Autor Tema: Aguirre pudo cometer un delito y no una falta  (Leído 155713 veces)

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Re:Aguirre pudo cometer un delito y no una falta
« Respuesta #1920 en: 06 de Septiembre de 2019, 11:21:45 am »


Delito continuado de cohecho para quien cuenta nuestros votos


 DAVID BOLLERO
 
04/09/2019
 E.P.

El auto del juez Manuel García Castellón de la Audiencia Nacional, el mismo con el que se imputa a Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, no deja lugar a dudas: Indra, la multinacional tecnológica que fue ejemplo de Marca España, jugó un papel esencial en la financiación ilegal del Partido Popular (PP). ¿Por qué esta empresa continúa viviendo de la Administración Pública?

Indra es la compañía que históricamente se ha paseado por los más diversos foros empresariales como un ejemplo de multinacional española. Hoy se le atribuye un delito continuado de cohecho. Según el auto, la empresa fue instrumento clave en los trapicheos del PP, robándonos a todas y todos, inflando contratos públicos para después desviar fondos a pagar las facturas de la banda de Aguirre. Algo, por otro lado, que no es nuevo, pues además de revelarse este tipo de prácticas con la trama Púnica, ya se hizo también con la trama Lezo.

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Indra, especialista en Defensa y Tecnologías de la Información, tiene una dependencia del sector público en lo que ha ingresos se refiere. Al cabo del año, factura millones de euros adjudicándose los más diversos contratos públicos. ¿Saben qué es lo más inquietante? Que uno de esos contratos que históricamente le ha reportado muchos millones es el del escrutinio de las elecciones. La pregunta que surge, no exenta de temor, es ¿qué fiabilidad para tal cometido tiene una empresa acusada de un delito continuado de cohecho?

Es muy inquietante. A fin de cuentas, cortar el grifo electoral al partido que te está beneficiando es como matar a la gallina de los huevos de oro, ¿no es así? Como le gusta decir al personal directivo de este tipo de empresas, la relación delictiva entre el PP e Indra es una win-win, en la que todos ganan. ¿Todos? No, porque quien pierde es la democracia y la ciudadanía entera.

De producirse la sentencia en firme que confirme lo establecido por el juez García Castellón, quizás habría que plantearse sacar a Indra de todo concurso público durante una buena temporada. Para empezar, debería estar fuera de cualquier proceso electoral, porque se ha convertido en una empresa tóxica que no disfruta de la confianza ciudadana. ¿Y el resto de los contratos públicos? Pues tampoco; un barbecho de dinero público debería servir de escarmiento y  ejemplo para el empresariado. No basta con juzgar y condenar a los directivos que propiciaron la estafa a la ciudadanía, sino a la compañía en conjunto carente de los mecanismos de control suficientes para detectar tal delito.

Un barbecho, por otro lado, que deberían poner más en práctica las diferentes Administraciones, no sólo con las empresas condenadas por delitos, sino también con las que de manera continuada no realizan correctamente los trabajos encargados, fomentan la desigualdad, no son sostenibles, etc. Si se pusiera en práctica ese veto temporal -que no es más que cuidarse de quien no hace bien- y hubiera quien siguiera contratando, quizás se descubrirían más relaciones win-win… con la que perdemos el resto.


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Re:Aguirre pudo cometer un delito y no una falta
« Respuesta #1921 en: 06 de Septiembre de 2019, 14:59:15 pm »





Aguirre y Cifuentes, crónica de una imputación anunciada

 
 
06/09/2019
La pasada legislatura presidí la Comisión de Estudio del Endeudamiento de la Asamblea de Madrid. Durante cuatro años comparecieron políticos y técnicos responsables de la gestión del PP durante casi dos décadas. Entre ellos varios de los imputados ahora por el juez García Castellón como los exconsejeros Lamela y Güemes.


Esperanza Aguirre entró en 2003 en la Comunidad de Madrid con 9.000 millones de euros de deuda y doce años después la había multiplicado por cuatro (Cristina Cifuentes añadió 5.000 más para dejarla en 33.000 millones de euros). A pesar de tantos miles de millones los indicadores de calidad educativa, de camas hospitalarias por habitante o del  transporte han caído en picado ¿dónde había ido tanto dinero? De ahí partió la Comisión.

Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre, en una foto de archivo de una reunión de la dirección del PP de Madrid. EFE
Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre, en una foto de archivo de una reunión de la dirección del PP de Madrid. EFE

La primera dificultad fue saber por dónde empezar. La intuición era que estábamos ante un “todo”, a una forma de gobernar donde el dinero se iba en grandes obras, pero no se mejoraban los servicios. Más obras pero peor calidad de vida. Una extraña paradoja que se notaba en todas partes.

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Decidimos centrar los esfuerzos en cuatro temas: el Canal de Isabel II (que terminó siendo el caso Lezo), los siete nuevos hospitales (que ahora son Púnica), la autovía M45 y el Metro Ligero. En total gastos de más de 10.000 millones de euros. En todos se repetía el mismo patrón: no había ningún estudio de planificación que los justificase, había sobrecostes, siempre a las mismas empresas y un sistema de pago que multiplicaba entre tres y cinco veces su valor real. Los siete hospitales que ahora son investigados costaron 660 millones pero se acabarán pagando 2.500 millones. El exconsejero Lamela reconoció en la Comisión que el único estudio técnico para hacer esta inversión fue el programa electoral del PP en 2003. No hubo estudios sobre donde eran más necesarios, se ubicaron básicamente donde el PP perdía las elecciones y había más votos en juego (nunca en las zonas rurales).

La sensación de que estábamos ante un “todo” se confirmó. La dinámica del trabajo era como una web; un caso te llevaba a otro que tenía más enlaces que abrir y nunca se terminaba. Cada caso estaba relacionado con el anterior a través de una empresa, una fundación o un cargo que pasaba de una responsabilidad a otra. Era imposible que quien gobernaba el “todo” no supiera lo que pasaba. Era imposible que se le escapara el gasto de 10.000 millones que la Comisión estaba investigando. Imposible.

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Los comparecientes y los parlamentarios del PP de la propia Comisión mantuvieron casi siempre actitudes entre el desafío y la soberbia. Hacían gala de una cierta impunidad. En las sesiones (son públicas y están grabadas) el PP justificó lo injustificable; pero fuera los comentarios eran distintos. Un miembro del gobierno de Cifuentes nos comentó salir de una sesión en la que había comparecido que el Canal de Isabel II “era la cueva de Alí Babá”. Tras una sesión sobre la M45 en la que se demostró que había sobrecostes, el diputado que lo negó dentro, al salir me dijo “si tenéis razón, si yo te contara…”. Ambos tienen hoy cargos de responsabilidad en el gobierno de la sra. Ayuso.

Más allá de cada caso particular detectamos dos problemas generales. El primero el círculo vicioso que se ha instalado en la región. Los beneficiados siempre son las mismas empresas constructoras que están en todos los sumarios judiciales. Se les asignan proyectos innecesarios y sobredimensionados y devuelven el favor en comisiones que ayudan a ganar las elecciones y tener sobresueldos en B. Mantener el poder es el fin, porque de perderlo no podría soportar la mínima investigación por más papeles que destruyera. No es cuestión política, sino de supervivencia.

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El segundo es la ineficiencia en el gasto. Para que alguien reciba su 1% hay que gastar el otro 99%; por ejemplo, en un Metro Ligero (2.500 millones) que nadie usa porque no era necesario. La deuda se ha multiplicado para nada. Cada madrileñ@ que nace además de deber 5.000 € tendrá que soportar lista de espera para el médico o pagar por la escuela infantil a la que irá (si encuentra plaza).

Durante cuatro años lo tuve delante sesión tras sesión, con cada compareciente. Estaba claro, era nítido. Fui el ponente del dictamen, escribí el texto que fue después al Pleno de la Asamblea y a la Fiscalía Anticorrupción. No fue fácil sacarlo adelante y sólo pudo ser cuando aceptamos la sordina que le puso Ciudadanos. Aun así es claro y contundente. La imputación de Aguirre y Cifuentes no me sorprendió, fue más bien un “ya era hora”.

La cuestión de fondo en Púnica, Lezo o cualquier caso de corrupción de la Comunidad de Madrid no está en lo moral, sino lo político. No son manzanas podridas en el cesto, es la forma que tiene el cesto. Y este cesto es el que el PP del señor Casado quiere que sea ejemplo y punto de partida para reconstruir su partido y aplicar al país. El problema no es el 1% que pervierte las elecciones. El problema es que no hay proyecto para el otro 99%.  El nuevo gobierno de Madrid ya piensa en un gran túnel o una radial, lo mismo que hizo Aguirre.

Si en algún momento España ha necesitado un gobierno progresista es ahora. No es conveniente, es estrictamente necesario. No se pueden hacer cálculos sobre la aritmética parlamentaria, hay que hacer cuentas sobre el futuro del país y tener un gobierno antes del 23 de septiembre. Porque la alternativa es lo que vamos a ver en los próximos meses en los tribunales, lo que los medios nos van a contar sobre el saqueo en la Comunidad de Madrid, lo que he estado viendo durante cuatro años en la Comisión.

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Re:Aguirre pudo cometer un delito y no una falta
« Respuesta #1922 en: 06 de Septiembre de 2019, 16:17:16 pm »
Se puede decir más alto, pero no más claro . . .

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Re:Aguirre pudo cometer un delito y no una falta
« Respuesta #1923 en: 07 de Septiembre de 2019, 02:25:42 am »
Cifuentes sí pisará la carcel, Aguirre es vieja, al ritmo de la justicia, fallecerá antes de ingresar en prision y lo sabe.

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Re:Aguirre pudo cometer un delito y no una falta
« Respuesta #1924 en: 13 de Septiembre de 2019, 06:26:23 am »

APUNTALA LAS SOSPECHAS DE PÚNICA
Un juez acorrala a Aguirre y sentencia que Indra pagó facturas falsas a la caja B del PP

Un tribunal se adelanta al juez de Púnica y condena a Indra por pagar miles de euros por servicios ficticios a las dos sociedades usadas por el PP para recibir dinero de la multinacional tecnológica

Autor
José María Olmo

13/09/2019 05:00

La Audiencia Nacional tiene cada vez más pruebas de que el Partido Popular se financió ilegalmente. Algunas son ya incontrovertibles. Un juzgado de Madrid ha resuelto que la tecnológica Indra pagó miles de euros a dos sociedades por trabajos inexistentes. La operación sirvió para desviar fondos públicos de adjudicaciones de los gobiernos de Esperanza Aguirre a sus propias campañas electorales. La sentencia, dictada de conformidad el pasado mayo, impuso a Indra el abono a la Agencia Tributaria de 466.000 euros y una multa adicional de 171.000 euros por haberse deducido irregularmente en el impuesto de sociedades los pagos por esos servicios ficticios.

El dictamen contra la cotizada, que no había trascendido hasta ahora, arroja luz sobre uno de los mecanismos clave de la presunta financiación irregular del PP que se investigan en el caso Púnica, un escándalo que estalló en octubre de 2014 y en el que se acumulan decenas de indicios sobre la existencia de una caja B en Génova que habría permitido a los populares concurrir a las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y 2011 y a las generales de 2008 con mucho más dinero del permitido por la normativa electoral.

Esperanza Aguirre ficha al abogado de Blesa para intentar librarse de la Púnica
Beatriz Parera
Dicho letrado ha representado a otros exdirigentes del Partido Popular como el exministro del Interior Ángel Acebes, al que defiende en la causa sobre la fusión y salida a bolsa de Bankia

El pasado 2 de septiembre, el instructor del caso Púnica, Manuel García-Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, dictó un auto que implica a Indra en la contabilidad opaca del PP madrileño. Según el magistrado, el gigante español de la ingeniería recibió sistemáticamente adjudicaciones infladas de la Comunidad de Madrid que luego movía mediante facturas falsas a proveedores electorales del PP a través de dos sociedades instrumentales: la empresa de formación Formaselect SL y la agencia de publicidad Lata Latina SL. Los fondos terminaron presuntamente siendo utilizados por Génova para sufragar gastos de campaña al margen de los organismos de fiscalización.
Las dos mismas empresas

El juez ha acordado la imputación de Aguirre, del presidente de Indra durante el periodo bajo sospecha, Javier Monzón, y de la propia multinacional como persona jurídica, entre otros. Espera que los interrogatorios, que tendrán lugar en los próximos días, permitan avanzar en esa línea del caso. Sin embargo, el Juzgado de lo Penal número 26 de Madrid ha recorrido ese mismo camino mucho más rápido y ha emitido su propio dictamen.

La sentencia de ese tribunal, a la que ha tenido acceso El Confidencial, considera ya acreditado que Indra pagó a las mismas dos empresas cuestionadas en Púnica, Formaselect SL ni Lata Latina SL, por trabajos que en realidad nunca se ejecutaron. La resolución expone que, al menos en 2013, la multinacional les habría abonado miles de euros sin ningún tipo de justificación comercial. Las facturas que teóricamente soportaban los pagos fueron fabricadas para dar apariencia de legalidad a los trasvases de dinero. Así, a efectos fiscales, Indra nunca debió haberlas computado como gastos, una irregularidad que le permitió rebajar artificialmente sus beneficios y, de ese modo, pagar menos impuesto de sociedades.

Villarejo transfirió 60.500 euros a la trama de financiación del PP que afecta a Aguirre
José María Olmo
Una de las empresas del comisario hizo cuatro pagos en el segundo semestre de 2016 a The Cell Core SL, una de las sociedades clave en la red que desvió donaciones de Indra a Génova

El veredicto se limita al ámbito tributario. Condena a Indra por un delito contra Hacienda. Pero de sus hechos probados se deriva un pronunciamiento en firme —Indra no lo ha recurrido— sobre el esquema de financiación ilegal del PP, al considerar demostrado que ni Formaselect ni Lata Latina trabajaron nunca para la empresa semipública, un hallazgo que apuntala la tesis del juez de Púnica de que el verdadero motivo por el que se realizaron esos pagos fue desviar dinero público hacia las campañas de Aguirre. La Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid concedía adjudicaciones infladas a Indra por importes millonarios y luego la tecnológica enviaba la diferencia al PP a través de las empresas instrumentales. Solo a través de Formaselect, Indra habría movido hacia Génova 1,1 millones de euros. En el caso de Lata Latina, los pagos irregulares ascienden a 3,3 millones de euros, como ya adelantó este diario.

La sentencia del Juzgado de lo Penal número 26 complica la estrategia de defensa de Aguirre y del PP, porque tendrán que enfrentarse en Púnica a una resolución que ya da por sentados hechos clave de la acusación a que se enfrentan. De hecho, el juez de Púnica menciona la condena a Indra, sin entrar en el fondo, como uno de los indicios que han motivado su decisión de imputar a Aguirre.
Inspección de Hacienda

El origen del procedimiento contra la compañía está en una inspección fortuita que la Agencia Tributaria abrió a la matriz y a algunas de sus filiales en diciembre de 2015. Según ha informado la propia Indra, Hacienda terminó su investigación en febrero de 2018 y, tras un periodo de alegaciones, le notificó una “propuesta de liquidación vinculada a delito por un importe total de 466.000 euros (incluyendo la cuota defraudada de 429.000 euros, interés y otros conceptos)”. La tecnológica hizo frente a esa cantidad en abril de 2018, pero eso no evitó que la Fiscalía se querellara contra ella.

Anticorrupción pide a Indra 1,4 millones por sus pagos a la caja B del PP de Madrid
Beatriz Parera
Por los indicios de que se financió con donaciones ilegales de la compañía del Ibex 35 a través de una red societaria que controlaban testaferros y empresarios amigos

El caso se instruyó en el Juzgado número 33 de Madrid y fue resuelto por el número 26 de lo Penal en una vista que finalizó el pasado mayo sin controversia, al llegar la compañía a un acuerdo con el Ministerio Público. Indra Sistemas SA fue condenada por un delito contra la Hacienda Pública. Además, se le impuso una sanción de 171.000 euros y la “pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y el derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un plazo de nueve meses”. El juzgado tuvo en cuenta como atenuantes que ya había depositado los 466.000 euros y que había colaborado con la Justicia en ese proceso.

Indra informó a sus inversores de la condena en el 'Informe de revisión limitada de estados financieros' del pasado 30 de junio, aunque obvió el nombre de las dos sociedades instrumentales y las vinculaciones de estas operaciones con la trama Púnica. “Todos los hechos investigados son anteriores al año 2015, en el que se produjo el relevo en la presidencia y en la dirección de la compañía”, sostiene la compañía en un posicionamiento oficial remitido a este diario.

“Desde el año 2015, Indra ha actualizado y reforzado su sistema de prevención de la comisión de ilícitos por parte de sus administradores y empleados y, a tal efecto, entre otras muchas actuaciones, ha revisado y robustecido el Código Ético y de Cumplimiento y el Modelo de Prevención Penal, sobre los que hay un proceso de mejora y formación permanentes; se ha dotado de mayor independencia y medios a la Unidad de Cumplimiento y a la función de Auditoría Interna; se han adoptado medidas sancionatorias y disciplinarias cuando se ha detectado alguna actuación irregular; y se realiza un seguimiento continuo por parte de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento y el Consejo de Administración en esta materia”, señala la cotizada. También recuerda que ha colaborado con la Justicia y que ha remitido a la Audiencia Nacional cualquier documentación susceptible de contribuir al esclarecimiento de los hechos.







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Re:Aguirre pudo cometer un delito y no una falta
« Respuesta #1925 en: 18 de Septiembre de 2019, 16:27:34 pm »


Pánico a la Púnica en el PP de Madrid


Las declaraciones de Aguirre y Cifuentes, fijadas para octubre, marcarán el inicio de la legislatura madrileña y la campaña nacional si hay repetición electoral en noviembre
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JUAN JOSÉ MATEO
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Madrid 15 SEP 2019 - 10:13 CEST
Esperanza Aguirre durante la rueda de prensa tras la reunión del Comité de Dirección del PP de Madrid, junto a Francisco Granados.
Esperanza Aguirre durante la rueda de prensa tras la reunión del Comité de Dirección del PP de Madrid, junto a Francisco Granados. SAMUEL SÁNCHEZ
En los despachos del PP, las agendas guardan dos fechas subrayadas en rojo. El 1 de octubre, Cristina Cifuentes declarará como imputada en la pieza del caso Púnica que investiga la presunta financiación ilegal de la formación conservadora. Y el 18 de octubre, Esperanza Aguirre pasará por el mismo trago. La cita en los juzgados de las dos expresidentas madrileñas marcará el día a día de su formación en las próximas semanas. Afectará, según admiten fuentes populares, al inicio de la legislatura en Madrid, donde Isabel Díaz Ayuso tendrá que hacer equilibrios para mantener la paz interna del gobierno que une a PP y Cs mientras busca el apoyo de Vox. Impactará de lleno en la campaña de Pablo Casado si hay una repetición de las generales. Y mantendrá en tensión a quienes aún temen a la guadaña de las imputaciones por sus antiguas responsabilidades en Madrid, donde el 57% de los consejeros de Aguirre están o han estado imputados.



“A nadie se le escapa que quitarle al PP el mantra de que es un partido corrupto es absolutamente imposible”, reconoce un representante popular con varios lustros de trabajo en el partido a sus espaldas. “Estamos probablemente en la antesala de generales, y en plena campaña de las elecciones tendrán que declarar Esperanza, Cristina, el otro y el de la moto”, lamenta sobre las 40 imputaciones decididas a principios de septiembre por el juez Manuel García Castellón. Y remata: “Nos presentamos a la legislatura y a unas posibles elecciones con un ambiente tétrico y lamentable. Da grima. Echa para atrás. Está todo cuestionado”.

“¿Preocupación?”, se pregunta otro alto cargo que cuenta con la confianza de la dirección nacional. “El temor puede venir porque la Púnica pueda acabar afectando en algún momento a gente indiscutiblemente muy de confianza de Casado”, razona. “Sería un roto importante”.

Desde que el juez Manuel García Castellón decidió imputar a Aguirre y Cifuentes, el presidente nacional el PP ha hecho un esfuerzo explícito por desvincularse del pasado de su partido. Él, que trabajó codo con codo con José María Aznar y Mariano Rajoy, es un líder nuevo para una etapa nueva, según argumentó esta semana, mientras procuraba separarse también de Aguirre, su madrina política.

“En el PP no cabe ninguna conducta que no sea ejemplar y no vamos a tolerar que nadie haga lo que no tenga que hacer”, dijo Casado, mientras el PP de Madrid seguía revuelto por las consecuencias de que se esté investigando a sus dos últimas presidentas. Y añadió: ni a él ni a su nuevo equipo se les puede “hacer responsables de lo que pasó hace décadas”.

Sin embargo, las consecuencias de las investigaciones de esos casos de corrupción pasados afectan al presente del PP de formas insospechadas. El Gobierno de la Comunidad de Madrid no ha aclarado aún si los diputados que han sido designados para puestos ejecutivos mantendrán o dejarán el acta. Y esa decisión mantiene al grupo parlamentario en tensión: si por esas renuncias corre la lista, podría acabar entrando en la Cámara Juan Soler, exsenador, exdiputado y exalcalde de Getafe imputado en el caso Teatro (que investiga las presuntas irregularidades en la licitación de la construcción de un teatro en la localidad madrileña), que así volvería a estar aforado; además de otros aspirantes con un horizonte judicial dudoso.

“No es obligatorio dejar el acta al entrar en el Gobierno, pese a lo cual varios de ellos lo harán. Seguramente no serán todos”, aseguran desde la Real Casa de Correos.

“Y no se puede mirar a situaciones del pasado con ojos de hoy, medir el pasado en función del presente”, discrepa una fuente de la máxima confianza de Isabel Díaz Ayuso, la nueva presidenta de la Comunidad de Madrid. “En ese gobierno había dos golfos que estaban todo el tiempo a lo suyo”, apunta sobre los Ejecutivos que presidía Aguirre, en referencia al expresidente Ignacio González, que estuvo en prisión preventiva por el caso Lezo, y a Francisco Granados, también imputado. “El resto firmaban lo que les decían”.

Fuentes populares reconocen que la formación conservadora estrena su gobierno de coalición con Ciudadanos “en un contexto muy complicado”. La instrucción del caso Púnica se une a la investigación del caso Avalmadrid en la Asamblea, que probablemente incluya la fiscalización de un aval concedido a una empresa participada por el padre de Díaz Ayuso en 2011, cuando la hoy presidenta no era cargo público. En paralelo, los estrategas del PP observan cómo Cs intenta marcar perfil propio según va cobrando fuerza la posibilidad de que haya una repetición de las elecciones generales. Y eso afecta al día a día de un gobierno de coalición que ha echado a andar marcado por las dudas y la desconfianza.

“Hemos dejado que se creen causas generales contra nosotros la pasada legislatura”, recordó una fuente de la dirección del PP de Madrid sobre las comisiones de investigación que fiscalizaron la labor de gobierno de la formación conservadora, que lleva al frente de la región ininterrumpidamente desde 1995. “Y le han cogido afición”, ironizó sobre el decisivo apoyo a la comisión de Avalmadrid de Cs, el socio gubernamental del PP. “Espero que no se convierta en una trituradora de personas”.

Será un otoño de penitencia para el PP. No es solo previsible que arranque la comisión de Avalmadrid, ni que lleguen las declaraciones de la Púnica. Se continuarán instruyendo los casos Lezo, Gürtel, Campus de la Justicia… Y ya hay dirigentes del PP que temen que cualquier novedad en esos casos de corrupción sirva a Ciudadanos para tensar aún más la frágil alianza de gobierno que le une con la formación conservadora.


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Re:Aguirre pudo cometer un delito y no una falta
« Respuesta #1926 en: 18 de Septiembre de 2019, 16:39:47 pm »
Casado se ha criado a los pechos de Aguirre, de hecho fue ella quién le facilitó su más que dudosa licenciatura, así que todo en en el nuevo PP no es más que otro más de lo mismo del viejo PP, porque todo los nuevo ha llegado de la mano de lo viejo y todos los que están ahora se han beneficiado de la corrupción de los de antes, de hecho, el actual despacho de Casado está pagado en "B", así que no deben de tener miedo a la Púnica, deben de tener pánico.

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Re:Aguirre pudo cometer un delito y no una falta
« Respuesta #1927 en: 19 de Octubre de 2019, 08:28:17 am »
Aguirre declaró ayer en la Audiencia Nacional durante casi 4 horas y sudó tinta, del Tamayazo se negó a responder y mucho me temo que seguirá imputada hasta el juicio

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Re:Aguirre pudo cometer un delito y no una falta
« Respuesta #1928 en: 19 de Octubre de 2019, 12:24:13 pm »
Me gustaría saber cómo sería España si no hubiese existido un PP rancio y ladrón.

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Re:Aguirre pudo cometer un delito y no una falta
« Respuesta #1929 en: 19 de Octubre de 2019, 13:38:27 pm »
 Casado y Abascal mamaron de los pechos de Aguirre, ya sabemos lo que nos espera en cuanto toquen poder.

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Re:Aguirre pudo cometer un delito y no una falta
« Respuesta #1930 en: 20 de Octubre de 2019, 21:40:24 pm »
El Partido Podrido y su capitalismo de amiguetes, nada va a cambiar con el nuevo PP porque el nuevo PP es el hijo primogénito del viejo PP . . . y Casado no ha hecho nada en su vida que no sea medrar en el Partido, desde el Máster hasta la licenciatura se lo debe al Partido y más concretamente a la lideresa, así que qué puede traer de nuevo Casado si se ha criado a los pechos del corrupto PP?

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