Autor Tema: Aguirre pudo cometer un delito y no una falta  (Leído 153892 veces)

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Re:Aguirre pudo cometer un delito y no una falta
« Respuesta #1900 en: 26 de Febrero de 2019, 07:16:57 am »


Trama de corrupción en el PP de Madrid

El fiscal va a pedir la imputación de Esperanza Aguirre


Acorralada, cercada,....pero nunca investigada a pesar de los anuncios de ello.


la dirigente fue la mayor beneficiaria de los fondos
Los documentos originales de la caja B del PP de Madrid acorralan a Esperanza Aguirre

Las facturas de la agencia de publicidad que usó el PP madrileño como tapadera implican a la expresidenta regional en la trama de financiación ilegal del partido

Autor
José María Olmo


26/02/2019 05:00 - Actualizado: 26/02/2019 05:54

Las facturas de la financiación ilegal del PP de Madrid apuntan directamente a Esperanza Aguirre. La documentación incautada por la Guardia Civil en El Laboratorio de Almagro SL, la agencia de publicidad de cabecera de la formación, revela que la expresidenta madrileña (2003-2012) fue la principal beneficiaria de la trama que urdió Génova para concurrir a las elecciones de forma continuada con más dinero del legalmente permitido. Según los papeles originales incorporados al caso Púnica, a los que ha tenido acceso El Confidencial, El Laboratorio de Almagro llegó a controlar incluso la agenda oficial de Aguirre en la comunidad y también las campañas institucionales de publicidad aprobadas por su Gobierno en los meses previos a los comicios regionales de 2011, los últimos a los que se presentó la exdirigente del PP y en los que se impuso por mayoría absoluta.

Su nombre aparece decenas de veces en los archivos de El Laboratorio, una mercantil que según los expertos en delitos económicos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil habría jugado un papel clave en la caja B de la formación. Sostienen que el PP de Madrid adelantaba dinero a la agencia meses antes de las elecciones a través de un abono por servicios inexistentes para que la compañía se encargara de distribuir posteriormente el dinero a los verdaderos proveedores de la campaña de la formación. De ese modo, los populares podían sufragar parte de sus gastos en los comicios con fondos de su cuenta de funcionamiento ordinario, algo prohibido por la normativa, y además, esas cantidades se quedaban fuera de su contabilidad electoral, al haber movido el dinero mucho antes de la convocatoria.

Con ese sencillo método el PP habría conseguido, a juicio policial, rebasar el límite de gasto sin ser descubierto en sucesivas convocatorias. Las municipales de 2011 forman parte del grupo de elecciones bajo sospecha. Según un informe de la UCO incluido recientemente en la causa, los populares habrían desembolsado en esa campaña en torno a 6,2 millones de euros, más del doble de los 2.986.624 euros que declararon a la Cámara de Cuentas (no podían gastar más de 3.229.342).

La Audiencia Nacional tiene una montaña de pruebas que oscurecen el futuro judicial de Aguirre. El Laboratorio emitió una factura al PP el 20 de diciembre de 2010 para encubrir una salida de fondos de la cuenta de funcionamiento ordinario del partido. Su importe ascendió a 198.830 euros y supuestamente sirvió para costear unos trabajos de “consultoría de comunicación corporativa” de esa empresa para asesorar “a diferentes responsables del Partido Popular de Madrid en diferentes municipios de la Comunidad de Madrid”. Pero, según los investigadores, los 198.830 euros fueron en realidad uno de los anticipos del PP para ocultar gastos de la campaña de mayo del siguiente año.

La documentación interna de El Laboratorio corrobora que la agencia repartió luego ese dinero entre una decena de mercantiles que trabajaron en la campaña de los populares y que los fondos sirvieron principalmente para proyectar la imagen de la entonces presidente madrileña. Entre las facturas abonadas por el PP a través de la agencia que usaba como pantalla se encuentra una de 18.553 euros para “el desarrollo de un 'microsite' para la campaña electoral de Esperanza Aguirre” emitida por la empresa The Fact Factoria de Producción Digital SA. También figuran varias facturas de la agencia Boolab Motion & More por “realización de 5 piezas de animación de 20 segundos” para las “autonómicas (Esperanza)” por valor de al menos 9.799 euros. La lista de servicios que tuvo como beneficiaria a Aguirre es interminable. Desde fotografías a cuñas de radio de sus mitines, a la organización de los propios actos de campaña.

En abril de 2011, por ejemplo, El Laboratorio pagó presuntamente con fondos adelantados por el PP otras dos facturas de la campaña del partido emitidas por la productora Central de Producers Madrid SL. La primera, del 13 de abril, ascendió a 3.662 euros y sirvió para costear la “realización de vídeos virales de 1 min. para la campaña Esperanza!”. La segunda, del 15 de abril y un importe de 5.692 euros, se correspondió con “la grabación de testimoniales 'Apoyo Esperanza'”. Decenas de menciones atestiguan que Aguirre fue la más favorecida por la presunta trama de financiación irregular, aunque hasta el momento haya logrado quedarse al margen de la causa.

Los papeles analizados por la UCO revelan incluso que El Laboratorio de Almagro manejó su agenda oficial. Los agentes hallaron en los archivos de la agencia pruebas de que, desde noviembre de 2010, los publicistas de esa empresa supervisaron sus actos de Gobierno para tratar de aprovecharlos en beneficio de su campaña. Desde la “Entrega de la Medalla de Oro de la Comunidad a la Selección Española de Fútbol” a la “Primera Piedra de la Duplicación M-509 Villanueva del Pardillo”, pasando por su presencia en el “Día de la Constitución” y la exposición “Ahorro del Agua”, del Canal de Isabel II, que costó un millón de euros públicos. Entre noviembre de 2010 y mayo de 2011, absolutamente todos los actos oficiales de Aguirre habrían quedado supeditados a sus intereses electorales, según los documentos que forman parte del procedimiento.

Con todo, lo más inquietante es la referencia a varias campañas institucionales del Gobierno madrileño en esos documentos. El Laboratorio tuvo en cuenta en la planificación de la campaña de Aguirre hasta 11 proyectos publicitarios financiados con dinero público que supuestamente tenían como objetivo divulgar el uso del metro, la lucha contra la violencia de género, la necesidad de la conciliación familiar, la práctica de deporte y el respeto del medio ambiente, entre otros fines. En total, un gasto de 11.020.000 euros que fue autorizado por el propio Gobierno de Aguirre y que se concentró en las semanas previas a los comicios. La mención a esas campañas publicitarias en los papeles internos de El Laboratorio apunta a que la dirigente también se benefició de ese dinero público.

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Re:Aguirre pudo cometer un delito y no una falta
« Respuesta #1901 en: 19 de Marzo de 2019, 20:51:00 pm »
 ALFREDO PRADA

La Audiencia Nacional imputa al dirigente del PP

De la Mata cita como investigado a Alfredo Prada, exconsejero de Aguirre, por el Campus de la Justicia
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J. J. GÁLVEZ
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Madrid 19 MAR 2019 - 20:03   CET
Alfredo Prada, a la derecha, a su llegada al juicio por la trama de los espías del PP, el pasado febrero.
Alfredo Prada, a la derecha, a su llegada al juicio por la trama de los espías del PP, el pasado febrero. JAIME VILLANUEVA
La Audiencia Nacional ha imputado este martes a Alfredo Prada, consejero de la Comunidad de Madrid durante la etapa de Esperanza Aguirre, por las presuntas irregularidades en la construcción del Campus de la Justicia. A través de un auto fechado este mismo 19 de marzo, el juez instructor José de la Mata ha citado al dirigente del PP el próximo 27 de marzo a las 10 de la mañana. "Debe ser interrogado como responsable del desarrollo económico y contractual de la sociedad", explica el magistrado en su escrito, donde recuerda que Prada ocupó entre 2005 y 2008 el cargo de presidente y consejero delegado de la empresa creada para desarrollar el proyecto. Pablo Casado lo colocó el pasado julio al frente de la oficina del PP creada para combatir la corrupción en el partido.


MÁS INFORMACIÓN
La Audiencia Nacional investiga el desfalco en la Ciudad de la Justicia de Esperanza Aguirre

De la Mata ha aceptado la petición de la Fiscalía y pone nombre a los primeros investigados por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Porque, además de citar a Prada, uno de los primeros padrinos políticos de Casado, el magistrado también llama a declarar como imputados a otros tres ex altos cargos del Campus de la Justicia: Isabelino Baños, ex director general técnico; José Sanz Piñar, subdirector técnico; y Alicio de las Heras, director del área financiera. Todos ellos ocuparon puestos clave en una empresa creada supuestamente para levantar la Ciudad de la Justicia de Madrid, pero que dejó un agujero patrimonial superior a los 105 millones de euros en la Comunidad.

Tras pasar una década en el Senado, Prada saltó al Gobierno regional de la mano de Aguirre, que le situó en cargos de relevancia. Fue vicepresidente segundo y consejero de Justicia e Interior. Pero todo cambió en 2008, cuando manifestó públicamente su apoyo a Mariano Rajoy para el congreso nacional del PP, donde la entonces presidenta de la Comunidad le disputó el liderazgo de los populares al posterior jefe del Ejecutivo. Aguirre lo destituyó tras perder y Prada dejó la primera línea. En 2011 volvió a las Cortes, como diputado en el Congreso, en el que permaneció hasta enero de 2016. Casado lo recuperó el pasado verano tras ganar las primarias y lo colocó en la ejecutiva de la formación, al frente de la Oficina del Cargo Popular, encargada de evitar la corrupción dentro de las filas populares.
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Pero no había transcurrido un año después de esa decisión cuando acaba de citarlo como investigado la Audiencia Nacional. Y De la Mata lo ha hecho tras dictar un detallado auto de 20 páginas en el que enumera una larga lista de presuntas irregularidades. El instructor señala, por ejemplo, que el Campus de la Justicia no seguía ningún criterio de racionalidad económico y organizativo, además de presentar un "claro desequilibrio" al contar con un "potente ámbito de personal directivo y una infraestructura de personal administrativo sumamente débil". Es más, añade el juez, "todos los puestos de trabajo de la sociedad se cubrieron por personas de confianza de los gestores políticos del proyecto y, en algunos casos, vinculados a intereses privados".

La construcción, que se puso en marcha en 2005 y se prolongó hasta 2015, tenía como supuesto objetivo llevar todas las sedes judiciales dependientes de la Comunidad de Madrid a unas parcelas al norte de la capital de España. Pero fue un fracaso y solo se levantó uno de los 12 edificios previstos: el que iba a albergar el Instituto de Medicina Legal, que ni siquiera se encuentra actualmente en funcionamiento.


Un informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de marzo de 2018, que recuerda también De La Mata, ya apuntó que la empresa no estableció en materia de contratación "un sistema de control interno sólido que garantizase razonablemente el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables a estos procedimientos y, fundamentalmente, el de los principios que deben presidir la contratación del sector público".

UN MÁSTER Y UNA VISA, BAJO SOSPECHA
El juez De la Mata incluye otra serie de gastos bajo sospecha en su auto. Entre ellos, señala las "muchas retiradas" de efectivo que se hicieron de la "caja de los bancos" en 2006, que superaron los 10.000 euros en apenas un mes: se sacaron 5.354,95 y 2.138,76 euros el 20 de junio; 1.787,3 el 12 de julio; y 1.316,38 el 24 de julio. El magistrado también recuerda que el informe de la Cámara de Cuentas señalaba que se usaba una tarjeta de crédito Visa Platinum vinculada a la cuenta de la Ciudad de la Justicia, con la que se desembolsó 15.647,20 euros y de la que "falta información y documentación básica de cobertura de los movimientos". A su vez, la sociedad creada pagó 38.050 euros a la Fundación Instituto de Empresa para que uno de sus altos cargos cursara un máster executive MBA.

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Re:Aguirre pudo cometer un delito y no una falta
« Respuesta #1902 en: 26 de Abril de 2019, 15:41:33 pm »


La Guardia Civil implica a Esperanza Aguirre en la trama Púnica


Un informe policial sitúa a la expresidenta madrileña en reuniones en las que se amañaron contratos públicos con un entramado de sociedades de un empresario imputado en el caso de corrupción.

   
POLÍTICA 26.04.2019 08:50 PÚBLICO
La Guardia Civil ha implicado por primera vez a Esperanza Aguirre en la trama Púnica. Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) sitúa a la expresidenta madrileña en reuniones con altos cargos de su Gobierno donde presuntamente se dieron instrucciones para favorecer mediante contratos públicos a una empresa de la trama corrupta que trabajó en las campañas electorales del PP en 2003 y 2007. El documento, adelantado este viernes por el diario El País, no concreta la fecha de estos encuentros ni el papel que desempeño Aguirre, que ha negado su participación en las reuniones.

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La UCO asegura en su informe que tiene "constancia de la celebración de varias reuniones de trabajo" en las que "se impartieron instrucciones precisas para que se facilitara la contratación" a las empresas Over Marketing, Traci, Abanico y Link y en las que participaron, además de Aguirre, el entonces secretario general del PP madrileño Francisco Granados y el vicepresidente regional Ignacio González, junto al empresario Daniel Horacio Mercado, imputado en la Púnica y en el caso sobre la financiación irregular del PP en Baleares con Jaume Matas. En los encuentros también intervinieron el viceconsejero Alberto López Viejo, condenado por el caso Gürtel, el consejero de Sanidad Manuel Lamela e Isabel Gallego, responsable de Comunicación.

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De acuerdo al documento, el Ejecutivo de Aguirre utilizó “la publicidad institucional […] con el único objetivo de encumbrar la gestión de dirigentes autonómicos del PP regional al frente de las instituciones, todo ello sufragado con fondos públicos”. El informe policial detalla “las relaciones comerciales de la Comunidad de Madrid y otras administraciones públicas madrileñas” con el entramado de sociedades de marketing y publicidad de Mercado, que recibió contratos por un valor superior a los 7,4 millones de euros gracias a la mediación de Aguirre. Entre otras cosas, las empresas de Mercado se hicieron con los contratos para la promoción de la construcción de una decena de hospitales y centros médicos, así como para otras campañas publicitarias del departamento.

Según la información de El País, el Gobierno de Aguirre modificó varias leyes autonómicas en el año 2006 para beneficiar a Mercado. Con el cambio normativo, se dieron "instrucciones precisas" a varios consejeros para que las sociedades del empresario recibieran adjudicaciones, tanto de las consejerías como de empresas públicas y órganos autónomos de la Comunidad. El proceso requería de una "autorización previa" de la Vicepresidencia del Ejecutivo regional, entonces en manos de Ignacio González, igualmente imputado en la trama Púnica, como Francisco Granados, otro de los hombres de confianza de Aguirre.

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La UCO apuntala su tesis con la declaración que Lamela prestó en sede policial, donde detalló en calidad de testigo la celebración de una reunión en la que se indicó que "se incluyera a Over Marketing en el conjunto de posibles empresas para ser contratadas en materia de publicidad y comunicación, trasladando esta instrucción de contratar a Over Marketing a su Asesor Técnico, Germán Rasilla". Según el informe de la UCO, este "supuesto trato de favor" hacia Over Marketing y otras empresas de Daniel Horacio Mercado desde la Comunidad de Madrid tiene su origen en los trabajos que éste realizó para el PP en la campaña de las elecciones autonómicas y locales de 2003 y 2007.

 La Guardia Civil confirma la financiación ilegal del PP de Aguirre diez años después de revelarlo 'Público'
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Se trataba, según el planteamiento que hace la Guardia Civil, de saldar deudas con esta empresa que había estado realizando trabajos de comunicación para el Partido Popular de Madrid y que "tuvieron un coste de 151.503,35 euros", sin que se haya localizado facturación de estos trabajos ni en la documentación intervenida a Over Marketing ni figure en la Agencia Tributaria actividad entre esta, Traci, Abanico y Link con el PP relacionada con estos servicios.

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"De igual forma, analizada la documentación relacionada con la fiscalización efectuada por la Cámara de Cuentas de Madrid sobre las elecciones a la Asamblea Autonómica de la Comunidad de Madrid, no se asigna cantidad alguna como proveedor del Partido Popular a las empresas vinculadas a Daniel Horacio Mercado, por lo que no se declararon como gastos electorales eludiendo así su fiscalización", concluye la UCO. Así, todos los elementos de prueba que han analizado los investigadores acreditan que el PP de Madrid "no pagó los trabajos realizados en el mes de marzo de 2007, antes del inicio de la campaña electoral, y tampoco los trabajos realizados por las empresas de Mercado en el marco de la propia campaña, en mayo de aquel año.

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Re:Aguirre pudo cometer un delito y no una falta
« Respuesta #1903 en: 26 de Abril de 2019, 15:47:50 pm »
Ya veremos . . .

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Re:Aguirre pudo cometer un delito y no una falta
« Respuesta #1904 en: 14 de Junio de 2019, 18:19:07 pm »

Rechaza imputarle en la causa


El juez de 'Lezo' no ve delito en la gestión de Aguirre en las adjudicaciones del Canal


El instructor no atiende la petición de la acusación que solicitó citarle como investigada por el proyecto del campo de golf.

GEMA HUESCA
Viernes, 14 Junio 2019, 13:53
Actualizado: 14/06/2019, 14:28
Esperanza Aguirre durante los actos del Dos de Mayo
Esperanza Aguirre durante los actos del Dos de Mayo. / EFE
Tras el archivo de la causa para el exalcalde de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón, ahora el magistrado al frente del caso Lezo, Manuel García Castellón, deniega también exigir responsabilidades penales a Esperanza Aguirre por las adjudicaciones del Canal de Isabel II. De este modo, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 descarta citarle como investigada en el marco de esta investigación que se sigue en la pieza segunda de la macrocausa.


El magistrado responde de manera contundente a la petición formulada por la acusación que ejerce el PSOE. El partido razonó que pedía su imputación en base al criterio mantenido por el primer fiscal anrticorrupción al frente del caso Lezo, Carlos Yáñez, si bien el juez explica ahora que esa postura no figura de manera formal en la causa. Por ello asegura que se trata de una base "irreal" e insuficiente para imputar a Aguirre por la adjudicación del proyecto del campo de golf de Chamberí en el año 2007 y que fue a parar al consorcio Green Canal Golf.

El mismo estaba participado por la empresa Tecnoconcret; mercantil administrada por Pablo González, hermano del expresidente madrileño Ignacio González. Las acusaciones sostienen que no se cumplió la normativa de cara a favorecer que la adjudicación de este ambicioso proyecto fuera a parar al hermano del exmandatario regional. No obstante, Aguirre negó cualquier irregularidad durante su intervención en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid. "Yo no hice trampas", dijo entonces.

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Sin indicios nuevos

García Castellón razona que las acusaciones no han aportado "ningún elemento indiciario nuevo" contra la entonces presidenta del Ejecutivo madrileño de cara a probar su implicación en estos hechos que serían constitutivos de prevaricación administrativa. Además explica que el acuerdo del Consejo de Gobierno con fecha de 18 de enero de 2007 que dio el visto bueno a esta adjudicación fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en 2010 y dos años después por el Tribunal  Supremo.


La acusación popular había solicitado además la imputación de los entonces consejeros Mariano Zabia, Salvador Victoria, María Jesús Villamediana, Domingo Menéndez así como de los miembros del Consejo de Gobierno por esta licitación la cual, de acuerdo con el magistrado que comenzó instruyendo la causa Eloy Velasco, se concedió al consorcio participado por el hermano de Ignacio González pese a que otras propuestas obtuvieron una puntuación más alta.

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Directivos del Canal niegan presiones


Sobre este asunto fueron preguntados en sede judicial recientemente los exdirectivos del Canal ldefonso de Miguel y Adrián Martín. Ambos negaron haber recibido presiones por parte de Aguirre o de Ignacio González, vicepresidente regional en el momento de los hechos, de cara a favorecer esta adjudicación. Los investigados, no obstante, sí admitieron que la idea de creación de este ambicioso proyecto -que incluía inicialmente la construcción de más zonas verdes y de un helipuerto- partió de Aguirre; hechos que nunca negó la también expresidenta del PP madrileño.

La decisión del instructor se produce apenas días después de que archivara la causa abierta contra Gallardón, Manuel Cobo o Ignacio González, entre otros, por la compra presuntamente irregular por parte del canal de Inassa en 2001. Tras terminar las diligencias de esta parte concreta del procedimiento, el juez concluyó que los hasta ahora acusados no fueron conocedores del sobreprecio que se pagó por parte de la empresa madrileña en esta operación. No obstante procesó a otras 22 personas implicadas en el caso amparándose en el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, la cual, a su vez, se basó en un informe de Hacienda para determinar que el Canal pagó como mínimo 24 millones de dólares de más por la compra de la colombiana.