El caso del jefe de policía que se escondió del alcoholímetro y evitó su juicio durante 18 años
Dolores Ruiz cuenta las vicisitudes vividas desde que el oficial jefe de Sanlúcar embistiese su coche cuando estaba parada en su semáforo
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JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ
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Madrid 11 AGO 2018 - 13:02 CEST
Dolores Ruiz, a la derecha, con su hija, en su vivienda de Sanlúcar. EL PAÍS
La historia de Dolores Ruiz, gaditana de 64 años, es una antología de la impotencia. El resumen de una batalla “contra poderosos” que ha acabado, cuenta Dolores a EL PAÍS, “destrozando mi vida y la de mi familia; hasta mi matrimonio se perdió”. El día que se suspendió por octava vez el juicio de su accidente de tráfico, que le dejó serias secuelas, Dolores cayó al suelo desplomada, inconsciente, y el juez tuvo que llamar a una ambulancia. Se quedó sin habla, no recuerda nada de ese día y en ocasiones le acecha la amnesia. 20 años después, el Consejo del Poder Judicial le ha dado la razón y censurado lo ocurrido en su caso.
El día que se suspendió el juicio de su accidente de tráfico por octava vez, Dolores Ruiz cayó al suelo desplomada en los juzgados de Cádiz
La vida de Dolores Ruiz era la de una oficial de cocina feliz con su trabajo y sus hijos hasta la "aciaga noche del 4 de septiembre de 1998”, cuando el entonces jefe de la Policía Local de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Antonio Coronilla, embistió por detrás su coche. Ella, de copiloto, y su marido, al volante, estaban detenidos en un semáforo de la avenida de la Constitución de Sanlúcar, recta y de amplia visibilidad. Delante de ellos, eran cerca de las 12 de la noche, tenían dos coches y una moto, también parados ante el semáforo; y venían de recoger a una hija de once años que había estado en casa de amigas en una fiesta del pijama. “Y de pronto oí plofff, parecía como una bomba, y mi cabeza se balanceó dos veces, como los muñecos esos que ponen en los coches de las pruebas de accidentes de la tele”.
Del vehículo, propiedad del Ayuntamiento de Sanlúcar (municipio de 68.000 habitantes, a orillas de la desembocadura del río Guadalquivir), se bajó un hombre al que su marido pronto reconoció como el jefe de la policía local. “Tenía voz aplomada y echaba un fuerte olor a alcohol", describe Dolores Ruiz. “Me dolía todo el cuerpo; de hecho sufrí graves daños en tres vértebras”. De aquello han pasado hoy 20 años y Dolores mantiene intacta su rabia. "Mi familia ha sufrido mucho, hasta mi hija se siente culpable y cayó enferma porque aquel día íbamos en el coche para recogerla a ella", detalla.
El oficial jefe “tenía la voz aplomada y echaba un fuerte olor a alcohol; hasta mi hijo notó el pestazo a cerveza", señala
Su exigencia esa noche a la policía para que le hicieran la prueba del alcoholímetro al oficial jefe Coronilla fue obviada. Los subordinados del jefe policial no solo esquivaron hacérsela, sino que, en concreto el segundo al mando, el suboficial jefe, Ildefonso Venzala, “habló esa noche con mi marido hasta en cuatro ocasiones para convencerle, y lo consiguió, de que quitásemos de la denuncia mi exigencia de que le hicieran la prueba de alcoholemia”. “Tiene hijos, y esto puede perjudicarle en su carrera”, dice Dolores que le decía una y otra vez Venzala a su marido. Lo cierto es que nunca llegó a hacérsela ni nadie, como debe hacerse en estos casos, le obligó.
La amargura de Dolores Ruiz, que guarda todo el sumario en cuatro enormes cajas, tiene otra razón añadida. Ha tenido que esperar 18 años para obtener la sentencia definitiva del juicio de su accidente, que la mantuvo de baja 172 días. Y de resultas de aquello la Seguridad Social acabó dándole la invalidez parcial: sus cervicales quedaron muy dañadas. Han sido 18 años de abogados y gastos que le han supuesto “más de 80.000 euros”. Años en los que ha sufrido viendo como los papeles judiciales tardaban meses o años en moverse de una estantería a otra. Y cómo se fijaban fechas para juicios que a última hora se suspendían por errores de tramitación o porque “tal o cual abogado decía que no se le había notificado un papel, o faltaba un testigo, o se anulaba lo ya hecho”, se encrespa Dolores. Y los años seguían pasando. La ira de Dolores se convierte reiteradamente en lágrimas en su conversación con este periódico.
A LA FISCAL SE LE OLVIDÓ EL JUICIO
La última vez que se suspendió el juicio en Cádiz, ya era la octava. Dolores no aguantó más, se mareó y hubo que llamar a una ambulancia. Por entonces habían pasado 12 años desde el accidente, por lo que el juez de lo penal de Cádiz no quiso suspender de nuevo la vista. Con anterioridad la suspendió varias veces por matices procesales. Esta vez, el motivo era que a la fiscal se le olvidó ir a la vista. Y el juez inició el juicio sin ella, que finalmente se incorporó una hora tarde.
Entre el juez y la fiscal hubo momentos de gran tensión. Recuerda Juan Rivas, el abogado de Dolores Ruiz, que la fiscal fue buscada sobre la marcha por sus superiores, pero que ni era la encargada del caso ni, lógicamente, se lo tenía preparado. La Audiencia Provincial de Cádiz ordenó repetirlo meses después precisamente por la ausencia de la fiscal. Y asumió el enjuiciamiento de los dos jefes policiales de Sanlúcar, que acabaron con condenas casi simbólicas.
Desde aquella misma noche del 4 de septiembre de 1998, fecha del accidente, Dolores creyó ver “manos oscuras, primero policiales y más tarde judiciales y fiscales, que trataban de tapar al jefe policial de Sanlúcar”, asegura.
La noche del accidente, condolida, Dolores Ruiz fue llevada al hospital, pero no cejó en su empeño de pedir que Coronilla fuese sometido al alcoholímetro. “Hasta mi hijo olió el pestazo a cerveza que llevaba cuando casi sin habla trataba de rellenar un parte voluntario de accidente”, afirma Dolores. Su deseo fue estéril. Lo máximo que logró es que el suboficial llamase al jefe a casa indicándole que la víctima insistía en que se hiciese la prueba del alcohol. “Mañana por la mañana iré a declarar”, respondió Coronilla a su subordinado desde casa. Y no apareció. “Hasta en cuatro ocasiones, tras hablar en privado el suboficial con él, vino mi marido pidiéndome que retirara eso de la denuncia y diciéndome que si lo mantenía podían hacernos la vida imposible; me dolía todo el cuerpo, me harté y le dije, haz lo que quieras…”, rememora.
“Todo el mundo pareció conchabarse contra mí, incluso mi primer abogado…”, cuenta entre llantos Dolores. “Los años pasaban y no me informaba de nada…”. “Mover un papel desde el juzgado de Sanlúcar hasta el de lo penal de Cádiz, donde debía celebrarse el juicio, por ejemplo, eran seis meses para llegar allí el papel y otros seis para la vuelta, y así iban pasaban los meses y los años; y yo con problemas en las vértebras que no me pueden operar”.
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La definitiva vista oral se celebró los días 11 y 12 de marzo de 2015, pero no en el Juzgado de lo Penal 2, el previamente fijado. La Audiencia de Cádiz optó por asumir el asunto y enjuiciarlo ella misma. Pero ya habían pasado 17 años, y aún quedaba el recurso al Tribunal Supremo. La Audiencia condenó al jefe y al subjefe, pero a penas mínimas tras reducirles la condena en dos grados precisamente por atenuantes derivadas de la tardanza en celebrarse el juicio.
A 504 euros de multa condenó al oficial jefe y a indemnizar a Dolores en 14.800 euros (que paga el seguro), por no someterse a la prueba de alcohol; y a 45 días de inhabilitación al suboficial Venzala, por no cumplir con su obligación de obligar a su jefe a hacerse la prueba de alcoholemia. Coronilla se benefició incluso de la supresión del Código Penal, en 2015, de la falta de lesiones que se le atribuyó en el inicio de la causa. El Supremo confirmó la sentencia en abril de 2016.
El Poder Judicial censura la tardanza
Si la sentencia se hubiese ejecutado en su momento, el suboficial habría perdido automáticamente su puesto porque eso acarrea una pena de inhabilitación, señala Rivas, pero pidió un indulto y logró que los jueces dejaran en suspenso esa pena para ganar tiempo y prejubilarse, con la pensión intacta, antes de que el indulto le llegase, como sucedió, denegado. El oficial jefe Coronilla dejó el Ayuntamiento dos años después y hoy ocupa un alto cargo en la Policía Nacional de Cádiz. “A estos dos policías les ha salido gratis todo este asunto”, confiesa el abogado de Dolores Ruiz, Juan Rivas.
Dolores Ruiz ha denunciado todo lo ocurrido ante el Ministerio de Justicia, al que reclama una indemnización de 150.000 euros por daños y perjuicios derivados del mal funcionamiento de la justicia. El Consejo del Poder Judicial, al que el Ministerio ha pedido un informe, entiende que efectivamente todo funcionó mal y que Dolores debe ser indemnizada, aunque advierte de que es competencia del ministerio fijar la cuantía. La demora es "a todas luces excesiva atendiendo su objeto y que [el asunto] no presentaba especial complejidad (...) ni en la instrucción ni en la calificación de los hechos”, censura el Poder Judicial en un informe al que ha tenido acceso EL PAÍS. "Se ha producido un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia", zanja. Pero este asunto tardará aun muchos meses en resolverse; los años, pues, siguen y la impotencia de Dolores Ruiz perdura.
INÉDITA DEMORA
El de Dolores Ruiz es un caso inédito. Fuentes judiciales no recuerdan una demora de esta envergadura en un asunto que carece “de la menor complejidad”. Estos medios ven “ánimos dilatorios” como arma de impunidad en este proceso. Ni siquiera el Consejo del Poder Judicial, que recientemente ha analizado el caso de Dolores Ruiz, dándole la razón, acierta a entender que un juicio pueda tardar tantos años en resolverse, 17. Tampoco entendió tanta demora la Audiencia Provincial de Cádiz cuando, tras varias suspensiones en los juzgados inferiores, se tuvo que atribuir la causa para enjuiciarla, 17 años después. Pero aun faltaba otro año más (18) en el Tribunal Supremo.
