Autor Tema: Cambio climático, medio ambiente, contaminación  (Leído 95081 veces)

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Re: Cambio climático, medio ambiente, contaminación
« Respuesta #820 en: 05 de Marzo de 2024, 07:38:43 am »
DA LA RAZÓN A LA JUNTA DE ANDALUCÍA
El TSJA anula el acuerdo que declaró no urbanizables los terrenos de El Algarrobico

"Se ha de admitir que lleva razón la Junta de Andalucía cuando afirma que 'Concurre una extralimitación en el cumplimiento del fallo' por parte del Ayuntamiento de Carboneras (...)"

Por EFE
04/03/2024 - 16:38

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dado la razón a la Junta de Andalucía y ha anulado el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Carboneras (Almería) que declaró no urbanizables los terrenos del paraje de El Algarrobico, en los que se encuentra el polémico hotel construido por Azata del Sol. En un auto, consultado por EFE, el Alto Tribunal andaluz recuerda que el Gobierno andaluz solicitó anular la totalidad del punto primero de dicho acuerdo, adoptado el pasado 26 de abril, así como parte del segundo, y que obligase al consistorio a reflejar "en sus documentos y decisiones" que la clasificación como suelo no urbanizable especialmente protegido de El Algarrobico (sector ST-1) y de El Canillar (sector ST-2) era vigente desde 1994. La Junta defendía que la redacción del acuerdo, que hacía alusión a "efectos sobrevenidos" para llevar a cabo la declaración de no urbanizables, no cumplía la sentencia que obligaba al Ayuntamiento a esta medida "en la forma y términos que en esta se consignan", y defendía que El Algarrobico y El Canillar no eran urbanizables desde 1994, año en el que se aprobó el plan de ordenación de los recursos naturales (PORN) del parque natural Cabo de Gata-Níjar (Almería). "Se ha de admitir que lleva razón la Junta de Andalucía cuando afirma que 'Concurre una extralimitación en el cumplimiento del fallo' por parte del Ayuntamiento de Carboneras (...) Resulta que para su debida ejecución no tiene por qué proceder a 'Aprobar definitivamente la modificación del instrumento de planeamiento general de PGOU de Carboneras' con el sentido y alcance que lo hace", apunta el auto el TSJA.

En este sentido, sostiene el Alto Tribunal, que al ayuntamiento "nada le corresponde decidir al respecto", más allá de hacer figurar en el PGOU lo ordenado por la sentencia aludida. "A ninguna 'clasificación' de esos terrenos se ha de 'proceder' por el Ayuntamiento, ni ninguna 'clasificación urbanística' ha de 'Anular y eliminar' porque la clasificación urbanística a la que ha de estar y se ha de limitar a reflejar, a hacer figurar en el PGOU, es la que se indica en la sentencia que nos ocupa, que es la que se corresponde con la zonificación y nivel de protección vigente de los terrenos que comprenden los Sectores ST-1 y ST-2, y que ya existía en el PORN de 1994", añade.

Por ello, considera que existe una "extralimitación" clara por parte del ayuntamiento y que este exceso ya supone "una transgresión", porque la sentencia debe cumplirse en la "forma y términos" que se consignan en ellos, sin que se deba cumplir de modo “libre y exento de toda mezcla de otra cosa”, porque eso es lo que significa dicho adjetivo. Este acuerdo fue aprobado cuando aún era alcalde el socialista José Luis Amérigo y, meses más tarde, el actual regidor, Felipe Cayuela (PP), intentó modificar en pleno la resolución aludida para ajustarlo a lo que reclamaba la Junta de Andalucía, pero no fue posible al no contar con la mayoría suficiente para ello.


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Re: Cambio climático, medio ambiente, contaminación
« Respuesta #822 en: 20 de Abril de 2024, 11:29:17 am »
Ya veo a los inspectores de residuos abriendo las bolsas que van a dejarse alrededor de los cubos para ver si encuentran al.autor del deposito.

https://twitter.com/Alexistwa/status/1781298082459623612?t=gugQeBbUtbo4e-RoQOjTMg&s=19

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Re: Cambio climático, medio ambiente, contaminación
« Respuesta #823 en: 01 de Mayo de 2024, 10:20:23 am »

El Gobierno de España contesta al de Canarias: la concesión del Oliva Beach es competencia estatal, no autonómica

El Ejecutivo nacional defiende la “literalidad” del Real Decreto que traspasó parte de las competencias en materia de costas a la Comunidad Autónoma y que no incluye las concesiones “compensatorias”, como la del hotel ubicado en las Dunas de Corralejo con orden de demolición
— Por qué el Consejo de Estado considera que Canarias no es competente para resolver el expediente del Oliva Beach





La Oliva Beach, hote. Imagen de archivo
La Oliva Beach, hote. Imagen de archivo
Toni Ferrera

30 de abril de 2024 22:22h
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Como era de esperar, el Gobierno de España ha contestado al Ejecutivo canario que las concesiones “compensatorias” sobre domino público marítimo-terrestre, como la ostentada por la mercantil Geafond Número Uno Lanzarote para gestionar el hotel RIU Oliva Beach, son competencia estatal y no autonómica, rechazando la argumentación esgrimida por la Administración liderada por Fernando Clavijo (CC).


Transición Ecológica declara la caducidad del hotel Oliva Beach de Fuerteventura y ordena su demolición

En un escrito publicado este martes tras la celebración del Consejo de Ministros, La Moncloa ha contestado al requerimiento de incompetencia formulado por el Gobierno regional en relación con la resolución del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico del pasado 27 de febrero que declara la caducidad de la concesión de uno de los hoteles de RIU en las Dunas de Corralejo y ordena su demolición.

Clavijo y el resto de su equipo entienden que las Islas cuentan con la competencia “exclusiva” en materia de ordenación del litoral, como así indica el Estatuto de Autonomía, y que eso incluye la gestión de los títulos de ocupación del dominio público marítimo-terrestre, comprendiendo todas las concesiones sobre dicho espacio sin ninguna distinción.


Para poner en contexto, sobre las costas españolas existen dos tipos de concesiones: las previstas en el artículo 64 de la Ley de Costas, estas son, “toda ocupación (…) con obras o instalaciones no desmontables”; y las descritas en la disposición transitoria primera de la misma norma. Las primeras son las “ordinarias o comunes” en la materia. Las segundas, en cambio, tienen un “carácter excepcional”, llamándose “compensatorias”, pues buscan precisamente compensar al hasta entonces dueño de los terrenos por realizarse un tránsito de titularidad privada a pública (similar a lo que Costas pide ahora para la promotora del hotel en La Tejita, en Tenerife).

El Gobierno canario dice que le corresponden todas. Ha anunciado que irá al Tribunal Contencioso por ello. En su requerimiento al Ejecutivo nacional, “niega la diferenciación” entre concesiones y defiende que, si el Estado realmente es competente de las segundas, de las “compensatorias”, tendría que haberlo hecho explícito en el real decreto que traspasó servicios y funciones de la Administración General del Estado al Archipiélago en materia de costas en 2023.

La Moncloa ha respondido exponiendo una contradicción en la tesis del Gobierno regional: si este último dice que las competencias en costas se atribuyen en los Estatutos de Autonomía y no en los reales decretos (como así ha defendido desde el principio del conflicto), “no se entiende que se defienda”, entonces, “que estos [los reales decretos] tienen el valor de atribuir y reservar competencias al Estado”. Es decir: ¿por qué iba el Estado a detallar en el real decreto de traspasos que es el competente para una serie de concesiones si, según el Ejecutivo canario, el Estatuto de Autonomía ya brinda a las Islas la competencia “exclusiva” en este sentido?

El Real Decreto 713/2022, la polémica norma en cuestión, atribuye a la Comunidad Autónoma la “gestión de las concesiones demaniales a que se refiere el artículo 64 de la Ley de Costas”. No habla de las concesiones “compensatorias” de la disposición transitoria primera. El Ejecutivo nacional ha pedido que se respete la “literalidad” del documento.

El “choque frontal” entre el Gobierno de España y el de Canarias quedó escenificado más si cabe el pasado 22 de abril tras la reunión de la Comisión Bilateral para tratar este asunto. El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez (CC), creía que se trataba de una reunión política “donde [ambas entidades] debían demostrar su voluntad política de alcanzar un acuerdo”. Pero, según una nota de prensa emitida por el Ejecutivo regional, los representantes de la comisión estatal mantuvieron su tesis “jurídica” a rajatabla.

EL ARTÍCULO CONTINÚA DESPUÉS DEL SIGUIENTE MENSAJE
23 años de cárcel
En Canarias Ahora podemos atestiguar que el Lawfare existe. Lo vivimos de cerca entre 2015 y 2022 cuando informamos con todo detalle de cómo el exministro José Manuel Soria (PP) y el exjuez Salvador Alba conspiraron para acabar con la carrera política y profesional de la magistrada Victoria Rosell (Podemos). Y lo volvemos a vivir ahora con el intento de Alba de vengarse en la persona del director de nuestro periódico, Carlos Sosa, tras haber sido descubierto, juzgado y condenado a los tres delitos más graves que puede cometer un juez (cohecho, prevaricación y falsedad en documento judicial) a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación.

Con la ayuda de una jueza de Madrid que ha desoído incluso al Ministerio Fiscal, Alba ha conseguido que Carlos Sosa se siente en el banquillo para responder a una petición de 23 años de prisión y a una indemnización de 422.500 euros simplemente por haber informado con todo rigor de sus delitos y de sus trapisondas para eludir la acción de la justicia.


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“Nos sentaremos todas las veces que haga falta, pero vamos a seguir defendiendo nuestro Estatuto y el derecho de Canarias a gestionar su litoral”, subrayó Rodríguez. El Gobierno ha asegurado que cuenta con informes favorables de sus Servicios Jurídicos, de expertos constitucionalistas, del Consejo Consultivo y de un dictamen al respecto elevado por la Audiencia de Cuentas.

El pasado verano, Clavijo premió con el galardón Turismo Islas Canarias a la Proyección Internacional del Archipiélago al hotel RIU Oliva Beach de Fuerteventura, un complejo hotelero ubicado en las Dunas de Corralejo, categorizadas como Parque Natural y parte de la Reserva de la Bioesfera de Fuerteventura. El presidente de las Islas ha dicho que la decisión del Ministerio de Transición Ecológica de demoler dicha edificación es un “atropello”.


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Re: Cambio climático, medio ambiente, contaminación
« Respuesta #825 en: 17 de Mayo de 2024, 14:33:01 pm »

La pólvora del rey ..


Actualizado 17 May 2024 13:3



Triste final para el abeto de 10.000 euros que Vox importó desde Italia hasta València contra el criterio de los técnicos


El Ayuntamiento de València ha iniciado este jueves la tala del abeto que el consistorio compró estas Navidades, tuvo que replantar en el barrio de San Marcelino y que ha durado vivo menos de seis meses

Los técnicos municipales talan el abeto que el Ayuntamiento de València compró por Navidades contra el criterio de los técnicos. / Asociación Vecinal de San Marcelino

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Redacción

Radio Valencia
16/05/2024 - 08:22 WEST
Este jueves ha comenzado la tala del abeto que el Ayuntamiento de València instaló en la plaza de la Reina de la ciudad estas Navidades y que el concejal de Parques y Jardines, Juanma Badenas (de Vox), importó desde Italia por un importe de 10.000 euros. Tras las fiestas, el abeto se replantó en un jardín frente al barrio de San Marcelino, pero no ha podido sobrevivir a las condiciones climáticas y finalmente ha muerto. Este mismo martes la Asociación Vecinal de San Marcelino realizó un acto reivindicativo en homenaje al "pobre abeto reseco", temiéndose su inminente desenlace.

El abeto fue importado desde Italia contra el criterio de los técnicos municipales, ya que según un informe al que tuvo acceso la Cadena SER el pasado mes de enero, el contrato de adquisición incumplió "todos los procedimientos legales establecidos". El texto asegura que el contrato, adjudicado por casi 11.000 euros por el concejal de Vox, Juanma Badenas, para traer un abeto importado desde Italia omitió la fiscalización previa del gasto y prescindió de todos los trámites necesarios para un contrato menor como era el caso.

Los técnicos municipales talan el abeto que el Ayuntamiento de València compró por Navidades contra el criterio de los técnicos.
Los técnicos municipales talan el abeto que el Ayuntamiento de València compró por Navidades contra el criterio de los técnicos. / Asociación Vecinal de San Marcelino

"Poco resistente al ambiente marítimo"
Además, en otro informe firmado por el jefe del servicio de mantenimiento y obras de la zona sur se explica que este abeto comprado por el Ayuntamiento de València, y que tras las Navidades se replantó en San Marcelino, era un árbol "poco resistente al ambiente marítimo y al sol", y que se trataba de "un ejemplar decorativo para zonas templadas altas". Finalmente, esas advertencias se han convertido en realidad, ya que el abeto ha durado menos de seis meses con vida.

Vox responde que ha generado empleo
Por su parte, el departamento de Parques y Jardines del Ayuntamiento de València, que dirige Vox, ha explicado este jueves que el abeto se compró para utilizarlo como decoración de Navidad en el centro de la ciudad y servir "de reclamo para impulsar las ventas del comercio". El consistorio cree que ha cumplido su función porque en noviembre y diciembre hubo 655 desempleados menos en la ciudad de València y la hostelería "llenó sus locales" además de incrementarse las ventas en los comercios. Sobre su tala, la concejalía afirma que estos abetos navideños se suelen retirar cuando acaba la Navidad, y en este caso destacan que ha durado "unos meses más".