"La Policía Local se limita a cumplir la ley"
Manuel Solanas, intendente de Tráfico, ve preventiva la medida de incautar.Hasta la fecha se han decomisado más de veinte coches en la capital aragonesa.
03/01/2011 F. VALERO
Zaragoza ha sido la primera ciudad española que ha puesto en marcha la reforma del Código Penal en lo referente a los delitos de tráfico. La normativa empezó a aplicarse a las 0 horas del pasado 23 de diciembre, y desde entonces la Policía Local ya se ha incautado de una veintena de vehículos, de los que alrededor de una tercera parte han sido devueltos a sus propietarios, tras el correspondiente juicio rápido, por decisión adoptada por los responsables judiciales. La Guardia Civil no ha decomisado ninguno todavía en Aragón.
"La Policía Local no está actuando ni con poca ni con mucha rigidez, sino que se limita a cumplir lo que establece la ley", opina Manuel Solanas, intendente principal de Tráfico de la Policía Local de Zaragoza.
MÁS CASTIGOS La modificación legal implica un mayor castigo para los delitos cometidos contra la seguridad vial, en supuestos como la conducción bajo los efectos de las drogas y el alcohol a partir de determinados porcentajes, el exceso de velocidad, la conducción temeraria y las reincidencias en conductas graves, entre otras conductas punibles.
"De lo que se trata es de que, en adelante, el vehículo pasa a considerarse instrumento del delito y, tal y como señala la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Policía Judicial tiene la obligación de poner a disposición del juez todas las pruebas de que disponga", explica Solanas.
Una vez en poder del juez, el vehículo decomisado puede seguir varios caminos. El magistrado puede optar por devolverlo a su propietario (que puede ser una persona distinta del conductor), en un plazo más o menos corto, en función de la fecha de celebración del juicio rápido, pero siempre en un plazo que ronda los dos o tres días.
POSIBLE VENTA Asimismo, el magistrado tiene la potestad de ordenar la venta del automóvil, ante la posible responsabilidad civil del conductor, e incluso su destrucción física. Finalmente, el vehículo puede pasar a engrosar el parque móvil de los cuerpos y fuerzas de seguridad, para dedicarse a la lucha contra la delincuencia.
Para Solanas, la nueva herramienta legal de que dispone la Policía Local aumentará la eficacia de las labores de control del tráfico rodado, "ya que influirá en la prevención".
En Zaragoza, los coches decomisados son trasladados por la grúa al Depósito Municipal, en la salida hacia Castellón (A-68), una instalación de grandes dimensiones y con capacidad para unos 800 vehículos. "Pensamos que hay espacio suficiente para albergar los automóviles incautados, teniendo en cuenta que habrá una rotación rápida", señala el responsable de Tráfico.
"Solo si los coches, camiones, furgonetas y motos se quedaran estacionados largas temporadas, de dos o tres años, podría haber problemas de espacio", añade. En este depósito también se custodian otro tipo de vehículos, como los que traslada la grúa o los que se encuentran en la vía pública sin propietario conocido o los que se recuperan tras un robo.
Hasta ahora, la forma de proceder de la Policía Nacional era diferente. Solo se retiraban los vehículos "de forma excepcional", según Solanas, en los casos de reincidencia y de gran alarma social. En otras situaciones, cualquier conductor habilitado que acompañara al que acababa de cometer supuestamente el delito, o autorizado por él, podía hacerse cargo del automóvil, si no daba positivo en la alcoholemia.
CADENA DE GASTOS El decomiso del vehículo es, además, el comienzo de una cadena de gastos, pues el conductor debe hacerse cargo del precio del arrastre y del pago de la estancia en el depósito. Con todo, el intendente de Tráfico, subraya que la incautación no puede verse como "una forma de negocio" por parte del ayuntamiento. "Lo que está en juego con esta medida es la seguridad vial, nada más", asegura este responsable de la seguridad en la capital aragonesa.
EN LAS OTRAS CAPITALES A esta cifra de vehículos que se han incautado en las calles de Zaragoza, hay que añadirle alrededor de otra decena que se han incautado en las ciudades de Huesca y de Teruel. La entrada en vigor de esta medida ha generado dudas sobre su supuesta constitucionalidad.