Madrid
CASO MADRID ARENA Las conclusiones de la Fiscalía
Juez y fiscal, enfrentados por la imputación del jefe de Policía La Fiscalía es partidaria de no acusar a Monteagudo, pero juez y familias, sí
El fiscal superior reclama al juez que termine la instrucción, que lleva 21 meses
Monteagudo, jefe de la Policía Municipal, durante el 175º aniversario del cuerpo, sentado junto al fiscal superior Manuel Moix y el presidente del TSJM Francisco Javier Vieira, escuchan a Ana Botella BERNARDO DÍAZ
QUICO ALSEDO
PABLO HERRAIZ
Actualizado: 30/07/2014 22:55 horas
La Fiscalía de Madrid y el juez del caso Arena divergen sobre la responsabilidad del inspector jefe de la Policía Municipal en la muerte de las cinco jóvenes. Mientras López-Palop es partidario de imputarle por homicidio imprudente, la Fiscalía, en una rueda de prensa inusual, anunció ayer que exonera a Emilio Monteagudo.
La responsabilidad de Monteagudo, actual inspector jefe de la Policía Municipal de Madrid, enfrenta a juez y fiscal del Caso Madrid Arena en la que es, para las familias de las víctimas, la última batalla del proceso para que respondan no sólo quienes intervieron directamente en los hechos, sino quienes «pudieron facilitar el contexto para que se produjera la tragedia», como repite el abogado de la familia de Belén Langdon, Abdón Núñez.
Monteagudo, en su caso, sigue imputado por la ausencia de un dispositivo policial suficiente para el gentío que se congregó en la Casa de Campo, alrededor de Madrid Arena, aquella madrugada del 1 de noviembre de 2012.
El despliegue, tan exiguo que incluso sorprendió a un miembro del Samur, según consta en las grabaciones de aquella jornada, pudo tener que ver en la consecución de los hechos, opina el magistrado, al no impedir la masificación de la zona, trasladada posteriormente al interior de Arena y desembocante en la avalancha del vomitorio mortal.
La fiscal del caso y Manuel Moix, quien ha seguido muy de cerca la instrucción, sostienen sin embargo que «al entrar los asistentes por los accesos reglados, y hacerlo cada uno con su entrada, la responsabilidad de eso reside exclusivamente en quien controlaba los accesos».
Manuel Moix afirmó esto, además, en un escenario absolutamente inusual para el ministerio público: una rueda de prensa en la que la Fiscalía madrileña, representada por él como fiscal superior, y por su subalterno José Javier Polo como fiscal jefe, ventiló ante la prensa sus propias conclusiones, antes de que el magistrado haga lo propio con las suyas, que en definitiva son, como marca la ley, las que quedan.
La Fiscalía, que justificó primero jurídicamente y en «el interés de la opinión pública por el caso» una comparecencia insólita, se aplicó así, según los letrados de las familias de las cinco víctimas, a marcarle a López-Palop el camino, que está redactando en estos días el auto de transformación de la instrucción en procedimiento abreviado para que los hechos sean juzgados, muy probablemente, en un juzgado de lo Penal. Sin embargo, la situación, que hacía prever divergencias más amplias entre magistrado y Fiscalía, quedó reducida a un solo nombre: el de Emilio Monteagudo. Según el entorno de López-Palop, el juez en principio apenas sumaría dos nombres a lo anunciado ayer por Moix: el del inspector jefe, y el de José Rodriguez Caamaño, coordinador de Seguridad de Madrid Espacios y Congresos.
Moix aseguró ayer que la Policía Municipal realizó «el despliegue necesario para el control de las 7.600 personas que, según sus datos, iban a a acudir al evento», aseguró el fiscal superior. Se le cuestionó, sin embargo, sobre la costumbre de la Policía Municipal de actuar de oficio en eventos en los que, a simple vista, sospecha que podría haber un sobreaforo incompatible con la seguridad de los asistentes: «Eso puede suceder, pero aquí la responsabilidad era de quienes controlaban los accesos a Madrid Arena», contestó. Se le recordó también cómo al menos tres responsables policiales (el propio Monteagudo entre ellos) han asegurado durante las declaraciones de la instrucción que el mismo 31 de octubre, horas antes de la fiesta que devino en tragedia, se elevó el nivel de riesgo de medio a alto al percibir la posibilidad de una afluencia mayor de la esperada.
«Eso deberá dirimirse en la pieza separada abierta a tal efecto», explicó Moix, apuntando a otra vertiente de la investigación: el proceso en que López-Palop dirimirá si Monteagudo y sus subalternos falsificaron a posteriori la versión policial para evitar responsabilidades, y volcarlas en cambio en la dirección sobre el terreno de los apenas 16 agentes disponibles para controlar a varios miles de jóvenes que realizaban un macrobotellón en la casa de Campo.
Dicha dirección correspondía a la oficial Cándida Jiménez, que denunció ante Palop cómo se le pidió que elaborara sucesivos informes para ocultar lo exiguo del dispositivo. Su testimonio dio pie a la apertura de la pieza separada, pero aparte de esa presunta falsificación cometida bien por el inspector jefe, o bien por sus subalternos Óskar de Santos, Gerardo del Rey y Emilio Rodríguez Corral, el juez mantiene que la ausencia policial abonó la tragedia.
Está por ver si el magistrado soportará la presión pública impuesta ayer por la Fiscalía, que mientras verbalmente alabó la instrucción llevada a cabo por López-Palop, en realidad vino a pedirle que cierre de una vez el caso (lleva 21 meses abierto), con un horizonte muy plausible: cuanto antes se le dé carpetazo, antes se elimina de la opinión pública el Caso Madrid Arena, que ha costado el puesto a varios concejales madrileños y a otros responsables municipales (los ediles Miguel Ángel Villanueva, Pedro Calvo y Antonio de Guindos entre ellos). No olvidemos que en primavera de 2015 habrá elecciones locales y regionales en toda España, y la nefasta gestión del tema llegó a hacer tambalearse el Ayuntamiento regido por Ana Botella durante meses.
Ayer, en vista de lo anunciado por la Fiscalía, tanto los abogados de las familias de las víctimas como grupos municipales como PSOE y UPyD pidieron que el inspector jefe no eluda responsabilidades en el proceso de esclarecimiento de las cinco muertes.
En los 14 imputados que presentó ayer la Fiscalía sí figuran, concordando con el juez y las acusaciones particulares, Miguel Ángel Flores, promotor de la fiesta, aunque no su hermano José María; otros trabajadores de su empresa Diviertt; los dos Viñals, padre e hijo, como responsables de dos muertes por omisión de su deber médico; trabajadores de Madridec (la empresa pública que gestionaba el Arena), aunque no sus máximos jefes; los dueños de la empresa de porteros Kontrol 34; y trabajadores de Seguriber, la empresa de vigilantes del Arena.
