La juez imputa al mando policial que eliminó la referencia de ETA e islamistas
Baltasar Garzón exculpó al superior de los tres peritos porque la supresión ?era necesaria?
F. Velasco
Madrid- La investigación relacionada con el informe donde se relacionada a ETA con los atentados del 11-M ha dado una nueva vuelta de tuerca. Si los tres peritos que firmaron el documento, Isabel López Cidad, Manuel Escribano y Pedro Manrique, pasaron sin solución de continuidad de testigos a imputados por Baltasar Garzón, ahora ha sido el superior de ellos, Francisco Ramírez, quien de ser totalmente exculpado por Garzón tendrá que declarar hoy como imputado por un delito de falsedad. Ramírez fue quien suprimió el párrafo del informe donde se establecía la relación entre ETA y los islamistas, y quien, ante la negativa de Escribano a firmarlo, fue lo asumió como propio y lo ratificó con su firma.
La titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, Gemma Gallego, ha decidido imputar al jefe de Analítica de la Policía Judicial dentro de la querella que instruye contra los mandos policiales de los tres peritos.
La juez, además, tiene pendiente de resolver el recurso interpuesto por los tres agentes contra su imputación, aunque antes debe recibir los informes preceptivos de las partes personadas en la causa.
La decisión de esta magistrada es completamente contradictoria con el criterio que adoptó en su día Garzón, quien no sólo exculpó a Ramírez de cualquier responsabilidad, sino que, además, avaló su decisión de retirar las relaciones con ETA, a través del ácido bórico encontrado en el domicilio de uno de los acusados del 11-M, en el informe suscrito por los tres peritos.
Normas de control
En concreto, el juez Garzón se?alaba, en el auto donde se inhibía de esta causa a favor de los juzgados de Plaza de Castilla, que la eliminación de esas observaciones ?era no sólo oportuna, sino necesaria, porque ni eran ciertas ni científicamente eran sostenibles. Además, destacaba en su resolución que quien visó el informe ?tenía la obligación de cumplir esas normas de control de la Comisaría General de Policía Científica?, y ello, a pesar de que ?no se hubiera sugerido la posible conexión ETA-islamistas?.
Además, aseguraba al respecto que las referencias al hallazgo de ácido bórico en un piso de ETA en el informe pericial que elaboraron Escribano, López Cidad y Manrique sobre el 11-M ?no respondía al interés de sugerir la investigación de hechos relacionados, ya que eran inexistentes, sino generar una apariencia sin sustento real alguno, que vinculara a la organización terrorista ETA con los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004 en Madrid?.
?Al menos, un delito?
En cuanto al hecho de que se sustituyese el nombre del perito inicial, Escribano, por el de Ramírez, el juez entendía que ?dicha alteración, como se comprueba en las veces que se ha usado el tippex en ese libro, es algo habitual y quien efectúa las correcciones es el funcionario encargado del libro, con los datos que le suministraban?. Es decir, a?adía al respecto, no se observaba ?ilícito alguno en una función que puede o no estar bien hecha, pero que no excede de la normalidad laboral del que la realiza, ni oculta nada?.
Sin embargo, el fondo de la decisión de la juez Gallego sí viene a ser en buena parte coincidente con la tesis sostenida por la Sala Penal de la Audiencia Nacional, la cual, en la resolución donde decidía que la competencia era de los juzgados ordinarios de Madrid, ya veían una posible responsabilidad en los responsables policiales. En concreto, sus magistrados ponían de relieve que del examen de todos los documentos se llegaba a la conclusión de la existencia ?de indicios suficientes para proceder a investigar la posible comisión de, al menos, un delito de falsedad en documento público, por la incorporación al sumario 20/04 -atentados del 11 M- de un documento inicial -informe pericial del Cuerpo Nacional de Policía- alterado en su contenido y/o en la persona que realiza la pericia y la asume con su número profesional y firma?.
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