La Policía Canaria accederá a los datos del Estado
Los agentes autonómicos asumen el traslado de menores y la vigilancia de los centros educativos
A. LOBATO / R. ACOSTA
SANTA CRUZ DE TENERIFE
Las Fuerzas de Seguridad del Estado y la Policía Canaria comenzarán a intercambiar información de sus bases de datos en materias como huellas dactilares, vehículos, señalamientos, violencia de género o medidas cautelares. La Junta de Seguridad Canarias-Estado acordó ayer crear una comisión para estudiar y concretar la participación del cuerpo autonómico en las bases de datos de la Policía Nacional y la Guardia Civil en aquellos asuntos que sean de interés común.
El Gobierno regional logra de esta forma un compromiso del Ministerio del Interior para que la Policía Canaria pueda tener acceso a sus datos con el fin de ir aumentando sus competencias y sentar las bases de una sección propia de información e investigación, uno de los objetivos a medio y largo plazo del cuerpo policial autonómico.
En una primera fase las fuerzas del Estado compartirán información con la Policía Canaria de huellas dactilares, señalamiento y vehículos, mientras que el cuerpo autonómico tiene una base de datos más completa en materia de violencia de género o el registro de medidas cautelares, que también se compartirán. Para más adelante la policía autonómica podría tener acceso a las bases de datos del DNI.
Beneplácito
El progresivo aumento de competencias de la Policía Canaria deberá contar con el beneplácito del Ministerio de Interior. La segunda reunión de la Junta de Seguridad de Canarias celebrada en Santa Cruz acordó que cualquier trasvase competencial hacia el cuerpo autonómico deberá ser aprobado por el Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y la propia junta.
El ministro Alfredo Pérez Rubalcaba aseguró que este proceso permitirá a la Policía Canaria ir ampliando sus funciones a medida que aumente su plantilla. Además, subrayó que este acuerdo facilitará la coordinación y la "complementaridad" de las tres fuerzas policiales con presencia en el Archipiélago. "El crecimiento de la Policía Canaria irá plenamente coordinado con el Cuerpo Nacional de Policía y con la Guardia Civil", aseguró.
En su opinión, el proceso de transferencias competenciales estará marcado de principio a fin por el "común acuerdo" entre los actores implicados para evitar "duplicidades innecesarias" y posibles lagunas. "Lo más importante es que nada se hará sin el respaldo de la otra parte para garantizar la seguridad ciudadana", añadió.
Según explicó Pérez Rubalcaba, será la Policía Canaria quien deberá solicitar en un futuro la asunción de nuevas competencias entre las que figuran en la ley aprobada por el Parlamento para constituir el cuerpo (protección medioambiental, ordenación del territorio y defensa del patrimonio, entre otras muchas). Del mismo modo, la Policía Nacional y la Guardia Civil podrán solicitar que el cuerpo regional asuma ciertas funciones.
En este sentido, el ministro matizó que el trasvase de competencias a la Policía Canaria no se traducirá en una disminución de los agentes de los cuerpos estatales destinados en el Archipiélago.
En cuanto al incremento de agentes del cuerpo autonómico, el presidente del ejecutivo regional, Paulino Rivero, rechazó esta posibilidad durante el presente año como consecuencia de la política de control del gasto público llevada a cabo por su administración. "Esperaremos a ver como evoluciona la economía en 2012. Se trata de tener más seguridad sin contar con más recursos públicos", explicó. En cualquier caso, las previsiones de la comunidad son que al menos hasta 2013 no se concretará la ampliación de la plantilla, desde los 100 agentes hasta los 300.
La Junta de Seguridad también acordó que la Policía Canaria asuma las competencias de traslado de menores y de vigilancia de los centros educativos, una labor que los agentes regionales ya llevan desempeñando varias semanas en ocho centros del Archipiélago, de los que cuatro están en Tenerife (María Rosa Alonso, Las Veredillas y El Sobradillo en la capital y María Pérez Trujillo en el Puerto de la Cruz).
Por ahora, el Gobierno regional no se plantea asumir competencias que en la ley se consideran propias como es la vigilancia de los edificios públicos e institucionales, aunque Pérez Rubalcaba insinuó ayer que este asunto debe ser asumido por el cuerpo autonómico cuando incremente sus efectivos.
