Denuncias: calificación y tratamiento

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Denunciar no sirve para nada, la eterna cantinela.



Inseguridad en Barcelona: las víctimas tiran la toalla y no presentan denuncia
Las cifras sobre delincuencia en la capital catalana descienden al tiempo que crece la desconfianza en la utilidad de las denuncias

Óscar Benítez

Publicado: 10/03/2025 ·04:45
Actualizado: 10/03/2025 · 04:45

En apariencia, la inseguridad que ha caracterizado a Barcelona en los últimos tiempos está remitiendo. Eso es, al menos, lo que recogen las cifras oficiales, según las cuales los hurtos y robos —que se han convertido en una mácula para la ciudad que los 'influencers' extranjeros no dejan de señalar en redes— habrían caído en 6.000 casos en 2024, descendiendo la criminalidad en general en un 5,5%. Sin embargo, la percepción ciudadana sobre la inseguridad es que ésta no deja de crecer, escalando su preocupación hasta el 27,7% —y convirtiéndose así en su primera inquietud, por encima de la consabida vivienda—.


¿A qué se debe este divorcio entre las cifras y los barceloneses? La teoría más extendida, defendida por el Ejecutivo municipal y parte de los medios, es que los ciudadanos opinan condicionados por el alarmismo de los partidos de la oposición —interesados en desgastar a sus adversarios— y de la prensa crítica, a la que vinculan con los intereses de la "derecha y la extrema derecha". A este respecto, el Gobierno de Collboni ha admitido sentirse muy "preocupado" por una percepción ciudadana que juzgan errónea, por lo que planea impulsar un plan para combatirla. Éste, según ha informado esta semana, responde al nombre de Plan Confianza y se ocupará de divulgar la realidad delincuencial de la Ciudad Condal, al tiempo que disolverá las dudas de la población sobre la cuestión.


Sin embargo, otros indicios apuntalan una explicación diferente. Y es que un informe emitido por el Hospital Clínic a finales del pasado octubre y que cosechó una gran repercusión informaba de que, entre enero y septiembre de 2024, el centro atendió a 682 de agresiones sexuales —lo que supone un incremento del 12% respecto al año anterior— refiriendo episodios de penetración vaginal, anal o bucal, e incluyendo a víctimas de ambos sexos. Unas cifras que no se corresponden con las denuncias recogidas por los Mossos d'Esquadra, que registran 331 agresiones sexuales en el mismo periodo, lo que representa menos de la mitad de los casos atendidos en el Clínic —y ello a pesar de que la Policía recibió denuncias de ataques sexuales cometidos en toda la ciudad y no solo los registrados por un único hospital—.

Desconfianza en la Justicia
Esta discordancia se explica, según relatan fuentes municipales conocedoras de la situación a 'Vozpópuli', porque los barceloneses víctimas de robos u agresiones han desistido de denunciarlos ante la policía. ¿El motivo? La sensación de inutilidad de tales denuncias en una ciudad que sienten abandonada por las autoridades, con los juzgados colapsados y en la que los delincuentes multirreincidentes actúan sin restricciones.


Una lectura que coincide con la arrojada por la última Encuesta de Victimización del Area Metropolitana de Barcelona (EVAMP), elaborada por el Instituto Metropolitano en 2024. Según sus cifras, solo el 21,8% de las personas que sufrieron un hecho delictivo durante el año pasado en Barcelona y su entorno metropolitano acudieron a una comisaría para notificar los hechos. Mientras el 78,2% optó por no hacerlo, siendo este porcentaje el menor desde 2007 —año en el que denunciaba el 45,7 de las víctimas—. Según el sondeo, tres de cada cuatro víctimas no denunció al considerar que la policía "puede hacer poca cosa". Asimismo, un 58% declinó hacerlo por las dificultades burocráticas que conlleva una denuncia, mientras un 53,9% se inhibió por falta de confianza en la Justicia. Precisamente, el tipo de consideraciones que el Plan Confianza tratará de refutar.

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https://x.com/Marseji17/status/1900316057488789563?t=qHx5FuCyfrwwUNLLjatwUg&s=19

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Inteligencia Artificial

La Policía Nacional deja de usar Veripol, su IA estrella para detectar denuncias falsas


El Ministerio de Interior afirma que han desestimado el uso de la herramienta de inteligencia artificial por carecer de validez en procedimientos judiciales

Ter García  Carmen Torrecillas  Adrián Maqueda (Civio)
19 mar 2025 - 05:20CET

“Se trata de la primera herramienta de este tipo en el mundo”, afirmaba una nota de prensa publicada por la Policía Nacional. Veripol fue presentada en 2018 como un algoritmo capaz de detectar denuncias falsas de robo con violencia, con una precisión de más del 90%. En octubre de 2024, seis años después, esta IA dejó de estar operativa, según han confirmado a Civio desde el Gabinete Técnico de la Dirección General de Policía. Desde el Ministerio de Interior señalan que el motivo para desestimar su uso es que carece de validez en procedimientos judiciales.


El abandono de Veripol llega tres meses después de la publicación en el BOE del Reglamento europeo sobre inteligencia artificial, que incluye los polígrafos entre las IA “de alto riesgo”, para las que se contemplan unas obligaciones muy estrictas en cuanto a revisión, actualización y transparencia. A finales de septiembre, un informe elaborado por especialistas en derecho y matemáticas de la Universidad de Valencia señalaba serias deficiencias en la herramienta. La primera de ellas, la falta de información sobre su funcionamiento.

Los trabajos para su puesta en marcha fueron realizados por varios investigadores de las universidades Complutense y Carlos III, y el policía Miguel Camacho-Collados, actualmente responsable de innovación tecnológica y ciberseguridad en el Consejo de Estado. Según explica el artículo académico que detalla su desarrollo, la muestra con la que se entrenó la herramienta estaba compuesta de 1.122 denuncias de robo en España de 2015, de las que 534 eran verdaderas y las restantes 588, falsas. Procesaron los textos de las denuncias con técnicas NLP —simplificándolos para ser procesados automáticamente— y clasificaron las palabras usadas por tipo, descartando todas las que aparecían en menos del 1% de la muestra o en más del 99%. Después aplicaron varios métodos de regresión estadística para elegir qué palabras eran más comunes en denuncias falsas y verdaderas. Como ejemplo, el estudio cita que, según Veripol, si una denuncia contiene las palabras “día”, “abogado”, “seguro” o “espalda” es más probable que sea falsa, más aún si se dice varias veces el número “doscientos” o adverbios como “apenas”. Por el contrario, las denuncias que hagan referencia a autobuses, a una determinada marca de móvil o a una matrícula de un coche es más probable que sean verdaderas.

En junio de 2017 se llevó a cabo una prueba piloto en comisarías de Málaga y Murcia. Según afirma el artículo académico, en el 83,54% de las denuncias identificadas como falsas por Veripol el denunciante terminó confesando que había mentido. En diciembre del mismo año la investigación fue premiada por la Fundación de Policía Española, y en 2018 Interior anunció su implementación en todas las comisarías.

Según datos de la organización Algorithm Watch, desde su implementación hasta octubre de 2020, Veripol se usó para analizar alrededor de 84.000 denuncias. De las 49.702 denuncias que fueron procesadas en 2019, 2.338 fueron identificadas como falsas tanto por esta herramienta como por otros medios. El estudio de la Universidad de Valencia señala que, en 2022, se usó bastante menos: el número de denuncias analizadas por Veripol bajó a 3.762, de las que 511 se detectaron como falsas.

Este mismo informe señala serias deficiencias en la herramienta, que comienzan desde su propio planteamiento: la idea base de que el 57% de las denuncias de robo con violencia que se presentan son falsas, cifra que tiene como referente el alto número de casos de robo sin resolver. También critica lo escaso de la muestra, de poco más de 1.000 denuncias frente a los aproximadamente 60.000 casos de robo con violencia que se registran cada año en España, según el Portal Estadístico de Criminalidad. O la falta de un protocolo de uso y de información sobre la formación impartida a los agentes de policía para su uso. Una noticia publicada en 2020 por La Voz de Galicia alertaba de que la comisaría de Vigo, que contaba con el programa desde 2018, no podía usarlo por la falta de formación de sus agentes.

También destaca que las denuncias analizadas por Veripol realmente han sido redactadas por agentes de policía, por lo que no es una reproducción literal de la declaración del denunciante. “No analiza la historia que el posible mentiroso está contándole a la policía, sino que analiza la historia que el propio policía escribe”, subraya el informe, que añade que la herramienta tampoco tiene en cuenta las diferencias de lenguaje entre territorios.

Pero, sobre todo, critica la opacidad sobre su uso. “El sistema no es transparente”, concluye el informe de la Universidad de Valencia. “No hay datos oficiales disponibles sobre Veripol en absoluto”, añade. Desde Civio se ha solicitado en febrero de 2023 y, de nuevo, en diciembre de 2024 información sobre el funcionamiento técnico de esta herramienta y sobre su uso, sin que el Ministerio de Interior, a día de hoy, haya dado respuesta ni siquiera sobre el número de comisarías en las que finalmente se implantó.

Este artículo se publicó originalmente en Civio, una redacción independiente sin ánimo de lucro que investiga a fondo los asuntos públicos.

Metodología
En febrero de 2023, Civio solicitó al Ministerio de Interior, en virtud de la Ley de Transparencia, las especificaciones técnicas de Veripol, sus casos de uso y cualquier otro documento que permita saber cómo funciona la aplicación y qué informaciones contiene o puede contener. Ante la negativa del Ministerio de Interior a facilitar esta información, presentaron una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que el 31 de octubre de ese mismo año resolvió el derecho de acceso y ordenó al Ministerio de Interior a facilitar la información solicitada. La única información finalmente aportada fueron los enlaces a las notas de prensa publicadas por la Policía y por la Universidad Complutense sobre su puesta en funcionamiento y el premio otorgado por la Fundación de Policía Española.

En diciembre de 2024, Civio volvió a solicitar información relacionada con Veripol. En concreto, el listado de comisarías en las que se había implantado la herramienta y los datos de uso, entre ellos el número de casos procesados por año y el porcentaje de ellos en los que la herramienta había concluido que la denuncia era falsa. Desde el Ministerio respondieron señalando que habían dejado de usar Veripol el 21 de octubre de 2024 y se negaron a dar datos de uso. Actualmente está activa una reclamación en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para acceder a estos datos.

David Cabo y Ana Villota han participado en la génesis e implementación del juego.

En el pre-print del artículo publicado en la revista Knowledge-Based Systems, “Applying automatic text-based detection of deceptive language to police reports: Extracting behavioral patterns from a multi-step classification model to understand how we lie to the police” (Lara Quijano-Sánchez, Federico Liberatore, Jose Camacho Collados y Miguel Camacho-Collados, Cardiff University, 2018), se recogen datos de 2015 sobre la herramienta, así como un listado de 110 términos, traducidos del español al inglés. Civio ha contactado con los autores, pero estos no han facilitado el listado de palabras original en español.

Por tanto, para evitar ambigüedades derivadas de la traducción, se han recogido solo aquellas palabras que vienen explicadas con contexto. El listado final de términos, con sus respectivos pesos (a mayor valor, mayor influencia), de palabras que sí aparecen o aparecen con mucha frecuencia determinan que la denuncia es probablemente falsa es: día (0.48), abogado (0.43), seguro (0.24), espalda (7.74), mochila (0.10), hombro (17.99), casco (26.92), iPhone (25.56), Apple (0.23), apenas (?), detrás (0.12), doscientos (0.30), euros (6.81), efectivo (19.18), contrato (19.19).

La selección que se ha hecho para el caso de denuncia probablemente verdadera es: autobús (0.52), matrícula (0.19), cadena (16.06), policía (0.31), chino (52.58), cuello (16.62), portal (0.26), descansillo (0.36), incluso (72.31), barba (0.34), centímetro (0.09), delgado (0.09), moreno (0.10), gritar (40.67), agarrar (0.12), doctor (16.75), amigo (0.13).

La visualización del juego se ha desarrollado con Svelte.js.

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De unos hechos ocurridos en 1979?

https://x.com/alasaosazazu/status/1916956661601755385?t=lZ3pY6wlJmUD0Gnz7VKPmw&s=19

[Heracles_Pontor]

Eso está más que prescrito. . .

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Condenado un sargento 1º de la Guardia Civil por poner una denuncia falsa contra un teniente


El Tribunal Supremo confirma la pena al suboficial. Acusó al comandante de un puesto de Mallorca de manipular documentos para apartar a un agente
Una juez acusa a un comandante de la Guardia Civil de expedientar a un teniente sin indicios
Cárcel para una soldado por presentar una denuncia falsa contra un cabo para encubrir una infidelidad
Fernando Grande-Marlaska, en un acto de la Guardia Civil en Vitoria (Firma: Iñaki Berasaluce / Europa Press).
Fernando Grande-Marlaska, en un acto de la Guardia Civil en Vitoria (Firma: Iñaki Berasaluce / Europa Press).

Aurelio Ruiz Enebral
Aurelio Ruiz Enebral
27/05/25 | 5:00

La denuncia que un sargento 1º de la Guardia Civil presentó contra el teniente que mandaba el puesto de Artá (Mallorca) le ha salido cara. Un tribunal militar ha demostrado que el suboficial cometió un delito de acusación y denuncia falsa, y el Tribunal Supremo lo ha corroborado.

La Sala Quinta, de lo Militar del Tribunal Supremo dictó recientemente una sentencia por la que desestimó el recurso de casación que el sargento 1º interpuso contra la sentencia del Tribunal Militar Territorial Primero en septiembre de 2024.

De esta forma el Supremo ha confirmado el fallo del Tribunal Militar Territorial Primero, que declaró al suboficial responsable de un delito de acusación y denuncia falsa previsto en el artículo 456.1 del Código Penal, en relación con el artículo 1.2 del Código Penal Militar.

Le condenó a una pena de 18 meses de multa con una cuota diaria de 12 euros, con una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas. Además le impuso el pago de 2.000 euros al teniente, en concepto de responsabilidad civil.

Detalles de la sentencia de la justicia militar
La sentencia del Tribunal Militar Territorial Primero declaró en el relato de hechos probados que el sargento 1º de la Guardia Civil estaba destinado en septiembre de 2021 en la Compañía de Manacor (Mallorca), cuando se personó en los juzgados de instrucción de esa misma localidad para denunciar al teniente que mandaba el puesto de Artá.


Acusó al oficial de un delito de revelación de secretos y de omisión del deber de perseguir delitos.

Acusaciones iniciales
De acuerdo con la sentencia del tribunal militar de instancia, el suboficial presentó la denuncia “a sabiendas de su falsedad”.


Según el relato que el sargento 1º hizo en su denuncia, él se había reunido con el teniente, y el oficial le había contado que una abogada le había entregado unos documentos médicos sobre un guardia civil de su unidad, a la vista de los cuales la citada abogada interesaba la inhabilitación profesional del mismo.

Procedimiento judicial
“A fin de satisfacer la demanda de la letrada, y según consta en la denuncia, el teniente pidió al denunciante que, como jefe de área, elaborase un informe falso a fin de idear que el guardia civil había ido a verle -al acusado, el sargento primero- para darle los reseñados documentos médicos en mano y para decirle que no podía hacer patrullas porque tenía problemas en la espalda y que se mareaba”, continuó el relato de hechos probados.

Siempre según la denuncia que interpuso el sargento 1º, esa maniobra propuesta por el teniente tenía por fin que el teniente pudiera actuar de oficio contra el guardia civil, y promover la incoación de un expediente de pérdida de condiciones psicofísicas.

La acción judicial del sargento 1º tuvo efectos en un primer momento. El Juzgado de Instrucción nº 3 de Manacor incoó un procedimiento abreviado de diligencias previas, y después se inhibió en favor del Juzgado Togado Militar Territorial nº 33 de Palma de Mallorca.


Una juez acusa a un comandante de la Guardia Civil de expedientar a un teniente sin indicios
El juzgado militar aceptó la causa y a su vez ordenó la incoación de unas diligencias previas, en el marco de las cuales se recibió declaración al denunciante, el sargento 1º, que se ratificó en su denuncia.

Tras tomar declaración a testigos y analizar documentos, el juez togado dictó auto de archivo, por considerar que no existían indicios de los hechos denunciados.

Una vez que la denuncia del sargento 1º contra el teniente, comandante del puesto de Artá, se archivó, se abrió otro sumario, pero para investigar si el sargento 1º había cometido un delito de denuncia falsa.

Recurso de casación
El caso desembocó en la sentencia condenatoria del Tribunal Militar Territorial Primero. El suboficial de la Guardia Civil interpuso un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, para tratar de anular la condena.

El fiscal togado solicitó la desestimación del recurso de casación.

Evaluación del Tribunal Supremo
El recurrente denunció que se había vulnerado su derecho fundamental a un procedimiento con todas las garantías, a la defensa y a no sufrir ningún tipo de indefensión, consagrados en el artículo 24 de la Constitución.

Argumentó que la sentencia de instancia no podía condenarle “por un hecho distinto e introducir de forma sorpresiva datos objetivos o subjetivos, por muy relevantes que sean, que no forman parte de la acusación”, y que los hechos probados no pueden desbordar “los límites fácticos establecidos en los escritos de acusación y de defensa, elevados a definitivos”.

Según el sargento 1º, se había dado una diferencia sustancial entre el relato de hechos contenido en el escrito de conclusiones del Ministerio Fiscal, y el relato de hechos probados de la sentencia impugnada.

En el escrito del fiscal no se había hecho mención alguna al “requisito objetivo que contempla el artículo 456 del Código Penal para que se puedan subsumir en el mismo hechos que merecen el reproche establecido en ese precepto. Ese requisito es el imputar a una persona hechos que, de ser ciertos constituirían infracción penal”.

Los magistrados de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo rechazaron esos argumentos del recurso del sargento 1º.

Consideraron que el Tribunal Militar Territorial Primero no introdujo en su sentencia un nuevo hecho enjuiciable que superase el marco de la acusación.

“Queda acreditado que el marco de la acusación quedaba circunscrito a una conducta consistente en haber denunciado a una persona, ante un juzgado de instrucción”, según la sentencia, “atribuyéndole un conjunto de actuaciones que de haber quedado acreditados hubiesen sido constitutivos de un ilícito penal y que dicha conducta se había calificado ya como constitutiva de un delito de denuncia falsa del artículo 456 del Código Penal.

El Supremo entendió que el tribunal militar de instancia, “en su enjuiciamiento, se ha mantenido estrictamente dentro de los términos fácticos y jurídicos delimitados por la acusación”, y condenó al recurrente “precisamente por un delito de acusación y denuncia falsa previsto en el referido artículo 456.1 del Código Penal”.

Insistió en que “en contra de lo alegado por el recurrente, en la descripción de los hechos contenida en el escrito de conclusiones del Ministerio Fiscal sí se incluyen claramente los requisitos objetivos del delito de acusación y denuncia falsa”, como fueron la denuncia, indiciariamente falsa, de que un superior le había solicitado al recurrente que realizase un informe con datos falsos para perjudicar a un compañero.

La sentencia de la Sala Quinta subraya que “los hechos probados de la sentencia impugnada no desbordan, en modo alguno, los límites fácticos establecidos en el referido escrito de acusación, pues prácticamente resultan coincidentes en el núcleo de la acción enjuiciada, introduciéndose tan solo algunos detalles que solo enriquecen descriptivamente los hechos y no alteran las líneas esenciales del relato fáctico de la acusación”.

Los magistrados se esforzaron en insistir en que el tribunal militar dictó una sentencia condenatoria “acorde con la acusación ya formulada contra el recurrente en el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal”.

Patrón de conducta del sargento 1º
En su recurso de casación, el sargento 1º también denuncia que “no existe ningún dato indiciario que permita afirmar” que la denuncia que presentó contra el teniente fuera falsa.

Indicó que los hechos por los que él denunció a dicho teniente tuvieron lugar en el curso de una conversación privada entre ellos dos, que nadie más presenció, por lo que, a su juicio, ante un supuesto de versiones contradictorias debería de haber sido absuelto.

Ante ese argumento, el Tribunal Supremo analizó la sentencia del Tribunal Militar Territorial Primero y vio que sí había justificado su convicción de que la acción delictiva sucedió como lo relata en el apartado de hechos probados.

El tribunal militar declaró que el sargento 1º “faltó a la verdad en su denuncia y en la posterior ratificación de la misma, y fue consciente de ello, toda vez que esta denuncia se insertaba dentro un mismo esquema conductual o patrón de conducta, en el marco de una estrategia sistemática y repetitiva que había llevado a efecto con otros compañeros de la Guardia Civil del Puesto Principal de Artá, ajustando en cada ocasión los elementos básicos para adaptarse a las circunstancias, pero sin alterar la estructura fundamental de su reprochable conducta”.

Resulta que otro teniente declaró en el procedimiento judicial que cuando apenas llevaba un mes en el puesto, un guardia civil le advirtió que ese mismo sargento 1º tenía intención de denunciarle, al teniente, porque según el sargento 1º ese oficial le estaba acoso, maltratando y coaccionando.

El sargento 1º no llegó a poner la denuncia, pero el teniente se volvió “más precavido” por esa amenaza.

También constató el tribunal que los hechos que en la denuncia contra el teniente que mandaba el puesto de Artá “no eran sino reproducción de los hechos también atribuidos con anterioridad” a un sargento y a un guardia civil.

Por eso detectó “un mismo patrón de conducta dentro de una estrategia sistemática y predeterminada llevada a cabo por el acusado con ánimo de favorecer sus intereses personales”. Su modus operandi era el siguiente.

El sargento 1º “comunicaba a su superior que otro compañero, la víctima – cuyo denominador común es que apenas llevaban un mes en el puesto de Artá-, le había entregado documentación clínica” de un guardia civil, “bajo el pretexto de que el sargento primero hiciera lo preciso para que se iniciara un expediente de insuficiencia de condiciones psicofísicas contra el guardia civil, a fin de expulsarle de la Guardia Civil”.

“Dado el carácter de especial protección de esa documentación que le había sido supuestamente entregada, el sargento primero se veía en la obligación profesional de ponerlo en conocimiento del mando, por si la revelación o difusión de esa documentación fuera constitutiva de delito”, recogió el Tribunal Militar Territorial Primero.

Eso sí, antes comunicaba “interesadamente” al compañero y “víctima” que su intención de denunciarle, “patrón que, es fácil advertir, se repetirá con el teniente”.

El testimonio del teniente perjudicado se vio reforzado en su verosimilitud por la abogada también señalada, y por “su identidad sustancial, con lo ocurrido tiempo atrás” con otros dos tenientes y un guardia civil.

Por contra, las explicaciones del sargento 1º adolecieron de “irracionalidad -alejada de las reglas de la lógica y de la experiencia -, inconsistencia la escasa verosimilitud”.

Por eso, el Tribunal Supremo llegó a la conclusión de que el tribunal que juzgó el caso “argumenta de manera razonable y razonada su valoración de las pruebas testificales practicadas apreciando su fuerza incriminatoria y justificando exhaustivamente la convicción que dichas pruebas le han producido”, para llegar a la conclusión de que “la prueba practicada, valorada en su conjunto, es suficiente por su contenido y significado incriminatorio para destruir la presunción de inocencia” del sargento 1º.

Constató que había existido “prueba de cargo directa bastante, válidamente obtenida, regularmente practicada y razonablemente valorada para desvirtuar el derecho a la presunción de inocencia que asistía al recurrente”, y por ello desestimó el recurso y confirmó la sentencia que condenó a 18 meses de multa al sargento 1º por del delito de acusación y denuncia falsa.

[Vikingo83]

Antonio, primer enfermo de ELA que lleva a la Justicia el incumplimiento del Gobierno de la ley: "Sí tienen millones para Eurovisión"


https://www.elmundo.es/espana/2025/05/30/68388187fc6c8328618b4596.html

[47ronin]

Antonio, primer enfermo de ELA que lleva a la Justicia el incumplimiento del Gobierno de la ley: "Sí tienen millones para Eurovisión"


https://www.elmundo.es/espana/2025/05/30/68388187fc6c8328618b4596.html

Yo entiendo a estas personas pero esa demanda no prosperara ya que la ley introduce doce meses para su desarrollo y sólo han pasado 7.

"El Gobierno, en el plazo de doce meses desde la entrada en vigor de esta ley, adoptará las siguientes medidas"

Además, se trabaja en un partida de "parcheo" ante la falta de PGE que dote la ley de un minimo, que por supuesto no llegara a todos.


https://elpais.com/expres/2025-05-26/sanidad-rebana-una-partida-para-financiar-la-ley-ela-tras-meses-estancada.html

[47ronin]

Orden de alejamiento a un guardia civil por una agresión sexual en Bétera (Valencia)


Los hechos sucedieron el pasado 17 de junio
 
La Razón
La Razón@larazon_es
Valencia Creada: 25.06.2025 12:28
Última actualización: 25.06.2025 12:28

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Llíria (Valencia) ha acordado el alejamiento y prohibición de comunicación respecto de una mujer para un guardia civil por un delito de agresión sexual en Bétera (Valencia) cometido durante el ejercicio de sus funciones.





El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha confirmado a Efe la decisión que el juez adoptó este martes y ha señalado que el agente queda investigado en una causa abierta por un delito de agresión sexual cometido durante el ejercicio de sus funciones.

La causa se inició a partir de una denuncia presentada por la mujer en referencia a unos hechos cometidos el pasado día 17 de junio, agrega.

La jueza también ha acordado el traslado de los hechos a la comandancia de la Guardia Civil, donde el agente desempeña sus funciones, según el TSJCV.

La jueza de Llíria impone la medida al agente por "peligro real y objetivo" tras la denuncia de la víctima, quien asegura que el agente le tocó un pecho y le obligó a coger su pene con la mano.


Se trata de una vecina de una localidad de la comarca del Camp de Túria que denunció ante el cuartel de la Guardia Civil de Llíria que el pasado 17 de junio que sufrió un episodio de "abusos sexuales, acoso y vejaciones" de un agente cuando acudió al acuartelamiento de Bétera para efectuar una denuncia por un conflicto vecinal.

[47ronin]

https://x.com/IUVRM/status/1944710668881690906?t=ljWH2jQtUP7_8ZF6N6Bmzg&s=19

[47ronin]

El anciano apaleado en Torre Pacheco renuncia a acusar a sus agresores por la «presión social y mediática»


El anciano de Torre Pacheco no pedirá indemnización a sus agresores
Domingo no contrata ningún abogado, no ejercerá la acusación contra quienes le dieron la paliza



Ángel Moya
Ángel Moya @AngelMoyatv
18/07/2025 05:48Actualizado: 18/07/2025 13:08
Abrumado por la repercusión social y mediática de la agresión salvaje que sufrió en Torre Pacheco a manos de tres marroquíes, dos de ellos en situación irregular en España, Domingo no contratará ningún abogado para ejercer la acusación, ni pedirá ninguna indemnización a sus agresores.


El vecino de 68 años de Torre Pacheco (Murcia), «sólo quiere que las cosas se queden así, esto se ha ido de madre totalmente», comentan a OKDIARIO fuentes de su entorno más cercano. Esas fuentes confirman que aunque la Guardia Civil le informó del derecho a nombrar un abogado para ejercer la acusación y pedir una indemnización por la paliza que recibió, Domingo rechazó ambas cosas desde el primer día que pisó el puesto de los agentes.


Domingo sólo quiere retomar cuanto antes su vida normal, algo que ya ha comenzado a hacer este jueves con la partida habitual acompañado de sus amigos en un local del municipio.


«¿Quién tiene ganas de altercados?»
Muy cansado de la situación, Domingo ha explicado en público que desearía poder «cerrar los ojos» y decir que todo quede en «un mal sueño», pero rechazó cualquier represalia a los agresores al dejar claro que «la tranquilidad en el pueblo es lo mejor que puede pasar, ¿quién tiene ganas de altercados?».


Su entorno asegura que está desbordado por la «presión social y mediática», ese mismo entorno de Domingo rechaza tanto los incidentes, robos y agresiones protagonizados por magrebíes en el pueblo, como censura la llegada de foráneos a la localidad para agredir a los inmigrantes.

Siguen los controles en Torre Pacheco
Tras la noche de calma del miércoles, las fuerzas de seguridad mantienen controles en los accesos al municipio para identificar a posibles manifestantes que porten objetos peligrosos. Sólo en la jornada del miércoles se identificaron a más de un centenar de personas portando ese tipo de objetos.

El Ministerio del Interior enviará esta misma semana directrices a la Policía Nacional y Guardia Civil para que sus unidades de Información fijen como «objetivos prioritarios» el análisis e investigación de grupos racistas y xenófobos ligados a movimientos de extrema derecha.

La medida responde al aumento de incidentes registrados en los últimos meses, como el ocurrido en Torre Pacheco (Murcia). Los ojos de Interior están puestos en las redes sociales, ahí se dirige gran parte de la acción policial.

Tres detenidos en prisión
En total, tres juzgados de diferentes provincias españolas han enviado a tres personas a prisión provisional en relación con los incidentes de Torre Pacheco. Otros once detenidos, tanto por la paliza al anciano como por los disturbios posteriores, han sido puestos en libertad provisional investigados por diversos delitos.

El primero en pisar la cárcel ha sido el autor material de la paliza al anciano de Torre Pacheco que hizo saltar la chispa de los disturbios. Detenido en Rentería (Guipúzcoa) cuando intentaba escapar a Francia, un juzgado de San Sebastián lo envió a prisión provisional acusado de un delito de lesiones.

El tercer detenido para el que se ha dictado prisión provisional, ha sido precisamente el detenido en Mataró por incitar a una «cacería» de inmigrantes en Torre Pacheco desde la plataforma «Deport Them Now» (Depórtalos Ahora).

[47ronin]

Muere un DJ italiano en Ibiza tras ser reducido por la Guardia Civil por amenazar a un anciano con un cuchillo


Michele Noschese, conocido como DJ Godzi, habría amenazado a un anciano bajo los efectos de las drogas

Vozpópuli
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Sucesos
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Publicado: 22/07/2025 ·16:41
Actualizado: 22/07/2025 · 16:48
La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer la muerte de Michele Noschese, un DJ italiano de 35 años conocido artísticamente como DJ Godzi, ocurrida el pasado sábado en la localidad ibicenca de Santa Eulalia. El suceso se produjo tras un violento episodio en el que, presuntamente, el joven amenazó con un cuchillo a un anciano mientras se encontraba bajo los efectos de sustancias estupefacientes.

Según ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares, los agentes acudieron a una llamada de emergencia por un presunto delito de amenazas. Al llegar al lugar, encontraron a un hombre con síntomas evidentes de intoxicación y alucinaciones, que había irrumpido en la casa de un vecino de avanzada edad, a quien habría intimidado con un arma blanca.

Durante el intento de reducción, Noschese comenzó a convulsionar, según relatan fuentes oficiales. Los agentes iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta la llegada de los servicios médicos, pero lamentablemente no se pudo hacer nada por salvarle la vida.

La familia del fallecido no ha tardado en reaccionar. Su padre, en declaraciones al diario italiano La Repubblica, ha afirmado que su hijo "murió estando bajo custodia policial" y ha anunciado que han interpuesto una denuncia para que se investigue a fondo lo ocurrido. Acusan a los agentes de un posible caso de homicidio y exigen responsabilidades.

Desde el Instituto Armado insisten en que actuaron de acuerdo con el protocolo ante una situación de riesgo y que el objetivo principal fue proteger tanto al agredido como al propio Noschese. No obstante, los próximos días serán clave para esclarecer qué ocurrió exactamente durante esos minutos cruciales.

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La joven que denunció una violación en Ferrol con inmigrantes implicados reconoce que se lo ha inventado


En dependencias policiales, y en presencia de su abogado, reconoció la falsedad de la denuncia



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Imagen de archivo de la Policía Nacional.
Imagen de archivo de la Policía Nacional.Sergio Gonzalez Valero
Natalia PugaSantiago de Compostela
Santiago de Compostela
Actualizado Viernes, 1 agosto 2025 - 21:32


Galicia La investigación de la violación de Ferrol apunta a que hubo un único agresor y busca aclarar el papel de otros tres chicos
Galicia Una joven de 18 años denuncia una agresión sexual grupal en Ferrol y detienen a uno de los cuatro sospechosos
La joven de 18 años que en la mañana del miércoles denunció en la Comisaría de la Policía Nacional de Ferrol que había sido víctima de una agresión sexual se retracta ahora de todas sus acusaciones. Fuentes oficiales han confirmado a este periódico que la chica "reconoce que se lo ha inventado".

Según ha podido saber EL MUNDO, a la vista de las "incongruencias" que detectaron los investigadores de la Policía Nacional, en la tarde de este viernes, decidieron citarla de nuevo en la Comisaría, para aclarar los hechos y la denuncia.

En dependencias policiales, y en presencia de su abogado, reconoció la falsedad de la denuncia.


Por estos hechos fue detenido un joven. La chica le apuntaba como el responsable de haberla violado y agredido brutalmente en la zona de la plaza de España de Ferrol entre la una y las dos de la madrugada del martes al miércoles. Relataba una agresión brutal por la que tuvo que acudir al servicio de urgencias del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol.

El relato de la chica apuntaba a la presencia de cuatro jóvenes esa madrugada en el entorno de la Plaza de España, si bien tan solo uno la habría violado. A ese hombre, que tiene antecedentes, le detuvieron inmediatamente después de la denuncia y lleva desde el miércoles en la Comisaría, si bien no había llegado a pasar a disposición judicial porque la Policía Nacional no había terminado su investigación.

Ahora se revisará su situación del detenido. En cuanto a la chica, se enfrenta ahora a una acusación por denuncia falsa, con las graves consecuencias que ello acarrea.


El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, confirmaba este viernes, en declaraciones a la prensa, que estaban "todas las líneas de investigación abiertas" y no descartaban más arrestos, con implicados "en el entorno de la víctima".

Insistía en que una violación es "una infracción penal" y también "absolutamente reprochable y repugnante", por lo que "va a tener toda la respuesta primero policial y luego judicial para castigar al culpable", pero descartaba hacer más valoraciones, pues defendía que, de momento, había que "dejarlos trabajar".

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La retractación de la joven que denunció una violación en Ferrol reabre el debate: ¿cómo aborda la Justicia estos casos?


El detenido queda en libertad y sin fianza tras la retractación de la víctima, pero sigue investigado por agresión sexual

Vozpópuli
Blanca Valdés Mañas
-
Tribunales
Publicado: 06/08/2025 ·04:45
Actualizado: 06/08/2025 · 04:45

El pasado 30 de julio, la Policía Nacional detuvo a un hombre como presunto autor de una agresión sexual grupal a una joven en Ferrol. La chica de 18 años, que al parecer fue agredida en la céntrica plaza de España cuando se dirigía a su vivienda, fue atendida en el Complejo Hospitalario Universitario de la ciudad. El detenido tenía antecedentes por estar implicado en altercados previos y, al parecer, también pesaría sobre él una orden de expulsión sin ejecutar.


La denunciante manifestó que, al pasar por la mencionada plaza, se encontró con cuatro jóvenes magrebíes pero que, como conocía a uno de los integrantes del grupo, se tomó unas cervezas con ellos y consumió alguna sustancia estupefaciente. En el escrito explicó que comenzaron a agredirla y que uno de ellos llegó a sacar un arma blanca para amedrentarla.

Sin embargo, 72 horas después, en comisaría y en presencia de su abogado, decidió retractarse y afirmó que se lo había inventado. Esta nueva declaración llevó al magistrado del Juzgado de Instrucción número 3 de Ferrol, que estaba en funciones de guardia, a decretar la puesta en libertad y sin fianza del detenido. No obstante, mantuvo como medida la prohibición de no aproximarse ni comunicarse con la supuesta víctima, ya que sigue investigado por agresión sexual.


Y es que, en este tipo de casos, tal y como explica el abogado de Ferrol, Alejandro Seoane, cuando la denunciante explica que ha mentido y que se ha inventado los hechos, el procedimiento penal no se archiva automáticamente porque tanto el juez como el fiscal deben valorar esa retractación dentro del conjunto de pruebas del caso. Es decir, porque puede haber múltiples razones para una retractación como, por ejemplo, miedo, presión social, temor a represalias, arrepentimiento o también una invención deliberada.

En este sentido, el letrado subraya que, si existen partes médicos u otras pruebas, estas pueden constituir indicios objetivos que refuercen la credibilidad del testimonio inicial. En cuanto a los antecedentes penales del investigado, si son por hechos similares, "podrían influir en la valoración judicial, pero lógicamente no sustituyen a la prueba del hecho denunciado. Es decir, nadie puede ser condenado por su pasado: cada caso debe juzgarse por sus propios hechos y pruebas".

Si finalmente se demuestra que los hechos denunciados nunca ocurrieron y que la joven sabía que mentía, el letrado detalla que podría enfrentarse a un delito de denuncia falsa, que está castigado con hasta 2 años de prisión. Pero para que eso ocurra, es necesario que exista una resolución judicial firme, ya sea un archivo libre o una sentencia absolutoria que declare expresamente que los hechos no existieron.


Ahora bien, si la Justicia determina que la víctima se retractó por un motivo concreto, ya sean presiones, intimidaciones o coacciones, el supuesto agresor podría enfrentarse a un delito de obstrucción a la justicia castigado con penas de prisión de 1 a 4 años. Y "si esa presión se hizo mediante amenazas graves, podría añadirse un delito de amenazas o incluso coacciones, dependiendo del caso. Todo ello agravaría su situación procesal y sería valorado negativamente en un eventual juicio", apunta el letrado penalista.


Prisión provisional en España
Según Seoane, en España se abusa de la prisión preventiva, sobre todo, en casos mediáticos o de gran sensibilidad. Por tanto, aunque esta medida cautelar está prevista como una medida excepcional, "en la práctica podemos decir que se utiliza muchas veces como si fuera una pena anticipada". Además, resalta que las indemnizaciones por prisión provisional indebida o injusta "no destacan precisamente por ser generosas".

Por ejemplo, recientemente la Audiencia Nacional ha reconocido el derecho de un hombre a recibir 3.000 euros tras pasar 117 días en prisión preventiva por un presunto delito de lesiones y robo a pesar de haber solicitado casi 46.800 en concepto de daños y lesiones. También se reconoció la indemnización de 74.500 euros a un hombre que pasó 4 años en prisión por un delito contra la salud pública y que finalmente fue absuelto.

En cambio, a Sandro Rosell, expresidente del F.C. Barcelona, la Audiencia le reconoció una indemnización de 232.500 euros por los 645 días que pasó en prisión provisional entre mayo de 2017 y febrero de 2019, acusado de organización criminal y blanqueo de capitales de comisiones de partidos de la selección brasileña y de un contrato con una marca deportiva, procedimiento judicial del que resultó absuelto.

Según la memoria anual de la Fiscalía General del Estado de 2023 -la que corresponde a 2024 se dará a conocer en la apertura del año judicial que tendrá lugar en septiembre- las denuncias falsas por casos de violencia contra la mujer registradas ese año representaron el 0,001% de las 199.282 presentadas. Además, los delitos contra la libertad sexual han aumentado un 3,8% y las violaciones un 7,6% en el primer trimestre de este 2025, según el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior.

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La Guardia Civil, ante una denuncia por una okupación: «Vuelva usted mañana»


Una abogada ha manifestado a La Voz de Ibiza que en el cuartel de Can Cifre no le aceptaron una denuncia por falta de personal y debió acudir al Juzgado de Guardia. Desde Jucil han explicado que ““siguen estando vacantes las 90 plazas”.
La Guardia Civil en Ibiza.
La Guardia Civil en Ibiza.
 
 
 
 
 
Agustín Gigante
I agosto 14, 2025
7:43 am
“Tenemos las dependencias colapsadas”, es la respuesta que suelen dar los guardias civiles en Ibiza ante la reclamación de los ciudadanos. En los últimos días, una abogada ha detallado a La Voz de Ibiza que no han aceptado una denuncia por falta de personal.

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Esta situación ha ocurrido el pasado jueves en el cuartel de Can Cifre. “He tenido que poner la denuncia por un tema de okupación en el Juzgado de Guardia”, cuenta.

Además, relata que “he sido lastimosamente testigo de que la Guardia Civil de Ibiza el pasado jueves no me aceptó una denuncia a mí y a otras personas que estábamos esperando por falta de personal”.

En tal sentido, ha añadido que “no están cogiendo denuncias y es su obligación. Te dicen que faltan efectivos y que vuelvas al día siguiente. Y al día siguiente te dicen lo mismo: que esperes o que vuelvas al otro día. Así estamos”.

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Por otra parte, ha relatado que algunos efectivos le confiesan que, “como usted sabe, a esta isla nadie quiere venir” y que las dependencias “están colapsadas”.

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90 plazas vacantes
Esta situación tiene estrecha relación con las vacantes que todavía quedan en la isla, según han manifestado desde la asociación mayoritaria de la Guardia Civil (Jucil).


Consultado por La Voz de Ibiza, el secretario provincial en Baleares de Jucil, Tomás Quesada, ha manifestado que “dudo mucho que mis compañeros no recogieran la denuncia. Imagino que en todo caso le dirían que volviera en otro momento o día para formalizar la denuncia, porque sí que es cierto que con los efectivos que se cuenta no siempre se puede atender todo al momento”.

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En tal sentido, dijo que “en Ibiza siguen estando vacantes las 90 plazas que se ofertaron en marzo, ya que hasta mediados de septiembre no será efectivo el movimiento de los guardias civiles”, explican.

Quesada ha detallado que “de esas 90 vacantes, 66 son de unidades de seguridad ciudadana y el resto de diferentes especialidades”.

Además, a eso se le añade un “saldo negativo de -20 agentes en total (seguridad ciudadana y especialidades juntas), porque se van más de los que vienen destinados”, explicó.

“En julio se incorporaron a la isla una veintena de guardias alumnos en prácticas. No te puedo concretar la cifra porque en un principio fueron 11 de 66 para Baleares y después se amplió la cifra hasta 90 para todo Baleares. Así que imagino que sumaría hasta una veintena más o menos”, afirma.

Esos alumnos se destinaron a Seguridad Ciudadana, aunque Quesada aclara que “no son agentes de pleno derecho y en todo momento deben prestar servicio acompañados de un guardia profesional. Por lo que en determinados servicios como puede ser atender una oficina de denuncias o los SATE no pueden prestar servicio si solo hay un componente”.

“Los refuerzos de verano no afectan a las unidades de Seguridad Ciudadana, porque se circunscriben a diversas especialidades y los componentes de la ARS que prestan servicio en zonas de alta concentración turística”, explica.

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Incorporaciones futuras
Desde Jucil han avanzado que en septiembre “se incorporan también a Baleares 160 efectivos a las unidades de Seguridad Ciudadana que son de la promoción que acaba de consolidar el empleo al terminar sus prácticas. De ellos también irán a Ibiza, pero no te puedo concretar ahora mismo cuántos”.

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Estos últimos estarán destinados por un año, aunque su destino en Baleares “no es voluntario 100%, porque en su caso las vacantes ofertadas son el mismo número que componentes de la promoción, así que todas las vacantes ofertadas son cubiertas aunque no entra entre sus preferencias”.

Una alerta preocupante
Por otra parte,  el secretario provincial en Baleares de la Guardia Civil ha alertado que “si no cambian las condiciones en las islas, empezando por aumentar la indemnización por residencia, siempre contaremos con plantillas deficientes y no tendremos la oportunidad de retener a la mayoría de los efectivos que de una forma y otra acaban pasando por las islas”.

Esto también conlleva una “elevada rotación en las unidades y repercute en la calidad del servicio porque también es necesario que conozcan la demarcación en la que trabajan y se familiaricen con los tipos delictivos que se dan y con sus ciudadanos a los que prestan servicio”.

Sin respuesta
La Voz de Ibiza consultó sobre esta situación a la Oficina Periférica de Comunicación de la Guardia Civil de Baleares.

Según han manifestado, “hemos elevado la consulta”, aunque al momento de la publicación de la noticia no habían tenido respuesta.

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Condenada la presidenta de Mirabal por denuncia falsa a un Guardia Civil

A Coruña

La sentencia establece un año de cárcel y una multa de 720 euros
11 Oct 2025. Actualizado a las 05:00 h.

 
Ana María Saavedra, presidenta de la Asociación Mirabal de Betanzos —destinada a la defensa de menores y mujeres maltratados—, ha sido condenada a un año de prisión por un delito de acusación y denuncia falsa por el Tribunal Militar Territorial Cuarto. También deberá proceder al pago de una multa de dos euros diarios durante 12 meses —un total de 720 euros— y cargar con los costos de representación de la acusación particular.

Los hechos juzgados se remontan a septiembre y octubre del año 2022. Según la sentencia, Saavedra, en calidad de presidenta de Mirabal, acudió al cuartel de la Guardia Civil de Betanzos para ayudar a una presunta víctima de violencia machista a interponer una denuncia contra su entonces pareja. Fue allí donde le habría comentado al teniente de la guarnición que la mujer a la que estaba ayudando habría recibido un trato deficiente e irrespetuoso por parte de un sargento de la oficina de Sada.


Habiendo oído las razones de Saavedra, el teniente la instó a que presentara una queja formal para dejar constancia de la situación que estaba refiriendo. Poco tiempo después este habría redactado él mismo el documento de queja usando como referencia las notas que había tomado en la conversación con Saavedra, a quien llamó a su despacho para enseñarle el documento por si hiciera falta suprimir o añadir alguna información o puntualización.

Después, Saavedra habría firmado el escrito de su puño y letra, oficializando el procedimiento contra el sargento del puesto de Sada. No obstante, posteriormente, la presidenta de Mirabal denunció al teniente aduciendo falsedad documental y suplantación de identidad, asegurando que tal firma no se había producido y que el oficial de la Guardia Civil habría reproducido ilícitamente su firma.

Tras formalizarse esta acusación, el ordenador del despacho del teniente fue requisado y su arma retirada. El oficial interpuso entonces una demanda contra Saavedra por acusación y denuncia falsa, ya que él negaba haber falsificado la firma que figura en la queja, tal y como aseguraba la presidenta de Mirabal.

El procedimiento contra Saavedra se llevó a cabo en un tribunal militar, lo que suscitó una protesta enérgica por parte de su defensa, que pedía que el procedimiento se llevara a cabo por la vía civil. No obstante, las objeciones fueron desestimadas y el proceso siguió adelante. La sala, después de haber mantenido una vista oral y haber escuchado las razones y testigos de defensa y acusación, consideró probado que Ana María Saavedra habría actuado con «mala fe» y que su forma de actuar tuvo «consecuencias graves en el funcionamiento normal de la Administración de Justicia Militar». Además, se consideró probada la acusación elevada por el teniente, quien, según refleja la sentencia, se reservó el posible ejercicio de acciones civiles por responsabilidades subsidiarias del delito.

   

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Las dirigentes del PSOE-Torremolinos destacan la "complicidad" de Navarro y la denunciante



Redacción digital Informativos Telecinco
Agencia EFE
05 DIC 2025 - 18:50h.

Las mujeres integrantes de la Ejecutiva municipal del PSOE de Torremolinos (Málaga) han asegurado que han sido "testigos de la amistad y complicidad" entre el hasta ahora secretario local, Antonio Navarro, y la militante que lo ha denunciado por presunto acoso sexual.

En un comunicado firmado por ocho mujeres y publicado en la cuenta del PSOE de Torremolinos en X este viernes, apelan "al derecho fundamental a la presunción de inocencia, que tiene que ser respetado hasta el momento en el que exista una resolución firme que declare la culpabilidad de la persona en cuestión".

Han declarado que han compartido con Navarro "momentos a solas y en compañía de otros compañeros", y que él "siempre ha sido respetuoso en el trato" hacia ellas, porque de lo contrario lo habrían "denunciado de forma inmediata". Además, subrayan que nunca vieron "ningún acto de acoso hacia la compañera denunciante", con quien compartieron muchas horas durante la campaña electoral, y que su actitud era absolutamente normal y de absoluta complicidad con Antonio Navarro".

Lamentan "la filtración de la denuncia"

Las firmantes lamentan "la filtración de la denuncia" en un día convulso para el partido y que el caso ya se haya "juzgado mediáticamente, señalando a una persona como culpable, con su foto y sus datos personales", afectando a su familia "que sufre por ver todo esto y, además, no ha sido declarada culpable".

Recordaron que una denuncia "es una declaración de voluntad en la que se pone en conocimiento de una autoridad la posible comisión de un hecho que puede revestir carácter de delito", pero "ello no significa que lo constituya", y que si finalmente se confirma, serán "las primeras en condenar dichos ataques". Critican que "se ha sentenciado a una persona sin que haya tenido posibilidad de defenderse y sin valoración alguna del contexto que rodeaba a ambos implicados".

Las mujeres del PSOE destacaron que si se critica "los juicios paralelos que se están viviendo con Begoña Gómez o con el fiscal general del Estado y se apela a la presunción de inocencia", debe aplicarse "la misma vara de medir en todos los casos". Reiteran que "nunca hemos presenciado actitudes machistas, denigrantes, de acoso sexual, abuso o cualquier conducta no apropiada por parte de Antonio Navarro hacia ninguna mujer".

Por último, señalaron que han sido testigos de la relación entre ambos, de la complicidad y los abrazos, y que en actos posteriores a los hechos denunciados en 2021, Navarro y la denunciante "participaban con total normalidad, con muestras de cariño y sin existir atisbo de ninguna posición de supremacía, acoso o agresión".

[47ronin]

...

[carax]

Que van ha decir, si es su jefe. Ya lo dijo Alfonso Guerra...el que se mueve no sale en la foto.

[47ronin]

Que van ha decir, si es su jefe. Ya lo dijo Alfonso Guerra...el que se mueve no sale en la foto.

Pero dejarla al pie de los caballos de esa forma....no se, hechos de 2021 que denuncia en 2025....porque?