Autor Tema: Denuncias: calificación y tratamiento  (Leído 61217 veces)

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Re: Denuncias: calificación y tratamiento
« Respuesta #520 en: 04 de Marzo de 2023, 19:34:19 pm »

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Re: Denuncias: calificación y tratamiento
« Respuesta #521 en: 05 de Marzo de 2023, 06:05:24 am »
Vaya historia rara. . .

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"No hay hechos, sino interpretaciones" Nietzsche

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Re: Denuncias: calificación y tratamiento
« Respuesta #522 en: 05 de Marzo de 2023, 07:39:20 am »
Vaya historia rara. . .

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Tanto como esto:

Derecho a la historia clínica.

Un escrito al hospital pidiendo el informe y punto pelota.

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Re: Denuncias: calificación y tratamiento
« Respuesta #523 en: 17 de Abril de 2023, 08:11:32 am »

La víctima de la violación grupal de Rubí denunció otras tres agresiones sexuales de los mismos sospechosos


Historia de redaccion@20minutos.es (EUROPA PRESS) • Ayer a las 10:29

La víctima de la presunta agresión sexual múltiple de Rubí (Barcelona) por la que cinco jóvenes están en prisión provisional desde el jueves también denunció ante los Mossos d'Esquadra a tres de estos sospechosos por otras tres supuestas agresiones sexuales.

Fuentes cercanas al caso consultadas han explicado que estas tres agresiones habían ocurrido entre 2021 y 2022, y la chica las denunció a la vez que la última, en una nave industrial, en diciembre de 2022.

Las dos primeras agresiones denunciadas presuntamente involucran a dos jóvenes que ya conocían a la chica, y uno de ellos es el que la llevó a la nave industrial abandonada donde ocurrió la agresión sexual múltiple bajo la propuesta de ir a fumar marihuana.

La tercera presuntamente también involucra a otro de los jóvenes que están en prisión provisional. En la nave industrial donde ocurrió la última agresión, los Mossos encontraron colillas y un preservativo sucio, y los sospechosos tienen entre 20 y 25 años.

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Re: Denuncias: calificación y tratamiento
« Respuesta #524 en: 10 de Mayo de 2023, 22:12:53 pm »
El Juez Presencia, líder jurídico de los negacionista, junto con "Abogados por la libertad" y "Policías por la verdad" son la rama jurídica del negacionismo. . . y ya sabemos todos como van a terminar, es lo que hay, la verdad y la realidad se va a imponer a golpe de sentencia. .   

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.
Este termina ingresando en Meco





Un paso más para que el exjuez Presencia ingrese en prisión: rechazan suspender la ejecución de la pena por injuriar a un fiscal



«Es poco probable que, si se le concede la suspensión, no vuelva a delinquir», afirma un juez de Talavera en su auto, que puede ser recurrido
Dice que no procede porque las condenas suman más de dos años, tiene antecedentes penales en vigor y no ha pagado la responsabilidad civil
El fiscal decano de Talavera: «Soy víctima del exjuez Presencia, a quien la Justicia ha tratado como un privilegiado»
Fernando Presencia Crespo
Fernando Presencia Crespo GUILLERMO NAVARRO

MANUEL MORENO

Toledo


10/05/2023
Actualizado a las 22:03h.


El exjuez Fernando Presencia Crespo está cada vez más cerca de ingresar en prisión por injuriar al fiscal de Talavera de la Reina Ángel Demetrio de la Cruz. Un juzgado de esta ciudad ha resuelto que no procede otorgar la suspensión de la ejecución de la pena a Presencia, sobre el que pesan dos condenas: 16 meses de prisión por un delito continuado de denuncia falsa y 18 meses de cárcel por otro continuado de calumnias con publicidad y contra autoridad. Además, debe hacer frente a una multa de 19 meses, con una cuota diaria de 6 euros, y a una indemnización de 30.000 euros.


Según un auto fechado este martes y que puede ser recurrido, el juez Óscar Jiménez Moriano rechaza suspender la ejecución de la pena por tres motivos. En primer lugar, Presencia carece de la condición de delincuente primario, ya que tiene antecedentes penales. En segundo lugar, las penas que le han sido impuestas por sus injurias al fiscal De la Cruz superan los dos años (en concreto, 34 meses). Y, por último, el exjuez no ha satisfecho la responsabilidad civil ni ha asumido un compromiso de abonar la indemnización.

«Teniendo en consideración los antecedentes penales del condenado (...), es poco probable que, si se le concede la suspensión, no vuelva a delinquir», se lee en el auto, de ocho páginas y al que ha tenido acceso ABC, sobre un exjuez que ya ha sido condenado dos veces por prevaricación judicial.

En la web www.acodap.eu, dependiente de la asociación creada por Presencia «contra la corrupción y la defensa de la acción pública de ámbito nacional y sin ánimo de lucro», se aludía la pasada semana a la condena firme de 34 meses de prisión dictada también por Jiménez Moriano. Para ello se emplean unos términos ofensivos: «El juez turnero de Talavera de la Reina, Óscar Jiménez Moriano: ¿Es imbécil, o simplemente es que es tonto del culo?» (sic).

Hace once meses, la Audiencia Nacional ya bloqueóa Presencia el dominio www.acodap.org, donde actualmente se puede leer el siguiente mensaje cuando se intenta acceder: «Contenido bloqueado por requerimiento de la Autoridad Competente, comunicado a esta Operadora».

NOTICIA RELACIONADA
El exjuez Presencia, a un paso de acabar en prisión por denuncia falsa y calumnias a un fiscal
El juzgado de Talavera da por firme la sentencia que le impuso 34 meses de cárcel por ambos delitos

 

Presencia volvió a ser noticia este febrero, cuando su casa de Talavera de la Reina fue registrada por la Guardia Civil. La orden partió del juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea por presuntos delitos de injurias, calumnias y contra las altas instituciones del Estado por las acusaciones lanzadas por Presencia contra magistrados del Tribunal Supremo. El instructor acordó el volcado y clonado de todos los dispositivos informáticos que se encontrasen.

Presencia llegó a Talavera después de que el Consejo General del Poder Judicial lo sancionase, en mayo de 2012, con un año de traslado forzoso. Era el magistrado titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Valencia y se le impuso ese destierro por haber impartido unos cursos de formación incompatibles con su función de juez. Desde entonces, ha denunciado a numerosos miembros de la carrera judicial y fiscal.

En una entrevista con ABC el pasado julio, el fiscal injuriado relató que llevaba siete años sufriendo un acoso del exjuez, «a quien la Justicia ha tratado como un privilegiado», dijo entonces. De la Cruz afirmaba que se había sentido abandonado por sus propios compañeros en todo ese tiempo.


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Re: Denuncias: calificación y tratamiento
« Respuesta #525 en: 14 de Mayo de 2023, 10:48:17 am »

La Justicia ordena el ingreso en prisión del exmagistrado Fernando Presencia


El exmagistrado Fernando Presencia en una foto tomada el 7 de julio del año pasado a la entrada de la Audiencia Nacional, a donde fue a declarar como investigado en la causa abierta contra él por el supuesto deilto de calumnias. Foto: EP.
Portada / Tribunales
La Justicia ordena el ingreso en prisión del exmagistrado Fernando Presencia
Redacción Confilegal
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13/5/2023 06:31
|
Actualizado: 13/5/2023 08:35
En esta noticia se habla de:

Ángel Demetrio de la Cruz Andrade
calumnias
Fernando Presencia
injurias
El Juzgado de lo Penal 3 de Toledo, con sede en Talavera de la Reina, ha declarado la firmeza de la ejecución de la pena de prisión de 2 años y 10 meses de prisión impuesta al exmagistrado Fernando Presencia. 

Así lo establece el auto dictado el pasado 9 de mayo por el magistrado Óscar Jiménez Moriano, titular del Juzgado Mixto 5 de esa ciudad, que sustituye a su compañera Marta Vicente de Gregorio.

Auto al que ha tenido acceso Confilegal.


Presencia tendrá que cumplir dos años y diez meses en prisión: el Supremo inadmite su recurso de casación
Esta magistrada está personada en la causa que se sigue contra el exmagistrado en la Audiencia Nacional. Por lo tanto, se ha abstenido en esta causa.

El auto de ejecución es la consecuencia de la inadmisión del recurso de casación, que interpuso Presencia ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra las dos condenas que le impuso el mencionado Juzgado de lo Penal, en primera instancia,.

Y que fueron ratificadas en apelación por la Audiencia Provincial de Toledo después.

La primera condena fue de 16 meses. Por el delito de denuncia falsa.

La segunda, de 18 meses, por el delito de calumnias con publicidad contra el fiscal decano de Talavera de la Reina, Ángel Demetrio de la Cruz Andrade.

Juntas suman los 2 años y 10 meses referidos.

También se le impuso el pago de una indemnización de 30.000 euros y una multa de 3.420 euros.

No ha hecho frente a ninguna de las dos cantidades.

PRESENCIA TIENE ANTECEDENTES PENALES
“El condenado carece de la condición de delincuente primario puesto que tiene antecedentes penales en vigor por la comisión de un delito de prevaricación judicial (…) que adquirió firmeza el 10 de diciembre de 2018”, dice el auto.

“En segundo lugar, las penas que le han sido impuestas superan los dos años de prisión pues el sumatorio de las penas por los dos delitos por los que se le ha condenado arrojan un total de 2 años y 10 meses de prisión”, prosigue.

Y añade: “Ni las circunstancias personales del penado ni la naturaleza del hecho y el factor de que no haya adoptado conducta alguna tendente a reparar el daño causado aconsejan tal suspensión ya que el penado no ha satisfecho cantidad alguna de la indemnización, por importe de 30.000 euros a la que ha sido condenado en concepto de responsabilidad civil”.

Para concluir: “por todo lo razonado, no puede otorgarse al condenado D. Fernando Presencia Crespo el beneficio de la suspensión de la ejecución de las penas de 16 meses de prisión y de 18 meses de prisión”.


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Re: Denuncias: calificación y tratamiento
« Respuesta #526 en: 16 de Mayo de 2023, 21:00:53 pm »

Hablan las víctimas de acoso en la universidad: "Denunciar no me sirvió de nada"


Cuatro profesionales denuncian la "debilidad" de los actuales protocolos contra acoso sexual y laboral en la academia

FERRAN NADEU

Valentina Raffio
Barcelona 16 de mayo del 2023 a las 20:13. Actualizada a las 20:17


"Sufrí situaciones de acoso durante años en la universidad. Denuncié, seguí todos los protocolos y, aun así, en mi caso, no sirvió de nada. Las personas que me acosaron siguen en sus puestos y es a mí a quien se le han cerrado todas las puertas", denuncia la neurocientífica Celia Arroyo.

Hace ya un año que esta investigadora, junto a 25 profesionales más, denunció ante EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica, las situaciones de acoso sexual, de género y laboral que infestan el mundo académico. Un año después del primer gran MeToo en la universidad', Arroyo vuelve a alzar la voz junto a cuatro científicas más para denunciar que, aunque el silencio se está rompiendo, la debilidad de los protocolos actuales a menudo sigue dejando desamparadas a las denunciantes.

El goteo de denuncias públicas o judiciales no cesa. Los últimos casos han salpicado a desde la Universitat Autònoma de Barcelona hasta la Facultat de Comunicació Blanquerna (Ramon Llull) o la Universitat Pompeu Fabra. De hecho, según ha desvelado EL PERIÓDICO, las universidades catalanas acumulan más de 150 expedientes por acoso sexual y laboral en los últimos cinco años.

Según apuntan los expertos, esta cifra solo representa la "punta del iceberg" de un problema mucho más grande ya que, tal como señalan algunos estudios, el 90% de los casos de acoso en la universidad nunca llegan a denunciarse.

"Las personas que me acosaron siguen en sus puestos y es a mí a quien se le han cerrado todas las puertas"

En los últimos años, tras el 'boom' de denuncias del MeToo, muchas academias de prestigio internacional han empezado a presentar públicamente estos números como muestra de que, pese a todo, los protocolos contra el acoso están funcionando. Aun así, todavía hay muchas instituciones que se muestran reticentes a compartir esta información por "miedo a manchar su prestigio", explica una persona vinculada a una unidad de igualdad de una universidad catalana.

Este diario ha contactado con cuatro investigadoras que han sufrido situaciones de acoso en diferentes universidades catalanas (y en un caso también en centros extranjeros) y que han denunciado públicamente su caso. Entre ellas hay consenso en que el acoso se ha puesto sobre la mesa y que la impunidad empieza a resquebrajarse, pero todas denuncian que han tenido que lidiar con la aplicación de "unos protocolos que siguen protegiendo más a los acosadores que a las víctimas". "A mí me acosaron a plena luz del día hace dos años.

Todos lo vieron, todos lo sabían y nadie hizo nada", explica María (nombre ficticio), una académica que prefiere hablar desde el anonimato por miedo a represalias. "Cuando presenté la denuncia ante la universidad a nadie le sorprendió. Hacía años que el equipo de rectorado sabía que mi tutor de tesis hacía la vida imposible a sus estudiantes pero prefirieron mirar hacia otro lado", comenta la investigadora.

"Cuando yo denuncié sentí que mi acosador seguía teniendo la complicidad de la universidad y yo fui la que acabó siendo señalada"

María*

Esta misma dinámica también la sufrieron las otras académicas con las que ha hablado este diario. "Las universidades se llenan la boca con sus políticas de 'tolerancia cero' y sus medidas contra el acoso pero cuando llega la hora de la verdad los protocolos actuales no sirven", denuncia Lucía (nombre ficticio).


"Cuando yo denuncié mi caso sentí que mi acosador seguía teniendo la complicidad de la universidad y yo, mientras, fui la que acabó siendo señalada, marginada y estigmatizada", añade esta académica, que el año pasado denunció públicamente a su acosador y que, después de destapar su caso, volvió a sufrir una campaña de acoso. "Hubo compañeros que hasta dejaron de saludarme", explica.

Los "intocables" de la academia
Todas las académicas consultadas por este diario coinciden en señalar la existencia de "intocables" en las universidades. "Los acosadores suelen ser personas con mucho peso en la universidad. Hablamos de veteranos, de esos que conocen a todo el mundo y que consiguen buenos contratos. A las universidades les sale más a cuenta proteger a los acosadores, que son estos perfiles poderosos, que ponerse del lado de las víctimas, que suelen ser personas en una situación más vulnerable", señala Arroyo, quien señala las dinámicas "feudales" y "jerárquicas" que siguen rigiendo en universidades, academias y centros de investigación de todo el mundo.

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"A las universidades les sale más a cuenta proteger a los acosadores que ponerse del lado de las víctimas"

Según señalan los (pocos) análisis realizados sobre acoso en las universidades, una gran parte de las denuncias interpuestas se gestionan de forma interna. Pero hay casos como el de Sandra (nombre ficticio) que acaban elevándose a los tribunales, aunque esta es la última de las opciones, ya que el dinero invertido y el desgaste de los procesos judiciales hacen que no sea una salida viable.

"La universidad reconoció que había sufrido situaciones de abuso de poder y de negación de recursos pero consideraron que, pese a todo, no era un caso de acoso laboral. Denuncié por vía judicial, el proceso se alargó más de tres años y cuando llegamos a juicio muchas cosas ya habían prescrito", denuncia la investigadora. "Mi caso sigue estando en los tribunales porque estamos pendientes de la resolución. Mientras, yo vivo con el miedo de encontrarme con mi agresor y él sigue trabajando como si nada", añade.

Medidas cautelares ineficientes
Tras denunciar públicamente su caso, Sandra explica que la universidad impuso como medida cautelar mantener una distancia física entre ella y su acosador. Pero esto, en vez de protegerla, acabó aislándola aún más. "Fui yo la que tuvo que cambiar de laboratorio y de despacho.

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Era yo la que se tenía que buscar la vida para no cruzarse con él en los pasillos. Tuve que dejar de ir a congresos porque tenía pavor de encontrarme con mi acosador y con su séquito", explica. Lo mismo ocurrió en el caso de María y de Lucía. "Perdí muchas oportunidades laborales tras mi denuncia.

Hubo investigadores que se negaron a trabajar conmigo por miedo a enfrentarse con mi acosador", explica María. "Me convertí en una paria social. En vez de recibir apoyo, me marginaron por 'conflictiva'", añade Lucía.

"Yo vivo con el miedo de encontrarme con mi agresor y él sigue trabajando como si nada"

Sandra*

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Paneles solares en comunidades de vecinos: todo son ventajas
Todas las científicas consultadas por este diario coinciden en señalar que el acoso que han sufrido ha truncado o alterado drásticamente su carrera académica, ha perjudicado su salud mental y ha afectado a todas las esferas de sus vida. "Creía que, después de denunciar, todo volvería a la normalidad y podría trabajar como antes, pero no fue así.

Tuve que acabar dejando la universidad y me busqué la vida en otro país", explica María, que ha abandonado del todo la vida académica. "El MeToo en la universidad aún no ha servido para crear protocolos más efectivos, pero sí para mostrar que hay muchas profesionales que están pasando por situaciones similares y que el acoso sigue estando instaurando en las universidades", reflexiona Arroyo. "Ya es hora de acabar con la impunidad", añade.


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Re: Denuncias: calificación y tratamiento
« Respuesta #527 en: 04 de Junio de 2023, 20:57:46 pm »

Condenada en Zaragoza tras confesar que fingió una lesión para denunciar a su pareja por malos tratos


M. A. COLOMA
NOTICIA04/06/202305:00
La joven contó con la colaboración de otro hombre, que se ofreció a apretarle con fuerza el brazo para agravar los daños
Una motorista en estado ebrio atropella a una mujer en Las Delicias
Imagen de la comisaría de policía de Delicias en Zaragoza.Imagen de la comisaría de policía de Delicias en Zaragoza.HERALDO.ES

El Juzgado de lo Penal número 4 de Zaragoza acaba de condenar a una joven de 23 años tras confesar que fingió una lesión en el brazo para denunciar a su novio por malos tratos. La presunta víctima, Jelena N., contó con la colaboración de otro hombre, Javier A. F., de 60 años, quien se ofreció a apretarle con fuerza un brazo y dejarle un moratón que hiciera su relato más creíble. Y su plan funcionó, ya que cuando la chica se presentó en comisaría diciendo que había sido víctima de violencia de género, los agentes no tardaron en acudir al domicilio de su novio, M. A. D., de 26 años, para proceder a su detención.

Tanto la joven como su cómplice negaron siempre haber simulado la agresión, pero la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Zaragoza acabó sentando a ambos en el banquillo de los acusados como presuntos autores de un delito de denuncia falsa. El juicio se celebró hace unos días, pero apenas duró unos minutos, ya que los encausados acabaron confesando el engaño para lograr ver reducida su condena.

De hecho, sus abogados, Cristina Martínez y Joaquín Enciso, pactaron con la Fiscalía que esta se quedara en sendas multas de 1.800 euros que podrán abonar en 24 mensualidades. Si aún así no hicieran frente a sus obligaciones, los condenados pasarían un día prisión por cada dos cuotas no satisfechas.

Los hechos que dieron lugar a a esta causa se remontan al 10 de diciembre de 2021, fecha en que la investigada se presentó en la comisaría de Delicias y manifestó que el joven con el que llevaba dos años conviviendo la había agredido. Según esta, durante una discusión ocurrida solo unas horas antes, su pareja la agarró del brazo y la tiró contra la cama, poniéndole después el antebrazo en el cuello.

Como es habitual en estos casos de maltrato, una patrulla procedió poco después al arresto del presunto agresor, que pasó la noche en el calabozo. Al día siguiente, el juez de guardia lo dejó en libertad con cargos, pero le impuso una medida de alejamiento e incomunicación.

Afortunadamente, el presunto maltratador, que carece de antecedentes penales, nunca llegó a ser juzgado, ya que el titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Zaragoza, encargado de investigarlo, acabó decretando el archivo de la denuncia por maltrato. Y no solo eso, se encargó de que se abrieran diligencias contra Jelena N. y Javier A. F. por denuncia falsa.

El magistrado adoptó esta decisión el 14 de enero de 2022, el mismo día que tomó declaración a una amiga de la presunta víctima, quien no solo manifestó que los hechos denunciados eran falsos sino que aportó una grabación de audio para acreditarlo.

En un primer momento, el juez había imputado también a esta testigo como cómplice del delito de falsa denuncia, pero tras escuchar su versión de los hechos acabó sobreseyendo la causa contra ella.

Él quería romper la relación
Para la Fiscalía, desde el principio hubo indicios que apuntaban a un plan preconcebido por parte de la denunciante. Por ejemplo, el hecho de que la supuesta agresión se produjera a las 3.00 y que ella no acudiera a curarse hasta las 18.15, y no denunciara después en comisaría hasta las 21.20.

Las posibles dudas del Ministerio Público se disiparon al escuchar la declaración de la testigo, quien explicó que esa misma mañana, a las 10.00, ella presenció cómo Javier A. F. le apretaba el brazo a su amiga. Y no solo eso, también grabó con su teléfono móvil el ofrecimiento. Según esta, el novio de la acusada le había propuesto poner fin a la relación, y con esta denuncia por violencia de género se garantizaba poder regularizar su situación en España.

La pena
El plan preconcebido para denunciar por malos tratos a su pareja se tradujo en la detención de este y su imputación por un delito de maltrato, que, afortunadamente, acabó archivado. A Jelena N. y a su cómplice, Javier A. F., el engaño les supondrá sendas multas de 1.800 euros.


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Re: Denuncias: calificación y tratamiento
« Respuesta #528 en: 10 de Junio de 2023, 17:42:00 pm »

Las miradas de los policías absueltos se dirigen ahora hacia la denunciante... y hacia Asuntos Internos


 "Hay que pedir responsabilidades a los policías cuya actuación provocó que otros compañeros hayan estado suspendidos de empleo y sueldo y sometidos al oprobio y al escarnio público", dice uno de los abogados

 "A estos seis policías los han hundido moral y personalmente"


J.G.
08 Jun 2023 06:05
La sentencia absolutoria ha provocado la consecuente mezcla de alegría e indignación entre los que hasta ahora formaban el bando de los acusados, que tras la absolución dirigen ahora sus miradas hacia la denunciante y hacia sus propios compañeros de Asuntos Internos, que "no hicieron todo lo posible para averiguar toda la verdad y confiaron sólo en lo que les contó la denunciante". Han sido ocho años de causa judicial, casi tres de ellos con suspensión de empleo y sueldo, de ahí que los abogados de algunos de los policías no estén conformes del todo con este desenlace.


"Una vez demostrada la inocencia de los policías acusados, es el momento de pedir responsabilidades a la persona que ha denunciado los hechos ocultando datos esenciales, como que el dinero que se decía sustraído realmente estaba en el local y que una amiga suya se guardó en el sujetador los fajos de billetes cuando se fueron los policías. Habría que pedir responsabilidades a los testigos que esta señora aportó", apunta Manuel Manzaneque, abogado de José Manuel P.G. y otro agente.

"Y sobre todo", continúa, "había que pedir responsabilidades a los policías de asuntos internos". "Su actuación provocó que otros compañeros suyos hayan estado tres años suspendidos de empleo y sueldo y sometidos al oprobio y al escarnio público simplemente porque los investigadores no hicieron todo lo posible para averiguar el contenido íntegro de las grabaciones y confiaron sólo en lo que la denunciante les contó de una manera absolutamente sesgada", añade.


Manzaneque también recuerda, en alusión a las imágenes de la testigo que se guardó fajos de billetes en el sujetador horas después de que los agentes hubiesen abandonado la tienda, que el perito informático de la tendera explicó en el juicio que los policías de asuntos internos "podrían haber accedido a la totalidad del disco duro y averiguar la verdad de lo ocurrido simplemente poniendo el nombre del usuario y la clave, que estaba en poder de la denunciante y pudo haber sido solicitada por dichos policías investigadores". "Esto no puede quedar así, esto no puede salir gratis", sentencia.


Javier Carnerero, abogado de otros dos policías, también lamenta la situación que han tenido que vivir los funcionarios policiales. "Me gustaría llamar la atención sobre la ligereza de las denuncias contra los policías que desempeñan su labor profesional a diario como cualquier otro trabajador y padecen no sólo la pena de banquillo, en este caso durante ocho largos años, sino la suspensión de empleo y sueldo, lo que afecta de lleno a su economía familiar y les acarrea graves problemas de insolvencia con repercusión personal, familiar, social y profesional", explica. "¿Y ahora qué?", se pregunta.

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Re: Denuncias: calificación y tratamiento
« Respuesta #529 en: 14 de Junio de 2023, 06:50:05 am »
Condenan a una víctima de violencia de género de Cartagena por negar que le pegó su marido

Ayer a las 10:24

La Audiencia Provincial de Murcia ha confirmado la sentencia de un juzgado de Cartagena que condenó a una víctima de violencia de género por negar que le había pegado su marido.

La mujer compareció en febrero de 2021 en el Juzgado de lo Penal Nº 2 de Cartagena, en un juicio rápido, en calidad de testigo y víctima de un delito de violencia de género. Cuando declaró, aseguró que, tras una discusión con su esposo, se tropezó y se cayó, por lo que se golpeó en la pierna.

En todo momento, la mujer negó que las lesiones que presentaba hubiesen sido causadas por su compañero sentimental, "a sabiendas de no ser cierto y en clara contradicción con el resto de diligencias que obran en autos", tal y como se lee en la resolución judicial, a la que ha tenido acceso La Opinión de Murcia, del grupo Prensa Ibérica.

En el atestado de la Policía Nacional, que se movilizó al domicilio de la pareja el día que se produjo la agresión, consta que, al llegar la patrulla, los agentes hallaron a la mujer "con el rostro ensangrentado, entumecido y un ojo hinchado". Las vecinas que se encontraban en el lugar, apoyando a la víctima, dijeron a la Policía que el autor de la agresión era el marido de ésta. En el momento de su detención, el propio individuo reconoció que había mantenido una discusión con su pareja y le había propinado varios puñetazos en la cara.

El propio agresor reconoció, al ser detenido, que había dado varios puñetazos a su esposa en una riña

Los policías que acudieron a la vivienda relataron que la víctima "presentaba lesiones evidentes, dificultad para la visión, una grave afectación emocional" y les refirió que había sido agredida por su pareja, quien le había dado varios puñetazos. Sin embargo, en sede judicial, ella se desdijo y afirmó que tropezó y se cayó.

El tribunal, al condenar a la mujer, tiene en cuenta el informe que realizó un forense el día después de la agresión. A este médico, la víctima también le dijo que había recibido un puñetazo y que había caído al suelo. El facultativo reiteró eso mismo en el plenario: que la mujer le transmitió que las lesiones fueron causadas por una agresión, un puñetazo y la posterior caída al suelo.

Cárcel y multa

La jueza condenó a la víctima de violencia machista, como autora de un delito de falso testimonio, a la pena de siete meses de cárcel y 720 euros de multa.

La mujer interpuso un recurso ante la Audiencia Provincial de Murcia, tribunal que desestima su petición y subraya que la condenada "faltó a la verdad a pesar de ser apercibida en varias ocasiones de que podía no declarar pero que si declaraba tenía que decir verdad pues de lo contrario podía incurrir en un delito de falso testimonio".

En cuanto al maltratador, fue condenado por el Juzgado de lo Penal Nº 2 de Cartagena a la pena de tres años y seis meses de prisión y a estar cinco años sin aproximarse a la mujer. Esta sentencia fue confirmada por la Sección 3ª de la Audiencia Provincial.

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Re: Denuncias: calificación y tratamiento
« Respuesta #530 en: 14 de Junio de 2023, 12:45:18 pm »
Una sentencia de las que no se ven nunca. . .

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« Respuesta #531 en: 24 de Junio de 2023, 07:17:17 am »
El juzgado suspende la actividad de la asociación del exjuez Presencia y le imputa dos nuevos delitos
Historia de Europa Press • Ayer a las 18:04

El juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea ha acordado la suspensión cautelar de actividades de la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (ACODAP) que preside el exjuez Fernando Presencia. El magistrado ha acordado citar como investigado por nuevos delitos de blanqueo de capitales y alzamiento de bienes a Presencia, expulsado de la carrera judicial en 2012. La declaración se producirá el próximo 28 de junio a las 10.00 horas.

El magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción Número 6, en línea con el informe de la Fiscalía, considera "idónea, pertinente y proporcionada la medida de suspensión cautelar de las actividades de la asociación ACODAP".

En un auto de 11 folios, recogido por Europa Press, Gadea esboza las razones por las que aprecia "indicios suficientes y racionales de estar en presencia de una asociación ilícita, constituida con la sola finalidad de delinquir, y utilizada como un mero instrumento para el lucro de los miembros de la organización criminal dirigida por el Sr. Presencia, quien, como se ha podido constatar en este procedimiento, ha hecho de la maquinaria delictiva de ACODAP su único modus vivendi".

Para el magistrado la suspensión de actividades de la entidad es "esencial" con el fin de proteger a las altas instituciones que, a diario, dice, se ven desprestigiadas con las denuncias mendaces difundidas desde ACODAP y sus redes sociales afines, y especialmente, a fin de evitar la revictimización de los perjudicados, así como la perpetuación del delito de asociación ilícita aquí investigado.

El instructor acoge igualmente la solicitud del Ministerio Público de atribuir nuevos delitos a Presencia de blanqueo de capitales y alzamiento de bienes, por lo que acuerda tomarle declaración en calidad de investigado. Dichos tipos penales se suman a los ya investigados de injurias y calumnias, estafa agravada, organización criminal y asociación ilícita.

La decisión tiene lugar después de que el pasado febrero la Guardia Civil registrara el despacho y el domicilio de Presencia en la localidad toledana de Talavera de la Reina. Dicho registro se autorizó para el esclarecimiento de los delitos investigados.

En un segundo auto, fechado este mismo viernes, el juez indica que además de a Presencia tomará declaración como investigados a Lidia Reina, que se encargaba en difundir en redes y diversos canales las denuncias supuestamente falsas de Presencia, y a Alejandro Diges, que se encargaría de la interposición de esas denuncias.

A estos suma las declaraciones ese mismo día de Alberto Royuela y Santiago Royuela, que estarían en la cúspide junto a Presencia de la trama de denuncias falsas, y a Juan Martínez Grasa y Álvaro Arteaga, ambos encargados también de interponer denuncias falsas.

Además, acuerda que la unidad de Cibercrimen de la UCO identifique si existe vinculación entre la página web insurgente.org y ACODAP, y que en caso de ser así se inste a su cierre judicial.

Fue el pasado en junio de 2022 cuando el juez comenzó a investigar a Presencia a raíz de una denuncia presentada por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, contra él por las afirmaciones realizadas respecto a magistrados del Tribunal Supremo, entre ellos el entonces presidente del alto tribunal y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes.

Cabe recordar que ese mismo mes el Supremo denunció a Presencia ante el CGPJ por difundir "imputaciones radicalmente falsas" y "calumniosas" que no guardan relación alguna con la "verdad" sobre la situación patrimonial de los magistrados del alto tribunal.

En este contexto, el instructor pidió a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que realizara las averiguaciones oportunas para determinar los posibles afectados por las publicaciones efectuadas en la página web del exjuez, así como la existencia en otros canales de los contenidos difundidos por Presencia.

También ordenó cerrar dicha web para poner fin a "la permanente situación de atentado contra los bienes jurídicos de las víctimas y las instituciones del Estado que están siendo impúdicamente infringidos por el denunciado". Para ello, solicitó la ayuda de las autoridades francesas porque el dominio se encontraba geolocalizado en el país vecino.

El pasado 7 de julio de 2022 Presencia rechazó someterse al análisis psiquiátrico del médico de la Audiencia Nacional, negándose de igual forma a contestar a las preguntas del juez que investiga las presuntas calumnias que habría dirigido contra distintos magistrados.

"No hay declaraciones", respondió a su salida de la Audiencia Nacional, donde estaba citado para ser examinado por el forense. El objetivo de esa prueba, acordada por Gadea, era determinar si padecía alguna patología que le hiciera inimputable.

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Re: Denuncias: calificación y tratamiento
« Respuesta #532 en: 25 de Junio de 2023, 13:58:38 pm »

La Guardia Civil encontró en la empresa de Rayuela, uno de los asociados de Presencia, sellos de Juzgados y Tribunales de Barcelona

Fernando Presencia, en el centro, con sus asociados en este montaje creado para ganar dinero engañando a personas que creen estar luchando contra la corrupción: los ancianos Alberto Royuela y Juan Martínez Grasa. Los tres tienen que comparecer el miércoles ante la Audiencia Nacional. Ese día el juez central de instrucción tendrá que decidir si ordena su ingreso en prisión o no.
La Guardia Civil encontró en la empresa de Rayuela, uno de los asociados de Presencia, sellos de Juzgados y Tribunales de Barcelona
Portada / Tribunales
Carlos Berbell
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25/6/2023 06:31
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Actualizado: 25/6/2023 09:54
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontró ocho sellos de Juzgados de Barcelona y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña durante la entrada y registro que llevó a cabo el 8 de febrero pasado a los despachos de la empresa de Alberto Royuela, el anciano asociado del exjuez Fernando Presencia, citado también el próximo 28 de junio, miércoles, a las 10 de la mañana por el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional.

Es absolutamente anormal y fuera de lugar que un ciudadano tenga en su poder este tipo de objetos si no es con una intencionalidad. Royuela ya fue condenado anteriormente por denuncias falsas.


Las investigaciones practicadas por la Guardia Civil, escribe el magistrado en su auto, «permiten vislumbrar que nos encontramos ante una organización o grupo criminal, integrado por los investigados, con roles definidos, posiciones determinadas y vocación de permanencia, en cuyo vértice se encuentra Fernando Presencia Crespo», dice el magistrado Joaquín Gadea Francés en su auto.

La Asociación contra la corrupción y en defensa de la acción popular (Acodap), que preside el magistrado expulsado dos veces por prevaricación –dictar sentencias o autos a sabiendas de que eran injustos e ilegales– «se presenta nítidamente como un artificio, un ardid, o engaño, creado para ganar dinero mediante aportaciones de personas que creen estar luchando contra la corrupción«, dice el auto.


El dinero recaudado se eleva, en un principio, a 188.722 euros; una cifra a la que tendrá que sumarse lo que contiene la cuenta que abrieron en Lituania para impedir que las autoridades españoles pudieran intervenirla. En el auto del viernes el magistrado ordenó su incautación también.

La expulsión de la carrera judicial produjo un enorme descalabro en las finanzas de Presencia.

Bajo esta estructura, Fernando Presencia, Alberto Royuela y su hijo, Santiago, jugarían un «papel esencial en la fabricación de las denuncias y documentos mendaces que las acompañan».

Denuncias fabricadas que dirigieron contra un expresidente del Gobierno, a varios ministros del Gobierno, al anterior presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, a los vocales del CGPJ, al fiscal general del Estado, al presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, a la casi totalidad de los magistrados de esa Sala, además de otros magistrados, fiscales, diputados presidentes de Comunidades Autónomas y todo tipo de autoridad que fuera de su interés.

Presencia, por ello, ha sido imputado por siete graves delitos: blanqueo de capitales y alzamientos de bienes, estafa agravada o apropiación indebida agravada, asociación ilícita, calumnias contra las altas instituciones del Estado y organización criminal o grupo criminal.

Sobre sus asociados penden las cinco últimas imputaciones.


Presencia y sus asociados citados en la Audiencia Nacional el 28 de junio próximo con la posibilidad de entrar en prisión después
UN SEGUNDO NIVEL INTERPONÍA LAS DENUNCIAS
El anciano periodista Juan Martínez Grasa, junto a Alejandro Diges y Álvaro Arteaga, según el magistrado, «se encargarían de la interposición de las denuncias ante las diferentes autoridades receptoras».

En el registro que la Guardia Civil realizó al domicilio de Martínez Grasa también se incautó de un disco duro marca Seagate de TB del que se extrajo un documento elaborado el 20 de diciembre de 2022 en formato Word en el que se expresan una serie de datos financieros que supuestamente corresponden a una cuenta corriente en la entidad bancaria «Morabanc».

«El estudio de los metadatos permite comprobar que se trata de un documento elaborado íntegramente el 20 del diciembre de 2022 por el propio Alberto Royuela», dice el auto.

«El formato es el mismo independientemente de la entidad bancaria que la emita», sin que en dicho documento aparezca ni el sello de la entidad, o datos de email o número de teléfono o dirección postal.

«El hallazgo de esta evidencia nos sitúa ante una ‘plantilla’ o ‘modelo’ en formato ‘Word’ creados para fabricar los documentos bancarios que se acompañan a las denuncias donde se imputa a diferentes personas la titularidad de depósitos en entidades bancarias situadas en paraísos fiscales», subraya el magistrado.

La séptima imputada, la única mujer en la supuesta trama –hasta ahora–, Lidia Reina, jugaría un «papel fundamental en su distribución» a través de Internet y por diferentes canales y redes sociales.


La Justicia decreta la suspensión de Acodap e imputa a Presencia delitos de blanqueo de capitales y alzamiento de bienes: y van siete
Todos ellos han sido citados bajo el paraguas del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que establece una vistilla final con todas las partes –fiscalía, acusación particular y defensas– en la que el magistrado instructor escuchará lo que tengan que decir y decidir, si hay petición, si imponer prisión preventiva, libertad bajo fianza o libertad total.

EL ASOCIADO ROYUELA FUE CONDENADO ANTES POR LO MISMO: DELITO CONTINUADO DE ACUSACIÓN Y DENUNCIAS FALSAS CONTRA JUECES Y FISCALES
Royuela fue condenado en 2003 a un año y medio de cárcel y multa de 12.960 euros por un delito continuado de acusación y denuncias falsas contra jueces y fiscales de Barcelona. Martínez Grasa también fue condenado a seis meses de prisión y multa de 1.080 euros por falsedad en documento mercantil al haber realizado un ingreso en metálco a nombre del fiscal Carlos Ramos, según informó en su momento El País.

En la sentencia, dictada por el Juzgado de lo Penal 19 de Barcelona, se dice que Royuela presentó dichas denuncias para «mancillar el honor de diversos» jueces y fiscales: Carlos Jiménez Villarejo, exfiscal jefe de Cataluña; su sucesor, José María Mena; el presidente de la Sección Novena de la Audiencia de Barcelona [más tarde llegaría a presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña), Gerard Thomas, y la magistrada de Instrucción de esta ciudad, Roser Aixandrí.

La sentencia aseguraba que Royuela guardaba a estas personas «un odio visceral» porque en el ejercicio de su profesión participaron en diversos procesos penales que acabaron en condena contra el subastero.



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Re: Denuncias: calificación y tratamiento
« Respuesta #533 en: 26 de Junio de 2023, 07:22:00 am »

Un vecino denuncia malos tratos físicos y psicológicos en el cuartel de Villablino

Historia de Vanessa Araujo • Hace 3 h



El vecino de la pedanía lacianiega de Villaseca Raúl Juan Bernardo denuncia a un grupo de guardia civiles de Villablino por maltrato físico y psicológico dentro del acuartelamiento de la capital lacianiega.

Los hechos que este hombre denunció ante el juzgado de Villablino ocurrieron el pasado mes de abril, cuando según Raúl Juan Bernando en la madrugada del 15 perdió las llaves del coche; al percatarse de la situación llamó al cuartel de la Guardia Civil, en torno a las 04.30 horas, para informarse que debía hacer por no tener las llaves con él. «Me dijeron que tenía que ir para poner una denuncia», explica. Y una vez en el cuartel, según relata, le pidieron el Documento Nacional de Identidad (DNI) y comienzan a propinarle una serie de insultos por parte de distintos guardias. «Me doy la vuelta y había otros cuatro guardias más a oscuras y tapados», destacó Raúl Juan Bernardo, quien señala que «sin más, uno me cogió del pelo y me quitó las gafas», y tras esto «me tiraron al suelo, me pusieron las esposas y me dieron patadas, rodillazos y puñetazos».

Tras esto, este vecino afirma que comienza a manifestar dolor en su hombro derecho, custodiado por la guardia civil «me llevan al centro médico de Villablino y de ahí me trasladaron a Ponferrada». Este hombre llega el servicio de urgencias a las 12.26 horas, donde se percibe en la exploración un hematoma en el brazo izquierdo y deformación «llamativa» del hombro derecho. Finalmente le diagnostican luxación acromioclavicular, por lo que se le aconseja la inmovilización con cabestrillo de 2 a 3 semanas, incluso para dormir y que a los diez días sería revisado por traumatología para llevar a cabo un control evolutivo.

Cuando llega de nuevo a Villablino, vuelve a pasar a dependencias del acuartelamiento, donde estuvo hasta el domingo por la mañana, si bien «el lunes mi madre llama al médico porque no estoy bien», recuerda. A la vez destaca que el médico que le atiende lo traslada nuevamente al hospital de Ponferrada, donde detectan fractura en el sexto y séptimo arcos costales derecho próximas a la unión condrocostal.

Por su parte, fuentes de Subdelegación de Gobierno afirmaron que en la madrugada del pasado día 15 de abril a este vecino se le pone una multa por una infracción de tráfico, al estacionar sobre la acera, paseo y demás zonas destinadas al paso de peatones. Y tiempo después, este vecino llegó al cuartel insultando a los guardias y exigiendo que le quitaran la multa, además de golpear en los cristales y arremeter contra un agente. Tras esto, se procede a su detención como presunto autor de un delito de atentado contra un agente de la autoridad en el ejercicio de sus funciones. Si bien, señalan que esta persona opone gran resistencia a la detención, dificultando la labor y tienen que emplear la fuerza mínima indispensable para proceder a su reducción. Estas misma fuentes, señalan que tras ello, este vecino manifiesta dolor en un hombro y lo llevan al Hospital del Bierzo, y a partir del domingo ya pasa a disposición del Juzgado de instrucción número 1 de Villablino, para seguir con las diligencias.

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Re: Denuncias: calificación y tratamiento
« Respuesta #534 en: 27 de Junio de 2023, 07:43:03 am »
La fábrica de bulos del exjuez Presencia: una “plantilla” de Word para inventar cuentas millonarias de la alta judicatura


La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil halla en el registro del domicilio del ultra Alberto Royuela la plantilla usada para “fabricar” cuentas falsas en paraísos fiscales

Lucas Marco
26 de junio de 2023 22:40h
Actualizado el 27/06/2023 05:30h

Con una simple plantilla de Word, el exjuez Fernando Presencia, inhabilitado por prevaricación, ha orquestado una supuesta organización criminal dedicada a lanzar bulos y 'fake news' a la carta contra las más altas instancias de la judicatura española. Así lo asegura el juez de la Audiencia Nacional (AN) Joaquín Gadea en un auto dictado el pasado 23 de junio, que cita a declarar a Presencia como investigado y ordena el cierre de la página web que difunde los bulos. La resolución atribuye al exjuez una larga lista de “delitos graves”: organización criminal, delito contra el honor y contra las altas instituciones del Estado, estafa agravada, apropiación indebida, asociación ilícita y blanqueo de capitales.

El mediático personaje fue desterrado en 2012 al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Talavera de la Reina tras las irregularidades detectadas en los cursos que impartía para administradores concursales en Valencia. Tras su expulsión de la carrera por favorecer a varios amigos en procesos judiciales, una decisión avalada por el Tribunal Supremo (TS), Presencia se ha dedicado a lanzar graves acusaciones contra gran parte de la alta judicatura española mediante la denominada Asociación Contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (ACODAP), que preside. En su canal de Telegram y en otras redes sociales, el exjuez publica periódicamente supuestas cuentas en paraísos fiscales de miembros del TS, representantes del Ministerio Público o ministros, entre otros. Todo ello, con la colaboración de Alberto Royuela, un histórico ultraderechista que mantiene una teoría de la conspiración en el submundo complotista en la red.

Sin embargo, un informe del departamento contra el Cibercrimen de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha destapado que la documentación con la que Fernando Presencia difunde bulos proviene de una “plantilla” de Word para fabular datos falsos de cuentas en una entidad bancaria.

En el registro del domicilio de Alberto Royuela, los investigadores hallaron un disco duro de un 'terabyte' que contenía un documento de Word con datos financieros correspondientes a MoraBanc, una entidad bancaria situada en Andorra. Tras el estudio de los metadatos del documento, la UCO ha acreditado que fue “íntegramente elaborado” por Royuela.

Los agentes del Instituto Armado hallaron el mismo documento en el registro del domicilio de Juan Martínez Grasa, colaborador de ACODAP, en un “pliego” de denuncias preparadas para ser interpuestas. Una mera “plantilla” —sin el sello de la entidad ni datos de contacto— creada para “fabricar los documentos bancarios que acompañan a las denuncias donde se imputa a diferentes personas la titularidad de depósitos en entidades bancarias situadas en paraísos fiscales”, según el auto.

El “ardid” de Presencia “para ganar dinero”
El magistrado de la AN considera que la asociación de Presencia se erige “nítidamente” como un “artificio, un ardid o engaño, creado para ganar dinero mediante aportaciones de personas que creen estar luchando contra la corrupción”. “Se trata, en consecuencia, de una asociación creada para delinquir”, apostilla.

Las pesquisas se iniciaron en 2022 tras una denuncia de la Fiscalía contra Presencia por un presunto delito contra las altas instituciones del Estado. El Ministerio Fiscal enumeraba las injurias o calumnias contra un expresidente del Gobierno, ministros del Ejecutivo de Pedro Sánchez, el presidente y vocales del Consejo General del Poder Judicial, el fiscal general del Estado, el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, magistrados del TS, fiscales, diputados o presidentes autonómicos, “entre otros muchos cargos”. Los bulos difundidos por ACODAP atribuían a la larga lista de cargos públicos la “posesión de cantidades de dinero en depósitos ubicados en paraísos fiscales”.

Sin embargo, la investigación “ha permitido conocer la existencia de una trama mucho más compleja”. El juez considera a Presencia como el “vértice” de la supuesta organización criminal, una “estructura exclusivamente encaminada al enriquecimiento ilícito propio y de algunos de los miembros más cercanos de la organización mediante la difusión de noticias falsas”. ACODAP también llegó a insinuar la “supuesta psicopatía no diagnosticada” del juez instructor de la causa en un escrito presentado por Fernando Presencia ante el Consejo General del Poder Judicial.

El “modus vivendi” del exjuez: 188.722 euros en aportaciones
La Fiscalía recuerda que, una vez separado de la carrera judicial, Presencia “carecía de ingreso alguno”. Así, su imagen de “paladín” de la lucha contra la corrupción “no sería más que un falso reclamo para atraer aportaciones y donaciones anónimas”.

El juez considera que Fernando Presencia ha convertido la “pseudo asociación” en un “modus vivendi” y cifra los ingresos de ACODAP: 188.722 euros en una cuenta cuyo único autorizado es el magistrado expulsado de la carrera judicial. De esos fondos, Presencia habría abonado gastos “aparentemente de índole privado” de 22.500 euros en pagos con tarjeta y de 11.730 euros en retiradas en cajeros, según un informe de la UCO. Alberto Royuela habría dispuesto de 27.200 euros de la misma cuenta bancaria.

La Fiscalía, por su parte, tilda la actuación de Presencia como un “mero trampantojo, nada real” y una “ficción” en la cual “el delito es la médula de su ser”. Sin embargo, según abunda el juez Gadea, “pese a todos los esfuerzos que se han hecho por mitigar esta situación, la organización o grupo criminal investigado sigue operando cada día con total impunidad”.

ACODAP, que continúa “con la misma estrategia de publicación de noticias falsas” y con un nuevo dominio en internet, recauda fondos en una cuenta corriente abierta en Lituania y a través de Bizum.

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Re: Denuncias: calificación y tratamiento
« Respuesta #535 en: 29 de Junio de 2023, 07:28:28 am »

Detienen al ex juez Fernando Presencia tras su plantón a la Audiencia Nacional

Historia de El Independiente • Ayer a las 21:19



El ex juez Fernando Presencia ha sido detenido este miércoles por la Policía Nacional, horas después de que no se presentara a su cita con el juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea para declarar por los nuevos delitos de blanqueo de capitales y alzamiento de bienes que le ha imputado, según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

Las mismas fuentes precisan que se espera que mañana pase a disposición del magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción Número 6, precisamente, para cumplir con esa comparecencia. A este efecto, Gadea había emitido una orden de captura contra Presencia tras no acudir a su cita con la AN.

Artículo relacionado: Anticorrupción pide 40 años a Villarejo por el encargo de Caixabank y Repsol

Se da la circunstancia de que este miércoles el instructor iba a decidir si adoptar medidas cautelares contra el ex juez, incluida la prisión provisional, para atajar la actividad «delictiva» de la asociación que preside, ACODAP.

De hecho, ha acordado prisión provisional comunicada y sin fianza para los tres que sí han comparecido en calidad de investigados –Alberto y Santiago Royuela y Juan Martínez Grasa–. En su caso, apunta a posibles delitos de estafa, apropiación indebida, asociación ilícita y organización o grupo criminal.

Según Gadea, la investigación permite afirmar que se está ante «una organización o grupo criminal, integrado por los investigados, con roles definidos, posiciones determinadas y vocación de permanencia, en cuyo vértice se encuentra Fernando Presencia, quien habría puesto en marcha una estructura exclusivamente encaminada al enriquecimiento ilícito propio y de algunos de los miembros más cercanos de la organización mediante la difusión de noticias falsas».

Precisa que, bajo la cobertura de ACODAP, los Presencia, Alberto Royuela y su hijo Santiago Royuela tendrían un papel esencial en la fabricación de las denuncias y documentos mendaces que las acompañan. Después, éstos, junto a Juan Martínez, Alejandro Diges y Álvaro Arteaga –que tampoco han comparecido– se encargarían de poner denuncias ante distintas autoridades, ocupando Lidia Reina –también ausente hoy– un papel clave en su distribución en Internet y otros canales.

Meras maquinaciones
Para el instructor, existen múltiples indicios que permiten concluir que las denuncias presentadas por ACODAP eran meras maquinaciones. «Todo ello permite inferir que la organización ACODAP no era más que un instrumento al servicio de un grupo de personas para la obtención de recursos con los que lucrarse, simulando que con ella se combatía la corrupción», expone Gadea.

Así, afirma que, de los indicios reunidos, cabe concluir que ACODAP «sería en realidad el medio corrupto por el que, al parecer, se enriquecerían sus miembros y parientes, empezando por su presidente, Fernando Presencia, quien una vez separado de la carrera judicial carecía de ingreso alguno, y que la pretendida intención de actuar contra la corrupción no sería más que un falso reclamo para atraer aportaciones y donaciones anónimas».

En el marco de este engaño, continúa, las denuncias mendaces contra las altas instituciones del Estado, autoridades, políticos y otros representantes públicos serían el componente necesario para seguir con la lucrativa actividad que tan altos rendimientos les estaría dando, publicitando su actuación a través de redes sociales, páginas web y otros medios de comunicación. Precisamente, la difusión de las denuncias era un paso indispensable en la amplificación del engaño.

Cabe recordar que Gadea comenzó a investigar en junio de 2022, a raíz de una denuncia del fiscal jefe de la AN, Jesús Alonso, contra Presencia por las afirmaciones realizadas respecto a magistrados del Tribunal Supremo, entre ellos su presidente y el del entonces Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes.

Poco antes, el Supremo había denunciado a Presencia ante el CGPJ por difundir «imputaciones radicalmente falsas» y «calumniosas» que no guardan relación alguna con la «verdad» sobre la situación patrimonial de los magistrados del tribunal.

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Re: Denuncias: calificación y tratamiento
« Respuesta #536 en: 30 de Junio de 2023, 07:46:37 am »

Este termina ingresando en Meco.

Prisión sin fianza para el exjuez Presencia por encabezar una red criminal que se lucró con denuncias falsas
Historia de Agencias • Ayer a las 18:11

El magistrado Joaquín Gadea ha decretado prisión sin fianza para el exjuez Fernando Presencia, detenido este miércoles por no presentarse en la Audiencia Nacional, donde está investigado por dirigir una supuesta organización que buscaba lucrarse mediante la presentación de denuncias falsas contra diferentes autoridades.

La Policía ha puesto este jueves a Presencia a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 6, donde se encuentra investigado por una larga lista de delitos, entre los que figura organización criminal, estafa, falsedad, asociación ilícita, blanqueo o delito contra las altas instituciones del Estado.

El magistrado que lo investiga, Joaquín Gadea, ha atendido en un auto conocido este jueves la petición formulada por la Fiscalía y las acusaciones al término de la comparecencia de Presencia y ha decretado su ingreso en prisión provisional y sin fianza, como hizo este miércoles con tres supuestos colaboradores suyos -Alberto Royuela, su hijo Santiago y Juan Martínez Grasa-.

El juez considera que existe riesgo de reiteración delictiva y también riesgo de fuga, y recuerda en su auto que no compareció este miércoles ante el juzgado "evidenciando su intención de obstaculizar la labor judicial"; una voluntad, dice, que ha sido evidente durante todo el procedimiento.

Afirma que Presencia, que sigue creyendo que es magistrado en activo, según el auto, se cobija en esa condición para buscar una inmunidad que no ostenta ni el jefe del Estado, y pretende eludir cualquier clase de responsabilidad. "Resulta llamativo contemplar el aplomo en el que se sostiene esta posición, pese a las dos sentencias condenatorias que ya han recaído, sin que se sienta mínimamente vinculado", indica Gadea.

En su opinión, "lo más llamativo es que une a esta condición de magistrado un halo de impunidad, que se presenta especialmente incoherente con quien se encuentra frente a una asociación que pretende luchar contra la corrupción".

Presencia ha sido puesto a disposición judicial por la Policía Nacional, que le detuvo el miércoles por la tarde, horas después de que el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción Número 6 ordenara su busca y captura tras no acudir a la comparecencia que tenía fijada para ese día.

El objetivo de dicha comparecencia era comunicarle la imputación por dos nuevos delitos --blanqueo de capitales y alzamiento de bienes--, que se suman a la larga lista de ilícitos por los que ya venía siendo investigado.

La investigación sitúa a Presencia en el "vértice" de una presunta "organización o grupo criminal (...) con roles definidos, posiciones determinadas y vocación de permanencia" por la que también están imputados supuestos colaboradores suyos.

Según el juez, Presencia habría "puesto en marcha una estructura exclusivamente encaminada al enriquecimiento ilícito propio" y de algunos de sus colaboradores "mediante la difusión de noticias falsas" relativas a la interposición de denuncias donde se imputaban delitos a miembros del Gobierno, jueces y fiscales, entre otros, y se les atribuía "la posesión de cantidades de dinero" en paraísos fiscales.

Todo ello a través de la asociación ACODAP que preside Presencia y mediante el "falso reclamo" de la lucha contra la corrupción "para atraer aportaciones y donaciones anónimas”.

Al perder su condición de magistrado en 2016, Presencia perdió también su principal fuente de ingresos, lo que, según el magistrado, movió al investigado a idear una estructura criminal con la que obtener los fondos para sus gastos.

Los investigadores sostienen que Presencia, junto a dos supuestos colaboradores suyos, "tendrían un papel esencial en la fabricación de denuncias y documentos mendaces que las acompañan", bajo la cobertura de ACODAP, asociación que tiene las actividades suspendidas.

Pese a esta suspensión de actividades y al embargo de sus cuentas, el juez señala que "la mecánica criminal" sigue plenamente operativa pues ACODAP sigue publicitándose como tal y recaudando fondos desde una cuenta en Lituania y alojada en otro servidor.

Presencia tiene varias condenas a sus espaldas: dos de inhabilitación por prevaricación y otra de dos años y diez meses de cárcel por denuncia falsa y calumnias contra el fiscal decano de Talavera de la Reina (Toledo), Ángel Demetrio de la Cruz Andrade.

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Re: Denuncias: calificación y tratamiento
« Respuesta #537 en: 05 de Julio de 2023, 07:05:13 am »
Detenida una mujer por fingir una agresión sexual durante unas vacaciones en Málaga

Historia de Europa Press • Ayer a las 13:39

Una mujer ha sido detenida en Melilla por fingir una agresión sexual durante sus vacaciones en Málaga. Tras presentar una denuncia por este hecho, la Policía Nacional, a través de una investigación, habría resuelto que dicha acusación era falsa, por lo que la denunciante habría cometido un delito contra la administración de justicia.

En concreto, y según relata la mujer, conoció a un hombre en un lugar de ocio de la capital malagueña, que tras acompañarla a su habitación entró con ella de forma violenta y la agredió sexualmente.

Durante las diligencias practicadas, los agentes contactaron con el establecimiento donde, presuntamente, se habrían cometido los hechos, observando varias discrepancias entre la denuncia y las pruebas obtenidas.

Además, la declaración de una testigo (amiga de la denunciante) fue clave para determinar que las manifestaciones vertidas por la supuesta víctima a ésta no fueron las mismas que relató a la policía.

Finalmente, las pesquisas practicadas permitieron descubrir que la denunciante había participado en una simulación de delito, y por ello, fue detenida por agentes de la UFAM de Melilla.

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Re: Denuncias: calificación y tratamiento
« Respuesta #538 en: 03 de Agosto de 2023, 09:45:59 am »


El exjuez corrupto Presencia pierde la guerra desde la cárcel: el Supremo entierra su última querella masiva


El tribunal rechaza una querella del exmagistrado contra jueces, fiscales y funcionarios que le han perjudicado alguna vez, acusándoles de prevaricar, difamarle o blanquear dinero en paraísos fiscales.

 
Alberto Pozas

2 de agosto de 2023 08:17h

Actualizado el 02/08/2023 10:03h

La conocida como 'sala del 61' del Tribunal Supremo no se reúne muy a menudo. Lo hace, por ejemplo, cuando una querella se dirige contra tantos magistrados de una de sus salas que es imposible que ellos mismos puedan tomar una decisión. Es lo que acaba de suceder con una iniciativa penal del exjuez corrupto Fernando Presencia, recientemente enviado a prisión por la difusión masiva de informaciones y denuncias falsas sobre jueces, fiscales, periodistas y políticos: esta sala especial del Tribunal Supremo ha rechazado una querella en la que Presencia acusaba a toda la Sala de lo Penal del Supremo, a los jueces de Toledo y Talavera y a diversos funcionarios de difamarle, blanquear dinero en paraísos fiscales y prevaricar al condenarle o rechazar sus recursos.

La Audiencia Nacional envía a prisión al exjuez Presencia por sus masivas denuncias falsas

MÁS
Fernando Presencia fue juez en Talavera de la Reina hasta que dos condenas firmes de inhabilitación por favorecer a sus amigos en asuntos judiciales terminó con su carrera de magistrado. A partir de entonces dedicó sus esfuerzos a denunciar que había sido víctima de una conspiración perpetrada por jueces, fiscales y políticos que querían hacerle pagar sus denuncias de corrupción. Sus denuncias y querellas, como ha sucedido con esta última, nunca llegaron a nada y por el camino unió sus esfuerzos a los ultraderechistas Alberto y Santiago Royuela, impulsores de la teoría de la conspiración denominada 'Expediente Royuela' sobre corrupción, blanqueo de capitales y asesinatos de estado.

Su batería de denuncias, afirmaciones y acusaciones sin pruebas sobre cómo jueces, fiscales, políticos y periodistas han ordenado asesinatos o han escondido millones de euros en paraísos fiscales les han llevado a prisión provisional. Hace unas semanas la Audiencia Nacional envió a Presencia, a los Royuela y a Juan Martínez Grasa a la cárcel por insistir en la difusión masiva de estos bulos y denuncias, de manera personal o a través de la asociación ACODAP que el juez Joaquín Gadea considera una pantalla para buscar la impunidad al afirmar que no son más que denunciantes de corrupción cuando, en realidad, se enriquecen con el dinero que donan sus seguidores.

El exjuez, que minutos antes de ser enviado a prisión seguía afirmando dentro de la Audiencia Nacional que sigue siendo magistrado, ha perdido una nueva querella interpuesta a principios de año pero rechazada por el Tribunal Supremo y su sala especial pocos días después de entrar en prisión. Una querella contra varias decenas de personas que resumía buena parte de sus obsesiones en los últimos años: acusaba a los jueces del Supremo de injuriarle, a los funcionarios del Supremo y a jueces y fiscales de la Audiencia Nacional y Castilla-La Mancha de conspirar contra él y a casi todos ellos de blanquear dinero en paraísos fiscales.

Acusaba a Manuel Marchena, toda la Sala de lo Penal del Supremo y varios funcionarios del alto tribunal de injurias y calumnias por un comunicado emitido hace un año y que marcó el principio del final de su carrera como difusor de bulos y denuncias falsas. En ese escrito Manuel Marchena denunciaba en nombre del resto de magistrados que Presencia y su asociación les acusaban sin pruebas y de estar causando un “irreversible daño” a la imagen de la Justicia.

Esa carta fue el primer paso de una denuncia y una causa judicial que la Audiencia Nacional abrió contra él y que, recientemente, le ha llevado, a prisión, y según el Supremo no hay nada de delictivo en ella. Manuel Marchena, destaca la 'sala del 61' del Tribunal Supremo, no le atribuía ningún delito en esa carta y se limitaba a denunciar unas declaraciones reales que Presencia hizo al canal ultra Estado de Alarma TV. Los jueces que le condenaron por difamar a un fiscal de Castilla-La Mancha tampoco prevaricaron. Y ni ellos ni el juez Gadea que le investiga o el fiscal que pidió prisión para él han blanqueado capitales.

Todos son, según el Supremo, afirmaciones y acusaciones “huérfanas de todo apunte probatorio” que no se dirigen sino contra las personas que le han perjudicado de alguna manera en sus pleitos en los últimos años. La querella y los múltiples recursos que Presencia, ACODAP y su abogado interpusieron desde febrero hasta este mes de julio quedan rechazados mientras él y sus colaboradores están en prisión provisional sin fianza. Sus alegaciones sobre ser un denunciante de corrupción amparado y protegido por la normativa europea también caen en saco roto.

El dinero para denunciar la corrupción
La nueva derrota de Presencia fue firmada por el Supremo poco después de que la Audiencia Nacional, a petición de la Fiscalía, hiciese efectiva su entrada en prisión. No atendió los requerimientos de dejar de difundir las informaciones y denuncias falsas por las que estaba siendo investigado y, además, tuvo que ser detenido cuando fue llamado a declarar por última vez, lo que para el juez Gadea ilustraba su intención de “obstaculizar la labor judicial”. No ocultó su sorpresa el instructor porque Presencia, ante él, reivindicara que sigue siendo juez a pesar de haber sido expresamente expulsado de la carrera judicial por prevaricar: “Une a esta condición de magistrado un halo de impunidad, que se presenta especialmente incoherente con quien se encuentra frente a una Asociación que pretende luchar contra la corrupción”, decía su auto de prisión.

La causa gira en torno a sus denuncias, que el juez Gadea y sus víctimas consideran tan falsas como indiscriminadas, pero también en torno al dinero. Los miles de euros que, según la investigación, los seguidores de Presencia donaron a ACODAP pensando que contribuían a luchar contra la corrupción judicial, mediática y política que denunciaba. El juez cree que ese dinero, en realidad, fue a parar a los bolsillos de Presencia y sus colaboradores mientras usaban una plantilla de Word para crear y presentar sus denuncias.

Los informes aportados al caso por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil reflejan que el exmagistrado tenía acceso o poder en 14 cuentas bancarias, gestionando a veces los ingresos a través de una cuenta en Lituania. Entre 2021 y 2022, en total, recaudó según el juez 185.707,98 euros. Presencia usó 22.500,92 euros para “gastos privados” con la tarjeta de crédito. Otros 11.730 euros salieron del cajero automático. Otros 27.200 euros fueron a parar a Alberto Royuela. Entre los imputados y beneficiados por estos ingresos hay, incluso, un policía nacional que pasó por la cárcel por encañonar a varios jóvenes en una pelea de bar.

La causa contra Presencia, los Royuela y el resto de colaboradores de ACODAP está, según dijo el juez en su auto, cerca del final y, por tanto, próxima a un hipotético juicio. No queda ni rastro de los canales de Telegram, YouTube o Twitter en los que difundían sus denuncias y acusaciones y pedían dinero. La acusación de Gadea sigue presidiendo las acusaciones: “La organización ACODAP no era más que un instrumento al servicio de un grupo de personas para la obtención de recursos con los que lucrarse, simulando que con ella se combatía contra la corrupción”.


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Re: Denuncias: calificación y tratamiento
« Respuesta #539 en: 03 de Agosto de 2023, 11:14:03 am »
Yo creo que a este hombre se le ha ido la cabeza, otra explicación, en una persona formada en leyes, no es posible. . .

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