El Constitucional admite a trámite el recurso de Vox contra la supresión del delito de sedición


El partido de Abascal denuncia que la desaparición de esta figura penal implica un riesgo para los principios constitucionales básicos
El presidente de Vox, Santiago Abascal, atiende a los medios antes de presentar el recurso de inconstitucionalidad contra la supresión del delito de sedición, el 19 de enero.
El presidente de Vox, Santiago Abascal, atiende a los medios antes de presentar el recurso de inconstitucionalidad contra la supresión del delito de sedición, el 19 de enero.
MARTA FERNÁNDEZ JARA - EUROPA P (EUROPA PRESS)
José María Brunet
JOSÉ MARÍA BRUNET
Madrid - 07 mar 2023 - 15:13
ACTUALIZADO: 07 MAR 2023 - 19:45 CET
El Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por el grupo parlamentario Vox contra la reforma del Código Penal que supuso la supresión del delito de sedición. El Gobierno lo justificó como un paso necesario para la equiparación de la legislación española con la de otros países europeos. Para Vox, en cambio, la desaparición de la citada figura penal implica un riesgo para principios constitucionales básicos, como el de la unidad territorial de España, al privar a los tribunales de instrumentos para su defensa.


Este recurso es sobre el fondo de la reforma. Se trata, por tanto, de una iniciativa distinta a la que tomó el PP para cuestionar la tramitación de dos enmiendas que perseguían aprovechar la misma ley para introducir unas normas que facilitaran la renovación del propio Constitucional. El PP pidió medidas cautelares que el tribunal aprobó y que impidieron que el Senado pudiera votar las citadas enmiendas.

MÁS INFORMACIÓN
Claves de la reforma del delito de sedición: un cambio legal para reducir la pena a los condenados y los huidos del ‘procés’
El recurso de Vox conta la reforma del Código Penal fue presentado el pasado 19 de enero, centrándose en cuestionar la desaparición de la sedición como tipo penal y una rebaja de penas en el caso de la malversación. La impugnación solicitaba al tribunal que anule estos cambios legales por considerar que constituyen “una amnistía para los autores de ambos delitos”.

Afirma que con estos cambios legislativos se ha producido “una flagrante violación del principio de legalidad”, porque se han hecho “para beneficiar a unos pocos, por motivos de oportunidad política”. Lo que se pretende —añade el recurso― es “permitir que los condenados por los más graves delitos contra la nación y la Constitución puedan volver a participar, en igualdad de condiciones con cualquier español, en la vida política”.

El texto incide en que “los derechos no se establecen para personas singulares, sino para la generalidad de los ciudadanos”, y que “en esto radica el principio de igualdad ante la ley y en la aplicación de la ley consagrado en los artículos 1 y 14 de la Constitución”.

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La tesis de Vox es que la citada ley ha tenido “por exclusiva finalidad beneficiar a los condenados y encausados por delito de sedición” en el juicio del procés, “e indirectamente facilitar o proteger penalmente a quienes en el futuro pudieran desarrollar actos de la misma naturaleza o contenido”, así como permitir que los ya indultados por el Gobierno “vean reducida la pena accesoria de inhabilitación para el empleo o cargo público y poder concurrir a procesos electorales o administrativos, al reducir las penas de la malversación”.

Durante el debate parlamentario de la reforma de la sedición el pasado diciembre, Vox ya intervino contra esta ley, al igual que el PP, mediante una solicitud de amparo y la petición de una medida cautelarísima contra las enmiendas del PSOE y Podemos, cuyo objetivo era que el tribunal de garantías pasara a tener una mayoría progresista a la mayor brevedad. La propuesta de estos cambios obedecía a que la anterior composición del Constitucional –que hasta enero tuvo una mayoría conservadora- y los relevos de cuatro magistrados se tenían que haber producido en junio pasado, cuando terminaba su mandato.

En su recurso de inconstitucionalidad, Vox pidió que el tribunal anule en su integridad la reforma del Código Penal “de forma urgentísima”, y en paralelo recusó a su presidente, Cándido Conde-Pumpido, así como a los magistrados Juan Carlos Campo, Laura Díez y María Luisa Segoviano. Tanto en este caso como en otros 54 planteados por Vox, el Constitucional ha rechazado estas recusaciones, ya sea por entender que no son admisibles las que cuestionan el mantenimiento del quórum –que requiere la presencia de al menos 8 de sus 11 magistrados-, como por considerar que ya han perdido sentido. Éste es el caso de las recusaciones presentadas contra el exministro de Justicia Juan Carlos Campo, que ya se ha abstenido en una veintena de asuntos debido a su anterior cargo, o en aquello recursos que afectan a decisiones tomadas desde la presidencia del Congreso, por su actual relación con la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet.

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« Respuesta #17333 en: 09 de Marzo de 2023, 09:54:39 am »
Hay que cuidar el detalle...


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« Respuesta #17334 en: 09 de Marzo de 2023, 12:48:03 pm »

En su mandato en Badalona

La Fiscalía pide dos años y diez meses de cárcel para García Albiol, exlíder del PP catalán, por prevaricación


La Fiscalía reclama una multa de 9.000 euros, 17.000 euros de responsabilidad civil y 10 años de inhabilitación para el exalcalde de Badalona y expresidente del PP de Cataluña.
 
Los Pandora Papers apartan a Xavier García Albiol de la alcaldía de Badalona tras año y medio de mandato

Pedro Gómez
09 mar 2023 | 12:02
 

La Fiscalía pide para el exalcalde de Badalona Xavier García Albiol, expresidente del PP catalán y excandidato a la Generalitat, dos años y diez meses de cárcel por los delitos de prevaricación urbanística y medioambiental.

Fuentes fiscales han confirmado a laSexta que presentarán este escrito en el juzgado de instrucción 4 de Badalona, en la causa que investiga la colocación de unas antenas de telefonía.

Además de la pena de prisión, la Fiscalía reclama para Albiol el pago de una multa de 9.000 euros, 17.000 euros en concepto de responsabilidad civil y 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público.

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A través de un mensaje en su cuenta personal de Twitter, el edil catalán ha vinculado la presentación del escrito con la celebración de las elecciones municipales a finales de mayo, en las que encabezará la plancha del Partido Popular al Ayuntamiento badalonés. "Me acabo de enterar que Fiscalía me pide dos años de prisión porque en 2012 Telefónica y Vodafone instalaron en un terreno municipal dos antenas de telefonía móvil sin licencia y cree que lo tendría que haber sabido", justifica.

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Re: Estos políticos...
« Respuesta #17335 en: 09 de Marzo de 2023, 13:06:45 pm »
Se caera de las listas?

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Re: Estos políticos...
« Respuesta #17336 en: 09 de Marzo de 2023, 19:16:41 pm »
Pues ya veremos, pero es el único referente que tiene el PP en Cataluña. . .

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Re: Estos políticos...
« Respuesta #17337 en: 10 de Marzo de 2023, 07:14:14 am »
El imputado teniente general Jarava impulsó obras en la Guardia Civil no solicitadas por los cuarteles


Ayer a las 9:20

La investigación interna de la Guardia Civil que ha destapado una presunta trama de corruptelas en obras de acondicionamiento en cuarteles de al menos 13 comandancias en toda España, facturadas por firmas del empresario canario Ángel Ramón Tejera de León, Mon (varias veces mencionado en el caso Mediador), desvela que el teniente general Pedro Vázquez Jarava adelantó dinero para esas reformas desde la dirección de la Benemérita y provocó obras que ni siquiera habían sido solicitadas por personal designado en dichos acuartelamientos.

Así se detalla en un informe sobre adjudicación de obras realizado por el propio instituto armado, de fecha 24 de enero de 2020, al que han tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA y otros diarios del Grupo Prensa Ibérica. El informe, que detalla el modus operandi que levantó las sospechas en el seno de la Guardia Civil, fue inicialmente remitido al Juzgado de Instrucción número 2 de Ávila, donde se inició la investigación judicial de un asunto que fue derivado posteriormente a Madrid -aquí está imputado Jarava, entre otros- donde se continúan las pesquisas por la juez de Instrucción número 3 de la capital María Isabel Durántez

El documento detalla distintas actuaciones tramitadas por el procedimiento de 'anticipo de caja' para agilizar las adjudicaciones, una práctica que en el caso del cuartel de Ávila se explicita en un correo electrónico que el también imputado en este asunto Carlos Alonso, jefe de la comandancia ubicada en dicha provincia remitió el 14 de julio de 2017 a la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil.

No encontraron empresas locales
En esta comunicación, Alonso informa entre otras cuestiones de que, como la asignación fue a finales de año, se optó por acometer las obras de pintura de diferentes acuartelamientos de las que podría estar finalizada y tramitada su documentación antes del cierre de caja. Por ello se adjudicaron "a la mayor brevedad posible", según explicó, y explorando el mercado de empresas locales que pudieran simultanear las obras en varios cuarteles a la vez para garantizar su finalización en menos de un mes.

Como no hallaron ninguna, según aseguró, ampliaron las gestiones en otras provincias y llegaron a las del empresario canario -Angrasurcor S.L., Solocorcho S.L. y CanaryCork S.L- unas firmas que le habían sido "recomendadas" por el entonces subdirector general de Apoyo de la Guardia Civil, el teniente general Vázquez Jarava, al tratarse hipotéticamente de un empresario "especialista" en impermeabilización de fachadas y de cubiertas "que quería probar un nuevo producto que sería recomendable".

Así, se recoge también un segundo correo electrónico de 4 de noviembre de 2012 donde Alonso da cuenta de un aumento del crédito de 120.000 euros al concepto presupuestario 'edificios y otras construcciones' para el "acondicionamiento de puertas y dependencias oficiales" de los distintos acuartelamientos de la provincia.

"Mejorar la vida de mis guardias"
En su declaración en sede judicial, en junio de 2019, este mando argumentó en relación con la facturación por los trabajos de pintura que se habían realizado tres años antes en los 26 cuarteles de Ávila, y que cuando les "descentraliza" esos 120.000 euros, Jarava dijo que fuera para pintura y volvió a recomendar al empresario canario Tejera de León, alías 'Mon'.

Alonso intentó dar una explicación: "por tener capacidad de hacer muchas actuaciones de forma simultánea en toda la provincia y en corto plazo de tiempo, que era lo adecuado para llevar en tiempo y forma este acondicionamiento y mejora de vida, de mis guardias y de los cuarteles", añadió.

En este punto, los investigadores citan un informe que parece contradecir las palabras del citado mando de la Guardia Civil, denominado 'Situación y Propuesta de Obras' con la antefirma del propio Alonso y en el que no se incluye ninguna propuesta de reacondicionamiento en los cuarteles de Ávila que guarde relación aparente con los trabajos de pintura facturados a finales de 2016 a las empresas de 'Mon'.

Trabajos no necesarios
"La falta de necesidad de estos trabajos de pintura" se pone de manifiesto, según la investigación en el seno del instituto armado, en las contestaciones que los investigadores recaban de las compañías de Arenas de San Pedro, Ávila, Cebreros y Piedrahita al correo electrónico que se les había remitido en octubre de ese mismo año y por el que se le solicitaba que expusieran las necesidades de gastos que tuvieran en ese momento para mantener y reparar sus cuarteles.

En todos estos casos, ninguna de las necesidades apreciadas en estas ubicaciones tenían relación aparente con los trabajos de pintura que fueron facturados al empresario canario. Contestaron de igual forma los comandantes de puesto de los acuartelamientos de Pedro Bernardo, Burgohondo, Mombeltrán, El Barraco, La Adrada, Cebreros, Madrigal de las Altas Torres y Hoyo de Pinares en sus declaraciones como testigos en esta investigación.

Explicaron que bajo su punto de vista, y por encontrarse las dependencias en buen estado, haber experimentado reformas recientes, etc., no consideraban necesarios los trabajos de pintura que fueron facturados a las empresas de Tejera de León en los diferentes acuartelamientos.

Además, el General jefe de la 12 Zona de la Guardia Civil de Castilla y León confirmó a los investigadores que no se habían realizado estudio previo alguno de las necesidades en los cuarteles que pudieran motivar el citado aumento de crédito por 120.000 euros, ni tampoco se habían solicitado por parte de los órganos centrales "ningún estudio ni valoración previa a la concesión de la referida asignación".

En el caso de la Comandancia de la Guardia Civil en Santa Cruz de Tenerife, también se han constatado distintas actuaciones tramitadas por el procedimiento de anticipos de caja fija, fracturadas entre diciembre de 2014 y noviembre de 2018 por las tres empresas de 'Mon' antes citadas, a las que se suma Impermecork.

Aparece en este punto del informe un segundo empresario vinculado a 'Mon': se trata de Salvador Gutiérrez, domiciliado en Alicante y también imputado en Madrid, que junto a su socio canario habría ejecutado trabajos en acuartelamiento por un total de 130.565,44 euros en el mismo periodo.

Facturas en unas pocas semanas
De esas actuaciones tramitadas como anticipo de caja destaca la investigación 20 facturas emitidas por ambos empresarios en poco más de un mes, entre los días 14 de octubre y 21 de noviembre de 2016 por un importe conjunto de 95.693 euros por trabajos de pintura en acuartelamientos de Tenerife. En relación con esta a comandancia el informe da cuenta de un total de 47 facturas por importe conjunto de 927.499,74 euros, por el periodo total comprendido entre diciembre de 2014 y abril de 2019.

En un periodo similar, entre el 8 de noviembre y el 2 de diciembre de 2016, las mismas empresas y trabajador autónomo emiten 26 facturas que totalizan 120.000 euros más, las referidas a los acuartelamientos de Ávila y que según se deduce de las declaraciones testificales con los responsables de dichos cuarteles "no fueron ejecutadas pese a haber sido facturadas y certificadas de conformidad a su realización".

Una forma de operar parecida se encontró respecto a la Comandancia de Castellón, donde para obras de pintura a Angrasurcon, finalmente facturadas en el ejercicio de 2016 por importes respectivos de 58.353,82 y 59.986,48 euros. Se les indicó que se habían ordenado desde la subdirección General ocupada por Vázquez Jarava, y que además dispondrían de un crédito adicional para hacerlas frente.

En Alicante, un correo electrónico de julio de 2017 del teniente coronel interventor jefe de la Unidad de Gestión Económica de la Zona de la Guardia Civil de Valencia informa de que "sin haber sido solicitados por la Unidad de Gestión Económica de la Zona ni a través de ésta por la Comandancia de Castellón", se recibió una asignación extraordinaria de crédito de 199.980,32 euros en el concepto presupuestario de "edificios y otras construcciones".

De este total, se reclamaron 59.986,48 euros para la rehabilitación de la fachada del acuartelamiento de Torreblanca y otros 58.353,82 euros para la misma actuación en el acuartelamiento de Vall d'Uxió. Y ello, continúa el informe aun cuando las actuaciones en ambos enclaves "no fuesen solicitadas expresamente".

La documentación también acredita que Vázquez Jarava autorizó mediante correo electrónico, en marzo de 2017, 'descentralizar' otros 30.000 euros para las comandancias de La Coruña, Albacete y Cádiz a razón de 10.000 euros cada una de ellas, y se añadía que "dicha modificación de crédito se efectúa directamente a las comandancias de Albacete, La Coruña y Cádiz por orden del Subdirector General de Apoyo para atender diversas reparaciones".


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Re: Estos políticos...
« Respuesta #17338 en: 10 de Marzo de 2023, 12:40:48 pm »

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Re: Estos políticos...
« Respuesta #17339 en: 11 de Marzo de 2023, 17:39:58 pm »
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