Según el criterio del Director General de la Policía, la investigación sobre el 'pequeño Nicolás' podría ser ilegal Si se mantiene el mismo rasero utilizado por Ignacio Cosidó en el caso del ático de Ignacio González, las pesquisas realizadas al joven tendrían que haber sido archivadas Cosidó definió en 2012 la investigación del ático como ilegal y aseguró que se enteró por los medios: "Se saltaron los procedimientos internos, sin registro ni amparo judicial"
Sin embargo, fuentes expertas aseguran que precisamente el procedimiento contra González sí fue legal a nivel jurídico, algo que podría no suceder en el desarrollo de la Operación Nicolay
Protocolos mal aplicados, destituciones de cargos policiales, injerencias del poder político, filtraciones a los medios... caminos similares para un resultado probablemente distinto
Carlos Mier
12 de Enero del 2015 a las 05:30
"Estuve en el ático de Ignacio González el día de mi cumpleaños y me trajeron una tarta. Era Semana Santa, estuve una semana en Marbella y se alquiló también un yate, pero yo no alquilé nada. Igual que mantengo relación con él, mantengo relación con su mujer". Habla Francisco Nicolás Gómez Iglesias, el ‘pequeño Nicolás’, en horario de máxima audiencia televisiva el pasado sábado, 23 de noviembre. El joven rompía su silencio y entre el inmenso chorro de nombres, lugares y fechas, aparecía la figura del presidente de la Comunidad de Madrid y la sombra de su famoso ático de lujo en la localidad malagueña de Estepona. Pero, más allá de la presunta relación entre Francisco Nicolás y González, irrelevante a nivel delictivo –al menos a priori-, existe una tangente común entre el caso del lujoso inmueble y las peripecias del presunto estafador: la supuesta irregularidad en el desarrollo de las investigaciones. Dos caminos en los que las luchas políticas parecen situarse en el centro de la diana, salpicando con ello al Cuerpo Nacional de Policía.
En el año 2012 y en sede parlamentaria, el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, calificaba la investigación del ático de González de "ilegal" justo después de admitir una investigación previamente negada y de que las pesquisas "secretas" fueran archivadas. Mientras, el Caso Nicolay continúa su curso judicial y nadie parece dispuesto a poner en duda la investigación, aunque se dan circunstancias muy parecidas a las de la causa del presidente de la CAM.
Y es que, aunque ambos casos tienen inicios similares, parecen encaminarse hacia finales distintos. Por un lado, el intento político de exoneración definitiva de González. Por otro, la rendición de cuentas de Francisco Nicolás ante la justicia. Sin embargo, atendiendo a criterios estrictamente policiales y a la opinión de fuentes expertas, el resultado sería paradójico: la investigación de González sí habría sido legal desde el punto de vista jurídico pero, sin embargo, anómala o incorrecta teniendo en cuenta el procedimiento policial -pero nunca ilegal-. Siguiendo el mismo criterio, la de Francisco Nicolás, por contra, sería igualmente anómala o incorrecta -sin registros ni procedimientos oficiales abiertos-, pero sí podría ser ilegal desde el punto de vista jurídico en lo que respecta a la vulneración de derechos fundamentales si finalmente se demuestra que hubo escuchas ilegales. Una compleja maraña de pequeñas y grandes contradicciones que Información Sensible se propone desentrañar.
Investigación: ¿Dónde está el número GATI?
Las pesquisas del ‘Caso Nicolay’, tal y como ha podido constatar este medio, se iniciaron de manera un tanto peculiar. Todo parte de Vicepresidencia. Según consta en el sumario del caso, es la jefa de gabinete de Soraya Sáenz de Santamaría, María González Pico, quien denuncia en primer término que el joven empleaba el nombre de la propia Sáenz de Santamaría para supuestamente seducir a empresarios y hombres de negocios incautos.
Según fuentes conocedoras de la investigación, a los mandos de la misma se situó al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), dependiente de vicepresidencia, que judicializó el caso a través de la Unidad de Asuntos Internos, con su comisario Marcelino Martín-Blas, al frente de las maniobras para cazar al 'pequeño Nicolás'.
El problema es que toda la operación se habría organizado de un modo singular. Según ha podido conocer este medio, no hubo registros de protocolos para poder vigilar, ni diligencias donde hacer constar los trabajos, ni número de caso asignado para todos y cada uno de los menesteres que desarrollaron los funcionarios del Gobierno. Al menos no hasta cierto momento de la investigación.
Por otra parte, en el caso del ático de Ignacio González, grosso modo, se investiga la propiedad de un inmueble de lujo en la Costa del Sol y el posible blanqueo de dinero aparejado a su compra. El ático fue adquirido formalmente en mayo 2008 por Coast Investors, una sociedad radicada en el paraíso fiscal de Delaware (EEUU), al poco tiempo de su constitución. Coast Investors se constituyó para adquirir el ático y de manera casi simultánea se articulaba el supuesto alquiler con Ignacio González. Detrás de Coast Investors estaba un testaferro de Los Ángeles, Rudy Valmer, una persona de confianza del presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, íntimo amigo de Ignacio González. El alquiler que el presidente de la Comunidad de Madrid aseguraba pagar estaba muy por debajo del precio habitual y además supuestamente se abonaba a una sociedad ya inexistente, que se volvió a activar cuando se hizo pública la existencia de una investigación policial.
El asunto del ático de Estepona ha traído de cabeza a González durante toda la legislatura ya que, a pesar de los intentos de archivo, el juzgado nº 5 de Estepona mantiene el sumario vivo, llegando incluso en su día a imputar a la esposa de dicho político.
Las pesquisas se iniciaron en el verano de 2011, cuando González aún era número 2 de Aguirre, y en aquella ocasión, a juzgar por el desarrollo de los acontecimientos, sucedió más o menos lo mismo que en el ‘Caso Nicolay’: La investigación fue abierta de modo “secreto”, sin que mediara asignación de número de diligencias policiales ni número de GATI, para que no quedara constancia a otros policías ajenos a los investigadores, que ya había una actuación en marcha.
Esta sería la secuencia temporal. Entre agosto y diciembre de 2011 se desarrolla investigación sobre el origen del dinero con que se compra el ático que el entonces vicepresidente regional, Ignacio González disfrutaba como si fuese de su propiedad. En enero de 2012, Interior releva a la cúpula policial, decisión que coincide con el final de las pesquisas policiales y su archivo, ya que no habían sido registradas de forma oficial.
Interior negó en marzo que se hubiera producido la investigación a González. Después, en abril y en la comparecencia en la Comisión de Interior del Senado en julio, el Director de la Policía, Ignacio Cosidó, definió como ilegales dichas pesquisas al no haberse registrado internamente, ni con número de diligencia policial ni con número de GATI. Cosidó aseguró que la Dirección General de la Policía conoció a través de los medios de comunicación que agentes del Cuerpo están investigando en secreto el mencionado ático. "Se hicieron saltándose los procedimientos internos. Sin registrar en las bases de datos donde es obligatorio hacerlo. Sin informar al juez ni bajo amparo judicial".
Incorrecto, pero no ilegal
Dichos registros, los de ambas investigaciones, que no se llegaron a producir de manera adecuada en tiempo y forma, no llevaban aparejado un número necesario para que toda investigación sea correcta, pero no ilegal, ya que casi todas las investigaciones generadas desde la DAO nunca se registran en los protocolos internos policiales porque sencillamente son secretas para el resto de las unidades policiales, supeditadas siempre al Director Adjunto Operativo (DAO).
Según ha podido saber este medio, en la 'Operación Nicolay', no hubo número de diligencias policiales ni número de GATI hasta unas horas antes de la detención del 'Pequeño Nicolás' y aun así actualmente están judicializadas y recogidas en un sumario, actualmente bajo secreto, al menos la parte más problemática.
El conocido como número GATI, acrónimo del sistema de Análisis y Tratamiento de la Información, es una potente herramienta informática de gestión de la información que utiliza el Cuerpo Nacional de Policía. Toda investigación ‘correcta’ debe tener un número GATI asignado.
Debido a que la 'Operación Nicolay' no tenía asignado ninguno, ni durante la vigilancia de la que fue objeto Francisco Nicolás, ni cuando se hicieron el resto de las pesquisas. Debido a esto la policía no pudo detener al joven a pesar de que se le detectó realizando las famosas fotocopias de supuestas falsificaciones de documentos en un Workcenter ya que en ese momento no constaba oficialmente ninguna actuación judicial o policial contra él.
‘Purga’ de responsables y filtraciones extrañas
En el caso del ático, y como el propio Director General anunció en sede parlamentaria, se buscaría a “los responsables” de la investigación “secreta”. Finalmente, todo acabó con la destitución fulminante de Jose Enrique Rodríguez Ulla, comisario general de Policía Judicial, nombrado hacía apenas seis meses, y hasta ese momento hombre de confianza del Gobierno. Su sustituto, José García Losada, no corrió mucha mejor suerte. En octubre de 2013, año y medio después, también era cesado en un movimiento que fue calificado como ‘político’, puesto que era el encargado de casos como Gürtel o Bárcenas y por supuesto del caso Ignacio Gonzalez.
De vuelta al caso del ático, también se castigó al encargado de realizar la investigación en Málaga, el entonces comisario de Marbella, Hermes de Dios, que solicitó el traslado a Madrid. Este funcionario fue objeto de un expediente disciplinario por no custodiar correctamente los documentos del caso, que fueron publicados por los medios de comunicación. Pero nunca se le sancionó por haber realizado una “investigación ilegal”, tal y como la definió en su día Cosidó, para así salvar de la quema a su compañero de partido.
Hermes de Dios presentó una denuncia ante la Unidad de Asuntos Internos explicando que había desaparecido de su despacho la carpeta en la que se hallaban las conclusiones de las investigaciones realizas en torno a la vivienda. Esta clase de filtración es algo que también está muy presente en el caso del ‘pequeño Nicolás’, con la famosa grabación publicada por varios medios.
Dicha grabación acreditaría una conversación entre dos agentes del CNI y el comisario de Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas, una pieza que fue divulgada por la web Infolibre y cuyo contenido también fue adelantado por El País el pasado sábado 20 de diciembre. El contenido estaría enmarcado dentro de unas actuaciones declaradas aún parcialmente secretas, una información de la que todavía no pueden disponer los abogados de Francisco Nicolás Gómez, quien se ha negado a declarar en dos ocasiones ante el juez Arturo Zamarriego por esta circunstancia.
Tras este escándalo, el comisario Martín-Blas habría sido relegado de su cargo y asignado desde el día de hoy al Consejo Asesor de la Policía, una información que adelantó este medio el pasado 22 de diciembre.
Vulneración de los derechos fundamentales, la gran diferencia
Según fuentes expertas consultadas y vistos los dos casos paralelos -en ninguno consta que se asignaran números internos de registro, ni de diligencias, ni de GATI- sí se observa una gran diferencia. La investigación del caso del ático, aunque anómala desde el punto de vista del procedimiento reglado policial, fue legal desde el punto de vista jurídico, ya que la policía suele hacer diariamente miles de verificaciones de informaciones, que solo se judicializan si se conculcan derechos fundamentales del ciudadano.
Pero en el caso del 'pequeño Nicolás' sí podría existir vulneración de sus derechos fundamentales al intervenirle sus comunicaciones telefónicas, correos electrónicos… sin ningún mandato judicial y por tanto, sin sumario que al estar activo permitiría la posibilidad de su defensa. Si el CNI le pinchó el teléfono, tal y como parece estar acreditado por la grabación existente entre miembros de dicho organismo y del propio Comisario Martín-Blas, deberá justificarse que estaba en peligro la seguridad nacional, cosa que en su día negó el propio Director de Centro Nacional de Inteligencia, Félix Sanz Roldán.
