Autor Tema: Denuncias: calificación y tratamiento  (Leído 69996 veces)

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Re: Denuncias: calificación y tratamiento
« Respuesta #560 en: 20 de Agosto de 2024, 12:38:06 pm »

Condenada en Málaga por denuncia falsa contra sus cuñadas


La mujer las acusó de haberle sustraído el DNI o la tarjeta sanitaria para retirar una medicación de la farmacia

Juan Cano
Juan Cano

Málaga

Domingo, 18 de agosto 2024, 15:32

Una mujer ha sido condenada en Málaga por presentar una denuncia falsa contra sus cuñadas, a las que acusó de haber usurpado su identidad, según declara probado la sentencia, que le impone una pena de 12 meses de multa (1.800 euros). La Audiencia Provincial de Málaga acaba de confirmar el fallo tras desestimar el recurso de la procesada.

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Los hechos se remontan al 1 de junio de 2020. La mujer, «a sabiendas de la falsedad de los hechos», acudió a un cuartel de la Guardia Civil y denunció que alguien había sacado sus medicamentos de la farmacia y señaló a dos de sus cuñadas como las personas que habrían usurpado su identidad para hacerlo.

En concreto, la mujer aseguraba que sus cuñadas habían tomado su DNI o su tarjeta sanitaria mientras ella estaba en su casa, o bien habían «fotografiado» dichos documentos, para sacar con ellos en la farmacia la medicación que precisaba la acusada.

El caso acabó en manos de la comisaría del distrito Oeste del Cuerpo Nacional de Policía. El grupo dedicado a investigar denuncias falsas comprobó la tarjeta sanitaria y descubrió que había sido utilizada el 30 de mayo en una farmacia del Guadalhorce para retirar la medicación.

Los agentes acudieron a la botica y, tras visionar las cámaras de seguridad, acreditaron la falsedad del relato de la acusada. Así, comprobaron que fue ella misma quien acudió a retirar la medicación, por lo que fue procesada por ese motivo.

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Aunque sus cuñadas renunciaron a cualquier acción penal y solicitaron simplemente el archivo del procedimiento, el Juzgado de lo Penal número 9 de Málaga la condenó por denuncia falsa. Aunque la defensa de la acusada recurrió el falló, la Audiencia ha desestimado sus argumentos y ha confirmado la sentencia.


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Re: Denuncias: calificación y tratamiento
« Respuesta #561 en: 26 de Agosto de 2024, 07:46:35 am »


El precio de las 'fake news': multa de 4.000 euros por denunciar a Marchena usando la información falsa del exjuez Presencia



El Supremo sanciona a un hombre que denunció en los juzgados que el juez Manuel Marchena y el fiscal Jesús Alonso tenían millones en cuentas en paraísos fiscales usando la información falsa por la que está siendo investigado el exjuez Fernando Presencia: “El abuso institucional es especialmente grave”

Alberto Pozas

25 de agosto de 2024 22:19 h
Actualizado el 26/08/2024 05:30 h

El Tribunal Supremo ha puesto precio a las denuncias 'spam' de los seguidores del exjuez Fernando Presencia: 4.000 euros por cada denuncia basada en sus informaciones falsas, las conocidas como fake news. Los jueces han decidido sancionar con esta cantidad a un hombre que acusó sin pruebas en los tribunales al juez Manuel Marchena y al fiscal Jesús Alonso por tener varios millones de euros ocultos en paraísos fiscales, basándose en la información falsa que el exjuez Fernando Presencia y su asociación difunden desde hace años en internet y por la que está encarcelado. El Supremo denuncia que estas denuncias 'spam' sin pruebas contra magistrados supone un “abuso institucional especialmente grave”.

Fernando Presencia está en prisión provisional desde hace más de un año. Expulsado de la carrera judicial tras ser condenado e inhabilitado dos veces por prevaricación, el exmagistrado lleva varios años difundiendo de forma masiva que jueces, fiscales, políticos y periodistas tienen cuentas bancarias en paraísos fiscales donde ocultan millones de euros al fisco. La Audiencia Nacional le envió a prisión acusándole de liderar, junto con los conspiranoicos Santiago y Alberto Royuela, un grupo dedicado a interponer estas denuncias sin pruebas mientras se enriquecía a través de las donaciones que recibía su asociación de supuesta lucha contra la corrupción.

Las denuncias presentadas de forma masiva por Presencia, los Royuela y sus seguidores nunca han pasado el más mínimo filtro judicial. Una de ellas, que rebotó durante más de un año por distintos juzgados y tribunales asturianos, fue presentada en Gijón hace un año y medio por un hombre: documentos sacados de la web de la asociación ACODAP del exjuez Presencia en los que se acusa a Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, y al fiscal de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, de tener varios millones de euros escondidos a medias con sus hijos en Panamá y Luxemburgo.

La denuncia llegó al Supremo después de recibir varias negativas de los tribunales del Principado. Concretamente al departamento conocido como 'sala del 61', formado por jueces de todas las salas del Supremo, pensado para casos como este en que uno de los potenciales imputados es alto cargo del tribunal, como es el caso de Marchena. La primera decisión, del pasado febrero fue inadmitir la denuncia por no presentar ninguna prueba más allá de las afirmaciones de Presencia. La segunda, de hace unas semanas, es multar con 4.000 euros al denunciante por actuar con “temeridad manifiesta” denunciando hechos que el Supremo considera claramente falsos.

En febrero, el Supremo inadmitió la denuncia reflejando los argumentos que distintos juzgados y tribunales han reflejado cada vez que una denuncia basada en las revelaciones de Presencia ha llegado a su mesa: “Se limita a especular”, dice la sala, sobre cuentas de bancos “sobre la que no se aporta indicio o soporte justificativo alguno”. Pero fue un poco más allá y abrió un nuevo proceso para decidir si multaba a este ciudadano por presentar una denuncia manifiestamente falsa contra un juez y un fiscal. “El carácter puramente especulativo de la denuncia y los gravísimos tipos delictivos que hipotéticamente se imputan a los denunciados sin ningún fundamento fáctico evidencian una temeridad manifiesta”, dijo entonces el Supremo.

El resultado, después de varios meses deliberando, ha sido imponer una multa de 4.000 euros a este hombre que esgrimió los documentos de Fernando Presencia ante los tribunales por actuar con temeridad y mala fe. Entre otras cosas, el multado alegó en su defensa argumentos habituales del exjuez condenado y sus seguidores: que es un denunciante de corrupción protegido por la normativa internacional, y también que nadie puede demostrar que jueces y fiscales no tengan millones ocultos en paraísos fiscales si nadie lo investiga de forma efectiva.

Un “alto reproche sancionador” contra el bulo
Para los jueces, esta denuncia sobre el juez Marchena y el fiscal Alonso es “un mero instrumento para obstaculizar el buen funcionamiento de la Justicia y los tribunales”, obligando a usar “medios materiales y personales” en tramitar una denuncia “sin indicios mínimamente verosímiles” y, además, poniendo en duda a magistrados y fiscales “minando la credibilidad de la sociedad sobre el correcto funcionamiento de los tribunales”.

Los jueces entienden que una multa de 4.000 euros es suficiente para este denunciante por su conducta “merecedora de un alto reproche sancionador”, al atacar la “confianza de los ciudadanos en el regular funcionamiento de sus instituciones”. Una confianza que, añaden, queda “socavada por la difusión de indicios falsos, rumores o informaciones infundadas” sobre sus miembros y su funcionamiento. Pedir que la jurisdicción penal caiga sobre jueces y fiscales con falsedades, zanja, es un “abuso institucional especialmente grave”.

Alegar que la asociación de Fernando Presencia ha publicado esos documentos en su web, explica el Supremo, es más perjudicial que beneficioso para su estrategia de defensa. Esa web, recuerda el Supremo, “fue suspendida cautelarmente por resolución judicial en junio de 2023 en un procedimiento que investiga la licitud de sus actividades”. Entre otras cosas por difamar a la mitad de los magistrados de ese mismo Tribunal Supremo. El propio Presencia fue multado con 6.000 euros por intentar retrasar su ingreso en prisión con una “cadena de recursos”.

Santiago Royuela y Fernando Presencia con documentación presentada en sus denuncias
Se trata del primer seguidor de Fernando Presencia y sus denuncias 'spam' multado por llevar a los tribunales sus acusaciones sobre cómo jueces, fiscales, políticos y periodistas ocultan dinero en el extranjero, millones que a veces según sus relatos proceden de sobornos y corrupción. Denuncias y acusaciones que, como en otros casos, suelen dirigirse contra personas que hayan perjudicado a Presencia en algún momento de su carrera: Manuel Marchena fue uno de los jueces que firmó su primera condena de 10 años de inhabilitación y el fiscal Jesús Alonso presentó la querella que, finalmente, le ha llevado a prisión.

Presencia, tras ser expulsado de la carrera judicial por hacer cosas como favorecer a un amigo suyo acusado de un atropello con fuga, fue encarcelado en el verano de 2023 por la Audiencia Nacional acusado de utilizar su asociación ACODAP de lucha contra la corrupción para enriquecerse junto con algunos colaboradores, haciendo negocio con la interposición de denuncias masivas y falsas de la mano de Santiago y Alberto Royuela, conocidos ultraderechistas de Barcelona que, desde hace décadas, promueven la teoría de que políticos como José Luis Rodríguez Zapatero lideran un entramado secreto dedicado a los asesinatos de Estado.

Algunos seguidores, como este hombre que fue a los juzgados de Gijón con sus documentos en la mano, siguen interponiendo denuncias en base a estas revelaciones sin pruebas. Otros, tal y como explicó elDiario.es, acuden periódicamente a visitarle a la cárcel de Logroño mientras sus canales y página web sigue difundiendo sus acusaciones masivas.

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Re: Denuncias: calificación y tratamiento
« Respuesta #562 en: 27 de Agosto de 2024, 08:06:22 am »

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Re: Denuncias: calificación y tratamiento
« Respuesta #564 en: 29 de Agosto de 2024, 08:11:07 am »

Piden prisión militar para María Serrano, la guardia civil que denunció corrupción en el Seprona


En 2015 puso en conocimiento de sus superiores presuntas irregularidades de un subordinado y denuncia que lleva 9 años "siendo brutalmente represaliada".
29 agosto, 2024 02:48GUARDAR

 GUARDIA CIVIL MEDIO AMBIENTE CORRUPCIÓN ANDALUCÍA ESPAÑA SEVILLA
Laura Garófano  @lauragarofanoes
La ahora brigada María Serrano está de baja psicológica pero en activo. Lleva 9 años siendo "brutalmente represaliada". En 2015 denunció a un subordinado suyo, un cabo primero, en el Seprona de Sevilla por presunta corrupción. Por aquel entonces ella era sargento: investigó y elaboró un informe que llegó a manos de su teniente, quien, según María, le recomendó que lo dejase pasar. Finalmente, logró que abriesen diligencias, pero se sobreseyó al estar prescritos los hechos.


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Re: Denuncias: calificación y tratamiento
« Respuesta #565 en: 29 de Agosto de 2024, 08:25:04 am »

La denunciante de corrupción en el Seprona de Sevilla alega "brutales represalias" durante diez años


La brigada María Serrano, con 30 años de servicio en la Guardia Civil, reclama protección como denunciante de corrupción en un caso que fue archivado por prescripción de los delitos y afronta un juicio militar acusada de denuncia falsa por el Jefe del Estado Mayor del instituto armado

María Serrano, brigada de la Guardia Civil, con 30 años en el cuerpo, de baja médica actualmente, durante la comparecencia ante los medios que ha dado este miércoles en Sevilla / JORGE JIMÉNEZ



Ana Ordaz

Sevilla 29 AGO 2024 6:59
"Se creían que muerto el perro, se acabó la rabia, pero, aquí estoy". Es una de las declaraciones de intenciones que ha realizado durante su intervención María Serrano Velázquez, brigada de la Guardia Civil, con 30 años de servicio, actualmente de baja médica y destinada en Zaragoza, que afronta un juicio militar acusada de denuncia falsa por parte del Jefe del Estado Mayor del Instituto Armado.


Este miércoles por la mañana, acompañada de su abogado, Jesús Díaz, Serrano ha descrito las "brutales represalias" que ha sufrido a lo largo de la última década por haber denunciado un supuesto caso de corrupción en el Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) en Sevilla relacionadas con irregularidades en la tramitación de denuncias sobre el comercio ilegal de productos pesqueros e inmaduros en la lonja municipal de Mercasevilla y también una supuesta trama contra empresas dedicadas al reciclaje de aceites vegetales.

El resumen de su denuncia pública, de cerca de dos horas, es la falta de protección tras haber alertado a sus superiores, en informes, de las supuestas infracciones administrativas que se estaría cometiendo en la comandancia de Sevilla. El resumen de su relato es que sus superiores taparon e hicieron la vista gorda ante estas denuncias apoyando a los guardias civiles señalados por María como infractores.

"Lo que pido es que me ampare la Ley 2/2023, de protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción", ha insistido Serrano.


"Denuncié corrupción en su momento y, como consecuencia de ello y de que mis mandos estuvieran involucrados, me han represaliado hasta la saciedad", ha sintetizado a la prensa tras su prolija intervención.

Un denuncia que empezó en 2013
Los hechos se remontan a 2013, cuando Serrano denunció un caso de presunta corrupción interna, que fue archivado por prescripción de delitos.

Fuentes de la Guardia Civil de Sevilla consultadas por este medio han declinado realizar valoraciones sobre esta convocatoria pública, y alegan que "hay un proceso juidicial abierto", por lo que no han declinado realizar ningún comentario.


Califican como «venganza» la acusación de denuncia falsa contra una sargento

La "revelación pública" (que es como han denominado sus promotores esta convocatoria de prensa), ha sido seguida por numerosos medios de comunicación en la mañana de este miércoles y en torno a un centenar de personas en un hotel de la capital andaluza. Entre los asistentes, mostrando su apoyo en primera fila, se encontraban miembros del movimiento Pancartas Amarillas Sevilla, activistas contra la Agenda 2030 y seguidores de numerosas teorías de la conspiración (contra de las vacunas del Covid y la OMS, negacionistas del cambio climático, entre otras causas).



Miembros del movimiento Pancartas Amarillas Sevilla han acudido a mostrar su apoyo a María Serrano / ANA ORDAZ

"Brutalmente represaliada"
El caso de la brigada Serrano es de una complejidad judicial que se traduce, a grandes rasgos, en numerosos pleitos cruzados entre sus mandos superiores y esta suboficial.

En su cruzada, Serrano está apoyada por la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), plataforma muy activa en la denuncia de las condiciones de trabajo que sufren los agentes del Instituto Armado, cuerpo en el que no está permitida la sindicación.

Actualmente, su situación es la de procesada por un delito militar por denuncia falsa contra un superior. Este juicio, ante un Tribunal Militar, estaba fechado para los próximos 17 y 18 de septiembre en Madrid. Pero, según ha informado, ha sido suspendido.

"Me acusan de una denuncia falsa y me piden más de un año de prisión militar. A diferencia de la justicia ordinaria, por la vía militar se entra en prisión "sí o sí", recalca.

El denunciante es el general de división y jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, Fernando Mora Moret. Serrano defiende en su relato que Mora Moret, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla entre 2013 y 2019, la humilló durante media hora con gritos constantes ante otros dos mandos.


"Larga lista de represalias"

La lista de "represalias", en sus palabras, que Serrano denuncia haber sufrido desde entonces es larga. Se le abrió un primer expediente disciplinario, otro expediente de cese en el destino, un tercer expediente de pérdida de la especialidad del Seprona, y se le revocó de su destino sin expediente previo, según ha enumerado.

Listado de "represalias" que María Serrano asegura haber sufrido por denunciar un supuesto caso de corrupción / ANA ORDAZ

También ha relatado cómo se le abrió un expediente de cese de uso de su vivienda habitual en la comandancia de la Guardia Civil de Sevilla, así como un procedimiento de entrada en el domicilio y desalojo.

Según ha narrado Serrano, estos hechos tuvieron lugar estando ella de viaje: "Me echaron de mi casa sin estar yo en mi casa". Una decisión que fue anulada por la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).


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Además, Serrano ha asegurado que el compañero que ha investigado el supuesto caso de corrupción en la comandancia junto a ella, Javier Navarro, también ha sido represaliado: "Lo han jubilado", ha asegurado la brigada. Ante esta mención, Navarro, que ha acudido desde Jaén para estar presente en el acto, se ha mostrado visiblemente emocionado.


Revelación pública anatomía del delito / JORGE JIMÉNEZ

El fiscal militar le pide un año de prisión

En el próximo juicio, ante un Tribunal Militar en Madrid, Serrano se enfrenta a un año de prisión solicitada por el fiscal militar y el denunciante.

Sobre la suspensión, María Serrano ha apuntado que le ha sido notificada por la vocal ponente: "No tengo constancia de que haya una vocal ponente, con lo cual habrán cambiado los miembros del tribunal y yo no sé nada. Me tendrán que decir quién es el tribunal que me va a juzgar porque tengo derecho a recusarlo", ha finalizado.


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Re: Denuncias: calificación y tratamiento
« Respuesta #566 en: 06 de Septiembre de 2024, 07:08:32 am »
Las sentencias por denuncias falsas en casos de violencia contra la mujer apenas llegan al 0,001%


El volumen de denuncias falsas por casos de violencia contra la mujer registradas en 2023 apenas supuso el 0,001% de las 199.282 demandas interpuestas frente a las 182.065 del año anterior.

La cifra, que la Fiscalía general del Estado tilda de “ínfima” en su memoria anual, supone un descenso del 67% con respecto del año anterior y, en la práctica, viene a desmontar uno de los mantras y bulos que formaciones negacionistas de la violencia como Vox que han llegado a verbalizar que “denunciar al hombre se ha convertido en una práctica habitual en los divorcios”.

Cabe recordar que los de Santiago Abascal llegaron a registrar el pasado mes de mayo, con la connivencia del PP en el gobierno de coalición que compartían en la comunidad valenciana, el registro de la Fundación para la defensa de los “hombres maltratados de manera indirecta a través de denuncias falsas sin motivos”. Una entidad duramente criticada por diversos organismos y asociaciones que califican como una “aberración” el hecho de que las mujeres víctimas de violencia de género compitan para acceder a subvenciones públicas con una asociación mal llamada de hombres maltratados".
Todo ello en un contexto diferente que en a los anteriores dado que, tras el cambio que supuso la entrada en vigor de la ley del sólo sí es sí, que acaba con la categoría de abuso para integrar todos los delitos sexuales bajo el tipo de agresión sexual y centra el castigo en la falta de consentimiento, se ha registrado un esperado aumento de los delitos de agresión (un 92% más de incoaciones que en 2022).

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Re: Denuncias: calificación y tratamiento
« Respuesta #567 en: 19 de Septiembre de 2024, 07:19:44 am »
Varios testigos contradicen la versión de la mujer que denunció una violación en la convención de Tecnocasa


Historia de Isabel Valdés • 14 h • 7 minutos de lectura

Numerosos testigos contradicen, en declaraciones ante la policía, la versión de la mujer que denunció haber sido víctima de una agresión sexual con sumisión química en una fiesta durante una convención de la empresa Tecnocasa, celebrada en Santander el viernes 14 de junio. La Unidad de Apoyo a la Familia y la Mujer de la Policía Nacional (UFAM) de Zaragoza tomó declaración durante el verano a la denunciante, al investigado, a dos extrabajadoras de Tecnocasa, y a otras 16 personas que trabajan o bien directamente para la inmobiliaria o en franquicias. Además, la policía cántabra llamó a declarar a tres trabajadores del hotel donde, según consta en esa denuncia, ocurrieron los hechos. Ese documento, de más de 140 páginas, adelantado por El Mundo y al que también ha tenido acceso EL PAÍS, recoge las transcripciones de las declaraciones, junto a otros archivos como informes toxicológicos y médicos y transcripciones de archivos de vídeo, y ha sido entregado a la jueza de instrucción que lleva el caso en Santander. La mayoría de los testigos afirma que la denunciante dijo haber mantenido relaciones sexuales consentidas con el investigado y dicen que había consumido drogas voluntariamente, al contrario de lo que ella denunció.

Varios testigos afirmaron ante la policía de Zaragoza que ella dijo la noche del sábado, delante de cuatro personas, que el día anterior había tenido relaciones sexuales “con Mr. España” (el investigado ganó ese título en el pasado), y que se refirió a detalles íntimos de la anatomía de la persona ahora investigada. Aseguraron que la mujer iba “jactándose de ello”. También declararon que ella había consumido drogas durante ese fin de semana de forma voluntaria, que ella misma “llevaba cocaína y pastillas”, y que ella envió a uno de los compañeros y entre bromas una foto del primer test de drogas de farmacia que se hizo al llegar el domingo a Zaragoza, en el que se ve positivo en THC, benzodiacepinas y cocaína. Dicha foto figura en una captura de pantalla de una conversación de WhatsApp reproducida en la documentación enviada al juzgado.

Ella declaró ante la policía que esa noche bebió únicamente un “ron-cola”, que no consume habitualmente alcohol, que no consume estupefacientes y que no había consumido esa noche ni voluntaria ni conscientemente ninguna droga. Denunció que tras esa copa no recordaba más de la noche. “Lo siguiente que recuerda es que a las 8.00 del día 15 escuchó la puerta de su habitación cerrarse, una persona desconocida había salido de su habitación. Se percató de que se encontraba desnuda en la cama (algo inusual, ya que ella duerme con pijama), dolor vaginal, marcas en las muñecas como de haber sido sujetada con fuerza y una moradura en el muslo derecho”, se lee en la denuncia policial del pasado junio.


Ante la difusión de las declaraciones de varios testigos, que contradicen su testimonio, ha emitido un comunicado la mañana de este miércoles: “La situación ha sido tergiversada con el objetivo de dañar mi imagen y distorsionar la verdad de lo ocurrido [...] Voy con la verdad por delante, sin miedo y sin vergüenza, porque quien ha sufrido una agresión jamás debería ser silenciada ni sentir culpa alguna. Mi nombre es Elena Comeras Hernández, y no permitiré que se me desacredite ni se manipule la realidad”.

Prueba de drogas

En ese mismo documento hace referencia a la prueba de drogas. “El test que se ha publicado como mío era de mi compañero, que sí que las consumió, al igual que salió positivo en benzodiazepinas y cocaína tras haber bebido él también de mi copa, tal como se declaró el 11 de septiembre en sede judicial”. Y asegura a este periódico que el envío de la imagen y la conversación de WhatsApp que sigue estaba siendo mantenida por su compañero de trabajo y amigo, con el que había ido a la convención —el que fue despedido a la misma vez que ella, el día después de contarle al jefe de su franquicia que había sido víctima de una violación— porque él tenía “la pantalla del teléfono rota” y habló en varias ocasiones con “familiares, amigos y compañeros” a través de su teléfono; algo que también afirma ese amigo.


En los pantallazos incluidos en la documentación policial, sin embargo, no se ve que ese amigo se identificara o que la persona con la que estaba hablando supiera que no era Comeras. Sí aparecen en cuatro ocasiones referencias en femenino en la conversación, dos del interlocutor —que dice “niña” y “mareada”—, y dos desde el móvil de Comeras —cuando alude en una ocasión a estar “rodeada” de personas de confianza y un “mareada”—.

Los relatos sobre el consumo de alcohol y drogas de Comeras aparecen a lo largo de las declaraciones de los trabajadores y trabajadoras de Tecnocasa. Una de ellas dijo a los agentes policiales que quería “hacer constar que Elena, en este y otros eventos, como cenas de empresa o de Navidad, siempre ha sido contemplada como una persona que tuviera problemas con el alcohol y las drogas”; otro afirmó “que la primera vez que interactuó con Elena ese día fue cuando esta se le acercó para preguntarle si conocía de alguien para ‘pillar’ algo de coca para un amigo o acompañarle para ‘pillar”; o que ella había dicho a varios “que llevaba diez gramos de coca para vender ese fin de semana”.

“Cualquier intento de vincularme con el consumo de drogas es un acto de manipulación destinado a desacreditarme”, ha escrito Comeras en el comunicado. Asegura que todo esto es una campaña contra ella que responde a la gravedad de unos hechos en un evento de una empresa tan conocida como Tecnocasa. Su abogada, Vanessa Fernández, explica al teléfono las “inconsistencias en las declaraciones ante la policía y después ante sede judicial el pasado miércoles” sobre estos y otros hechos de testigos “que trabajaban y siguen trabajando para Tecnocasa”. Entre esas contradicciones hay distintas versiones de qué sucedió la noche del sábado, la posterior a los hechos denunciados. Por ejemplo, relaciones sexuales que dos trabajadores de Tecnocasa afirmaron haber tenido con Comeras, aunque las diferentes versiones de lo sucedido difieren de un testimonio a otro.

“Ella puede tener relaciones con una o cinco personas o 100 y eso no elimina ni guarda relación con los hechos denunciados, la agresión sexual”, defiende su abogada sobre las declaraciones de la noche del sábado de esos testigos. Y, sobre el día de los hechos denunciados, a los que varios de esos testigos hacen referencia diciendo que vieron a Comeras y al investigado “bailando juntos en una actitud cariñosa” o que fue ella quien se acercó “de forma sorpresiva, bailándole de forma ‘sexy’, acercándose primero de frente y luego por detrás agachándose, insinuándose a él claramente”, la letrada apunta que “los testigos estaban en el bar y lo que puedan o no decir nada tiene que ver con si hubo o no consentimiento aquella noche después de irse del bar”.

Comeras, en su comunicado, repite que “no sabía quién era el agresor”: “No lo supe hasta que lo reconocí por la calle, lo cual me provocó una crisis de ansiedad que me dejó paralizada y por la que tuve que ser trasladada en ambulancia. Ni siquiera la policía quiso facilitarme el nombre del agresor en su momento, negándome incluso la posibilidad de solicitar medidas cautelares al principio. [...] Cualquier afirmación de que fui de fiesta a alardear de lo sucedido es completamente falsa y manipuladora. Incluso si hubiera bebido o consumido algo, eso no justifica lo que ocurrió: me tiraron en la cama, me golpearon, me abofetearon hasta dejarme inconsciente y fui agredida sexualmente”.

La pasada semana, el abogado de la defensa, Fernando Pamos de la Hoz, afirmó que había “contradicciones” en el testimonio de ella por las declaraciones de algunos testigos, acerca del consumo de drogas, alcohol y la propia agresión sexual. Pamos envió la semana pasada una petición al juzgado de Instrucción para el “sobreseimiento” del caso y “la deducción de testimonio por un delito contra la administración de justicia, entre otros ilícitos, contra la denunciante y su compañero de falsedades”; y solicitaba al juzgado “proceder sin dilación: archivando y procediendo contra estas dos personas”.

Ahora, la magistrada que instruye el caso en Santander, tras la declaración en sede judicial de varios testigos el pasado miércoles, decidirá si el procedimiento por los hechos que Comeras denunció en junio continúa y se abre juicio, o si no lo hace.

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Re: Denuncias: calificación y tratamiento
« Respuesta #568 en: 22 de Septiembre de 2024, 10:16:33 am »


Denunció en la comisaría de Ourense el robo de un móvil de 1.300 euros y los agentes descubrieron que lo había vendido una semana antes


Ourense
La Voz
ourense / la voz
Interior de los juzgados de Ourense
Interior de los juzgados de Ourense
La Fiscalía atribuye al sospechoso un delito de denuncia falsa por que el pide pena de multa
21 Sep 2024. Actualizado a las 05:00 h.

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En la tarde del 30 de marzo del año 2022 un hombre compareció en las dependencias de la comisaría provincial de Policía Nacional para denunciar el robo de un teléfono móvil. El particular explicó que el terminal estaba en su coche cuando personas desconocidas se lo habían llevado. Aportó detalles del aparato, explicando que se trataba de un modelo Oppo que estaba valorado en 1.299 euros.


La denuncia motivó la apertura de una investigación que terminó de una forma inesperada. Y es que los agentes localizaron el aparato en un establecimiento de compraventa de objetos de segunda mano de la ciudad. Se comprobó que había sido vendido por una mujer cuyo nombre figuraba en los registros del negocio, si bien al observar las grabaciones de las cámaras de seguridad los uniformados se llevaron una sorpresa. Junto a la mujer que había vendido el móvil se encontraba el hombre que días después denunció su robo. Así las cosas, se le atribuye ahora una denuncia falsa en grado de tentativa por la que se pide el pago de una multa de 1.440 euros.


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Re: Denuncias: calificación y tratamiento
« Respuesta #569 en: 04 de Octubre de 2024, 06:21:20 am »

La Guardia Civil investiga a una mujer en León que denunció el robo del bolso para cobrar el seguro



Redacción
León
03.10.2024 | 12:48

Actualizado: 03.10.2024 | 12:48

La Guardia Civil ha investigado a una mujer de 26 años de edad, como supuesta autora de sendos delitos de denuncia falsa y simulación de delito tras manifestar en el Puesto de la Guardia Civil de Toreno (León), que mientras se encontraba paseando a su perro en una localidad cercana, un hombre que circulaba en motocicleta le había sustraído el bolso por el método del tirón.

Realizadas las correspondientes indagaciones para el esclarecimiento de los hechos, ocurridos el pasado mes de septiembre, por parte del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Ponferrada (León), se lograron recabar los indicios suficientes que demostraban la falsedad de la denuncia, por lo que procedieron a la investigación de la denunciante como presunta autora de tentativa de estafa a su seguro y simulación de delito.

A disposición judicial

Fue puesta a disposición del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Ponferrada, junto con las diligencias instruidas.

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« Respuesta #570 en: 08 de Octubre de 2024, 16:51:59 pm »


Denunció en la comisaría de Ourense el robo de un móvil de 1.300 euros y los agentes descubrieron que lo había vendido una semana antes


Ourense
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Interior de los juzgados de Ourense
La Fiscalía atribuye al sospechoso un delito de denuncia falsa por que el pide pena de multa
21 Sep 2024. Actualizado a las 05:00 h.

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En la tarde del 30 de marzo del año 2022 un hombre compareció en las dependencias de la comisaría provincial de Policía Nacional para denunciar el robo de un teléfono móvil. El particular explicó que el terminal estaba en su coche cuando personas desconocidas se lo habían llevado. Aportó detalles del aparato, explicando que se trataba de un modelo Oppo que estaba valorado en 1.299 euros.


La denuncia motivó la apertura de una investigación que terminó de una forma inesperada. Y es que los agentes localizaron el aparato en un establecimiento de compraventa de objetos de segunda mano de la ciudad. Se comprobó que había sido vendido por una mujer cuyo nombre figuraba en los registros del negocio, si bien al observar las grabaciones de las cámaras de seguridad los uniformados se llevaron una sorpresa. Junto a la mujer que había vendido el móvil se encontraba el hombre que días después denunció su robo. Así las cosas, se le atribuye ahora una denuncia falsa en grado de tentativa por la que se pide el pago de una multa de 1.440 euros.




Absuelto un acusado que fue a la comisaría de Ourense a denunciar el robo de un móvil de 1.300 euros que él mismo había vendido días antes


Ourense ciudad
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La magistrada lo exonera dado que los hechos no llegaron a provocar actuaciones judiciales
08 Oct 2024. Actualizado a las 05:00 h.

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«La denuncia incierta no llegó a producir actuaciones procesales al ser descubierta por los agentes investigadores». Con esta frase absuelve la magistrada a un hombre que hace algunas semanas fue juzgado en su sala de vistas. Al investigado se le atribuía un delito de denuncia falsa, al acreditarse que había acudido a la comisaría para decir que le habían robado un teléfono móvil valorado en 1.300 euros que él mismo había vendido unos días antes, si bien la togada entiende que en este caso no hay motivos para condenar.


Y es que los investigadores descubrieron enseguida lo que estaba pasando. Acudieron a una tienda de artículos de segunda mano de la ciudad de Ourense y descubrieron que el denunciante había sido quien había entregado el terminal, cerrando el caso sin que se tuviesen que realizar más indagaciones judiciales. La jurisprudencia actual sostiene que cuando asuntos de este tipo se zanjan sin generar procesos penales no suponen delito, y es por ello que la magistrada exonera al sospechoso, para el que se había reclamado una pena de multa.


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Re: Denuncias: calificación y tratamiento
« Respuesta #571 en: 10 de Noviembre de 2024, 17:57:19 pm »

la iniciativa 'justicia per a valència' ha recogido 1.800 firmas de apoyo en apenas unos días

Casi un centenar de abogados colaboran en una denuncia popular contra Mazón por la dana

Ximo Aguar

   

Foto: EP/Carlos Luján
 Pleno extraordinario del Consell días atrás presidido por Mazón. Foto: EP/Carlos Luján
9/11/2024 -
VALÈNCIA. Pocas horas después de que la Dana causara estragos en la provincia de Valencia, con 212 fallecidos hasta el momento y miles de millones de euros en pérdidas materiales, los responsables del podcast 'Greuges pendents', formado por Quico Miralles, Andrea Kruithof y Juan Cardona. lanzaban la iniciativa a la red de impulsar un formulario para presentar una denuncia popular contra el Consell presidido por Carlos Mazón, por su gestión de la dana.

Un simple escrito de Google Forms con el objetivo de "recoger adhesiones para iniciar acciones judiciales" contra la Generalitat ha sido suficiente para generar el movimiento. "Necesitaremos juristas, aportaciones económicas, voluntarios...", señala el documento que hasta ahora han firmado casi 1.800 personas.

Más allá del volumen total de participantes, lo más reseñable de esta iniciativa es que casi un centenar de los firmantes son abogados y se han inscrito como voluntarios con la intención de colaborar activamente en la recopilación de información, estudio del caso, redacción y seguimiento de la denuncia. Un aspecto que pone de manifiesto que la intención de los impulsores es la de construir un caso sólido y bien hilvanado con profesionales de todos los ámbitos jurídicos implicados.

Uno de los impulsores de la iniciativa, el abogado y politólogo Quico Miralles, explica que la idea surgió preparando el programa por "la necesidad de hacer algo. No podíamos quedarnos de brazos cruzados". En este sentido, analiza que el objetivo es plantear "dos líneas de investigación paralelas". "Dado que la Administración no puede ser objeto de la vía penal, uno de los objetivos es encontrar a los responsables individuales. Por otro lado, en la vía administrativa, sí se puede ir contra las instituciones si se consigue demostrar que la tragedia era evitable", relata.

Sobre este particular, Miralles señala el caso del camping de Biescas, el Estado fue condenado por el Supremo a pagar más de 180.000 euros por cada fallecido, al considerar que había permitido construir las instalaciones en una zona inundable. Así, esta parte de la línea de investigación se centra en analizar todo lo que fuera evitable si se hubiera activado la alerta antes, lo que podría dar lugar a una sentencia que indemnizara a las víctimas. Una vía que iría dirigida contra la Generalitat, la responsable última al tener el mando de las emergencias.

Otra de las variables sobre las que trabaja ese colectivo se centra en las infraestructuras que debían haberse construido o reformado, lo que habría podido contribuir de forma decisiva a evitar la tragedia. Una línea que, en este caso, comenta, afectaría al Gobierno de España y más en concreto, a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

Respecto a la vía penal, Miralles apunta a que todavía se encuentra en fase embrionaria, si bien la línea en la que se trabaja es la denuncia de homicidio por imprudencia grave. "Para que la gente lo entienda, a un servidor público se le atribuye mayor responsabilidad por su cargo. Es decir, a un dirigente de Emergencias de la Generalitat, o a la propia consellera Salomé Pradas o el presidente Carlos Mazón, se les presupone que poseen más conocimientos que un ciudadano normal, por lo que deben actuar con mayor diligencia", reflexiona.

 

En este sentido, señala un precedente ocurrido en el municipio de Finestrat en 2011. "Se permitió instalar un mercadillo en una zona inundable. Llegó una avenida de agua y fallecieron dos personas. La Fiscalía pedía cuatro años de cárcel por homicidio por imprudencia grave. Finalmente se terminó condenando al alcalde y al exalcalde, si bien se produjo un acuerdo y se resolvió con pago de multas", narra Miralles.

En cuanto a cómo plantean estructurar el trabajo, el abogado explica que ya han comenzado a distribuir a los colaboradores en dos grupos: "Uno de trabajo más estructural para el tema administrativo y otros para penal. Estamos repartiendo los perfiles en esas dos líneas. Además, en la plataforma que estamos diseñando habrá otro grupo en el que participarán perfiles como geógrafos, ingenieros... con el objetivo de aportar información técnica de cara a la elaboración de la denuncia y al proceso judicial, pero también con el objetivo de reclamar medidas de prevención concretas para que esto no vuelva a suceder".

Por último, Miralles señala que una representación de esta iniciativa estará presente en la manifestación de este sábado a las 18 horas en la plaza del Ayuntamiento de València convocada bajo el mensaje 'Mazón, dimisión'.

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Re: Denuncias: calificación y tratamiento
« Respuesta #572 en: 02 de Diciembre de 2024, 07:15:45 am »

Adiós a las colas para poner denuncias en la Guardia Civil: el nuevo sistema que es "mejor para el ciudadano"


Desde el Instituto Armado informan de que las denuncias de carácter urgente se atenderán en el momento en cualquier cuartel.
Más información: El SOS de Alpedrete y otros pueblos de Madrid por la falta de guardias civiles: "Crecen la población y los delitos"


Jesús Soler
Publicada
2 diciembre 2024
02:48h
Se acabaron las esperas en los cuarteles de la Guardia Civil para poner una denuncia. Fuentes de la Benemérita informan de que el sistema de cita previa para denuncias de carácter no urgente ya está activo en todos los cuarteles de la Comunidad de Madrid.

Dichas fuentes también informan de que las denuncias que sean urgentes, como por ejemplo delitos por lesiones o robos con violencia, se atenderán en el momento en todos los cuarteles sin necesidad de tener que reservar una cita.


El sistema para pedir cita previa en cualquier cuartel del Instituto Armado es sencillo: se puede pedir online, presencialmente o por teléfono. Tan solo se tiene que indicar el nombre, los apellidos, el DNI y el motivo de la denuncia. Hay citas cada media hora y, dependiendo de la localidad y del puesto, se abren las fechas para realizar las reservas cada una o dos semanas.

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Re: Denuncias: calificación y tratamiento
« Respuesta #574 en: 09 de Diciembre de 2024, 21:21:45 pm »
Con lo que denuncia....entrará la Fiscalía de oficio?

https://youtu.be/bMKMgad-8FQ?si=Nkc1w89bEIS06us1

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Re: Denuncias: calificación y tratamiento
« Respuesta #575 en: 09 de Diciembre de 2024, 23:16:31 pm »
No, otra cosa es que alguien la asesore para que denuncie. . .

Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk


"No hay hechos, sino interpretaciones" Nietzsche

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Re: Denuncias: calificación y tratamiento
« Respuesta #576 en: 10 de Diciembre de 2024, 02:06:52 am »
Donde hay que denunciar es en donde corresponde, no en Youtube.

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Re: Denuncias: calificación y tratamiento
« Respuesta #578 en: 20 de Diciembre de 2024, 06:36:40 am »
Policía investiga el extraño 'secuestro' de un hombre al que llevaron a un cajero pero al que no robaron nada

Historia de Europa Press • 17 h • 1 minutos de lectura


MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
Los hechos tuvieron lugar el 9 de diciembre a las 23:15 horas en el madrileño barrio de Peñagrande, en el distrito de Fuencarral-El Pardo. Según la denuncia de la propia víctima en comisaría, entró a por coger su vehículo aparcado en su garaje, situado en la calle Buitrago de Lozoya. Entonces, le siguieron dos jóvenes que estaban en la puerta del aparcamiento, mientras que un tercero esperaba fuera.

Entonces, los individuos que le seguían pidieron al conductor sus pertenencias personales y se metieron en su coche. Luego los tres salieron del garaje y se aproximaron a un cajero cercano. Uno de los jóvenes se apeó del vehículo e intentó sacar dinero, aunque al parecer no lo logró, ya que no hay registro de ningún reintegro en la cuenta de la víctima.

A continuación, el coche continuó la marcha y acabó cerca de la casa del conductor, al que devolvieron las pertenencias personales previamente robadas. Luego, los autores huyeron a pie del lugar. La Policía Nacional no tiene constancia de que le intimidaran con ningún arma blanca, por lo que investiga los hechos por si hubiera producido algún tipo de delito.

De momento, los agentes están observando las imágenes de las cámaras de seguridad de la urbanización y del cajero automático para intentar localizar a los autores, que iban encapuchados, según ha detallado el diario 'El Mundo'. En caso de comprobarse hechos delictivos, podrían ser acusados de detención ilegal y robo con violencia.



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Re: Denuncias: calificación y tratamiento
« Respuesta #579 en: 01 de Febrero de 2025, 08:07:40 am »
Denuncian a la exministra Ione Belarra por un presunto delito de incitación al odio contra los judíos


La asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) ha presentado, el pasado lunes 27 de enero, una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Supremo contra la diputada de Unidas Podemos Ione Belarra por incitación al odio contra los judíos.

En el escrito registrado, al que ha tenido acceso El Debate, se apunta cómo la que fuera ministra del Gobierno de Pedro Sánchez, durante la anterior legislatura, muestra una «hostilidad» manifiesta hacia los ciudadanos de Israel «con ocasión de un ataque terrorista que ha desembocado en una guerra, intentando demonizar al Estado que ha recibido el ataque» y a quienes habitan en él. Y lo hizo al hilo de la visita a España del equipo de baloncesto Maccabi de Tel Aviv, el pasado 13 de enero, un día antes de que se disputase un partido oficial contra el Real Madrid.

En dicha fecha, de manera pública, con un vídeo en sus redes sociales, «que ha tenido a día de hoy más de 70.000 visualizaciones», Ione Belarra, se manifestó en los siguientes términos: «Acabamos de pedir formalmente al ministro de Exteriores y al ministro del Interior que prohíba la entrada en Madrid del Maccabi de Tel Aviv, que viene a jugar un partido de baloncesto con el Real Madrid. Me parece que es evidente que la gente de nuestro país ha dicho, alto y claro, que no quiere relaciones con los sionistas que están cometiendo un genocidio contra el pueblo de Palestina. Tenemos que impedir la entrada de este equipo de baloncesto y de toda la afición israelí que está soportando este genocidio y que, además, ya ha generado problemas de seguridad en otros países haciendo apología del genocidio y también extendiendo la islamofobia. No lo podemos permitir y mañana nos vamos a movilizar».

De acuerdo con el relato de los hechos aportado por ACOM, «tales discursos exceden el derecho a la libertad de expresión de su autora y más teniendo en cuenta el cargo político que ostenta». Se trata de «manifestaciones que dañan a las personas que integran la comunidad judía» en España «por razón del origen y de la religión que profesan», aseguran los abogados que representan a la entidad denunciante.

No es la primera vez que la organización para la comunicación de Oriente Medio ha puesto de relevancia cómo las afirmaciones vertidas desde las filas de determinadas formaciones políticas, y algunos de sus miembros, están «demonizando» a un país como Israel tras ser objeto de un ataque terrorista, en referencia al atentado perpetrado por Hamás el pasado 7 de octubre de 2023, que dejó un balance de 1.400 muertos y más de 240 secuestrados israelíes o extranjeros.