Su primera condena....
El Pequeño Nicolás, condenado a un año y nueve meses de prisión por falsificar el DNI para la selectividadLa Audiencia de Madrid impone la primera pena de cárcel a Gómez Iglesias, que aún tiene otros tres frentes judiciales abiertos
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J. J. Gálvez
Madrid - 09 jun 2021 - 14:12 CEST
El horizonte judicial de Francisco Nicolás Gómez Iglesias, alias El Pequeño Nicolás, se oscurece a pasos agigantados. La Audiencia Provincial de Madrid ha dictado la primera condena de cárcel contra el joven de 27 años, que pasó en mayo por el banquillo por dos de los cuatro juicios que tenía pendientes. Solo ocho días después de acabar la vista por falsificar su DNI para que un amigo se presentase a la selectividad en su nombre, los magistrados han resuelto: no se creen las excusas de Gómez Iglesias, al que imponen una pena de un año y nueve meses de prisión, además de una multa de 2.700 euros. La Fiscalía pedía para él una sentencia de cuatro años de encierro por este caso.
El dictamen de la Audiencia Provincial aún no es firme y puede recurrirse ante el Tribunal Supremo, pero supone un enorme varapalo al Pequeño Nicolás, que hasta ahora había conseguido esquivar o retrasar todos los frentes que tenía abiertos en los tribunales. De hecho, el Juzgado de lo Penal 25 de Madrid ya lo condenó en 2016 a una multa de 4.320 euros por calumnias al CNI, pero esa resolución acabó anulada y fue finalmente absuelto en 2018 tras repetirse el juicio. Además, en mayo de 2019 debía comenzar la vista contra él por el viaje a Ribadeo (Lugo) en el que se hizo pasar por emisario del Rey, pero quedó aplazada sine die al renunciar su abogada y, pandemia de coronavirus mediante, no se celebró finalmente hasta mayo de 2021. Al igual que el juicio por la falsificación del DNI, que duró tres días.
En el proceso por el DNI, los jueces de la Sección Siete de la Audiencia Provincial lo tienen claro: “Gómez Iglesias, en fecha no precisa, en todo caso próxima a septiembre de 2012, se concertó con el también acusado Manuel Avello, [hijo de un diplomático], para que este se presentara por él al examen de la prueba de selectividad que habría de celebrarse a partir del 11 de septiembre de aquel año”. Para conseguirlo, según da por probada la resolución, ambos participaron en la falsificación de un DNI que tenía los datos del Pequeño Nicolás, pero la fotografía de su amigo. Previamente, este último le había “entregado” la instantánea con “el tamaño y características” adecuadas para la emisión del documento nacional de identidad.
Justo un día antes de las pruebas —que se desarrollaron durante el 11, 12 y 13 de septiembre—, Gómez Iglesias acudió a una oficina de la Comisaría del distrito de Tetuán (Madrid), donde la policía Oliva Peñas expidió un duplicado del DNI. Según el fiscal, la agente estaba metida en el ajo y ayudó al Pequeño Nicolás, al que ya conocía. Pero la mayoría del tribunal (dos de los tres jueces) considera que ese extremo no ha quedado acreditado y que, simplemente, Peñas “no se percató” de que la fotografía no era de él: “Pese a que se hallaba en condiciones de hacerlo de haber prestado una mínima atención”. Una tesis que no comparte una de las magistradas, que ha emitido un voto particular al considerar que la policía colaboró con los otros dos acusados a sabiendas.
La mayoría del tribunal admite que el Pequeño Nicolás y Avello “no tienen un parecido significativo”: “Se trata efectivamente de dos varones de la misma edad y de pelo moreno, pero fuera de estas coincidencias no se parecen, y es muy clara su diferencia respecto al óvalo de la cara, forma y color de los ojos, nariz, etc.”. Pero añade: “Sin embargo, lo cierto es que el tribunal ha estado especialmente atento a la cuestión y no sabemos el grado de atención que tuvo [la agente]”. Por ello, la Audiencia impone a Peñas solo una multa de 2.700 euros como autora de un delito de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público por imprudencia grave. Al hijo del diplomático le condena a un año de cárcel y a 1.800 euros de multa.
Durante la celebración del juicio, los dos jóvenes negaron que existiese un acuerdo entre ellos. “Nunca he visto ese DNI falso, me presenté yo a la selectividad”, alegó El Pequeño Nicolás. “Yo no me presenté a nada”, añadió Avello. Pero los magistrados rechazan su versión. Entre otras pruebas, la sentencia recoge que un compañero de clase relató en el juicio cómo Gómez Iglesias les comentó en un grupo de WhatsApp que otra persona se iba a presentar en su nombre al examen. “Dijo que le había pagado”, añadió el testigo. Varios pantallazos de aquella conversación fueron aportados a la policía e incorporados al sumario. Un profesor del instituto también afirmó en la vista que el joven le confesó su maniobra, pero que entonces no lo denunció porque “no creyó que lo que el acusado le decía fuese cierto”.
Dilaciones indebidas
A la hora de imponer las penas, que se quedan lejos de las pretensiones de la Fiscalía, el tribunal reconoce que la causa se ha dilatado de forma indebida, dado que se inició en 2015 y el auto de apertura de juicio oral se dictó en 2018, pero no se ha celebrado hasta 2021. Eso sí, no acepta la petición de la defensa del Pequeño Nicolás, que alegó que sufría una “alteración psíquica”. “No resulta probado que tuviera mermada su capacidad”, subraya la sentencia, fechada el pasado 2 de junio.
Actualmente, Gómez Iglesias está pendiente de conocer la sentencia por el viaje que hizo a Ribadeo haciéndose pasar por un enlace de la Casa Real y la Vicepresidencia del Gobierno, donde la Fiscalía le pide siete años de prisión. Además, aún debe ser juzgado por otras dos causas. Una es la supuesta estafa a un empresario de Toledo haciéndose pasar por asesor del Gobierno, en la que el ministerio público solicita para él seis años de cárcel por delitos de usurpación de funciones públicas, falsedad en documento oficial y estafa.
En el segundo juicio pendiente se enfrentará a la mayor petición de la Fiscalía: nueve años y nueve meses de cárcel. Le acusan de obtener datos de policías y del Ayuntamiento de Madrid a cambio de favores, todo con la intención de hacerse pasar por un alto cargo del Estado para ofrecer ayuda a terceros a cambio de dinero.
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