Os dejo un documento sindical con un curioso contenido
POR LA LIBERTAD. POR LOS DERECHOS: QUEREMOS PODER HABLAR NUESTRA LENGUA
Esta abierto un debate político, social y mediático en Espa?a respecto al uso de las distintas lenguas en distintos territorios. Las cinco organizaciones sindicales representativas del Cuerpo Nacional de Policía, que afilian a más de 65.000 miembros en situación administrativa de Activo y Segunda Actividad, desde comisarios principales a policías, han debatido sobre el asunto del uso de las distintas lenguas oficiales en Espa?a y sobre cómo afecta a sus afiliados, llegando al acuerdo unánime de emitir el presente documento.
Los cinco sindicatos consideran dignas de respeto y protección, a todas las lenguas y dialectos que se hablan en Espa?a. La Constitución Espa?ola así lo reconoce y es la norma legal fundamental del Estado espa?ol y de donde nace la legitimidad de nuestra competencia profesional para proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. La lengua común del Estado espa?ol es el castellano, y son también lenguas cooficiales en sus respectivos territorios el catalán, el gallego, el euskera, el aranés y el valenciano, existiendo además otros dialectos en Baleares o Asturias.
Los miembros del Cuerpo Nacional de Policía han jurado o prometido defender la Constitución y sus organizaciones sindicales sólo pueden estar constituidas por policías, y en coherencia con ello la defensa constitucional es un principio básico esencial en nuestra actividad sindical. En la aplicación de este principio se justifica nuestra demanda de respeto a las libertades individuales, derechos ciudadanos y protección de los mismos que ejercemos mediante este escrito, por cuanto, como profesionales al servicio de la Administración General del Estado, dependiente del Gobierno de Espa?a, vemos mermados nuestro derecho al uso de nuestra lengua en algunos territorios.
No es este el documento donde singularizar casos ni formular las pertinentes denuncias, pero sí constatamos que los miembros de este Cuerpo que sólo hablan el castellano, cuando son destinados a Catalu?a no pueden continuar sus estudios porque tienen primero que aprender un nuevo idioma, lo que les produce un retraso de uno o dos cursos, que en muchos casos es el tiempo que van a permanecer en dicha comunidad autónoma. El mismo problema se plantea si se produce un traslado por ascenso, comisión de servicio, o en cualquier actividad profesional de persecución de grupos terroristas o bandas organizadas, que requieran la permanencia en la zona en cuestión durante largos periodos de tiempo. Si el traslado se produce con hijos peque?os, es en ellos en quienes repercute negativamente lo que consideramos una discriminación, una falta de igualdad de oportunidades contraria a la norma fundamental del Estado espa?ol. No es aceptable que en su propio país no pueda un funcionario del Estado central o sus hijos continuar sus estudios porque la lengua oficial del Estado no se utiliza en una zona del mismo.
Lo que planteamos no es un asunto político, ni tomamos partido por una determinada posición. Lo que planteamos es la defensa de la libertad por la que trabajamos cada día, la defensa de un derecho personal que nos es negado, y que queremos ejercer.
No despreciamos, ni atacamos, ni aceptaríamos que se hiciera, las otras lenguas oficiales de Espa?a en sus respetivos territorios como el gallego, el euskera, o el catalán. Un ciudadano espa?ol que quisiera escolarizar a sus hijos o continuar sus estudios en cualquiera de dichas lenguas en el territorio donde son cooficiales debe tener derecho a ello y el Estado y las leyes así deben garantizarlo. Y es ese mismo respeto a los derechos individuales y la libertad personal para quienes quieren hacer uso del castellano, la lengua común, lo que apoyamos con este escrito.
No queremos imponer ni prohibir nada a nadie, pero exigimos respeto a nuestros derechos y a nuestro idioma, y poder usarlo en todo el territorio nacional, sin que nadie nos lo prohíba ni nos imponga otra lengua en nuestros estudios, nuestro trabajo o para nuestros hijos.
Los funcionarios públicos de la Administración Central de Espa?a hoy no pueden ser discriminados por hablar castellano, haciéndoles pagar con cuarenta a?os de retraso las medidas restrictivas, ataques y prohibiciones contra las otras lenguas que se produjeron en el pasado en la historia de Espa?a. La injusticia y el atentado a las libertades que suponía que un ni?o no pudiera hablar ni estudiar en su lengua materna, cualquier que fuera, no se compensa ahora prohibiendo la posibilidad de estudiar, hablar o rotular en el idioma de todos.
Por ello, nosotros exigimos la libertad y el derecho a ejercer nuestra lengua en todo el territorio de la nación espa?ola sin que nadie nos lo prohíba ni nos imponga otra. Respetamos todas las lenguas con la misma determinación con la que exigimos respeto al idioma castellano.
Para defender los derechos de nuestros afiliados, instamos a todos los comités de las distintas comunidades autónomas que se sumen a cuantas plataformas, manifiestos o medidas en defensa del castellanos se adopten, respetando las demás lenguas cooficiales de Espa?a. Instamos el apoyo jurídico, sindical y de cualquier índole que sea preciso en defensa de los derechos y la libertad de nuestros afiliados, canalizando y presentando las acciones legales que sean precisas.
Por la libertad y los derechos de nuestra Constitución, en cuya defensa dejamos cada a?o la vida en acto de servicio muchos de nosotros, instamos al Gobierno de la nación y a los responsables políticos, que garanticen a cualquier ciudadano poder hablar, escribir, estudiar y comunicarse en el idioma que libremente elija. Lo contrario es vulnerar los principios esenciales sobre los que se asienta la convivencia de nuestro país desde hace 30 a?os.
Por la libertad y los derechos, ?Viva la Constitución!
Madrid, 7 de julio de 2008.
http://www.cepolicia.es/visualizar.asp?op=5&fi=59&cl=0