Autor Tema: Aguirre pudo cometer un delito y no una falta  (Leído 153648 veces)

Desconectado Celestino

  • Profesional
  • Chamán
  • *
  • Mensajes: 11968
Re:Aguirre pudo cometer un delito y no una falta
« Respuesta #1880 en: 24 de Marzo de 2018, 13:06:18 pm »
Aguirre gastó 19 millones de euros en dos edificios 'fantasma' de la Ciudad de la Justicia.

Hablan de que a uno de los empleados le pagaron un Master después de estar fuera de la empresa que se creó para este esperpento, espero que éste al menos sí se lo sacase estudiando y no cambiando las notas a posteriori como "otros, otras u otres "

Desconectado 47ronin

  • Administrador
  • Tyranosaurius Rex
  • ***
  • Mensajes: 170614
Re:Aguirre pudo cometer un delito y no una falta
« Respuesta #1881 en: 19 de Abril de 2018, 14:12:52 pm »
Para el.tiempo que me queda en el convento....


Cristina Cifuentes denuncia ante la Fiscalía las "irregularidades" en la Ciudad de la Justicia de Esperanza Aguirre


Esperanza Aguirre con Norman Foster (en el centro) en la presentación del edificio del arquitecto en 2008.

Un informe de la Comunidad de Madrid concluye que se incumplieron de forma "sistemática" las "normas esenciales" de contratación y contabilidad
Aguirre gastó 19 millones en edificios 'fantasma' de la Ciudad de la Justicia
MARTA BELVER | Madrid
19/04/2018 12:50
Facebook
Twitter
Whatsapp
La Comunidad de Madrid ha denunciado este jueves ante la Fiscalía General del Estado las "múltiples irregularidades" cometidas en la gestión de la malograda Ciudad de la Justicia, según ha sabido EL MUNDO. Un dictamen de la Abogacía General encargado por el Gobierno de Cristina Cifuentes sobre el desarrollo del proyecto diseñado por Esperanza Aguirre para concentrar en Valdebebas todos los organismos judiciales ha detectado que se incumplieron de forma "sistemática" las "normas más esenciales" de contratación pública y contabilidad.

Ésta es la conclusión a la que han llegado los servicios jurídicos del Ejecutivo autonómico a partir de un informe elaborado previamente por la Cámara de Cuentas. En él, el organismo apunta al "posible menoscabo" ocasionado a las arcas regionales por "el perjuicio patrimonial" que se produjo y que "ni tan siquiera son susceptibles de cuantificar".
Entre las anomalías detectadas de las que la Comunidad ha dado traslado ahora a la Fiscalía figuran "la preponderancia de criterios discrecionales" en la adjudicación de contratos y "la aplicación de fundamentos desiguales en la valoración de las ofertas". "Incluso se aprecia la existencia de conflictos de intereses, arrojando situaciones de mera apariencia formal de legalidad no compatibles con el desarrollo real de los procesos de contratación", señala el escrito registrado este jueves en la Fiscalía y al que ha tenido acceso EL MUNDO.
Asimismo, se apunta a una "desconexión" entre la actividad de la empresa pública que gestionó la Ciudad de la Justicia desde su creación en 2005 hasta su extinción en 2015 y su volumen de directivos. Según la Cámara de Cuentas, la plantilla la formaron siete jefes y sólo tres administrativos que, de media, llegaron a cobrar 5.000 euros al mes.

El único edificio construido en la Ciudad de la Justicia, conocido popularmente con el 'donuts'.
Los abogados del Gobierno de la Puerta del Sol también señalan como irregular "la ausencia de documentos contractuales que justifiquen las relaciones de trabajo y cobro". Otras cuestiones que se mencionan por si fueran constitutivas de delito son la "omisión de informes preceptivos" en operaciones de gestión de activos y "la extemporaneidad en la aportación de las cuentas".

"Singularmente, las anomalías detectadas apuntan a un incumplimiento sistemático de los principios y normas más esenciales de la contratación pública y de la llevanza de la contabilidad, suponiendo un quebrantamiento objetivo de la legislación administrativa y mercantil", subrayan los servicios jurídicos de la Comunidad. Por ello, apostillan, estos hechos "han de ser puestos en conocimiento del Ministerio Fiscal" en aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
La Cámara de Cuentas señala en su informe que en las obras de construcción de la Ciudad de la Justicia -adjudicadas a una UTE compuesta por OHL y Acciona- se invirtieron al menos 80 millones de euros. Una cuarta parte de dicho presupuesto fue a parar al Instituto de Medicina Legal, el único edificio que se construyó, con forma de 'donuts', que ha quedado como símbolo del fracasado proyecto.
Entre los gastos que se incurrieron en este desarrollo iniciado por Aguirre, mantenido por su sucesor en la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y enterrado definitivamente por una sentencia el año pasado, destacan los 19 millones de euros invertidos en dos inmuebles 'fantasma'. Éstos son los costes generados entre 2006 y 2010 por las futuras nuevas sedes del Tribunal Superior y de la Audiencia Provincial, cuyo diseño fue encargado al arquitecto Norman Foster, y que, a día de hoy, siguen "sin tener una sola piedra colocada", según el organismo que supervisa el gasto público.
Los tres grupos de la oposición de la Asamblea de Madrid (PSOE, Podemos y Ciudadanos) ya habían presentado en marzo ante Fiscalía otro informe con las "irregularidades" detectadas en la Ciudad de al Justicia por la comisión de estudio de la deuda del Parlamento regional. Según sus estimaciones, este proyecto supuso un "quebranto patrimonial" de más de 130 millones de euros a las arcas públicas y piden que se "depuren responsabilidades".

Desconectado Celestino

  • Profesional
  • Chamán
  • *
  • Mensajes: 11968
Re:Aguirre pudo cometer un delito y no una falta
« Respuesta #1882 en: 19 de Abril de 2018, 15:08:00 pm »
Hace bien, de dónde cree que vienen los datos del Master?

Desconectado 47ronin

  • Administrador
  • Tyranosaurius Rex
  • ***
  • Mensajes: 170614
Re:Aguirre pudo cometer un delito y no una falta
« Respuesta #1883 en: 21 de Abril de 2018, 08:21:37 am »
Campus de la Justicia, el proyecto de Alfredo Prada que iba a costar cero euros y va por los 120 millones

El consejero de Justicia de Aguirre cautivó a la presidenta de la Comunidad con un megalómano proyecto con la promesa de que no iba a costar un euro al contribuyente


La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre. EFE

    Compartir en Meneame
    Enviar por email
    Comentar
    0

21.04.2018 - 05:15

Aguirre, Cifuentes, Granados e incluso Ignacio González son nombres que salen constantemente cuando se habla del Campus de la Justicia. Sin embargo, pocas veces sale en los medios el nombre del autor de la idea y de la persona que lanzó internacionalmente una obra megalómana que buscaba llamar la atención de todo el mundo: Alfredo Prada.

Abogado leonés coincidió con Esperanza Aguirre en el Senado. Cuando Aguirre llegó a la Puerta del Sol lo nombró consejero de Justicia. Prada presentó dos proyectos que agradaron a Esperanza Aguirre: La Bescam y el Campus de la Justicia.

El primero era apoyar con dinero la creación de plazas de policías municipales para dar mayor seguridad a los pueblos de la región.

El segundo era construir una macrociudad de la Justicia en los terrenos de Valdebebas y concentrar en ese punto la dispersión de sedes judiciales que vuelve locos a los abogados y al mundo judicial en general.

Eran los años de la abundancia y sobraba el dinero. Las protestas por el mal estado de los edificios de la Justicia eran constantes y también la falta de espacio para almacenar expedientes y papeles.

El Gobierno de Esperanza Aguirre aprobó una operación que se había hecho ya en muchas ciudades del mundo, como era concentrar todas las sedes en una zona. La promesa era que iba a costar cero euros, una jugada completa.

Pero en vez de hacer un proyecto realista y funcional se invitó a los arquitectos más importantes del mundo a diseñar, y cobrar: cajas de cristal, arte, luz,…
PUBLICIDAD

¿Por qué se habla tan bien de ella?

Cuenta NÓMINA de ING, la cuenta sin comisiones

La financiación parecía fácil. Se vendían los antiguos edificios judiciales del centro de Madrid y con los beneficios se podía costear el proyecto. Incluso se vendieron dos a precio de oro.

    Se constituyó una empresa y se empezó a contratar a conocidos y militantes del Partido Popular a precio de oro

Personas que conocen el proyecto han explicado que Alfredo Prada en vez de contar con un órgano gestor potente y una persona capaz, tiró de PP. “No se contrató a un ingeniero, ni a un buen gestor. Se hizo, en su mayor parte, con amigos”, explica esta persona.

Se constituyó una empresa y se empezó a contratar a conocidos y militantes del Partido Popular a precio de oro. Los gastos se dispararon pero había dinero a montones.

No había un plan estratégico. La única estrategia era venderlo a la prensa y a los mítines internacionales de promoción inmobiliaria. Se viajó a Nueva York, Munich, Singapur, Milán... a cuerpo de rey.

No había un plan riguroso de financiación. Se iba ampliando capital conforme se vendían edificios en unos tiempos en los que la burbuja inmobiliaria estaba arriba, arriba.

Los edificios fueron adjudicados a los más importantes arquitectos del mundo. Alejandro Zaera-Polo, Richard Rogers, Rafael de la Hoz, Peikoff, Zaha Hadid…

    Vino la crisis y el Gobierno de Esperanza Aguirre dejó de vender sedes judiciales, se quedó sin dinero, Prada fue cesado y el campus parado

Se terminaron las obras de la urbanización y a la primera piedra asistió el ‘todo Madrid’ de la Justicia Española… Y poco más.

Vino la crisis y el Gobierno de Esperanza Aguirre dejó de vender sedes judiciales, se quedó sin dinero, Prada fue cesado y el campus parado.

Se gastaron 120 millones de euros en la urbanización, la construcción de un edificio, sueldos millonarios y cerca de 3 millones de euros en vigilar el único edificio para que los chatarreros no entraran y se llevaran todo lo vendible.

Norman Foster recibió más de diez millones de euros sin levantar un solo ladrillo al anularle el contrato para la construcción de dos edificios.

Los técnicos ya habían advertido que el único edificio que se terminó, el Instituto Anatómico Forense, 'el redondo', era excesivamente grande. Se pasaba de los 4.000 metros actuales a los 14.000 que se levantaron.

Las sedes judiciales que había en Madrid en el momento en el que se planificó el campus sumaban 200.000 metros. En Valdebebas se planificaron 500.000 a coste cero, pero que le han costado al contribuyente 120 millones de euros.

Personas que trabajaron dentro de la sociedad que se creó para gestionar el campus denunciaron que los gastos generales eran excesivos y rondaron los seis millones de euros en el año 2007.

Otro de los problemas se produjo a la hora de disolver la sociedad. Los papeles estuvieron en el cajón de un consejero durante años hasta que finalmente se decidió agilizar la desaparición de una empresa que ahora está en la Fiscalía Anticorrupción.

El informe que ha hecho la Cámara de Cuentas explica las irregularidades que se cometieron durante la tramitación del campus y no tiene desperdicio.

Una de las personas que trabajó en el proyecto dijo a este periódico que no creía que nadie hubiera robado directamente. “Simplemente hubo mala gestión, caprichos, amigos, descontrol y hasta robos de ordenadores, y mucho recomendado incompetente…”, añadió.

“De los tres responsables que gobernaron la Consejería de Justicia –añadió- el responsable fue Alfredo Prada, del que por cierto ahora nadie habla…”.

Desconectado 47ronin

  • Administrador
  • Tyranosaurius Rex
  • ***
  • Mensajes: 170614
Re:Aguirre pudo cometer un delito y no una falta
« Respuesta #1884 en: 24 de Abril de 2018, 12:00:52 pm »
Cucú cantaba la rana...



Los "chiringuitos" del Gobierno madrileño: cada consejero usaba dinero público para promocionarse



Isabel Gallego, exdirectora general de Medios de la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre e Ignacio González, tira de la manta ante el juez de la Audiencia Nacional
24 abril, 2018 07:43

Carmen Lucas-Torres  @carmenlucast
La responsable de comunicación de los Gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González, Isabel Gallego, ha desvelado en su última declaración como investigada en el caso Púnica la manera a través de la que, según su versión, los "consejeros más preocupados por su imagen personal" de la Comunidad de Madrid gestionaban los medios a su disposición para promocionarse.

Gallego, que declaró la primera semana de abril a petición propia por segunda vez ante el juez instructor del caso, Manuel García-Castellón, dijo que éstos utilizaban distintos organismos como "chiringuitos" para mejorar su imagen. Así, Alfredo Prada habría utilizado la Ciudad de la Justicia; Francisco Granados, la Agencia de la Inmigración; Lucía Figar, la Fundación Madri+d y Manuel Lamela, el 1% de las Obras, según afirmó la responsable de comunicación de los gobiernos del PP madrileño ante el juez.



De esta manera justificó por qué muchas decisiones no pasaron por la dirección general de Medios que ella encabezaba ya que los exconsejeros "tenían sus propios equipos de confianza, prensa y publicidad". Según Gallego, coincidía que la estructura de estas consejerías, -como las de Justicia, Sanidad, Educación o Presidencia- tenían además un presupuesto para favorecer acciones de comunicación para ellos mismos".

Los exconsejeros madrileños Manuel Lamela, Lucía Figar, Francisco Granados y Alfredo Prada.
Los exconsejeros madrileños Manuel Lamela, Lucía Figar, Francisco Granados y Alfredo Prada.
La llamada de González
Gallego utilizó un enfrentamiento entre el exconsejero de Justicia, Alfredo Prada, y el expresidente Ignacio González como ejemplo de esta vía libre que presuntamente utilizaban los miembros del Gobierno madrileño en su búsqueda del beneficio personal.

Según le habría contado Ignacio González, Alfredo Prada "contrató a una empresa de los periodistas Álvaro Renedo y Germán Yanke desde su consejería para que hicieran unos trabajos y ganarse así su confianza para que fueran contra él (contra González)".


Ignacio González, por su parte, habría llamado a Telemadrid, donde Yanke dirigía y presentaba un programa nocturno junto a Pablo Sebastián para quejarse de las "continuas críticas que los dos periodistas hacían contra él". Tras esa queja ante el entonces "director o presidente de Telemadrid", ambos "salieron" de la televisión pública madrileña, según la responsable de comunicación del PP.

Los pagos a De Pedro
Durante su declaración ante el juez, extendida durante dos días y que duró aproximadamente dos horas, Gallego fue interrogada por los empresarios investigados en el caso Púnica Alejandro de Pedro, Daniel Mercado y Juan Miguel Madof.

Respecto al primero, presunto conseguidor de la red que se habría dedicado a hacer trabajos de promoción personal para distintos políticos, entre ellos de Ignacio González y Esperanza Aguirre, Gallego reconoció que cobró durante meses un sueldo de aproximadamente 1.800 euros de la Dirección General de Medios de la Comunidad de Madrid sin ningún tipo de concurso público ni contrato. Unas condiciones que, según declaró, el consejero Salvador Victoria habría puesto para De Pedro.

Victoria habría trasladado a Gallego, según su versión, que el Canal de Isabel II planeó hacer un contrato de publicidad "ad hoc" para Alejandro de Pedro, también fuera de concurso, para que pudiera cobrar todos los trabajos que hizo para políticos del Partido Popular a través de fondos públicos. Al final, dicho contrato no prosperó y Victoria habría planeado pagarle a través de la empresa Indra con fondos del instituto tecnológico madrileño ICM.

Desconectado Celestino

  • Profesional
  • Chamán
  • *
  • Mensajes: 11968
Re:Aguirre pudo cometer un delito y no una falta
« Respuesta #1885 en: 24 de Abril de 2018, 12:11:14 pm »
"Quinto levanta, tira de la manta..."

Desconectado Heracles_Pontor

  • Moderador
  • Tyranosaurius Rex
  • **
  • Mensajes: 42493
  • Verbum Víncet.
Re:Aguirre pudo cometer un delito y no una falta
« Respuesta #1886 en: 24 de Abril de 2018, 15:44:45 pm »
Y dónde está la que destapó la Gürtell?

Enviado desde mi CUBOT ONE mediante Tapatalk


"No hay hechos, sino interpretaciones" Nietzsche

Desconectado 47ronin

  • Administrador
  • Tyranosaurius Rex
  • ***
  • Mensajes: 170614
Re:Aguirre pudo cometer un delito y no una falta
« Respuesta #1887 en: 04 de Mayo de 2018, 11:07:14 am »


Nuevo revés judicial para Granados: archivada su querella contra la UCO


Un juez impide que el ex secretario general del PP madrileño acuse a seis guardias que le investigan como presunto cabecilla de la 'Púnica', un caso en el que se examina la presunta financiación ilegal del PP de Esperanza Aguirre


Francisco Granados (d) junto a su abogado José Javier Vasallo EFE
 TONO CALLEJA
PERFILEMAILTWITTER
1
04.05.2018 - 05:15
Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigan en la Audiencia Nacional el 'caso Púnica' podrán seguir desarrollando sus pesquisas sin injerencias después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid, Pedro Antonio Domínguez Morales, haya acordado el archivo de la querella que interpuso contra ellos el presunto cabecilla de la trama, Francisco Granados, según informan fuentes del caso a Vozpópuli.


MÁS INFO
Granados, sobre la renuncia de Cifuentes: "Si buscas venganza, cava dos fosas"
Granados, sobre la renuncia de Cifuentes: "Si buscas venganza, cava dos fosas"
De esta forma, el cierre de la causa impide que Granados acuse a seis guardias de un delito de omisión del deber de perseguir delitos, pues el imputado se querelló contra los agentes al considerar que deberían haber investigado si su exsocio y principal arrepentido de la Púnica, David Marjaliza, estaba relacionado con el tráfico de drogas.

Los agentes de la UCO, que también investigan para el juez Manuel García-Castellón el 'caso Lezo', tienen entre sus manos varias piezas separadas que comprometen al PP madrileño y varios excargos de esta formación política, como por ejemplo la presunta financiación del partido conservador con Esperanza Aguirre en la presidencia.

Declaración frenada
En una providencia de 6 de febrero, el magistrado ya había frenado la intención de Granados de que los agentes declararan como imputados, después de que el ex secretario general del PP madrileño reclamara esta diligencia en su querella.

"Todos los miembros de la UCO que declararon [en el juicio del chivatazo de la 'Púnica'], los cuales participaron en la intervención y transcripción de las conversaciones, admitieron que por falta de medios no se investigó la relación de Marjaliza con traficantes, al considerar que era más importante investigar su implicación en la trama de corrupción", destacaba la querella de Granados, ahora archivada.

La defensa de Granados, que ejerce el letrado José Javier Vasallo, consideraba que los seis agentes, que declararon en el primer juicio de la 'Púnica' en el que Granados fue condenado a dos años de cárcel, eran autores de un delito de omisión del deber de perseguir delitos.

La querella, que acabó en los juzgados de instrucción penales de Madrid, cuya sede está en la madrileña Plaza de Castilla, fue admitida a trámite por el magistrado Pedro Antonio Domínguez Morales, que en un primer momento llegó a citar a los agentes como imputados.

David Marjaliza
Sin embargo, el juez cambió de opinión, y con una providencia impidió la declaración, ya que se dio cuenta de que el querellante, Francisco Granados, carecía de legitimidad para denunciar los hechos que imputaba a David Marjaliza, a quien también dirigió una segunda denuncia por los mismos hechos.

Así, el instructor consideró que Granados no era "ofendido" en la supuesta actuación de los guardias. Por ello, se dirigió al exconsejero madrileño para que como única solución para mantener la acusación ejerciera la acción popular, por la que debería prestar una fianza de 6.000 euros.


David Marjaliza (d) tras declarar en la Audiencia Nacional Mariscal
La primera decisión del juez Pedro Antonio Domínguez Morales creó un importante malestar entre los investigadores, que desde que estalló la 'Púnica' en octubre de 2014 han sido objeto de numerosos ataques de los imputados.

Granados ya había hecho declaraciones contra los guardias, y también la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes, cuyo nombre apareció en un informe de la Guardia Civil, que desempeña la labor de Policía Judicial a órdenes del magistrado García-Castellón.

Expresidente murciano
También criticó a la Guardia Civil el ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz que cuestionó un informe de la UCO sobre el expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez (PP), y llegó a afirmar que el atestado estaba lleno de "presuntos, eventuales y posibles".

Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJM) confirmó los indicios de delito detectados por la UCO sobre la actuación del expresidente murciano, e inició los trámites para procesarle.

La dimisión 'in extremis' de Pedro Antonio Sánchez hizo que dejara de estar aforado, por lo que si es finalmente procesado será juzgado en la Audiencia Nacional junto al resto de implicados en la pieza separada de la 'Púnica' murciana.

Precisamente, este viernes el juez García-Castellón ha citado a declarar en la Audiencia Nacional al empresario José Luis Huerta Valbuena dueño, entre otras, de la sociedad Waiter Music SL, quien gracias a su estrecha relación con el entonces secretario general de los 'populares' madrileños, Francisco Granados, se hizo con adjudicaciones por valor de más de 19 millones de euros en administraciones controladas por este partido

Desconectado Heracles_Pontor

  • Moderador
  • Tyranosaurius Rex
  • **
  • Mensajes: 42493
  • Verbum Víncet.
Re:Aguirre pudo cometer un delito y no una falta
« Respuesta #1888 en: 04 de Mayo de 2018, 15:38:57 pm »
No se porque me da a mi que Granados va a tener que cavar más sepulturas que Cifuentes . . . alguna más . . .

Enviado desde mi CUBOT ONE mediante Tapatalk


"No hay hechos, sino interpretaciones" Nietzsche

Desconectado 47ronin

  • Administrador
  • Tyranosaurius Rex
  • ***
  • Mensajes: 170614
Re:Aguirre pudo cometer un delito y no una falta
« Respuesta #1889 en: 04 de Mayo de 2018, 16:26:53 pm »
No se porque me da a mi que Granados va a tener que cavar más sepulturas que Cifuentes . . . alguna más . . .

Enviado desde mi CUBOT ONE mediante Tapatalk




FINANCIACIÓN ILEGAL

Archivada la querella de Cifuentes contra Granados tras acusarla de conocer la supuesta financiación ilegal del PP



La magistrada rechaza que la conducta del exsecretario general del PP madrileño se pueda encuadrar en un delito de "trato degradante, calumnias e injurias" hacia la expresidenta de la Comunidad de Madrid
Concluye que "cuando se trata de personas públicas, que ejercen funciones públicas o resultan implicadas en asuntos de relevancia pública ha de estimarse que priman las libertades de expresión e información"
infoLibrePublicada 04/05/2018 a las 12:30Actualizada 04/05/2018 a las 13:11  ETIQUETAS
Financiación ilegal
Querellas
Cristina Cifuentes
Francisco Granados
Facebook890TwitterEnvíalo a un amigoImprimir
Fotografía de archivo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

Fotografía de archivo de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. EFE
El Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid ha inadmitido y archivado la querella que presentó la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes contra el exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados, después de que éste declarara en la Audiencia Nacional que la primera era conocedora de la supuesta financiación ilegal del partido madrileño.


En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, fechado a 3 de mayo, la magistrada rechaza que en este caso la conducta de Granados se pueda encuadrar en un delito de "trato degradante, calumnias e injurias" hacia Cifuentes. Contra el fallo cabe recurso de apelación en un plazo de cinco días.


Cifuentes, que presentó la querella siendo presidenta madrileña a título particular, alegó un "espurio uso de la palabra para descalificar y dañar su buen nombre, honor e imagen" para hablar de injurias, mientras que las calumnias las encuadró "al pretender relacionarla con actuaciones delictivas de financiación irregular, agravándose la misma al haberse realizado con publicidad".


La jueza Mª Isabel Durántez Gil hace un alegato a favor de las libertades de expresión e información cuando se trata de cargos públicos implicados en asuntos de relevancia pública, "obligadas por ello a soportar un cierto riesgo de que sus derechos subjetivos de la personalidad resulten afectados por opiniones o informaciones de interés general".

El archivo llega después de la renuncia de Cifuentes a sus cargos como presidenta de la Comunidad de Madrid y como máxima responsable del PP de Madrid por el caso del máster que cursó bajo presuntas irregularidades en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) y la publicación de un vídeo en el que era descubierta tras haber hurtado cosméticos en un supermercado.

Nulidad de actuaciones

La defensa de Granados solicitó la nulidad de pleno derecho de lo actuado por no haberse notificado el auto de admisión de la querella, lo que le causaba "indefensión" a su cliente. También pidió la nulidad por la supuesta "falta de concordancia entre los delitos atribuidos en el escrito de querella" —delitos de injurias, calumnias, y trato degradante— y los señalados en la cédula de citación que se le entregó en relación a un delito de injurias.

En cuanto al delito de trato degradante, la juez alega que los comentarios de Granados sobre una supuesta relación sentimental no encuadran en esta calificación jurídica al no reunir los requisitos para su apreciación. En este punto, se refería la magistrada a las declaraciones de Granados sobre una supuesta "relación sentimental" entre los expresidentes Ignacio González y Cristina Cifuentes.

También rechaza que Granados incurriera en un delito de calumnias, dado que sus manifestaciones ante los medios se limitaron a "relatar y repetir lo que había declarado ante el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional".

"Su actuar no podrá enmarcarse en las infracciones penales antes descritas, dado que la jurisprudencia viene considerando que no se puede considerar calumnia cuando el acusado da a conocer unos hechos a una institución oficial competente para su investigación, dado que en ese caso su finalidad no es otra que provocar una investigación del órgano jurisdiccional en relación a los hechos", señala el fallo.

Asimismo, el juez destaca que cuando el conflicto se mueve en un marco en el que el ejercicio de las libertades de expresión e información están en conexión con asuntos que son de interés general, "los citados derechos alcanzan entonces su máximo nivel de eficacia justificadora frente al derecho al honor, el cual se debilita, proporcionalmente, como límite externo de las libertades de expresión e información".

"Cuando se trata de personas públicas, que ejercen funciones públicas o resultan implicadas en asuntos de relevancia pública ha de estimarse que priman las libertades de expresión e información, pues así lo requiere el pluralismo político, para no correr el riesgo de hacer del derecho penal un factor de disuasión del ejercicio de la libertad de expresión, lo que, sin duda, resulta indeseable en un Estado democrático", agrega.

Desconectado 47ronin

  • Administrador
  • Tyranosaurius Rex
  • ***
  • Mensajes: 170614
Re:Aguirre pudo cometer un delito y no una falta
« Respuesta #1890 en: 13 de Diciembre de 2018, 08:19:11 am »

La Comunidad de Madrid perdió 2,5 millones en un proyecto con el que la familia política de Aguirre dio luego un pelotazo

    Una querella de CGT y del Observatorio contra los Delitos Económicos, a la que ha tenido acceso infoLibre, destapa la oscura operación de trasvase de fondos públicos a la gestora de gimnasios Ingesport y otras sociedades de su órbita
    Tras esas inyecciones de capital, una empresa vinculada a los Oriol y a una nuera de Esperanza Aguirre compró títulos de Ingesport por 1,3 millones y declaró luego en 2015 un beneficio de 3,7 millones por su venta.
    Un portavoz de Ingesport, que gestiona en Madrid cinco centros deportivos bajo la marca Go Fit, niega cualquier irregularidad en la inyección de dinero público

Alicia Gutiérrez
agutierrez@infolibre.es @aliciaguti
Publicada el 13/12/2018 a las 06:00 Actualizada el 12/12/2018 a las 22:56

La sociedad Capital Riesgo de la Comunidad de Madrid SA (CRM), ahora en liquidación y cuyo accionariado controló siempre el Gobierno autonómico, perdió durante la pasada década al menos 2,5 millones en un proyecto empresarial que luego terminó reportando a la familia política de Esperanza Aguirre un pelotazo millonario. Así lo indican los datos incluidos en la querella presentada este miércoles en la Audiencia Nacional por el sindicato CGT y la asociación CODE (Observatorio contra los Delitos Económicos) y a la que infoLibre ha tenido acceso.

La querella acredita cómo las inversiones efectuadas por CRM a partir de 2006 en Airport Equipment Ibérica SL y Thomas Wellness SL, dos firmas vinculadas a Ingesport Health & Spa Consulting SL, se convirtieron en un negocio ruinoso para el erario madrileño pero fortalecieron la estructura de la tercera de las mercantiles citadas, dedicada a la promoción de gimnasios sobre suelo público cedido por distintos ayuntamientos por periodos de hasta 40 años a cambio de un canon. El Ayuntamiento de Madrid, donde Ingesport mantiene cinco centros deportivos bajo la marca Go Fit, es uno de ellos. El primero de ellos abrió en 2009.

Ese fortalecimiento o saneamiento, implementado también con préstamos a una cuarta sociedad incluida en ese perímetro, Larum Inversiones SL, allanó el desembarco del grupo financiero Corpfin en su accionariado a partir de 2009. Corpfin está directamente vinculada a una de las nueras de Esperanza Aguirre, Carolina Oriol, así como a sus padres y otros familiares.
 

Un beneficio que casi multiplicaba por tres lo invertido

A finales de 2015, y así lo reseñan sus propias cuentas anuales, Corpfin Capital SA, sociedad de capital riesgo, se desprendió del 3,78% que ostentaba en Ingesport. La venta le reportó un beneficio de 3,7 millones, y así se recoge en sus cuentas de 2016.  Su aportación al capital de Ingesport a lo largo de 11 ampliaciones realizadas entre el 13 de mayo de 2009 y el 27 de junio de 2013 había sumado 1,28 millones de euros, y así lo ha verificado este periódico analizando los documentos registrales adjuntados a la querella. Es decir, en seis años y medio y con una crisis económica sin precedentes por medio, Corpfin Capital SA multiplicó por casi 3,5 el importe de su inversión. Las memorias de Corpfin Capital SA no especifican quién compró ese 3,78% pero su web señala que fueron Torreal, de la familia Abelló, y Mutua Madrileña.

Las últimas cuentas presentadas por la sociedad explican que el 23 de diciembre de 2015 "formalizó un acuerdo de venta de acciones de Ingesport Health and Spa Consulting SL por el cual enajenaría el 3,78% del capital de esta sociedad, que constituye la totalidad de su participación en la misma" cuyo coste en libros, dice la memoria, se cifra en 1.383.860 euros. La ejecución de la venta, prosigue el informe, quedaba sujeta a determinadas condiciones suspensivas "referidas a la obtención de determinadas autorizaciones". Una vez levantadas esas condiciones suspensivas, el 22 de abril de 2016 se formalizó "el acuerdo de cierre de la operación".

"El precio de la venta establecido corresponde a un importe fijo de 5.156.302,57 euros neto de determinadas comisiones", añade el informe de Corpfin Capital SA. Como consecuencia de esa venta, "la sociedad ha otenido un beneficio de 3.772.442 euros". Ese beneficio se verá incrementado, agrega la memoria, con "un importe adicional bruto para la sociedad de 756.000 euros condicionado a la puesta en funcionamiento de cuatro nuevos centros deportivos que la sociedad tiene en desarrollo, así como otro importe adicional bruto de 378.000 euros (...), condicionado a la obtención de determinados permisos públicos para la apertura de un nuevo centro deportivo".

En el listado de accionistas de Corpfin Capital SA el apellido más repetido es el de la familia que domina esa compañía y que figura como rostro visible de los fondos de inversión a los que da nombre. Ese apellido es el de la familia Oriol. Y una de las hijas de Felipe José Oriol y Díaz de Bustamante, presidente de Corpfin Capital SA, es Carolina Oriol Miranda. Está casada desde 2008 con el primogénito de Esperanza Aguirre, presidenta de Madrid hasta septiembre de 2012. Carolina Oriol ostenta el rango de consejera de Inversiones Oranda SL –acrónimo de Oriol Miranda, los apellidos de sus padres–, que a su vez posee el mayor paquete accionarial (19,88%) de Corpfin Capital SA, según las cuentas de 2016, las últimas disponibles. El pasado 29 de octubre, el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) publicó el acuerdo de disolución voluntaria de Corpfin Capital SA. Este periódico remitió este martes a Corpfin varias preguntas relacionadas con la operación Ingesport. No ha habido respuesta.

La "alianza" entre Corpfin e Ingesport data de 2007, y así lo recalca la web del grupo que capitanean los Oriol, aunque el proceso de inversión no comenzó hasta dos años más tarde. Pero son las cuentas de Ingesport sobre 2008 las que, sin tapujos, revelan la existencia de un nexo directo entre la obtención de concesiones municipales y la entrada del holding financiero. Tras reconocer que Ingesport había cerrado el ejercicio en situación de "patrimonio neto negativo y, por otra parte, de fondo de maniobra negativo" o, lo que es lo mismo, en situación de disolución, la memoria añadía esto: que  había "conversaciones muy avanzadas" para la entrada de "un nuevo accionista" que aportaría "un total de hasta 30 millones". Esas aportaciones "estarían sujetas en una fase inicial a la obtención por parte de la sociedad de las autorizaciones necesarias para la participación de la misma en distintos proyectos, actualmente en negociación". En opinión de los administradores de Ingesport, "las autorizaciones comentadas serán obtenidas sin duda a lo largo del segundo trimestre del año 2009", con lo que "la entrada del nuevo accionista se produciría en un plazo inferior a cinco meses".

A preguntas de infoLibre, un portavoz de Ingesport indicó que la colaboración con Corpfin comenzó después de que "un conocido" de Gabriel Sáez, cabeza visible de Ingesport, "le presentara en 2007 a Patrick Gandarias, consejero delegado de Corpfin". Y las autorizaciones mencionadas en el párrafo anterior se referían a las necesarias para abrir un centro en Córdoba, "cuyo ayuntamiento estaba gobernado por IU".
 

El "vice" Ignacio gonzález y su profesor de pádel

Los primeros indicios de que el Gobierno madrileño había beneficiado a Ingesport se remontan a 2009. El periódico Público destapó entonces que CRM le había inyectado 1,3 millones. Y que, cuando en 2006 se decidió esa inversión –el 26% de los títulos, con un valor nominal de 1.225 euros pero con una prima de emisión de 1.298.500 euros– justamente en esa empresa trabajaba el profesor de pádel de Ignacio González, entonces vicepresidente de Esperanza Aguirre, luego su sucesor y ahora principal imputado en la Operación Lezo.

Ese profesor, Carlos Martín, participó en las negociaciones para la entrada de dinero de CRM en Ingesport, y así lo atestiguaban ya en aquel momento los documentos difundidos. El 17 de junio de 2008, Carlos Martín escribe un email a su abogado quejándose de que Gabriel Sáez, administrador de Ingesport, Airport Equipment, Larum Inversiones y asociado a los dueños de Thomas Wellness, le "vacila". Pero asegura que será Ingesport quien salga perdiendo con la ruptura: “Espero tener hoy una respuesta, [que] no te vacile más y poder tomar las acciones oportunas. El vice está al corriente de todo. O sea que ellos van a perder más, pues ya sabes que se buscó Ingesport porque al vice y a Ángel [Córdoba] les interesaba. Empresas dispuestas a colaborar hay muchas”. Ángel Córdoba participaba en la gestión de CRM como, alto directivo de la extinta Caja Madrid, también accionista de CRM. Con un 49%, la Comunidad de Madrid era el accionista de control de CRM, ahora denominada Participaciones CRM SA y en fase de liquidación, aunque en realidad todos los socios –también la patronal CEIM y la Cámara de Comercio– iban de la mano.

Este periódico preguntó al portavoz de Ingesport a qué se refería exactamente Carlos Martín en aquel correo electrónico donde hablaba del "vice" Ignacio González. "No tenemos nada que ver. Ese email está manipulado y sesgado", fue la respuesta.

El escrito cursado a la Audencia Nacional respalda con documentos mercantiles cada una de las afirmaciones sobre lo sucedido con Ingesport, que considera constitutivas de los delitos de malversación y asociación ilícita. En otras operaciones igualmente denunciadas, los querellantes aprecian también delitos de corrupción privada, delitos societarios y prevaricación. Por los hechos relativos a Ingesport y su constelación societaria, la querella se dirige contra 29 personas, bien por su participación en las transacciones de títulos o en las decisiones que llevaron a CRM a invertir en las empresas citadas. Ni Esperanza Aguirre ni Ignacio González figuran entre los querellados. Felipe Oriol y su hija Carolina sí aparecen en la lista.
 

Cuatro empresas afortunadas entre medio millón

Pero si en 2009 ya afloraron datos sobre el oscuro papel que los emails de su profesor de pádel atribuían a Ignacio González, lo que la querella revela ahora es que el presunto desvío de fondos públicos fue muy superior. Porque aunque CRM logró una plusvalía de 186.000 euros cuando en julio de 2010 vendió sus títulos de Ingesport a Corpfin Capital Fund III FCR, el conjunto de la operación había dejado un agujero de más de no menos de 2,5 millones en la empresa pública madrileña. Si ya resultaba sorprendente que una SL conectada con el profesor de pádel de Ignacio González fuese una de las 13 agraciadas en 2006 por las inversiones de CRM en una comunidad donde las empresas instaladas superaban ya entonces el medio millón, la querella de CGT y CODE constata que fueron cuatro las mercantiles de ese círculo a las que la Comunidad de Madrid traspasó fondos a partir de ese año.

La versión de Ingesport, que niega todo vínculo societario con la empresa Thomas Wellness, la cuarta de la serie beneficiada por CRM, es esta: "La razón de la entrada de CRM en Ingesport es la compra de AEI (Airport Equipment Ibérica) . CRM decidió entrar en Ingesport por el plan de negocio de AEI (empresa que estaba en funcionamiento y en expansión) pero sobre todo por el plan de negocio de Ingesport. Ingesport estaba participada por NH hoteles en un 40%, con posibilidad de incrementar su participación hasta un 60 por ciento.  CRM compro acciones de Ingesport y con ese dinero en su totalidad se compró AEI".

Propiedad de Ingesport, en la que participaba CRM desde abril de 2006, Airport Equipment Ibérica SL (AEI) recibió, según la querella, 2.657.809 euros de la sociedad pública de capital riesgo, cifra adicional a la los 1,6 millones que obtuvo Ingesport. Pero Ingesport sostiene por el contrario que Airport solo ingresó de CRM un millón. "Las cifras reales –respondieron a infoLibre los portavoces de la empresa a través de un email– son 2,6 millones en total, que corresponden a 1,6 millones a Ingesport y 1 en AEI, ya que la inversión se hizo en su mayor parte a través de Ingesport, más 0,3 millones a Larum [otra sociedad de Gabriel Sáez] como mayor inversión en AEI para cerrar esa compañía".

Las memorias anuales de CRM y Airport Equipment aportadas por los querellantes parecen indicar que el dinero transferido por la Comunidad de Madrid a las empresas de Sáez tanto a través de ampliaciones de capital como de préstamos y el perdido por la ejecución de dos avales fue el que dice la querella, pero este periódico no ha podido someter el asunto a la consideración de expertos ajenos a los autores de la querella y a Ingesport.

El objeto social de AEI era abrir un centro de belleza en Barajas. En 2008 ya contabilizó 408.000 euros en pérdidas, pese a lo cual incrementó su plantilla desde los 15 empleados que declaraba tener ese año hasta los 27 que anotó en la memoria de 2010. Ese ejercicio, Airport anotó pérdidas de casi 420.000 euros.  En julio de 2012, y después de que AENA ejecutara un aval de 274.000 euros en el que CRM constaba como avalista, la empresa se declaró en concurso voluntario. "CRM –resume la querella– no recuperó nada" de su inversión. Los querellantes sostienen que ese traspaso de fondos públicos a Airport Equipment Ibérica (AEI) fue una de las vías mediante las que "CRM cubrió los gastos de Ingesport".

Ingesport, por su parte, sostiene que AEI era "una magnífica compañía que se vio dañada por los cambios de flujos de pasajeros en la T2 a la T4" que efectuó AENA.

Y es un documento oficial, la memoria anual de Ingesport sobre 2008, la que de nuevo valida esa afirmación: el "esfuerzo de reestructuración" acometido por la empresa en 2007 es el que explica "la inversión realizada en AEI". La suma de lo que Ingesport pagó en total en 2006 por el 80% del accionariado –luego compró el 20% restante– y por unas obras pendientes es casi idéntica (1.248.405 euros) a la transfusión de fondos públicos que ese mismo año le había hecho CRM, 1.299.725 euros. Más tarde, llegarían nuevas remesas de la Comunidad de Madrid para AEI a través de otras ampliaciones de capital.

Finalmente, y según la querella, CRM vendió sus participaciones en AEI "por 0 euros a Larum, S. L" en junio de 2011. El escrito sustenta ese dato en las cuentas de CRM. En efecto, la memoria anual de la compañía no reseña ninguna entrada por esa transacción. "Larum SL –añade el texto– era una sociedad instrumental para las inversiones de Gabriel Sáez" que había recibido préstamos y avales de CRM. Le prestó 501.400 euros y le concedió un aval por otros 100.000. Según Ingesport, lo que ocurrió fue lo siguiente: "Larum compra las acciones de AEI asumiendo todas los costes y riesgos en condición de préstamo, de modo que si se consigue recuperar la compañía CRM recuperaría la inversión y si no Larum garantizaba este límite en los costes y responsabilidades de posible cierre de AEI , como así sucedió". Pero lo cierto es que CRM tampoco recuperó esa cuantía.

Pero tampoco el apoyo económico público al proyecto de Ingesport acabó ahí. CRM, explica la querella,  "también sufragó la maquinaria [de los gimnasios] a través de las inversiones en Thomas Wellness Group, SL (donde CRM sufrió pérdidas de CRM por valor de 1.000.000 de euros)". Constituida por tres hermanos, los Junquera Rodríguez, y dedicada al deporte y los tratamientos de belleza, Thomas Wellness Group SL arrancó sus operaciones el 26 de diciembre de 2006 con un capital de 289.801 participaciones equivalentes a otros tantos euros. El capital fue íntegramente suscrito como aportación no dineraria mediante la entrega de títulos que los tres propietarios tenían en otras cuatro sociedades. Dos de esas empresas habían sido creadas 26 días antes. Ingesport, a la que suministró máquinas de gimnasio y con la que efectuó operaciones mercantiles conjuntas, asegura que Thomas Wellness es una compañía por completo ajena.

Ese mismo 26 de diciembre de 2006, y aunque ya en el primer consejo de administración de Thomas Wellness aparecía el representante de CRM, la nueva empresa acordó una ampliación de capital por 173.880 euros de valor nominal, lo que garantizaba que los hermanos Junquera mantuvieran el control accionarial. Pero, cubierta al completo por CRM con dinero contante y sonante, la ampliación incluía una prima de 1.026.120 euros. En resumen, la empresa pública madrileña aportó todos los fondos líquidos de los que dispondría la sociedad pero sin que ello le asegurase ni quiera el dominio de Thomas Wellness Group SL.

Thomas Wellness Group SL –precisa la querella– financió operaciones de Ingesport "por importe de 500.000 euros con un interés de 56.000 euros en 2008". En concreto, prosigue el texto, "la puesta en marcha de Ingesport Corporate Wellness, S.L., sociedad dedicada a la explotación del primer gimnasio Go fit, situado en la Ciudad Telefónica [de Madrid]". Además, "aportó la maquinaria necesaria para el comienzo de la explotación de los gimnasios por Ingesport Health and Spa Consulting, SL".  En abril de 2012, CRM vendió sus participaciones en Thomas Wellness Group. "La pérdida registrada por esta venta sumó 1.000.000 de euros", constata la querella.




Desconectado Celestino

  • Profesional
  • Chamán
  • *
  • Mensajes: 11968
Re:Aguirre pudo cometer un delito y no una falta
« Respuesta #1891 en: 13 de Diciembre de 2018, 08:20:56 am »
La mentora de Abascal

Desconectado sincadenas

  • Master Honorario
  • *****
  • Mensajes: 1865
Re:Aguirre pudo cometer un delito y no una falta
« Respuesta #1892 en: 13 de Diciembre de 2018, 11:55:08 am »
Mamandurrias con pulserita.

Desconectado 47ronin

  • Administrador
  • Tyranosaurius Rex
  • ***
  • Mensajes: 170614
Re:Aguirre pudo cometer un delito y no una falta
« Respuesta #1893 en: 25 de Enero de 2019, 06:58:06 am »
Y nadie responde por este despilfarro de dinero público....y aún les votan en vez de botarles.




Telemadrid y Caja Madrid perdieron 57millones con los derechos del fútbol

Un informe de la Cámara de Cuentas considera que la operación, realizada bajo el gobierno de Esperanza Aguirre (PP), resultó ruinosa para las arcas públicas

Miguel Ángel Medina


Juan José Mateo

 
24 ENE 2019 - 08:49 CET   


La sociedad que crearon en 2007 Telemadrid y Caja Madrid para explotar los derechos televisivos del Atlético y del Getafe “perjudicó económicamente” a los dos socios, porque acabó perdiendo 57 millones, y “benefició a los equipos de fútbol”, según un informe de la Cámara de Cuentas. La inversión fue impulsada por los diputados de la Asamblea. Un portavoz de la televisión pública rehusó ayer valorar el dictamen del ente fiscalizador por referirse “a una etapa anterior” de la cadena.

Telemadrid y Caja Madrid crearon la sociedad Madrid Deporte Audiovisual (MDA) para explotar los derechos de transmisión por televisión de los partidos de fútbol en Primera División de los clubes madrileños del Atlético de Madrid y Getafe. Telemadrid controlaba el 49% del capital y Caja Madrid un 47,5%, mientras que el resto de las acciones se repartían entre el Atlético de Madrid, con un 2,5% y el Getafe, con un 1%. El trato —impulsado por la Asamblea para garantizar a los madrileños la retransmisión en abierto de los partidos de la máxima categoría— también implicaba la adquisición de determinados derechos de publicidad y audiovisuales y televisivos de los encuentros amistosos de esos dos equipos.

Para la Cámara de Cuentas, la iniciativa resultó ruinosa para las arcas públicas. Hasta su disolución, la sociedad había gastado 145,5 millones de euros en la compra de partidos oficiales, otros 48 millones por la compra del derecho a la emisión de un partido de Liga a la semana, y otros 27,6 millones por retransmitir partidos amistosos y derechos de publicidad de Getafe y Atlético. En total, 221 millones de gastos frente a 197 millones de ingresos por revender esos derechos a otros operadores. Es decir, un saldo negativo de 24 millones de euros. Tras seis años de actividad, la sociedad acabó perdiendo un total de 57 millones por diversos conceptos, según el ente fiscalizador.

“La compra de los partidos amistosos y derechos de publicidad supuso una pérdida para MDA de 24.035.977 euros, al no comercializar la práctica totalidad de estos partidos amistosos, ni hacer uso de los derechos de publicidad”, explica la Cámara en su informe. Además, “el contrato firmado con el otro operador, aunque a priori no reflejaba ninguna pérdida para MDA, establecía un calendario de pagos favorable a la primera, lo que finalmente, y tras diferentes procesos judiciales, supuso una pérdida para MDA de 25.544.299 euros, ya que no consiguió cobrar este importe”, continúa el documento.
Investigación

Finalmente, la sociedad constituida por Telemadrid y Caja Madrid “también perdió dinero al no recuperar 8.010.576 euros de la totalidad de los anticipos a los clubes, a lo que habría que incluir los intereses devengados hasta el momento del cobro así como las costas judiciales que fueron asumidas por MDA”.

Para la Cámara de Cuentas, la constitución de MDA perjudicó económicamente a Caja Madrid y a Telemadrid pero benefició a los equipos de fútbol, que “obtuvieron financiación a través de la cesión de la explotación de sus derechos audiovisuales, así como al referido operador, que pudo emitir los partidos oficiales dejando buena parte de su importe impagada”. Tras un conflicto judicial y reclamaciones mutuas, MDA solicitó el concurso voluntario de acreedores, que fue declarado mediante auto el 3 de enero de 2013.

La compra de los derechos televisivos del Atlético de Madrid y del Getafe por parte de Telemadrid ya fue objeto de una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid. El director financiero de la entidad en el momento de la adquisición, José María Díez-Picazo, declaró en la cámara regional que emitió un informe desfavorable de la operación, pese a lo cual se llevó a cabo. Por su parte, el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, explicó que la compra de derechos de fútbol se hizo “a precio de mercado”.

Un portavoz de la televisión pública madrileña rehusó ayer valorar el informe de la Cámara de Cuentas por referirse “a una etapa anterior” de la cadena. “No tenemos nada que decir al respecto”, señaló sobre la gestión del ente público de radiotelevisión durante la etapa de Esperanza Aguirre (PP) al frente del Gobierno de la Comunidad de Madrid.





Desconectado 47ronin

  • Administrador
  • Tyranosaurius Rex
  • ***
  • Mensajes: 170614
Re:Aguirre pudo cometer un delito y no una falta
« Respuesta #1894 en: 04 de Febrero de 2019, 06:43:41 am »

El 'caso espías' se juzga diez años después con Aguirre y González como testigos

Las acusaciones sostienen que se utilizaron teléfonos y vehículos de la Comunidad de Madrid para hacer seguimientos sin autorización oficial a varios políticos adversarios a Esperanza Aguirre al menos entre abril y junio de 2008

Liliana Ochoa

Publicado 04.02.2019 - 05:15

Diez años y tres archivos después, el juicio del 'caso espías' llega a la Audiencia Provincial de Madrid. Arranca este lunes, sin acusación fiscal y con una lista de testigos que incluye a ex altos cargos de la Comunidad madrileña: Esperanza Aguirre, Ignacio González, Francisco Granados y Salvador Victoria. Tras tres semanas de vista oral, se prevé que el juicio contra tres guardias civiles, dos policías y un funcionario público acusados de un presunto delito de malversación de caudales públicos, esté visto para sentencia.

Los hechos investigados -un supuesto espionaje a políticos madrileños- habrían ocurrido en 2008. Justo en medio de la guerra de poder en las entrañas del Partido Popular tras la derrota de Mariano Rajoy en las elecciones generales de aquel año.

Corría 2009 cuando Manuel Cobo -ex mano derecha del entonces alcalde de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón- denunció que había sido espiado durante la primavera del año anterior; posteriormente, se sumó el exconsejero madrileño Alfredo Prada. En aquella época, ambos eran considerados los 'enemigos políticos' de Aguirre.

Las acusaciones sostienen que se utilizaron teléfonos y vehículos de la Comunidad de Madrid para hacer seguimientos sin autorización oficial al menos entre abril y junio de 2008. También aseguran que los seis procesados habrían recibido nóminas y dietas como pagos por sus servicios durante dicha actividad.

El juicio pretende determinar el uso de los mencionados medios públicos que, presuntamente, habrían generado gastos indebidos en el Gobierno regional. Por ello, y en contra del criterio de los fiscales, los seis acusados -el exfuncionario José Manuel Pinto; los guardias civiles José Oreja, Antonio Coronado y Luis Caro; y los policías Sergio Gamón y Miguel Castaño Grande- se sentarán en el banquillo para dar explicaciones.

Declaraciones

Este miércoles y jueves, los procesados comparecerán ante el magistrado Arturo Beltrán, encargado de la Sección Quinta de la Audiencia de Madrid y, por tanto, de juzgar el procedimiento del jurado popular. Y responderán a las preguntas de las acusaciones particulares -el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad y la exdiputada regional socialista Carmen Méndez González-.

En calidad de testigos declararán, entre otros, el exconsejero de Presidencia madrileño FranciscoGranados (el viernes), el expresidente de la Comunidad IgnacioGonzález y la también expresidenta EsperanzaAguirre (el lunes 11), y el exconsejero portavoz del gobierno regional Salvador Victoria (el miércoles 13).

Entre otros citados, prestarán testimonio a petición de la defensa el exjefe de la UDEF José Luis Olivera, el periodista José Manuel Romero, el que fuera director de Seguridad de la Comunidad de Madrid Enrique Barón y al excomisario Jaime Barrado.
La Fiscalía no ve delito

El juicio no contará con acusación fiscal. El Ministerio Público estima que no existe infracción penal alguna en los seguimientos denunciados. En su escrito, subraya que según sus investigaciones "no se ha generado perjuicio alguno a laComunidad de Madrid".

Asimismo, los fiscales señalan que tres de los procesados tenían, entre sus funciones como asesores de seguridad, que controlar varios edificios y sedes oficiales a los que "solían acudir las personas a las que supuestamente se realizaban los seguimientos".


En este sentido, la Fiscalía ya ha anunciado que pedirá la absolución de los seis acusados.
Considera que consta que se destinaran medios públicos a otra asignación que no fuese correspondiente a la función pública.



Desconectado 47ronin

  • Administrador
  • Tyranosaurius Rex
  • ***
  • Mensajes: 170614
Re:Aguirre pudo cometer un delito y no una falta
« Respuesta #1895 en: 07 de Febrero de 2019, 07:26:41 am »

Un acusado admite que le pidieron espiar a Cifuentes, Cobo y Prada por "interés de Ignacio González"

 

        QUICO ALSEDO
 
    6 feb. 2019 12:50

Un coche "cochambroso", que "se caía a cachos", una moto "de las de repartir las cartas" y un teléfono corporativo "que era un desastre". Con esas poderosas armas, la Comunidad de Madrid, con "especial interés de Ignacio González", le encargó al ex guardia civil José Oreja y a otros cinco funcionarios (dos procedentes de la Guardia Civil y tres de la Policía) seguir y espiar a varios políticos del PP en 2008, justo antes del congreso del partido en Valencia en que Aguirre intentó descabalgar de la secretaría general a Mariano Rajoy, según ha declarado hoy el acusado en la Audiencia Provincial de Madrid.

El entorno de Aguirre quería supuestamente saber qué hacían entonces, cuando el liderato del PP estaba en juego, Manuel Cobo, lugarteniente de su rival Alberto Ruiz-Gallardón; Alfredo Prada, su propio consejero de Justicia, e incluso Cristina Cifuentes, entonces diputada regional, todos ellos sospechosos de cercanía a Rajoy.

"Estos son las personas que nos pidieron controlar, pero no hicimos los seguimientos, sabíamos que eran ilegales y no íbamos a hacer nada ilegal", ha declarado Oreja, que ha dibujado un panorama de opereta tras recibir las órdenes de realizar espionajes: "Hacíamos notas a mano, donde sólo poníanos que llegábamos y nos íbamos... Luego lo denunciamos al consejero [Francisco Granados], y entonces nos empezaban a intercalar órdenes de ir a sitios donde no había nada que hacer... Era una locura, no hicimos nada de eso".

"Luego denunciamos a Granados que nuestros jefes [Sergio Gamón y Miguel Castaño, responsables de la Dirección General de Seguridad] nos pedían algo ilegal, y nos dijo que no lo hiciéramos y que se iba a quitar de encima a esa gente... Pero no se los quitaba de encima ni gaitas!", ha declarado ante el jurado que le juzga el agente, visiblemente enardecido al considerarse envuelto en una suerte de película de espionaje vinculada a las guerras intestinas del PP de Esperanza Aguirre contra Gallardón y Rajoy, siempre presuntamente.

La tesis de Oreja es que Ignacio González y Granados promovían ese espionaje, que ante la negativa de los agentes se encargó a "agencias de detectives como Método 3", y que para sacar a la luz los seguimientos, dentro de las batallas en el seno del partido, "se utilizó al diario El País", que publicó la existencia de seguimientos un año después, en 2009.

"Esas notas que publicó El País nos son las que yo hice", ha dicho el ex guardia civil, quien ha asegurado que lo publicado por este diario "proviene de las cloacas del Estado". "Esas notas son una chapuza de montaje hecho por alguien que ni sabe cómo se hacen", ha declarado también ante el jurado Antonio Coronado, otro de los agentes acusados de realizar los seguimientos. "A veces usábamos nuestros propios vehículos y a veces incluso íbamos en transporte público y llegábamos tarde", ha admitido el ex agente.

Oreja ha asegurado que, tras denunciar ante el consejero Granados, sufrió un constante acoso por parte de sus superiores, Gamón y Castaño, que "nos daban órdenes absurdas, para asegurar lugares donde no había nada que asegurar", ha dicho. Según su versión, dichas órdenes habrían servido para posicionar los móviles de los agentes en determinados momentos cerca de los políticos espiados, con el supuesto objeto de inculparles del espionaje "que en realidad estaban haciendo agencias de investigación". "Nosotros íbamos como pollos sin cabeza", ha dicho.

Ambos agentes han asegurado que Salvador Victoria, a la postre número 2 de Ignacio González, primero les aseguró como letrado de la Comunidad de Madrid que nada de lo que habían hecho era ilegal, "pero luego [una vez se denunciaron públicamente hechos] nos acusó de realizar seguimientos".

Oreja ha explicado cómo, antes su negativa, "nos pusieron a otros señores a controlarnos... Entonces ya me dije: 'Mira, yo ya no voy a hacer más notas, si tú vienes aquí a controlarnos, las notas las haces tú, artista'".

Las palabras textuales de Granados ante la denuncia de los hoy acusados fueron, según Coronado: "Pero qué vais a hacer seguimientos ni nada, pero qué dice este [Sergio Gamón, director general, también acusado], me lo voy a quitar como una mosca", ha declarado en la Audiencia, en un juicio en que la Fiscalía no ve indicios de delito, y se acusa a los agentes de malversación, por el mal uso de sus sueldos y medios.

"Las notas falsas que publicó El País son falsas y han servido para lo que los autores de este montaje querían, que era utilizarnos de tapadera para el verdadero espionaje, que hacían agencias de detectives, y para que al final se nos acuse a nosotros", ha declarado Coronado.

Las denominadas 'cloacas' del Estado no podían faltar en el juicio, mezcladas con los intereses políticos. "Cuando la UDEF se encargó del tema", ha declarado Coronado, "llegamos allí y el comisario [Jaime] Barrado recuerdo que nos dijo: 'Pero yo no sé qué hacéis aquí, si esto es un tema del fiscal [superior de Madrid, Manuel Moix] y de los políticos'".

El juicio, en definitiva, bordea el ajuste de cuentas de raigambre política. Sólo se acusa por malversación, por si se usaran medios públicos para fines privados, la Fiscalía no acusa, sólo la Comunidad de Madrid, el PSOE mantienen sus acusaciones y ni siquiera Prada ni Cobo, los presuntamente espiados, están personados. Así, no sorprende que la presidenta, María Paz Redondo, haya cortado constantemente los interrogatorios al irse por los cerros de Úbeda políticos e incluso le haya espetado a un letrado: "Yo no creo que sea bueno que mezclen a sus clientes con los temas políticos, y lo digo por sus propios clientes".


Desconectado 47ronin

  • Administrador
  • Tyranosaurius Rex
  • ***
  • Mensajes: 170614
Re:Aguirre pudo cometer un delito y no una falta
« Respuesta #1896 en: 09 de Febrero de 2019, 06:48:44 am »

Los políticos aterrizan en el juicio del espionaje del PP: “Vengo a aclarar algunas payasadas”


Prada confirma que su agenda privada coincide con los partes de seguimiento y Granados niega que los acusados le informaran de las órdenes para espiar, como ellos aseguraron el miércoles

J. J. Gálvez

Madrid 8 FEB 2019 - 17:48 CET   



Los políticos han aterrizado finalmente en el juicio del caso espías. Tras escuchar el miércoles y jueves a los seis acusados por formar un grupo de asesores para seguir, supuestamente, a adversarios de Esperanza Aguirre durante su etapa de presidenta, tres exdirigentes del PP han declarado este viernes como testigos en una causa por la que ningún cargo público se sienta en el banquillo. Se trata de Carmen Rodríguez Flores, exdiputada popular; y Alfredo Prada y Francisco Granados, exconsejeros autonómicos. Los nombres de los dos primeros aparecen en los presuntos informes elaborados por los espías. Y al tercero lo señalan dos de los procesados como "encubridor" de la trama: "Vengo a aclarar algunas payasadas que he escuchado", ha respondido él esta mañana.

Con esta expresión, Granados no ha tardado ni un minuto en marcar terreno. Desde antes, incluso, de entrar en los juzgados. Porque ha sido a las puertas de la Audiencia Provincial de Madrid, parado ante las cámaras de televisión, donde el exconsejero de Aguirre ha afirmado que tenía intención de declarar para acabar con las "payasadas" que había escuchado desde que arrancara el juicio. Ya dentro de la sala, ha calificado como "falso" que José Oreja y Antonio Coronado, dos de los asesores acusados, le informaran de que el director de Seguridad de la Comunidad, Sergio Gamón, les dio "órdenes ilegales" para seguir a determinados políticos, como ambos afirmaron el pasado martes. "No recuerdo haber visto a Oreja y Coronado. No recuerdo haber hablado con ellos desde que se les nombró hasta que saltó la noticia en 2009. No creo que la cosa haya pasado de un saludo. ¡Qué pintan unos señores de seguridad en el despacho de un consejero!".

Granados también ha insistido en que, tras estallar el escándalo, habló con Aguirre y crearon una comisión de investigación interna: "Pero no recabamos ningún dato que nos llevara a acreditar si aquello era verdad". "Aquí no hay nada", ha añadido para intentar desacreditar el caso.

Pero Prada, exconsejero de la Comunidad y considerado hace una década adversario de Aguirre dentro del PP, no tiene la misma impresión. El exdiputado regional del PP ha manifestado este viernes que los informes de seguimiento, supuestamente elaborados por los acusados, "coincidían" con su actividad "privada y pública". “No había ninguna disparidad de criterio entre lo que publicaba el diario EL PAÍS, que desveló los documentos, y mi agenda", ha recalcado, antes de calificar de "terrible" que le espiaran cuando se encontraba también con sus allegados. "Había algunos episodios estrictamente privados. A mí eso me parece preocupante. Y hace mucho daño", ha apuntado, antes de relatar uno de ellos: "Recogía una cena familiar, en la que participaba mi hija. Recogía que habíamos estado en tal restaurante y habíamos salido a tal hora. Y no era una cena habitual, porque habían venido unos amigos de fuera de Madrid, con su hija que era amiga de la mía, para cenar con nosotros".

Con la sesión de este viernes se ha cerrado la primera semana del juicio al caso espías, que ha tardado una década en llegar a los tribunales desde que EL PAÍS desvelara en enero de 2009 los supuestos informes de seguimiento a políticos elaborados en las entrañas del Gobierno de Aguirre. Pese a que dos de los supuestos implicados aseguraron que recibieron órdenes del director autonómico de Seguridad por "especial interés de Ignacio González", ningún político se ha sentado en el banquillo. Son solo seis los acusados: el director de Seguridad, Sergio Gamón; su número dos, Miguel Castaño; el funcionario José Manuel Pinto; y los guardias civiles José Luis Caro, José Oreja y Antonio Coronado.

La vista oral, que se centra en un delito de malversación de caudales públicos, continúa el próximo lunes con la declaración de dos de los grandes protagonistas del caso: Esperanza Aguirre e Ignacio González. A ambos podrán escucharlos los nueve miembros del jurado, que ya se enfrenta a la pregunta de quién les ha mentido: si Oreja y Coronado, que dijeron que recibieron órdenes de espiar de Gamón y se lo comunicaron a Granados; o Gamón y Granados, que lo niegan.
"¿Se retiró de la causa por razones políticas?"

"¿Se retiró usted de la causa por razones políticas?", le ha preguntado este viernes la Fiscalía a Prada, exdirigente de los populares, que denunció en los juzgados el presunto caso de espionaje que se cometió en el seno del PP de Madrid. En un primer momento, acudió a los tribunales, pero acabó abandonando el procedimiento después de que la instructora archivara la causa y la Fiscalía decidiera no acusar a nadie. Este viernes, la juez ha declarado impertinente la cuestión del ministerio público y no la ha admitido.

Desconectado 47ronin

  • Administrador
  • Tyranosaurius Rex
  • ***
  • Mensajes: 170614
Re:Aguirre pudo cometer un delito y no una falta
« Respuesta #1897 en: 15 de Febrero de 2019, 07:13:55 am »


Giro en el 'juicio de los espías': un comisario reconoce que se prevaricó durante la investigación y acusa al ex jefe de la UDEF y al fiscal Manuel Moix


        PABLO HERRAIZ

    13 feb. 2019 12:19


González: "El único espionaje que conozco es el que me hicieron a mí"

El comisario Jaime Barrado asegura que su superior Olivera y el fiscal Moix intentaron que no se identificara a los responsables de los presuntos espionajes

La sesión de este miércoles del llamado 'juicio de los espías' ha dado un giro definitivo para las defensas de los seis acusados de espiar a rivales políticos dentro del PP madrileño. Durante el interrogatorio del comisario jubilado Jaime Barrado, que fue instructor policial de la causa, se ha deducido de su declaración que él no investigó debidamente, y además ha acusado al ex fiscal superior de Madrid, Manuel Moix, y al ex comisario jefe de la UDEF, José Luis Olivera, de prevaricar para que la investigación no descubriera a los responsables de encargar los espionajes.

A preguntas del abogado Javier Vasallo, que defiende a uno de los acusados, José Luis Caro, Barrado ha dicho que no se fiaba "ni de Olivera ni de Moix", que detectó "irregularidades en la investigación" y lo denunció ante el entonces superior suyo y de Olivera, el comisario general de Policía Judicial. "Pero la denuncia terminaría en un cajón", apostilló.

"No paré de encontrarme cortapisas en la investigación para llegar a los responsables de esto, porque Olivera y Moix no tenían interés en que los descubriera", aseguró el comisario. También ha dicho que Olivera "tenía interés en ocultar" quién había hecho una gestión para averiguar a quién pertenecía un coche cuya matrícula se investigaba.

La juez ha interrumpido en ese momento la declaración de Barrado y le ha dicho al abogado Javier Vasallo: "De la declaración del comisario se deduce que se le podría imputar un delito, así que aquí paramos su declararación y que los abogados decidan en un receso qué quieren hacer".

Pasado ese rato de receso, las defensas han optado por continuar con el juicio (podrían haberlo suspendido y disolver al jurado que lo juzga, según les informó la juez), para pedir en un futuro la nulidad de todas las pruebas.

Además, Vasallo anunció que él y su cliente van a tomar "medidas penales contra Barrado, Moix y Olivera en un nuevo procedimiento judicial de manera inmediata". A esa declaración se unió otro de los abogados de la defensa, por lo que al menos dos previsiblemente pedirán que se deduzca testimonio e iniciarán acciones contra los tres mencionados.

El meollo del asunto es que la investigación policial, según se desprende de las palabras del comisario Barrado, fue irregular desde el principio, porque no se usaron los partes de seguimiento para investigar, sino las noticias de El País, y los datos de los teléfonos para averiguar si los presuntos espías estaban en las mismas fechas y lugares que los espiados. Estos datos telefónicos presuntamente se obtuvieron de manera irregular, sin mandamiento judicial.

Así se puede inferir de los distintos informes policiales. En un primer informe, de marzo de 2009, Olivera inicia la investigación basada en los partes publicados en El País. En un segundo informe, ya de Barrado, con fecha de abril de 2009, se dice que los datos de los teléfonos se han obtenido de forma "confidencial", porque la Comunidad de Madrid, a la que supuestamente se lo pidieron, no había contestado. Un detalle de aquí es que se incluye el teléfono personal del acusado José Luis Caro, no su teléfono del trabajo.

Llama aún más la atención que en un tercer informe, fechado en mayo de 2009, se pone otro teléfono de Caro, el del trabajo, pero se reitera que la contestación oficial de la Comunidad no había llegado. Por lo tanto, ¿cómo se obtuvieron estos números? Ilegalmente, creen las defensas, lo que de inicio ya podría haber viciado todas las investigaciones.

Después de que la Fiscalía llegara a este juicio sin acusar y las dos acusaciones que sostienen el caso apenas intervengan, este nuevo giro casi sepulta todo el caso, ya que de considerarse que las pruebas son nulas y la investigación estaba viciada (e incluso se prevaricó durante la misma) todo apunta a que se absolverá a los acusados.



Desconectado 47ronin

  • Administrador
  • Tyranosaurius Rex
  • ***
  • Mensajes: 170614
Re:Aguirre pudo cometer un delito y no una falta
« Respuesta #1898 en: 16 de Febrero de 2019, 06:52:49 am »

la audiencia juzga por fin el caso
La historia oculta de la 'gestapillo': un asunto de faldas que explotó entre falsos espías
El caso está amortizado. Ni la Fiscalía acusa. Esperanza Aguirre siempre cuenta a su círculo más íntimo que una relación extramatrimonial de uno de los protagonistas acabó yéndose de las manos

David Fernández
Contacta al autor
@dfernandez1975

16/02/2019 05:00

Esperanza Aguirre cumplió con el guion el pasado lunes. En apenas 20 minutos ventiló su comparecencia como testigo en la Audiencia Provincial en el juicio del denominado 'caso espías'. Ya tiene bastante con los negros nubarrones que se ciñen en su horizonte (véase futuras sorpresas en Púnica y Lezo), como para estar gastando esfuerzos en una batalla que ya está amortizada (la Fiscalía ni acusa y los procesados son de segunda fila). Por eso, este lunes, puso su mejor cara de inocente y lo negó todo. Nunca supo nada de seguimientos a políticos porque nunca nadie le dijo nada. Lo dicho, "gracias señoría" y hasta otra. La verdad es que a Aguirre este asunto le ha importado más bien poco, porque como siempre ha dicho a su círculo más íntimo se trata sobre todo de "un asunto de faldas".

Aguirre tiene su teoría sobre 'la gestapillo' (como la definió uno de los presuntos espiados, Manuel Cobo). La expresidenta madrileña tiene la certeza de que sus dos principales 'generales' en el Gobierno, Ignacio González y Francisco Granados, se investigaron mutuamente. El tiempo y el tablero político les hizo enemigos. Eso es un hecho. Pero todos esos años de rivalidad no se juzgan estos días en la Audiencia Provincial. No, solo se dirime si tres guardias civiles, dos policías nacionales y un funcionario de la Comunidad de Madrid gastaron dinero público en hacer seguimientos ilegales durante tres meses a un reducido grupo de políticos del PP (que algunos definen como rivales de la 'lideresa').

Y este asunto concreto, "una historia de Mortadelo y Filemón" (como también la calificó Alfredo Pérez Rubalcaba, entonces ministro del Interior), es solo un capítulo reducido y cutre del negro serial que se vivió durante años en los resortes del poder del PP de Madrid y por ende del Gobierno regional. Para Aguirre, como hemos dicho, este capítulo se resume en un tema de faldas, cuyo principal protagonista sería Manuel Sergio Gamón Serrano, el exescolta de Aguirre que llegó a director general del Ejecutivo autonómico. Al parecer, Gamón lo perpetró todo al enterarse que le habían robado mensajes comprometedores de una relación que provocaron la ruptura de su matrimonio. Una especie de "montaje" que con el tiempo se fue de las manos. Porque para entender esta historia hay que explicar detenidamente a los personajes y el contexto de una época 'berlangiana'.

El todopoderoso Gamón

Sergio Gamón, zamorano de 59 años, es policía. Aguirre le nombró director general de Seguridad en mayo de 2006. Quienes trabajaron con él en la Comunidad lo definen como un tipo "fantasma, chulesco, peliculero" y muchas veces "agresivo e irritable". Llegó a la Comunidad de Madrid porque había sido jefe de escoltas de la propia Aguirre cuando esta era ministra de Educación (1996-1999) y presidenta del Senado (1999-2002). Allí, en la Cámara Alta, Aguirre colocó a la mujer de Gamón como secretaria y a la hija de la pareja en las listas del PP de Fuenlabrada. En el Gobierno regional Gamón pasó a tener directamente un nivel 30 (el más alto) y a cobrar 91.600 euros brutos anuales. Orgánicamente empezó dependiendo del consejero Alfredo Prada, con el que nunca tuvo una buena relación. De hecho, llegó a ser bastante mala.


Sergio Gamón, en una foto tomada en 2009

El propio Prada (que fue consejero de Interior hasta mayo de 2007, mantendría la cartera de Justicia hasta junio de 2008) siempre ha reconocido que no fichó a Gamón. "La señora Aguirre, en su condición de presidenta, me hizo la propuesta de elegir a Gamón como director general de seguridad", señaló Prada en la Asamblea de Madrid. Gamón tenía en esa época un segundo, el policía Miguel Castaño. En mayo de 2007 Francisco Granados sustituye a Prada en Interior y pasa a ser el nuevo jefe de Gamón.
Llegan los asesores

En septiembre de 2007, Granados, que no se fía de Gamón y Castaño (que van por libre y al parecer reportan directamente con Ignacio González) y decide incorporar a tres guardias civiles de su confianza como asesores del departamento de seguridad. Se trata de José Oreja, Antonio Coronado y José Luis Caro. Al mes siguiente, en octubre de 2007, a Gamón no le gusta el movimiento que ha hecho Granados (trayendo a "su gente") y consigue que la dirección general de seguridad fiche a otros tres policías nacionales de su cuerda: Belén Espartero, José Manuel Rodríguez y Roberto Casielles. Es decir, en teoría un mismo departamento pero con dos equipos de asesores.
2008, el año clave

En 2008 pasa de todo. Es el año clave. Aguirre acaba de revalidar en 2007 la mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid y se abren varios frentes políticos. El primero, dentro de la Comunidad. Granados y González empiezan a cimentar su enemistad. "El hombre fuerte era González y Granados aspiraba a serlo", explica una persona que esos años estuvo dentro del equipo de Aguirre. "Se competía por el reparto de poder. Ahora con el paso de los años comprendo el afán que entonces tenía Granados para que la empresa pública Arpegio [una de las piezas hoy del caso Púnica] pasara a depender de él". Comenzaron las rencillas y las sospechas.

El segundo frente se abre en el PP nacional. El 9 de marzo Mariano Rajoy fracasa de nuevo en su intento por alcanzar la Moncloa. Esperanza Aguirre siente que ha llegado su momento y prepara asaltar la dirección nacional en el congreso que se realizará en junio de ese año. Ese mes de marzo, el día 16, González es presuntamente espiado en un viaje privado que realiza con su mujer a Sudáfrica, un vuelo pagado por empresarios privados. Apunten el mes de marzo. Curiosamente en ese mes (y hasta mayo) se cometen los seguimientos ilegales a los 'rivales' de Aguirre, como Alfredo Prada y Manuel Cobo, lo que se conoce como 'gestapillo'.

Cartagena de Indias, vídeos y sobornos: el viaje de Ignacio González que destapó todo
David Fernández
El ex presidente regional fue a Colombia en el verano de 2008 para intentar arreglar problemas con los socios locales del Canal. En este caso "fueron a pagar, no a recibir comisiones"

Alfredo Prada es calificado como rival de Aguirre porque aunque forma parte de su Gobierno ha decidido apoyar públicamente a Rajoy en la guerra interna que se produce dentro del PP. Ese apoyo le cuesta el cargo. Aguirre le destituye a finales de junio de 2008 y deja de ser consejero de Justicia. Un día después, Gamón se presenta en un despacho utilizado por Prada y requisa ordenadores. ¿Quién se lo ordenó? ¿Qué había en esos dispositivos? Se ha dicho de todo. Incluido que podría haber en ellos informes que perjudicaban a González y Granados. Hay otra teoría, la que defiende Aguirre, el supuesto asunto de faldas.

Alguien le ha hecho llegar a la mujer de Gamón, que ha sido recolocada como secretaria en Telemadrid, unos supuestos mensajes que demostrarían que su marido le es infiel. Y Gamón busca al culpable, al filtrador. Sospecha sobre todo de dos personas, los dos jefes que ha tenido y con los que no se llevaba bien: Granados y Prada. Y sobre todo de un colaborador de este último. Lo cierto es que Granados tras enterarse de lo que ha hecho Gamón le destituye. Tiene el poder para hacerlo. "Este paso demuestra algo relevante. Si Gamón hubiera sido un hombre de González, como dicen algunos, lo hubiera defendido, pero la verdad es que González nunca trató con Gamón. No era de los suyos. No tenían nada que ver", explica una fuente que trabajó muchos años con el expresidente madrileño hoy imputado en el caso Lezo.

Alfredo Prada, exconsejero en los Gobiernos de Aguirre
Alfredo Prada, exconsejero en los Gobiernos de Aguirre

Aguirre (quien fichó a Gamón) no quiere problemas y acepta mover de sitio a su defendido tras la destitución ordenada por Granados. Pero no se va muy lejos. La 'lideresa' le recoloca como asesor de seguridad en el mismo Ejecutivo regional y con un sueldo similar. Sin despacho, ni competencias, ni personal a sus órdenes, pero percibiendo entonces un salario como si fuera un presidente del Gobierno (ahí estaría hasta el 25 de junio de 2010). Así llega el verano de 2008 y siguen los espionajes en el PP de Madrid. Unos detectives siguen a Ignacio González y a otros cargos del Canal de Isabel II en un viaje que hacen a Colombia entre el 28 de agosto y el 4 de septiembre. Un viaje ya famoso que posteriormente sería inmortalizado en los medios.
Reguero de filtraciones

Gamón es sustituido por Enrique Barón, un comisario con importantes contactos que había sido jefe superior de la Jefatura de Madrid. "Con la llegada de Enrique Barón, la Comunidad alcanzó un nivel que con el señor Gamón no tenía. Se establecieron contactos con determinadas personas que los medios identificaron como procedentes de las cloacas. Y hay un rastro evidente de esto en multitud de ocasiones", llegó a declarar uno de los guardias civiles procesados, José Oreja. Lo cierto es que con la llegada de Barón empiezan las filtraciones en los medios y por tanto el escándalo. Una vez abierta la cloaca sale la basura.

Comienza 2009. La primera andanada va contra Granados. 'El País' publica que "un consejero de Aguirre monta un 'servicio secreto' con exagentes". La 'gestapillo' se hace pública. Pero no se cita a Gamón ni a los policías nacionales traídos por él. Solo a los guardias civiles que fichó Granados. Ese mismo día el mismo diario revela que González ha sido espiado en un reciente viaje a Colombia (la Cadena Ser desvelaría el vídeo meses más tarde, en abril). Los ánimos se caldean. Todos los dedos apuntan a Granados. Y los cañonazos vuelan en dirección contraria. Días después, también en enero, el diario 'Público' informa de la existencia de un dosier de 69 páginas sobre el incremento patrimonial de Ignacio González. Ya están todos manchados: Granados como espía y González como corrupto. Todo ello aderezado con la Gürtel, que estalla en febrero de 2009.

El exvicealcalde del Ayuntamiento de Madrid, Manuel Cobo, otro de los espiados
El exvicealcalde del Ayuntamiento de Madrid, Manuel Cobo, otro de los espiados

La pregunta que se hacen muchos es quien filtró a la prensa los dosieres que circulaban ya preparados. Granados cree que González o Gamón pasaron los partes de seguimiento de la 'gestapillo', aquellos que supuestamente habían rellenado los guardias civiles después de espiar a los 'rivales' de Aguirre, como Alfredo Prada (el consejero díscolo que apoyó a Rajoy) y Manolo Cobo (la mano derecha de Gallardón). González cree que sus males (los informes sobre su patrimonio y el de su familia) los movió Granados. Años después supo que alguien del PP pagó 300.000 euros por seguirle a Colombia y que un amigo constructor de Granados (David Marjaliza) contrató a detectives para elaborar informes contra él.

La propia Aguirre sigue pensando que es todo un asunto de faldas y que Gamón perdió la cabeza cuando se enteró de que habían filtrado a su mujer lo de su relación extramatrimonial. Un tema que acabó yéndose de las manos. Algunos de los espiados, por contra, creen que hay que mirar más allá de Gamón y González y pararse a pensar quien tenía la información de los partes de seguimiento y que la publicación de las filtraciones coincidió con la llegada de Enrique Barón al Gobierno regional. Hasta entonces los trapos sucios se lavaban dentro de casa.

Caso espías: "Me dieron órdenes para hacer seguimientos por interés de González"
Roberto R. Ballesteros
“Me hacían ir a sitios como pollo sin cabeza y hoy tengo claro que era para hacer coincidir el posicionamiento de mi teléfono con el de los políticos Prada, Cono y Cifuentes”

La versión de los acusados

Luego está la versión de los acusados, los tres guardias civiles procesados y un funcionario de la Comunidad de Madrid. Han explicado en sede judicial y en la Asamblea de Madrid que Gamón les ordenó hacer los seguimientos "por expreso deseo del señor González". Esa orden se produjo en marzo de 2008, curiosamente cuando alguien ya había perjudicado la relación de Gamón con su esposa y también cuando Aguirre preparaba su lucha contra Rajoy para disputarle la dirección nacional. Los guardias se negaron a hacer los seguimientos y se quejaron ante Granados, que les prometió una solución que nunca llegó. "Ahí es cuando empezamos a comprender que, efectivamente, las órdenes procedían de Ignacio González y que el señor Granados no mandaba sobre Gamón".

"Y, en esa guerra, en mitad de esa especie de guerra sucia que tienen entre ellos, aparecemos los tres asesores procedentes del cuerpo de la Guardia Civil, sin conocer a nadie. Y con esa realidad se atreven a mandarnos esa barbaridad. No necesitaban de nosotros nada de eso. Yo creo que con esto lo que pretendían los señores Gamón y Castaño era preconstituirnos una prueba para que coincidieran los posicionamientos telefónicos con los lugares donde nos mandaban. La insistencia en que fuéramos a esos lugares era infernal", señaló José Oreja. Todo fue un montaje, según ellos, ya que tuvieron que reportar "informes vacíos de contenido operativo". Aseguran que vieron cómo Miguel Castaño (el segundo de Gamón) manipulaba esos informes.

Uno de los guardias civiles imputados en el caso, José Oreja
Uno de los guardias civiles imputados en el caso, José Oreja

¿Realmente ordenó González esos seguimientos? "Yo creo que fue cosa de Gamón para demostrar el poder que tenía. Si a esos partes de seguimiento, que apenas incluyen datos y que están basados en la agenda pública de los presuntos espiados se puede llamar espionaje, es para echar a la calle a los espías. Es ridículo. No aportan nada de valor. No sirven para nada. Quien ha trabajado dentro del equipo más cercano de González sabe que no tenía ninguna relación de Gamón", explican fuentes cercanas al expresidente regional. González insistió cuando fue a declarar como testigo esta misma semana que el único espionaje que él conoce es el que le hicieron en Colombia.

Merece la pena en este punto conocer lo declarado por Marcos Peña en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid. Peña, policía nacional, es fichado por Granados en junio de 2008 (cuando supuestamente ya se había realizado los seguimientos pero no se habían filtrado) para que la ayudara a poner orden en la consejería tras la destitución y traslado de Gamón. "Todo es un montaje realizado desde dentro, con la colaboración muy seria por parte del periódico 'El País' y del periodista que ejecutó toda la información. Además, el que lo monta, le manda al periodista datos de filiación de cuatro personas, de Marcos Peña, que soy yo, y de los tres guardias civiles. Es lo primero que le manda al periodista: los datos de filiación de esas cuatro personas. Y, por otra parte, le mandan unos partes, esos famosos partes..."

Un 'e-mail' a un acusado amenaza con tumbar el juicio de la 'gestapillo' de Aguirre
Roberto R. Ballesteros
El correo enviado por uno de los subdirectores de 'El País' revela que uno de los supuestos espías guardias civiles "no ordenó ni hizo ningún seguimiento"

Peña prosigue: "Los partes tienen unas fechas; la primera barbaridad que comete esta organización es mandar unos partes en los que el responsable de esos señores soy yo, pero cometen un error, porque en las fechas esas que figuran en los partes yo no me encontraba en la Comunidad de Madrid. Primera barbaridad, yo no estaba. Yo creo que el objetivo primero es eliminar tanto a mí como a los guardias civiles, que ya habían protestado ante el consejero. Y segundo, el más importante, el encubrimiento de lo que realmente sí se estaba haciendo, el espionaje real que se estaba haciendo".

Este veterano policía, Peña (que trabajaba para Iberdrola antes de llegar a la Comunidad de Madrid), cree que políticos de la Comunidad ya usaban desde años antes a detectives privados y asesores externos para sus tejemanejes. "Yo creo que al señor Gamón no le hace falta los guardias civiles para nada, y les hace hacer unos partes para implicarlos porque piensa que el consejero Granados los ha traído para ver qué está haciendo el señor Gamón, y este, como consecuencia, les hace hacer esos partes. Porque esos partes no valen absolutamente para nada".

Yolanda Laviana, exmujer de Sergio Gamón, cuando compareció en la Asamblea de Madrid
Yolanda Laviana, exmujer de Sergio Gamón, cuando compareció en la Asamblea de Madrid

La mujer despechada

Para echar más leña el fuego y refrendar la teoría del asunto de faldas, en junio de 2010 aparece en escena Yolanda Laviana, exesposa de Gamón y exsecretaria de Aguirre cuando presidió el Senado. En una entrevista detalló que su exmarido ya había espiado a Alfredo Prada mucho antes, en 2006. Laviana precisó que el receptor de los informes de Gamón era Ignacio González. "Yo he vivido un horror. Este asunto ha destrozado mi vida. Un horror. Tengo miedo. He vivido una oleada de vicisitudes, un horror, que me perjudican hasta el día de hoy", llegó a declarar en el Parlamento madrileño.

La entrevista de Lavinia en junio de 2010 provocó todo un terremoto. Ella fue despedida fulminantemente de Telemadrid donde era secretaria del presidente, Manuel Soriano (este había sido exjefe de prensa de Aguirre). Ni siquiera la ayudó que hubiera declarado a favor de Soriano cuando este fue denunciado por acoso sexual por una trabajadora. Su mentora Aguirre la defenestró. Gamón, por su parte, tuvo que dimitir en junio de 2010, el mismo día que fue despedida Laviana. Ambos ya estaban en proceso de separación.
El juicio, también de Mortadelo y Filemón

El caso, once años después, está amortizado. Ni siquiera acusa la Fiscalía. Los seguimientos a Alfredo Prada, a Manuel Cobo y a otras personas dejaron seis procesados, los que se sientan hoy en el banquillo. Se trata de los tres guardias civiles (Antonio Coronado Martínez, José Oreja Sánchez y José Luis Caro Vinagre); de José Manuel Pinto Serrano, personal laboral de la consejería acusado de escribir los partes de seguimiento; y los dos jefes de todos ellos, Sergio Gamón y Miguel Castaño. Todos están acusados de malversación de fondos públicos, ya que el delito de espionaje político no está tipificado en el Código Penal. Para la acusación, ejercida por varios diputados socialistas, los procesados incurrieron en un delito de malversación y deben ser castigados con penas de dos a cuatro años de prisión.

El caso está amortizado. No hay ningún político imputado y la Fiscalía ni siquiera acusa

La verdad es que la semana de juicio ya celebrada ha sido tan esperpéntica como algunos de los episodios del supuesto espionaje. La jueza amenazó a Ignacio González con mandarle a la policía porque no se había presentado a declarar. Luego se dio cuenta que había un error en la fecha de citación y pidió disculpas. También se equivocó el juzgado cuando citó a una persona que se llamaba igual que la exmujer de Gamón pero no era ella. Otro de los citados, el asesor Marcos Peña, tampoco fue correctamente convocado. Manolo Cobo no puede declarar por enfermedad. Granados dijo que todo era una "payasada", y González lo ha negado todo. El abogado del PSOE, que ejerce la acusación popular, apenas pregunta. De hecho, la juez llegó a reprocharle "el escaso interés que muestra por la causa". Panorama desolador.
Y aparece el comisario Barrado

Entre tanto aburrimiento destacó la declaración como testigo de comisario ya jubilado Jaime Barrado, el encargado hace años de realizar la investigación policial de la 'gestapillo'. Nunca declaró ante el juez instructor durante la misma, por lo que lo aportado esta semana puede dar un giro al caso. Según Barrado se produjeron seguimientos, pero nunca los realizaron los guardias acusados, sino detectives privados pagados por uno y otro bando. Barrado llegó a localizar a uno de esos detectives e o incluso detectó que sus superiores modificaban sus informes. El policía ya acusó en un documental de Mediapro, 'las cloacas de Interior', que todo el montaje estuvo apañado por su jefe, José Luis Olivera, y por Manuel Moix, entonces jefe de la Fiscalía Superior de Madrid.

El diario Público habló con el comisario Barrado tras salir de declarar: "Desde el día que vi lo que ocurría entre Olivera, Moix y algunos personajes de la Comunidad de Madrid bauticé lo que pasaba como Operación Boñiga. Hoy por fin ha reventado".



Desconectado 47ronin

  • Administrador
  • Tyranosaurius Rex
  • ***
  • Mensajes: 170614
Re:Aguirre pudo cometer un delito y no una falta
« Respuesta #1899 en: 21 de Febrero de 2019, 14:56:41 pm »


La Justicia absuelve a los seis acusados en el 'caso espías' del PP


La Justicia ha declarado no culpables a los seis acusados de los delitos de malversación de fondos en el espionaje a varios políticos madrileños durante la etapa de Esperanza Aguirre
 CARLOS FRÍAS

PUBLICADO 21.02.2019 - 13:29
ACTUALIZADOhace 49 minutos
La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid ha declarado como no culpables a los seis acusados de malversación de fondos en el conocido como 'caso espías', donde se dilucidaba el espionaje que sufrieron varios altos cargos del Partido Popular durante la etapa de Esperanza Aguirre al frente de la formación.


MÁS INFO

Manuel MoixAcusan al fiscal Moix y al jefe de la Udef de poner trabas en el caso espías
Acusan al fiscal Moix y al jefe de la Udef de poner trabas en el caso espías
Los hechos investigados ocurrieron en 2008. Justo en medio de la guerra de poder en las entrañas del Partido Popular tras la derrota de Mariano Rajoy en las elecciones generales de aquel año.


Corría 2009 cuando Manuel Cobo -ex mano derecha del entonces alcalde de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón- denunció que había sido espiado durante la primavera del año anterior; posteriormente, se sumó el exconsejero madrileño Alfredo Prada. En aquella época, ambos eran considerados los 'enemigos políticos' de Aguirre.

Sin autorización oficial
Las acusaciones han sostenido que se utilizaron teléfonos y vehículos de la Comunidad de Madrid para hacer seguimientos sin autorización oficial al menos entre abril y junio de 2008. También aseguran que los seis procesados habrían recibido nóminas y dietas como pagos por sus servicios durante dicha actividad.

El juicio se basaba en determinar el uso de los mencionados medios públicos que, presuntamente, habrían generado gastos indebidos en el Gobierno regional.


La fiscalía no acusó
Con el veredicto, se pone fin a un procedimiento judicial que nunca ha llegado a "la verdad", según varios de los acusados. Pese a la retirada de los 'seguidos', Alfredo Prada y Manuel Cobo, el juicio siguió adelante con las acusaciones del PSOE y de la Comunidad de Madrid, en cuyas conclusiones afirmaron que los hechos habían quedado acreditados con la práctica de la prueba en la vista ora. El comienzo del juicio nació sin apenas contenido ya que la Fiscalía no se presentó como acusación

En su alegato final, cuatro de los acusados atribuyeron la acusación a "un sucio montaje político, periodístico y policial" en el que han sido "víctimas de la corrupción política" y "del sistema" al ser vendidos como "carnaza" para "ocultar la verdad" que hay detrás de "detectives" que habrían sido contratos por "los dos grandes partidos políticos".

El abogado defensor Javier Vasallo presentará una querella contra los investigadores de la UDEF que llevaron el atestado y contra el exfiscal Manuel Moix a raíz de las declaraciones del excomisario Jaime Barrado, quien admitió que se prevaricó en la investigación policial.